El mercado laboral español y sus incongruencias. Mientras las cifras de ocupación resisten y el discurso oficial del Gobierno habla de estabilidad, la realidad de miles de trabajadores es otra: contratos temporales, jornadas parciales y salarios que apenas permiten cubrir gastos básicos.

Es por ello que el SEPE ha activado una nueva herramienta destinada a facilitar la transición desde el desempleo hacia el trabajo sin perder completamente la prestación.

El denominado complemento de apoyo al empleo permite compatibilizar parte del subsidio o de la prestación contributiva con un contrato parcial durante un periodo máximo de 180 días.

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La medida, vigente desde 2025, busca incentivar la reincorporación al mercado laboral en un escenario donde cerca del 25% de las ofertas se concentran en modalidades temporales o a tiempo parcial.

Una respuesta a un mercado fragmentado

La lógica detrás del nuevo mecanismo es clara. Muchos desempleados rechazan contratos parciales porque implican suspender el cobro del paro, reduciendo sus ingresos globales.

El complemento introduce una fórmula híbrida que permite mantener hasta el 50% de la ayuda mientras se percibe un salario, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Esta compatibilidad pretende suavizar el salto entre el desempleo y el empleo precario. Para quienes reciben una prestación contributiva tras haber cotizado lo suficiente, la posibilidad de mantener una parte del ingreso público puede suponer un incentivo real para aceptar ofertas que antes resultaban poco atractivas desde el punto de vista económico.

El sistema contempla distintas opciones según la situación del beneficiario. En algunos casos se opta por la suspensión temporal del paro, que se reanuda al finalizar el contrato si aún quedan días pendientes.

En otros, la prestación se reduce proporcionalmente al porcentaje trabajado. El complemento de apoyo al empleo introduce una tercera vía más flexible para quienes cumplen los criterios establecidos.

Quién puede acceder y bajo qué condiciones

La medida está dirigida a personas con prestación contributiva de larga duración o con subsidio activo.

En el caso de la prestación contributiva, es necesario haber consumido al menos nueve meses antes de poder acogerse al complemento. Para los subsidios, se aplica a aquellos iniciados tras la reforma normativa correspondiente.

El contrato debe ser parcial y no derivar de un expediente de regulación temporal de empleo. Si se trata de jornada completa, la prestación se suspende en su totalidad.

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El subsidio para mayores de 52 años mantiene su régimen específico y puede compatibilizarse en determinadas condiciones, reduciéndose en un porcentaje fijado por la normativa.

El plazo para comunicar la nueva situación es de quince días hábiles desde el alta en la Seguridad Social. El SEPE cruza datos con otras administraciones, por lo que la notificación es obligatoria. La gestión puede realizarse a través de la sede electrónica, por teléfono o de forma presencial con cita previa.

Un alivio temporal en un entorno estructural

El debate de fondo no es solo administrativo, sino estructural. Según estimaciones recientes del Ministerio de Trabajo, España mantiene alrededor de ocho millones de personas en situación de paro estructural o con empleos inestables.

Aunque el empleo indefinido ha ganado peso tras las últimas reformas, la parcialidad involuntaria continúa siendo un rasgo dominante en determinados sectores.

En este escenario, el complemento actúa como un amortiguador financiero. Permite que un trabajador que percibe, por ejemplo, 800 euros mensuales de prestación pueda mantener la mitad de esa cuantía mientras inicia un contrato parcial.

El resultado es un ingreso combinado que puede duplicar la renta disponible respecto a aceptar el empleo sin compatibilidad.

No obstante, algunos analistas advierten de que este tipo de medidas pueden convertirse en soluciones transitorias que no abordan la raíz del problema. La elevada rotación en sectores como hostelería, comercio o servicios auxiliares mantiene la inestabilidad como norma. El complemento facilita el tránsito, pero no garantiza la consolidación de empleo estable.

¿Incentivo o parche?

El SEPE defiende que la flexibilidad introducida reducirá la duración media del desempleo.

Las previsiones internas apuntan a que podría acortarse en torno a un 20% si los beneficiarios optan por reincorporarse antes al mercado laboral gracias al incentivo económico.

El impacto real puede depender de la evolución de la oferta de empleo y de la calidad de los contratos disponibles.

Imágenes | SEPE, Pixabay

Un año más y más dinero para todas las pensiones. El Gobierno ha anunciado que las pensiones mínimas aumentarán un 6% en 2025, una medida destinada a mejorar las condiciones de vida de los pensionistas con menores ingresos, uno de los grupos más vulnerables de la población.

Pero lo cierto es que en España, esta pensión mínima ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años, siguiendo una tendencia de mejora en esta protección social, pero ¿cómo poder acceder a ella? ¿cómo ha evolucionado la pensión mínima en los últimos años?

En líneas generales, esta clase de pensión es un ingreso garantizado para los jubilados que no alcanzan un nivel de cotización suficiente para percibir una pensión contributiva por encima de ciertos límites establecidos.

Una pensión sujeta eso sí a las condiciones económicas y sociales del solicitante y que depende de factores como la edad, la situación familiar y el grado de discapacidad, si aplica.

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El 66% de los 1,637 billones de euros de deuda de España en los últimos 10 años tiene una sola causa. Las pensiones

En 2023, la pensión mínima en España para una persona mayor de 65 años sin cónyuge ascendía a 10.963,40 euros al año (780,24 euros mensuales en 14 pagas), según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este cantidad se incrementa hasta los 13.526,80 euros anuales (965,20 euros al mes) para personas con cónyuge a su cargo.

¿Cómo ha evolucionado la pensión mínima?

En los últimos cinco años, las pensiones mínimas han experimentado un aumento acumulado de más del 20%, en línea con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y el índice de revalorización vinculado al IPC. Esta evolución responde a las políticas de protección social implementadas por los gobiernos y a la presión ejercida por las organizaciones de mayores y sindicatos.

El Real Decreto 1058/2022 establece que las pensiones se revalorizarán anualmente según el índice medio del IPC del año anterior. Lo que ha permitido que los jubilados mantengan su poder adquisitivo, incluso en un contexto de inflación elevada como el sufrido durante los dos últimos años.

Requisitos para acceder a la pensión mínima

Para percibir la pensión mínima, es necesario cumplir con ciertos requisitos generales, que incluyen

1. Cumplir la edad legal de jubilación. En 2024, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y cuatro meses, salvo que se hayan cotizado al menos 37 años y nueve meses, en cuyo caso se podrá jubilar a los 65 años.
2. Acreditar un periodo mínimo de cotización. El mínimo requerido es de 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la fecha de jubilación.
3. Residir en España. Este requisito se aplica especialmente a las pensiones no contributivas, que son gestionadas por las comunidades autónomas.
4. Tener ingresos limitados. Para acceder al complemento a mínimos, los ingresos del solicitante no deben superar los límites establecidos anualmente. En 2023, el límite general es de 8.614 euros anuales para personas solas y 10.917 euros para parejas casadas.
5. Solicitar el complemento a mínimos. Este complemento se otorga cuando la pensión contributiva no alcanza el mínimo establecido por ley.

Es importante diferenciar, como no, entre pensiones contributivas y no contributivas, ya que ambas pueden garantizar un ingreso mínimo, pero tienen condiciones distintas. Por un lado, las pensiones contributivas, dependen de las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Si la cuantía calculada es inferior al mínimo establecido, se otorga un complemento para alcanzar la pensión mínima.

Mientras que por otro, las pensiones no contributivas están destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. En 2023, esta pensión mínima ascendía a 6.784,54 euros anuales (484,61 euros mensuales).

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Que duda cabe que el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida en España plantean retos significativos para el sistema de pensiones. En 2024, se estima que habrá más de 10 millones de pensionistas, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2015. Este aumento, combinado con la inflación y el déficit estructural del sistema, podría dificultar la sostenibilidad de las pensiones mínimas a largo plazo.

Según el informe de 2023 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones representa el 12,5% del PIB español, una cifra que podría alcanzar el 16% en 2050 si no se adoptan reformas adicionales.

Para garantizar que cumples con los requisitos y entender mejor tus derechos, es esencial consultar fuentes oficiales como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) - para información detallada sobre pensiones contributivas y complementos a mínimos -; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones - que publica guías y actualizaciones anuales sobre las pensiones-; y los diferentes portales autonómicos - para pensiones no contributivas y ayudas complementarias-

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España sigue enfrentándose a un gran problema social; su baja tasa de natalidad. La precariedad laboral, la carestía de la vida y la imposibilidad de conciliación familiar, hacen que muchas parejas no se planteen tener hijos. De hecho, el 60% de las familias españolas asegura precisar de ayuda externa para el cuidado de sus hijos, siendo del 70% en el caso de familias monoparentales o padres separados. En Suecia han atajado este problema de raíz y, la igual que fueron pioneros en introducir el permiso parental retribuido, ahora apuestan por sueldos a abuelos cuidadores.

Un estudio reciente de Kantar para Zurich Segurosconfirma precisamente la necesidad de ayuda externa por parte de los padres españoles. En el 96% de los casos, suele recurrirse al círculo familiar y de confianza más próximo. La baja natalidad y la falta de tiempo afecta a toda Europa.

Ayudas a los padres y abuelos suecos

A comienzos del verano, el Parlamento de Suecia aprobaba la ayuda a los abuelos, después de que en diciembre de 2023 diese luz verde a la propuesta del Gobierno sobre la transferencia de la prestación parental.

La legislación sueca permite a los abuelos intervenir y obtener un permiso parental retribuido, mientras cuidan de sus nietos durante un periodo máximo de tres meses en el primer año de vida del pequeño. De este modo, una pareja sueca puede transferir un máximo de 45 días a un familiar u otra persona, aunque un progenitor podría llegar a transferir hasta 90 días.

En Suecia se tiene derecho a estar de baja laboral ante el nacimiento de un hijo. La prestación parental se abona durante 480 días (16 meses) por cada hijo. La compensación de 390 días se calcula en base a los ingresos íntegros de la persona. Los 90 días restantes se perciben unas 180 coronas (15 euros al día). Esa es precisamente la ayuda que se brinda a los abuelos, por lo que hablamos de uno 450 euros al mes.

Como en todo, hay matices. Los jubilados que disfrutasen de un permiso parental, recibirán una cantidad basada en su pensión. Además, durante el tiempo estipulado que deben recibir el subsidio parental no podrán buscar un trabajo ni estudiar. Por tanto, será obligatorio estar cotizando para ser beneficiario de la ayuda.

Por si fuese poco, los abuelos, tíos, demás familiares o amigos que no estén trabajando podrán recibir el dinero de la parte del subsidio de natalidad de los padres si los están cuidando, siempre y cuando su seguridad social dependa de Suecia. No obstante, como se comentó con anterioridad, estas personas a las que se le transfiere el sueldo parental no podrán trabajar, buscar trabajo ni estudiar durante el tiempo que reciba el subsidio parental.

Suecia supera a España, pues la ley sueca reconoce la complejidad de la conciliación laboral y familiar. En España nacieron en 2023 322.075 bebés, un 2% menos que en 2022 y un 24,1% si se compara con 2013. La cifra más baja desde que hay registros oficiales en 1941. La Comunidad de Madrid (con un 2,7%) y Extremadura (con un 0,6%) fueron las únicas que subieron las cifras.

A España le queda un largo camino por recorrer

Llama la atención que España gasta menos que la media de la Unión Europea en proteger a familias y a la infancia, invirtiendo de media 13.000 millones de euros anuales menos.

La crianza de un hijo sale por unos 670 euros al mes (según datos de Save the Chilren), por lo que dificulta que hogares con empleos poco estables puedan tener hijos siendo jóvenes y, a su vez, afrontar los elevados gastos de vivienda. Los 12,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social que viven en España ven casi imposible afrontar la crianza de un hijo. De hecho, la pobreza golpea ahora a hogares con hijos menores, afectando a 2,3 millones de niños.

En marzo de 2024, el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Familias. Una medida que busca reforzar la protección social de todos los modelos familiares, reconocer nuevos derechos a las familias monoparentales y contemplar medidas de ayuda a la conciliación.

La norma contempla una ayuda de 100 euros por cada hijo menor de tres años, también a madres en paro siempre y cuando en el mes en el que nace el niño, su progenitor haya estado cotizando, al menos, un día o cobrando un subsidio por desempleo. También se contempla un permiso parental de ocho semanas para padres o madres con hijos menores de ocho años, que podrá disfrutarse de manera continua o discontinua, pero sin remunerar.

La realidad es que, en España, para favorecer a la conciliación laboral y familiar, no existen ayudas a abuelos, tíos o amigos que se hacen cargo de los más pequeños. Una vez más, países de la Unión Europea y, en concreto, Suecia, vuelven a adelantar a España en materia de políticas sociales.

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Una vez más, el Gobierno de Sánchez vuelve a demostrar su ineficacia para solventar el problema de la falta de vivienda y de precios elevados en España. Lejos de intervenir el mercado con la construcción de obra nueva, pisos públicos en alquiler y controlar los precios que imponen inmobiliarias y particulares, presenta ahora el ‘bono alquiler joven’. Al final, una aportación pública que acabará en las manos privadas del propietario.

Pocos días después de la manifestación multitudinaria por la vivienda celebrada en Madrid, Moncloa mueve ficha. El Consejo de Ministros aprobó la distribución de 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Joven, cantidad similar a la convocatoria de 2022 y que se agotó en menos de ocho horas. Ahora, se oferta una prestación de 250 euros al mes durante dos años para que los jóvenes entre 18 y 35 años puedan pagar sus rentas de alquiler.

Para poder acceder a estas ayudas, los jóvenes tendrán que contar con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de efectos múltiples (Iprem).

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"Es ilegal". En el alquiler no se puede imponer el pago del seguro al inquilino

Teniendo en cuenta que el Iprem anual es de 7.200 euros en 12 pagas, los solicitantes deberán cobrar menos de 21.600 euros anuales. De igual modo, deberán vivir en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales, ampliable a 900 euros en algunos casos, o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450 euros.

Una medida poco convincente

Llama la atención que, al principal socio del Gobierno, Sumar, le parece una medida insuficiente, al igual que a los Sindicatos de Alquiladoras de Madrid, uno de los principales convocantes de la manifestación del pasado domingo.

Los motivos son que se centran únicamente en una parte de los afectados, pues no es solo un problema que atañe a los jóvenes y hay muchas familias con problema de acceso a la vivienda. Otra realidad es que los propietarios acabarán captando este tipo de ayudas, subiéndole el precio de los alquileres a los inquilinos beneficiados.

Los caseros disponen de información sobre sus inquilinos que les permitiría identificar a aquellos que pueden solicitar la prestación. De este modo, podrían reclamarle ese incremento ‘en negro’ o amenazarlos con echarlos del piso.

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El político que promete arreglar el problema de la vivienda sin construir más en España sólo va a conseguir que sea peor

Hay que recordar que la contención de rentas solo se aplica actualmente en Cataluña y en sus 271 municipios, declarados como zona tensionada. El Gobierno, con la Ley de Vivienda en la mano, quiere ‘obligar’ a todas las administraciones a aplicar el sistema de control de precios.

En una intervención reciente, el presidente del Gobierno aseguraba que no quería “una España de propietarios ricos e inquilinos pobres”. Sin embargo, con esta medida implantada, se da pie a que las ayudas vayan directamente al bolsillo de los dueños y grandes tenedores de las viviendas del territorio nacional.

Si bien es cierto, con al nueva Ley de Vivienda se pusieron en marcha una serie de regulaciones que suponía eliminar el IPC y establecer un nuevo índice de referencia para fijar el precio de la vivienda desde enero de 2025. Ahora se contemplarían nuevos límites.

Lo que está claro es que en 2024 el texto normativo contempla un incremento máximo del 3%, por lo que si se pagan 700 euros al mes el nuevo coste únicamente podrá ser de 721 euros como máximo. El problema reside cuando se trata de alquileres sin contrato, en los que las subidas podrán ser mucho mayores y sin tener en cuenta las limitaciones implantadas por el Gobierno.

Registro de alquileres de corta duración

Al margen de las ayudas a los jóvenes, el Gobierno quiere tener preparado, antes de finales de año, un Real Decreto que permita crear la denominada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Con ella, se pretende regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. Servirá como vía esencial para perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada, de este tipo de alojamientos y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales.

La medida contará con la intervención del Registro de la Propiedad, ya que serán los registradores los que expedirán el número de registro y lo elevarán a la Ventanilla Única Digital. Todo pasa porque los propietarios posean, a título individual, un código de identificación.

El código de identificación tendrá que ser pedido tanto para alquileres turísticos, temporales e incluso habitaciones que se ofrezcan en esos portales.

¿Y ahora qué?

Lo que no hay duda es que la gestión gubernamental en vivienda es muy lenta, ineficiente y dispara las rentas. La ‘huelga de alquileres’, pese a su ilegalidad, sigue orbitando sobre el mercado inmobiliario español.

Pero la realidad es bien contundente. En 2023 solo 57.260 jóvenes se beneficiaron de las ayudas del bono alquiler del total de 110.000 que lo solicitaron, es decir, que únicamente llegó al 0,6% de la población potencial receptora de los más de nueve millones de jóvenes de entre 18 y 35 años que hay en España.

Los inquilinos siguen asfixiándose y, pese al temor de los propietarios a una huelga o a la ocupación, la gestión del bono alquiler joven sigue siendo caótica. Un presupuesto insuficiente y unas condiciones irreales que no solventan el grave problema de la vivienda que sufre España.

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España tiene un sistema bastante malo para canalizar ayudas a los más necesitados. No lo digo yo, lo afirman varios estudios bastante serios. Tenemos una alta presión fiscal pero nuestro sistema no está pensado para ayudar a los más necesitados, sino que tiene otros objetivos.

Por mucho que se les llene las bocas a nuestros gobernantes de las palabras bonitas como solidaridad o igualdad, lo cierto es que sus políticas no buscan la consecución de estos objetivos, sino mantenerse en el poder y no alterar el statu quo. Eso se consigue teniendo contentos a aquellos segmentos que más votan.

Lo cierto es que esto tiene consecuencias no sólo para el bienestar de las familias presente, sino también para el futuro.

La OCDE, el FMI…. Todos nos sacan los colores

Según la OCDE el 20% más rico en España se lleva el triple de ayudas que el 20% más pobre. El 20% de los hogares más ricos se llevó el 30% de las ayudas, mientras que el 20% de los hogares más pobres sólo se llevó el 12% de las ayudas. Según esta organización sólo Luxemburgo, Grecia e Italia lo hacen peor que España según el estudio Income support for working-age individuals and their families que se puede consultar en este pdf. Además en 2014 hubo otro informe similar, en el que se veía que si el 20% más pobre de la población recibía el 10% de las ayudas, el 20% más rico recibía el 25% de las ayudas. Es decir, el problema viene de lejos.

Un informe del FMI muestra que este problema no lo detecta sólo la OCDE, llega a la conclusión a la que llega es que el gasto social es escaso y muy ineficiente. Según esta institución, España es uno de los países de la UE que menor reducción en la desigualdad experimenta tras redistribuir el gasto. El índice de Gini sólo se reduce en 0,18 puntos frente a los 0,21 de la media europea. Según el FMI sólo el 10% de las ayudas están pensadas para los más pobres, de modo que el 40% de los hogares más pobres recibe sólo el 30% de las ayudas.

Además el gasto en educación ha caído del 4,4% al 3,9% del PIB, frente al 4,3% de media europeo. No obstante, habría que ver si se debe a la reducción en la natalidad de los últimos años.

Otra entidad que llega a una conclusión similar es la AIRef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En 2022 ya avisaron que las medidas anticrisis como subvenciones al transporte público y bajadas de impuestos a los carburantes o la electricidad, ayudaban sobre todo a las rentas más altas.

No obstante, según un estudio de Fedea, es el 20% más rico del país los que pagan más de lo que reciben del estado en bienes y servicios, por lo que quizás el sistema está montado para que recibiendo parte de las ayudas consideren que reciben algo.

¿Qué se puede hacer?

La OCDE recomienda establecer ayudas específicas dependientes de renta. Hace poco cuando se vio que un político madrileño se beneficiaba de un precio de la electricidad subvencionado debido a tener una familia numerosa, saltaron las alarmas debido a su alto sueldo, pero lo cierto es que no había diseñado esta política. Las asociaciones de familias numerosas suelen pedir que se considere el número de integrantes de la familia, ya que los ingresos familiares no dan para lo mismo si se tiene un hijo que si se tienen cinco.

También se deben establecer políticas que fomenten el crecimiento económico. Este es bastante más útil para mejorar la situación de las familias más desfavorecidas que muchas políticas de redistribución que se ponen en marcha.

No obstante, el gran y verdadero melón que no se abre son las pensiones. Nuestro sistema está pensado para ayudar a los jubilados. Ya hemos comentado alguna vez como las reformas fiscales que están sucediendo en España son para sostener las pensiones, por muy insostenibles que estas sean debido a la caída de la natalidad.

Mientras tanto, nuestro estado de bienestar no está ayudando a quienes más los necesitan: rentas bajas y jóvenes. Eso supone un impacto en nuestra economía que va a seguir pegándose generacionalmente al dar menos oportunidades a familias jóvenes y de menores recursos. Por un lado por las ayudas que no se dan, por otro la falta de oportunidades con el bajo crecimiento económico.

Pregunta a los lectores: ¿cómo mejorarían las ayudas sociales en España?

“La confianza engendra confianza." - James Cash Penney

Después de unas semanas desconectado por razones laborales, toca retomar nuestro seguimiento periódico de coyuntura económica en tiempos de coronavirus. En este sentido, estamos tal y como les anticipaba en mi anterior entrega: todavía renqueantes y con un primer trimestre de 2021 que ya damos por perdido, en el que hemos conjugado un temporal paralizante, unas respuestas descoordinadas y confusas, y una vacunación esperanzadora pero todavía insuficiente para impulsar la tan necesitada recuperación de nuestra actividad.

Previsiones en revisión

Con este arranque de año, no es de extrañar que las previsiones económicas sobre España para 2021 de diversos organismos e instituciones se hayan ajustado a la baja con respecto a lo estimado a finales del año pasado. La OCDE, por ejemplo, presenta un panorama en el que nuestro país seguirá en la cola de la recuperación si no cambian mucho las cosas:

Fuente: OCDE

Por su parte, el Banco de España ha empeorado las previsiones de la economía española, estimando un crecimiento del 6% frente al 6,8% anticipado en diciembre. Esta reducción del crecimiento se debe al mal arranque de año que acabamos de describir. Se espera que en los próximos meses haya rebrotes víricos y nuevas restricciones que impactarán en la actividad económica. En su escenario central, el Banco de España prevé también que el PIB crecerá el 5,3% en 2022 (la estimación anterior fue del 4,2%) y el 1,7% en 2023. Esto es: en ese escenario, la recuperación de los niveles de PIB pre-pandemia tendría lugar en el 2023. Y todo ello, contando con los fondos europeos. Las implicaciones para nuestro país son muy serias, en todos los ámbitos.

Y es que la situación es todavía muy delicada: en números redondos, cerramos febrero (el peor de toda la serie histórica) con 4 millones de parados (+44.400), casi 910.000 de trabajadores en ERTE (+91.500) y 600.000 autónomos en situación de cese de actividad. En el ámbito corporativo, la creación de empresas sigue un 4% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia; la hostelería ha perdido ya a una de cada cuatro empresas y las actividades artísticas una de cada cinco. La destrucción empresarial ha alcanzado niveles similares a la anterior crisis. En cuanto a su situación financiera, aproximadamente un 18% de las compañías del país se consideran ahora mismo insolventes, y de ellas, la mitad son inviables (con una deuda de 53.000 millones de euros). Las empresas insolventes pero viables acumulan, por su parte, una deuda con la banca de unos 51.000 millones de euros en créditos, de los cuales 27.000 millones corresponden a deudas de pymes y autónomos.

A todo ello debemos sumar otras muy importantes debilidades estructurales, como la deuda pública (117,1% del PIB en 2020), el déficit (en el entorno del 11%) y la delicada situación de la Seguridad Social, con un déficit contributivo que roza el 3% del PIB y que afronta 2021 con una deuda acumulada de más de 100.000 millones de euros con el Estado, un pasivo que impactará directamente en los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años.

Fuente: Cinco Días

El problema de las ayudas

Las cuatro mayores economías del euro, Alemania, Francia, Italia y España gastaron en conjunto durante 2020 unos 3,1 billones de dólares (un tercio de su PIB), en ayudas, ERTES y mecanismos similares, préstamos y garantías para sostener la situación creada por el COVID-19. Pero en muchos casos, y debido a la extensión de la pandemia en el tiempo, esas medidas de emergencia ya no son suficientes para cubrir las pérdidas empresariales, especialmente en la PYMES y en los sectores más afectados. Tales medidas estaban diseñadas para dar respuesta a una crisis sanitaria de mucha menor duración. Como acabamos de ver, las empresas están pasando de sufrir problemas de liquidez a tener dificultades serias de solvencia. Y ello podría implicar una grave cadena de quiebras. Ahora el desafío es identificar a las empresas viables de las inviables (una tarea compleja y delicada) para permitir la supervivencia de las primeras mediante ayudas directas, facilitar la liquidación de las segundas y tratar de limitar daños más generalizados.

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2020: recapitulación y coyuntura

España se ha sumado tarde a estas ayudas, y lo ha hecho además con un paquete económico bastante más modesto que el de los países de su entorno, debido a su mucho menor margen fiscal, ya evidente antes de la pandemia. Se han movilizado 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 son ayudas directas. Hay 3.000 millones de euros para reestructurar la deuda contraída por las empresas con el ICO y 1.000 millones de euros que servirán para recapitalizar PYMES.

El momento temporal tardío de estas ayudas, su dimensión y condiciones de acceso han suscitado no pocas dudas en empresarios y analistas. La reciente experiencia con el Ingreso Mínimo Vital nos demuestra que el diseño de una medida, la burocracia que ésta pueda llevar aparejada y los medios para su implantación determinan en gran medida su efectividad final. Por de pronto, sólo un 8% de empresas serán elegibles para recibir las ayudas directas. En primer lugar, las subvenciones sólo contemplan 95 de las 538 ramas de actividad que hay clasificadas. Las empresas tienen que haber conseguido además un resultado positivo en 2019, haber registrado una caída del 30% de sus ingresos en 2020, estar al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no haber declarado el concurso de acreedores y seguir activas hasta junio de 2022. Ahí es nada.

Fuente: El País

En el mismo sentido se expresa Funcas, que acaba de publicar un muy interesante análisis comparativo con Alemania, Francia e Italia, en el que se apunta:

"La normativa española llega varios meses más tarde que los otros tres países. Por otra parte, su cobertura es relativamente reducida, por aplicarse solo a los sectores más perjudicados por la pandemia. Pero el principal riesgo atañe a la puesta en marcha, más complejo que en los otros países, algo que podría retrasar significativamente la llegada de las ayudas además de plantear desafíos de gestión y de disparidad entre las diferentes comunidades autónomas."

Fuente: FUNCAS

Fuente: FUNCAS

En cuanto al empleo, el recorrido de los ERTES parece estar llegando a su fin. Como ha apuntado también el Banco de España, hay algunos sectores en los que será muy difícil recuperar a los trabajadores en ERTE tras la nueva recaída habida a finales de 2020 y principios de 2021.

Fuente: Banco de España

Los deseados fondos europeos

En este contexto tan delicado, el gobierno y todos los actores económicos parecen encomendarse al prometido acelerón de la vacunación, cuyo objetivo de alcanzar al 70% de población en verano no se percibe todavía claro y, por supuesto, a la llegada de los fondos europeos, a los que en noviembre dedicamos una entrada en este blog. No obstante, el retraso en su tramitación arroja nuevas incertidumbres que complican las previsiones de 2020.

Ocho meses después de la aprobación del Next Generation EU, sólo 13 países han ratificado la Decisión sobre recursos propios (ORD), imprescindible para librar los fondos. Y para colmo, el pasado viernes 26 de marzo, el Tribunal Constitucional alemán ordenó al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, no firmar la ratificación de la ORD, que había sido aprobada la jornada anterior por el Parlamento y el Senado, lo que amenaza todavía con más demoras.

Recordemos que en los actuales Presupuestos Generales del Estado se incluyó una partida de 27.000 millones de euros a cuenta de dichos fondos europeos, pero la realidad es que, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, esa partida no se podrá ejecutar en su totalidad. La previsión oficial del Ejecutivo de un crecimiento del 9,8% en 2021 se basa precisamente en la plena absorción de esos 27.000 millones. Sin embargo, el Banco de España calcula que este año apenas podrá ser absorbido el 55% de esa cantidad; el resto se trasladará al 2022 en forma de un mayor rebote de la actividad. No es una cuestión menor, ya que puede ralentizar nuestra recuperación y desequilibrar todavía más nuestras maltrechas cuentas públicas.

Confianza

Debemos ser conscientes de que las previsiones mencionadas anteriormente están sometidas a un muy elevado nivel de incertidumbre, y que no tienen del todo cuenta el importante potencial de despegue la economía española. Un ejemplo de ese potencial lo tenemos la tasa de ahorro de los hogares, que se ha situado en el 14,8% de su renta disponible en el año 2020. Es la más alta desde que comenzó la serie histórica y un indicador que podríamos ver transformado en consumo tan pronto como regrese con fuerza el más importante activo intangible para una economía: la confianza. Y lo mismo ocurre con la inversión empresarial. Lo pudimos ver en el tercer trimestre del año pasado: en cuanto se abrió una ventana de esperanza y oportunidad, el consumo rebotó, el ahorro empezó a movilizarse y la actividad se recuperó muy significativamente. Porque la economía es un reflejo de la vida y, por encima de todo, queremos vivir lo más plenamente posible. Esto volverá a pasar, sin duda, pero deberíamos conseguir que pase mucho antes, y por ahora no lo estamos haciendo, especialmente con la vacunación. Y los retrasos se miden en vidas perdidas, debilidad y ruina económica.

Fuente: INE

Además, una vez hayamos conseguido agilizar la vacunación, recibido la deseada ayuda externa y recuperado movilidad y actividad, para que dicho entusiasmo vital se sostenga en el tiempo y no se derrumbe a las primeras de cambio, debemos asegurar un marco político, institucional, fiscal y normativo robusto y estable. Porque la confianza tiene muchas dimensiones: confianza en las instituciones nacionales e internacionales, y en su buen funcionamiento; confianza en que nuestros dirigentes perseguirán bien de los ciudadanos y no su propia supervivencia política; confianza en el futuro; confianza en el valor del dinero y en el mercado financiero; confianza en los pactos y contratos firmados; confianza en nuestra capacidad de cooperación y convivencia cívica... Y todo ello no ocurre de la noche a la mañana, como si fuera algo mágico que se produce sólo por anunciarlo en una rueda de prensa o por desearlo muy fuerte. La confianza se gana con hechos constatables por quienes deben otorgarla. Y la necesitaremos para superar las enormes heridas económicas y sociales que ha dejado y dejará la pandemia.

En este punto, cabría preguntarnos si en la actualidad estamos propiciando tales mimbres y, si no es así, qué deberíamos hacer para conseguirlo. Pero este será el tema de la próxima entrega. Hasta entonces, cuídense mucho, sean responsables, mantengan una sana distancia crítica ante los vendedores de humo y nunca se rindan.

El 23 de febrero de 2020 empecé a escribir en mi blog personal sobre el coronavirus, explicando la que se nos venía encima tanto en los mercados como en la economía real a nivel mundial. La globalización, apuntaba entonces, facilita la circulación de bienes, servicios, personas, capitales, conocimiento… y también de enfermedades y miedos. En ese momento, resultaba todavía demasiado prematuro aventurar nada, pero parecía claro que estábamos ante un cóctel muy peligroso que podría conducirnos a una nueva crisis global de consecuencias imprevisibles, como así desgraciadamente ha ocurrido.

Mi siguiente post en el blog, del 7 de marzo, describía las que para mí eran las tres epidemias que traía consigo el COVID-19: el virus, la desconfianza y el parón económico, con las tres realimentándose en su potencial dañino. Advertía ya entonces que la falta de confianza en la respuesta de los gobiernos e instituciones internacionales a esta pandemia podría conducir a que el parón económico se consolidara y acabara produciendo un daño muy considerable a los ciudadanos. Es precisamente en ese punto temporal en el que me sumé al excelente equipo del Blog Salmón para seguir analizando la coyuntura económica causada por la pandemia, a razón de un artículo por mes. Ahora que finaliza este aciago 2020, es un buen momento para recapitular brevemente lo escrito y hacer un punto de situación que nos ayude a comprender lo que está todavía por venir.

Recapitulando

Empecé mi andadura en el Blog Salmón reflexionando sobre una posible China post-coronavirus. El gigante asiático, pese al golpe sufrido, se estaba recuperando con rapidez mientras el resto del mundo entraba en crisis; ello nos obligaba a analizar cuál sería su papel en un proceso desglobalizador que obligará a todos los estados e instituciones internacionales a reexaminar sus cimientos económicos y su relación con China. En el artículo siguiente abundábamos en la creciente desconexión entre la recuperación china y el parón de los países occidentales, con implicaciones geoeconómicas y sociales muy importantes, y cómo éstos trataban de sincronizar la curva sanitaria con la económica, "el imperativo de nuestro tiempo", algo que ya sabemos no se ha logrado resolver satisfactoriamente.

Proseguíamos en mayo haciendo un recorrido sobre aquellas tendencias que podrían consolidarse en el futuro como consecuencia del COVID-19. Algunas de ellas venían ya de lejos pero han cobrado un nuevo impulso, otras han surgido de la necesidad y parece que van a permanecer, y un tercer grupo son serias candidatas a colarse en nuestras rutinas diarias en el futuro inmediato.Tales tendencias viene acompañadas, como describíamos en junio, de diversos riesgos económicos (sostenibilidad, estancamiento, desglobalización) y sociopolítcos (inestabilidad social, populismos, crisis institucional), riesgos que serán muy difíciles de gestionar por unas burocracias tradicionales que ya se hallaban cuestionadas al comenzar este siglo y que ahora se ven todavía más debilitadas por la pandemia.

En verano saltamos de la coyuntura global a la nacional, donde el regreso a una pretendida nueva normalidad adquiría la forma de un enorme interrogante. Entrábamos en un momento crítico, en el que debíamos evitar a toda costa que los rebrotes epidémicos, que estábamos ya viendo despuntar y amenazaban con acrecentarse después del verano, nos condujeran a otro confinamiento masivo, lo que provocaría un gran daño adicional a nuestra economía. Como sabemos, ese cierre total no ha llegado a ocurrir, pero los rebrotes han obligado a nuevos confinamientos y parones sectoriales selectivos. En este contexto tan difícil, como apuntamos en octubre, nuestros líderes políticos, económicos y sociales debían tener muy en cuenta una regla de oro a seguir durante cualquier crisis: no amplificar con su proceder el daño ya causado. Proporcionamos entonces unas claves de resiliencia, fundamentales para conseguir una recuperación sólida y sostenible, y desde luego imprescindibles para sacar el máximo partido al llamado Fondo de Recuperación Europeo, cuya configuración y retos asociados presentamos en noviembre.

Y en este punto exacto nos hallamos: con una economía que no ha podido mantener el esperanzador ritmo de recuperación iniciado el tercer trimestre de año, a causa de rebrotes muy importantes que incrementaron de nuevo la cifra de fallecidos (70.719 muertes en exceso hasta la fecha) y obligaron a decretar grandes confinamientos selectivos; con vacunas en ciernes en las que tenemos puestas muchas esperanzas de solucionar la pandemia y regresar a la normalidad, y con unos flamantes Presupuestos Generales del Estado a punto de ser aprobados pero con más interrogantes que certezas. Nuestro futuro inmediato se sustenta en un armazón todavía demasiado frágil e incierto para sumarnos a ciertas euforias.

Imagen de Willgard Krause en Pixabay

Equilibrismo

Una de las cuestiones más inciertas en la coyuntura actual es el impacto económico de los nuevos rebrotes en el crecimiento final de 2020. No es un asunto menor, puesto que los Presupuestos Generales del Estado se han basado en un cuadro macroeconómico y una previsión de ingresos y gastos que podría quedar superada por la realidad.

El tercer trimestre de este año presentó un crecimiento importante del 16,7%, recuperando un 59% de la caída anterior, hecho asociado al reinicio de una actividad económica literalmente detenida en los meses precedentes. No obstante, en términos interanuales la economía todavía arrojaba al cerrar septiembre una brutal caída del 8,7% con respecto al año precedente; caída que, descontando el efecto del consumo público, fue de un 11,6%, tal y como muestran los siguientes gráficos del profesor Combarro.

Partiendo de esos datos, resulta oportuno cuestionarnos cómo terminaremos el año tras el impacto de la segunda ola. Ello determinará, en gran medida, el arranque de 2021 y la necesidad de unas ayudas adicionales que no parecen contemplar los presupuestos. Según el Economic Outlook de la OCDE del mes de diciembre, la caída del PIB de España estará en el entorno del 11,6% (11,2% es la previsión oficial del Gobierno), duplicando la de la eurozona en 2020, pero además estima que nuestro país no recuperará el nivel de PIB precrisis hasta 2023 pese al despliegue de las vacunas, con un crecimiento del 5% en 2021 (7,2% oficial) y un 4% en 2022. Por su parte el Panel de Funcas estima una caída del PIB para España del 12%; el Banco de España, en su escenario de rebrotes con confinamientos limitados, prevé una caída del 12,6%, y el FMI la estima en el 12,8%. En mi opinión, estas estimaciones tan negativas podrían acabar teniendo en 2020 una moderada revisión al alza.

Fuente: Cotizalia.

Fuente: FUNCAS

Por su parte, el Gobierno y algunos economistas afines defienden previsiones mucho más optimistas, anunciando un impacto bastante menor del estimado y un último trimestre con apreciables tasas positivas de crecimiento. Se apoyan en unos datos de afiliación de noviembre presuntamente "menos malos" y algunos otros indicadores como el modelo (evolutivo) MIPred de la AIReF, que actualiza las previsiones de crecimiento del #PIB con los datos del PMI servicios (noviembre) y arroja una tasa intertrimestral provisional del 1,1% en el cuarto trimestre de 2020. El propio ministro Escrivá acaba de apuntar una posible alza del PIB del 2,4 % en el cuarto trimestre, predicción que seguiremos con mucha atención. Como he mencionado anteriormente, existe la posibilidad de un escenario menos desfavorable, pero son muchas las incertidumbres y pocos los datos de coyuntura a tiempo real para que podamos lanzar las campanas al vuelo, salvo por la inminencia de las vacunas. Como siempre hacemos en esta casa, les invito a efectuar un recorrido por los últimos indicadores económicos. Tengan también en cuenta, a fin de evitar euforias precipitadas, que (1) algunos fenómenos negativos acaecidos a final de 2020 no los veremos reflejados hasta comienzos de 2021, y que (2) el crecimiento, por supuesto, no lo es todo.

• Respecto a los datos de afiliación de noviembre, resulta prudente hacer una valoración más ajustada que la oficial y que la difundida en muchos medios. Los datos no fueron realmente buenos, como por otra parte cabía esperar por los nuevos confinamientos. Si descontamos una estimación del empleo público (de nuevo un factor esencial) y los afiliados todavía acogidos a ERTEs (que se incrementaron de nuevo en noviembre tras meses de caídas), la tasa anual realmente retrocedió, como muestra otro excelente gráfico del maestro Combarro al final de este párrafo. En concreto, empleo público, servicios auxiliares y administrativos e industria presentaron cifras de afiliación positivas, pero la hostelería, la restauración y el comercio, muy intensivos en empleo, siguieron en animación suspendida como consecuencia de las restricciones. En este sentido, y como bien apunta el economista y profesor Manuel Alejandro Hidalgo en su último y excelente artículo sobre esta cuestión, será el dato de la EPA de finales de enero el que nos dará una referencia mucho más sólida del crecimiento del PIB del IV trimestre, cuyo dato definitivo no conoceremos hasta bien entrado 2021.

• Las cifras de nuestro consumo privado en noviembre no fueron buenas. La semana del Black Friday cerró con una caída del 21% respecto al año pasado según datos de Caixabank. El descenso interanual agregado del consumo en terminales de punto de venta en noviembre fue del 19% frente al 9% producido en agosto. El puente de la Constitución y la campaña navideña marcarán la pauta final de 2020, aunque no deberíamos esperar grandes sorpresas: la tasa de ahorro de los hogares españoles se ha incrementado hasta el 31%, el ratio más alto de toda la serie histórica, según un estudio de la Agencia Negociadora. A su vez, el 20% de los españoles tiene problemas para afrontar el pago de su vivienda habitual, ya sea la hipoteca, el alquiler o incluso para hacer frente al pago de suministros, según el último estudio Focus on Spanish Society de Funcas. Muchos ciudadanos se han visto obligados a tirar de sus ahorros, pedir préstamos o agotar el límite de sus tarjetas de crédito para pagar gastos corrientes. Esta coexistencia de una tasa de ahorro disparada con una gran cantidad de compatriotas en apuros financieros refleja la enorme brecha de estabilidad económica entre trabajadores indefinidos, empleados públicos y pensionistas, por una parte, y trabajadores con contratos temporales y autónomos, por otra.

Fuente: Caixabank

Fuente: el Mundo

• La situación de las empresas tampoco ha mejorado. De acuerdo con un reciente análisis de Iberinform sobre aquellas que presentan cuentas anuales (unas 270.000), la recesión generada por la pandemia provocará que cerca del 17,6% del tejido empresarial español pueda considerarse zombi al cierre de 2020. El Banco de España, por su parte, estima que entre el 6% y el 10% de las empresas españolas podrían ser inviables y quedar abocadas a su disolución de no producirse una recuperación sólida tras el control de la pandemia. En cualquier supuesto, las expectativas empeoran en el caso de las pymes y en los sectores más afectados por las medidas restrictivas contra la pandemia, como transporte, hostelería, restauración y ocio.

Fuente: Banco de España

• En cuanto a los ingresos fiscales, según el último informe de la Agencia Tributaria, éstos caerán un 12,5% interanual en el cuarto trimestre del año, con lo que el descenso anual de recaudación superará el 10% en 2020, frente a la previsión oficial del 7,6%. Es la mayor caída de recaudación fiscal de los últimos once años, y supone un desafío añadido al ya de por sí extremadamente optimista escenario de ingresos estimado por el Gobierno para 2021, en el que se espera recaudar 222.107 millones de euros. Un 35% más, nada menos.

Fuente: Voz Populi

• Finalmente, en lo que respecta a la deuda y el déficit y su impacto en el crecimiento, me atengo a lo que recientemente he explicado en mi blog personal: los países desarrollados podrían estar entrando perfectamente en una dinámica de japonización duradera, caracterizada por un crecimiento lento, baja inflación y muy alto endeudamiento. Esto es todavía más evidente en economías altamente endeudadas y con déficit estructural crónico como la española, como muy bien explica Marc Fortuño en un excelente artículo de esta misma casa.

A la expectativa

A estas alturas, no podemos negar que España cerrará este fatídico 2020 en una situación muy complicada y con grandes incertidumbres en lo que respecta a 2021. La esperanzadora llegada de la vacuna (o vacunas) y de los fondos de recuperación europeos pueden ayudarnos a salir de la dura crisis provocada por el coronavirus, pero deberemos ser muy prudentes con nuestras expectativas y muy responsables con nuestras políticas económicas.

En primer lugar, durante el primer semestre de 2021 como mínimo, enfermedad y vacunación convivirán juntos, por lo que seguiremos experimentando rebrotes y ello se trasladará a nuestra economía. No es descartable una tercera oleada fuerte a principios de 2021, lo que depende mucho de nuestro comportamiento en estas Navidades.

En este punto, debemos ser conscientes de que una recuperación económica rápida de la actividad y el empleo pasa necesariamente por recuperar la hostelería, la restauración, el comercio y el turismo. Una alternativa económica a los 57 millones de turistas perdidos y a los 63.000 millones menos en ingresos turísticos de 2020 no se construye de la noche a la mañana, como bien apunta Angel Talavera de Oxford Economics. Nuestras prioridades a corto plazo deberían centrarse precisamente en dichos sectores. Es muy posible, por tanto, que deban extenderse más allá de enero los beneficios de los ERTES y las ayudas a determinadas empresas y autónomos, a la espera de una normalización de la pandemia, o por el contrario debamos asumir el cierre de empresas, los despidos y el paro que llegarán en ausencia de tales ayudas. Como se ha mencionado anteriormente, no parece haberse contemplado una dotación presupuestaria suficiente para afrontar ambas eventualidades, y esto nos lleva a mi segunda reflexión.

Fuente: Oxford Economics

No cabe duda que haber alcanzado un acuerdo presupuestario, tras años de prórrogas, es un logro positivo, muy necesario y que, por cierto, debería repetirse anualmente, ya que estábamos olvidando la operatoria normal del Estado. Pero tan importante como tener un presupuesto es su configuración. La coalición gobernante y quienes les apoyan han optado políticamente por unos PGE con elevados gastos y un incremento importante de impuestos, que afectará a todos los ciudadanos y cuyo impacto en la recaudación real resulta todavía poco claro. Para cuadrar los ingresos, el Gobierno cuenta además con la llegada los fondos europeos. Pero el muy importante impulso (temporal) que este incremento de gasto puede llevar consigo no será sostenible a medio y largo plazo sin las imprescindibles reformas estructurales que la Unión Europea nos demanda, especialmente en pensiones, mercado laboral y unidad de mercado, a lo que yo añadiría la muy necesaria mejora de nuestra calidad regulatoria e institucional. Todo ello será casi imposible de conseguir con la confrontación exacerbada y el enfoque divisivo y cortoplacista que impera actualmente en la política española. No debemos olvidar que si no somos capaces de efectuar dichas reformas, se nos exigirán desde Bruselas, no tanto en 2021 como a partir de 2022, porque las ayudas no suponen un cheque en blanco permanente ni muchos Estados Miembros están dispuestos a que se otorguen sin contraprestaciones. La condicionalidad apretará tarde o temprano y llegará para quedarse.

En definitiva, España es ahora mismo un pesado elefante ejecutando un muy complicado ejercicio de funanbulismo. En ese elefante estamos todos, ciudadanos de a pie incluidos, que también somos parte activa, y muy importante, de la solución. Dependemos, por encima de todo, de nosotros mismos para salir airosos de este trance. Tenemos capacidad para ello, pero sin equilibrio, habilidad, precisión, esfuerzo, paciencia, serenidad, generosidad y visión, nuestro batacazo podría ser histórico.

Que disfruten de unas felices fiestas con responsabilidad, sensatez, salud y amor. También con esperanza en un nuevo año mucho mejor que este feo 2020 que finaliza. Aquí estaremos para contárselo. Never surrender, queridos lectores.

Las ayudas fiscales en España para ayudar a las empresas a salir del agujero negro que las ha llevado el covid-19 está entre las menores que se aplican en los países miembros de la Unión Europea.

Las ayudas que ha planteado el Gobierno, entre todos los aplazamientos de pagos y la suspensión de los diferentes impuestos, no alcanzan el 0,9 por ciento del PIB, mientras los países miembros de la Unión Europea los han situado alrededor del 10 por ciento del PIB de media.

España es la que ofrece menos ayudas fiscales de la Unión Europea

Según datos recopilados por el Instituto Europeo Bruegel, las ayudas fiscales son superiores en la mayoría de miembros de la Unión Europea que en España, como muestra la gráfica comparativa “Gasto Covid-19, Estímulos fiscales y Créditos, y Garantías miembros de la UE“:

Se puede apreciar en la gráfica que Italia es la que más ayudas fiscales está ofreciendo a sus empresas, con un 13,2 por ciento del PIB. Portugal es el segundo país que está ofreciendo más estímulos fiscales, con un 11,1 por ciento del PIB.

Francia ha establecido unas ayudas fiscales del 8,1 por ciento del PIB y Alemania ha establecido unos estímulos fiscales del 7,3 por ciento del PIB. España es la que menos estímulos fiscales está ofreciendo a sus empresas con un 0,9 por ciento del PIB.

Por otra parte, si se juntan las líneas de crédito y los avales aprobados por los Gobiernos para mejorar la liquidez de las empresas, el estímulo total en España se queda en el 10,1 por ciento del PIB.

Mientras, Italia tiene un paquete que alcanza el 43 por ciento de su PIB y Alemania un 34,5 por ciento de su PIB. Solo Grecia y Hungría, países poco afectados por la crisis, quedan por detrás de España si se suman los estímulos fiscales y de avales crediticios.

Principales ayudas fiscales de los miembros de la Unión Europea

Las principales economías en Europea (Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica, etc.) están implantando medidas que permiten diferir el pago de los impuestos sin intereses ni recargos. En España se ha incluido está medida pero este tipo de ayudas se limitan a las pymes y autónomos, mientras en el resto de miembros de la UE es para todas las empresas.

España ha dejado a sus empresas en inferioridad de condiciones, ya que el aplazamiento de los impuestos da una mayor gestión y eficacia sobre la tesorería, siendo un aspecto importante por el desplome de los ingresos.

Por otra parte, la liquidez es un aspecto clave para todas las empresas, sean pequeñas y medianas empresas o las grandes multinacionales.

En Alemania se ha optado por el aplazamiento del pago de los impuestos si la recaudación genera una dificultad para la empresa. Esta medida se aplicará para los impuestos de hasta finales de año y que se activa en el momento que lo pida la empresa.

Por otra parte, las multas por pagos atrasados no se van a cobrar hasta a final de año. Además, se pueden extender los plazos de presentación de las declaraciones, y los embargos de cuentas no se aplicaran hasta el final de año.

En Bélgica, han tomado medidas respecto a los impuestos federales y las cargas sociales. Han realizado el aplazamiento de la presentación del pago del IVA, los impuestos al trabajo y un aplazamiento de los impuestos sobre la renta.

Además, las empresas que demuestren un impacto directo del covid-19, pueden solicitar planes de exención de multas por impago y exención de intereses por retraso en impuestos (IVA o Impuestos de sociedades).

En Francia, han optado por el aplazamiento de pago de impuestos empresariales directos (Impuesto de sociedades, propiedad comercial, etc.) y impuestos salarias, sin ningún tipo de interés de retraso.

Además, las empresas pueden pedir reembolsos de los próximos pagos de impuestos directos, intereses por retrasos o multas en los impuestos, pero solo en el caso que se acredite que la empresa pasa por dificultades.

En Italia, el primer afectado en Europa por el covid-19, han aplazado pago de impuestos al sector turístico y de alojamiento (retenciones IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, pagos de IVA, etc.).

Además, han realizado una suspensión de las auditorías las empresas y de la obligación de orden pago de impuesto. Se ha realizado un paquete para facilitar las transacciones de créditos tóxicos y desgravaciones en donaciones para combatir el covid-19.

Las ayudas fiscales que se han implantado en España

Los estímulos fiscales en España, con diferimientos y suspensión de las cuotas, es de 10,7 mil millones de euros, y se destinan 3,9 mil millones de euros en aplazamientos de impuesto laborales, contribuciones de la seguridad social y otros gastos de tipo laboral.

El Gobierno en España ha destinada 1,2 mil millones de euros en aplazamientos de pagos relacionados con impuestos empresariales. Además, se han asignado mil millones de euros para la suspensión total del IVA en suministros médicos adquiridos por instituciones públicas, centros médicos o instituciones sin ánimo de lucro.

El Gobierno ha destinado 58 millones de euros para los aplazamientos o la flexibilización de los gastos de servicios públicos y una moratoria de 5 mil millones de euros para los pagos en préstamos hipotecarios para viviendas para aquellos que se encuentran económicamente vulnerables.

No existe una estimación de la moratoria del pago de la renta para inquilinos con dificultades económicas, ni para la moratoria de los pagos de la deuda no hipotecaria.

En El Blog Salmón | Los efectos del coronavirus sobre la economía española van a ser peores que la crisis de 2008

Imagen | Flickr

La paralización de gran parte de la actividad económica por causa del actual estado de alarma está provocando mermas notables en los ingresos de muchas familias y empresas. Ello ha llevado a nuestras autoridades a anunciar todo tipo de ayudas, las cuales deberán llegar tanto del Gobierno Central como de gobiernos autonómicos y entidades locales.

Así el Gobierno de España aprobó el pasado 31 de marzo 50 medidas de apoyo a “los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables”. Estas medidas, en lo referente a las familias, consisten entre otras en moratorias para alquileres e hipotecas, ampliación del bono social eléctrico, subsidio temporal para empleadas del hogar, subsidio extraordinario para determinados contratos temporales o congelación de tarifas de determinados suministros.

Para las empresas, las ayudas van desde moratorias excepcionales para el pago de cotizaciones sociales y prestación extraordinaria por cese de actividades con alto grado de estacionalidad hasta supresión de los pagos por créditos concedidos por la Secretaría de Estado de turismo.

Sin embargo, la situación es tan grave que ni siquiera la avalancha de medidas impide que muchos sectores económicos sigan reclamando ayudas, unos por considerarse excluidos, otros por la incertidumbre en su percepción y otros por sentirse especialmente perjudicados por la crisis: es el caso de sectores como la restauración, artes escénicas, comercio no alimentario, cadenas de televisión, talleres mecánicos, marisqueo, fisioterapeutas y un largo etcétera. Lo mismo sucede con colectivos de consumidores como arrendatarios o usuarios de servicios financieros. En medio de todas estas medidas surge la inevitable confusión entre los posibles beneficiarios en lo relacionado con requisitos, formalidades, plazos e incompatibilidades; por este motivo las solicitudes requieren no solo mucho tiempo y esfuerzo sino además, en muchas ocasiones asesoramiento profesional.

Así pues, como complemento a las 50 medidas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha anunciado la próxima implantación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) para personas y colectivos considerados especialmente vulnerables; con ello se pretende completar las ya conocidas 50 medidas sociales.

En Magnet

Cómo funciona la renta mínima del País Vasco y qué efecto ha tenido sobre el desempleo

Aunque los conceptos se parecen, Ingreso Mínimo Vital no es lo mismo que Renta Básica Universal (RBU): el primero es un complemento en forma de subsidio para aquellas personas que previamente justifiquen que no alcanzan determinado nivel de ingresos o que pertenecen a un determinado colectivo, mientras que el segundo consiste en una suma de dinero que todo residente de un país recibe regularmente del gobierno sin condiciones, independientemente de que perciba cualquier otro ingreso, de su situación económica o de con quién conviva. Así pues, para recibir el primero hay que justificar “a priori” y para el segundo “a posteriori”, es decir se cobra y si no se cumplen los requisitos, se devuelve todo o la parte que corresponda. Las diferencias son por tanto notables.

Quienes defienden la opción de la RBU argumentan la simplicidad de la medida y la facilidad para su puesta en marcha inmediata: parece lógico pensar que muchas de las ayudas mencionadas más arriba y otras que pudieran implantar serían sustituidas por la RBU, con el consiguiente ahorro en tiempo y costes. Técnicamente no parece una medida complicada: una vez realizadas las transferencias, en la próxima declaración de la renta se incorporaría el dato en los borradores y en función de los ingresos totales de este año, en 2021 habría que devolver en todo o en parte esa ayuda, o no devolver nada.

Viabilidad de la RBU

Para implantar la RBU es necesario contar con recursos suficientes para su pago: partiendo de los cálculos de Toni Roldán con la referencia del profesor de Harvard Gregory Mankiw, el coste inmediato, si se transfiere a los 39,5 millones de personas en edad de trabajar que hay en España una renta de 1.000 euros durante 3 meses esto supondría el 9,5% del PIB; pero si ajustamos con las devoluciones, suponiendo que el 50% lo devuelven todo, el 25% nada y el otro 25% la mitad, el coste final quedaría en el 3,5% del PIB de 2019.

Sin embargo ese 9,5% del PIB en forma de crédito, menos de 120.000 millones de euros, podría ser menor si se excluye de las ayudas a quienes ya tienen garantizado por el Estado unos ingresos superiores a los 1.000 euros mensuales. Este sería el caso de los casi 2 millones empleados públicos con plaza fija y los más de 3 millones de beneficiarios de pensiones de jubilación superiores a 1.000 euros. Es decir, los perceptores de la RBU en España podrían quedarse en 34,5 millones de personas. El coste de la medida aún podría reducirse si la ayuda se transfiriese previa solicitud; muchos no la pedirían sabiendo que después tendrán que devolverla. Si, por simplificar, los que lo tienen que devolver todo, es decir la mitad no solicitan la RBU, el coste inmediato se reduciría a menos de 60.000 millones.

Con estos números su puesta en marcha sería factible si España contase para ello con 60.000 de los 540.000 millones de euros en forma de préstamos aprobados por la Unión Europea el pasado 9 de abril para apoyar a estados, empresas y trabajadores frente a la pandemia.

Por tanto la RBU no solo es posible desde el punto de vista técnico sino que también es viable desde el punto de vista financiero. La dificultad para su implantación dependería entonces de las condiciones impuestas por Bruselas para la aplicación de las ayudas.

Ventajas de la RBU

Las ventajas de esta medida alcanzarían en primer lugar a las familias, que dispondrían así de forma inmediata de los recursos mínimos para garantizar su subsistencia en los meses que se prevé dure la alarma; esto se conseguiría de un modo directo, inmediato y sin dejar a nadie fuera, como sin duda requiere la actual situación, pero también evitando duplicidades en la percepción de ayudas.

En segundo lugar, emprendedores y empresas serían receptores de una demanda, ahora escasa, que estaría basada en las necesidades de las familias, y por tanto sostenible en el tiempo. Es decir, se conseguiría reactivar la economía dotando de liquidez a los consumidores. La alternativa a la RBU para reactivar la economía son modelos de inversión pública como el plan E de Zapatero en los años posteriores a la crisis de 2007; este plan supuso un gasto total de 50.000 millones de euros y fue calificado por el profesor de IESE Xavier Vives como “insostenible e improductivo”.

La RBU presenta además la ventaja de su neutralidad desde el punto de vista de la actividad económica puesto que al llegar directamente a los consumidores son éstos quienes con sus decisiones indican a los productores sus necesidades y como atenderlas, al margen de preferencias de otra índole; ningún sector económico podría argumentar agravios en relación a otros.

Por último debemos mencionar la equidad de la medida desde el punto de vista de las familias: al final del proceso tan solo recibirían la renta quienes realmente no alcancen un mínimo, el resto tendrían que devolverla.

Dificultades para su implantación

Una medida de reactivación económica y de subsistencia para las familias que además es viable, transparente, equitativa y neutral desde el punto de vista de la economía ¿tendría dificultades para su puesta en marcha? Lamentablemente la respuesta es sí.

Las dificultades para su implantación pueden tener diversos orígenes debido a la previsible resistencia de muchas partes interesadas como entidades públicas de todo tipo, asociaciones sectoriales y asociaciones de ayuda a colectivos vulnerables.

La RBU, al llegar de modo uniforme para todos, es de gestión única y no necesita justificación previa, por ello muchas de las actuales ayudas ya existentes deberían desaparecer sustituidas por la RBU. Esto no parece que sería fácilmente aceptable por los responsables políticos que preferirán contar con un cierto grado de discrecionalidad que les permita rentabilizar electoralmente las ayudas, aunque ello suponga costes y esperas. Desde este punto de vista interesa que los perceptores sepan quién da las ayudas e interesa controlar directamente su gestión; en definitiva, es preferible que la ayuda se pida y se justifique antes que implantarla de modo universal.

Ayudas para alimentación, vivienda, suministros o tributos, incluso rentas mínimas como la ya existente en el País Vasco, podrían perfectamente ser sustituidas por la RBU pero ello afectaría a determinadas entidades públicas y privadas que las gestionan, y sin duda implicará numerosas resistencias.

Por último asociaciones sectoriales tendrían que renunciar, al menos en parte, a determinadas subvenciones públicas. Como partes interesadas es probable que también se muestren reticentes a ello. La buena noticia es que con una RBU se facilita también que los consumidores adquieran bienes y servicios con los que reactivar los diferentes sectores económicos.

El Gobierno de coalición y el presidente Pedro Sánchez hoy han dado respuesta económica a la crisis que se ha desatado con la pandemia del coronavirus. El Gobierno de Sánchez aprobó la pasada semana un primer paquete de medidas no eran suficientes ante la compleja situación que vive España.

El Ejecutivo ha realizado una fuerte actuación de carácter social, que tienen como objetivo ayudar a empresas, especialmente a las pequeñas empresas, y las familias en situación vulnerabilidad, inyectando 200 mil millones euros, 117 mil millones de euros van a ser de dinero público y el resto lo movilizaran a través de recursos privados.

En El Blog Salmón

La banca está en su peor momento, ni el tipo de interés ni las pandemias le ayudan

Liquidez masiva para las empresas

El Gobierno le preocupa la situación de liquidez de las empresas por la situación que viven por culpa del coronavirus, y por esto, ha planteado dar acceso a avales públicos de forma masiva a las empresas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 100 mil millones de euros.

Además, se dedicarán 2 mil millones euros para las empresas exportadoras de España. Todos estos créditos con aval de Estado se aplicarán un tipo de interés fijo muy reducido para las empresas.

Regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs)

Uno de los ejes principales del plan de choque es la articulación de un nuevo marco normativo para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) acelerados, retroactivos y basados en causas de fuer mayor.

Es una propuesta conjunta de empresas y sindicatos por lo que el plazo mínimo de ejecución pasa a ser de 5 días y los trabajadores afectados percibirán un 75 por ciento de su sueldo bajo el formato de prestación por desempleo que gestiona el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE).

Esta prestación no va a consumir los derechos a prestaciones acumuladas por los trabajadores y da recursos a aquellos que no hayan cotizado durante suficiente tiempo. A las empresas se le van a exonerar de las cuotas de las Seguridad Social mientras dure la alarma sanitaria del coronavirus y, por tanto, el ERTE.

Facilitar el teletrabajo para los trabajadores asalariados

Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que los trabajadores asalariados podrán adaptar su jornada hasta el 100 por cien por motivos personales y condiciones especiales.

Para esto se quiere potenciar el teletrabajo y habrá ayudas a las empresas para la implantación del teletrabajo.

Ayuda a las familias españolas

El Gobierno de coalición dota de 600 millones de euros en prestaciones básicas a las asistencias sanitarias de personas en vulnerabilidad. Es decir, va a evitar que los hogares españoles puedan sufrir cortes en los servicios básicos, como la luz, el agua o el gas por lo efectos económicos del coronavirus.

Además, establecer medidas de moratoria en el pago de hipotecas para los casos de las familias en situación de vulnerabilidad o aquellos colectivos que lo necesiten.

Se podrán beneficiar aquellos deudores más vulnerables como los que hayan entrado en situación de desempleo como consecuencia del virus o hayan visto reducidos sus ingresos en un 40 por ciento en el caso de los autónomos.

Autónomos, acciones e investigación científica

Uno de los grupos que más va a sufrir el cierre de comercios y el parón de la economía española son los autónomos. El Gobierno de coalición permite una flexibilización en la prestación en el acceso por cese de actividad y aquellos autónomos que tengan empleados pueden acogerse a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs).

Por otra parte, el Gobierno ha decido blindar a las empresas españolas de sectores estratégicos cotizadas y evitar que acaben en manos de empresas extranjeras, se ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control.

Por último, para potenciar la investigación de una cura para el coronavirus se van a dotar 30 millones de euros para potenciar los proyectos.

Al paquete de medidas del Gobierno le quedan cosas importantes por tratar

Los autónomos le han pedido al Gobierno central medidas más concretas como la suspensión de la cuota de autónomos durante los 2 próximos meses y que se les garantice las prestaciones de paro, de lo contrario, existe el riesgo de atascar las solicitudes de prestación de cese de actividad que está medida si la han aprobado.

Otro gran olvidado de las medidas presentadas ha sido el fraccionamiento y el aplazamiento de los pagos tributarios por un plazo lo suficientemente amplio para que las empresas que hayan sufrido de forma significativa los efectos negativos del coronavirus.

Por otra parte, no se ha contemplado una moratoria en los pagos de alquileres de locales y viviendas durante el periodo de alarma sanitaria por el coronavirus. El inquilino que no pueda pagar íntegramente la renta le tendrá proponer al propietario abonar una parte difiriendo el resto en varios pagos.

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Imagen | Lalo Alvarez/GTRES