La contratación pública es uno de los principales motores de la economía española, ya que supone una quinta parte del PIB. El actual modelo de contratación, sin embargo, no es eficiente. Convocatorias opacas, pliegos hechos a medida de empresas 'amigas', ofertas seleccionadas únicamente por su precio cuyo coste real se hincha después a costa del contribuyente… un desastre que ocasiona pérdidas de hasta 20.000 millones anuales.
Paradójicamente, hay dos problemas opuestos: por un lado, concursos opacos donde solo se presenta un proveedor (con un coste mayor que si hubiera competencia); por otro lado, consursos competitivos pero cuyo único criterio de selección es el precio, dando pie a ofertas ridículamente bajas que, una vez escogidas, generan importantes sobrecostes.
La poca transparencia del sistema es además una fuente de corrupción que lastra la recuperación económica. La Comisión Europea ha exigido al gobierno español tomar medidas al respecto, para garantizar un uso eficiente del dinero público. ¿Cómo mejorar el sistema de contratación pública en España?
Ni dinero ni confianza, los grandes problemas de la contratación pública
Un reciente informe de la consultora EY identificaba los tres grandes problemas del sistema de licitación pública de infraestructuras, que son extrapolables al resto de sectores. Para empezar, la corrupción: los sobornos, las comisiones ilegales o el tráfico de información privilegiada son responsables de que se liciten muchas obras sin viabilidad económica, o que aquellas que sí la tienen no acaben en manos de los mejores contratistas.
Otro factor muy importante es el frenazo en la inversión a causa de la crisis. Las licitaciones de obra pública en 2015 estaban a niveles casi cuatro veces menores que antes de 2007. La necesidad de ahorro hace que el criterio de precio se prime aún más, convirtiendo muchos concursos públicos en meras subastas.
La mayoría de licitaciones públicas no se divulgan digitalmente tal como obliga la ley
El tercer problema fundamental es la inseguridad jurídica. Condiciones poco transparentes, cientos de excepciones a las normas, diferencias a nivel autonómico o municipal, cambios legislativos frecuentes y muchas veces retroactivos... las reglas del juego no están claras y cambian sobre la marcha. Además, el nivel de transparencia de las administraciones españolas deja bastante que desear: solamente el 30% de contratos son publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público tal como marca la ley.
¿Cómo mejorar el sistema de licitación pública en España?
La ONG Transparencia Internacional reunió recientemente a representantes de las administraciones y el sector privado en un foro con el objetivo de elaborar recomendaciones para resolver los problemas asociados a la contratación pública. Las principales conclusiones del foro parecen de sentido común, aunque las administraciones se resisten a su cumplimiento:
Hacer una ley de contratos más simple y uniforme para todos, evitando los constantes cambios legistativos (hasta 30 veces en los últimos ocho años) que generan inseguridad
Cumplir la Ley de Transparencia: se deberían declarar nulos todos aquellos contratos no publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público (que actualmente son la mayoría)
Profesionalizar las mesas de contratación, haciendo que las decisiones las tomen funcionarios de carrera basándose en criterios públicos y objetivos, en vez de cargos políticos sin experiencia en la materia
Mejorar los mecanismos de control y la vigilancia del cumplimiento de los contratos una vez licitados: las modificaciones de contratos tras la adjudicación deberían ser la excepción, y no la norma como hasta ahora
El cumplimiento de estas medidas podría servir para ahorrar millones de euros y eliminaría muchos de los incentivos a la corrupción que existen en la actualidad.
Mejorar es posible: lecciones que España puede aprender de otros países
Actualmente la mayoría de países europeos tienen procesos de licitación más objetivos y eficientes que el español. Por ejemplo, Portugal puntúa mucho mejor que España en transparencia gracias al portal público que gestiona todos los contratos de todas las administraciones, mientras que Chile es un ejemplo de buenas prácticas en el mecanismo de adjudicación.
En los países anglosajones las empresas no compiten a ciegas sino que todas contribuyen en el proceso
Otra mejora que podemos importar de los países anglosajones es el llamado diálogo competitivo, donde las empresas concursantes no compiten a ciegas entre ellas sino donde hay un proceso cooperativo donde todas las partes interesadas aportan posibles mejoras. Normalmente el ganador final del concurso realiza una compensación económica a las empresas no adjudicatarias por su contribución al proceso.
Un aspecto que también resulta muy mejorable del proceso español es la justificación de la candidatura elegida. Bélgica, por ejemplo, destaca por proporcionar a las empresas perdedoras informes muy detallados de los criterios seguidos en la adjudicación y la puntuación obtenida en cada uno. Noruega, por su parte, hace públicas las ofertas de todos los competidores tras el concurso.
En definitiva, aunque no hay remedios mágicos, sí hay medidas básicas con las que España podría reducir significativamente la pérdida de 20.000 millones anuales. Sólo hace falta voluntad política.
En El Blog Salmón | Licitaciones públicas: ¿subasta o concurso?