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Las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola presentaron sendas demandas ante el Tribunal Supremo, contra la congelación de precios decretada por el anterior gobierno. Recordemos que el gobierno anterior aplicó en octubre una rebaja de un 12% en los peajes que compensaba la subida de precio que se producía en la subasta Cesur, dejando el precio final congelado.

El supremo ha decretado que se deben dejar sin efecto esa rebaja en los peajes, lo que implica una subida, con carácter retroactivo, de un 6% en las facturas que nos han cobrado desde octubre (justo las del invierno, cuando los consumos eléctricos son en general más elevados). Veamos que papel tiene el gobierno en el establecimiento de los precios de la energía y si esta subida que se nos viene encima está fundamentada.

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Podría parecer que con el cierre de Megaupload y la demonización de su fundador, Kim “Dotcom” Schmitz, se han sentado las bases para luchar contra la piratería a nivel internacional. En España, los grandes beneficiarios de este negocio hablan de una industria cultural en crisis cuando lo que realmente deberían hacer es actualizar un modelo de negocio arcaico, improductivo, obsoleto y, en ocasiones, casi ilegal. Un sistema gestionado por la cúpula de la SGAE con el único objetivo de enriquecer a dicha sociedad y al séquito de interesados que viven de ella. Un sistema totalmente desenfocado y que ha olvidado la verdadera orientación de toda empresa: sus clientes.

El “todo gratis” del que tanto se habla no es sino la consecuencia inmediata de la pésima gestión cultural llevada a cabo por estos señores. La ya en vigor Ley Sinde-Wert jamás conseguirá su propósito. Con esta Ley se cerrarán decenas de páginas webs, se llevará a los medios alguna cabeza de turco para dar ejemplo y se censurará la libertad en internet, pero no se acabará con la piratería. Para acabar con la piratería es necesario presentarle al consumidor un nuevo modelo con alternativas justas que consigan que no se sienta estafado. Mientras esto no ocurra, la industria cultural española está abocada al fracaso.

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Llevo viendo varios por internet diversas cuantificaciones sobre lo que ingresaría el Estado en concepto de IBI por las propiedades de la Iglesia. Vaya por delante que estoy en contra de los privilegios fiscales que tiene la Iglesia más allá de las exenciones comunes que puede disfrutar cualquier otro ente o persona, pero me chirrían excesivamente las cuantificaciones de esta exención del IBI de la iglesia en torno a los 3.000 millones de euros.

Esta cifra me parece excesiva y basta con mirar la recaudación total del IBI en España (9.246 millones de euros en 2009) para darnos cuenta que la Iglesia nunca puede favorecerse de una bonificación que llegue a esas magnitudes. Veamos algunos números.

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En un principio fue la crisis financiero-inmobiliaria, luego la económica, y ahora el plan de reforma del sector financiero impulsado por el Ministro de Guindos. Mucho me temo que todo ello nos va a llevar en el 2013 al fin de las Obras Sociales de las Cajas, al menos tal y como las conocemos. Con independencia de la valoración que tengamos de la gestión y finalidad de las Cajas, tengo la sensación de que la opinión pública desconoce lo que se le viene encima a corto plazo.

Posiblemente esto se deba al analfabetismo financiero imperante en la sociedad española. No le vendría mal saber a Juan Español qué es eso de la Obra Social, cómo se dota, de qué cantidades hablamos y en qué consiste la esencia del problema que va acabar afectando a más de uno. A muchos más de uno.

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El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que dispone una línea de 10 millones de euros para subvencionar la compra de vehículos eléctricos. El programa va a subvencionar hasta 6.000 euros o el 25% del valor de compra del vehículo sin impuestos de manera directa.

Mediante este programa, el ejecutivo pretende favorecer la colocación en el mercado de unos 1.500 vehículos. Esta medida es una soberana tontería por su inefectividad práctica y porque es un derroche de dinero público para todos aquellos vehículos que se subvencionen-

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Según un informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el comercio electrónico sigue batiendo récords en España. El volumen total de facturación del mismo en el tercer trimestre de 2011 fue un 27,4% mayor que en el mismo periodo de 2010, ascendiendo la cifra total a 2.421,8 millones de euros, lo que a su vez supone el décimo trimestre consecutivo de crecimiento.

No sólo bate récords la facturación sino también el número de transacciones realizadas, que se incrementaron en un 34,7% con respecto al año anterior hasta alcanzar la nada despreciable cifra de 32,6 millones de operaciones en el trimestre, en una clara demostración de que el miedo a comprar por internet poco a poco va desapareciendo en nuestro país.

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Es de uso bastante común la expresión complejo militar-industrial, originaria de Guerin y popularizada por Eisenhower: una madeja de intereses entrelazados entre las empresas del sector y los Ministerios de Defensa, o más concretamente el Pentágono en el caso norteamericano. Pues entre nosotros, creo que ya va siendo hora en este país de hablar de la existencia de un complejo político-cultural (CPC en adelante). Y digo lo de cultural para usar los términos en que se definen el lobby que gestiona esa canonjia (cine, música, literatura, medios de comunicación, etc…)

El motivo de traerlo a colación en un blog económico ya no es sólo debido a al destacado peso de las empresas implicadas. Hablamos de las ingentes cantidades de recursos públicos que de un modo u otro son consumidas por dicho sector, lo que es a su vez causa y consecuencia de la existencia de dicho fenómeno, sin el que resulta difícil de entender discursos como del Sr. González Macho, resumido gráficamente en la imagen que encabeza este post. A mi sólo me viene una palabra a la cabeza: impunidad.

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Hay veces que hay que agradecer a las empresas que intenten atacar un negocio desde una perspectiva diferente, pero también criticarlas porque esa no es el enfoque adecuado. Y siguiendo esta línea voy a explicar por qué pienso que la estrategia de Booquo para el libro digital es novedosa, arriesgada, fresca pero a la vez inútil.

Booquo pertenece al Círculo de lectores y ha decidido lanzar su plataforma de libros digitales de una forma distinta a sus competidores. Primero, lo hace a base de aplicaciones (PC, Android, dispositivos Apple) y sin un lector propio al estilo Kindle. Segundo, en lugar de centrarse en vender libros, lo hace en un servicio de suscripción (una especie de tarifa plana limitada a parte del catálogo). Pagas 10 euros al mes y lees todo lo que quieras (dentro del catálogo reservado a este servicio).

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