La economía española parece ser que sigue sorprendiendo fuera de nuestras fronteras. Y es que, mientras algunas de las principales potencias europeas muestran ciertos síntomas de desaceleración, España mantiene su crecimiento.

El último “sorprendido” ha sido el gigante Goldman Sachs. El banco de inversión estadounidense destaca la fortaleza de la economía española y subraya que algunos indicadores clave, especialmente los relacionados con la productividad y el mercado laboral, están evolucionando mejor que en otras grandes economías de la Unión Europea.

España crecerá tres veces más que la eurozona

Las previsiones manejadas por Goldman Sachs apuntan a que el Producto Interior Bruto (PIB) español crecerá un 2,1% interanual durante este año.

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La cifra contrasta con el avance estimado para el conjunto de la zona euro, situado en torno al 0,7%. En el último informe de Goldman Sachs Research se prevé que “la economía española supere significativamente al resto de la zona euro este año, gracias a una mayor productividad laboral y una sólida posición fiscal”.

España se ha consolidado como una de las locomotoras económicas del continente y ha logrado mantener tasas de crecimiento superiores a las de países como Alemania, Francia o Italia.

Desde 2021, la economía española ha encadenado varios ejercicios mostrando una evolución más dinámica que la de estos y otros socios europeos.

La productividad mejora más rápido que en Alemania o Francia

Uno de los aspectos que más llama la atención del banco estadounidense es la evolución de la productividad laboral.

Durante años, una parte de los economistas criticó que el crecimiento español descansaba principalmente sobre el aumento del empleo y no sobre mejoras de eficiencia. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad más compleja.

Según dicho análisis, "la productividad crece más rápido que en las otras tres grandes economías de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. Los bonos del Estado español, a diferencia de los de otros países europeos, se han mantenido relativamente estables en medio del alza de los precios de la energía”

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Una evolución que se produce al mismo tiempo que el mercado laboral presenta indicadores históricamente positivos. La tasa de paro se encuentra en niveles no vistos desde 2008 y el número de personas ocupadas ha alcanzado máximos históricos.

Para Goldman Sachs, todo ello indica que el crecimiento no es únicamente por la incorporación de más trabajadores, sino también por una mejora gradual en la calidad de la actividad económica.

Empleos de mayor valor añadido

Otro de los factores que explican esta evolución tiene que ver con la transformación del empleo.

Los sectores relacionados con los servicios profesionales, las finanzas y las tecnologías de la información están ganando peso dentro de la economía española. Desde 2019, el empleo en estas actividades ha crecido más de un 20%, una cifra que prácticamente duplica la registrada en países como Francia o Italia.

Este desplazamiento hacia actividades de mayor valor añadido suele estar asociado, como es lógico, a mejores niveles salariales, una mayor cualificación profesional y aumentos de productividad más sostenidos en el tiempo.

La inmigración impulsa la actividad económica

Goldman Sachs también pone el foco en la gestión de los flujos migratorios como uno de los elementos que han contribuido al crecimiento reciente.

España ha logrado incorporar a decenas de miles de trabajadores procedentes del extranjero, especialmente de países latinoamericanos, facilitando su integración en sectores con escasez de mano de obra.

Este fenómeno ha permitido cubrir vacantes en actividades donde la demanda de trabajadores supera a la oferta disponible, algo especialmente relevante en un país que afronta un progresivo envejecimiento demográfico. Aunque esta situación genera, claro está, presión adicional sobre el mercado de la vivienda.

Los inversores mantienen la confianza en España

Más allá del crecimiento y del empleo, Goldman Sachs destaca el comportamiento de la deuda pública española, “el gasto adicional, que supera programas similares en Alemania, Francia e Italia, no ha perjudicado la situación fiscal general del gobierno”. Y todo ello, a pesar de la volatilidad que han experimentado los mercados energéticos y financieros durante los últimos meses.

Los diferenciales de deuda continúan relativamente contenidos y, además, España es actualmente la única de las cuatro grandes economías de la Unión Europea para la que se espera una reducción continuada de la ratio deuda sobre PIB durante los próximos años.

Pero claro, hay riesgos que siguen preocupando

Pese al optimismo general, dicho informe también identifica varios factores de riesgo. Uno de ellos es la elevada dependencia del turismo. Este sector representa aproximadamente el 12,6% del PIB español, por lo que “cada reducción del 10% en las llegadas de turistas por vía aérea podría disminuir el PIB en aproximadamente un 0,3%”.

También preocupa la situación política. España sigue sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado completos desde las elecciones anticipadas celebradas en 2023.

Imágenes | Europa Press, The New York Times

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La noticia La prestigiosa financiera Goldman Sachs alucina por cómo va la economía española: “la productividad crece más rápido que otras grandes economías de la UE como Alemania y Francia” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

La Agencia Tributaria lleva tiempo estrechando el cerco sobre los movimientos de dinero que puedan servir para ocultar fraude fiscal. Y el efectivo sigue siendo una de las zonas más sensibles: es menos trazable, más difícil de justificar y, aunque los pagos con tarjeta han ganado terreno, sacar dinero del cajero continúa siendo una operación habitual.

Según cuenta OkDiario, Hacienda está poniendo el foco en los movimientos monetarios y patrimoniales de los ciudadanos, especialmente cuando pasan por bancos y cajeros automáticos. El problema llega cuando la cantidad obliga a dar explicaciones.

No hay un límite legal para sacar efectivo, pero sí controles

En España no existe un límite concreto que impida retirar dinero en efectivo de una cuenta bancaria. Un cliente puede sacar la cantidad que quiera siempre que tenga saldo suficiente. Otra cosa es que, a partir de ciertas cifras, el banco pueda pedir datos, activar comprobaciones o comunicar la operación.

Ahí está la diferencia importante. Mucha gente confunde los límites de la tarjeta con un límite legal. Pero esos topes diarios que fijan las entidades no responden necesariamente a Hacienda, sino a criterios de seguridad.

De hecho, muchos bancos establecen por defecto límites de retirada con tarjeta, a menudo en torno a 600 euros, para reducir daños en caso de pérdida, robo o uso fraudulento. En plena expansión de los delitos ligados a nuevas tecnologías, esa barrera funciona como un cortafuegos básico.

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Eso no significa que el cliente no pueda sacar más. Si necesita una cantidad superior, puede contactar con su banco por los canales habituales para ampliar el límite. En principio, ese ajuste puede hacerse sin mayor problema.

El primer umbral delicado: 1.000 euros

La primera cifra en la que tenemos que pensar son 1.000 euros. Hacienda no fija un tope máximo para retirar efectivo de un cajero, pero a partir de esa cantidad la Agencia Tributaria puede empezar a hacer preguntas, tanto si se trata de una retirada como de un ingreso.

En ese escenario, el banco debe identificar al cliente y facilitar los datos necesarios sobre la operación si se le requiere. En otras palabras, no estamos ante una prohibición, sino ante una operación que deja de ser completamente rutinaria desde el punto de vista del control financiero.

El Banco de España lo explica así sobre las retiradas: "Las entidades deben entregar la cantidad solicitada, siempre que exista saldo en cuenta. Si vas a retirar una cantidad importante, tu banco podría solicitar que le avises con antelación razonable, siempre que no disponga de fondos suficientes para atender tu petición".

Y también añade una advertencia: "Tu banco podrá exigir que te identifiques cuando ingreses dinero y lo hará necesariamente cuando realices una operación en efectivo por un importe igual o superior a 1.000 euros".

A partir de 3.000 euros saltan más alarmas

El siguiente nivel está en los 3.000 euros. Esa es la cantidad que puede hacer saltar las alarmas en la Agencia Tributaria y abrir la puerta a una investigación más exhaustiva. Por eso, las propias entidades recomiendan actuar con prudencia si se va a sacar o ingresar una suma de ese tamaño. La recomendación práctica es hablar con un trabajador del banco y preparar un justificante que pueda entregarse después a las autoridades si se abre una comprobación.

La lógica es sencilla: cuanto mayor es la cantidad en efectivo, más importante se vuelve poder explicar su origen o destino. Se hace para poder justificar la operación si Hacienda pregunta.

CaixaBank también lo plantea en esos términos. Según su propia explicación, la Agencia Tributaria "recomienda a las entidades bancarias preguntar cuando la cifra supere los 1.000 euros".

La entidad añade otro aviso que afecta especialmente a los ingresos en efectivo: "Es tan poco habitual ir con cantidades grandes de dinero en efectivo que los ingresos en cajeros de más de 3.000 euros o con algún billete de 500 son comunicados a la Agencia Tributaria para prevenir el fraude".

El billete de 500 euros sigue siendo una señal sensible

El artículo original también menciona los billetes de 500 euros, un clásico en cualquier conversación sobre efectivo, economía sumergida y prevención del fraude.

La alerta también puede activarse cuando la operación incluye billetes de alta denominación. Por eso CaixaBank advierte de que los ingresos en cajeros con algún billete de 500 euros pueden ser comunicados a la Agencia Tributaria.

Esto no convierte automáticamente al ciudadano en infractor, pero sí eleva la probabilidad de que la operación sea revisada. Y, de nuevo, la diferencia entre una operación normal y un problema fiscal está en la capacidad de justificar de dónde viene el dinero.

Cuánto dinero se puede llevar por la calle o guardar en casa

El efectivo no solo plantea dudas cuando entra o sale del cajero. También las plantea cuando se transporta físicamente.

Según el texto original, el límite para caminar por la calle con dinero en efectivo está establecido por la Ley 10/2010 en 100.000 euros. A partir de esa cantidad, una persona puede tener problemas si las fuerzas de seguridad del Estado intervienen y le piden justificar ese traslado.

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Además, por puro criterio de seguridad, no parece aconsejable portar sumas tan elevadas en la vía pública. El riesgo de robo, pérdida o intervención convierte esa práctica en una decisión difícil de defender fuera de situaciones muy concretas.

Otra cuestión distinta es guardar efectivo en casa. Ahí CaixaBank recuerda que no existe "un límite legal a la cantidad de efectivo que se puede almacenar en casa, siempre y cuando se pueda demostrar su origen".

La frase es importante. Tener dinero en casa no es ilegal por sí mismo. Pero si Hacienda pregunta, el ciudadano debe poder acreditar que ese efectivo procede de ingresos declarados, ahorros justificados u operaciones documentadas.

Imagen: Pxhere, dominio público.

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Quedarse sin empleo cerca de la jubilación puede cambiar por completo la pensión futura. La clave no siempre está solo en la edad, sino en los años cotizados y en las bases que se arrastran hasta el retiro. Según recoge COPE a partir de un vídeo del experto laboral Juan Ignacio Díez en TikTok, existe una vía para seguir sumando cotización sin tener un trabajo en activo: suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Pagar la propia cotización para no dejar huecos

Juan Ignacio Díez lo resume como un "secreto para poder cotizar sin trabajar". En realidad, se trata de un mecanismo legal y voluntario por el que el ciudadano asume el pago de sus propias cuotas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Básicamente es que ustedes paguen su cotización. Sí, lo que paga una empresa lo pagarían ustedes", explica Díez en la publicación.

La lógica es sencilla: cuando no hay empresa que cotice por el trabajador, el interesado puede hacerlo por su cuenta para mantener viva su carrera de cotización. Eso puede marcar la diferencia al pedir una pensión de jubilación o incluso una incapacidad permanente.

El coste, según detalla el experto, ronda el 30% de la base reguladora que se elija. Pone un ejemplo claro: con una base de 1.500 euros, la cuota mensual sería de unos 500 euros.

"Con esto lo que están haciendo es cotizar y ampliar su vida laboral de cara a cuando, por ejemplo, van a pedir la jubilación o una incapacidad permanente", señala Díez.

Una vía para quien se queda a las puertas de la pensión

El convenio especial cobra sentido sobre todo cuando una persona necesita completar un periodo mínimo de carencia. El caso más evidente es el de quienes no llegan a los 15 años de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.

Díez lo plantea con un ejemplo muy habitual: personas que "no llegan, por ejemplo, a los 15 años de jubilación. Les quedan 14 y unos meses y dicen, '¿Qué hago? No encuentro trabajo?'".

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Ahí aparece el convenio como una solución posible. No es gratis, y ese matiz importa. "Evidentemente cuesta dinero, pero al final es una inversión para después poder obtener una pensión", subraya el experto.

La lectura económica es clara: se trata de comparar el coste presente de pagar cuotas durante un tiempo con el derecho futuro a cobrar una pensión o a mejorar su cuantía. Para algunos perfiles puede ser una herramienta decisiva; para otros, una decisión que conviene calcular bien antes de asumir.

Quién puede beneficiarse de este convenio

Este sistema está pensado para cubrir huecos de cotización y evitar que una interrupción laboral termine castigando la pensión futura.

Entre los perfiles para los que puede resultar útil están los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y se acercan a la edad de jubilación. También quienes han sido declarados en incapacidad permanente total y quieren seguir cotizando pensando en su futura pensión de jubilación.

Otra situación frecuente es la de quienes causan baja voluntaria y no quieren dejar desprotegido su futuro. Además, los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden acogerse a una modalidad específica de convenio.

El problema es que estas decisiones no siempre se toman con tiempo. Por eso, el texto original recuerda la utilidad del simulador de la Seguridad Social, que permite estimar la futura pensión a partir de los datos reales del trabajador. En situaciones complejas, como una empresa que se niega a conceder la jubilación parcial, el trabajador puede verse obligado a buscar alternativas para no perder derechos.

Requisitos, plazos y solicitud ante la Seguridad Social

Para suscribir un convenio especial hay un requisito clave: haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en la Seguridad Social.

También hay plazo. La solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a dejar de cotizar. Y hay un punto importante: si se tramita en los primeros 90 días, los efectos de la cotización pueden aplicarse de forma retroactiva desde la fecha del cese.

El trámite se inicia con el modelo oficial TA-0040 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese formulario sirve para gestionar el alta, la baja o la modificación de datos del convenio.

La presentación puede hacerse de forma presencial en una oficina de la TGSS o, preferiblemente, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste final depende de la base elegida. Según el texto original, la cuota mínima arranca en 255 euros al mes y puede superar los 1.300 euros si se elige la base máxima.

En otras palabras, cotizar sin trabajar existe, pero no como una ayuda gratuita, sino como una decisión financiera: pagar ahora para proteger una pensión futura. Y precisamente por eso conviene hacer números antes de firmar.

Foto: Tiktok ampliada con Gemini, Américo Toledano, Matt Bennett.

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En España, independizarse se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos jóvenes: sueldos ajustados, vivienda cara y poca capacidad de ahorro. Ese es el contexto que explica por qué algunos miran a países como Australia, aunque el salto implique irse a 14.000 kilómetros, lejos de la familia y los amigos durante mucho tiempo.

El caso de Virginia, una gaditana instalada en Perth, encaja de lleno en esa tendencia. Según recoge El Español, es periodista y comunicadora de profesión, pero ahora trabaja en el servicio de limpieza de minas en Australia, una de las actividades económicas más potentes del país.

2.500 euros por siete noches de trabajo

La cifra que ha llamado la atención es esta: Virginia asegura que gana "por siete días de trabajo en el turno de noche 2.500 euros". Si trabajase 21 días a lo largo de un mes, eso equivaldría a 7.500 euros.

La comparación con España es inevitable. El texto original recuerda que el salario medio en nuestro país ronda los 2.300 euros brutos al mes, mientras que el salario mediano se sitúa alrededor de los 1.900 euros brutos mensuales, según los datos citados.

La clave está en que no es un empleo convencional de oficina ni un trabajo cómodo en una ciudad. Virginia trabaja en minas, hace turnos de 12 horas con descansos y cobra también un suplemento por nocturnidad. Aun así, ella lo presenta como el trabajo por el que más ha cobrado desde que está en Australia.

En su cuenta de TikTok, @virgsanz, lanzó una pregunta directa a sus seguidores: "¿qué os parece esta cifra por llenarte de mierda?". La frase resume bien el intercambio económico: más dinero, pero a cambio de condiciones que no todo el mundo aceptaría.

El trabajo no siempre consiste en estar limpiando sin parar

Lo llamativo es que Virginia matiza que no todos los días son igual de duros. Algunos, explica, son bastante tranquilos porque se limita a regar la mina para evitar que se levante polvo.

Ella misma lo cuenta así: "Hay días que me los paso enteros en el camión cisterna y nos dedicamos a regar la mina para que no se levante el polvo y estoy muy tranquila. Pero de vez en cuando se agradece que me pueda mover porque si no las horas se te pasan muertas".

Ese detalle cambia parte de la lectura. No elimina la dureza del empleo, porque sigue siendo trabajo nocturno, por turnos largos y en un entorno minero, pero sí muestra que las tareas pueden variar mucho de un día a otro.

La discusión: si 2.500 euros compensan o no

Algunos seguidores le han contestado que, teniendo en cuenta que trabaja de noche, la remuneración no es tan elevada. Virginia no lo ve así.

Su comparación no es con un empleo medio español, sino con sus otros trabajos en Australia. Según explica, en empleos anteriores del sector servicios, ya fuera en hostelería o como personal de limpieza, cobraba unos 1.500 euros a la semana.

Por eso defiende con claridad la diferencia: "Para gustos colores, pero que este trabajo está bien pagado es una verdad como un templo".

En otras palabras: el salario no se entiende solo por la tarea concreta, sino por el contexto. Australia paga más en ciertos sectores, las minas necesitan personal no solo para extraer minerales, sino también para mantener operativos los campamentos y servicios asociados, y hay trabajadores extranjeros dispuestos a asumir esa vida durante una etapa para ahorrar.

Minas, campamentos y empleos alrededor de la extracción

Las minas australianas son yacimientos de extracción de recursos minerales valiosos y forman parte fundamental de la economía del país. Los mineros viven en el campamento y se ocupan de las labores de extracción.

Pero alrededor de esa actividad hay muchos otros puestos necesarios. Virginia no trabaja como minera de extracción, sino en tareas vinculadas al funcionamiento de la mina: limpieza, apoyo operativo y trabajos como el riego con camión cisterna para controlar el polvo.

Ahí está la lectura económica de fondo. El salario alto no aparece en el vacío: responde a una combinación de sector potente, ubicación remota, turnos largos, nocturnidad y una organización laboral en campamentos. Para muchos jóvenes españoles, esa combinación puede ser atractiva si el objetivo es ahorrar más rápido de lo que podrían hacerlo en España.

El caso de Virginia no significa que emigrar a Australia sea una solución sencilla ni universal. Pero sí muestra por qué estos trabajos se han vuelto tan virales: condensan en una cifra muy fácil de entender, 2.500 euros por siete noches, una brecha salarial que en España resulta difícil ignorar.

Imágenes | RRSS (@virgsanz)

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Una vivienda heredada puede convertirse en un problema cuando no todos los propietarios actúan a la vez. Y en un mercado del alquiler tensionado, esa duda no es menor: afecta a la seguridad jurídica de quien arrienda, de quien ocupa y de quienes heredan un inmueble compartido.

Eso es lo que ha resuelto la Audiencia Provincial de Málaga en una sentencia de 28 de enero de 2026, según recoge NoticiasTrabajo. El caso enfrentaba a varias herederas con un inquilino que permanecía en la vivienda pese a que el contrato ya había vencido y a que las propietarias le habían comunicado por burofax que no querían seguir prorrogándolo.

El contrato había empezado en 2013 y el inquilino siguió en la vivienda

El alquiler se firmó inicialmente en noviembre de 2013 y después fue prorrogado. Tras más de siete años de relación arrendaticia, varias de las herederas enviaron al inquilino un burofax en septiembre de 2021 para comunicarle que no querían continuar con el contrato.

El mensaje era claro: no habría nueva prórroga y el arrendatario debía abandonar el inmueble. La cuestión, sin embargo, acabó en los tribunales porque el inquilino siguió ocupando la vivienda.

Su oposición se apoyaba en dos ideas. La primera, que las demandantes no podían actuar solas porque el piso pertenecía a más herederos. La segunda, que se encontraba en situación de vulnerabilidad.

Ni el Juzgado de Primera Instancia ni después la Audiencia Provincial de Málaga aceptaron esos argumentos. Ambos órganos confirmaron la obligación de desalojar la vivienda.

La clave: reclamar el piso es un acto de administración, no de disposición

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El punto más importante de la sentencia está en la naturaleza de la acción judicial. La Audiencia considera que pedir la recuperación de una vivienda alquilada no es un acto de disposición del bien común, sino un acto de administración.

Esa diferencia es decisiva. Si fuera un acto de disposición, podría exigirse una actuación más intensa de todos los propietarios. Pero al tratarse de un acto de administración orientado al beneficio común, el tribunal entiende que varios comuneros pueden actuar sin necesidad de que todos los herederos firmen la reclamación.

La Audiencia se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre comunidades de bienes y en los artículos 394 y 398 del Código Civil, que regulan las facultades de los copropietarios sobre los bienes comunes.

En otras palabras: en una comunidad hereditaria, no siempre hace falta que todos los propietarios se pongan formalmente de acuerdo para defender el inmueble. Basta con que quien actúa lo haga en interés de la comunidad y no conste una oposición expresa del resto.

El inquilino no probó que otros herederos se opusieran al desahucio

La sentencia también tuvo en cuenta la prueba aportada por las demandantes. Las herederas presentaron la escritura de adjudicación de herencia, con la que acreditaban su condición de copropietarias de la vivienda.

El inquilino, por su parte, no logró demostrar que alguno de los demás herederos estuviera en contra de la reclamación judicial. Para la Audiencia, esa ausencia de oposición expresa era relevante: no bastaba con decir que había más propietarios, había que acreditar que alguno rechazaba la acción de desahucio.

Ese es el matiz que cambia la lectura del caso. El problema no era que la vivienda perteneciera a varias personas, sino si las herederas que reclamaban estaban actuando solo para sí mismas o en beneficio de toda la comunidad hereditaria. El tribunal concluyó que lo hacían en beneficio común.

El segundo documento no era un nuevo contrato, sino una prórroga

El inquilino también sostuvo que el documento firmado posteriormente no era una simple prolongación del alquiler inicial, sino un nuevo contrato. Eso habría podido alterar el cómputo de la duración y de las prórrogas.

La Audiencia tampoco aceptó esa tesis. Según la sentencia, el propio documento hacía referencia expresa a la “prórroga del contrato de arrendamiento”, por lo que debía interpretarse como una prórroga y no como un contrato nuevo.

Aquí entra en juego el artículo 1281 del Código Civil, que obliga a interpretar los contratos conforme al sentido literal de sus cláusulas cuando estas son claras y no dejan dudas sobre la voluntad de las partes.

El burofax fue suficiente para acreditar la voluntad de no renovar

Otro punto central fue la comunicación enviada por las herederas. El tribunal confirmó que el burofax cumplía con el preaviso necesario para impedir la continuidad del alquiler.

El artículo original menciona que, según la LAU, esa notificación debe hacerse con al menos cuatro meses de antelación. Conviene matizar aquí que la sentencia consultada razona el caso conforme al régimen aplicable a un contrato firmado en 2013 y habla de un preaviso de 30 días en ese contexto concreto. La idea de fondo, en cualquier caso, es la misma: la propiedad comunicó de forma suficiente su voluntad de no seguir con el arrendamiento.

La Audiencia recordó además que la ley no exige una forma especial para esa notificación. Lo relevante es que quede acreditado que el inquilino conocía la intención de extinguir el alquiler. En este caso, el burofax servía para demostrarlo.

La vulnerabilidad puede activar medidas sociales, pero no alarga por sí sola un contrato vencido

El último argumento del arrendatario fue su situación de vulnerabilidad. Es una cuestión sensible, porque en los últimos años la vivienda se ha convertido en uno de los grandes puntos de fricción entre protección social, seguridad jurídica y derecho de propiedad.

Pero la Audiencia fue clara: la vulnerabilidad puede activar medidas de protección social, pero no impide por sí misma la extinción de un contrato de alquiler que ya ha terminado legalmente.

Esto no significa que la situación personal del inquilino sea irrelevante en todos los planos. Significa que, para este procedimiento concreto, no bastaba para obligar a las propietarias a mantener vivo un contrato vencido ni a firmar uno nuevo.

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El resultado fue la confirmación del desahucio. La Audiencia Provincial de Málaga avaló la decisión del Juzgado de Primera Instancia y mantuvo que el inquilino debía dejar la vivienda.

La sentencia, eso sí, no era firme y todavía podía recurrirse ante el Tribunal Supremo.

La lectura económica es clara: en los inmuebles heredados, la fragmentación de la propiedad puede complicar cualquier decisión, pero no paraliza necesariamente la defensa judicial del bien común. Si no hay oposición expresa del resto de comuneros, varios herederos pueden reclamar la recuperación de una vivienda alquilada cuando el contrato ha vencido.

Imagen: generada por Gemini, Andrés García.

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La capacidad de las infraestructuras eléctricas de España no está evolucionando como debería. Esta situación ha llevado a la Comisión Europea a lanzar una nueva advertencia sobre la necesidad de acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento e interconexiones para evitar problemas de competitividad, seguridad de suministro y aumento de los precios energéticos. No quiere oír de un nuevo apagón.

Dentro de las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo, Bruselas considera prioritario que España abandone progresivamente el denominado modo de operación reforzada de la red eléctrica.

Se trata de un mecanismo diseñado para garantizar la estabilidad del sistema en circunstancias determinadas, pero que está generando importantes repercusiones económicas.

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Pero ¿cuál es la razón? la fórmula, inicialmente concebida como una medida preventiva, ha adquirido un carácter recurrente en determinados periodos, incrementando la dependencia de tecnologías convencionales para mantener la estabilidad del sistema eléctrico español

Un sistema que sigue dependiendo de los ciclos combinados

El modo de operación reforzada obliga al operador del sistema a recurrir con mayor frecuencia a centrales de ciclo combinado alimentadas por gas natural para garantizar parámetros técnicos esenciales, especialmente la estabilidad de la tensión en la red.

Aunque este recurso permite reforzar la seguridad del suministro, también supone una mayor utilización de combustibles fósiles en un contexto donde la Unión Europea busca acelerar la descarbonización de la economía y reducir la dependencia energética exterior.

Tras el gran apagón registrado el 28 de abril de 2025, se impulsaron diversas medidas correctoras basadas en las conclusiones técnicas elaboradas por los organismos europeos encargados de supervisar las redes eléctricas.

Sin embargo, las instituciones comunitarias consideran que estas actuaciones representan únicamente una parte de la solución y que es necesario abordar reformas más profundas.

El objetivo es lograr que el sistema eléctrico pueda operar con normalidad apoyándose en una mayor capacidad de red y almacenamiento, reduciendo así la necesidad de recurrir constantemente a mecanismos extraordinarios.

La expansión renovable avanza más rápido que las infraestructuras

Uno de los principales desafíos identificados por la Comisión Europea es el desequilibrio existente entre el crecimiento de la generación renovable y la capacidad real de las infraestructuras para absorber esa energía.

España se ha convertido en uno de los líderes europeos en potencia solar y eólica instalada. Sin embargo, numerosos proyectos se encuentran con dificultades para conectarse a la red debido a limitaciones técnicas, congestiones y retrasos administrativos.

La situación afecta tanto a nuevas instalaciones energéticas como a proyectos industriales que necesitan acceder a capacidad eléctrica para desarrollar sus actividades.

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Según el análisis comunitario, la red de transporte y distribución requiere importantes actuaciones de modernización para adaptarse a un escenario donde la electricidad tendrá un papel cada vez más relevante en sectores como la movilidad, la climatización o los procesos industriales.

El almacenamiento energético sigue siendo insuficiente

El almacenamiento aparece como otro de los grandes retos pendientes según Bruselas.

La capacidad de almacenar energía resulta fundamental para aprovechar al máximo la producción renovable y garantizar el equilibrio entre generación y demanda.

Cuando existe excedente de electricidad procedente de fuentes solares o eólicas, las baterías y otros sistemas de almacenamiento permiten conservar esa energía para utilizarla posteriormente cuando sea necesaria.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla alcanzar 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento antes de finalizar la década. Sin embargo, a comienzos de 2026 las previsiones apuntaban a poco más de 8 gigavatios disponibles o comprometidos.

La Comisión considera que acelerar el despliegue de estas tecnologías será esencial para reducir restricciones, minimizar vertidos de energía renovable y reforzar la estabilidad de la red.

El impacto económico preocupa a Bruselas

Más allá de las implicaciones técnicas, la Comisión Europea también pone el foco en las consecuencias económicas derivadas de esta situación.

El mantenimiento prolongado del modo de operación reforzada genera gastos adicionales para el sistema eléctrico. Diversas estimaciones del sector cifran en alrededor de 2.300 millones de euros el impacto acumulado asociado a este mecanismo durante los primeros meses de 2026.

Estos importes terminan afectando de una u otra forma a consumidores domésticos, empresas e industrias intensivas en energía, especialmente en un momento en el que la competitividad energética se ha convertido en un factor estratégico para la economía europea.

La preocupación es aún mayor en sectores industriales que compiten en mercados internacionales y para los que cualquier incremento en la factura energética puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a otros países.

La fiscalidad energética

El informe comunitario también analiza otro elemento relevante: la estructura impositiva aplicada a la energía.

Aunque Bruselas no plantea cambios concretos, sí observa que la diferencia entre los precios mayoristas de la electricidad en España y la media europea no siempre se traslada íntegramente al consumidor final.

Imágenes | Kyasarin, Vallentina_

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La noticia España se enfrenta a un serio problema eléctrico: la Comisión Europea exige acelerar las obras para evitar nuevas crisis, apagones y recibos más caros fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

Durante años, muchos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han tenido una duda muy concreta: si acepto un trabajo, hago más horas o mejoro mis ingresos, ¿me recortan la prestación? La pregunta no es menor. En España, cerca de 830.000 hogares cobran esta ayuda, y cualquier cambio en su cálculo puede afectar directamente a la renta disponible de familias en situación vulnerable.

La clave está en el Real Decreto 240/2026, que entró en vigor el 27 de marzo de 2026 y reforma la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo o de una actividad económica por cuenta propia. Según recoge NoticiasTrabajo, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, ha explicado en un vídeo que el nuevo mecanismo busca que trabajar no implique una pérdida automática e inmediata de la ayuda.

El cambio: una parte del nuevo salario no cuenta para calcular el IMV

La idea de fondo es sencilla, aunque el sistema anterior no lo fuera tanto. La Ley 19/2021 ya contemplaba que el Ingreso Mínimo Vital pudiera ser compatible con el empleo. El problema es que el desarrollo reglamentario posterior, el Real Decreto 789/2022, acabó generando un mecanismo difícil de entender para los propios beneficiarios.

El Gobierno reconoce ahora que aquella fórmula, después de más de tres años de aplicación, tenía un problema práctico: si una persona no entiende bien cuánto puede ganar sin perder la prestación, es más fácil que tema aceptar un empleo o mejorar sus condiciones.

Muñoz lo resume así: “El incentivo al empleo persigue motivar a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital para que se incorporen al mercado laboral o mejoren sus condiciones, es decir, para que puedan obtener ingresos provenientes del trabajo sin que supongan la pérdida automática e inmediata de la prestación”.

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Con la reforma, el sistema introduce un importe exento. Es decir, una parte de los ingresos procedentes del trabajo no se tiene en cuenta al revisar la cuantía del IMV. El cálculo se hace comparando lo que la persona beneficiaria o la unidad de convivencia ganó en un ejercicio fiscal con lo que había ganado el año anterior. Sobre ese incremento se aplica un porcentaje de exención.

Hasta 6.000 euros más al año sin perder ni un euro de ayuda

El punto central está en el umbral de 6.000 euros anuales. Si el incremento de rentas del trabajo o de actividad económica es igual o inferior a 6.000 euros, queda excluido del cómputo el 100% de ese aumento.

En palabras de Muñoz: “En el caso de que ese incremento de renta sea inferior o igual a 6.000 euros, se excluirá del cómputo de rentas el 100% de ese incremento”.

En la práctica, esto significa que una persona que cobra el Ingreso Mínimo Vital y empieza a trabajar no verá reducida su prestación por ese nuevo ingreso mientras el aumento anual no supere esos 6.000 euros.

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Pero la reforma no se detiene ahí. Si el incremento supera los 6.000 euros, los primeros 6.000 euros siguen exentos al 100%. A partir de ahí, el exceso queda exento al 50%. Y hay una mejora adicional para las unidades de convivencia con complemento por discapacidad o monoparentalidad: en esos casos, la exención sobre la parte que supere los 6.000 euros sube al 55%.

En otras palabras: trabajar más sí puede acabar reduciendo parte del IMV si el aumento de ingresos es elevado, pero ya no funciona como un corte automático. El sistema intenta que el salto al empleo no penalice de golpe.

Dos ejemplos para entenderlo mejor

El primer ejemplo que plantea Alfonso Muñoz es el de una unidad familiar cuyos ingresos pasan de 6.500 euros anuales a 10.000 euros anuales. El incremento es de 3.500 euros. Como está por debajo del umbral de 6.000 euros, queda exento al 100%.

La lectura es clara: ese primer salto de ingresos no reduce la prestación. El IMV sigue funcionando como colchón mientras la familia mejora su situación laboral.

El segundo caso permite ver qué ocurre cuando el aumento supera el umbral. Una familia pasa de 8.000 euros a 16.000 euros anuales. El incremento es de 8.000 euros. Los primeros 6.000 euros quedan exentos por completo. De los 2.000 euros restantes, se excluye el 50%, es decir, otros 1.000 euros.

Resultado: de los 8.000 euros de incremento, 7.000 euros no se tienen en cuenta para calcular el IMV. Solo 1.000 euros computan a efectos de revisión de la prestación.

También cambia la relación entre el IMV y las políticas de empleo

El Real Decreto 240/2026 incorpora además una nueva disposición que conecta el Ingreso Mínimo Vital con las políticas activas de empleo. Las personas beneficiarias quedarán comprendidas en los programas de los servicios públicos de empleo del Estado y de las comunidades autónomas.

Esto implica que el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno deberá incluir programas específicos para este colectivo. También se prevén protocolos de coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, una pieza importante porque el IMV no es solo una ayuda económica: pretende funcionar como una vía de inclusión social y laboral.

La norma introduce otro matiz relevante: excluye del cómputo de ingresos el subsidio no contributivo por desempleo cuando estuviera extinguido en la fecha de solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Es un ajuste técnico, pero importante para quienes encadenan prestaciones y pueden verse penalizados por ingresos que ya no cobran.

La prueba real llegará con la revisión del primer año

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a revisar la eficacia del nuevo incentivo cuando se consoliden los datos del primer ejercicio de aplicación. Esa evaluación será elevada a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La gran pregunta es si este diseño será suficiente para reducir el miedo a aceptar trabajos de baja remuneración, parciales o inestables. Porque el objetivo declarado no es solo hacer compatible el IMV con el empleo, sino evitar que la prestación se convierta en una trampa burocrática para quienes intentan salir de ella.

Muñoz lo plantea así: “Trabajar no reduce automáticamente la prestación, sino que la puede complementar. El sistema permite el esfuerzo y la progresividad laboral y mejora la seguridad jurídica del beneficiario”. Y añade: “Y sobre todo, se refuerza el objetivo principal del Ingreso Mínimo Vital, que es la inclusión social a través del empleo”.

La reforma, por tanto, no convierte el IMV en una ayuda ilimitada ni elimina todos los controles. Pero sí cambia el incentivo económico: el primer tramo de mejora laboral queda protegido. Y eso puede marcar la diferencia entre aceptar un empleo o rechazarlo por miedo a perder la prestación.

Imagen: Alfonso Muñoz Cuenca, en YouTube

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La baja por incapacidad temporal funciona como una protección económica mientras una persona recibe asistencia sanitaria y está impedida para acudir a su puesto de trabajo. Pero esa protección tiene una condición de fondo: el sistema cubre una situación de recuperación, no una baja prolongada artificialmente por desentenderse del tratamiento.

Según recoge NoticiasTrabajo, la Seguridad Social puede suspender el pago de la prestación cuando el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento médico prescrito sin justificarlo. La base está en el artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que habla expresamente de suspender el subsidio si, “sin causa razonable”, el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento indicado.

La baja médica no es un cheque en blanco

La incapacidad temporal, más conocida como baja médica, cubre a los trabajadores mientras reciben asistencia sanitaria y no pueden desempeñar su actividad profesional. La Ley General de la Seguridad Social la define para casos de enfermedad común o profesional y accidente, sea o no laboral, siempre que exista asistencia sanitaria e impedimento para trabajar.

La clave está en que la prestación tiene una finalidad: permitir que el trabajador se cure o mejore lo suficiente para reincorporarse a su puesto. Es, en palabras del texto original, una especie de “paraguas” económico mientras dura ese proceso.

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Por eso, si el paciente decide por su cuenta dejar de tomar la medicación, no acudir a rehabilitación o rechazar una intervención prescrita sin un motivo de peso, la Seguridad Social puede retirar ese apoyo económico. No porque la persona esté ya curada necesariamente, sino porque ha dejado de colaborar con el tratamiento que justifica la continuidad de la baja.

El matiz importante: tiene que faltar una causa razonable

La norma no castiga cualquier negativa médica. El punto decisivo es la expresión “sin causa razonable”.

Esto significa que no es lo mismo abandonar una rehabilitación porque se prefiere descansar que rechazar un tratamiento por motivos médicos documentados. Si el paciente cuenta con informes contradictorios, acredita un riesgo vital inasumible o demuestra incompatibilidades médicas, puede alegar esa justificación para defender su derecho al cobro.

En otras palabras, la Seguridad Social no está diciendo que el trabajador deba aceptar cualquier intervención en cualquier circunstancia. Lo que establece es que rechazar o abandonar el tratamiento sin una explicación sólida puede romper el derecho a seguir cobrando la prestación.

Un ejemplo sencillo: la rehabilitación que se deja de hacer

Pensemos en un operario logístico con una lesión grave de hombro. Está de baja por incapacidad temporal y cobra la prestación correspondiente. El traumatólogo le prescribe sesiones diarias de rehabilitación como vía principal para recuperarse.

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Si la mutua colaboradora o la Inspección Médica del INSS detectan que ha dejado de acudir de forma sistemática porque prefiere descansar o irse a su segunda residencia, el pago de la baja puede suspenderse. A efectos prácticos, el médico de cabecera podría mantener el parte de baja si el trabajador no está curado, pero el beneficiario dejaría de ingresar el dinero mensual por no seguir el tratamiento indicado.

El punto económico es relevante: una cosa es la situación médica y otra el derecho a cobrar el subsidio. Una baja puede continuar clínicamente, pero la prestación puede verse suspendida si se entiende que el trabajador ha incumplido sus obligaciones como beneficiario.

Fraude, trabajar durante la baja y no acudir a revisiones

Abandonar el tratamiento no es el único supuesto que puede poner en riesgo el cobro. El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social también permite denegar, anular o suspender el subsidio por incapacidad temporal cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, o cuando trabaje por cuenta propia o ajena mientras está de baja.

El texto original lo resume con una fórmula muy clara: “Trabajar en B (o en A)”. Es decir, el problema no está solo en trabajar sin declarar, sino en realizar cualquier actividad laboral incompatible con la situación de incapacidad temporal.

También hay otro supuesto especialmente importante: no acudir a las revisiones. La incomparecencia a las convocatorias de los médicos del INSS o de las mutuas colaboradoras produce la suspensión cautelar del derecho mientras se comprueba si hubo o no justificación. Si después se determina que la ausencia fue injustificada, la consecuencia puede ser la extinción de la prestación.

La lógica del sistema: proteger la recuperación, no financiar el abandono

La incapacidad temporal tiene un equilibrio delicado. Por un lado, protege al trabajador cuando no puede trabajar por motivos de salud. Por otro, exige que ese trabajador siga el proceso razonable de recuperación.

Ahí está la lectura de fondo. La baja médica no es solo una prestación económica vinculada a no acudir al puesto. Es una ayuda condicionada a una situación sanitaria concreta: recibir asistencia, estar impedido para trabajar y avanzar, cuando sea posible, hacia la curación o la mejoría.

Por eso la Seguridad Social puede cortar el pago si interpreta que el beneficiario está boicoteando ese proceso. No basta con estar enfermo o lesionado. También hay que mantener una conducta compatible con la recuperación que justifica la prestación.

Imagen: Magnific.

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Todos lo sabemos: las reformas en el portal pueden ser una de las acciones que provoquen más tensión en una comunidad. No solo por el coste de la derrama, sino porque en muchos edificios antiguos la accesibilidad choca con escaleras estrechas, patios interiores, huecos imposibles y viviendas que pueden verse afectadas por la obra.

Según recoge NoticiasTrabajo, la Ley de Propiedad Horizontal protege de forma especial a los propietarios en cuya vivienda residan personas mayores de 70 años o personas con discapacidad. En esos casos, la comunidad no puede tratar determinadas obras de accesibilidad como una simple mejora opcional.

La accesibilidad puede ser obligatoria aunque no haya acuerdo previo

El punto central está en el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal. La norma establece que tienen carácter obligatorio “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal” cuando las soliciten propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años.

En la práctica, esto puede incluir rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos que permitan usar adecuadamente los elementos comunes del edificio. Y aquí está el detalle importante: estas obras no necesitan acuerdo previo de la junta de propietarios cuando el coste repercutido anualmente, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Es decir, la comunidad no puede limitarse a decir que no porque la obra no le convenga o porque parte de los vecinos no la vaya a utilizar. La ley convierte determinadas actuaciones en una obligación cuando están vinculadas a la accesibilidad de personas mayores o con discapacidad.

La norma va incluso más allá. Estas actuaciones pueden implicar la modificación de elementos comunes, del título constitutivo o de los estatutos de la finca. Y si el coste supera el límite de doce mensualidades, eso no elimina por sí solo el carácter obligatorio de la obra si la diferencia la asumen quienes la han solicitado.

El coste no es el único problema: también cuentan las servidumbres

La accesibilidad en edificios antiguos suele tener una derivada incómoda: a veces no basta con actuar en el portal o en la escalera. Puede ser necesario afectar a zonas comunes o incluso generar servidumbres sobre espacios vinculados a viviendas o locales.

Por eso entra en juego el artículo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a los propietarios a consentir en su vivienda o local las servidumbres imprescindibles para ejecutar obras, actuaciones o crear servicios comunes conforme a la ley.

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Si en tu comunidad de vecinos hay mayores de 70, no tienes que aprobar en junta las obras para poner un ascensor o una rampa, según la Ley de Propiedad Horizontal

Eso sí, no se trata de una carta blanca. La propia norma reconoce el derecho del propietario afectado a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados. La clave, por tanto, no está solo en si la comunidad debe facilitar la accesibilidad, sino en cómo se reparte el coste económico y patrimonial de hacerla posible.

El derecho existe, pero no se impone automáticamente en cualquier caso

El punto más delicado es que este derecho no es absoluto. Los tribunales han recordado que la accesibilidad debe compatibilizarse con el derecho del resto de propietarios a no sufrir perjuicios graves en sus viviendas o elementos privativos.

Un ejemplo reciente es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2025, citada por el texto original. En ese caso, el tribunal avaló que una comunidad de propietarios paralizara la instalación de un ascensor solicitada por varios vecinos mayores de 70 años, entre ellos una mujer de 82 años con una discapacidad del 65%.

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“No voy a usar el ascensor” ya no sirve como excusa. Los tribunales dan la razón a esta comunidad y toca pasar por caja

La razón no fue que la comunidad pudiera ignorar la petición. Fue otra: el proyecto concreto causaba perjuicios graves a otras viviendas del edificio. Según la resolución citada, la obra afectaba de forma relevante a elementos privativos y a la habitabilidad de algunos inmuebles.

La Audiencia Provincial recordó que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho a exigir obras de accesibilidad, pero ese derecho no puede aplicarse de manera automática cuando la intervención provoca una afectación desproporcionada sobre otros propietarios.

Para llegar a esa conclusión, el tribunal se apoyó en la doctrina del Tribunal Supremo, especialmente en la resolución de 10 de marzo de 2016, que obliga a ponderar los dos intereses en conflicto: el derecho a la accesibilidad y el derecho de los demás vecinos a no sufrir alteraciones graves en sus viviendas o elementos privativos.

La junta también puede aprobar la obra por mayoría

Además de las obras obligatorias del artículo 10, la Ley de Propiedad Horizontal contempla otra vía: que la comunidad apruebe actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas mediante acuerdo de la junta.

Aquí entra el artículo 17.2. La norma permite aprobar obras o nuevos servicios comunes destinados a suprimir barreras arquitectónicas con el voto favorable de la mayoría de propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación.

Y el efecto económico es importante: cuando el acuerdo se adopta válidamente, todos los propietarios quedan obligados al pago, incluso si el coste repercutido anualmente supera esas doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

En otras palabras, la ley separa dos escenarios. Uno es el de las obras obligatorias solicitadas por mayores de 70 años o personas con discapacidad. Otro es el de las obras que la comunidad decide aprobar colectivamente para mejorar la accesibilidad del edificio.

La clave está en el caso concreto

La lectura económica es evidente: la accesibilidad ya no puede entenderse como una mejora voluntaria o estética del inmueble. En muchos casos es una obligación legal que puede acabar en derramas, obras complejas, negociación de servidumbres e incluso indemnizaciones.

Pero tampoco basta con invocar la edad o la discapacidad para imponer cualquier proyecto técnico. Cada caso exige analizar el impacto real de la obra, las alternativas disponibles y el perjuicio que pueda causar a otros propietarios.

La comunidad no puede negarse sin más a adaptar el edificio cuando la ley obliga a hacerlo. Pero la obligación no elimina la necesidad de buscar una solución proporcionada, viable y jurídicamente defendible.

Imágenes: generadas por Gemini.

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El campo español lleva años buscando cultivos con más margen. Y la historia de Juan José Chacón ayuda a entender por qué el pistacho se ha convertido en una de las grandes apuestas agrícolas en Castilla-La Mancha.

Según recoge Vozpópuli a partir de una entrevista en La Sexta, este agricultor de Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, pasó de moverse en cultivos tradicionales como la viña, el olivo y el cereal a construir una explotación de 160 hectáreas dedicada al pistacho.

De un crédito de 6.000 euros a 160 hectáreas de pistacho

La historia empezó en 2010. Chacón decidió pedir un préstamo de 6.000 euros para cambiar el rumbo de su explotación agrícola. Hasta entonces trabajaba con cultivos habituales en buena parte del campo manchego: viña, olivo y cereal.

El salto no fue inmediato, pero sí muy rápido en términos agrícolas. El propio agricultor asegura que, entre 2010 y 2016, logró triplicar el capital invertido. “Entre 2010 y 2016 triplicamos el capital”, explicó.

En Directo al Paladar

De invertir 6.000 euros a ganar 650.000 euros al año : el boom del pistacho para agricultores como Juan José

La clave no estuvo solo en plantar pistacho. También estuvo en qué hizo después con el dinero que iba entrando.

Chacón optó por una estrategia muy clara: reinvertir los beneficios en nuevas plantaciones. En la práctica, eso significaba comprar más tierra, ampliar superficie y aumentar la producción. Ese proceso le ha llevado hasta las 160 hectáreas de pistacho que maneja actualmente.

El salto de ingresos: de 40.000 a 650.000 euros al año

La comparación es la que convierte el caso en llamativo. Según su propio testimonio, antes ingresaba unos 40.000 euros anuales con el cereal y el olivo. Con el pistacho, asegura haber llegado a 650.000 euros al año.

No es una diferencia menor. Es el tipo de cifra que explica por qué tantos agricultores empiezan a mirar más allá de los cultivos tradicionales cuando los precios bajos, la competencia exterior y la incertidumbre reducen los márgenes.

Chacón, además, sostiene que su explotación todavía tiene recorrido. Si mantiene esta evolución, calcula que podría alcanzar los 2 millones de euros en apenas dos años.

En El Blog Salmón

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Su defensa del cultivo es rotunda: “No hay producto en el campo que se iguale al pistacho. Ni en inversión, ni en producción, ni en rentabilidad”.

Y todavía fue más lejos al describir lo que, en su opinión, puede suponer este fruto seco para quienes lo produzcan: quien se dedique al pistacho podrá vivir de ello “como un marqués”.

La lectura económica: más margen en un campo con menos certezas

El caso de Juan José Chacón no explica por sí solo todo el futuro del campo español. Pero sí resume una tendencia de fondo: muchos productores están buscando cultivos alternativos con más rentabilidad, más estabilidad y mejor margen.

El pistacho ha entrado justo en esa conversación. Especialmente en Castilla-La Mancha, donde este cultivo ha pasado de ser una apuesta minoritaria a convertirse en una opción observada por agricultores que vienen de sectores más presionados.

El problema es que no todos los cambios de cultivo son replicables de forma automática. Hace falta tierra, capital inicial, tiempo, capacidad de reinversión y asumir el riesgo de una transición agrícola. Pero el caso de Chacón muestra por qué el pistacho se ha ganado tanta atención: cuando funciona, puede cambiar por completo la economía de una explotación.

En definitiva, el pistacho ya no aparece solo como una promesa agrícola. Para algunos productores, se ha convertido en un negocio de alto margen. Y para agricultores como Juan José Chacón, en la diferencia entre sobrevivir con cultivos tradicionales y multiplicar los ingresos de una finca.

Imagen: La Sexta.

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Tras una rigurosa investigación de la Inspección de Trabajo, el SEPE extinguió las prestaciones de manera retroactiva. Este fraude obligará al implicado a reembolsar íntegramente los fondos públicos percibidos.

Montar un negocio fantasma para exprimir las ayudas públicas del desempleo es una línea roja que la legislación persigue con dureza. Tal y como detalla Noticias Trabajo a partir de la documentación jurídica del caso, este fraude demuestra cómo un entramado sin actividad sirvió de pasarela para recibir dinero ilícito de la administración, unos fondos que ahora los tribunales exigen recuperar hasta el último céntimo debido al origen ilegal de las cotizaciones.

Un entramado fantasma gestionado en los bares

La trampa comenzó en el año 2010. El trabajador utilizó un alta ficticia en una sociedad mercantil para acreditar 181 días cotizados, logrando de este modo la llave de acceso al sistema asistencial. La Inspección de Trabajo demostró posteriormente que la empresa era una simple fachada instrumental, concebida exclusivamente para simular relaciones de trabajo y facilitar el acceso a prestaciones por desempleo de forma irregular.

El rastro real de la empresa era completamente inexistente. Como aparece en el expediente, la sociedad no pudo ser localizada en ninguno de los domicilios que había declarado oficialmente. Tampoco registraba ningún tipo de facturación ante la Agencia Tributaria ni realizaba el abono de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Además, fue imposible identificar o localizar a los responsables de la trama, incluyendo tanto al administrador de la firma como a sus representantes autorizados. Al interrogar a otros empleados supuestamente vinculados a la mercantil, las referencias obtenidas fueron "imprecisas y vagas". Ninguno de ellos supo concretar la ubicación de la sede ni describir la organización interna o la identidad de sus compañeros. De hecho, algunos de estos trabajadores aseguraron que la supuesta actividad de la firma se gestionaba directamente en bares, sin una ubicación fija ni actividad económica verificable.

La contundencia del SEPE y el aval de los tribunales

A partir de este falso historial laboral, el sistema reconoció inicialmente al trabajador una prestación de 180 días. Con posterioridad, se le concedió el subsidio por desempleo con 630 días de derecho, una ayuda que se prolongó en el tiempo entre 2010 y 2012 mediante prórrogas y reanudaciones sucesivas. No se trataba de prestaciones independientes, sino de un único subsidio extendido de forma continuada.

Al constatarse la simulación laboral, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) calificó la conducta como una "infracción muy grave". El organismo procedió a la extinción del subsidio y fijó los efectos retroactivos de la penalización desde el mes de agosto de 2010.

La reclamación económica exigida al ciudadano asciende exactamente a 8.037,20 euros bajo el concepto de cobros indebidos. El afectado recurrió la resolución administrativa, pero la sentencia 1844/2018 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha zanjado el debate respaldando por completo la actuación de la administración pública.

En definitiva, los magistrados aclaran que, dado que toda la cadena de cobros y renovaciones nace de un mismo origen fraudulento, la devolución del capital percibido debe ser total. La resolución judicial consolida un criterio firme frente a las altas de conveniencia que buscan desviar de forma fraudulenta los recursos públicos.

Imágenes | Magnific (pressfoto)

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La noticia La Inspección de Trabajo destapa un fraude en el cobro del subsidio por desempleo de un trabajador que se dio de alta en una empresa sin actividad: la Justicia confirma que tendrá que devolver más de 8.000 euros fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Cambiar una cocina no da derecho automáticamente a una subvención. Tampoco renovar un baño. El matiz es importante porque estas ayudas no están diseñadas para abaratar reformas estéticas, sino para empujar una rehabilitación energética que permita gastar menos luz, gas o calefacción.

Según recoge Infobae, el Gobierno mantiene en marcha las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con fondos europeos, con importes que pueden llegar hasta 21.400 euros por vivienda en determinados supuestos. El programa forma parte de la rehabilitación residencial de los fondos Next Generation, con el objetivo de alcanzar 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026 y un presupuesto de 3.420 millones de euros.

No es una ayuda para cambiar la cocina: es una ayuda para consumir menos energía

La confusión nace de ahí. Una obra en baño o cocina puede entrar en la subvención, pero solo si forma parte de una intervención que mejore la eficiencia energética del inmueble.

Eso significa que no basta con sustituir sanitarios, cambiar encimeras, renovar muebles o poner azulejos nuevos. Para que la ayuda tenga sentido, la actuación debe reducir la demanda energética o mejorar el comportamiento térmico de la vivienda.

En la práctica, pueden encajar obras como mejorar el aislamiento, cambiar ventanas, renovar instalaciones, sustituir sistemas de calefacción o refrigeración, instalar placas solares, implantar aerotermia o actuar sobre la envolvente del edificio.

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Y claro, algunas de esas intervenciones pueden afectar a baños o cocinas. Por ejemplo, si la reforma toca instalaciones de agua, electricidad, ventilación o climatización. En ese caso, la actuación sobre esas estancias puede formar parte de una obra subvencionable. Pero la razón de la ayuda no es el baño ni la cocina: es el ahorro energético.

El requisito clave: demostrar el ahorro antes y después

El Real Decreto que regula estas subvenciones exige acreditar una mejora energética real. En las actuaciones sobre viviendas, la obra debe conseguir al menos una de estas dos condiciones: reducir un 7% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración o reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Y aquí no basta con guardar facturas. La ayuda exige un certificado de eficiencia energética previo y otro posterior a la obra, emitidos por un técnico competente. La comparación entre ambos documentos es la que permite justificar que la vivienda consume menos energía después de la intervención.

Esa parte es fundamental porque convierte la ayuda en algo técnico, no decorativo. La administración no subvenciona que la cocina quede más nueva, sino que la vivienda sea más eficiente.

Cuánto se puede cobrar realmente

La cuantía depende del tipo de programa y del ahorro conseguido. En el caso de las obras de mejora energética en una vivienda individual, la ayuda cubre el 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.

Ese es el escenario más cercano a una reforma doméstica individual. Y aun así, tiene condiciones: la actuación debe cumplir los requisitos de reducción energética y el coste mínimo de la obra debe encajar en la convocatoria correspondiente.

La cifra de 21.400 euros pertenece a otro nivel de intervención. Aparece en los programas de rehabilitación a nivel de barrio, donde las ayudas pueden alcanzar el 80% del coste si la actuación logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%.

En otras palabras: no es que el Estado pague hasta 21.400 euros por reformar una cocina. Esa cantidad se reserva para actuaciones de rehabilitación energética mucho más ambiciosas, normalmente ligadas a edificios, barrios o intervenciones integrales.

Las comunidades autónomas tienen la llave

Estas ayudas no se solicitan directamente de una forma única para toda España. La gestión corresponde a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, y en algunos programas también pueden participar los ayuntamientos.

Por eso el interesado tiene que mirar la convocatoria concreta de su comunidad o municipio. Los plazos, formularios, documentación técnica y condiciones pueden variar según el territorio.

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El procedimiento suele funcionar por concurrencia simple. Es decir, las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. Esto hace que preparar la documentación técnica antes de empezar, o dentro de los plazos que marque la convocatoria, sea casi tan importante como la propia obra.

Además de subvenciones, hay deducciones en el IRPF

La otra pata del sistema está en Hacienda. Además de las ayudas directas, existen deducciones temporales en el IRPF para obras que mejoren la eficiencia energética.

La Agencia Tributaria recoge deducciones para reformas que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, mejoren el consumo de energía primaria no renovable o rehabiliten energéticamente edificios residenciales.

Según la información actualizada por la Agencia Tributaria tras el Real Decreto-ley 7/2026, las deducciones por mejora de eficiencia energética de viviendas se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la deducción por obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027.

La lectura económica es clara: la reforma subvencionable no es la que deja una casa más bonita, sino la que la convierte en una vivienda menos costosa de mantener. Con la factura energética todavía como una de las grandes preocupaciones de los hogares, la diferencia entre una reforma estética y una rehabilitación energética puede ser de miles de euros.

Foto: Milivoj Kuhar

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Hay frases que explican mejor el mercado laboral que muchas estadísticas. “No me hago rico, pero estoy mejor que en muchos sitios” resume bastante bien la experiencia de algunos trabajadores de IKEA en España: un sueldo ajustado, pero acompañado de condiciones que, dentro del comercio, pueden resultar más competitivas que en otros empleos de base.

Según recoge El Español, algunos empleados de IKEA en España hablan de sueldos de unos 1.300 euros mensuales, incluyendo complementos. La cifra no es especialmente alta en términos absolutos, pero obliga a mirar algo más que la nómina nominal.

La pregunta de fondo es sencilla: cuánto gana realmente un trabajador de IKEA y qué parte de esa remuneración depende del salario base, los complementos, las pagas extra o los beneficios añadidos.

Un sueldo modesto, pero en la parte alta de algunos puestos base

Los datos citados por El Español muestran una horquilla bastante clara. Según HuffPost, en 2023 el salario base anual para un empleo de IKEA en categoría de personal base era de 15.705,65 euros brutos. Prorrateado en 12 mensualidades, eso equivale a unos 1.308 euros al mes si se incluyen las pagas extra.

Otros portales rebajan algo esa referencia. Jooble estima que el salario promedio de un trabajador de IKEA en España ronda los 13.536 euros anuales, lo que supondría aproximadamente 1.128 euros al mes en jornadas completas.

Indeed, por su parte, recoge opiniones internas de empleados que mencionan salarios cercanos a los 1.180 euros mensuales para puestos de base. En esas valoraciones también aparecen críticas: algunos trabajadores consideran que los sueldos son “muy bajos para el esfuerzo exigido”.

Con ese marco, los 1.300 euros mensuales quedan en la parte alta del rango para empleados de base, especialmente si se tienen en cuenta complementos y pagas extra. No es una cifra que permita grandes márgenes de ahorro o gastos extraordinarios, pero sí puede resultar más atractiva que otras alternativas comparables dentro del comercio.

Lo que IKEA añade más allá de la nómina

La remuneración no se limita al sueldo que entra cada mes en la cuenta. IKEA ofrece beneficios adicionales como comedor subsidiado, plan de ahorro y pensiones, retribución variable y descuentos para empleados. Esos elementos no sustituyen a una subida salarial, pero sí pueden mejorar la percepción global del empleo.

Además, IKEA negoció en 2023 con los sindicatos una subida media del 6,68% en los complementos salariales. Según el texto original, esas mejoras se incorporaron desde 2024 y situaron a la plantilla con uno de los salarios fijos más altos del sector de la distribución en España.

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La clave está en que ese paquete puede hacer que el salario real de un trabajador supere los 1.300 euros mensuales si se suman complementos y beneficios. Pero el matiz es importante: eso no convierte el sueldo en alto, sólo lo hace algo más competitivo frente a otros empleos de base.

También hay una segunda cara. En opiniones compartidas en Indeed se repite una idea: el ambiente puede ser “bueno”, pero la carga de trabajo es intensa. Algunos empleados señalan que los salarios no compensan del todo el esfuerzo físico ni los turnos rotativos.

El artículo original también recoge una crítica reciente relacionada con Reino Unido e Irlanda. Allí IKEA habría prometido subidas salariales, mientras que no contemplaría aumentos similares para la plantilla española por ahora. Esa diferencia ha generado preocupación entre empleados.

En este punto, la negociación colectiva se vuelve decisiva. El convenio del sector de grandes almacenes regula muchas condiciones salariales y complementos, así que buena parte de las mejoras depende del acuerdo colectivo vigente y de la capacidad de negociación con los sindicatos.

Para quienes ascienden dentro de la compañía, la foto cambia. Puestos como coordinador, técnico o jefe de sección pueden superar esos niveles base. En esos casos, los 1.300 euros mensuales ya no serían un techo, sino más bien un punto de partida.

En definitiva, el caso de IKEA muestra una realidad bastante frecuente en el comercio: un salario que sigue siendo modesto, pero que puede ganar atractivo si se acompaña de complementos, beneficios y cierta estabilidad. La frase del trabajador funciona porque no vende una situación ideal. Describe algo más cotidiano: no cobrar mucho, pero sentir que se está algo mejor que en otros sitios.

Imagen: IA generada por Magnific.

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La noticia Un trabajador de IKEA cuenta su experiencia laboral: “gano 1.300 euros al mes y estoy mejor que en muchos sitios” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La desconexión entre la alta demanda de reformas y la drástica caída de jóvenes dispuestos a mancharse las manos anticipa un serio desafío para el sector de la edificación. La clave está en que las viviendas no se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial, por lo que la falta de relevo amenaza la oferta inmobiliaria y los costes de mantenimiento del hogar. En una economía donde la inflación aprieta el bolsillo de los consumidores, este oficio vive una paradoja: hay empleo y buenos salarios, pero faltan brazos.

De las telecomunicaciones al andamio: el reto del relevo generacional

Santiago Carpintero es un joven de 22 años que rompe los moldes estadísticos del mercado laboral actual. Hijo de albañil, aprendió de su padre el valor del esfuerzo y la pasión por la obra, un espacio donde asegura llevar "toda la vida". Aunque estudió un grado medio de telecomunicaciones, al terminar admitió a su familia que su verdadera vocación era la albañilería, una profesión en la que ya acumula cinco años de experiencia de forma profesional. Desde pequeño acompañaba a su progenitor y, según recuerda de manera distendida, más que ayudar, estorbaba un poco, pero le encantaba.

Tal y como recoge la información original publicada por Clarín, la falta de interés de las nuevas generaciones por este sector responde a un cambio de mentalidad cultural. El propio Carpintero señala que la juventud descarta estas opciones "porque ahora todo el mundo quiere estudiar y tener un trabajo cómodo. No quieren ensuciarse las manos. Aunque se paga bien, prefieren estar en una oficina con aire acondicionado. El día de mañana va a hacer mucha falta mano de obra, y no la vamos a tener".

Desde hace un par de años, el joven comparte su día a día y ofrece consejos prácticos para el hogar en redes sociales bajo el pseudónimo de El albañil de TikTok. Este proyecto en plataformas digitales arrancó por pura casualidad tras grabar un plato de ducha de piedra construido junto a su padre; el vídeo acumuló dos mil visitas en solo veinticuatro horas y desde entonces no ha dejado de subir contenido.

Las cifras de la obra: salarios competitivos frente al mito de la precariedad

Existe un arraigado mito de que las profesiones manuales pertenecen al pasado y carecen de atractivo financiero. Sin embargo, los datos económicos del sector desmienten esta percepción. De acuerdo con el testimonio de Carpintero, "mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto".

La realidad del mercado muestra tarifas competitivas: en la actualidad, un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, mientras que un oficial percibe una nómina que oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros mensuales.

La escasez de personal cualificado sugiere que la construcción se valorará todavía más en el futuro debido a las leyes de la oferta y la demanda. A pesar de estos ingresos y de la satisfacción de entregar una obra terminada desde cero tras ganarse la confianza del cliente, las duras condiciones físicas actúan como disuasorio. El frío del invierno y el calor extremo del verano (especialmente a las tres de la tarde, cuando no hay un alma en la calle) convierten la edificación en una actividad de alta exigencia estacional.

El calvario fiscal del autónomo y el auge del bricolaje por necesidad

La viabilidad de estos trabajadores independientes se enfrenta también a la fuerte presión burocrática del sistema. El albañil de TikTok critica la desprotección que sufren los trabajadores por cuenta propia en sectores como la fontanería, la electricidad, la carpintería o la propia construcción. En sus propias palabras, "en lugar de trabajar para vivir, vivimos para trabajar y para pagar. Ese es el problema: nos tienen ahogados". El joven lamenta la total ausencia de ayudas o facilidades operativas, destacando el riesgo económico que corren si su gestor comete un error administrativo, cuyas consecuencias económicas acaban recayendo exclusivamente sobre el propio profesional.

Esta asfixia financiera para los profesionales coincide con un entorno de alta inflación para los consumidores. El encarecimiento de la vivienda, los alquileres, la comida y el gasoil provoca que para muchas familias sea casi imposible permitirse el lujo de contratar a un albañil.

Esta coyuntura ha disparado el interés por las pequeñas reformas domésticas guiadas por tutoriales en redes sociales. No obstante, Carpintero advierte de que existen límites claros para los aficionados: problemas complejos como las humedades o la aparición de grietas estructurales vinculadas a la cimentación requieren obligatoriamente la asistencia de un especialista. Intentar solucionarlo de forma casera suele acabar mal y los problemas reaparecen, por mucho que la evolución del mercado ofrezca hoy nuevos materiales que permiten trabajar de forma más rápida y limpia en comparación con el clásico uso exclusivo de yeso o cemento.

El valor del esfuerzo en el mercado laboral moderno

A largo plazo, el sector se juega algo más que la mano de obra; se juega una cultura laboral basada en el rendimiento tangible. Frente a ciertos hábitos de consumo de jóvenes con empleos cómodos que terminan gastando sus ingresos en apuestas deportivas y pidiendo dinero a sus padres el fin de semana, la obra enseña que el dinero exige sudor y que nadie regala nada.

Aunque Carpintero aspira a que sus futuros hijos estudien, afirma que respaldará su decisión si eligen la construcción en caso de que no deseen ir a la universidad. El pilar final del oficio, concluye, reside en el respeto humano básico por parte de unos clientes que a veces olvidan gestos mínimos: existen aquellos estupendos que ofrecen un refresco a media mañana y hacen sentir valorado al trabajador, frente a otros que no facilitan ni un vaso de agua ni indican dónde está el baño, detalles que marcan la diferencia para quienes sostienen físicamente la economía real.

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La noticia Santiago Carpintero, albañil: "Mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto. Es un oficio bien pagado, pero la mayoría prefiere trabajar en una oficina, con comodidades" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Perder una ayuda pública de 425,58 euros al mes ya es un golpe importante para cualquier hogar vulnerable. Pero en este caso la consecuencia fue doble: la Seguridad Social retiró el Ingreso Mínimo Vital a una mujer y, además, le reclamó 4.775,21 euros por cantidades cobradas indebidamente.

Tal y como cuentan en The Huffington Post, la clave del caso está en dos elementos: una vivienda de la que la beneficiaria era nuda propietaria, valorada en 36.231,59 euros, y un domicilio real que no coincidía con el que había declarado. Según los datos del caso, la mujer tenía reconocido el Ingreso Mínimo Vital desde julio de 2020 y lo estuvo cobrando hasta que el INSS revisó su situación.

La vivienda que cambió el derecho a cobrar el Ingreso Mínimo Vital

La decisión llegó a finales de diciembre de 2021. La Seguridad Social extinguió la prestación al comprobar que la mujer figuraba como titular, en nuda propiedad, de una vivienda que no era su residencia habitual. Además, residía en otro municipio junto a otra persona. A partir de ahí, la entidad gestora le reclamó 4.775,21 euros por lo percibido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021.

La beneficiaria llevó el caso a los tribunales. Su argumento era que no debía devolver el dinero porque ella había aportado desde el principio su certificado de empadronamiento y su declaración de la Renta. Es decir, defendía que si la Seguridad Social le concedió la ayuda y después se la quitó con base en esos mismos documentos, el error no podía recaer sobre ella.

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Un camionero ante los tiempos de descanso en el camión: "Algunas empresas se ofrecen a pagarnos la multa si no paramos a descansar. Lo hacen con gusto con tal de que llegue antes la mercancía"

Para sostener esa tesis recurrió a la conocida como doctrina Cakarevic, fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina protege a los ciudadanos frente a la devolución de prestaciones cuando el cobro indebido se debe exclusivamente a un fallo de la Administración y el beneficiario ha actuado de buena fe. La mujer también alegó que exigirle la devolución de una renta básica de subsistencia suponía una carga desproporcionada.

Pero el TSJ de Galicia no lo ve así. En primer lugar, recuerda que la cuestión sobre si tenía o no derecho al Ingreso Mínimo Vital ya estaba cerrada judicialmente. El tribunal señala que “estamos ante una cuestión que ya fue resuelta en un procedimiento anterior por sentencia firme, en el cual se consideró conforme a derecho la extinción de la prestación”.

Por tanto, lo que quedaba por resolver no era si la ayuda estaba bien retirada, sino si la deuda podía perdonarse por buena fe. Y ahí es donde el tribunal marca la diferencia.

Por qué el tribunal no vio buena fe, sino datos incompletos

Los magistrados entienden que no hubo un error imputable únicamente a la Administración. Al revisar el expediente, concluyen que la mujer no informó correctamente de su situación de convivencia y domicilio. La resolución afirma que “ningún dato se llegó a proporcionar acerca de la circunstancia de convivencia de la demandante con otra persona en otro domicilio diferente”.

También pone el foco en el certificado de empadronamiento aportado. Según el fallo, el documento “sólo recoge el de la demandante, y no hace referencia a todas las personas empadronadas en el domicilio, como se le solicitaba”. Para el tribunal, ese punto impide aplicar la exención basada en la buena fe.

En otras palabras: la Seguridad Social resolvió con la información que tenía, pero esa información no era completa. La sentencia lo expresa de forma directa al indicar que “la entidad gestora no cometió un error que a ella le pueda ser atribuido sino que resolvió con los datos incompletos que la demandante le había proporcionado”.

El resultado es que el TSJ gallego desestima el recurso de la mujer y mantiene la obligación de devolver los 4.775,21 euros. El caso deja una lectura clara para los perceptores de prestaciones: en ayudas condicionadas por renta, patrimonio, residencia y unidad de convivencia, no basta con entregar documentación. Si esa documentación no refleja toda la realidad exigida por la Administración, el cobro puede acabar considerándose indebido.

Imagen: Jo Kassis

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La noticia Retiran el Ingreso Mínimo Vital a una mujer por tener una vivienda de 36.231,59 euros. Deberá devolver 4.775,21 euros fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento tan complicado como dispar. Encontrar una vivienda sigue siendo difícil, pero no tanto como hace unos pocos meses.

Y es que, por un lado, la escasez de vivienda disponible sigue situando la compra de un piso o una casa prácticamente en máximos históricos. Aunque ojo, también se nota una cierta bajada de los precios en algunas ciudades. Grandes capitales como Madrid o Barcelona se resisten.

Sin embargo, aunque esta caída de los precios empezara a generalizarse por todo el país de una manera continua y sostenida, los nuevos compradores podrían toparse con una ley que promete encarecer aún más los precios.

Una modificación que llega desde Bruselas

Una nueva modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) promete crispar aún más el mercado y, de paso, la relación entre administraciones públicas, promotores, constructores y profesionales del sector.

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Los ayuntamientos tienen suelo para miles de viviendas, pero muchísimos proyectos siguen atrapados en suelo que nadie mueve

La actualización normativa, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado mes de diciembre, pretende adaptar la construcción española a los nuevos objetivos europeos de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad. ¿Y esto qué significa? Pisos nuevos más caros.

De hecho, según los cálculos realizados por el Colegio de Aparejadores de Madrid, la aplicación de las nuevas exigencias técnicas podría incrementar el precio medio de una vivienda de nueva construcción en hasta 18.000 euros.

La pregunta es, ¿este esfuerzo económico terminará siendo asumido por las promotoras o acabará repercutiendo directamente en el comprador final?

El objetivo: edificios climáticamente neutros

Una de las principales razones que justifican la reforma es la adaptación de la normativa española a la Directiva Europea sobre eficiencia energética en edificios aprobada en 2024.

El objetivo comunitario pasa por alcanzar un parque inmobiliario con emisiones prácticamente nulas antes de mediados de siglo. Para ello, Bruselas ha establecido una hoja de ruta que obliga a endurecer progresivamente los requisitos constructivos.

La nueva regulación contempla que los edificios públicos de nueva construcción cumplan con criterios de neutralidad climática a partir de 2028. Dos años después, esta exigencia se extenderá al conjunto de nuevas edificaciones residenciales.

La intención es reducir el consumo energético de los inmuebles, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo de construcción más sostenible.

Aparcamientos para bicicletas y nuevas exigencias urbanas

Entre las nuevas medidas también figura la obligación de incorporar espacios específicos para bicicletas en los edificios residenciales.

La propuesta establece la necesidad de habilitar dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada vivienda construida, salvo que exista una normativa municipal que contemple exigencias inferiores.

Además, se fijan dimensiones mínimas para estos espacios y se reserva una parte de las plazas para bicicletas de gran tamaño o destinadas a personas con movilidad reducida.

Más protección frente a incendios

La reforma también endurece los requisitos de seguridad contra incendios. Las nuevas exigencias afectan especialmente a las fachadas, donde se refuerzan las condiciones de comportamiento frente al fuego de los materiales empleados en la envolvente exterior de los edificios.

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El aviso sobre la vivienda en España: “Millones de españoles se van a arruinar en cinco años por comprar su vivienda”

El objetivo es reducir el riesgo de propagación rápida de las llamas y adaptarse a los sistemas constructivos más modernos.

Los garajes también estarán sujetos a mayores controles. La creciente presencia de vehículos eléctricos ha llevado a introducir mejoras en ventilación, sectorización y sistemas de protección específicos para este tipo de espacios.

Otra novedad relevante es la incorporación obligatoria de alarmas autónomas de detección de humo en edificios residenciales, una medida que ya se aplica desde hace años en numerosos países europeos.

La energía solar gana protagonismo

La nueva versión del CTE apuesta claramente por incrementar la producción de energía renovable dentro de los propios edificios.

Para ello se incorpora una exigencia específica relacionada con la generación mínima de energía fotovoltaica. El planteamiento deja atrás el modelo anterior basado en obligaciones parciales y pasa a integrar la captación solar como un elemento esencial dentro del diseño de los inmuebles.

La intención es que las nuevas promociones aprovechen al máximo su potencial energético mediante instalaciones capaces de reducir el consumo procedente de fuentes convencionales.

Las voces críticas con la renovación del CTE no han tardado en llegar. Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) han presentado alegaciones al proyecto desde una perspectiva técnica con el objetivo de compatibilizar los objetivos medioambientales con la viabilidad económica de las promociones.

Conforme está el mercado inmobiliario y la escasez de obra, ¿es ahora el momento de esta supuesta subida de precio extra?

Imágenes | Scott Blake, Sherise Van Dyk

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La noticia Faltan viviendas y encima una nueva normativa amenaza con disparar el precio de la vivienda hasta 18.000 euros más por piso fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

El mercado del alquiler por habitaciones se ha convertido en una salida para perfiles muy distintos. Jóvenes que no pueden emanciparse solos, madres con bebés que buscan una habitación y también pensionistas que encuentran cada vez más puertas cerradas. El problema es que, cuando la vivienda se comparte, el precio no es la única barrera: también entra en juego la convivencia.

Según recoge El Español, Alba Aldehuela, propietaria de un piso compartido, explicó en el programa Y Ahora Sonsoles que no alquilaría habitaciones a jubilados. No lo planteó como una cuestión económica, sino como una decisión vinculada a su día a día, a su edad y al tipo de entorno que quiere en la vivienda en la que también reside.

Una propietaria joven en plena crisis del alquiler

Alba tiene 25 años y es propietaria de un inmueble que alquila por habitaciones. El piso está en Madrid, una ciudad donde, según ella misma reconoce, hay mucha demanda de vivienda.

Su caso resulta llamativo porque cruza dos realidades de la misma crisis. Por un lado, los jóvenes tienen problemas para independizarse por falta de ingresos suficientes. Por otro, los jubilados se encuentran con el rechazo de algunos arrendadores, especialmente cuando buscan una habitación en un piso compartido.

En el caso de Alba, el piso fue comprado por su padre. Ella lo explicó así: "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

Esa frase es importante porque cambia el marco del alquiler. No se trata de una vivienda que la propietaria explote desde fuera, sino de una casa en la que ella vive. Y desde ahí justifica su criterio: "Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno".

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"Es mi preferencia"

La propietaria asegura que ha notado la presión de la vivienda de forma directa. No solo le escriben jóvenes. También, según contó, "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación".

Aun así, Alba sostiene que la situación general no elimina su margen para decidir con quién comparte casa. "Es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día", explicó.

Su argumento gira siempre sobre la misma idea: la compatibilidad en la convivencia. No dice que una persona mayor le moleste, pero sí que no encaja con lo que busca para su piso. "No es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

La frase resume bien la tensión del caso. En un mercado con mucha demanda, el propietario puede elegir. Y cuando la oferta escasea, esa elección pesa mucho más sobre quien busca vivienda.

El filtro de edad convertido en filtro de convivencia

Alba explica su criterio por el momento vital en el que se encuentra. Busca personas de su mismo rango de edad y con rutinas parecidas.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", señaló.

Ahora ya no está en esa etapa universitaria. Está trabajando. Pero el patrón, según ella, sigue siendo similar: quiere compartir con "el mismo perfil de persona".

También añadió otro matiz: vive en otra comunidad autónoma distinta a la de su familia y está "lejos de mi familia". Por eso insiste en que no busca discriminar, sino construir un entorno que le resulte cómodo y compatible.

El ejemplo que utilizó fue muy gráfico: "Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana". Con esa frase intentó explicar que una persona jubilada podría tener horarios, expectativas y rutinas muy distintas a las de alguien de 25 años.

Y cerró su razonamiento así: "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad".

Un caso pequeño que enseña un problema grande

La historia de Alba no va solo de una propietaria joven que alquila habitaciones. Va de cómo el alquiler compartido está dejando de ser una solución puntual para estudiantes y se está convirtiendo en una salida para perfiles cada vez más diversos.

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Ahí aparece el choque. Una habitación puede ser la única opción viable para alguien que no puede pagar una vivienda completa. Pero si esa habitación está dentro de una casa donde también vive el propietario, el acceso depende de una decisión muy personal: con quién quiere convivir, qué horarios acepta y qué tipo de vida considera compatible.

En definitiva, el caso muestra una de las caras más incómodas de la crisis de la vivienda. Cuando faltan pisos asequibles, incluso una habitación se convierte en un bien escaso. Y en ese escenario, los filtros personales de los propietarios pueden acabar funcionando como una barrera añadida para colectivos que ya lo tienen difícil, como los jubilados.

Imágenes: programa Y ahora Sonsoles.

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La noticia Alba tiene 25 años y es propietaria de un piso: “No le alquilo a jubilados, quiero un buen entorno” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Dos mujeres dedicadas al campo han rechazado una millonaria oferta de compra para instalar servidores informáticos en sus propiedades. Su decisión resalta las tensiones actuales entre la soberanía alimentaria y la expansión de los centros de datos.

La fiebre por el desarrollo de la inteligencia artificial parece no tener límites financieros, pero se ha topado con un muro insospechado en el ámbito rural. Tal y como explican en Noticias Trabajo, Ida Huddleston y su hija Delsia Bare han rechazado formalmente una suculenta propuesta de 26 millones de dólares (más de 22 millones de euros) por una parte de sus propiedades agrícolas. El dinero provenía de una empresa tecnológica no identificada que planeaba levantar una infraestructura digital en la zona.

El valor de la tierra frente al dividendo digital

Los números de la operación evidencian la enorme brecha de valoración económica que existe entre el sector tecnológico y el agrícola. Ambas mujeres son propietarias de unas 1.200 acres de tierras de cultivo a las afueras de Maysville (aproximadamente 486 hectáreas). En abril del año pasado, un comprador anónimo que representaba a una importante compañía de inteligencia artificial se puso en contacto con ellas para adquirir, aproximadamente, la mitad de la propiedad.

La oferta económica resultaba desorbitada sobre el papel. Según detalló Bare, sus terrenos tienen un valor de mercado estimado en unos 6.000 dólares por acre, lo que significa que la propuesta que recibieron multiplicaba aproximadamente por diez esa cantidad. A pesar de la enorme prima financiera, la respuesta de la hija fue contundente: "26 millones de dólares no significan nada". El objetivo de estas productoras es quedarse en su propiedad y "alimentar a una nación".

Identidad familiar e impacto medioambiental

La clave está en el arraigo histórico y los profundos vínculos familiares que unen a estas mujeres con su entorno rural, donde han trabajado varias generaciones. "Mi abuelo, mi bisabuelo y un montón de familiares han vivido aquí durante años, han pagado impuestos por ella y han alimentado a toda una nación gracias a ella", defendió Bare. La trayectoria de la explotación agrícola familiar viene de lejos; incluso cultivaron trigo durante la Gran Depresión para poder abastecer a la población de pan, en una época "cuando la gente no tenía nada más".

El problema es que las dudas de las agricultoras no se basan únicamente en el plano sentimental o identitario, sino también en un análisis crítico de las consecuencias operativas de la infraestructura proyectada. Bare critica abiertamente el impacto de estos complejos tecnológicos y advierte del alto consumo de agua que requieren para la refrigeración de los servidores, un factor crítico que puede dificultar seriamente el riesgo de muchos cultivos en la región.

Resistencia ante las promesas corporativas

La presión sobre los propietarios locales de Maysville han sido intensa, ya que la firma tecnológica ha tocado la puerta de otros agricultores del entorno. "Nos llaman viejos granjeros estúpidos, ya sabes, pero no lo somos", señaló Bare al citado medio, argumentando que no se puede acabar con un suministro de comida esencial como el que ellos ofrecen.

Su madre, Ida Huddleston, de 82 años, tampoco tiene ningún interés en vender y se muestra radicalmente escéptica ante los argumentos de que el proyecto generará empleo y crecimiento económico local. "Yo digo que son unos mentirosos y que no hay nada de verdad en ellos. Eso es lo que digo. Es una estafa", espetó con firmeza.

La convicción de la hija evoca incluso la épica de la literatura clásica norteamericana, afirmando que les mueve el mismo espíritu que a Scarlett O’Hara en la película 'Lo que el viento se llevó': "Mientras esté en esta tierra, mientras me alimente, mientras me cuide, no hay nada que pueda destruirme".

Sin embargo, el destino final de la comarca agraria sigue en el aire. A diferencia de Huddleston y Bare, algunos propietarios de tierras colindantes sí están dispuestos a vender sus parcelas a la multinacional. Debido a esto, el centro de datos de inteligencia artificial aún podría terminar construyéndose a escasa distancia de sus cultivos tradicionales.

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La noticia Dos agricultoras rechazan 22 millones de euros a cambio de vender sus tierras para construir un centro de datos: "no significan nada" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Una reforma de baño que parecía estética acabó convertida en una instalación completa desde el contador. El protagonista es Emanuele, fontanero autónomo en Valencia, que ha contado en redes cómo una jornada de 12 horas terminó con una factura de 2.540 euros.

El caso, recogido por NoticiasTrabajo, sirve para mirar más allá de la cifra llamativa. Porque detrás de esos más de 2.000 euros en un día hay materiales, especialización, responsabilidad técnica, seguros, certificaciones y un sector con un problema cada vez más evidente: hay demanda, pero no hay suficientes manos cualificadas.

Una reforma de baño que terminó siendo otra cosa

El encargo inicial no parecía especialmente complejo. Se trataba de una reforma estética en un baño, algo más cercano a un cambio de grifos que a una obra profunda. Pero al abrir las paredes apareció el verdadero problema: tuberías de hierro y plomo completamente obstruidas y, según el relato original, al borde del reventón.

Emanuele lo explicó mostrando los restos de la instalación antigua: “Claro que no pasaba el agua, mirad, está totalmente obstruido. No pasaba nada”.

Lo que iba a ser una intervención limitada terminó obligando a rehacer la instalación completa desde el contador. Y además no de cualquier manera. El cliente quería una estética industrial y moderna, con la instalación vista y en cobre. Eso eleva la exigencia: no basta con que la tubería funcione, también tiene que quedar bien integrada en el recorrido del baño y los muebles.

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Ahí aparece una parte del trabajo que suele pasar desapercibida. Una instalación vista requiere dominio de la soldadura, criterio estético y capacidad para hacer que los tubos parezcan parte del diseño, no un parche.

La fontanería ya no es solo “abrir el grifo y ver si gotea”

El propio caso desmonta el tópico del oficio manual poco tecnificado. Según el relato de Emanuele, tras montar la instalación de cobre y multicapa todavía quedaba una fase clave: comprobarla.

Para ello realizó una prueba de estanqueidad digital sometiendo la red a una presión de 8 bares, con el objetivo de verificar que no había fugas. Después sacó un certificado digital en el acto, dejando por escrito que la instalación cumplía los estándares de seguridad.

Ese punto es importante porque explica una parte de la factura. El cliente no paga solo por unas horas de trabajo físico. Paga por una instalación que debería durar décadas, por la garantía de que no va a reventar una tubería detrás de una pared y por la responsabilidad profesional de quien firma el trabajo.

El dato incómodo: hay unos 40.000 fontaneros autónomos, pero no bastan

La cifra individual de Emanuele llama la atención, pero encaja con un problema sectorial más amplio. Según los datos citados en el texto original, España ha alcanzado un récord de 3,43 millones de autónomos, mientras los oficios tradicionales están en “alerta roja”.

En fontanería, el mismo artículo sitúa el número de profesionales autónomos en torno a 40.000. Aun así, la demanda supera la capacidad disponible. En ciudades como Madrid o Barcelona, la espera para un servicio no urgente ya supera las tres semanas.

El cuello de botella no es solo de agenda. También es generacional. La edad media del sector rondaría los 50 años, en parte por el bajo prestigio social que durante años se ha asociado a la Formación Profesional y a los oficios manuales. Y la previsión citada es todavía más clara: en la próxima década se jubilará el 35% de los fontaneros actuales, sin que haya suficientes jóvenes para cubrir ese hueco.

Por qué una factura de 2.500 euros no equivale a ganar 2.500 euros

La tentación es leer la cifra como si fuera salario neto. No lo es. Una factura de 2.540 euros en una jornada no significa que ese dinero acabe íntegro en el bolsillo del autónomo.

Primero están los materiales. En este caso se habla de cobre y sistemas multicapa de calidad, dos partidas que encarecen cualquier instalación. El texto original subraya además que los precios de estos materiales han subido de forma imparable, lo que aumenta la inversión previa que asume el profesional.

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Después está la responsabilidad. Firmar una instalación de agua no es hacer un arreglo menor: implica asumir riesgos, contar con seguros de responsabilidad civil, estar al día de las normas de seguridad y poder certificar el trabajo realizado.

Y queda la jornada. Emanuele habla de días de “hierro”: trabajo físico intenso desde primera hora hasta pasadas las nueve de la noche. En este caso, además de rehacer la instalación, terminó dejando instalado incluso un inodoro nuevo.

El oficio que muchos no quieren hacer vuelve a tener poder de mercado

La frase de Emanuele resume bien el fondo económico de la historia: “hay pocos que cumplen”. En un sector tensionado, ser serio, resolver una reforma completa en un día y entregar una instalación certificada se convierte en una ventaja competitiva.

Esto no significa que cualquier fontanero facture 2.500 euros al día, ni que todos los encargos tengan ese margen. Pero sí muestra algo relevante: cuando un oficio requiere conocimiento técnico, esfuerzo físico, responsabilidad y disponibilidad, y además hay pocos profesionales fiables, el precio sube.

La paradoja es evidente. Durante años, muchos trabajos manuales han sido vistos como opciones de menor prestigio frente a empleos de oficina o itinerarios universitarios. Ahora, en plena escasez de mano de obra cualificada, algunos de esos oficios están recuperando una capacidad de ingresos y negociación que el mercado laboral más “moderno” no siempre ofrece.

Imagen: @Ema.fontanera.val

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La noticia Emanuele, autónomo que trabaja como fontanero: “Hay pocos que cumplen, pero hoy he facturado 2.500 euros en un solo trabajo” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

España puede presumir de récord de empleo, pero esa foto tiene una segunda lectura mucho menos cómoda. La Encuesta de Población Activa cerró 2025 con más de 21,8 millones de ocupados, una cifra que el Gobierno ha utilizado para defender la fortaleza del mercado laboral. El dato oficial del cuarto trimestre elevó incluso la ocupación hasta los 22.463.300 trabajadores.

El problema es que el número total de ocupados no cuenta toda la historia. La tasa de actividad se mantiene en torno al 58%, lo que significa que una parte muy relevante de la población en edad de trabajar sigue fuera del mercado laboral. Y, al ampliar el foco, aparecen jubilados, estudiantes, menores, desempleados e inactivos. Es decir, muchas personas que consumen servicios públicos, pero no todas contribuyen al sistema a través del empleo.

El récord de ocupación no elimina el problema de fondo

La economista Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas y especialista en política fiscal, abordó este desequilibrio en el pódcast TruthTime Project, donde habló de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su diagnóstico es especialmente duro: a su juicio, el sistema “ya ha explotado” porque una parte creciente de las pensiones se financia mediante deuda pública.

La clave está en cómo funciona el sistema español. Las pensiones públicas se basan en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Mientras la base de cotizantes crece y la población activa es suficiente, el mecanismo puede sostenerse con menos tensión.

Pero la ecuación cambia cuando hay más pensionistas, menos nacimientos y una parte importante de la población fuera del mercado laboral. Ahí es donde Poole sitúa el principal punto débil de España: un país envejecido, con baja natalidad y con una tasa de actividad inferior a la de otros países europeos.

Su frase resume esa preocupación: “En España, solo el 37% de la población trabaja”. Y añade otra idea que condensa su diagnóstico: somos “un país muy grande sostenido por muy pocos”.

Conviene matizar el dato. Las estadísticas laborales oficiales pueden medirse de varias maneras y no todas responden exactamente a la misma pregunta. No es lo mismo calcular ocupados sobre población total que medir tasa de actividad, tasa de empleo o población en edad de trabajar. Pero la advertencia de Poole apunta a una tensión real: la base que sostiene el sistema es más estrecha de lo que sugiere el titular del récord de empleo.

Pensiones, deuda y una factura que se traslada al futuro

La presión sobre las cuentas públicas ya es uno de los grandes debates económicos de España. El gasto en pensiones sigue aumentando y la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para cubrir todos los pagos.

No es una preocupación aislada. Organismos como la AIReF llevan tiempo avisando de que el envejecimiento obligará a tomar decisiones importantes si se quiere mantener el equilibrio de las cuentas públicas. En su evaluación más reciente, la autoridad fiscal concluye que la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 en un escenario a políticas constantes.

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Elizabeth Wakefield, asesora financiera: "Tener todo el dinero en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete"

Poole va más allá en su interpretación. Sostiene que, si se contabilizaran todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería mucho más alto que el que aparece en las cifras oficiales. En otras palabras, el país estaría sosteniendo una parte del sistema “tirando de crédito” y desplazando el coste hacia las próximas generaciones.

Esa es la parte incómoda del debate. No se trata únicamente de pagar las pensiones de hoy, sino de saber qué margen fiscal quedará mañana para financiar sanidad, dependencia, educación, inversión pública o cualquier otra política.

El esfuerzo fiscal también entra en la ecuación

Poole también pone el foco en el sistema fiscal español. Su tesis es que muchos trabajadores no perciben de forma completa cuánto pagan realmente en impuestos y cotizaciones, porque buena parte de ese coste se descuenta automáticamente de la nómina.

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Álvaro, un ingeniero español en Estados Unidos: “Gano 10.676 dólares brutos al mes que se quedan en 8.761 dólares netos”

Eso hace que el esfuerzo fiscal sea menos visible. El trabajador recibe su salario neto, pero no siempre interioriza el coste laboral completo, las cotizaciones sociales o el peso agregado de IRPF y otros tributos.

La economista considera además que España soporta una presión fiscal elevada para el nivel salarial del país. La comparación con otros países europeos, según su argumento, no puede hacerse solo mirando impuestos: también hay que mirar los sueldos. Con salarios más altos, una carga fiscal elevada puede ser más asumible. Con salarios más ajustados, el impacto se nota directamente en el ahorro, el consumo y los gastos básicos de las familias.

Ayudas, incentivos y demografía

Otro punto de su crítica está en algunas ayudas sociales. Poole sostiene que, en determinados casos, pueden generar incentivos débiles para incorporarse al mercado laboral. No plantea el problema solo como una cuestión de gasto, sino como un equilibrio delicado entre protección social y estímulo al empleo.

Pero, para ella, el núcleo del problema sigue siendo demográfico. España tiene cada vez menos nacimientos y una población cada vez más envejecida. Eso implica menos trabajadores futuros y más presión sobre un sistema público que depende de las cotizaciones presentes.

En definitiva, el récord de ocupación es una buena noticia, pero no resuelve por sí solo la pregunta más difícil: cuántas personas trabajan, cuánto cotizan y durante cuánto tiempo podrán sostener un gasto público cada vez más condicionado por las pensiones y el envejecimiento.

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La noticia Leticia Poole, economista: “En España solo trabaja el 37% de la población; somos un país muy grande sostenido por muy pocos” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .