Es normal en un país con más de cinco millones de parados en el que la sombra del falso desempleado que se beneficia de una prestación mientras trabaja en B siempre está presente, que el Gobierno adopte medidas encaminadas a combatirlo. Lo que el equipo de Rajoy ultima es una Ley Orgánica que impondrá fuertes sanciones y duras penas a los trabajadores y empresas que defrauden al Estado y a la Seguridad Social.
En un país tan castigado como el nuestro la tolerancia con el defraudador debe ser la mínima y así lo ha visto el departamento de Fátima Báñez, que introducirá la figura del delito de defraudación a las prestaciones a la Seguridad Social para intentar combatir esa oscura economía sumergida de la que se benefician muchas personas en nuestro país.
Según adelanta El Confidencial Digital, las principales figuras que este plan antifraude a la Seguridad Social contempla son cuatro:
En mi opinión, esta reforma no es sólo necesaria, sino imprescindible para combatir el enorme agujero que supone la economía sumergida en nuestro país. Una ley de este tipo es impensable en otros países, donde son los propios ciudadanos los que se atreven a denunciar a aquellos trabajadores en situación fraudulenta. Aquí, sin embargo, la picaresca española prevalece con el consiguiente daño a la economía y a aquellos trabajadores que religiosamente declaramos todos y cada uno de nuestros ingresos.
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