Estos días de atrás ha trascendido una carta que Pilar González de Frutos, la Presidenta de UNESPA, patronal aseguradora española, ha dirigido a los diputados que integran el Pacto de Toledo, encargado de velar por la sostenibilidad de las pensiones españolas, y en la que urgía a tomar medidas a favor del desarrollo de los planes de pensiones privados, en linea con los proyectos que va a presentar el gobierno a dicho Pacto. La podéis leer íntegramente en la propia web de UNESPA.
Digamos que algunos diputados, especialmente socialista, no están muy contentos con la incoativa, considerándolo una presión fuera de lugar, que les condiciona como representantes políticos de los españoles. Sorprendido por el repentino ataque de pureza de estos chicos no voy a perder un minuto en ello, pero si en algunas cosas que me han llamado, y mucho, la atención, en la carta. Vayamos por partes.
¿Quién defiende las pensiones privadas?
La primera en la frente:
Esta carta, quiero dejarlo claro desde el primer momento, parte de una cerrada defensa del sistema de reparto o, como se suele conocer popularmente en expresión no muy precisa, «las pensiones públicas». La opción, no sólo constitucional, sino social, de los españoles a favor del mismo es incuestionable. De hecho, si el sistema de reparto fuese capaz, por sí solo, de colmar todas las necesidades de bienestar presentes y futuras de los ciudadanos españoles, yo sería la primera en reconocer que esta misiva tiene poco sentido.
Traducción: si el sistema de reparto funcionase, habida cuenta de que es el elegido por la mayoría de los españoles, esta carta sobraría. Ya. Entiendo que un socialista diga esto, pero que el representante de los empresarios del sector lo manifieste me llama la atención. Y más quien ha sido un cargo político de lo que algunos consideran un peligroso gobierno neoliberal como era el de Aznar.
El sistema de reparto, tal cual, no deja de ser una violación de la libertad, con independencia de que lo consagre la Constitución del 78 o Francisco Franco, que fue el que implanto las bases en España. Funcione o no el sistema público de reparto, que alguien como la Presidenta de UNESPA no se atreva a defender públicamente la necesidad de un sistema privado de pensiones que permita que los españoles ahorren libremente dice mucho del estado de la cuestión.
Pensiones privadas manu militari para todos
Después de este arranque no es de extrañar como acaba la carta:
No generalizar el ahorro está provocando, hoy, que exista una España de privilegiados, aproximadamente 12 de cada 100 trabajadores; y una España no privilegiada. Los primeros han tenido la suerte de integrarse en empresas sólidas y de gran tamaño, que han articulado esquemas de previsión. El resto es el mayoritario ejército de los trabajadores de las empresas medianas, pequeñas, microempresas españolas, que se quedan fuera del ahorro y, consecuentemente, dentro de tres, cuatro o cinco décadas serán, simple y llanamente, más pobres. Puede que pienses que los trabajadores de empresas pequeñas no tienen capacidad de ahorro; pero no es eso lo que pasa en Holanda, en Suecia, en Reino Unido. Demasiados ejemplos como para abonar ese fatalismo.
Me ha parecido estupendo que UNESPA en su día criticase la reciente reforma del Gobierno que castigaba vía cotizaciones sociales los planes de pensiones de empleo. Lo que me resulta inconcebible es lo que masca detrás de este párrafo, y de los proyectos que maneja el Gobierno, y que consiste en establecer la cuasiobligatoriedad de establecer sistemas de planes de pensiones privados en las pymes, equiparándolas a la practica habitual de lo que se viene haciendo en las grandes.
Dejando al margen que ese 12% de beneficiados por planes de pensiones de empleo no creo que estén en la mayoría muy satisfechos con cómo funcionan y quien se beneficia realmente de los mismos (una pista puede estar en quien defiende su inclusión en los convenios, que no dejan de ser un acuerdo privado con fuerza de ley para obligar a terceros), es aberrante que se pretenda imponer a pymes y trabajadores la obligatoriedad de ahorrar por decreto por parte de quienes en teoría (que ya vemos que no) deberían estar buscando clientes y no apostadores cautivos, que para eso ya tenemos el modelo público.
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