Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, ha propuesto durante esta semana la modificación de la Ley General Tributaria (LGT) para prohibir la aprobación de nuevas amnistías fiscales, de su gobierno o de otros gobiernos.

Durante la comparecencia de la Comisión de Hacienda, Montoro señaló que el Gobierno del PP adoptó en 2012 un proceso de regularización extraordinaria para lograr recursos adicionales ante el elevado déficit público que dejó el anterior gobierno.

Nos podemos preguntar: ¿Montoro reconoce que salvo a los defraudadores y corruptos españoles? ¿Con qué se ha intentado justificar Montoro para realizar la amnistía fiscal? ¿Cuáles son los datos de la amnistía fiscal de Montoro?

Una amnistía fiscal casi regalada para los defraudadores

La amnistía fiscal no ha sido una medida novedosa del Gobierno del PP, ya que dentro de los 'Presupuesto Generales del Estado' de 1992 ya se estableció la prohibición de realizar amnistías fiscales, lo que en su momento impidió que el Gobierno de Mariano Rajoy realizara un proceso de perdón fiscal.

La amnistía fiscal del 2012 permitió a los contribuyentes regularizar su situación pagando solo un 10 por ciento, mucho menos que tendrían que haber pagado si lo hubieran realizado en la fecha que lo hicieron el resto de contribuyentes.

Pero el gravamen efectivo fue mucho menor que este 10 por ciento. En realidad, fue del 3 por ciento porque solo se aplicó sobre los rendimientos de los ejercicios que no habían prescrito, es decir, los 4 años anteriores.

Montoro no reconoce que salvó a los corruptos españoles

PSOE y Podemos ha exigido la dimisión de Montoro en el Congreso de los Diputados. Pero ha reconocido Montoro en los pasillos del Congreso de los Diputados que a la amnistía se acogieron socialistas que populares y ha rechazado que la regularización extraordinario se hiciera para salvar a los corruptos españoles.

Montoro ha señalado varias veces, que de las filas peperas, sólo hay un dirigente se han acogido a la amnistía fiscal, pero la realidad como han demostrado los tribunales es muy diferente con los procesos de corrupción existentes.

Montoro siempre se ha referido a Rodrigo Rato, el exministro de economía, cuyo nunca ha pronunciado, pero en realidad se ha dejado muchos de sus filas en el tintero. Rato fue durante mucho tiempo uno de los pesos pesados del Partido Popular se acogió a la amnistía fiscal y después presentó su declaración de bienes en el extranjero.

Esta declaración fue el origen de la investigación a Rato que está todavía en proceso donde se le acuso de blanqueo de capitales.

Montoro se intenta justificar con la crisis económica y el anterior gobierno

Durante el pleno del Congreso de los Diputados, el partido socialista ha impulsado la reprobación de ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Ciudadanos estudia si va apoyar el trámite que no tiene efectos prácticos.

Montoro ha asegurado que no va a dimitir y que su futuro, como todos los ministros de su Gobierno, está en manos del presidente Mariano Rajoy. Montoro ha comparecido a petición de la propia Comisión de Hacienda, donde ha recordado que la amnistía fiscal se adoptó en momento difícil para España y que estaba al borde del rescate.

Además, España estaba en una situación de muchas dificultades financieras, acumulaba un déficit público de gran tamaño y sufría una pérdida de recaudación sin precedentes, aunque esto sigue sin justificar porque se ha perdonado a tantos defraudadores.

Montoro, que ha rechazado de forma continua que el proceso de regularización de 2012 fuera una amnistía fiscal, puso en valor que el proceso permitió aflorar 40.000 millones de euros, una cantidad mucho inferior si se hubiera ido por la vía de inspecciones, y además la recaudación fue mucho inferior de la esperada.

Pero en realidad se ingresaron 1.200 millones de euros frente a los 2.500 millones de euros previstos.

Montoro ha señalado que el patrimonio declarado por los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal y presentaron después la declaración de bienes en el exterior ha aumentado casi el doble, ya que ha pasado de los 23.892 millones de euros en 2007 a los 46.025 millones de euros en 2015. Pero, en realidad, no se ve mucha relación en esto con realizar la amnistía fiscal.

Montoro, ha hecho un poco de publicidad para sus filas, anunciando que el Gobierno tiene la intención de aumentos los efectivos de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal, una medida que no se incluye en los presupuestos de este año si no para los presupuestos del año que viene.

La oposición arremete con fuerza contra Montoro

La oposición ha arremetido contra los argumentos y justificaciones que ha dado Montoro. Ignasi Candela, le ha dicho: “Usted es como el personaje de El Padrino, Tom Hagen; ha sido el blanqueador de los criminales”, ha proclamado con toda tranquilidad y “con todo el respeto”.

El comentario ha alterado tanto a los populares que ha llegado hasta el punto de que el presidente, el socialista Antonio Prada, le ha pedido que retirase la expresión del diario de sesiones; al negarse ha anunciado que lo haría él dentro de sus competencias.

Otros portavoces le han presionado. Alberto Garzón, de Unidos Podemos, le ha recordado que “sus pececitos resulta que son delincuentes”; además le ha comentado que “este tipo de políticas desvirtúan la propia Constitución, como le ha recordado el tribunal Constitucional. Su amnistía fue una zanahoria en lugar del palo a los defraudadores”.

El socialista Julián López, le ha hecho una pregunta concreta: “¿Usted ha tenido acceso a la lista de los que se han acogido a la amnistía fiscal?”. “¡Haga pública la lista!, y si hay que hacer una ley ya cuenta con 84 votos del grupo socialista”, le ha conminado tras realizarle una admonición: “Se va a marchar usted sin pedir disculpas a los españoles que pagan sus impuestos”.

Los datos de la amnistía fiscal de Montoro

Los resultados del proceso de amnistía fiscal se puede resumir en las siguientes cifras:

• Contribuyentes acogidos: la amnistía permitió alrededor de 31.500 evasores fiscales regularizar sus activos no declarados a la Agencia Tributaria.

• Cantidad regularizada: según datos de la Agencia Tributaria afloraron alrededor de 40.000 millones de euros.

• Carga nominal: se ofreció a los evasores fiscales tributar únicamente al 10 por ciento de lo que se tenía que declarar, una disminución substancial del tipo impositivo aplicable.

• Carga real: en realidad resulto más barato ya que en vez de tributar el 10 por ciento total del patrimonio aflorado, como se preveía en un inicio, se permitió a los evasores fiscales tributar al 10 por ciento de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía, del 2008 a 2010. Por eso se estima que se acabo tributando de media el 3 por ciento de la cantidad garantizada.

• Cantidad recaudada: se consiguió recauda alrededor de 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los 2.500 millones de euros que el Gobierno del PP había previsto ingresar.

• Cantidad no conseguida regularizar: se estima que alrededor de 2.800 millones de euros fueros perdonados por la amnistía, por permitir tributar de media un tipo de interés del 3 por ciento, en vez del 10 por ciento previsto.

• Inspecciones derivadas: la Agencia Tributaria, hasta el mes pasado, había abierto 3.545 inspecciones derivados de la amnistía de 2012, apenas una décima parte de los evasores fiscales.

En El Blog Salmón | La amnistía fiscal es inconstitucional pero la sentencia es un brindis al sol

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Durante el día de ayer el Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP durante el año 2012. La sentencia explica que no es el vehículo adecuado para aprobar una medida así un decreto ley para realizar un indulto fiscal.

Por otra parte la sentencia avala las declaraciones que hicieron alrededor de los 31.500 contribuyentes para regularizar el dinero que se evadió. La sentencia no va a tener efectos prácticos, pero supone un duro golpe al Gobierno del PP y en concreto al Montoro.

Nos podemos preguntar: ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional que le ha hecho tanto daño al Gobierno del PP? ¿Qué efectos tiene para los evasores fiscales? ¿Fue efectiva la amnistía fiscal?

La sentencia sin efectos pero un duro golpe a Montoro

La amnistía fiscal fue anunciada por Hacienda en primavera de 2012 y desde entonces ha habido polémica tras polémica. El último revés ha sido del Tribunal Constitucional, declarando nulo el decreto ley con que el Gobierno del PP lo aprobó.

El Tribunal Constitucional explica en su sentencia que no es la manera regular la amnistía fiscal ya que afectan a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, de igualdad y progresividad.

Además añade que la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo para la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Gobierno del PP ante sus obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento del los gastos públicos.

El origen de la decisión ha sido un recurso presentado por el PSOE. Aunque la sentencia no tiene efectos prácticos porque está avalando las declaraciones para que los evasores fiscales pusieron en orden su situación fiscal.

La sentencia profundiza que la amnistía legitima la conducta insolidaridad a través del incumplimiento del deber de tributar de acuerdo con la capacidad económica. Por tanto, a este tipo de contribuyentes se les pone a una situación favorable que aquellos contribuyentes cumplieron de forma voluntaria y en plazo su obligación de contribuir.

La amnistía se crea en el peor momento de la crisis

El Tribunal constitucional dice que la amnistía legitima el fraude fiscal. La 'Declaración Tributaria Especial ' (DTE), fue creada por el Gobierno del PP para hacer aflorar, en los peores momentos de la crisis en España, el dinero que algunos contribuyentes habían ocultado a Hacienda.

Había una situación crítica donde la recaudación de Hacienda se desplomaba, el déficit público estaba descontrolado y España sufría los ataques continuos de los mercados disparándose la primera de riesgo con máximos históricos, lo que desencadenó graves problemas.

En este momento Hacienda abrió la puerta a la regularización. Los evasores fiscales solo tuvieron que pagar el 10 por ciento de las cantidades que supuestamente habían defraudado para quedar impunes. Aún así, la medida no fue suficiente atractiva para algunos el Gobierno del PP tuvo que suavizar aún más las condiciones.

El Gobierno del PP permitió regularizar pagando solo por los rendimientos no prescritos, los últimos 4 años. Esto consiguió que los evasores fiscales solo tuvieran que pagar el 3 por ciento de las cantidades que no habían declarado y sin necesidad de pagar intereses por demora, ni recargos adicionales por no haber liquidado cuando les correspondía.

Para más inri, el Gobierno del PP les ofreció la seguridad de blindar, a los evasores fiscales, posibles investigaciones penales por regularizar el dinero que se les había ocultado a la Agencia Tributaria.

Los datos de la amnistía fiscal de Montoro

Los resultados del proceso de amnistía fiscal se puede resumir en las siguientes cifras:

• Contribuyentes acogidos: la amnistía permitió alrededor de 31.500 evasores fiscales regularizar sus activos no declarados a la Agencia Tributaria.

• Cantidad regularizada: según datos de la Agencia Tributaria afloraron alrededor de 40.000 millones de euros.

• Carga nominal: se ofreció a los evasores fiscales tributar únicamente al 10 por ciento de lo que se tenía que declarar, una disminución substancial del tipo impositivo aplicable.

• Carga real: en realidad resulto más barato ya que en vez de tributar el 10 por ciento total del patrimonio aflorado, como se preveía en un inicio, se permitió a los evasores fiscales tributar al 10 por ciento de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía, del 2008 a 2010. Por eso se estima que se acabo tributando de media el 3 por ciento de la cantidad garantizada.

• Cantidad recaudada: se consiguió recauda alrededor de 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los 2.500 millones de euros que el Gobierno del PP había previsto ingresar.

• Cantidad no conseguida regularizar: se estima que alrededor de 2.800 millones de euros fueros perdonados por la amnistía, por permitir tributar de media un tipo de interés del 3 por ciento, en vez del 10 por ciento previsto.

• Inspecciones derivadas: la Agencia Tributaria, hasta el mes pasado, había abierto 3.545 inspecciones derivados de la amnistía de 2012, apenas una décima parte de los evasores fiscales.

Algunos de los evasores fiscales más conocidos

Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno y exministro de Economía y Hacienda, presentó la amnistía fiscal el última de plazo y pago a la Agencia Tributaria 11.533 euros, un 3,35 por ciento de los 344.213 euros que afloró.

Oleguer Pujol, el hijo menor de los Pujol, regularizó 3 millones de euros a través de la amnistía fiscal. Su hermano Josep Pujol afloró 2 millones de euros más.

José Ángel Fernández Villa, sindicalista de URGT, regularizó 1,4 millones de euros a través fiscal. Fue conocido como ser el secretario general del 'Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias' durante más de 30 años y tuvo un papel clave en las movilizaciones mineras de los 80.

Luis Barcenas, extesorero del PP, afloró 10,9 millones de euros procedentes de una empresa en Uruguy. Hacienda se le denegó la amnistía fiscal por presentar datos que consideraban no veraces.

Diego Torres, conocido por ser el antiguo socio de Iñaki Urdangarín, se acogió a la amnistía fiscal y regularizó su situación por 160.000 euros de una cuenta que tenía en Luxemburgo.

En El Blog Salmón | La amnistía fiscal fue un escándalo, pero, ¿es legal, como dice el pacto Cs PP, recuperar más dinero?

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El PP y Ciudadanos ratificaron el pasado fin de semana un acuerdo de investidura de 150 medidas con las que intentarán que Mariano Rajoy repita como presidente del gobierno. Aunque todas ellas bien dan para un arduo debate económico, ha habido una que ha desatado todo tipo de comentarios y posturas, tanto a favor como en contra.

Se trata de la llamada ‘medida estrella’ que ha salido de la negociación entre ambos partidos políticos: recuperar los 2.800 millones de euros que se “perdonó” a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que el gobierno aplicó en marzo de 2012 para intentar aflorar los bienes que determinados contribuyentes tenían en el extranjero.

En principio se acordó aplicar a esos bienes una carga fiscal del 10%, sin embargo, posteriormente se modificó la mayor, y ese 10% solo sería aplicable a los ejercicios no prescritos en ese momento, los cuatro anteriores. De este modo, apenas se pudieron recaudar 1.190 millones de los más de 40.000 millones aflorados, una nimiedad absoluta. Esa cifra supone que los defraudadores pagaron una media de un 3% por sacar a la luz los bienes ocultos fuera de nuestras fronteras.

El escándalo en la opinión pública fue mayúsculo, y Ciudadanos recogió ese guante desde el principio para pedir que se obligase a estos contribuyentes a pagar lo que realmente debían. Por ello, nada más entrar en contacto con el PP para negociar su sí a la investidura de Rajoy, puso sobre la mesa esta condición, la cual ha acabado plasmada en dicho documento.

Pero, ¿es esto realmente posible? ¿se trata de un brindis al sol de cara a la galería o realmente se llevará a cabo? Preguntas que se hacen la mayoría de los españoles y que no tienen una respuesta absoluta, aunque todo invita a pensar que se trata más bien de un gesto de cara a la galería.

¿Juridicamente imposible?

Recuperar ese dinero que se perdonó en su día no es tarea fácil por multitud de motivos, pero sobre todo por uno: la seguridad jurídica. En 2012 los contribuyentes que estaban en esta situación aceptaron regularizar sus bienes porque se les aseguró que no tenían que pagar por los prescritos -anteriores a 2008-. Si no hubiera sido así, muchos ni habrían ajustado cuentas con el fisco, sostienen los asesores fiscales que llevaron a cabo dichas regularizaciones para sus clientes.

Es decir, los acogidos a la amnistía fiscal lo hicieron así porque se les dio una seguridad y unas condiciones, las cuales el pacto PP-Ciudadanos pretende cambiar cuatro años después, algo que va contra la propia Constitución. Y es que la amnistía fiscal no se reguló por ley, sino por orden ministerial, lo que supone que hay leyes por encima, como el Código Penal y, por supuesto, la Carta Magna.

Por lo tanto, si finalmente hay gobierno y éste empieza a reclamar que se pague por los años no prescritos, los representantes legales de los defraudadores tienen una estrategia clara: apelar al artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la aribitrariedad de los poderes públicos.

Es decir, las personas que acudieron a la amnistía fiscal lo hicieron con unas condiciones, algo que no puede cambiarse a posteriori según se mueva el aire. Porque lo contrario hablaría muy mal de España a nivel jurídico. Si de por sí el nivel de la Justicia en nuestro país ya es ampliamente criticado, una decisión de este calibre puede sentar precedente y ahuyentar al capital extranjero, ese que nuestros políticos mueren por atraer con ventajas fiscales y legales.

Si las grandes fortunas dispuestas a invertir en España ven cómo una amnistía de este tipo cambia sus condiciones unos años después, no se arriesgarán a que les ocurra lo mismo. Y esto se puede extender a multitud de ámbitos, pues igualmente puede pasar con pequeños empresarios, emprendedores, autónomos, etc.

Una amnistía hecha a medida

El problema de todo esto radica en los orígenes de la propia amnistía fiscal, que para muchos fue una verdadera tomadura de pelo y sirvió para que defraudadores con bienes ingentes ocultos los sacaran a la luz a un precio de saldo. Y es que el gobierno se cuidó mucho de que esta amnistía fuera lo menos lesiva para esas fortunas escondidas fuera de nuestras fronteras.

Bien sea porque algunos de los que se acogieron eran del propio PP o afines o porque realmente pensaran que con estas ventajosas condiciones se iba a recaudar mucho más, lo cierto es que la amnistía fue considerada un insulto para los contribuyentes de a pie que pagan más de un 20% de IRPF e IVA a diario.

Aunque rectificar es de sabios, en este caso es tarde. Sí, la amnistía no se realizó correctamente, pero ahora es muy difícil dar marcha atrás. Los abogados de los acogidos a la amnistía pleitearán hasta donde sea necesario para salvaguardar los intereses de sus clientes. Y en este caso, es casi seguro que saldrán ganando. Lo que se da, no se quita.

En estas últimas semanas, a raíz del escándalo de los denominados "Papeles de Panamá", el tema de los paraísos fiscales ha vuelto a ser un tema de plena actualidad, y ha copado las portadas de casi todos los periódicos a lo largo y ancho del planeta. Pero lo cierto es que estos refugios para evadir impuestos nunca han dejado de estar en el panorama informativo de los países desarrollados.

De esta manera, las preguntas que proceden, más que centrarse en un caso concreto como el de Panamá, deberían ser con algo más de perspectiva: ¿Por qué existen los paraísos fiscales? ¿Cómo sería un mundo sin ellos? Y lo que es más importante: ¿Es posible erradicarlos de la faz de la Tierra? Son algunas de las preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta en el siguiente artículo.

Contexto histórico

Por ponernos un poco en contexto histórico, y porque para entender el presente hay que saber de dónde venimos, a pesar de que a algunos les parecerá que los paraísos fiscales son un invento que ha venido de la mano del capitalismo en el siglo XX, no hay nada más lejos de la realidad. Los paraísos fiscales existen desde los albores de la democracia, o más bien, desde la época en la que se concibieron los principios democráticos y culturales sobre los que se han cimentado nuestros sistemas. Una versión de hace más de mil años del habitual “Hecha la ley (o más bien, la fiscalidad), hecha la trampa”.

Lo cierto es que, ya en la época de los romanos, era habitual que los ciudadanos más pudientes tuviesen cada uno su pequeño paraíso fiscal bajo tierra. Sí, efectivamente, enterraban dinero y objetos de valor para eludir al fisco, que gravaba las posesiones y bienes, valiéndose de recaudadores de impuestos para escudriñar las viviendas de los ciudadanos a la caza de lo no declarado, y asegurarse que nadie escapaba a aquella versión primigenia del versátil diezmo. Como no podía ser de otra forma, la propia palabra “diezmo” es una voz latina que proviene de la palabra del latín “decimus”, y que en principio gravaba por importe del 10% aquellas ganancias provenientes de la producción o del comercio. A lo largo de la historia han ido surgiendo figuras de evasión de impuestos cada vez más sofisticadas, con especial desarrollo en los últimos siglos y décadas.

Ven ustedes pues cómo los paraísos fiscales tienen profundas raíces asentadas en lo más iniciático del culto a la democracia. Parecen estar más relacionados con la naturaleza humana por la que a algunos ciudadanos les gusta que se legisle por el bien común, pero fiscalizando sobre las propiedades y las pertenencias ajenas, mientras se ponen las propias a salvo de los inspectores.

Isla de Nauru: ejemplo tipo de paraíso fiscal en la actualidad

Pero la versión más moderna de lo conocido hoy en día como paraíso fiscal, es decir, lo que puede llegar a ser un pedazo de terruño con cuatro palmeras e infinidad de sociedades fantasma tributando a tipos ultra reducidos, ha llegado a su máximo esplendor en nuestros días. Por ponerles un ejemplo, uno de esos paraísos fiscales típicos es la Isla de Nauru, que con una superficie de tan sólo 21 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes, es el tercer estado soberano más pequeño del mundo.

Este atolón de la micronesia, cuando los yacimientos de fosfato que sustentaban su economía local empezaron a languidecer, decidió en los noventa reinventar su “modelo de negocio nacional” como paraíso fiscal, y sólo en 1998 ya se transfirieron a la isla 70.000 millones de dólares de la época procedentes de bancos rusos. Únicamente los fondos transferidos en ese año ascendieron casi 7 millones de dólares (de 1998) por habitante, lo que equivale a casi 10 millones de dólares actualizados de 2015. Pueden leer más detalles en esta noticia de aquellos años. En esta isla, el secreto bancario está legislado de forma incluso más estricta que en Suiza o en las Islas Caimán, siendo calificado abiertamente de asunto de estado.

¿Por qué me detengo con ustedes a resumir estos datos sobre un paraíso fiscal que, aparentemente, tan sólo es uno más de tantos? Pues porque, sin ser mi intención justificar su “modelo de negocio nacional”, Nauru escenifica la transición de un país que se queda sin recursos y que, antes que despoblarse o caer en la miseria, opta por querer ver la única salida para su economía en competir fiscalmente con otras economías para, aportando además leyes laxas y protección legal, atraer un capital muchas veces de dudosa procedencia.

Resulta obvio que lo que le ocurrió a Nauru, que un cambio tecnológico o de otra naturaleza amenace seriamente a su economía, es algo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia a muchas otras naciones, y seguirá ocurriendo. Ha de decirse también que éste es un “modelo de negocio” (por llamarlo de alguna manera), que sólo resulta sostenible para economías minúsculas, que además, son fácilmente manejables e influenciables, permitiendo confeccionar un traje legal y fiscal a medida de los interesados. Y no hace falta nombrar que, algunos en su lucha por la supervivencia, y otros a los que no les hace falta ni siquiera verse al límite, siempre va a haber determinados colectivos que acaben optando por vías poco ortodoxas para atraer capital hacia sus entramados. Es la diversidad de la naturaleza humana la que hace que haya países para todo. Y si no los hay, se crean, ¡Será por dinero!

El porqué de su existencia

De todas formas, hay algo que sí que llama poderosamente la atención, y es lo poco que se hace internacionalmente para atajar la proliferación de este tipo de países. Cuando se trata de otros motivos, hemos podido ver cómo ha habido países a los que se les han aplicado embargos severos, pero rara vez ocurre esto en el caso de los paraísos fiscales, salvo cuando salta la liebre y el escándalo copa las portadas de los diarios de todo el mundo (y a veces ni aun así). Si se preguntan por qué esto es así, simplemente les diré que entre los conspiranoicos suele cambiar la pregunta de un simple ”¿Por qué?” a un perspicaz “¿A quién beneficia que existan los paraísos fiscales?”.

Por citar algún aspecto positivo, algunos analistas destacan que la existencia de paraísos fiscales fomenta la competitividad fiscal en las economías desarrolladas, evitando que los estados profundicen en su habitual deriva de subir impuestos para tener más recursos de gestionar de una manera u otra. Estaría encantado de contemplar algo así, la competitividad es algo siempre bueno para cualquier agente económico, pues impulsa a mejorar, y evita que los agentes establecidos se acomoden y acuerden repartirse el pastel.

El problema es que yo todavía no he conocido ningún país desarrollado que haya decidido rebajar sus impuestos de forma generalizada para competir con los paraísos fiscales y evitar que el dinero se escape. Más bien he conocido el caso contrario, en el que se dan exenciones fiscales a los que repatrien el dinero y así eludir doblemente al fisco: una vez cuando se fueron, y otra vez al volver. Porque si pueden volver, suelen volver. No acaba siendo demasiado práctico tener un dineral en Panamá y una vida en Europa, con lo que, de esta forma, una vez repatriado, sus dueños podrán disfrutarlo plenamente con las comodidades y posibilidades para gastarlo o invertirlo que da nuestra sociedad y nuestras ciudades.

En cualquier caso, asuman que la economía del lado oscuro también vive en un sistema capitalista, y allí donde hay una necesidad, sea de la naturaleza que sea, siempre va a venir alguien a satisfacerla por un módico precio. Es una perversión de la ley de la oferta y la demanda que justifica para algunos el hacer negocio a cualquier precio. Llegados a este punto de comprensión de las causas por las que existen los paraísos fiscales, y siendo además conscientes de que es más que difícil erradicarlos (sobre todo si no interesa), aunque sea bajo el prisma de la idealización, podemos formularnos ya la pregunta del título de este artículo: ¿Cómo sería un mundo sin paraísos fiscales?

Un mundo sin paraísos fiscales

La consecuencia más inmediata y obvia sería que todo el dinero actualmente depositado en los también denominados “Tax Havens”, debería aflorar y revertir sobre el resto de las economías. En esta noticia pueden leer cómo la organización no gubernamental Oxfam cifró esta cantidad a nivel mundial en 14 billones de Euros. El impacto sería especialmente relevante en el caso europeo, puesto que dos tercios de dicha cantidad están en paraísos fiscales vinculados a Europa. Repatriar todo este dinero sin duda supondría una inyección importante para las economías europeas, independientemente de si se procede a fiscalizar el retorno o no. Eso sí, sería una asignatura pendiente para Europa demostrar que es capaz de canalizar dicho “bazooka” de flujos monetarios hacia sectores que reviertan en la economía y en el tejido productivo, para que la vuelta a casa no quede en una mera flor de un día.

Pero debemos ir un poco más allá en nuestro análisis y tener en cuenta, no sólo las consecuencias más inmediatas, sino también qué ocurriría en el medio plazo. El dinero del lado oscuro ya no tendría donde emigrar, y tengan presente que este dinero opaco no se va a quedar de billetes cruzados y resignarse a salir a la luz y tributar como todo ciudadano; para empezar porque no puede aflorar tan fácilmente al provenir en demasiados casos de actividades ilícitas. El escenario más probable es que ese poder de influencia que ejercen por un módico precio sobre, por ejemplo, la Isla de Nauru, pasasen a ejercerlo sobre los políticos de su propio país, seguramente por un precio mayor. Con ello, tal vez se produjese el efecto contrario al deseado, y las cloacas de las economías desarrolladas, en vez de evacuar sus desperdicios rio abajo en un paraíso fiscal, no tendrían más alternativa que hacerlo delante de nuestra propia casa.

Algunos de ustedes estarán pensando que, si bien hay un dinero opaco proveniente de actividades ilícitas que no va a aflorar nunca, erradicando los paraísos fiscales es cierto que el dinero que es lícito, pero que simplemente busca evadir impuestos, no encontraría dónde ir y tendría que acabar tributando como el común de los mortales. Pero tengan en cuenta lo que ya hablábamos antes, estamos diciendo que “Tax Free S.A.” es una sociedad que busca siempre ampliar el negocio y diversificar sus ingresos, con lo que una vez ya desarrollados los mecanismos para saltarse al fisco en favor del dinero ilícito, resultaría muy fácil acabar utilizando los mismos vericuetos legales y no tan legales para, no ya blanquear dinero manchado, sino para que dinero corriente no tributase, o lo hiciese a tipos ínfimos.

Háganse la idea de que entonces la eufemísticamente denominada “ingeniería financiera” entraría en una nueva dimensión dentro de nuestras propias sociedades y economías. La cuestión de si éste es un precio justo a pagar, a cambio de obligar a permanecer a los actores de esta economía paralela en la permanente clandestinidad, es algo que ya les dejo que se contesten ustedes mismos. No obstante tengan en cuenta que seguramente a la mayoría de los afectados poco les importará, y que, una vez hecha la cloaca, a la compañía de aguas le interesa que lleve cuanta más agua mejor. De esta manera no dejarán de tentar a todos sus clientes potenciales, salvo por el grueso de clase media que mantenemos carreteras y hospitales con nuestros impuestos, ya que nos necesitan para que no se les caiga del todo el tenderete.

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Ya hace unos días que nuestro querido Montoro nos aclaró todas las dudas respecto al éxito (pírrico) de la amnistía fiscal y creo que la situación bien se merece un pequeño análisis por nuestra parte. En total, Hacienda ha ingresado 1.191 millones de euros, algo menos de la mitad, sobre los 2.500 millones que pensaba recaudar para tapar los agujeros del déficit público.

¿Éxito? En absoluto, no hemos llegado ni a la mitad de lo previsto. ¿Fracaso? Visto lo que llevábamos recaudado hace unos meses, tampoco. Y es que, tal y como esperábamos, los defraudadores han esperado hasta el último momento para sacar la cartera: sólo en el mes de noviembre la Agencia Tributaria recibió 29.242 declaraciones (de un total de 31.484), por un importe a ingresar de 1.050 millones de euros. A finales de octubre, la recaudación tan sólo sumaba 149 millones de euros.

Es más que evidente que hasta que no se han disipado las dudas entorno a la inseguridad jurídica de los contribuyentes infieles, los asesores fiscales de estos no les han dado el visto bueno a la regulación de los capitales que salvaguardaban. Resulta curioso, sin embargo, tal y como comentaba el otro día un asesor fiscal en el programa Salvados de La Sexta, que hayan sido los propios asesores los que hayan dictaminado al Gobierno algunos de los requisitos que tenían que cumplirse si querían que el dinero negro aflorara.

De una forma o de otra, lo cierto es que la amnistía fiscal no ha estado exenta de polémica desde su nacimiento y, en mi opinión, sólo ha servido para enviar un doble mensaje a la sociedad: “eres un pringado”, al contribuyente honrado; y “te damos otra oportunidad”, a los desvergonzados defraudadores.

Quizás sea la arrogancia de mi ingenuidad la que me haga creer que realmente acabar con el fraude al Fisco es relativamente fácil. ¿Queremos que aflore el dinero negro? Pues cambiemos cada seis meses el color de los billetes de 200 y 500 euros. O mejor aún, eliminémoslos. ¿Acaso son útiles para la mayor parte de la población? De esta forma no recaudaríamos nada, pero seguro que obligaríamos a más de un evasor en potencia a plantearse seriamente si su acto delictivo le resultaría rentable a largo plazo.

Vía | El País
En El Blog Salmón | Los desesperados intentos del Gobierno para evitar el fiasco de la amnistía fiscal, Fracaso estrepitoso de la amnistía fiscal y Vergonzosa y bochornosa amnistia fiscal aprobada por el Gobierno, NO a la amnistia fiscal
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A la desesperada. El Gobierno ve avanzar las semanas y sigue sin recoger los frutos esperados con la vergonzosa amnistía fiscal aprobada en marzo. Para evitar que se convierta en un fiasco sin precedentes, sigue intentando animar a los defraudadores poniéndoselo aún más fácil. Los intentos son desesperados.

El tiempo avanza y los resultados de una contraproducente e inútil amnistía fiscal siguen sin llegar. Los últimos datos, de los que dio cuenta Aurelio en un artículo hace unas semanas, así lo atestiguan: a finales de julio se habían ingresado sólo 52 millones de euros, lo que supone apenas un 2 % de los 2.500 millones previstos por el Ejecutivo. Si la tendencia es similar, los ingresos no alcanzarían mucho más de 150 millones. El efecto sería demoledor en las cuentas y el déficit.

Ante este fracaso evidente, el Gobierno con una mano ha firmado el decreto de una durísima subida del IVA y con la otra ha aprobado nuevas ampliaciones y aclaraciones a la amnistía para ponérselo más fácil a los defraudadores. El primer intento fue en junio, donde dio luz verde a la extensión al dinero en metálico de esta ‘regularización’. Desde esa fecha es, por tanto, suficiente con manifestar ser titular de esas cantidades con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

Después llegó en julio una nueva nota aclaratoria, con la que dejaban claro que los defraudadores pagarían menos, a la postre, por sacar a la luz el dinero negro. El Gobierno recordaba que, como precisa la normativa actual, sólo tributará el 10 % de lo obtenido en los últimos cuatro ejercicios fiscales. En esa misma comunicación, el departamento de Montoro accedía a mirar para otro lado y no incluir a estos contribuyentes en bases de datos para su vigilancia posterior.

Hace unos días, el Ministerio envió un nuevo documento a los asesores fiscales para aclarar la regularización del dinero negro de los fallecidos. Para ampliar más las posibilidades, se permite presentar la declaración por estos bienes a los herederos. La condición es que los bienes o derechos del difunto tenían que ser propiedad de éste antes del 31 de diciembre de 2010.

A estos intentos se une la presión a los contribuyentes ricos para que acudan a ‘limpiar’ su dinero negro en la amnistía, a través de cartas en las que se le pide información sobre bienes no declarados.

Parece que todos los intentos son pocos para lograr que funcione una amnistía fiscal vergonzosa, con la que el Gobierno demuestra su incapacidad, como lo ha hecho en otras ocasiones, para luchar contra la economía sumergida. Mientras tanto, el resto de contribuyentes ven cómo no sólo no hay ni una facilidad, sino que sufren los efectos de la reciente subida del IVA. Si se hubiera hecho en los últimos años el mismo esfuerzo por luchar contra el fraude fiscal que el que se está haciendo para que triunfe esta ‘regularización’, otro gallo nos cantaría.

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Nuevas malas noticias para el Gobierno. El objetivo de déficit del 4,5% del PIB fijado para este año sigue complicándose un poco más cada día que pasa. La amnistía fiscal, una de las políticas económicas más controvertidas que se han adoptado en España en los últimos años y con la que se pretendía regularizar a un coste reducido los bienes y derechos ocultados a Hacienda, está resultando un fiasco total y absoluto.

El objetivo de esta medida era recaudar 2.500 millones de euros. Recordemos que el pasado 4 de junio Hacienda abrió el plazo para que los defraudadores pudieran regularizar su situación con el Fisco. Este plazo finalizará el próximo 30 de noviembre, por lo que prácticamente estamos en el ecuador del plazo dado por el equipo de Rajoy y los resultados no son para nada los deseados.

Según ha hecho público la Agencia Tributaria, al cierre del mes de julio Hacienda ha ingresado solo 52 millones de euros por regularizaciones vinculadas a la amnistía fiscal, lo que apenas supone un 2% de los 2.500 millones de ingresos totales que el Ejecutivo tenía previsto recaudar con esta regularización. El fracaso es por tanto estrepitoso.

Los ingresos de 52 millones de euros implican que los capitales acumulados de manera irregular que han aflorado hasta el momento ascienden a unos 500 millones de euros, cifra muy lejana a los 25.000 millones que el ministro Montoro pretendía que emergieran con esta iniciativa. De continuar la tendencia, los ingresos que obtendría Hacienda en este proceso apenas alcanzarían los 150 millones de euros.

La conclusión es simple: los defraudadores no se fían. A pesar de los numerosos intentos del Gobierno por acabar con la inseguridad jurídica que rodea el proceso, los defraudadores no se fían ante represalias futuras o la inclusión en bases de datos para su posterior vigilancia, lo que convierte la amnistía fiscal en un sonoro fracaso.

En El Blog Salmón | ¿Fracaso de la amnistía fiscal? ¡Más madera!, Y la amnistía fiscal tiene pinta de ser un completo fracaso, tal y como se esperaba, Vergonzosa y bochornosa amnistia fiscal aprobada por el Gobierno, NO a la amnistia fiscal
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Los primeros datos de recaudación con la amnistía fiscal eran poco alentadores y apuntaban a un fracaso casi seguro, como nos recordó Remo en un post hace unos días. En los primeros quince días que lleva en vigor sólo se han presentado 115 declaraciones, quedándose al margen las grandes empresas y grandes contribuyentes al IRPF. Tras conocerse estos datos, ¿qué hace el Gobierno? Introduce novedades a través de una nota aclaratoria del decreto con las que los defraudadores deberán pagar menos por sacar a la luz el dinero negro.

La principal novedad introducida tiene que ver con la prescripción de los ejercicios en los que se haya ingresado ese dinero negro. El departamento de Cristóbal Montoro precisa que el defraudador sólo tributará el 10 por ciento de lo obtenido en los últimos cuatro ejercicios fiscales, algo a lo que lo obligaba la normativa actual y que no había incluido en el decreto. Es decir, si pretende sacar a la luz un millón de euros, de los que 200.000 han sido ingresados desde 2008, sólo tendrá que pagar por esa última cantidad, quedando exenta del pago por deuda fiscal, sanciones o intereses del resto.

Pero no queda ahí. Ante el miedo de estos defraudadores a represalias futuras y a la inclusión en la base de datos para su vigilancia posterior, el Gobierno accede a mirar para otro lado al no resultar “procedente” su comprobación. No habrá, por tanto, un justo y necesario seguimiento para evitar más fraude en los próximos años.

Con estos cambios en la norma se admite indirectamente el fracaso obtenido hasta ahora y también se hace más complicado llegar a los 2.500 millones de euros de ingresos previstos en un principio. No obstante, habrá que ver los resultados finales en el mes de noviembre.

El mensaje al resto de los contribuyentes es aún más demoledor de lo que ya era en un primer momento. Especialmente, en estos días en los que está sobre la mesa del Ejecutivo un duro incremento del IVA y de otros impuestos indirectos. Como ya aseguraban los propios técnicos de Hacienda en su momento, “invita a defraudar”. ¡Más madera!

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Recordemos que a finales de marzo de este mismo año el Gobierno aprobó una polémica amnistía fiscal con la que pretendía sacar de las tinieblas de los paraísos fiscales 25.000 millones de euros. La regularización establecía un gravamen especial del 10% para quienes aflorasen el dinero y el objetivo, muy cuestionado por la ciudadanía, era recaudar 2.500 millones de euros para las arcas públicas.

Remo cuestionó en su momento dicha amnistía tachándola de vergonzosa y bochornosa ya que suponía un premio al defraudador y al fraude fiscal en sí, con un ridículo coste del 10% que parecía que animaría a muchos defraudadores a traer el dinero de sus cuentas suizas a los bancos españoles.

La realidad, sin embargo, es que el dinero no vuelve a casa en el volumen que Hacienda esperaba. Incluso Bruselas ya avisó de que tenía pocas esperanzas de que esta medida funcionase y que los defraudadores quisieran comprar el perdón de los que religiosamente cumplimos nuestras obligaciones tributarias mediante ese 10%.

Y en mitad de esta polémica sobre el éxito o no de esta medida salta la noticia de que la Audiencia Nacional archiva la investigación a Botín por las cuentas en Suiza. Al parecer, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, su hermano y otros diez familiares por presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental ha quedado en nada porque la familia Botín regularizó voluntariamente su situación hace dos meses y pagó 200 millones de euros de la imposición del IRPF.

Qué casualidad, pensé. Tal vez esta noticia anime a otros defraudadores a sacar su dinero de esas cuentas opacas y traerlo de vuelta a nuestro país. Lo cierto es que se animen o no, el homenaje al fraude fiscal ya está hecho. Quizás, solo quizás, la solución para que la evasión desaparezca en un futuro pase por castigar a los evasores y así dar ejemplo, circunstancia que mucho me temo que jamás se dará en este país.

En El Blog Salmón | Vergonzosa y bochornosa amnistia fiscal aprobada por el Gobierno, NO a la amnistia fiscal, Defraudar a Hacienda saldrá un poco más caro, Las escalofriantes cifras de la economía sumergida

Mientras en España cuestionamos la utilidad de la “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno, el instituto Tax Research de Reino Unido ha elaborado un informe llamado Closing The European Tax Gap donde pone encima de la mesa las escalofriantes cifras que la economía sumergida mueve tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Según señalan la recaudación impositiva que la Unión Europea pierde por la economía sumergida asciende a 865.000 millones de euros al año, lo que equivale a un 17,6% del gasto publico. A esta cifra habría que añadirle los 150.000 millones correspondientes a la evasión fiscal de las empresas.

En el caso de España, el tamaño de la economía sumergida es de 240.000 millones de euros, un 22,5% de su actividad total. Esto supone que la recaudación perdida por estas operaciones que se escapan del control de Hacienda ascendería hasta los 72.000 millones de euros. Sin duda, una cantidad nada despreciable que serviría para paralizar los recortes que se avecinan en las áreas de Sanidad y Educación.

Resulta curioso que no exista a nivel europeo una preocupación real por este asunto y que no se pongan encima de la mesa un agresivo paquete de medidas encaminadas a solucionar de una vez por todas este problema fiscal. Las cifras son brutales y las medidas para acabar con ellas generarían confianza en la sociedad.

Lo que parece claro es que estas cifras tan escandalosas dejan en evidencia la “amnistía fiscal” recientemente aprobada por el equipo de Rajoy, que pretendía aflorar 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda con el fin de recaudar 2.500 millones para las arcas públicas.

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