El Tribunal Constitucional ha avalado hoy los planes de la Comunidad de Madrid de privatizar el 49% del Canal de Isabel II, planes que quizá no se lleven a cabo debido a que en la legislatura que comenzará en breve los dirigentes de esta Comunidad serán otros (quizá del mismo partido pero otros).

La privatización, por tanto, es legal. Pero que sea legal no quiere decir que sirva para algo. ¿Qué logramos con ello? Desde aquí he defendido la privatización de algunas compañías como Loterías y criticado otras como AENA. En el caso del Canal no le veo mucho sentido, la verdad.

Monopolio y servicio básico

Lo primero, las empresas de agua proporcionan un servicio básico esencial. Sólo por eso deberíamos tener un poco de cuidado. Segundo, por su naturaleza el servicio es monopolístico: las infraestructuras necesarias para abastecer de agua hacen que sea así.

¿Cuál es la mejor fórmula para proveer un servicio básico esencial monopolístico? Pues o bien una empresa o organismo público o bien una empresa privada a título de concesión, para que haya un proceso competitivo a la hora de gestionar dicha concesión por los años que sea (pagando dinero a la concesión si el servicio es deficitario o al revés si se espera tener beneficios).

Ahora mismo tenemos una empresa pública ofreciendo este servicio. La alternativa sería que el servicio lo prestara una empresa privada en concesión. Lo que pretendía la Comunidad de Madrid no tiene ningún sentido.

El problema que tiene Madrid es que en los próximos años hay que hacer inversiones en este ámbito muy fuertes. Y en su día decidieron que vendiendo el 49% se podrían financiar dichos servicios. Lo cuál no tiene mucha lógica. Si es rentable lo normal sería endeudar dicha empresa para acometer las inversiones. Si la deuda fuera insostenible tampoco lo es la inversión...

El problema es que en los últimos años la deuda pública se ha visto tensionada mucho y endudar empresas públicas no era posible. Pero venderlas tampoco es la solución ya que estamos hablando de un servicio básico esencial. Si hay un problema de deuda lo que hay que hacer es equilibrar el presupuesto por otros lados, por servicios no esenciales. Privatizar un servicio básico esencial monopolístico no tiene sentido.

Imagen | Esparta

Acaba de surgir un tema que tiene toda la pinta de ser político pero con un elemento subyacente de lo nuestro y muy importante.

Como aquí no hablamos de política pero sólo de política económica, sólo trataremos el tema en ese contexto, y cualquier comentario debería hacer lo mismo.

Anteayer en su discurso en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció que pensaba permitir la entrada de capital privado a la empresa Canal de Isabel II, hasta un 49%, llevándose estos la gestión también.

Esto, tras convertirla anteriormente en sociedad anónima. Increíblemente, ya son más de 15 años que oigo hablar de este tema y ahora lo sacan otra vez.

Posteriormente, Alberto Ruiz-Gallardón, el Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, habló de que la necesidad de sacar los servicios que Canal de Isabel II ofrece a Madrid a subasta, si la privatización planteada ocurriera.

No se si el Alcalde sacó el tema por razones políticas pero en esto tiene razón. Es muy importante que todos los servicios públicos que empresas privadas gestionan para ayuntamientos se saquen a subasta pública y que estas subastas sean transparentes. La designación a dedo no debería permitirse jamás.

Los alcaldes de los pueblos de España ya tienen suficientes tentaciones para hacer las cosas mal, para favorecer a sus amiguetes y para sacar su tajada, y muchos se han aprovechado de ello.

Contratos de servicios públicos no deberían ser una tentación más.

Como no soy abogado, no hablaré de que si el Ayuntamiento puede rescindir el actual contrato o no. No obstante, cuando haya que firmar otro contrato, espero que actúen en consecuencia.

Vía | El País y CNN Plus En El Blog Salmón | Los alcaldes quieren más dinero y Deberían de vigilar las subcontratas