Debido a la crisis inmobiliaria que vive España los ayuntamientos están teniendo serios problemas para mantener el nivel de gastos que llevaban hasta la fecha. Por tanto muchas de las actuaciones que tenían previstas están en serio riesgo. Muchos ayuntamientos han decidido subir impuestos, otros parar muchas obras, la mayoría una combinación de ambos métodos (algunos incluso se atreven a decir que no suben los impuestos, simplemente los crean nuevos).

Un caso muy especial, por su tamaño, es el Ayuntamiento de Madrid. La deuda de este ayuntamiento es muy elevada, debido al coste del soterramiento de la M30, obra que a mi entender, debería haber realizado otra administración con mayor capacidad financiera (esto es muy típico de los ayuntamientos, asumir competencias sin que nadie se lo pida y sin pedir compensaciones a cambio y a la postre quejarse del poco dinero que tienen). Al haber cada vez menos construcción, los ingresos se han reducido y han tenido que parar las obras que tenían previstas, a la vez que van a crear nuevos impuestos (como el de recogida de basuras) y crear nuevas multas (por no reciclar).

Hasta aquí lo normal: una vez que tienes un nivel de gasto exagerado, lastrado por una gran deuda, lo único que se puede hacer, a toro pasado, es disminuir el gasto y aumentar los ingresos. Lo que me sorprende es que hay gastos que no quieren disminuir, como es el sueldo de los altos cargos. En plena crisis no les ha temblado la mano en subirse el sueldo, entre ellos un 11% al propio alcalde del municipio, Alberto Ruíz Gallardón.

Lo que más me llama la atención es que además dicen que esta subida de sueldo es por los ejercicios 2007 y 2008, no para 2009. Y que el motivo es que el alcalde tiene su sueldo equiparado a los Secretarios de Estado, y que la culpa la tiene el Gobierno central por subir dichos sueldos (no mencionan que la equiparación es porque el ayuntamiento así lo quiere).

Mi crítica se centra en el Ayuntamiento de Madrid por la noticia de hoy, pero es generalizable a la mayoría de los ayuntamientos de España. ¿Tienen realmente los ayuntamientos problemas de financiación? Pues que se congelen los sueldos de los altos cargos, que dejen de asumir competencias sin que nadie se lo pida, que reduzcan los gastos superfluos. Y sobretodo, que dejen de pedir dinero a otras administraciones, si quieren realizar proyectos extravagantes, que se atrevan a presentarse a las elecciones proponiendo una subida de impuestos.

Vía | 20 Minutos, El Economista
Imagen | untipografico

Acaba de surgir un tema que tiene toda la pinta de ser político pero con un elemento subyacente de lo nuestro y muy importante.

Como aquí no hablamos de política pero sólo de política económica, sólo trataremos el tema en ese contexto, y cualquier comentario debería hacer lo mismo.

Anteayer en su discurso en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció que pensaba permitir la entrada de capital privado a la empresa Canal de Isabel II, hasta un 49%, llevándose estos la gestión también.

Esto, tras convertirla anteriormente en sociedad anónima. Increíblemente, ya son más de 15 años que oigo hablar de este tema y ahora lo sacan otra vez.

Posteriormente, Alberto Ruiz-Gallardón, el Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, habló de que la necesidad de sacar los servicios que Canal de Isabel II ofrece a Madrid a subasta, si la privatización planteada ocurriera.

No se si el Alcalde sacó el tema por razones políticas pero en esto tiene razón. Es muy importante que todos los servicios públicos que empresas privadas gestionan para ayuntamientos se saquen a subasta pública y que estas subastas sean transparentes. La designación a dedo no debería permitirse jamás.

Los alcaldes de los pueblos de España ya tienen suficientes tentaciones para hacer las cosas mal, para favorecer a sus amiguetes y para sacar su tajada, y muchos se han aprovechado de ello.

Contratos de servicios públicos no deberían ser una tentación más.

Como no soy abogado, no hablaré de que si el Ayuntamiento puede rescindir el actual contrato o no. No obstante, cuando haya que firmar otro contrato, espero que actúen en consecuencia.

Vía | El País y CNN Plus
En El Blog Salmón | Los alcaldes quieren más dinero y Deberían de vigilar las subcontratas

En primer lugar se hace necesaria una explicación para los urbanitas. ¿que es un bien comunal? En pocas palabras, y sin tecnicismos, se trata de bienes que pertenecen a determinadas colectividades, generalmente municipios. Concretamente me refiero a montes, pastos, aprovechamientos forestales y de caza, etc. Bienes que, en la España rural de los siglos anteriores, marcaban fuertes diferencias entre aquellos ayuntamientos y vecinos que disponían de los mismos y los que no. Vamos, que los del Fairy con Villarriba y Villabajo se quedaban cortos. Por poner un ejemplo, hay dinero, mucho dinero en juego en los aprovechamientos forestales.

Tradicionalmente estos bienes eran administrados, sin problema alguno, por las Corporaciones locales. Fueron, para muchos municipios, uno de los baluartes a través de los que soportaron la migración de sus vecinos a las urbes en la segunda mitad del XX. En algunos casos, indirecta y relativamente, la reducción del denominador (vecinos a repartir) generó incluso un efecto riqueza. Pero no tardarían en llegar los problemas.

Y es que, gracias al desarrollo de las vías de comunicación y al nuevo éxodo, esta vez en sentido en contrario, no tardaron estos pueblos en recibir un gran número de nuevos vecinos, que llegaban a duplicar a los de siempre, a golpe de urbanizaciones nuevas. Los Ayuntamientos estaban inicialmente encantados, y lo favorecían a través de sus Planes Generales de Ordenación. Esto suponía fuertes entradas de dinero via licencias, tasas, impuestos a los nuevos residentes, crecimiento de negocios, etc…

Pero hete aquí que estos nuevos vecinos, con el tiempo, cobran conciencia de que existen esos bienes comunales. Y que muchos Ayuntamientos han establecido un sistema para evitar que tengan acceso a los mismos, estableciendo, vía ordenanza o mera invocación de costumbre, un coto cerrado o de muy difícil acceso (se llega a exigir en algún caso el ser natural del lugar) de beneficiarios de los mismos. En pocas palabras, queremos vuestro dinero pero no permitiremos que pongáis las manos sobre el nuestro. Supongo que si pudiesen impedir que tuviesen derecho al voto también lo harían. Que lastima.

A finales del siglo pasado, esto dio lugar a bastantes conflictos, físicos y jurídicos. De un modo muy triste en mi opinión, la linea jurisprudencial que parece asentarse en este país de pandereta es que dichos cotos financieros son legales. Así lo ve el Tribunal Supremo. Desconozco si se ha llegado a plantear al Constitucional lo que es una clara violación del principio de igualdad entre españoles por razón de lugar de nacimiento. Quizás el Ministerio de Igualdad este ocupado en otras cosas más importantes que en la defensa del art. 14 de la CE.

Al Tribunal Supremo le parece bien que, como en el viejo Sur de los EEUU en lo tiempos de la segregación, haya quien se siente delante y quien se siente detrás en el autobus, vía ordenanza. Como decía el viejo chiste: aquí no hay blancos ni negros, aquí todos somos de sangre azul. Por favor, los de sangre azul clara delante, los de sangre azul oscura detrás. Y para ello invoca la Costumbre, fuente reconocida de Derecho en nuestro ordenamiento y la garantía que dichos bienes han supuesto para el desarrollo de esas comunidades.

Lo de la Costumbre no tiene un pase. Dudo mucho que la Costumbre ampare practicas discriminatorias de derechos. Pero lo segundo es el colmo. Si esas comunidades locales no querían compartir sus bienes lo tenían muy sencillo: no haber aprobado esos PGOUs expansivos, no haber admitido la proliferación de suelo urbanizable en su municipio. Claro que entonces tampoco hubiesen visto los euros que de ello se derivan. Toda una aplicación práctica de la Ley del Embudo.

Desde luego, si yo fuese uno de esos vecinos de sangre azul oscura practicaría la insumisión fiscal, amen de saturar en la medida de lo posible los servicios locales.

Vía | El blog de espúblico
Más información | Enciclopedia Aragonesa
Imagen | alfonso benayas

Lamentablemente, salvo en Madrid y en algunas otras localidades históricas, en España se esta pasando bastante por alto el Bicentenario de la Guerra de la Independencia. No voy a entrar en quienes fueron los buenos, los malos, si fue una Guerra Civil o una Santa, etc. Lo que si que tengo claro es que, en otros países como EEUUU, o para muchos la admirada Francia, tendríamos 2 de Mayo, Bailen y Vitoria, mañana, tarde y noche. Pero aquí somos muy modernos.

Sin embargo hay cosas que nunca fenecen. Como el protagonismo de nuestros alcaldes. Ahí tenemos, la, para algunos, Declaración de Guerra de Móstoles a Napoleón. En pleno siglo XX nos encontramos con que la II República adviene de unas elecciones municipales, siendo el pueblo de Eibar el primero en proclamar el nuevo Régimen, adelantándose a otras instituciones.

Hoy leo en El País que los alcaldes piden 7.000 millones al Gobierno, por boca del Presidente de la Federación de Municipios, el edil socialista de Getafe, Pedro Castro. Y claro, si el titular ya es fuerte, lo que viene después no se queda corto:

“La situación de los ayuntamientos es caótica, desesperada. No estamos dispuestos a esperar más, a que nos digan: ‘La próxima vez os tocará’. Nos toca ya”, advierte al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe (Madrid), el socialista Pedro Castro, que hace días declaró: “O nos hacen caso, o esto es la guerra”. Amenaza con medidas drásticas, incluida una especie de huelga de ayuntamientos, que dejarían de prestar ciertos servicios, y pone números a esa desesperación municipal: 7.000 millones de euros, lo que cuesta a las entidades locales hacerse cargo de asuntos para los que no tienen ni dinero ni competencias, pero de los que se ocupan porque, sostiene Castro, nadie lo hace.

A ver, si no logramos una solución global habrá que ir a soluciones puntuales. Hay ayuntamientos que plantean una actuación sobre el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y el de Plusvalía. En ningún caso supondría aumento de presión fiscal sobre el ciudadano en la cesta de la compra, sino sobre el que hace negocio. Ésa es una posibilidad, es algo que podríamos incorporar a la negociación si no nos dan una solución.

Hace falta tener cuajo. Al Sr. Pedro Castro me gustaría decirle dos cosas:

• ¿Qué hacen asumiendo competencias que no les corresponden? El ansia de poder de nuestros políticos, de intervención es brutal. Y se manifiesta con especial virulencia en estas instituciones tan cercanas al ciudadano (quizás gracias a que se prestan más al clientelismo). Voy a poner un ejemplo. Estoy cansado de que, a través de los Ayuntamientos se creen monopolios de determinados negocios, bajo la figura de la subvención pública. Conozco excelentes profesores de música que no han podido competir con las Aulas Municipales, que explotadas pro un titular privada y financiadas por el Ayuntamiento, han acabado con la iniciativa privada en dicho sector. Otro tanto ocurre con gimnasios, academias, etc. Es un mal endémico, que de un modo u otro esta muy presente en nuestra sociedad, como ha recordado recientemente luiscarlos. Lo más gracioso es que, luego, en las áreas que realmente les compete el funcionamiento dista mucho del deseable. Pero claro, no se está a lo que se tiene que estar.
• Recordatorio a despistados. Esta declaración de guerra, de a mi la financiación que los arrollo, se realiza en un contexto de crisis inmobiliaria. Lo que el Sr. Pedro Castro se calla es durante estos años de jauja inmobiliaria, uno de los principales focos de especulación inmobiliaria se encontraba en los consistorios municipales. Los Ayuntamientos han gozado de un maná permanente estos años. La financiación de los ayuntamientos se ha conseguido a través de las cesiones urbanísticas, de la venta de suelo, de las licencias, de…y todo eso se ha acabado. Pero claro, ellos quieren 7.000 millones más. Don Pedro, ¿por qué no gastan 7.000 millones menos? El déficit público es cosa de todas las Administraciones, no sólo de la Central.
• Y por último sería deseable que alguien le diese, quizás Jordi Sevilla, unas clases de economía a Don Pedro. Prescindiendo de la conversión del empresario (válgame Díos, como se atreven a hacer negocios) a chivo expiatorio del sistema fiscal, como si no fuesen también ciudadanos, sostiene el alcalde de Getafe que, dichas medidas no supondrán un impacto fiscal en la cesta de la compra de los ciudadanos. ¿No?, vaya hombre, que maravilla. Si lo supondrán, si. Esos costes se trasladarán, vía precio, a los productos y servicios comercializados, lo que supondría sin duda un incremento de la inflación. Además, como el mercado no es elástico hasta el infinito, seguramente haya empresas que sean incapaces de competir bajo esa nueva estructura de costes. ¿Le suena a Don Pedro la palabra paro?

A ver si hay suerte, y en linea con sus amenazas, acomete una huelga. Pero de silencio.

Vía | El País

Foto | kozumel

Pues están saliendo, aunque si son trapos sucios no se dice. Esperábamos que salgan más ayuntamientos con sus trapos y muchos sucios serán.

Incluso si las actividades fueran completamente limpias, la poca transparencia en estos temas empuja a que atraiga los peores para hacer lo peor.

Es interesante que un ex esté pidiendo cambios, aunque hubiera sido más loable si lo hubiera exigido cuando tenía el poder para hacerlo.

Mientras no tengamos un sistema de auditoría totalmente independiente, estas cosas continuarán pasando y los que piensan que se pueden mantener totalmente limpio, no sólo que no viven en otro país sinó viven en otro mundo.

¿Y los que protestan por lo caro que es la vivienda? pues ahí tienes una de las razones.

Vía | El Confidencial
En El Blog Salmón | Posts sobre ayuntamientos