En total, los proveedores han reclamado más de 9.300 millones de euros a los ayuntamientos, que junto con los 17.000 millones que pidieron a las comunidades, suman alrededor de 27.000 millones de euros. Un agujero colosal que por fin será cubierto y que ha tenido contra las cuerdas a miles de pequeños y no tan pequeños empresarios españoles justo en el momento en que la situación económica era más grave.

Recordemos que para ejecutar este pago el Gobierno llevó a cabo una rocambolesca operación consistente en un crédito sindicado con 26 entidades bancarias, avalado por el Estado, de 35.000 millones de euros. Dado que aún sobran 8.000 millones para seguir efectuando pagos, Hacienda ha ampliado hasta el 15 de junio el plazo a aquellos ayuntamientos que en un primer momento quedaron descartados del programa.

Trabajar con la administración se había convertido en algo exasperante. A pesar de la seguridad que proporcionaba a cualquier empresa tener como cliente a un ente público (por la regularidad de trabajos que podía llegar a proporcionarle) la pereza de la administración a la hora de pagar por los trabajos recibidos dejaba en una situación de asfixia permanente a sus proveedores.

Una situación así era inconcebible. Las facturas quedaban flotando en un limbo legal durante años sin que los proveedores pudiesen cobrarlas. Algunas de estas facturas eran enormes, lo que creaba una dependencia tal que muchas pequeñas empresas se han visto obligadas a reducir plantillas para sobrevivir. Situaciones de este tipo no deberían permitirse nunca más. Los entes públicos deberían dar imagen, ¿no creéis?

Vía | La Razón
En El Blog Salmón | Proveedores, la hora de cobrar ha llegado, Aprobado el crédito de 35.000 millones para pagar a las pymes

En concreto, se destinarán 20.000 millones para los Ayuntamientos y el resto para las comunidades. Según De Guindos participarán el ICO y prácticamente todos los bancos españoles, que en un principio pretendían tipos más altos y plazos más reducidos. El crédito estará avalado por el Estado y para calcular el tipo de interés se tendrá en cuenta el tipo de emisión de la deuda pública a 5 años más un margen de 115 puntos básicos.

El diseño de la operación es bastante rocambolesco ya que a partir de ahora las facturas pendientes de pago se contabilizarán como deuda financiera y no como deuda comercial como se venía haciendo hasta ahora. Esto supondrá un incremento de 35.000 millones de euros de la deuda de España, que se pagará con el crédito que acaba de aprobarse. Además, se trata de una financiación mixta por la que los bancos sólo prestan durante cinco años, mientras que Ayuntamientos y CCAA pagarán en diez: los cinco primeros años a la banca y el resto directamente al Estado.

Los Ayuntamientos interesados en conseguir financiación tienen sólo hasta el 15 de marzo para justificar todas sus facturas pendientes, por lo que deduzco que secretarios, interventores y tesoreros van a echar humo. Teniendo en cuenta la lentitud con la que funcionan muchas de estas administraciones no me extrañaría que alguna se quedase atrás y no le de tiempo a redactar el plan de ajuste con el que justificar con qué recursos, si es que los hay, van a pagar a los bancos.

Aunque para De Guindos esta es “la operación financiera más importante realizada en España desde el punto de vista financiero y económico” yo no dejo de ver flecos sueltos. Lo único cierto es que los bancos están haciendo un negocio muy lucrativo con el Estado durante la crisis, ya sea comprando deuda, recibiendo escandalosas inyecciones de dinero público o como ahora, prestando dinero para poder pagar a los proveedores de la Administración.

Vía | El País
En El Blog Salmón | 30.000 millones para pagar facturas impagadas de la administración a las pymes, El Gobierno le hace un griego a las empresas

La operación macrofinanciera que adelanta Expansión no detalla los flecos sueltos pero intuyo que las entidades financieras recibirán una comisión por cada pago que realicen a las pymes y a la vez contarán con un aval del Estado para estructurar esta deuda adquirida y colocarla por ejemplo en titulización de activos. Ojo, esto es un mecanismo que se me ocurre que podría ser viable y daría un respiro también a las administraciones públicas. Por su parte, las empresas que se acojan a esta fórmula de pago, deberán tener la deuda reconocida, vencida y renunciar parcial o totalmente a los intereses de demora generados.

Los costes de gestión y comisiones de la operación serían repercutidos por la pyme que cobre por esta vía también y se presenta como alternativa para mejorar la liquidez de la empresa y cobrar finalmente la cantidad adeudada. Esta medida es una medida que obliga a las pymes a sacrificar parcialmente la deuda que tienen con las administraciones públicas pero más vale cobrar algo hoy que no cobrar nada hasta el día del juicio final.

A efectos de la contabilidad pública, no se alteran inicialmente las emisiones de deuda pública ni se crearía un déficit adicional, si acaso, se produce una reducción del mismo. Las entidades financieras deben establecer un plan de cobro de estas líneas de financiación a largo plazo y la fórmula para lograr la viabilidad de la operación pasa por una titulización de estas deudas y el aval de pago de las administraciones públicas, a efectos prácticos, el aval del Gobierno Central.

Si se cumplen las previsiones, este viernes tendremos la presentación de este plan financiero y conoceremos los detalles concretos de la operación. A priori, una buena medida para pagar a pymes, aún corriendo con las comisiones o haciendo quita en los intereses de demora.

En Pymes y Autónomos | Las pymes cobrarán en el banco las deudas de las Administraciones
En El Blog Salmón | Las pymes continuan con el grifo seco, Algunos Gobiernos pagan sus deudas, ¿Se deberían dar apoyos financieros gubernamentales a los ayuntamientos?

Esta ley desarrolla la reforma constitucional que introduce el límite del déficit público y tiene una serie de objetivos que no termino de encajar dentro de los presupuestos de las Administraciones Públicas. De todo el dossier que ha pasado el Ministerio de Economía, me quedo con la obligación de reducción de deuda viva en los casos de que el ejercicio finalice con un crecimiento del PIB del 2% o creación neta de empleo ¿Soy el único que cree que se han mezclado churras y merinas en esta condición?

Refrescando conceptos, el déficit se origina cuando el capítulo de ingresos es inferior al capítulo de gastos de cada ejercicio y sólo indica que la administración pública ha gastado más que ingresado. Por tanto, de entrada, el valor del déficit es independiente del crecimiento global de la economía, aunque suele ocurrir que si se realizar políticas expansivas de gasto público en época de recesión, el déficit aumente. Pero podemos estar creciendo a un ritmo adecuado y tener cuentas en déficit, es más ha sido la tónica habitual de la contabilidad española por norma general.

Por otra parte, el saldo vivo de deuda pública viva se usa para atender el correcto funcionamiento financiero del Estado y de entrada, tenemos que tener presente que existe cierta relación entre el saldo de deuda viva y el déficit pero que no es directa, dado que existen muchas emisiones de deuda pública que son neutras para el equilibrio presupuestario o incluso, emisiones de deuda pública que no tienen porqué integrarse en el capítulo de gastos, sin olvidar que gran parte de la deuda pública viva tiene su origen en ejercicios pasados.

Ahora, la condición que se impone es que si el PIB crece un 2% o disminuimos el paro en 100.000 personas aún estando en recesión, la administración pública tendrá que cancelar un 2% del saldo de deuda pública viva. Es decir, partamos de nuestra situación actual, con un PIB en torno a 1,05 billones de euros, un saldo favorable del PIB implica una cancelación de deuda viva de 14.000 millones de euros. Esta cancelación se puede hacer amortizando deuda viva o amortizando deuda viva, no hay más inventos por lo cual, la restricción implica la disminución de la capacidad de financiación de las administraciones a lo largo del ejercicio.

Es decir, que para que esta condición se pueda cumplir, se debe obligar al presupuesto público a un excedente de 14.000 millones de euros, en nuestro caso, hablamos de presupuestos con superávit del 5% aproximadamente de manera global y de manera combinada, a que las emisiones anuales de deuda pública sean inferiores. Ahora, que el ministro de Economía nos explique cómo se traducen estas condiciones en las cuentas públicas, porque yo no le veo encaje de bolillos posible. ¿Qué opináis de esta restricción?

Más Información | La Moncloa (PDF)
En El Blog Salmón | Límite de déficit constitucional ¿con válvula de escape?, La deuda española global, quién debe. cuánto debe y a quién debe, Pagamos 682 euros por segundo en intereses de la deuda pública

Este cambio, contemplaría la entrada en el Código Penal de delitos que incurran en falsedad de la contabilidad pública apoyados en los casos en los que los cargos públicos encargados de la gestión de los presupuestos, exceden sistemáticamente sus límites e incurren en incumplimientos presupuestarios. El cambio a priori, tiene buena pinta y no deja de ser una equiparación en el código penal a determinados delitos societarios, pero el camino a seguir es complicado.

• En primer lugar, se debe exigir una unificación de los criterios de la contabilidad pública y los criterios de imputación de gastos. No todas las administraciones siguen con los criterios que marca la ley y luego comienzan a aparecer facturas en los cajones por todos los lados.
• El segundo punto más importante si cabe, es el ajuste de los capítulos de ingresos. La mayoría de administraciones públicas suelen realizar presupuestos irrealizables en ingresos con el objetivo de poder aumentar las partidas de gasto sin incurrir en déficit presupuestario importante.
• Para que entendamos el ejemplo anterior, el ayuntamiento de PuebloArriba puede presupuestar ingresos por licencias de obras por 1 milón de euros y luego ingresar 10.000 euros. El presupuesto de gasto puede contemplar gastar 900.000 euros e incluso superávit, pero al cierre de ejercicio, nos encontramos con la sorpresa de déficit, no por el exceso del gasto sino por la caída de ingresos.
• Para evitar el punto anterior y para que las administraciones públicas tengan flexibilidad en la gestión, necesitamos una ley que no encorsete a la administración y una ley que marque claramente los criterios para confeccionar presupuestos públicos.
• Un ejemplo de esta flexibilidad lo tenemos por ejemplo en una partida de mantenimiento de locales públicos de 30.000 euros siendo su principal gasto la calefacción. Si cuando se hizo el presupuesto el gasóleo costaba 1 euro pero a la hora de su compra, su precio ha pasado a 1,5 euros, la administración debe contar con los mecanismos correctores que le permitan desviarse del presupuesto sin incurrir en el hipotético delito y sin tener que apagar la caldera por falta de presupuesto.

Por último, no olvidemos que la criminalización del déficit es una barrera de entrada importante para los políticos y gestores públicos, sobre todo en aquellas administraciones que se encuentran en quiebra técnica o aquellos que tienen que dirigir unos presupuestos que no han aprobado ellos. Tema espinoso importante y que debe marcar unas pautas muy claras sobre lo que se puede considerar delito o no para que sea una ley justa y efectiva realmente que es lo que se persigue finalmente.

En El Blog Salmón | ¿Debe limitarse por ley el déficit público?, Qué son los estabilizadores automáticos
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