
El decreto del plan de pago a proveedores aprobado por el Ejecutivo va a obligar a los ayuntamientos a una subida de impuestos y a cambios en su estructura, dado que asumir este plan de pago en las entidades locales, requiere un ajuste presupuestario que contemple los ingresos y gastos de cada ejercicio de manera real y que puedan axumir los compromisos de pago establecidos.
Tal y como está redactado el artículo 7 de este decreto (PDF), los ayuntamientos tienen que cumplir un plan de amortización basado en los ingresos pasados y que se ajuste a las nuevas condiciones de pago. Estos mecanismo, obligan directamente a subir los impuestos a todos los niveles y a prescindir de servicios públicos locales en otros casos. Las dos primeras condiciones a cumplir son:
Es decir, los presupuestos de los ayuntamientos tienen que pagar la deuda contraída mediante los ingresos corrientes y además mantener su actual estructura de gasto. Y para evitar trampas al solitario, por ejemplo presupuestos de ingresos disparatados en los impuestos por obras o en sus licencias, estas cifras tienen que basarse en los ingresos reales de los últimos 3 años.
El segundo punto, pasa por la financiación de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y ojo con el asunto de las tasas. El Ministerio de Economía les exige que informen de manera separada el el coste y sistema de financiación de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos prestados de manera deficitaria, habrá dos opciones; bien recortar ese servicio para ajustarlo a los ingresos obtenidos, bien subir la tasa que lo financie. Citando al BOE ese punto lleva aparejada la reforma local:
Este plan de ajuste es la puerta para que los ayuntamientos puedan poner en marcha un cambio de estructura sustancial a todos los niveles, tanto en el capítulo de ingresos mediante las oportunas subidas de ingresos como los ajustes en estructura y eliminación de servicios públicos prestados de manera deficitaria o la eliminación de personal de la administración local.
El problema de fondo es que el papel lo soporta todo y el BOE más aún y no veo yo a los alcaldes de sus municipios actuando como los brazos ejecutores de cierre de determinados servicios públicos, eliminando peso en sus plantillas de personal o realizando unas subidas de impuestos importantes.
Más Información | Real Decreto-ley 4/2012 (PDF)
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Imagen | Jose Antonio Carretero