Hay viviendas que en verano dejan de ser solo un lugar donde vivir y pasan a convertirse, durante unas horas, en un pequeño activo económico. Una piscina privada, una zona exterior bien preparada y una plataforma capaz de poner en contacto a propietarios y usuarios bastan para generar ingresos extra en los meses de más calor.

Es lo que le ocurre a María Luisa, una propietaria de Madrid que lleva dos veranos alquilando su piscina a través de Cocopool, según recoge EL ESPAÑOL. Su caso no habla de un gran negocio inmobiliario, sino de una fórmula mucho más doméstica: monetizar un espacio familiar cuando sus dueños no están en casa.

Un negocio muy rentable, pero solo durante unos meses

La primera limitación es evidente: la piscina funciona como negocio de temporada. María Luisa lo resume con claridad: “Nosotros solo tenemos clientes en lo que es mayo, junio, julio y agosto, alguno en septiembre, pero se empieza a notar la caída de reservas”.

La demanda tampoco se reparte igual durante toda la semana. En su caso, las reservas se concentran sobre todo en sábados y domingos. “Entre semana no tenemos demanda. Lo normal es que sea o un sábado o un domingo, especialmente los sábados”, explica.

Esto ayuda a entender la economía real del modelo. No se trata de un ingreso continuo, sino de una actividad muy concentrada: pocos meses al año, principalmente fines de semana y con un uso limitado por la propia vida familiar de los propietarios.

María Luisa asegura que alquilan la piscina dos fines de semana al mes, no más, porque viven allí. “Nosotros vivimos en el espacio, solo lo alquilamos cuando no estamos. El espacio no es solo el negocio, sino la vivienda familiar”.

Seis horas, 350 euros netos y una aplicación como escaparate

La cifra que más llama la atención es la de la última reserva. María Luisa reconoce que no lleva una suma total detallada de lo ingresado, pero sí recuerda cuánto obtuvieron con los últimos clientes: “Con los últimos clientes, menos la comisión que nos quitó la aplicación, ganamos alrededor de 350 euros por seis horas”.

Ahí está la clave económica del fenómeno. No es una piscina abierta al público de forma permanente, sino un alquiler puntual de un espacio privado con un precio suficiente para compensar preparación, limpieza, cesión de uso y molestias.

La plataforma utilizada es Cocopool. María Luisa la define como “una forma de captación”: “Ellos nos ofrecen estos clientes y nosotros firmamos contrato de alquiler temporal para que todo este en base a la ley española”.

Además del precio fijado en la plataforma, la propietaria cobra una fianza a los bañistas. Después revisa el estado del espacio y, si no hay daños, devuelve el dinero. Hasta ahora, dice, no ha tenido que quedarse con ninguna fianza: “Nunca hemos recurrido a tirar de la fianza, porque en lo que llevamos se comportan muy bien”.

Cumpleaños, despedidas y una piscina que se alquila como experiencia

El público que acude a la vivienda de María Luisa no busca solo darse un baño. Según explica, los clientes habituales son grupos de amigos que celebran cumpleaños y despedidas de soltera. “Solo chicas”, matiza. “Despedidas de chicos no entran por lo que sea, es otra necesidad”.

La piscina forma parte de un conjunto más amplio: una zona chill-out, un espacio preparado para pasar varias horas y una vivienda privada convertida temporalmente en lugar de celebración.

La propietaria asegura que la experiencia con los usuarios ha sido buena. “Se nota que han estado por un poco de suciedad, pero nunca han roto nada. Son muy respetuosos y estamos contentos”.

Ese punto es importante porque este tipo de alquiler tiene una tensión evidente: genera ingresos, pero introduce a desconocidos en un espacio familiar. En su caso, la fianza, el contrato temporal y la intermediación de la plataforma parecen funcionar como mecanismos de control.

El ingreso extra también exige trabajo

El atractivo de ganar unos 350 euros en seis horas puede ocultar una parte menos vistosa del negocio: preparar la casa para otros lleva tiempo.

María Luisa lo admite: “No es solo cobrar, lamentablemente lleva un esfuerzo considerable”. Antes de cada reserva hay que habilitar el espacio, cuidar el césped, preparar cubiertos y dejar la zona lista para los visitantes. Después llega la limpieza.

En otras palabras, el ingreso no sale solo de tener piscina. Sale de convertirla durante unas horas en un servicio: organizar, acondicionar, recibir, controlar y limpiar. La piscina es el activo, pero el trabajo operativo también cuenta.

La experiencia le ha salido tan bien que ya prepara otra piscina

Lo llamativo es que María Luisa no se queda en una prueba puntual. La experiencia le está resultando tan positiva que ya piensa replicarla en otra propiedad.

Según cuenta, están construyendo otra piscina en la provincia de Salamanca para alquilarla también. “Ya tenemos una vivienda disponible al público en Béjar y en esa casa vamos a meter una piscina. Creemos que es una forma de ganar unos ingresos”, explica.

Cuando termine la construcción, su plan es ponerla también en Cocopool: “Cuando se acabe la construcción la pondremos en Cocopool”.

La lectura económica es clara: una piscina privada, tradicionalmente vista como un gasto o un lujo asociado a una vivienda, empieza a comportarse como un activo explotable por horas. No convierte automáticamente a cualquier propietario en empresario de verano, pero sí muestra cómo las plataformas están abriendo nuevas formas de rentabilizar espacios que antes solo tenían uso privado.

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En este contexto de transformación sectorial, nuevas fórmulas como el rent to rent emergen como una alternativa muy lucrativa para obtener rentabilidad rápida sin necesidad de comprar un inmueble.

El engranaje del 'rent to rent' y sus números

La inversión en vivienda en España se disparó más de un 30 % el año pasado respecto al ejercicio anterior, registrando máximos históricos. Tal y como explica la información publicada por El Español a partir del informe Real Estate Market Outlook 2026 de la consultora CBRE, las perspectivas para los próximos meses apuntan a que este apetito inversor se mantendrá al alza de forma clara. El entorno económico acompaña gracias a unos tipos de interés estables en el entorno del 2 % y unas condiciones de financiación cada vez más favorables. Sin embargo, este bum coincide con una profunda crisis de acceso a la vivienda y un encarecimiento del alquiler que aviva el debate sobre los límites de estos modelos de negocio.

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La mecánica de esta fórmula es tan sencilla sobre el papel como lucrativa en la práctica: consiste en arrendar una propiedad completa a su dueño para, inmediatamente después, subarrendar sus estancias de forma independiente a terceros. Rocío, una especialista en inversión inmobiliaria que compagina cinco viviendas en régimen de alquiler tradicional con la gestión de 75 habitaciones enfocadas al subarriendo, conoce al detalle este modelo. Hace unos meses, desgranaba las claves de su éxito en el pódcast Libertad Inmobiliaria, conducido por el inversor Carlos Galán.

Los márgenes que maneja explican por qué el sistema gana adeptos con rapidez. Rocío obtiene un beneficio mínimo de 410 euros por cada piso que gestiona bajo este formato. Además, el capital inicial que destina a amueblar y acondicionar los inmuebles se suele recuperar en un plazo de entre seis y siete meses. Para lograrlo, realiza un desembolso contenido pero estratégico. "Suelo destinar unos 3.000 euros a amueblar cada piso, porque tienen que estar equipados con todo lo necesario para vivir. También hay que acondicionarlos para que, si el inquilino quiere, pueda hacerse una tortilla francesa el primer día", explica la inversora, matizando que este coste puede variar según si el perfil del propietario es más tradicional o inversor.

Radiografía del inmueble idóneo para el subarriendo

El primer paso del negocio requiere convencer al propietario original del piso. La estrategia comercial es directa: ofrecer una renta algo superior a la que se pide en el mercado a cambio de liberar al dueño de cualquier gestión o problema con los inquilinos. "Al propietario puedes pagarle, por ejemplo, un poco más de lo que está pidiendo y decirle que te vas a encargar absolutamente de todo. Se va a olvidar totalmente de que tiene un piso", resume Rocío sobre el principal gancho de esta fórmula.

A partir de su experiencia, la inversora ha definido con precisión las características del activo que funciona mejor para maximizar la rentabilidad. Su piso estándar se ubica en un barrio trabajador, cuenta con tres habitaciones y un salón independiente que termina reconvertido en una cuarta habitación habitable. Por lo general, son fincas sin ascensor que solo requieren una reforma básica, tipo lavado de cara. La única exigencia clave es que el cuarto de baño se encuentre en buen estado, pero "sin dejarme un dineral" en las mejoras, apunta la experta.

El caso real de Bilbao: costes y rentabilidades

Llevar esta teoría a la práctica requiere poner el foco en una localización concreta. Tomando como referencia el mercado inmobiliario de Bilbao, que es donde Rocío despliega su actividad habitual, las cuentas mensuales resultan muy ilustrativas. Un piso de estas características se alquila al propietario por unos 950 euros mensuales. Posteriormente, cada una de las habitaciones se subarrienda por un precio de unos 400 euros. De este modo, los ingresos brutos mensuales se sitúan alrededor de los 1.600 euros.

A esa facturación total hay que descontarle los gastos corrientes, principalmente los suministros de la vivienda. Tras esa deducción, se llega al rendimiento neto final. Rocío insiste en que, en un piso típico, el beneficio mínimo debe rondar los 410 euros, una cantidad que equivale prácticamente al precio de una habitación entera. Este colchón financiero resulta vital para la viabilidad del negocio, puesto que permite asumir periodos puntuales con alguna estancia vacía sin que la operación deje de ser rentable.

Aunque Rocío empezó comprando viviendas antes de dar el salto a la gestión de habitaciones, defiende que para quienes carecen de un gran capital de partida el orden ideal puede ser el opuesto. "Mi camino ha sido primero invertir y después gestionar pisos rent to rent. Al final, gestionar habitaciones no es algo muy complejo, simplemente tienes que saber los pasos, aprender un poco de los errores del resto", argumenta. El modelo se convierte así en una barrera de entrada muy baja para generar flujos de caja desde el primer momento. En definitiva, la acumulación de estos rendimientos mensuales puede funcionar como una palanca de ahorro acelerado a medio plazo, sirviendo para acumular el dinero de la entrada de un piso de inversión que mucha gente todavía no tiene.

Imágenes | YouTube (Libertad Inmobiliaria)

No hay duda. El mercado del alquiler turístico vive un punto de inflexión. Tras años de crecimiento casi ininterrumpido, las últimas cifras oficiales reflejan un retroceso significativo en el número de viviendas destinadas a estancias de corta duración.

La entrada en vigor del registro único el pasado 1 de julio comienza a dejar huella visible en el mapa inmobiliario español.

Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en noviembre de 2025 el parque de viviendas turísticas se situó en 329.764 unidades. Son 52.073 menos que en mayo, lo que supone una caída del 13,6% en apenas seis meses.

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Se trata del nivel más bajo desde febrero de 2023, cuando el recuento oficial registró 305.136 inmuebles de este tipo. El descenso rompe la tendencia expansiva que caracterizó los últimos ejercicios y coloca el peso de estos alojamientos en el 1,24% del total de viviendas en España.

Un ajuste que cambia el equilibrio del mercado

La reducción no es menor si se tiene en cuenta que, durante los años posteriores a la pandemia, el alquiler turístico se consolidó como una alternativa de rentabilidad para miles de propietarios.

La obligación de inscribirse en un registro único y cumplir con requisitos administrativos más estrictos ha provocado que parte de la oferta desaparezca del circuito oficial.

El ajuste coincide con un momento de fuerte debate público sobre el impacto de los pisos turísticos en el acceso a la vivienda.

Diversos ayuntamientos han impulsado moratorias y límites en determinadas zonas tensionadas. Ahora, los datos apuntan a que el nuevo marco regulatorio estatal también está influyendo en la reducción de unidades activas.

Pese al retroceso en el número de inmuebles, el interés por este tipo de alojamiento no se ha debilitado. En 2025, los apartamentos turísticos concentraron 76,3 millones de pernoctaciones, un 6% más que el año anterior.

Además, representaron el 52,1% de todas las estancias en alojamientos extrahoteleros, lo que demuestra que la demanda sigue al alza incluso con menor oferta disponible.

Comunidades con mayor peso y evolución desigual

El impacto del registro único no se distribuye de forma homogénea en el territorio. Cataluña contabiliza 46.915 alquileres turísticos, equivalentes al 1,2% del parque total de viviendas, con 255.981 plazas disponibles.

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Aunque la cifra es relevante en términos absolutos, la comunidad queda fuera del podio nacional.

Baleares, con 19.398 viviendas destinadas a estancias de corta duración y 124.181 plazas, presenta una particularidad. Aunque ocupa la quinta posición por número total de inmuebles, el peso relativo sobre el parque residencial roza el 3%, situándose entre las regiones con mayor intensidad turística.

La Comunidad de Madrid aparece en sexta posición con 15.309 viviendas turísticas y 50.657 plazas, lo que equivale a apenas el 0,5% de su parque total.

El contraste refleja cómo el fenómeno tiene mayor incidencia en territorios con fuerte atractivo vacacional y menor en grandes áreas metropolitanas con predominio de vivienda habitual.

Regulación frente a demanda creciente

El descenso del 13,6% en el número de viviendas turísticas sugiere que el registro único está actuando como filtro. Algunos propietarios podrían haber optado por retirar sus inmuebles ante la mayor carga administrativa o la incertidumbre regulatoria. Otros habrían reconvertido su oferta hacia el alquiler de larga duración.

Sin embargo, el incremento de pernoctaciones revela una paradoja. Menos pisos turísticos registrados no implica menos turistas.

Al contrario, la presión de la demanda sigue aumentando, lo que puede traducirse en mayor ocupación por inmueble y posibles tensiones en precios.

Este escenario obliga a observar con atención la evolución de los próximos trimestres. Si la oferta continúa reduciéndose mientras la demanda mantiene su ritmo, el equilibrio entre regulación y mercado podría experimentar nuevos ajustes.

Un termómetro para la política de vivienda

La vivienda turística representa actualmente el 1,24% del parque residencial nacional. Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, su concentración en determinadas zonas genera efectos significativos en precios y disponibilidad.

La caída a mínimos de tres años aporta un indicador tangible sobre la efectividad inicial del nuevo sistema de registro.

La cuestión de fondo es si esta tendencia se consolidará o si se trata de un ajuste puntual tras la entrada en vigor de la norma.

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En Cataluña, el año ha empezado profundizando en la misma estrategia que ya la sitúa como la comunidad autónoma más intervencionista en el mercado de la vivienda.

En pocas palabras, se extiende el control de rentas a prácticamente todos los contratos de alquiler y el anuncio de nuevas limitaciones a la compra para invertir consolidan una hoja de ruta clara: frenar el encarecimiento del acceso a la vivienda mediante una regulación intensa del mercado, según recoge la prensa generalista

Un control de rentas más amplio

Tras varios años de intervención creciente, los resultados empiezan a mostrar una paradoja incómoda: la vivienda se mantiene como el principal problema ciudadano y las dificultades de acceso persisten, sobre todo si hablamos de alquileres, como reflejan las últimas encuestas de opinión.

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Una vez más, gana peso una pregunta: ¿se trata de una cuestión de intensidad de las regulaciones o hay un error en el diagnóstico?

La primera gran novedad es la extensión del tope de precios a los alquileres de temporada, una medida que acaba de entrar en vigor y que se suma al control ya existente en las denominadas zonas tensionadas.

En la práctica, el límite de rentas pasa a aplicarse a todo tipo de contratos residenciales, con independencia de su duración, lo que convierte a Cataluña en el territorio que más lejos ha llevado la aplicación de la Ley estatal de Vivienda.

El resultado, sin embargo, no es inequívoco. Pese a los topes, los últimos datos disponibles muestran ligeros repuntes de las rentas y, sobre todo, una persistente escasez de oferta, que se desmarca como el principal problema sin soluciones en el sector inmobiliario. Hablando en plata, la intervención ha contenido los precios, pero no ha generado más viviendas disponibles.

Frenar la compra para inversión

El Govern, presidido por Salvador Illa, prepara ahora una medida de mayor calado: limitar la compra de vivienda para invertir, una categoría que desde la propia Generalitat se denomina “compra especulativa”, aunque todavía sin una definición jurídica precisa.

Este mismo medio informaba hace unas semanas sobre los tanteos del ejecutivo catalán con el modelo Ámsterdam, donde a partir de cierto precio, se obliga a los compradores a residir en la vivienda durante varios años.

Según ha avanzado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), la propuesta que se presentará, según las previsiones, durante el primer trimestre de 2026 tiene como objetivo principal desincentivar toda adquisición que no se destine a primera residencia o a alquiler permanente. Para ello, se espera gravar la fiscalidad, combinada con condiciones urbanísticas y un refuerzo del régimen sancionador.

Aquí aparecen las primeras dudas. Para empezar, el margen autonómico es limitado: el IVA de la vivienda nueva es competencia estatal y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ya fue elevado hasta el 20 % para grandes tenedores el pasado verano, fruto de un acuerdo con los comunes.

Señales contradictorias

Uno de los puntos más críticos del debate es la coherencia del diagnóstico. El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, señala que las políticas actuales parecen partir de causas distintas —y a veces incompatibles— del problema de la vivienda

Por un lado, el Gobierno central ha aprobado ayudas a propietarios frente al impago del alquiler, lo que sugiere que el riesgo de insolvencia del inquilino es una preocupación relevante.

Además, un reciente artículo de El País destaca que el sector inmobiliario asegura que Cataluña afronta 2026 con una crisis de vivienda que no se aliviará a corto plazo, y que la actual regulación de precios podría incluso provocar que propietarios retiren pisos del alquiler convencional antes que ajustarse a los límites impuestos.

Por el otro, la Generalitat refuerza el foco sobre los grandes tenedores y la inversión, cuando los datos disponibles indican que no son el actor dominante del mercado del alquiler, según explica el propio García Montalvo.

Este enfoque transmite una señal ambigua: se protege al propietario frente a ciertos riesgos, pero al mismo tiempo se endurecen las condiciones para invertir, lo que puede retraer aún más la entrada de vivienda en el mercado sin una apuesta estatal por ampliar el parque público.

El problema estructural: la oferta

Más allá del debate político, hay un punto de consenso creciente entre analistas y sector: el problema central sigue siendo la falta de oferta.

Esta escasez ha provocado que, incluso con topes de precios, las rentas hayan repuntado ligeramente en el segundo trimestre del año en Cataluña, mientras los precios de compraventa continúan al alza.

Las medidas destinadas a ampliar el parque público (principalmente, las 50.000 viviendas anunciadas por la Generalitat o la preparación de suelo para construir hasta 200.000 inmuebles, un 50 % de carácter social) solo tienen un impacto potencial relevante a medio y largo plazo. Mientras tanto, seguimos igual.

Tras años de controles crecientes, Cataluña se enfrenta a una evidencia incómoda: regular más no está resolviendo el problema de acceso a la vivienda.

¿Está mitigando algunos excesos? Es posible, pero también introduciendo incertidumbre, desincentivando inversión y reduciendo aún más la oferta disponible, según coinciden fuentes académicas y sectoriales.

El riesgo no es solo económico, sino político. Cuando la intervención se intensifica y los resultados no llegan, la tentación es redoblar las medidas. Pero sin un aumento efectivo del número de viviendas, el mercado sigue reaccionando de la única forma posible: menos oferta, más fricción y un acceso cada vez más difícil.

La vivienda se ha consolidado como el principal problema ciudadano. La cuestión ya no es si hay que intervenir, sino si se está interviniendo donde se debe.

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España llega al cierre de 2025 con el mercado de la vivienda en uno de sus momentos de mayor tensión. Los precios de compra y alquiler continúan al alza, incluso tras el endurecimiento de las condiciones financieras.

El acceso a la vivienda se ha enquistado como como uno de los principales problemas económicos para hogares y empresas. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, los datos apuntan a una oferta de vivienda que no está respondiendo al aumento sostenido de la demanda.

Más allá: barreras estructurales

A nivel macro, la situación es resultado de un desequilibrio que se ha ido acumulando durante más de una década, con una demanda cada vez más dinámica frente a una oferta incapaz de adaptarse en cantidad y en tiempo.

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El poca oferta, mucha demanda, donde se ha mantenido un flujo de creación sostenida de vivienda (insuficiente), impulsada por factores demográficos, flujos migratorios y un menor tamaño medio de los hogares.

Pese a ello, la suma de la demanda de la vivienda para inversión (a nivel nacional e internacional) y el turismo residencial en determinadas zonas de grandes ciudades han sido un punto relevante.

Frente a este dinamismo en la demanda, la oferta se comporta de forma rígida. Según diversos análisis recogidos por Nada es Gratis recientemente, el ritmo de construcción de vivienda nueva se sitúa muy por debajo del necesario para absorber la creación de nuevos hogares y corregir el déficit acumulado, incluso en un contexto de precios crecientes.

La causa principal de esa falta de oferta no es la falta de demanda ni la especulación a corto plazo, sino barreras estructurales: escasez de suelo finalista, regulaciones urbanísticas lentas y restrictivas, costes de construcción elevados e importantes dificultades de financiación.

En términos prácticos, en los últimos años se han iniciado en torno a 120.000–130.000 viviendas anuales, una cifra insuficiente para equilibrar el mercado. Como resultado, la presión sobre el stock existente se mantiene constante y cualquier repunte de la demanda se traslada directamente a los precios.

La evidencia apunta a que aumentar la oferta reduce precios incluso en mercados tensionados, pero, en España, existen fuertes incentivos políticos y sociales para frenar la construcción, ya que muchos propietarios y gobiernos locales prefieren proteger el valor de lo existente.

Un déficit acumulado

Las estimaciones sobre el déficit de vivienda varían según la fuente, pero coinciden en señalar un problema de gran magnitud. Diversos estudios sectoriales sitúan la falta de vivienda en España entre 450.000 y 700.000 unidades, una brecha que explica por qué el mercado no consigue corregirse pese a las subidas de precios.

Este déficit estructural ayuda a entender por qué el encarecimiento de la vivienda no responde únicamente a factores especulativos. En ausencia de nueva oferta suficiente, el mercado se vuelve extremadamente sensible a cualquier incremento de la demanda, ya sea por mejora del empleo, llegada de población o mayor atractivo inversor.

La percepción social refuerza este diagnóstico. Según una encuesta de Fotocasa Research, cerca del 65 % de los ciudadanos considera insuficiente la oferta de vivienda en venta en su zona, y casi el 80 % opina lo mismo en el mercado del alquiler, lo que apunta a un problema de escasez real y no solo de precios elevados.

La cuestión clave no es por qué suben los precios, sino por qué la oferta no reacciona ante ese incentivo económico. La respuesta es estructural y combina varios factores: escasez de suelo finalista en zonas de alta demanda, lentitud administrativa en los procesos urbanísticos, aumento de los costes de construcción y un marco regulatorio que introduce incertidumbre, sobre todo cuando hablamos del mercado del alquiler.

Varios analistas (entre ellos, el think tank de BBVA Research) afirman que el problema no es la falta de capital dispuesto a invertir, sino la incapacidad del sistema para convertir esa inversión en vivienda: terminada en plazos razonables y en los lugares donde más se necesita.

Los precios como síntoma

Desde esta perspectiva, la escalada de precios es más un síntoma que una causa del problema. En un mercado estructuralmente constreñido, las subidas reflejan el desequilibrio persistente entre oferta y demanda.

Por ello, las políticas centradas, exclusivamente, en limitar precios o contener rentas tienen un impacto limitado si no se actúa sobre la raíz del problema. El Banco de España ha advertido en distintos informes de que la falta de oferta suficiente, especialmente en alquiler, tiene efectos macroeconómicos relevantes, como una menor movilidad laboral, mayor presión sobre los salarios reales y un aumento del esfuerzo financiero de los hogares.

Además, esta escasez no es un fenómeno transitorio ni una simple consecuencia del ciclo económico, sino el resultado de un sistema que, durante años, no ha sido capaz de ajustar su oferta a una demanda cambiante y creciente en España.

En conclusión, mientras la producción de vivienda siga sin responder de forma suficiente y ágil, los precios difícilmente bajarán de manera sostenida. El debate de fondo no es si la vivienda está cara, sino por qué el mercado español no consigue producir la vivienda que necesita allí donde la necesita. Todo lo demás son parches.

La vivienda en España se ha convertido en una bomba social a punto de estallar. Si es que no lo ha hecho ya.

En apenas un año, los precios del alquiler en Madrid y Barcelona se han disparado hasta niveles que superan a los de Londres, París o Roma. O lo que es lo mismo, un escenario impensable hace solo una década.

Sin embargo, los sueldos siguen anclados en la parte baja de la escala europea: un trabajador español gana hasta un 20% menos que su homólogo británico, francés o italiano. El resultado es una brecha creciente entre el coste de vivir y la capacidad real de pagarlo.

El mercado inmobiliario ha dejado de ser un termómetro económico para convertirse en una fuente de desigualdad estructural. En las dos grandes capitales del país, alquilar un piso medio roza los 1.600 euros al mes, según el Índice Trimestral de Evolución de Precios de Spotahome.

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Esto sitúa a las principales ciudades españolas entre las más caras del continente, en un contexto en el que la inflación apenas da tregua y los salarios reales se mantienen estancados.

El auge del alquiler y la presión de la demanda

La fuerte demanda interna y la llegada constante de nuevos residentes —tanto nacionales como extranjeros— han disparado los precios en las dos principales metrópolis.

En las dos últimas décadas, Madrid, Barcelona y Valencia han absorbido cerca del 70 % del crecimiento poblacional del país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A este fenómeno se suma el auge del alquiler de temporada o media estancia, que ofrece contratos flexibles y de corta duración.

Este modelo, pensado inicialmente para estudiantes o trabajadores en movilidad internacional, ha terminado por desbordar el mercado tradicional. La competencia entre residentes locales y perfiles internacionales de mayor poder adquisitivo ha tensionado aún más la oferta, provocando incrementos récord.

Mientras tanto, grandes capitales europeas comienzan a estabilizar sus precios. Londres registra un descenso del 5% interanual, Dublín cae un 6% y Viena un 10%, mientras que París y Bruselas mantienen subidas del 16% y 13% respectivamente. España, sin embargo, nada a contracorriente: el mercado se mantiene caliente y en expansión, con incrementos destacados en Alicante (+15%), Málaga (+14%) y Granada (+6%).

Madrid y Barcelona en máximos históricos

La capital española y la Ciudad Condal han consolidado su posición como los mercados más caros del país. En Madrid, el alquiler medio de un piso ha subido un 13,5% desde comienzos de 2024, mientras que en Barcelona lo ha hecho un 8,5%. La media nacional ya ronda los 1.600 euros mensuales, una cifra inasumible para la mayoría de trabajadores jóvenes.

El mercado de alquiler por habitaciones refleja una situación similar. Madrid ha experimentado un incremento del 20 %, pasando de 500 a 600 euros al mes, mientras que Barcelona lidera con un promedio de 620 euros por habitación.

En comparación, una habitación en un barrio de la periferia de París cuesta 610 euros, en Londres 580 y en Roma 550. El contraste con los salarios medios europeos agrava el problema: el salario bruto en España (2.716 euros mensuales) queda muy por debajo del francés (3.555 €), del italiano (2.729 €) y, sobre todo, del británico (4.417 €).

Barrios exclusivos y precios fuera de control

El informe apunta que los barrios más caros de Madrid y Barcelona han superado incluso a las zonas premium de Londres, París o Roma.

En la capital, Recoletos encabeza la lista con un precio medio de 3.125 euros mensuales, un 12,8% más caro que Sant Gervasi-Galvany, el barrio más exclusivo de Barcelona.

La revalorización ha sido especialmente intensa en la Ciudad Condal. El Fort Pienc ha disparado sus precios un 34,2% en solo un año, alcanzando los 2.225 euros mensuales por un piso. Le siguen Santa Eulàlia (+23,1%) y Poblenou (+21,9%).

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En Madrid, las subidas también son de vértigo: Nueva España (+30,3%) y El Viso (+273 %) consolidan el dominio de los barrios de lujo.

Estas cifras sitúan a las zonas más exclusivas de España al nivel de distritos europeos como Campo Marzio en Roma (2.800 €) o Vaugirard en París (2.184 €).

Sin embargo, la comparación más reveladora es la del esfuerzo económico: un madrileño o barcelonés dedica más del 45 % de su salario neto al alquiler, mientras que en París o Londres el porcentaje ronda el 30 %.

Contrastes regionales y reajustes en curso

El mapa del alquiler no es uniforme. Algunas zonas comienzan a registrar caídas pronunciadas. En Madrid, los barrios de Adelfas (-23,6%), Almenara (-19,6%) y Chopera (-19,6%) muestran un freno en la escalada de precios. En Barcelona, El Camp de l’Arpa del Clot (-22,2%) y Les Corts (-21,0%) siguen la misma tendencia.

Valencia, en cambio, mantiene una estabilidad excepcional, con una variación máxima del -7,7% en el barrio de L’Olivereta. La ciudad se ha convertido en una alternativa viable frente a la presión inmobiliaria del eje Madrid-Barcelona, mientras que Londres o Berlín muestran correcciones mucho más leves, de entre el 0% y el -6%.

Una brecha que amenaza la sostenibilidad urbana

La vivienda en España se ha convertido en el principal factor de desigualdad entre generaciones y territorios. Con precios que superan los de las grandes capitales europeas y salarios que permanecen estancados, las grandes urbes se enfrentan a una expulsión progresiva de las clases medias.

El auge del alquiler turístico, la escasez de vivienda pública y la falta de medidas estructurales han transformado la vivienda en un bien de lujo. El 45% de los inquilinos urbanos ya destina más de la mitad de su sueldo al alquiler, una cifra que la OCDE considera insostenible para el equilibrio económico de los hogares.

El desequilibrio entre ingresos y precios no solo afecta a la calidad de vida, sino también a la competitividad económica de las ciudades.

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La vivienda se ha convertido, una vez más, en uno de los temas más urgentes del debate público en España. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, este asunto ya ha escalado al primer puesto en la lista de preocupaciones ciudadanas. Y lo ha hecho con fuerza: en apenas seis meses, la inquietud por el acceso a una vivienda ha pasado del 22,3% al 28,8%.

Por ello, el Gobierno ha decidido endurecer su postura frente a las viviendas vacías con un nuevo paquete fiscal que propone aumentar los impuestos para los propietarios que no alquilan sus inmuebles.

Sin embargo, esta medida —aunque con intenciones claras— podría no tener el impacto esperado en las zonas donde más se necesita aliviar la presión inmobiliaria.

Qué implica el nuevo impuesto a las viviendas vacías

La propuesta presentada por el Ministerio de Vivienda contempla una modificación del IRPF para penalizar progresivamente la acumulación de viviendas vacías. A día de hoy, estos inmuebles ya generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no se ha actualizado en más de diez años.

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Con el nuevo esquema, se mantendría ese 1,1% para propiedades cuyo valor catastral no supere los 100.000 euros. A partir de esa cifra, el porcentaje se incrementaría gradualmente: 1,5% hasta 500.000 euros, 2% hasta el millón y 3% para quienes acumulen propiedades vacías por más de un millón. El objetivo es claro: penalizar a quienes mantienen desocupadas varias viviendas, incentivando su entrada en el mercado del alquiler.

Una medida con efecto limitado en las grandes ciudades

Pese a la contundencia de la propuesta, el impacto real de esta política puede ser más simbólico que efectivo en las zonas más tensionadas. El motivo es sencillo: en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, apenas hay viviendas vacías.

Según los datos del Ministerio de Vivienda, en los municipios con más de 100.000 habitantes en Madrid, solo un 5,6% de los inmuebles están deshabitados. En las ciudades grandes de Catalunya, el porcentaje apenas llega al 8,4%.

Donde sí se concentra un mayor número de viviendas vacías es en los municipios intermedios o pequeños. En localidades de menos de 1.000 habitantes, los porcentajes superan el 25%, pero estos territorios no suelen estar en el foco de la emergencia habitacional.

Por tanto, aunque la política podría ser efectiva en algunas regiones, difícilmente aliviará la escasez de vivienda en los núcleos urbanos más problemáticos.

El incentivo económico, cuestionado

Expertos del sector inmobiliario y representantes de organizaciones sociales han manifestado sus dudas respecto a la efectividad real del aumento fiscal propuesto. Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana, ha advertido de que el impacto monetario es demasiado reducido para generar un cambio de comportamiento en los propietarios. El problema, según señala, está en el valor catastral, que suele ser significativamente inferior al valor de mercado o de tasación.

Esto implica que, aunque suba el porcentaje de renta imputada, el aumento real en la declaración de la renta no será lo suficientemente significativo como para empujar a los propietarios a alquilar sus viviendas vacías. Así, el resultado puede ser más un gesto político que una herramienta efectiva para dinamizar el mercado.

¿Qué otras medidas incluye el paquete fiscal?

La proposición de ley presentada también contempla otras reformas importantes. Entre ellas, destaca la eliminación de la exención de IVA para los pisos turísticos, que pasarán a estar gravados con un 21%. Además, se incluye un impuesto adicional para las compras de vivienda realizadas por extracomunitarios no residentes, y se revisa el régimen fiscal de las Socimis.

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El paquete también incluye incentivos fiscales para aquellos propietarios que decidan poner su vivienda en alquiler a precios reducidos. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por varios socios parlamentarios del Gobierno, que consideran que se trata de una estrategia demasiado condescendiente con los rentistas.

Escenario político complicado

La aprobación de esta propuesta fiscal no será sencilla. El Gobierno, consciente de su minoría parlamentaria, ha optado por registrar la iniciativa como proposición de ley a través del Grupo Parlamentario Socialista, lo que permite una tramitación más ágil. No obstante, aún no se han asegurado los apoyos necesarios, y ya han surgido críticas desde algunos de sus socios habituales.

Partidos como Sumar y Podemos han mostrado reticencias. Mientras los primeros insisten en que se deben negociar punto por punto, los segundos consideran que la propuesta beneficia a los propietarios en un momento de fuerte malestar social. También ERC y EH Bildu plantean reformas más ambiciosas, con una orientación clara hacia la penalización de la acumulación especulativa de vivienda y menos margen para las bonificaciones.

El precedente de otras votaciones recientes —como la fallida reforma de la Ley del Suelo— pone de relieve lo complicado que puede resultar construir una mayoría parlamentaria para aprobar un tema tan sensible como la fiscalidad de la vivienda.

Más allá de la efectividad de la medida, lo que está claro es que el Gobierno busca responder a una creciente preocupación social. Sin embargo, para que el llamado “quinto pilar del Estado del bienestar” llegue a consolidarse, ¿es necesario un enfoque más integral que combine fiscalidad, inversión pública en vivienda social y regulación del mercado de alquiler? La respuesta es evidente: sí.

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España vive un 2025 convulso en lo que a manifestaciones se refiere. Todas las ciudades, independientemente del color de su gobierno, se llenan cada ciertos fines de semana de miles de personas que claman por una solución real y urgente al problema de la vivienda.

La creciente imposibilidad de acceder a un alquiler asequible o de comprar una vivienda digna está afectando especialmente a los jóvenes y a las familias con ingresos bajos y medios. Las protestas, por tanto, no son un hecho aislado, sino el reflejo de un malestar acumulado que ha explotado en forma de manifestaciones masivas.

El foco de estas movilizaciones ha estado centrado en la denuncia de los precios abusivos, el papel de los fondos buitre y la escasa eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno.

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Sin embargo, la solución al problema de la vivienda en España es muy complicada, tanto por los condicionantes económicos actuales como por la falta de una estrategia de largo plazo que aborde las raíces del problema. De hecho, ¿la tiene el propio Gobierno?

Rechazo a los fondos buitre y peticiones de inversión pública

Entre las principales demandas de las plataformas ciudadanas y colectivos organizadores se encuentra el fin del protagonismo de los fondos buitre en el mercado inmobiliario. Estos fondos, que adquieren grandes lotes de vivienda para luego alquilar a precios desorbitados, son vistos como una amenaza directa al derecho a una vivienda digna.

Muchos manifestantes exigen una mayor intervención del estado para regular estos movimientos y devolver la vivienda a una lógica de uso, no de especulación.

Además, se reclama más inversión pública en vivienda social. La construcción de nuevas promociones con alquileres accesibles y la rehabilitación de inmuebles vacíos son propuestas que han ganado fuerza en las calles.

Pero también ha quedado patente el escepticismo hacia un Gobierno que, según los manifestantes, prioriza los gestos y anuncios por encima de acciones reales y sostenidas en el tiempo. La construcción de viviendas desde que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz gobiernan en coalición con sus respectivos partidos, brilla por su ausencia.

El Gobierno que se manifiesta cuando él es parte del problema

Las reacciones del ejecutivo -que es parte del problema pero sorpresivamente también se manifiesta detrás de las pancartas- se han limitado hasta ahora a reforzar ciertas ayudas y presentar medidas como la Ley de Vivienda, que busca limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas.

Pero estas medidas, aunque bien recibidas por algunos sectores, son vistas como insuficientes ante la magnitud del problema. Los precios siguen disparados en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza o Valencia, y los desalojos continúan siendo una realidad diaria.

Las manifestaciones en España por el problema de la vivienda reflejan una percepción generalizada: que el Gobierno está llegando tarde y mal. La falta de coordinación con las comunidades autónomas, los recortes en los presupuestos dedicados a vivienda y la escasa vigilancia sobre los grandes tenedores generan desconfianza en que las soluciones lleguen a tiempo.

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El Banco de España, de hecho, estima que nuestro país tiene un déficit de más de 625.000 viviendas, mientras que un estudio de la plataforma España Mejor cifra la brecha en 700.000 unidades.

A pesar de los anuncios triunfalistas del gobierno, las cifras oficiales revelan que, a finales de 2024, solo se habían entregado alrededor de 10.200 viviendas, lo que representa apenas un 5% del compromiso adquirido hace más de año y medio.

Subida de tipos, salarios estancados y alquileres imposibles

En el escenario actual, la solución se presenta compleja. La subida de los tipos de interés ha encarecido las hipotecasy ha empujado a más gente hacia el alquiler, elevando la demanda en un mercado ya saturado. Mientras tanto, los salarios se mantienen estancados y el coste de vida sigue creciendo. Esto genera un efecto embudo que ahoga a miles de personas.

Estas manifestaciones no solo denuncian la situación actual, sino que advierten de un futuro inmediato cada vez más precario si no se toman medidas estructurales. Las nuevas generaciones viven con la sensación de que nunca podrán emanciparse, y la frustración se traduce en protestas, pero también en un malestar social que se extiende como una mancha de aceite.

Los efectos de la turistificación y la gentrificación

Otro de los factores que complica la situación es el auge del alquiler vacacional y la turistificación de los centros urbanos. Muchos propietarios prefieren alquilar por días o semanas a turistas que a largo plazo a residentes, porque los beneficios son mayores. Esto reduce la oferta de vivienda habitual y dispara los precios.

A su vez, la gentrificación expulsa a los vecinos de siempre, transformando barrios enteros en zonas inaccesibles para la población local.

Falta una estrategia nacional ambiciosa

Más allá de las medidas puntuales, la gran carencia del sistema de vivienda en España es la ausencia de un plan a largo plazo. Faltan acuerdos políticos estables, inversión continuada y una apuesta decidida por la construcción de parque público permanente, no sujeto a vaivenes económicos o electorales.

Las manifestaciones también son un clamor por una vivienda que no dependa del mercado privado en exclusiva. En países como Austria o Países Bajos, buena parte de las viviendas en alquiler están gestionadas por entidades públicas o sin ánimo de lucro. Ese modelo está lejos de la realidad española, donde el parque de vivienda social es uno de los más reducidos de Europa.

La falta de resultados palpables alimenta la idea de que todo se queda en declaraciones. La gente se cansa de promesas vacías, especialmente cuando ve que sus condiciones no mejoran. Los intentos de controlar los precios, sin una oferta suficiente de viviendas asequibles, se convierten en parches que no abordan el fondo del problema.

Imagen: Pixabay| Instagram

Decir que el mercado de alquiler en España no pasa por un buen momento sería una obviedad, por lo que quizá deberíamos optar por afirmar que las perspectivas son... peores de lo esperado.

Ante esto, la implementación de nuevas regulaciones que buscan proteger a los inquilinos (y, a menudo, se olvidan de los propietarios), puede estar desincentivando todavía más la escasa oferta de vivienda en alquiler. Una situación que ha hecho empeorar la crisis habitacional del país.

Limitar el alquiler vacacional

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023, se ha observado una reducción significativa de alquileres y un aumento en los precios.

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Según el portal Idealista, la oferta de alquiler permanente ha caído un 15 % solo en el último año, mientras que los alquileres temporales han aumentado casi un 56 %, y ya representan el 11 % de la cuota de mercado.

En pocas palabras, la oferta cae a mínimos y los precios siguen subiendo.

La tesitura, nada halagüeña, todavía puede encontrar algún varapalo extra, tras el anuncio de Sumar para regularizar los alquileres y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de perseguir el uso fraudulento de contratos temporales que esquivan las regulaciones.

La iniciativa trataría de limitar la duración de los contratos de alquiler temporal a seis meses y obligar al arrendador a especificar la causa de dicha temporalidad, buscando priorizar los contratos de alquiler permanente y dar mayor seguridad a los inquilinos.

Las principales propuestas de la medida, que, por ahora, no ha prosperado debido al cambio de perspectiva de Junts, son que los contratos de alquiler sean, por defecto, de duración indefinida, como ocurre con un contrato de trabajo, incrementar el IVA a los alquileres turísticos (hasta el 21 %), con el objetivo de desincentivar este tipo de alquiler y liberar más viviendas para uso residencial, y establecer mecanismos de control de precios en zonas tensionadas, donde la demanda supere significativamente a la oferta, con el fin de evitar la especulación.

Las propuestas han generado un profundo debate. ¿Se está tratando de proteger a los inquilinos desoyendo a los propietarios? ¿Podría incluso tener efectos negativos en la oferta de viviendas disponibles para alquiler?

Combatir...  ¿la especulación?

Si nos fijamos en el panorama de la ciudad condal, todo indica que puede combatir la especulación, pero también acabar con la poca oferta disponible. El Ayuntamiento de Barcelona, que ha implementado políticas para frenar los precios del mercado inmobiliario, no parece haber obtenido (por ahora, al menos) el resultado esperado.

El alcalde Jaume Collboni ha anunciado la suspensión progresiva de licencias para pisos turísticos hasta 2028, con el objetivo de devolver 10.000 viviendas al mercado residencial. Además, se ha propuesto equiparar los precios de los alquileres de temporada con los de alquiler habitual para evitar que los propietarios eludan las regulaciones existentes.

Inquilinos y propietarios

En los últimos meses, el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos e Inquilinas) han convocado manifestaciones para exigir que la vivienda deje de ser un negocio especulativo. Durante el 2024, se realizaron movilizaciones para tratar de rebajar los alquileres y dar mayor seguridad a los inquilinos, y se han programado nuevas marchas para el próximo 5 de abril bajo el lema: "Abaixem els lloguers, acabem amb el negoci de l'habitatge" (Bajemos los alquileres, acabemos con el negocio de la vivienda).

Y es que alquilar es una actividad de riesgo.
El propietario pone gran parte de sus ahorros en un piso para que lo use un desconocido.
¿Quien pretende que lo haga sin protegerse?
Y si no está protegido ante lo básico (los impagos) huirá del mercado. Cómo es normal.
+ pic.twitter.com/QgBSeCMafV

— El Gato Relato (@gatorelato) February 10, 2025

Acciones que reflejan el descontento social ante la escalada de precios y la falta de acceso a vivienda asequible. Hoy, en España, hay un 33 % menos de vivienda para alquiler permanente, un 75 % menos en Barcelona y entre un 46 % (Madrid) y un 31 % (Zaragoza) en muchas otras capitales de provincia.

A todo ello, se suma una subida del precio del alquiler del 11,8 % anual en enero y una media superior a los 13 euros por metro cuadrado. Una medida que va camino a duplicarse en Madrid y Cataluña (19,1 euros/m²) y sigue creciendo en Baleares (17,9 euros/m²). Por descontado, esta media queda muy por debajo de los precios que puedes encontrar en el interior del área metropolitana.

Sin vivienda pública

Mientras se implementan medidas para controlar los precios y condiciones del alquiler, se observa una carencia de políticas que protejan y fomenten la participación de los propietarios en el mercado de alquiler.

Una desprotección que ha llevado a que muchos propietarios opten por mantener sus viviendas vacías debido al temor a la ocupación ilegal y a la percepción de una legislación que no les ofrece garantías suficientes. Según las últimas estimaciones, se estima que un 9,3 % de los pisos están vacíos en Barcelona.

Hay más. Según datos del INE que recogía El País: 75.500 de un total de casi 809.000 están vacías en Bareclona. Un 2 % tiene un uso muy bajo, un 6,9 % esporádico y el 83,9 % es de uso habitual." En Málaga, se calculan otras 150.000 viviendas vacías; más de 200.000 en Alicante, 187.000 en la Comunidad de Madrid y 163.000 en A Coruña, entre otras regiones, apunta El Español de los censos.

Además, la escasez de vivienda pública agrava la situación. La falta de una oferta obliga a una mayor competencia en el mercado privado, elevando los precios y dificultando el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población.

El centro de análisis (think-tank) económico social Funcas defiende que es necesario un equilibrio en la regulación que proteja a los inquilinos sin desalentar a los propietarios, además de una inversión significativa en vivienda pública para aliviar la presión sobre el mercado privado.

Hoy por hoy, la crisis del alquiler en España se percibe como un problema complejo que requiere soluciones integrales. En este sentido, si bien es esencial proteger a los inquilinos de prácticas abusivas, también es crucial ofrecer garantías y beneficios a los propietarios para incentivar la oferta de viviendas en alquiler.

Una apuesta por la construcción y disponibilidad de vivienda pública, como ha propuesto el PSOE, podría llegar a equilibrar el mercado, pero los tiempos pesan. Por ahora, la presión sobre el sector privado es altísima, y este ha respondido cerrándose en banda. Y no podemos decir que no sea una maniobra previsible.

Foto: AFP

¿Es el problema habitacional algo circunscrito a nuestro país? ¿La juventud española es la única que no puede emanciparse y volar del nido? Lo cierto es que no: los precios de la vivienda han aumentado más de un 50 % en menos de una década. ¿En España? Sí. ¿En toda Europa? También.

Sin embargo, los incrementos en el precio de la vivienda se mantienen desiguales, con variaciones menores en Finlandia, Chipre o Italia, e incrementos de más del 100 % en Portugal, República Checa o Lituania. ¿La media europea? La vivienda se ha encarecido más de un 48 % entre 2015 y 2023. En España, casi lo cuadramos: 47,7 %.

El precio de vivir

La vivienda no está a precios asequibles en Europa. En España, tampoco. Los hogares de siete de las grandes ciudades españolas dedican más del 40 % de sus ingresos a la vivienda, con un esfuerzo hipotecario o de alquiler que ronda entre el 45 % y el 35 % en Palma, Barcelona, Pamplona, San Sebastián,Valencia, Málaga y Madrid.

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A nivel europeo, la cosa no está mejor. De media, el precio de la vivienda se ha duplicado en menos de una década, con explosiones en Hungría (un piso es un 173 % más caro), Lituania (114,2 %), República checa (111 %), Portugal (105,8 %) o Polonia (79,8 %).

Las economías europeas más fuertes, a excepción de los fineses (5,4 %) que han podido moderar estas subidas, han sufrido reveses similares: Francia (31,3 %), Alemania (48,8 %) o Países Bajos (83,3 %).

Estos solo son algunos datos, pero la lista completa muestra la misma tendencia preocupante. Toda la vivienda europea es hoy mucho más costosa que hace 10 años.

Impresionante gráfico de uno de los grandes problemas económicos y sociales en la UE (y en España): los precios de la vivienda han aumentado casi un 50% en nueve años.https://t.co/YhCGa2g5dn pic.twitter.com/3s78JgGTh7

— Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) November 10, 2024

Menos pisos, más caros

Según datos del Parlamento Europeo, las principales causas de los incrementos se relacionan con costes más altos de construcción y de hipotecas; a su vez, se han reducido el número de viviendas construidas (la oferta es más limitada) y hay un aumento de propiedades en manos de grandes tenedores.

De este modo, solo en España, los grandes tenedores acumulan más de 110.000 viviendas (un 5 % del mercado) entre firmas como CaixaBank, Blackstone y otros, y un 10 % de propietarios con más de 3 viviendas en propiedad, lo que se traduce en una notable presión en las grandes ciudades.

De igual modo, el alquiler en la Unión Europea ha aumentado, de media, más de un 18 % entre 2010 y 2022, en gran parte a causa de la retirada de propiedades para el alquiler de larga duración (a menudo, reconvertidas a propiedades vacacionales o de temporada).

Emanciparse, ¿sin ingresos?

Un gráfico, a menudo, se explica mejor con otro gráfco. En este caso, la edad media española en la que los (ya no tan) jóvenes dejan el hogar familiar, que ya ha alcanzado los 30,4 años, y se entiende mejor si se compara con los ingresos de la gente joven.

La tasa de paro juvenil en España es el doble que la media mundial. Con una tasa de desempleo juvenil del 28,1 % en las mujeres y el 13,1 % en hombres menores de 25 años. En España, de media, nos encontramos en el 26,6 %. Según estos datos, se advierte una importante desigualdad por regiones también, así como una afectación clara por la automatización de empleos y la inteligencia artificial.

Otro gráfico interesante en el enlace https://t.co/jA9VRPUsM8 pic.twitter.com/MaQybcCQc4

— Jon González (@Jongonzlz) November 10, 2024

Para los menores de 25 años, además, en Cataluña (una de las regiones con menos paro juvenil: 6 %), se calculan 16.333 euros anuales (brutos) para los hombres y 13.751 euros anuales (brutos) para las mujeres.

Con este cóctel encima de la mesa, no es extraño esa edad para la emancipación (30,4 años). Mal de muchos... ya se sabe, además, e Italia (30 años), Bulgaria (30 años), Grecia (30,6 años) y gran parte del sur de Europa mantiene una edad similar para volar del nido. Lo mismo ocurre en Irlanda (28 años).

El norte de Europa, en cambio, con especial incidencia en Suecia (21,8), Finlandia (21,4) o Alemania (23,9), entre otras regiones, se emancipa mucho más pronto.

Desde el Parlamento Europeo, en 2021 se aprobó una resolución pidiendo a los países de la UE reconocer la vivienda adecuada como un derecho humano fundamental. ¿El objetivo? Acceso igualitario a viviendas con conexión a agua potable, saneamiento adecuado y energía confiable.

En julio de 2024, Ursula von der Leyen, tras su reelección como presidenta de la Comisión Europea, destacó la vivienda como una prioridad, y  se nombró un comisario dedicado a este tema por primera vez.

¿Vienen cambios? Está por ver todavía.