Desde hace unos meses los enfrentamientos entre el gobierno de la nación y el Banco de España son una constante, llegándose a convertir en algo habitual. En esta ocasión, la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha criticado al gobierno en cuanto a la gestión de los recortes en el marco de la solución a la grave crisis fiscal que padece el país.
En concreto se ha referido a que aunque el gobierno central ha emprendido duras medidas de ajuste y recortes presupuestarios, el comportamiento de las Comunidades Autónomas y los entes locales no va tanto en esa línea. Dejando entrever que tanto las autonomías, así como los ayuntamientos siguen gastando prácticamente lo mismo, o al menos no son tan austeras. Por lo que según Fernández Ordóñez, estas administraciónes de menor nivel constituyen el mayor riesgo para el cumplimiento de los compromisos presupuestarios fijados por Europa.
Dejando a un lado si las ‘recomendaciones’ que ha aportado el Banco de España al gobierno son más o menos apropiadas, lo cierto es que desde que tuvo lugar el inicio de la crisis económica, el gobierno casi siempre ha seguido los pasos que le ha ido marcando, y lo mejor, es que esa estrategia le ha reportado grandes beneficios, en términos de estabilidad y confianza en los mercados.
En esta ocasión, la división administrativa de nuestro país supone de nuevo un lastre para la gestión de la crisis. Con ello no quiero decir que un país que posea un gobierno central, administraciones autonómicas, y locales no sea el adecuado, aunque si ineficiente. Centrándonos en nuestro análisis, compartirán conmigo, que cada nivel administrativo tiene sus propios objetivos e inquietudes, y que a la hora de recortar gastos y presupuestos, su naturaleza les impide actuar de manera coordinada velando por unos objetivos comunes.
En épocas de crisis, el riesgo que estas tensiones tienen sobre ciertos desequilibrios territoriales e incluso sobre el principio de solidaridad financiera entre regiones se acrecienta. Por poner un ejemplo, tras recortar el gobierno un 30% el prespuesto del Ministerio de Fomento, entre otros muchos más. Las autonomías se desentienden, y a su vez reclaman para sí mayores fondos, suben impuestos económicos dentro de su competencia fiscal, e incluso intentan que el Estado sufrague ciertos gastos que hasta ahora afrontaban, como por ejemplo el pago de la factura eléctrica de la autopista M-40 de Madrid, que hasta ahora abonaba la Comunidad de Madrid, y que ahora la reclama al gobierno central de la nación.
Este tipo de diferencias a veces suponen un obstáculo insalvable para la cosecución de los objetivos de una nación, y en esta ocasión, la estrategia de barrer para afuera de las comunidades autónomas, lo está consiguiendo.
Vía | Reuters
En El Blog Salmón | El banco de España intenta apretar más las clavijas al gobierno
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