Si hace sólo unas pocas semanas el Gobierno echaba atrás la privatización parcial de Loterías del Estado, ahora ha sucedido lo mismo con la privatización de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat, las dos joyas de la corona aeroportuarias.
El plazo de presentación de ofertas se retrasa hasta el 31 de enero de 2012, y por tanto quedará en manos del gobierno resultante de las elecciones del 20N la decisión de esta privatización. El Estado tenía planeado ingresar un mínimo de 5.300 millones de euros por la operación, por lo que se chafan completamente los planes de reducción de déficit vía venta de activos.
En la mañana de ayer, los principales sindicatos representantes de la plantilla de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), presentaron en el Ministerio de Trabajo un preaviso sobre una huelga de 22 días que tiene previsto desarrollarse en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, seleccionado los días ‘clave’ del tráfico aeroportuario y poniendo en jaque de nuevo al gobierno con sus reivindicaciones, con las que pueden ocasionar de nuevo un daño potencial gravísimo al empresariado y al conjunto de la población española.
Los trabajadores de AENA (en sentido amplio) reivindican dos cuestiones básicamente, por un lado las críticas al modelo de gestión aeroportuaria planteado, en el que se adentrará el capital privado, y por otro el desacuerdo con la propuesta de definir aeropuertos de distintas categorías, lo que a su juicio se trasladará a una merma de la seguridad y la calidad de los vuelos.
Los trabajadores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se han echado a la calle para pedir que la actual empresa pública de gestión aeroportuaria no pase a manos privadas, amenazando de nuevo con el fantasma del paro para las próximas vacaciones de Semana Santa e incluso para el verano, en caso de que las negociaciones culminen en la privatización, con conocidos efectos tan perjudiciales para los usuarios de este medio de transporte y para los hosteleros como los que tuvieron lugar en el pasado mes de diciembre.
En mi opinión, establecer un marco de diálogo fructífero es una utopía en esta negociación, porque por un lado tenemos a unos trabajadores que poseen un convenio privilegiado, que controlan un aspecto vital como es la seguridad en el transporte aéreo, y por otro al gobierno y a la sociedad españolas, que no están dispuestos a mantener privilegios sectoriales en una economía con una alta tasa de desempleo y tras un endurecimiento generalizado de las condiciones laborales.
Manuel Pimentel, exministro de trabajo y reputado abogado ha sido elegido como el árbitro mediador en el conflicto que tienen AENA y los controladores (ver vídeo), propuesta que ha realizado el sindicato de controladores USCA pero que ha sido aceptada por todos sin reparo. En esta mediación, Pimentel estará apoyado a su vez por dos abogados que representarán a cada una de las partes.
El conflicto laboral con el convenio colectivo es realmente importante y no debemos perder de vista que a pesar de la criminalización que ha realizado la opinión pública de los controladores a raíz de los problemas originados en el puente de la Constitución e Inmaculada, ni unos son tan malos ni los otros son tan buenos, dado que se ha vulnerado ampliamente el acuerdo laboral consensuado en el convenio colectivo, que se agotó e el 2004 y a día de hoy, no han pactado un nuevo convenio.
El Gobierno acelera la reforma de AENA, quizá impulsado por los problemas con los controladores. El Gobierno sacará a concurso el control aéreo de varios aeropuertos en una primera fase, para tener liberalizadas todas las torres en 2012. Ya hay varias empresas que se han mostrado interesadas en ello.
Toda liberalización es buena si se hace bien. Y por tanto espero que así sea. Para que sirva de algo lo primero, tiene que ser más barata la gestión que si la siguiera llevando a AENA. Y tiene que haber competencia real entre las empresas que se presenten para la adjudicación del servicio. Si no estamos perdiendo tiempo y dinero.
Los principales afectados por el caos aéreo del fin de semana pasado, aerolíneas y viajeros, van a emprender la solicitud de importantes cantidades de dinero a AENA o a los controladores aéreos (todavía se está decidiendo si ir contra los unos, o contra los otros) para resarcirse de los costes económicos y de los daños morales, causados por el gravísimo incidente que llevó al gobierno de la nación a decretar el Estado de Alarma.
Con ello, se inciarán multitud de demandas judiciales o administrativas (también está por ver qué cauce legal será el que se inicie) contra un único culpable, el colectivo de controladores aéreos, que sin conocerse, ni mucho menos, la futura sentencia judicial o administrativa al respecto, tendrán que sufragar ciertos costes, o en su defecto el acatamiento de posibles sanciones.
El Ministro de Industria, Miguel Sebastián ha descartado evaluar por ahora las pérdidas que se hayan podido acumular por el paro de los controladores del pasado fin de semana y el caos aéreo organizado con el cierre del espacio aéreo. Sebastian ha obviado esta cuantificación aludiendo a la imposibilidad material de realizarla antes de la finalización del puente, el poco impacto que ha tenido este problema en el turismo rural y en los destinos de nieve y estaciones de esquí así como la imposibilidad de cuantificación del impacto económico en los paises emisores de turistas.
Coincido con el ministro en que estas cifras pueden ser prematuras, pero es evidente que existe un daño económico latente por las cancelaciones y alteraciones de planes de los distintos viajeros. El gasto/ingreso no realizado y perdido es imposible de cuantificar y cualquier aproximación que haga el sector se basará en estimaciones de gasto pero nunca tendrán el respaldo suficiente para darlas por buenas. Por su parte, las aerolíneas han cifrado el coste económico en 500 millones de euros diarios, sin tener en cuenta los parámetros que citamos de hipotético gasto turístico no conseguido.
Pôr último, el ministro resalta que la marca “España” como tal no se ha visto resentida en absoluto. Discrepo, dado que si yo soy un turista extranjero que no puede viajar a España por un problema cono el que hemos vivido con los controladores, la próxima vez puedo seleccionar destinos más estables con prestaciones turísiticas similares antes que arriesgarme a quedarme sin vacaciones.
El Vicepresidente Rubalcaba acaba de confirmar el Estado de Alarma en España, por primera vez en la democracia y aplicando el Art 116 de la Constitución. Este estado de alarma se traduce en la toma de control del Gobierno de una parte fundamental de los servicios públicos de transporte aéreo para hacer valer los derechos constitucionales de todos los ciudadanos contemplados en el Art 19 que sustentan la libre circulación de los ciudadanos por el Estado.
En este caso particular, el Estado de Alarma es aplicable a todos los centros de gestión aeroportuaria de AENA así como a todos los trabajadores de estos centros. A efectos prácticos, estos trabajadores entran a estar bajo las órdenes directas del Gobierno y la dirección efectiva del Ministerio de Defensa. En el caso de no acatar la movilización en sus puestos de trabajo, tal y como les exige el Real Decreto publicado, los controladores incurrirán en delitos penales graves que caen dentro de la jurisdicción penal militar. Ojo con esto, que es una situación excepcional y una militarización en toda regla de ciudadanos civiles.
Desde ayer por la tarde, los controladores aéreos han abandonado sus puestos de trabajo de forma masiva y han obligado a AENA a que proceda al cierre del espacio aéreo español, mediante una huelga salvaje, ilegal, de forma premeditada y con alevosía. En esta tesitura, el Gobierno se ha visto forzado a tomar el control militar del espacio aéreo mediante la toma de control de las torres de control con el Ejército desde las 10 de la noche.
A las 2 de la madrugada, Rubalcaba anunció la convocatoria de un Consejo de Ministros Extraordinario para declarar el estado de alerta, de tal manera que todos los controladores aéreos estarán convocados a su puesto de trabajo en uno minutos y deberán atacar acatar las órdenes del Ejército en todo momento para desempeñar su trabajo.
Hoy es un día triste, dado que un colectivo con uno de los mayores privilegios laborales de España con un problema enquistado de varios años, ha conseguido secuestrar a cientos de miles de pasajeros en los aeropuertos, golpear duramente la imagen de un país, la economía y forzar al Gobierno a tomar una posición legal equiparable a una situación de emergencia nacional, guerra o cualquier otro tipo de desastre.
Realmente triste y vergonzoso que debería tener consecuencias laborales mediante despidos, la apertura de las investigaciones oportunas para que la justicia dirima sí se han cometido delitos penales y las consecuencias políticas por parte del Ejecutivo y los altos cargos de Fomento y AENA por llegar a esta situación. Ánimo para todos aquellos que han caido en el secuestro forzado de los controladores.
AENA acaba de convocar una huelga en todos los centros de trabajo para las próximas Navidades a raíz del anuncio de Zapatero de la privatización del 49% de AENA y los pasos a gestión privada de Barajas y El Prats. Por otra parte, el sindicato de pilotos, SERCLA, también se plantea la convocatoria de una huelga en Navidades dado reclama mayor regulación en las horas de descanso anuales, 2000, y en las horas máximas de vuelo, 900, por lo que mañana tendrán una reunión con Pepe Blanco, para poner mayor regulación en este aspecto. Si no llegan a un acuerdo, tendríamos dos huelgas en simultáneo, una de AENA y la otra de pilotos.
Como todos los puentes, periodos vacacionales y demás picos de tráfico aéreo, el desplazamiento por avión vuelve a ser un caos, dado que cuando estos colectivos no tienen unos motivos, tienen otros pero como en todos los casos, seguimos saliendo perjudicados los usuarios de aerolíneas y las propias compañías aéreas. Creo que Zapatero se ha quedado corto con la privatización y debería dar un golpe en la mesa y liberalizar de verdad la gestión de aeropuertos para ver si se llega a una solución definitiva de los conflictos laborales de AENA al menos.
