El Consejo de Ministros de ayer aprobó un real decreto que aumenta las contribuciones de las entidades financieras al fondo de garantía de depósitos (FGD). En palabras de Salgado, estos aumentos se han realizado para que la restructuración financiera la pague realmente el sistema financiero y no se asuman las inyecciones de dinero público al sector financiero mediante la emisión de más deuda o subidas de impuestos.
Tal y como podemos ver, ahora se va a obligar a una dotación anual del 0,3% de los depósitos garantizados por el sistema financiero al nuevo fondo de garantía de depósitos que se unificó hace unas semanas, por lo que las entidades financieras, andan un poco mosqueadas con estos cambios. El caso es que esta modificación, tampoco tiene un impacto económico suficiente, dado que tal y como supusimos ayer, el agujero patrimonial en el balance de las entidades puede rondar los 200.000 millones de euros y la nueva ampliación de FGD, sólo conseguiría entre 2.000 y 3.000 millones anuales. Con esto no pagamos ni un tercio de la CAM.
A pesar de que me muestro muy favorable a que sea el FGD el que entre en la reestructuración financiera, las entidades están moviendo ficha a pasos agigantados y ahora, tenemos que muchos bancos y cajas ya han sacado a pasear productos de captación de pasivo (ahorros de ciudadanos y empresas) que no se encuentran cubiertos por el FGD como son los pagarés, las cuotas participativas o las propias participaciones preferentes.
El problema es que no existe disponibilidad directa del FGD para una hipotética quiebra y que las propias entidades financieras están comercializando productos no cubiertos por el fondo sin que la mayoría de los clientes lo sepan claramente. Si alguna de estas entidades cayera, muchos ahorradores de a pie podrían perder su dinero por desconocimiento; punto que las entidades financieras deberían informar con mucha claridad a sus clientes y sin letra pequeña. Pero como siempre pasa, ya da igual, pase lo que pase, está comprobado que esto ya lo pagamos entre todos.
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