Nuestros cargos públicos y funcionarios de todo nivel están al servicio de la población y todos aquellos que tienen relación con los fondos públicos y la gestión del patrimonio público deben tener bolsillos de cristal y manos impolutas. Esta norma, es la primera de una larga lista que se debe aplicar para eliminar la corrupción en la gestión de los fondos públicos por parte de todos los implicados.
No obstante, a políticos de todos los colores, se les olvidan estas premisas y pretenden justificar robos y expolios como cosas veredes amigo lector. Estas justificaciones se obtienen desde todos los frentes políticos y la última corruptela que se encuentra en manos judiciales está relacionada con Andalucía, expedientes de regulación de empleo y concesión de ayudas públicas a personas que nunca deberían haberlas recibido. En estas lides se ha encontrado inmerso Manolo Recio, actual consejero de empleo, como responsable actual del departamento que ha llevó en el pasado estos desmanes y claro está, intentar sacar la cara por lo inexplicable, trae malas comparaciones y peores frases. La primera explicación que dió Manolo Recio en su blog se sustenta en que la excepción no es la regla y la segunda una ligera confusión entre fraude y otra tipología de delitos relacionados con el patrimonio público. Respecto la primera tesis, que la excepción no es la regla en la gestión de fondos públicos, existe un trasfondo muy amplio en la concepción de excepción. Si se detectan concesiones fraudulentas en 39 expedientes sobre 6.000 tramitaciones, hablamos porcentualmente de una concesión anómala del 0,65%. ¿Pequeña? Depende, ¿tolerable? En absoluto. Citando a Manolo
El modelo, por desgracia, no está exento de que alguien quiera aprovecharse de él. Se han detectado 39 irregularidades en unos expedientes que han afectado a más de 6.000 personas. La excepción, pues ha sido la irregularidad. La regla es, como siempre, el buen uso de los fondos legales gestionados.No Manolo, en ningún caso es excepción la falla de nuestro sistema administrativo en el manejo de los fondos públicos. Si extrapolamos este razonamiento al global del sistema, por ejemplo, a nivel estatal, estaríamos admitiendo una pérdida del 0,65% del presupuesto público en intereses de aprovechados. En correlación lineal con todos los presupuestos públicos hablaríamos de una pérdida negligente de más de 3.000 millones de euros al año y estos errores no se pueden tolerar ni justificar cuando el sistema y sus controles fallan.
La segunda explicación que ha dado Manolo Recio, sí es para nota y ahí no se puede despistar a la población. En el Diario Ideal afirma lo siguiente:
el consejero, quien ha puesto como ejemplo el funcionamiento de la Administración de Hacienda "donde también hay fraude y se intenta vulnerar los controles férreos".No, Manolo, el fraude fiscal no es lo mismo que la malversación de fondos públicos. El fraude fiscal lo realiza un individuo ocultando o dejando de pagar sus impuestos y claro que existe y ahí Hacienda despliega todas sus armas para que todos seamos iguales ante la ley. La malversación de fondos públicos, el cohecho, el tráfico de influencias y resto de delitos, sólo lo pueden cometer los ciudadanos que tienen cargos políticos o están al frente de la administración pública en connivencia con el sector privado, pero el delito es mutuo no unidireccional como en el caso del fraude.
Por todos estos motivos, a pesar de que la justicia está funcionando, usted debe afinar más su discurso justificativo de este agujero negro estimado en Andalucía en más de 650 millones de euros porque no sirve la justificación, a la opinión pública sólo le sirve que rueden cabezas. Por último, como confirmación de que excepciones tenemos pocas, os dejo el mapa de la corrupción española asignada por zonas geográficas, que parece ser que las excepciones se multiplican como los panes y los peces por toda nuestra geografía.
Ver Mapa de Corrupción por Partidos Políticos en un mapa más grande
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