Este año para reyes, carbón

Una cuestión que se plantea el Gobierno todos los años antes de la elaboración de los presupuestos para el ejercicio económico siguiente, es cuánto tiene que subir la factura eléctrica de los hogares. Para ello, antes de fijar un objetivo de subida, se le pregunta a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), siendo esta la que estima lo que ha de subir la factura eléctrica, de modo que su valoración le sirve de referencia al gobierno.

Esta incógnita resulta sumamente compleja dado el sistema de tres ecuaciones que se le presenta al Ministerio de Industria:

• Por un lado se quiere limitar lo que se conoce como déficit de tarifa a 3 000 millones de Euros para el año que viene (mediante el R.D. 6/2009).

• Se quiere “obligar” a las centrales térmicas que operan en territorio español a utilizar carbón nacional para sus procesos. Esta obligación adquiere el nombre de subvención, y con ello se quiere mantener la actividad del carbón nacional.

• Y por otro lado, cubrir ese déficit mediante un incremento en las facturas eléctricas de los hogares como si de un impuesto se tratase.

En la consulta que se le realizó para el presente año 2010, las tarifas deberían incrementarse de la siguiente manera: sin tener en cuenta la ayuda estatal al sector del carbón las tarifas han de incrementarse en términos medios en un 13,50% (puesto que existe un déficit de 470 millones de Euros), pero si incluimos los compromisos derivados del apoyo estatal a la industria del carbón nacional, deberían subir en un 18,60% (finalmente la subida que se aplicará en el presente mes oscilará entre el 2,7 y el 3 por ciento). Esta consulta no es vinculante, pero al margen de si el Gobierno está más o menos de acuerdo, se muestra la situación del sector, y la revisión de los precios no ha de ir muy desencaminada de estos niveles si se quieren conseguir los objetivos propuestos.

En ejercicios anteriores, al margen del resultado de la consulta a la CNE, el Gobierno ha tenido mucha libertad a la hora de fijar las tarifas eléctricas. Pero este año, tras la aprobación del Real decreto legislativo 6/2009 el pasado mes de junio, se limita el déficit tarifario a los 16 000 millones de Euros.  Con todo esto sobre la mesa, se pone de manifiesto que estamos hipotecando a las futuras generaciones con un servicio que por norma vive en las aguas del déficit, y que a priori no tiene fácil solución.¿Es la electricidad realmente, una actividad no rentable en España cuando las empresas eléctricas pertenecen al grupo de empresas con mayores beneficios, o los compromisos sociales, políticos y territoriales no las dejan serlo?

Está claro que las empresas no pierden, por que al ser una imposición legal, la medida no es discriminante vía tarifas entre las empresas proveedoras del servicio. Pero, ¿se hace justicia para con la sociedad, o se quiere olvidar el problema aplazándolo todo lo que se pueda, por los costes financieros y políticos que se le presumen a su solución?
Imagen | thelebers
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