El Economista recogía hace unos días el asunto de las primas a terceros en la Primera División del Futbol Español. Eso sí, los jugadores del Mallorca no van a cobrar la sustanciosa prima que se rumoreaba. En todo caso, un año más, este asunto queda sin solventar. El orígen del problema, en la normativa deportiva: para la Real Federación Española de Fútbol, todas las primas a terceros son ilegales y sancionables. Como esto no es un blog de futbol, no procede el debatir sobre la conveniencia o no de la norma, pero si acerca de las implicaciones fiscales y/o económicas. Y es que esta prohibición acaba generando efectos peores que los que, supuestamente, trata de evitar.
La prohibición por la RFEF de las primas solo deja dos caminos abiertos a quien pretenda ofrecerlas. La primera opción es pagarlas directamente en dinero negro: los jugadores del equipo primado recibirían dinero no declarado a Hacienda. Hablamos de sumas en efectivo, de abonos en cuentas en paraísos fiscales, etc…Con el agravante de que, para obtener esos fondos, y dado que las salidas de dinero de los clubes deben estar justificadas, se recurre a facturas falsas y contactos con redes de testaferros y similares. Este tipo de prácticas son claramente ilegales.
La segunda opción es encubrirlas a través de operaciones económicas. Se hace llegar el dinero a los jugadores a través de contratos y acuerdos cuyo fin último no parece ser ese. En mi opinión, se trataría de la práctica más extendida a día de hoy. Hacienda difícilmente puede decir nada si se documenta bien, pues cobra sus impuestos. Las prácticas más comunes son:
- El equipo pagador ficha un jugador del equipo primado muy por encima de su valor de mercado. A continuación los jugadores primados reciben su dinero del club como parte de su ficha.
- El equipo pagador llega a acuerdos de colaboración económica con el equipo primado, con idéntico final que el punto anterior
- Empresas del entorno del club oferente llegan a acuerdos publicitarios(que no se suelen ejecutar) con los jugadores agraciados.
La pregunta, como bien señala El Economista, es: ¿para cuándo la legalización de las primas por vencer?
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