Hoy llegan a la capital madrileña los varios centenares de mineros que hace casi tres semanas partieron desde Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía en la llamada ‘Marcha negra’. Lo hacen para alzar la voz contra el recorte de un 63 por ciento de las ayudas asignadas (unos 190 millones de euros) a un sector del carbón cuya supervivencia ha estado en entredicho en los últimos años. Al margen de los argumentos de unos y otros, se han convertido en el paradigma de la resistencia de los ciudadanos a los recortes del Gobierno.

No hay dinero. Esa es la justificación del Gobierno para cerrar el grifo de las ayudas públicas al sector, pese al compromiso de respaldarlo, al menos, hasta 2016. La necesidad de ajustes en los presupuestos para cumplir con el déficit se han llevado también los apoyos asegurados durante estos duros años de crisis. Y ante esto los mineros han decidido mostrar toda su resistencia, convirtiéndose en el rostro del hartazgo ante los ajustes. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

El origen

Este conflicto viene de largo. Desde hace décadas, el sector del carbón en España se debate entre la vida y la muerte ante las pérdidas estructurales acumuladas por la mayoría de las minas. El producto resulta poco competitivo respecto al extraído en otros países, por lo que ha necesitado la inyección de dinero público. Durante años se ha estado subvencionando a las minas sin plantear una innovación importante, con la que mejorar la competitividad, ni, en el peor de los casos, una reconversión industrial.

Paralelamente, parte de las ayudas llegadas de Europa han sido también invertidas en el desmantelamiento progresivo del sector a través de prejubilaciones más o menos ventajosas de los trabajadores mayores. Eso redujo en casi una octava parte la cantidad de empleados y también de producción (hoy ascienden a casi 8.000).

El problema

Las dificultades llegan cuando, después de posponer por parte de los distintos gobiernos la resolución definitiva del conflicto en el sector, el Ejecutivo de Rajoy se ve obligado a reducir el presupuesto drásticamente en todos los departamentos, incluido el de Industria. ¿Consecuencia? Tijeretazo del 63 por ciento de las ayudas, que deja en el aire casi la totalidad de las minas hoy activas en España.

Seis años antes de la fecha prevista por Europa para el cierre de las minas que sean deficitarias y requieran de apoyo público para su supervivencia, el sector tiene ante sí un futuro más que incierto. Quedan aún muchas familias y varias cuencas de Asturias y León que dependen exclusivamente de esta actividad.

¿En el futuro?

El Gobierno ha demostrado que no va a dar su brazo a torcer. El conflicto se ha convertido en el paradigma de la resistencia a los recortes y no parece dispuesto a ceder pese a la fuerte presión que se ejerce desde el colectivo en las últimas semanas.

Por su parte, los mineros llegan hoy a Madrid y mañana celebrarán una manifestación frente a la sede del Ministerio de Industria. Han anunciado que mantendrán las movilizaciones y protestas, que también han levantado críticas, hasta tener una salida. Ni ellos saben si conseguirán su objetivo. Lo que es más que evidente es que se han convertido en el paradigma de la resistencia de los ciudadanos españoles a los duros recortes del Gobierno.

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