Hoy os traemos los resultados de la encuesta de la semana. Y en esta ocasión os pedíamos que hablaseis sobre los delitos fiscales y sus castigos,el Gobierno reformó la ley para endurecer las penas de cárcel pero dejó la puerta abierta a que se pueda uno librar de la cárcel pagando en un plazo determinado.

Un 80.5% de los lectores cree que las penas de cárcel tiene mayor efecto disuasorio que las sanciones económicas frente a delitos fiscales, el 19.5% restante opina lo contrario.

Con respecto a que castigo deberían tener los delitos fiscales,para un 5.6% e los lectores es suficiente una sanción económica, un porcentaje similar, en 5.4% se decanta por las penas de carcel, pero el 89% opina que se debería castigatr con ambas cosas a la vez.

Por último, si los delitos fiscales los cometen cargos públicos la inhabilitación permanente es una opción que aparece en el 85% de las respuestas, sin embargo la inhabilitación temporal aparece en un 10%; la sanción económica está presente en el 80% de las respuestas y la pena de cárcel en un poco más del 90%.

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Existe un organigrama de personas muy importante que tienen acceso a la gestión del dinero público y a los bienes del estado. Partamos de la base que todo el mundo es bueno y honrado (ojalá) hasta que se demuestre lo contrario.

Pero claro, la bondad humana tiene un límite y la avaricia y la codicia nos espera a la vuelta de la esquina. Todos los que pagamos impuestos estamos hartos de ver titulares un día sí y otro también sobre cómo se utilizan los recursos públicos para fines privados, entre una larga lista interminable de despropósitos.

Echando un ojo al Código Penal, los delitos contra la Administración Pública son realmente suaves. Por ejemplo, si un cargo público utiliza menos de 4.000 euros para sus propios fines, como mucho se le impondrá una pena de prisión de tres años. Con el mero hecho de prestar conformidad antes del juicio, no irá a la carcel en el peor de los casos.

Además de esta dureza o laxitud del Código Penal, el problema radica en que con una mera dimisión por parte del cargo público, presuntamente inocente hasta que un juez diga lo contrario, se calman las aguas y la vida sigue igual para todos.

Esta actitud que presenta nuestro sistema al no intervenir la Fiscalia de oficio o el propio pasotismo que arrastran los partidos políticos, porque todos tienen más que callar que pregonar, genera que el patromonio público sea considerado como parte del cortijo particular de muchos cargos públicos, no todos desde luego.

Esto se llama corrupción del sistema y habría que aplicar algunas fórmulas para que los ciudadanos no perdamos el rumbo. Estas son:

• Inhabilitación automática tanto del político como del cargo público que pueda haber incurrido presuntamente en cualquier tipo de delito. Se mantiene la presunción de inocencia, pero lejos de su puesto.

• Investigacíones rápidas, públicas y realizadas por el Poder Judicial. Vale que muchos dudamos de su independencia, pero es lo menos dependiente que tiene el sistema.

• Penas ejemplares tanto para políticos como para cargos públicos que hayan cometido delitos contra la Administración pública.

Basta ya de tolerancias extrañas y de la mentalidad que “tu partido roba más que el mío y que todos son iguales”. Es el momento adecuado para actuar con contundencia contra estas actitudes, pero claro, se me olvidaba que son políticos los encargados de llevar a cabo estas labores.

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Imagen | Remo