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El Banco de España ha aplazado la subasta de la CAM a después de las elecciones. Las razones parecen ser técnicas, ya que la cantidad de datos que han pedido los bancos pujantes (BBVA, Santander, Banco Sabadell es grande), pero también son políticas, no quieren que interfieran en el debate electoral.

El problema es que cuanto más tiempo pasa más se complica el problema. La CAM tiene unas cuentas muy malas (podría perder los 2.800 millones de euros inyectados por el Estado) y tiene unos 12.000 millones de euros en vencimientos a corto plazo, tanto en el mercado como en el BCE. Y todo esto hace que el Estado tenga que aportar muchas garantías para salvar la entidad.

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Como cada viernes tenemos con nosotros los resultados de la encuesta de la semana. Y en esta ocasión trataba sobre la nacionalización de Catalunya Caixa, Unnim y NovaCaixaGalicia. Lo primero es agradecer a los casi 600 lectores por participar en nuestra encuesta. Sin vosotros esta sección no sería posible.

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Hace unos días el director para Europa del Fondo Monetario Europeo (FMI), Antonio Borges, pidió que España debería recurrir a una entidad externa para hacer una volaración independiente de los activos de los bancos españoles. Parece que el Sr. Borges se ha olvidado del European Banking Authority (EBA) que es la organización establecida por la Unión Europea (UE) precisamente para evaluar los bancos europeos sobre su situación y su solidez. Este análisis, lo que se ha llamado los tests de estrés, analiza cada entidad en base a más de 200 elementos de fortaleza y compara y contrasta a los bancos contra otras entidades.

Es verdad que de los ocho bancos que fallaron los tests de estrés, cinco eran entidades españolas, aunque ninguno de los bancos grandes pero, hasta ahora, la independencia de este proceso no se ha cuestionado por lo menos entre los reguladores alrededor del mundo, ya que fueron ellos los que establecieron el proceso.

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En estos momentos de dificultades para el sistema financiero español y de necesidad de adecuar sus negocios a la nueva situación del país post-crisis, es importante ver muchos cambios en las entidades financieras, no sólo en las formas de llevar a cabo sus negocios pero en su estructura de gastos también.

Estos necesarios cambios no solo va para los bancos pero mucho más para las cajas que siguen con sus estructuras de negocios y de gastos más justificadas por su conexión política que por su lógica empresarial. Por eso me llamó la atención cuando el otro día vi la sucursal de Caixa Galicia en la ciudad suiza de Ginebra.

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Telefónica decidió ayer suspender la salida a bolsa de su filial Atento, que realiza la atención telefónica de la operadora, debido a la baja demanda de los inversores. Esto parece indicar que las próximas salidas a bolsa de las cajas sean complicadas, debido a que hay poco interés en OPVs. Pero, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra?

Realmente el negocio de Atento depende demasiado de Telefónica. Y el riesgo de que una vez en bolsa Telefónica decida dejar de lado esta empresa para contratar los de otra que ofrezcan los servicios más baratos es muy alta. Por tanto la inversión no era interesante, como ya explicaron de forma magnífica Gurusblog, y habría que buscar explicaciones en este hecho.

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Tras la noticia que se conoció en el día de ayer sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tras la insistencia del Banco de España, conocimos que ha decidido cerrar 120 oficinas y suprimir casi 1.000 empleos, en el marco de un ambicioso programa de reducción de costes.

Esta merma en la plantilla se ejecutará vía prejubilaciones, y también despidos, que ya han sumado en el sector de las cajas de ahorros una sangría de 10.000 empleos, y que sin atisbar su fin, se prevé que siga en aumento en la medida que se vaya consolidando la reestructuración del sistema financiero, pudiendo llegar hasta los 25.000 empleos en los próximos cuatro años.

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Aunque el gobierno español ha asegurado que “no necesitará un plan de rescate”, tal como en su momento lo hicieron los gobiernos de Grecia, Irlanda y Portugal, lo cierto es que un rescate a España hundiría definitivamente al euro. Si el rescate a Portugal asciende a 100.000 millones de euros, un posible rescate a España llegaría a 440.000 millones de euros, agotando los recursos del Fondo de Estabilización. Es por eso que será en España donde se librará la batalla final por el destino del euro. De ahí que sea importante buscar todo lo que diferencia a España de Portugal para reconocer a tiempo las vulnerabilidades a un contagio.

La gran duda a despejar es hasta qué punto España es inmune a ese contagio. En rigor, España comparte muchos de los puntos débiles con los países rescatados: un gran agujero en su presupuesto; bancos altamente endeudados; un frágil crecimiento económico y la tasa de desempleo más alta del mundo. Esta mezcla de datos no permite grandes optimismos. Menos todavía cuando detectamos que los apremios de la banca por 15.000 millones de euros son una pequeñez al compararlos con los de las Cajas, que superan los 50.000 millones de euros en requerimientos inmediatos.

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Las negociaciones que han tenido lugar en los últimos días entre las tres cajas de ahorros vascas: BBK, Kutxa y Caja Vital, han logrado su objetivo, la materialización de un Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación de una única entidad que garantice su solvencia y modelo de negocio a largo plazo.

Esta nueva agrupación financiera dentro del nuevo mapa financiero nacional que tenemos sobre la mesa, adquiere una característica novedosa a la par que envidiable, la de que cada una de las partes integrantes posee un ‘core capital’ (o capital de primera categoría) superior al 10%, cubriendo de manera ‘holgada’ las nuevas exigencias de capital exigidas por el Banco de España.

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El mes de enero continúa con la senda alcista en la morosidad bancaria que arrancó en 2008 y este año, hemos comenzado con un porcentaje nada bueno. La morosidad total del sistema financiero se ha situado en el 6,06% frente al 5,81% de diciembre, con una subida del 0,25% y presentando el mayor registro desde el año 1995.

A efectos cuantitativos, esta morosidad se traduce en 110.689 millones de euros materializados en activos dudosos, frente a los 107.199 millones del mes de diciembre. El reparto de morosidad entre las entidades financieras, sigue encabezado por los bancos en términos porcentuales, dejando aparte las entidades financieras de crédito.

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