La espada de Damocles pende sobre la economía española. La multa de la UE por el déficit está al caer y, aunque parece que será menor de lo esperado -unos 2.000 millones de euros previstos en principio-, traerá consecuencias en el día a día de los ciudadanos.
Hasta en 10.000 millones se está cifrando el ajuste que tendrá que hacer el Ejecutivo español para cumplir con las nuevas obligaciones que le imponga Bruselas por haberse pasado con el déficit de 2015, además de la congelación de más de 1.000 millones en ayudas. Esta situación puede asestar un golpe fatal a la economía española cuando parece que se estaba levantando. A la incertidumbre que el Brexit ha imprimido en los mercados y que tendrá sus consecuencias en la economía comunitaria, España tiene que sumarle su especial situación como país incumplidor con los dictados de la férrea UE.
De este modo, España volverá a estar ‘bajo rescate’. Es decir, aunque no de forma oficial -para que parezca que el Gobierno tiene autonomía-, la UE atará en corto al próximo Ejecutivo que se forme para asegurarse de que esta vez sí va a ser la buena y no se va a pasar con el déficit.
En este escenario, ¿qué opciones tiene el Gobierno para reducir el saldo fiscal negativo del Estado? Teniendo en cuenta el esfuerzo que ya se viene haciendo desde el año 2011, las opciones pasan por ser bastante drásticas para una economía cuyo crecimiento económico todavía va en pañales. Y todo ello teniendo en cuenta que éste será menor de lo previsto el próximo año por las consecuencias del Brexit, tal y como ya ha avisado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé que el PIB aumente un 2,1% en 2017 frente al 2,3% del pronóstico anterior.
Impuestos, el frente más propicio
Si hay un campo donde hay margen para actuar contra el déficit es el fiscal. Como ya hemos repetido varias veces, precisamente fue la bajada de impuestos del pasado año la que motivó que el déficit acabara por encima de donde debía. La política fiscal electoralista es el gran talón de Aquiles de la economía española, y puede que sea justo una multa lo que sirva para crear un sistema eficiente de una vez por todas.
La bajada impositiva provocó una sangría en la recaudación -que ya venía tocada- a la que Bruselas insta a poner freno. Teniendo en cuenta la parálisis política que tenemos en España, poco se puede hacer hasta que no haya un gobierno en firme, pero el Ejecutivo en funciones ya se ha aventurado a hacer promesas a los socios comunitarios.
En este sentido, el ministro Luis de Guindos avanzó ante sus colegas en Bruselas una modificación del Impuesto de Sociedades para cumplir con los dictados de la UE, ya que el endurecimiento de este tributo permitirá a las arcas públicas recaudar 6.000 millones más. Si bien estos cálculos del Gobierno no están sustentandos por datos concretos, pues aún no sé sabe cómo se llevaría a cambio este “endurecimiento”, que no será una subida impositiva como tal.
Como ya explicamos por aquí, lo que el Ejecutivo quiere hacer es modificar el sistema de cálculo actual que se usa para determinar qué porcentaje total deben pagar las empresas. Además, también quiere volver reactivar el anticipo que pagaban las grandes empresas de este tributo, una medida que se derogó en 2015 y que Bruselas ve con buenos ojos. Es decir, quiere fijar un tipo de retención a cuenta del 20% con carácter permanente para anticipar los ingresos y que las arcas públicas se llenen cuanto antes.
Si bien para ello necesita cambiar la Ley, algo que no puede hacer hasta que sea un gobierno con plenos poderes, no en funciones. Por lo tanto, por ahora es una medida imposible de llevar a cabo. Y la situación podría alargarse si finalmente hay que ir a unas terceras elecciones…
Además, a estos cambios en Sociedades también podrían sumarse otros impuestos. Aunque sería totalmente impopular e incomprensible que el Gobierno volviese a subir el IRPF cuando lo ha bajado hace menos de un año, es posible que algún cambio se produjese -para las rentas más altas, donde hay más margen-. En cualquier caso, lo que esta multa descarta es que vaya a haber una bajada impositiva en la próxima legislatura, tal y como prometió Rajoy en campaña.
Por otro lado, el Gobierno también ha prometido ahorrar 1.000 millones por la lucha contra el fraude fiscal. Si bien no hay un plan concreto ni nada por el estilo, y teniendo en cuenta los escándalos que se han conocido en el último año -Panama Papers, caso Numaria, etc- queda claro que en este campo queda mucho por hacer.
Los presupuestos, primer round
Para calibrar hasta qué punto se dejará sentir la mano de Bruselas en la economía española una vez más habrá que esperar a otoño cuando, si finalmente hay gobierno, se aprueben los presupuestos generales de 2017. Será ahí donde se noten verdaderamente los ajustes, pues la UE ya avisado de que quiere unos presupuestos (más) austeros para el próximo año para lograr bajar el déficit al 3%.
Un objetivo que el gobierno sabe que es muy complicado conseguir, por lo que ya se ha adelantado que va a pedir a Bruselas que le de todavía más tiempo. Es decir, a España no le va a bastar con el año extra que ya le han concedido, sino que va a necesitar dos para bajar la deuda a ese porcentaje del PIB. Parece que Bruselas podría dar el visto bueno a esa nueva reclamación, pero a cambio España sabe lo que toca porque ya lo ha sufrido antes cuando la banca tuvo que ser rescatada.
Esto significa que los próximos presupuestos serán pasados por la tijera y que los frentes siguen siendo los mismos de siempre: sanidad, educación y gasto social. Si bien la peculiaridad que tendrá este año es que si Rajoy quiere que le dejen gobernar tendrá que pactar estas cuentas con posibles aliados, bien sean Ciudadanos o los propios nacionalistas catalanes, y estos no se lo van a poner fácil. Por lo que de este modo los recortes pueden ser mitigados en parte. Por el momento, el PP ya está enviando a Rivera y su equipo datos económicos para negociar esos presupuestos.
Por último, el Ejecutivo espera ahorrar 1.500 millones en intereses de la deuda por la bajada de la prima de riesgo el pasado año. Pero en este caso, las cuentas pueden fallarle por la incertidumbre que el Brexit ha imprimido en los mercados, que provocó el alza de la prima de riesgo española, aunque ahora está de nuevo estabilizada.
Pero...siguen faltando más de 1.000 millones
Si todas las cuentas que ha hecho ya el Gobierno para apretarse el cinturón acorde a los dictados de Bruselas cuadrasen, todavía quedarían más de 1.000 millones pendientes, pues las cantidades expuestas anteriormente arrojan un monto de 8.500 millones, por lo que aún quedarían más de 1.000 millones pendientes para que se calmen las aguas en Bruselas.
¿De dónde puede sacar España esa cantidad? Esta pregunta nos vuelve a llevar a los presupuestos generales, ya que sin duda habrá que sacarla de ahí, a no ser que se acometa una subida de impuestos a las claras, algo que ya hemos comentado que podríamos descartar por la paradoja que supondría para Rajoy hacer lo contrario de lo prometido una vez más.
Igualmente, está absolutamente descartado que se toquen las pensiones para contentar a Bruselas, pues estas son un arma electoral altamente potente. De hecho, la falta de una reforma contundente en este campo está vaciando la hucha de las pensiones a un ritmo frenético. Sin ir más lejos, la pasada semana la Seguridad Social tuvo que echar mano por segunda vez en este mes del Fondo de Reserva para liquidar en IRPF de los pensionistas, para lo que necesitó 1.000 millones, lo que eleva el montante total extraído de esta hucha a 9.7000 millones solo en julio.
Por lo tanto, las ayudas sociales se verán nuevamente comprometidas, pues no hay más de donde España pueda sacar esa cantidad que le exige Bruselas si no quiere una multa mayor a la que le puede imponer, que parece que al final quedará en 0 pero con una congelación de fondos de más de 1.000 millones.
Este ‘castigo’ no supone una elevada merma para las ayudas a España, pues entre el periodo 2014-2020 nuestro país recibirá un montante que asciende a 36.000 millones. Lo que nos deja una dura conclusión: la multa la pagaremos de nuevo los ciudadanos con más recortes, menos ayudas y más desigualdad en el acceso a oportunidades. Bruselas manda.