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El video que encabeza este post es una entrevista de Federico Jiménez Losantos a Loquillo y Sabino Méndez que ya tiene sus años. Os ruego que pongáis atención a lo que se cuenta a partir del minuto 24. Es un tema que a muchos les vendrá de nuevas y a otros les sonará, pero que conviene recordar (ya que los medios apenas lo hicieron). Cuenta una historia de ayuntamientos, conciertos y dinero negro. Una historia que puede explicar parte de la trama del complejo político-cultural de este país.

En los 90 comienza el fin de la hegemonía municipal socialista en España. Loquillo comenta que, con ese cambio y la correspondiente regularización de las facturas, Hacienda se lanza a por numerosos artistas. ¿Motivo? Los ingresos que habían declarado no se correspondían con los recogidos en las facturas de los ayuntamientos. El catalán nos habla de dobles contratos con cifras dispares, con políticos y promotores que se repartían dinero desconocido para los músicos. El tema tiene mucha miga.

¿El origen de esta situación? Los ayuntamientos, después de la Transición, se habían convertido en los principales promotores musicales de este país. Los conciertos gratis parecían ser una obligación municipal, un servicio público ineludible. Con la historia que cuenta Loquillo, todo el mundo era feliz: el artista ideológicamente afín era recompensado (se explican determinadas filias, ¿a qué si?), se generaba un flujo de dinero B para destinos variados (personales o colectivos, ya se me entiende) y los vecinos iban gratis al concierto. ¿Gratis? No tanto, no al menos los contribuyentes de dicho municipio.

De lo que yo no he oído hablar jamás es de que Hacienda y los Tribunales cayesen sobre esta trama política que denuncia Loquillo. O no al menos de un modo organizado. Ni tampoco que las sociedades de derechos de autor hayan lanzado una campaña contra estas prácticas que afectaban al honor de sus asociados. Nunca. ¿A qué resulta curioso? En este país donde se persigue con querellas y demandas a los disidentes del complejo político cultural, donde se monta un procedimiento administrativo-punitivo para proteger una industria, nadie hace nada por proteger el dinero público. Y mucho menos los que defienden un modelo de Estado basado en la abundancia de tal financiación. ¿Tan poco les importa?

Hasta aquí la denuncia de Loquillo. ¿Cambió algo a partir de aquella situación? Poca cosa, no lo creo. Quizás lo de la doble contratación se paró, aunque alrededor de los festejos municipales, especialmente de los pueblos, corren numerosos rumores acerca de su financiación. Lo que es un hecho es que los ayuntamientos, de uno u otro color, siguieron creyéndose su papel de empresarios musicales, en clara competencia desleal con el sector privado, inflacionando los precios con pólvora del rey, es decir, del contribuyente.

El verano se acerca. Hay quien señala que con la crisis la burbuja musical-municipal se ha pinchado. Lo agradezco, agradezco que dejen de gastar dinero público en este tipo de actividades. Se abre sin duda una posibilidad para las actuaciones de pequeño formato en los circuitos privados, a precios razonables. Pero mucho me temo que habría quien intente seguir en el escenario a pesar de que haya sido incapaz de pagar a su proveedores en plazo.

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