Recordemos que a finales de marzo de este mismo año el Gobierno aprobó una polémica amnistía fiscal con la que pretendía sacar de las tinieblas de los paraísos fiscales 25.000 millones de euros. La regularización establecía un gravamen especial del 10% para quienes aflorasen el dinero y el objetivo, muy cuestionado por la ciudadanía, era recaudar 2.500 millones de euros para las arcas públicas.
Remo cuestionó en su momento dicha amnistía tachándola de vergonzosa y bochornosa ya que suponía un premio al defraudador y al fraude fiscal en sí, con un ridículo coste del 10% que parecía que animaría a muchos defraudadores a traer el dinero de sus cuentas suizas a los bancos españoles.
La realidad, sin embargo, es que el dinero no vuelve a casa en el volumen que Hacienda esperaba. Incluso Bruselas ya avisó de que tenía pocas esperanzas de que esta medida funcionase y que los defraudadores quisieran comprar el perdón de los que religiosamente cumplimos nuestras obligaciones tributarias mediante ese 10%.
Y en mitad de esta polémica sobre el éxito o no de esta medida salta la noticia de que la Audiencia Nacional archiva la investigación a Botín por las cuentas en Suiza. Al parecer, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, su hermano y otros diez familiares por presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental ha quedado en nada porque la familia Botín regularizó voluntariamente su situación hace dos meses y pagó 200 millones de euros de la imposición del IRPF.
Qué casualidad, pensé. Tal vez esta noticia anime a otros defraudadores a sacar su dinero de esas cuentas opacas y traerlo de vuelta a nuestro país. Lo cierto es que se animen o no, el homenaje al fraude fiscal ya está hecho. Quizás, solo quizás, la solución para que la evasión desaparezca en un futuro pase por castigar a los evasores y así dar ejemplo, circunstancia que mucho me temo que jamás se dará en este país.
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