La crisis y el Gobierno golpean a Notarios y Registradores

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Finalmente no se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes el Reglamento de la Ley Sinde. Tampoco hubiese sido de extrañar habida cuenta que en sus ultimas reuniones se han tomado medidas polémicas, como las del indulto al consejero delegado del Santander. Ahora bien, si me preguntan cual de las medidas aprobadas pro el Gobierno en funciones tiene una mayor trascendencia financiera en el día afirmaría que, por el momento, me quedo con el Decreto que fija los aranceles a cobrar por Notarios y Registradores para las cancelaciones hipotecarias. No sólo por el ahorro que supone para el usuario, también por la vuelta de tuerca que supone para muchos de los profesionales afectados.

Resumiendo mucho la situación, digamos que arranca desde el 2007, donde aprovechando una reforma en materia de subrogaciones hipotecarias el Gobierno estableció que las cancelaciones hipotecarias habían de considerarse como documento sin cuantia, a precio fijo, lo que suponía una fuerte rebaja del coste de las mismas. Sin embargo, algunos Notarios, y buena parte de los Registradores, apoyándose en parte en que dicha posibilidad chocaba con la propia técnica registral (lo siento, es largo de explicar y no ayudaría a entenderlo) y en parte en el Decreto Ley en el que estaba regulado, sólo aplicaron estas nuevas tarifas en las cancelaciones que se llevasen a cabo en un proceso subrogatorio, de mejora de condiciones hipotecarias, no en las cancelaciones ordinarias.

Obviamente, esta interpretación había de generar un conflicto. El asunto llegó a la Dirección General de Registros y Notariado, el órgano que dentro de la Administración, y dependiendo del Ministerio de Justicia, supervisa a estos profesionales. Pues bien, la DGRN volvió a insistir en que el Decreto del 2007 era aplicable a todas las cancelaciones, lo que acabo con el tema en cuestión ante los Tribunales, de los que todavía estamos esperando una resolución, resolución que a futuro ya dará igual, pues el Decreto de noviembre deja claro que no se van a poder acoger a ninguna liena interpretativa para evitar la aplicación de las nuevas tarifas. Esto ha llevado al consiguiente cabreo de los que van a ver recortados sus ingresos, asi como a la petición de más madera por parte de la OCU, una de las organizaciones que más ha presionado al respecto.

Si entramos en el terreno valorativo creo que el sistema notarial-registral ofrece unas garantías adecuadas, tanto en seguridad jurídica como en costes. Posiblemente a más de uno se le pueda hacer caro lo que costaba cancelar una hipoteca, pero me gustaría que lo comparase con el coste medio de lo que supone que un abogado te redacte un contrato y haga un par de trámites, e igual nos llevamos una sorpresa. Así que quizás debemos empezar a pensar, en relación con con el tema de las operaciones inmobiliarias, qué sistema queremos, cuánto nos va a costar y quien debe financiarlo, o la crisis puede llegar a tener efectos insospechados hace unos años: Notarias en concursos de acreedores o plazas que no se cubre, Registros con EREs, etc…

Por mi parte, y sin perjuicio de que el sector debe asumir un ajuste fuerte, sigo apostando por el modelo dual de funcionarios públicos financiados por los propios usuarios que se benefician de sus servicios. No me convence la liberalización al estilo norteamericano (su sistema hipotecario es sumamente defectuoso), ni la estatalización que se defiende desde sectores de izquierda. Es más, creo que en vez de convertir los Registros en Catastros más valdría que haríamos el camino inverso, haciendo depender los Catastros de los Registros. Y respecto a los Notarios, entiendo que deberían ampliar su ámbito de intervención a asuntos como los matrimonios civiles, las ejecuciones hipotecarias, etc…creo que todos, profesionales y usuarios, saldríamos ganando.

Más información | La Moncloa
En El Blog Salmón | ¿Qué es el Registro de la Propiedad?, ¿Qué es un Notario?

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