Cristóbal Montoro ha anunciado la redacción de un nuevo plan financiero para que las administraciones públicas puedan pagar unos 30.000 millones que le deben a pymes y autónomos. Este plan financiero necesita obligatoriamente el apoyo de las entidades financieras, dado que son ellas las que van a adelantar el dinero debido a las empresas.
La operación macrofinanciera que adelanta Expansión no detalla los flecos sueltos pero intuyo que las entidades financieras recibirán una comisión por cada pago que realicen a las pymes y a la vez contarán con un aval del Estado para estructurar esta deuda adquirida y colocarla por ejemplo en titulización de activos. Ojo, esto es un mecanismo que se me ocurre que podría ser viable y daría un respiro también a las administraciones públicas. Por su parte, las empresas que se acojan a esta fórmula de pago, deberán tener la deuda reconocida, vencida y renunciar parcial o totalmente a los intereses de demora generados.
Los costes de gestión y comisiones de la operación serían repercutidos por la pyme que cobre por esta vía también y se presenta como alternativa para mejorar la liquidez de la empresa y cobrar finalmente la cantidad adeudada. Esta medida es una medida que obliga a las pymes a sacrificar parcialmente la deuda que tienen con las administraciones públicas pero más vale cobrar algo hoy que no cobrar nada hasta el día del juicio final.
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