En Cataluña, el año ha empezado profundizando en la misma estrategia que ya la sitúa como la comunidad autónoma más intervencionista en el mercado de la vivienda.

En pocas palabras, se extiende el control de rentas a prácticamente todos los contratos de alquiler y el anuncio de nuevas limitaciones a la compra para invertir consolidan una hoja de ruta clara: frenar el encarecimiento del acceso a la vivienda mediante una regulación intensa del mercado, según recoge la prensa generalista

Un control de rentas más amplio

Tras varios años de intervención creciente, los resultados empiezan a mostrar una paradoja incómoda: la vivienda se mantiene como el principal problema ciudadano y las dificultades de acceso persisten, sobre todo si hablamos de alquileres, como reflejan las últimas encuestas de opinión.

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Una vez más, gana peso una pregunta: ¿se trata de una cuestión de intensidad de las regulaciones o hay un error en el diagnóstico?

La primera gran novedad es la extensión del tope de precios a los alquileres de temporada, una medida que acaba de entrar en vigor y que se suma al control ya existente en las denominadas zonas tensionadas.

En la práctica, el límite de rentas pasa a aplicarse a todo tipo de contratos residenciales, con independencia de su duración, lo que convierte a Cataluña en el territorio que más lejos ha llevado la aplicación de la Ley estatal de Vivienda.

El resultado, sin embargo, no es inequívoco. Pese a los topes, los últimos datos disponibles muestran ligeros repuntes de las rentas y, sobre todo, una persistente escasez de oferta, que se desmarca como el principal problema sin soluciones en el sector inmobiliario. Hablando en plata, la intervención ha contenido los precios, pero no ha generado más viviendas disponibles.

Frenar la compra para inversión

El Govern, presidido por Salvador Illa, prepara ahora una medida de mayor calado: limitar la compra de vivienda para invertir, una categoría que desde la propia Generalitat se denomina “compra especulativa”, aunque todavía sin una definición jurídica precisa.

Este mismo medio informaba hace unas semanas sobre los tanteos del ejecutivo catalán con el modelo Ámsterdam, donde a partir de cierto precio, se obliga a los compradores a residir en la vivienda durante varios años.

Según ha avanzado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), la propuesta que se presentará, según las previsiones, durante el primer trimestre de 2026 tiene como objetivo principal desincentivar toda adquisición que no se destine a primera residencia o a alquiler permanente. Para ello, se espera gravar la fiscalidad, combinada con condiciones urbanísticas y un refuerzo del régimen sancionador.

Aquí aparecen las primeras dudas. Para empezar, el margen autonómico es limitado: el IVA de la vivienda nueva es competencia estatal y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ya fue elevado hasta el 20 % para grandes tenedores el pasado verano, fruto de un acuerdo con los comunes.

Señales contradictorias

Uno de los puntos más críticos del debate es la coherencia del diagnóstico. El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, señala que las políticas actuales parecen partir de causas distintas —y a veces incompatibles— del problema de la vivienda

Por un lado, el Gobierno central ha aprobado ayudas a propietarios frente al impago del alquiler, lo que sugiere que el riesgo de insolvencia del inquilino es una preocupación relevante.

Además, un reciente artículo de El País destaca que el sector inmobiliario asegura que Cataluña afronta 2026 con una crisis de vivienda que no se aliviará a corto plazo, y que la actual regulación de precios podría incluso provocar que propietarios retiren pisos del alquiler convencional antes que ajustarse a los límites impuestos.

Por el otro, la Generalitat refuerza el foco sobre los grandes tenedores y la inversión, cuando los datos disponibles indican que no son el actor dominante del mercado del alquiler, según explica el propio García Montalvo.

Este enfoque transmite una señal ambigua: se protege al propietario frente a ciertos riesgos, pero al mismo tiempo se endurecen las condiciones para invertir, lo que puede retraer aún más la entrada de vivienda en el mercado sin una apuesta estatal por ampliar el parque público.

El problema estructural: la oferta

Más allá del debate político, hay un punto de consenso creciente entre analistas y sector: el problema central sigue siendo la falta de oferta.

Esta escasez ha provocado que, incluso con topes de precios, las rentas hayan repuntado ligeramente en el segundo trimestre del año en Cataluña, mientras los precios de compraventa continúan al alza.

Las medidas destinadas a ampliar el parque público (principalmente, las 50.000 viviendas anunciadas por la Generalitat o la preparación de suelo para construir hasta 200.000 inmuebles, un 50 % de carácter social) solo tienen un impacto potencial relevante a medio y largo plazo. Mientras tanto, seguimos igual.

Tras años de controles crecientes, Cataluña se enfrenta a una evidencia incómoda: regular más no está resolviendo el problema de acceso a la vivienda.

¿Está mitigando algunos excesos? Es posible, pero también introduciendo incertidumbre, desincentivando inversión y reduciendo aún más la oferta disponible, según coinciden fuentes académicas y sectoriales.

El riesgo no es solo económico, sino político. Cuando la intervención se intensifica y los resultados no llegan, la tentación es redoblar las medidas. Pero sin un aumento efectivo del número de viviendas, el mercado sigue reaccionando de la única forma posible: menos oferta, más fricción y un acceso cada vez más difícil.

La vivienda se ha consolidado como el principal problema ciudadano. La cuestión ya no es si hay que intervenir, sino si se está interviniendo donde se debe.

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En plena crisis de acceso a la vivienda, Cataluña ha abierto un debate inesperado: valorar la viabilidad de aplicar el modelo Ámsterdam en España. Se trata de una normativa que impide alquilar una vivienda recién comprada durante los primeros cuatro años. El principal objetivo es frenar la compra de pisos como inversión y contener la presión de los fondos y de quienes adquieren vivienda con fines especulativos.

Sin embargo, en los Países Bajos, donde la ley lleva tres años en funcionamiento, se percibe un escenario más complejo, con algunas matizaciones importantes y efectos que no siempre encajan con las expectativas iniciales.

Qué es el modelo Ámsterdam

La Ley de Protección Contra la Compra, en vigor en los Países Bajos desde 2022, obliga a que quienes compren una vivienda por debajo de ciertos umbrales de valor catastral (hasta 512.000 euros en Ámsterdam, 355.000 en Róterdam o menos de 300.000 en La Haya) deban residir allí durante cuatro años. Las multas por infringir esta ley son de hasta 21.750 euros.

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La medida se implantó para frenar la especulación y proteger la cohesión de los barrios en ciudades donde el alquiler domina (Ámsterdam tiene un 70 % de parque arrendado) y donde la presión demográfica no deja de crecer. La norma también se aplica, con variaciones, en Róterdam, Utrecht, La Haya y más de un centenar de municipios neerlandeses.

Menos inversores en el mercado

Los primeros datos disponibles apuntan a un impacto inmediato en el tipo de comprador. Antes de la entrada en vigor de la norma, el 18 % de las viviendas vendidas en Ámsterdam se adquirían como inversión. Tras su aplicación, el porcentaje cayó hasta el 6 %.

En el segmento protegido, es decir, aquellas viviendas sujetas a la norma por debajo de los 512.000 euros (o el valor máximo de cada municipio), el peso de los inversores se ha reducido al 4 %. En este sentido, el Ayuntamiento de Ámsterdam apunta a que, durante el primer año, el número de viviendas con uso residencial aumentó en 459 unidades, si bien consideran que el periodo es corto para vincular esos cambios directamente a la norma. Aun así, el descenso de inversores es visible y ha reducido en parte la competencia para los compradores que buscan primera vivienda.

La otra cara: la oferta de alquiler no crece

A pesar del efecto disuasorio sobre la inversión, la medida no ha logrado aliviar el principal problema de fondo: la escasez de vivienda disponible.

Los Países Bajos calculan que necesitan 900.000 viviendas adicionales antes de 2030 para atender el crecimiento demográfico, el menor tamaño de los hogares (menos personas por núcleo familiar y, sobre todo, personas que viven solas) y la limitada construcción desde la crisis de 2008.

En este contexto, limitar la inversión ha tenido un impacto limitado sobre el acceso al alquiler. Algunos expertos señalan que, aunque la regulación cambia el perfil de los compradores, no amplía la oferta de pisos asequibles, que sigue siendo insuficiente para estudiantes, jóvenes, inmigrantes o trabajadores con ingresos bajos.

Barrios estables, menos prácticas abusivas

Entre los defensores del modelo, el arquitecto y urbanista Tim de Boer destaca que obligar a residir en la vivienda reduce prácticas que habían proliferado en las grandes ciudades: la división de inmuebles, el alquiler por habitaciones o la explotación intensiva de pisos como un activo financiero más.

Según De Boer, este cambio “favorece que los compradores permanezcan más tiempo en su barrio, refuerza la cohesión social y evita dinámicas especulativas”.

Para los movimientos provivienda, esta regulación también abre más oportunidades para compradores locales que hasta ahora competían con inversores con mayor capacidad financiera.

Ciertos expertos han alertado también de consecuencias indeseadas. Por ejemplo, Matthijs Korevaar, investigador de la Erasmus School of Economics, señala que la desaparición del pequeño inversor afecta directamente al mercado del alquiler asequible, especialmente en las modalidades de habitaciones o pisos compartidos, esenciales para jóvenes, estudiantes y recién llegados.

Expulsar oferta y aumentar la gentrificación

Al reducirse este tipo de oferta, los precios pueden aumentar y los colectivos con menos ingresos pueden verse desplazados a zonas periféricas o directamente a otras ciudades. Korevaar también advierte de que, sin una expansión decidida de la vivienda social, la regulación solo estabiliza a quienes pueden comprar, pero no mejora la situación de quienes únicamente pueden alquilar. El resultado puede ser, paradójicamente, una mayor gentrificación en algunas áreas donde el perfil del comprador se eleva.

Además, el endurecimiento fiscal y regulatorio en Países Bajos ha provocado que algunos inversores se marchen a otros mercados (a España, entre otros países) en busca de condiciones más favorables, lo que evidencia que la presión global del capital inmobiliario no se resuelve con medidas locales aisladas.

Cataluña ya fue pionera en aplicar un “tope estatal” del alquiler, por lo que no debería sorprender que esté estudiando la posibilidad de adaptar el modelo neerlandés. Una comisión de la Generalitat, con participación de los Comuns, analiza su viabilidad jurídica y su encaje dentro de la legislación estatal. El debate enfrenta dos visiones: quienes ven en esta medida una vía para frenar la especulación y quienes temen que suponga un freno a la inversión útil y reduzca todavía más la oferta en un mercado ya presionado.

España comparte algunos problemas con Países Bajos, como puede ser la falta de vivienda social, la creciente demanda y los precios tensionados, pero tiene una estructura distinta: el propietario particular tiene todavía más presencia que en los Países Bajos (pese al auge de los grandes fondos).

Este último punto genera dudas sobre la viabilidad de restringir la compra para inversión: ¿puede tener un impacto mayor del deseado sobre la disponibilidad de vivienda?

Es pronto para sentar cátedra sobre la experiencia de Ámsterdam. Por ahora, la lección relevante parece ser que la regulación puede frenar comportamientos especulativos y modificar el perfil del comprador, pero no resuelve por sí sola la falta estructural de vivienda ni las dinámicas transnacionales de inversión y especulación.

Así, sin un esfuerzo sostenido de construcción de parque social y asequible, las medidas restrictivas tienden a tener efectos limitados o incluso contraproducentes. Cataluña deberá decidir ahora si la importación del modelo Ámsterdam puede ayudar a reequilibrar el mercado o si, como en los Países Bajos, corre el riesgo de convertirse en un parche bienintencionado que no aborda el problema central: la insuficiente oferta de vivienda disponible.

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¿Jugamos todos los territorios de España con las mismas reglas? La propuesta, planteada inicialmente como una solución singular para Cataluña, se presenta con la intención de respetar la igualdad territorial y reforzar el autogobierno. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que, lejos de resolver las desigualdades, esta fórmula tiende a convertir la financiación de las comunidades en una herramienta política más, en la que los votos en el Congreso terminan decidiendo quién recibe más fondos.

El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para explorar un modelo propio de financiación ha levantado críticas tanto por su opacidad como por sus posibles consecuencias para el conjunto del Estado.

Y es que, las advertencias son claras: un sistema de financiación autonómica basado en cupos, si no se diseña con plena transparencia y justicia, puede acabar distorsionando la solidaridad interterritorial y debilitando las finanzas públicas, creando desigualdades profundas entre comunidades.

El precedente del cupo vasco y la deriva política

En España ya existe un precedente: el llamado cupo vasco. Este modelo concede a Euskadi y Navarra el derecho a recaudar la práctica totalidad de sus impuestos y pagar al Estado una cantidad pactada para cubrir los servicios generales.

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En teoría, esta cifra se calcula con criterios objetivos y equitativos. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en una moneda de cambio en las negociaciones parlamentarias para sacar adelante leyes clave, con rebajas o ajustes del cupo a cambio del apoyo de los partidos vascos.

La preocupación es que el nuevo sistema de financiación autonómica basado en cupos que se plantea para Cataluña siga un camino similar. Los primeros años podrían resultar razonablemente equilibrados, con una aportación justa al fondo de solidaridad para las regiones menos favorecidas.

Pero una vez que entran en juego los intereses políticos, las sucesivas revisiones del cupo podrían terminar dependiendo de la capacidad de presión de los partidos catalanes en el Congreso.

Una desigualdad que erosiona la cohesión

El riesgo principal de un sistema de financiación autonómica basado en cupos no es solo económico, sino también social y territorial.

Si una comunidad obtiene una financiación muy superior por habitante gracias a su capacidad de negociación, las demás regiones acabarán con menos recursos para financiar servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.

Esto no solo agrava las desigualdades entre territorios, sino que alimenta la percepción de trato injusto, lo cual erosiona la cohesión nacional.

Expertos en economía y derecho financiero coinciden durante estos días en diferentes medios de comunicación en que un sistema así, sin un marco legal claro y sin respetar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, abre la puerta a un país a dos velocidades.

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Por un lado, las comunidades con mayor peso político o económico podrían acceder a un nivel de autogobierno financiero inalcanzable para otras.

Por otro, las regiones con menos influencia sufrirían una merma de ingresos que las obligaría a recortar servicios o endeudarse más, con el consiguiente aumento del coste de la deuda pública. Amén del aumento de la pobreza.

La ambigüedad de los acuerdos y la falta de garantías

Uno de los problemas más señalados de la propuesta actual es su falta de concreción. Tanto economistas como asociaciones profesionales denuncian la “ambigüedad calculada” del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones y ajustes arbitrarios en función de las circunstancias políticas.

Esta falta de transparencia no solo genera incertidumbre entre las demás comunidades, sino que debilita la confianza en la gestión financiera del Estado.

El secretario de los inspectores de Hacienda ha calificado el inicio de este modelo como un día “trágico” para los contribuyentes, pues supone un retroceso en el principio de igualdad ante los impuestos.

También advierte de que la eventual implantación de un sistema de financiación autonómica basado en cupos para Cataluña carece hoy por hoy de respaldo normativo y podría ser inconstitucional, al no respetar los principios de solidaridad recogidos en la Carta Magna.

Un sistema que debilita al Estado

Las consecuencias macroeconómicas de este modelo tampoco son menores. La salida de Cataluña del sistema común para gestionar sus propios impuestos dejaría un hueco importante en las arcas del Estado.

Cubrirlo implicaría un aumento del endeudamiento público a corto plazo y limitaría la capacidad de respuesta del Gobierno central ante crisis como la pandemia o desastres naturales.

Además, si otras comunidades siguieran el ejemplo catalán y exigieran su propio cupo, el sistema común de financiación autonómica quedaría seriamente amenazado.

Esta dinámica transformaría la financiación autonómica en un asunto puramente político, donde el dinero que recibe cada comunidad estaría directamente relacionado con los votos que puedan aportar sus partidos en el Congreso.

Un mecanismo que socava la igualdad de oportunidades y convierte la política fiscal en un instrumento al servicio de mayorías parlamentarias circunstanciales en lugar de un sistema justo y sostenible para todos.

Imágenes | Instagram, Unplash

La Generalitat de Cataluña ha anunciado un nuevo programa de préstamos sin intereses destinado a ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de su primera vivienda. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha presentado esta medida, que es pionera en su formato, con el objetivo de  facilitar el acceso a la propiedad en un contexto de precios elevados y dificultades de emancipación.

Sin embargo, los primeros análisis por parte de economistas y especialistas inmobiliarios apuntan a una preocupación recurrente: este tipo de ayudas, centradas exclusivamente en la demanda, pueden alimentar nuevas tensiones en los precios si no van acompañadas de un incremento real en la oferta de vivienda asequible.

Una medida inédita

En este sentido, la experiencia en otros territorios, tanto en España como en Europa, sugiere que intervenir sobre la entrada sin tocar las causas estructurales del problema (o sea, escasez de suelo público, salarios bajos, regulación limitada del alquiler) puede tener efectos contraproducentes.

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El programa, denominado Préstecs Emancipació, movilizará 500 millones de euros entre 2025 y 2029. Su objetivo es financiar hasta el 20 % del valor de compra de una vivienda, con un límite de 50.000 euros por persona. Los beneficiarios deben tener entre 18 y 35 años, estar empadronados en Cataluña, y acreditar ingresos inferiores a los umbrales establecidos por la convocatoria (en torno a 80.000 euros anuales, dependiendo del número de solicitantes).

El préstamo será sin intereses y no comenzará a devolverse hasta que se amortice por completo la hipoteca principal. Esto permitirá, en teoría, al comprador afrontar la entrada sin necesidad de un ahorro previo importante y, a su vez, la devolución podrá extenderse hasta 30 años. Además, la vivienda adquirida quedará calificada como protegida (VPO) de forma permanente, con limitaciones a su futura venta.

Desde el Gobierno autonómico se ha anunciado que el programa cuenta con la colaboración de entidades bancarias como CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell.

Una carrera de obstáculos

Cataluña ha vivido un incremento sostenido del precio de la vivienda durante los últimos años, especialmente en Barcelona y su entorno metropolitano. Esto ha convertido la entrada inicial —normalmente el 20 % del precio de compra más gastos— en una barrera infranqueable para buena parte de la población joven.

La Generalitat enmarca esta medida dentro de un plan de vivienda más amplio, dotado con 4.400 millones de euros hasta 2030, cuyo objetivo es incrementar de forma significativa el parque público de viviendas y promover más de 50.000 pisos de protección oficial.

Precedentes conocidos

La idea de facilitar la entrada a través de financiación pública no es nueva. Comunidades como Murcia han impulsado programas de aval para jóvenes, aunque su alcance ha sido limitado. A nivel estatal, el programa de avales ICO pretende cubrir parte de la entrada, pero no ofrece préstamos directos.

En países europeos como Alemania, Países Bajos o Austria, las políticas de acceso a la vivienda se centran más en la promoción del alquiler asequible y la construcción pública, con un enfoque menos orientado a la compra y más a garantizar un techo estable sin necesidad de endeudamiento.

Si bien la medida puede aliviar puntualmente las dificultades de acceso, ya se ha advertido de sus riesgos estructurales.La evidencia acumulada sugiere que este tipo de ayudas, si no se acompañan de un aumento claro de la oferta, pueden terminar generando el efecto contrario al deseado: elevar aún más los precios.

De hecho, el Banco de España ha advertido en distintos informes sobre el efecto inflacionario de las ayudas a la demanda cuando no van ligadas a una política de suelo y construcción pública ambiciosa. Según cálculos del Consejo General de Economistas, medidas similares aplicadas en otros contextos no han conseguido reducir la presión sobre los precios y, en cambio, han incrementado el endeudamiento de los hogares.

En este sentido, el nuevo programa catalán responde a una necesidad real: el bloqueo del acceso a la vivienda para los jóvenes. No obstante, las lecciones del pasado sugieren que inyectar liquidez en un mercado ya tensionado puede tener efectos contraproducentes si no se acompaña de reformas profundas. El tiempo dirá si esta medida es un alivio efectivo o un parche con costes a largo plazo.

Foto: Wikimedia

La regulación del precio del alquiler en Cataluña, en vigor desde abril de 2024 en 140 municipios declarados zonas tensionadas, ha generado un impacto directo en el mercado: los precios han bajado.

Sin embargo, este éxito parcial viene acompañado de una consecuencia esperada y ahora confirmada: la caída en el número de viviendas disponibles para el alquiler tradicional.

A casi un año de la aplicación de la Ley de Vivienda, los datos revelan una doble realidad. Por un lado, el objetivo de aliviar la presión sobre los precios ha comenzado a cumplirse, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Girona.

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Por otro, el mercado ha reaccionado con una notable contracción de la oferta, y muchos propietarios están optando por salidas alternativas, como el alquiler de temporada o la venta directa de sus inmuebles, para evitar las exigencias normativas.

Un dato positivo sí, pero con matices

Según datos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el precio del alquiler en los municipios regulados cayó un 3,7% entre abril y diciembre de 2024, pasando de una media de 911 a 878 euros mensuales.

En Barcelona, el descenso fue más significativo: un 6,4%, bajando de 1.193 a 1.117 euros al mes. Ciudades como Gironaregistraron una caída aún más pronunciada, del 16%, lo que demuestra el efecto real de la medida en áreas con tensiones previas en el mercado.

Estas cifras han sido celebradas por el Govern, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quienes destacaron el carácter estabilizador de la norma. En palabras de la ministra, “la Ley de Vivienda funciona” y debe servir como modelo para otras comunidades.

El problema de fondo es la contracción de la oferta

El descenso de precios ha venido acompañado por una fuerte reducción en el número de nuevos contratos de alquiler. En los municipios regulados, el saldo trimestral de contratos firmados pasó de 6.244 a 2.401, una caída del 61%. En el caso de Barcelona, el desplome fue aún más evidente: de 1.946 a apenas 416, lo que representa casi un 80% menos.

A su vez, el número total de contratos en estos municipios bajó de 29.648 a 23.461. Este fenómeno evidencia que, si bien alquilar es más barato, encontrar una vivienda disponible es ahora mucho más difícil, y en algunos casos, prácticamente imposible para ciertos perfiles de inquilinos.

Desde el sector inmobiliario, critican que la regulación ha provocado que muchos propietarios “no quieran problemas” y prefieran vender sus viviendas o recurrir a otros modelos de alquiler más flexibles.

Un aumento del 45% en contratos de corta duración

Una de las consecuencias más visibles ha sido el crecimiento del alquiler de temporada, una modalidad que queda fuera de la regulación y que ha crecido un 45% en 2024. Muchos propietarios optan por este modelo para mantener precios más altos y eludir las limitaciones legales, firmando contratos de menos de un año.

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Aunque esta categoría representa menos del 15% de los nuevos contratos registrados, se estima que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchos de estos contratos no se formalizan oficialmente.

En respuesta, la ministra Rodríguez ha recordado que España fue el primer país en aprobar un decreto específico para regular los alquileres de corta duración, en línea con la normativa europea. Y ha recordado ante los medios de comunicación que el registro obligatorio de este tipo de alquileres estará operativo a finales de junio, lo que permitirá sancionar a quienes incumplan la ley.

Más municipios se suman, pero Madrid resiste

Actualmente, la regulación ya se aplica en más del 90% de la población catalana y se prevé que siga extendiéndose. Comunidades como Navarra, el País Vasco, Galicia o Canarias ya están trabajando en declarar nuevas zonas tensionadas. Sin embargo, otras como la Comunidad de Madrid se resisten, a pesar de la presión de varios ayuntamientos.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Barcelona se insiste en que la ciudad no ha perdido oferta de viviendas, defendiendo que la caída de precios y el mantenimiento de contratos firmados son señales de que la regulación funciona. Sin embargo, los datos del Incasòl y las voces del sector cuestionan esa afirmación y apuntan a una retirada progresiva del mercado del alquiler tradicional.

Un equilibrio complejo entre protección y sostenibilidad

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido que la regulación logra un “equilibrio entre el respeto al interés patrimonial y el derecho a la vivienda”, y ha reconocido el trabajo del Govern anterior en implementar esta medida compleja. Pero a medida que pasa el tiempo, se hace evidente que controlar los precios sin garantizar una oferta suficiente puede agravar el problema de acceso a la vivienda, en lugar de solucionarlo.

El reto ahora será encontrar fórmulas que permitan proteger al inquilino sin desincentivar la participación de los propietarios en el mercado regulado. Y aunque limitar los precios puede ser un primer paso, no es suficiente si no se acompaña de incentivos, seguridad jurídica y una política integral que aumente el parque de viviendas en alquiler.

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El Govern de Cataluña ha propuesto un nuevo modelo de financiación autonómica propia y singular para su territorio. Con este sistema, esta comunidad autónoma se encargaría de la recaudación del 100% de sus impuestos frente al 9% que es lo que lleva a cabo en la actualidad.

Esta es el plan propuesto por la consejera de Economía de Cataluña, Natalia Mas Guix, con el que prevé aumentar su recaudación hasta 52 millones de euros, cantidad que duplicaría lo que viene obteniendo hasta ahora.

Las razones de la Generalitat para solicitar su independencia fiscal

La consejera considera que es urgente que Cataluña disponga de más recursos para ofrecer las políticas sociales y los servicios básicos que la comunidad necesita. También indica que existen otros regímenes fiscales excepcionales como son las regiones forales o las Islas Canarias. Por todo ello señala que la propuesta presentada es totalmente constitucional.

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Otro de los argumentos esgrimidos por Mas Guix ha sido que Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta con el sistema actual, pero es la décima en recursos recibidos. Con este sistema, la comunidad autónoma siempre presenta «ese déficit fiscal permanente», que el Govern cifra en un 8,1% de media, o lo que es lo mismo, unos 22 mil millones de euros anuales.

El plan presentado por la consejera se acerca más a un modelo más federalista de gestión de los impuestos. Argumenta que las comunidades autónomas deben contar con mayor independencia fiscal para poder dar respuesta de manera adecuada al principio de ordinalidad.

Con todo este argumentario, ERC ha lanzado su propuesta con la que pretende negociar con el Gobierno de España para reformar de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que recoja la singularidad de Cataluña. De esta manera se produciría la cesión del 100% de lo recaudado en el territorio a la Generalitat.

El plan de ERC y la solidaridad territorial

Una de las cuestiones con las chocas frontalmente la propuesta del Govern de Cataluña es que afecta al principio de solidaridad territorial que viene recogido en el artículo 2 de la Constitución Española. Este principio establece que se debe establecer un equilibrio económico similar en todas las partes del territorio español.

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Según la consejera la solidaridad con el resto de España "podía situarse entre el 2% y el 4%" frente al 10% actual. De alcanzarse este pacto, España dejaría de ingresar aproximadamente el 1% de su PIB, siempre que Cataluña logre recaudar lo mismo con la Agència Tributària de Catalunya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Esto podría generar una situación en cadena en el que las regiones más ricas dejaran de aportar a la caja común. Las comunidades autonómicas más desfavorecidas se verían perjudicadas seriamente ya que su población vería como los servicios públicos tendrían menos financiación.

Aunque la autonomía fiscal es algo deseable ya que cada región administraría sus recursos, deben existir baremos de nivelación. El punto de partida es que España se acerca más a un modelo de estado descentralizado que a uno federal como el de Estados Unidos.

El discurso del Govern Catalán mantiene que su capacidad fiscal es mayor y que por eso debería contar con una financiación mayor. Este concepto quiebra completamente el principio de solidaridad territorial que sirve como regulador para conseguir que todos los ciudadanos accedan de igual manera a todos los servicios públicos.

El Ministerio de Hacienda ha hecho publico los datos de las balanzas fiscales para dar a conocer cuál es la situación real de cada una de las comunidades autónomas. Según los datos comunicados a mediados del 2023, Cataluña es la región que más financiación recibe con 13.566 millones de euros hasta mediados del año pasado.

Cataluña aportó 2.967 euros por habitante y recibió 2.664 euros. En términos relativos, esto significa que Catalunya paga un 19,5% más en comparación con la media española, pero recibe un 1,2% menos en 2023. A pesar de cumplir con el principio de solidaridad no existe una gran descompensación entre lo que aporta y lo que recibe.

Existen comunidades que sí están realmente infrafinanciadas como la valenciana. La comisión de expertos que asesora a la Generalitat y a las Cortes Valencianas sobre financiación autonómica ha cifrado en 7.128 millones de euros el dinero que la Comunidad Valenciana debería recibir del Estado, hasta 2027, para equipararse en inversión por habitante al 99% y equipararse con Cataluña.

De llevarse a cabo el plan propuesto por ERC se produciría un quebrantamiento serio del compromiso de solidaridad y los españoles con menos recursos verían como su situación se vería aún más agravada.

Por primera vez, Cataluña presenta una calidad de vida inferior a la del resto del conjunto de España, cayendo a niveles de hace más de una década. Una situación preocupante, y más si se tiene en cuenta que con el Gobierno de Pedro Sánchez el territorio nacional sigue cayendo en picado y registra un descenso superior al de la crisis financiera de 2008.

Estas conclusiones pueden extraerse del último Índice Global de Calidad de Vida, publicado por el INE a finales de octubre. En términos generales, el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) se situó en 101,44 puntos, algo por debajo del 101,64 del año 2021. Desde que el 2008 el INE comenzase a realizar esta medición, la región catalana nunca había tenido una calidad de vida inferior a la media española. En 2019, con el inicio del mandato de Sánchez, el IMCV de España estaba en los 102 puntos.

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Cataluña necesita a España: una relación económica imprescindible

Para la confección del Índice, se tienen en cuenta infinidad de estadísticas y encuestas en ámbitos como: la educación, la sanidad, el medio ambiente, el ocio, las relaciones sociales y las condiciones laborales. Cataluña ocupa el puesto número 13 del ranking, siendo la quinta peor comunidad autónoma por detrás del País Vasco, encabezando la tabla Navarra, La Rioja, Aragón, Cantabria y el País Vasco.

¿A qué se debe la caída de Cataluña?

La caída hasta niveles de hace diez años quita a Cataluña de la lista de las mejores regiones para vivir en España. Este desplome se debe, fundamentalmente, a la bajada de los indicadores de educación, seguridad, ocio y relaciones sociales, que influyen directamente sobre la convivencia de los ciudadanos. Además, la población manifiesta una menor confianza en las instituciones públicas, a pesar de que los niveles de ocupación han sido mayores que en el resto del país.

El INE ha actualizado su Índice de Calidad de Vida, basado en 60 indicadores.
Por primera vez desde que lo calculan (2008), Cataluña cae por debajo (y claramente) de la media española.

Hasta aquí poca sorpresa.

Pero espera: ¿En qué dimensiones se produce la caída?

[1/6] pic.twitter.com/NbxJRNCmsz

— resd9 (@resd9) November 1, 2023

Pese a que el discurso político que se vende desde la Generalitat y del gobierno de Pere Aragonès invite al optimismo, los datos demuestran lo contrario. Las condiciones materiales, de salud y medioambiente se encuentran en niveles parejos a los de la media nacional, por encima de los 100 puntos.

No obstante, la educación, la gobernanza y los derechos básicos se encuentran significativamente por debajo. Así pues, en educación España logra los 110 puntos, mientras que Cataluña se queda en torno a los 107. En gobernanza y derechos públicos, pese a que tanto España como Cataluña venían con una trayectoria estable, en el caso de Cataluña incluso en cinco puntos por encima, la realidad es que ahora ha caído incluso por debajo del descenso pronunciado de España, con unos 96 puntos frente a los 98 aproximadamente del conjunto nacional.

La seguridad, un factor a tener en cuenta

La criminalidad se encuentra disparada en Cataluña, siendo la región más infracciones penales ha registrado en lo que va de año. De hecho, durante el primer trimestre de 2023 se acumularon 120.516 con respecto a las 108.283 del mismo periodo del año 2022. Los homicidios, los hurtos y las agresiones sexuales encabezan la lista de delitos en la región.

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Madrid versus Barcelona: la rivalidad entre las dos grandes capitales a nivel económico

La convivencia en Cataluña sigue viéndose mermada como consecuencia de los movimientos separatistas, de tal modo que el 51,6% de los delitos de odio que se producen, fundamentados en conceptos ideológicos, son hispanófobos (80 de 155 del año 2022). Los constitucionalistas son criticados en la región, extendiéndose esta polémica desde 2017 incluso al ámbito de las escuelas.

En materia de seguridad física y personal, se aprecia una caída tanto en los niveles de España como de Cataluña, aunque el territorio nacional se mantiene por encima de los 100 puntos, mientras que la región catalana apenas supera los 95 puntos de valor dimensional.

¿En qué indicadores puede presumir Cataluña?

Solo se mantiene por encima de la media nacional, de un modo aparentemente destacado, en los ámbitos de Trabajo, Entorno y medio ambiente y Experiencia general de vida. En materia de Trabajo, España apenas supera los 100 puntos, mientras que Cataluña alcanza prácticamente los 105 puntos.

Con respecto a Entorno y medio ambiente, muestras cifras muy parejas, por encima de los 102 puntos, aunque Cataluña está ligeramente por encima. Y con respecto a Experiencia general de vida, ambos decrecen manteniéndose por encima de los 100 puntos, aunque España cae más que Cataluña en este sentido.

Datos del conjunto global de España

Hay que destacar que el nivel de calidad de vida del país cae como consecuencia del descenso de todas las categorías analizadas, excepto Trabajo, Salud, Condiciones materiales de vida y Educación, que mejoraron su puntuación con respecto a 2021.

En 2022, las regiones de Navarra, La Rioja y Aragón presentaron los niveles de vida más elevados, al igual que en la pasada edición, dándose los registros más bajos en Canarias, Andalucía y Galicia. En materia de Ocio y relaciones sociales, Entorno y medioambiente y Experiencia general de vida destacó Navarra.

En Condiciones materiales de vida y Educación reseñar el papel del País Vasco, mientras que Aragón destacó en Trabajo, Madrid en Salud, Cantabria en Seguridad Física y Personal y la Comunidad Valenciana en Gobernanza y derechos básicos.

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Llevamos unas semanas muy intensas con los indultos del procés y parece que ese momento va a ser un punto y aparte en las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y el Estado. Los indultos son un paso más en la normalización de unas relaciones que llevaban tiempo rotas.

Sin embargo parece también claro que los actores del procés no se conforman con el status quo. Siguen empujando para ir más allá, siguen hablando de la república catalana, del referéndum y de la independencia. Pero quizá con la boca algo más pequeña porque tienen un objetivo económico claro: el concierto de Cataluña.

Un modelo económico distinto

La vía unilateral a la independencia ha fracasado, por mucho que se siga hablando de ella. Ya se ha visto cómo acaban las cosas: con políticos en la cárcel y sin grandes cambios en el status quo. Parece, por tanto, que la vía hacia una mayor autonomía es algo que se lleva reclamando durante mucho tiempo, antes de que el movimiento independentista tuviera tanta fuerza: el concierto económico.

La financiación autonómica en España tiene dos modelos: el estándar, que aplica a todas las Comunidades Autónomas menos País Vasco y Navarra, y el concierto/convenio, que aplica estas dos últimas.

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Así es el problema de las transferencias pendientes a las Comunidades Autónomas

El concierto permite que las comunidades forales recauden sus propios impuestos y los gasten como consideren. Al final del año se sientan con el Gobierno de España y se compensan los gastos que el Estado ha hecho en dichas Comunidades. En la práctica es una total autonomía en recaudación y gasto público.

El cálculo del gasto

En principio este modelo de concierto también puede tener un extra de solidaridad interregional, pero en la práctica es al contrario. Los cálculos de lo que País Vasco y Navarra tienen que pagar a España siempre han sido muy políticos (ya sea por la presencia de ETA en su día o por los votos para aprobar unos Presupuestos en el Congreso) y no solo estas Comunidades no cumplen con la cuota de redistribución interregional sino que directamente reciben más del Estado de lo que aportan.

Sin embargo al ser dos Comunidades relativamente pequeñas en población el peso no es muy grande. Sí, podría haber un mejor equilibrio entre territorios, pero incluso con sus imperfecciones el sistema actual tiene una cierta solidaridad con las zonas más desfavorecidas.

El caso de Cataluña

Si Cataluña, en esta nueva etapa, lograra alcanzar el Concierto económico y se para la solidaridad interterritorial de esta Comunidad Autónoma, el sistema se cae. Cataluña es una Comunidad con más del 20% del PIB de España, no un simple 6,6% del País Vasco o un 1,8% de Navarra.

Si Cataluña lograra un concierto y se aplicara con criterios políticos como los que tenemos ahora, el peso de la solidaridad entre Comunidades Autónomas, y por tanto el peso de la solidaridad entre ricos y pobres, quedaría casi en exclusiva en Madrid. Y los madrileños no lo aguantarían, pedirían también el concierto y todo el sistema de financiación autonómica saltaría por los aires.

Consecuencias de que no haya solidaridad interregional

Pensemos en un mundo en el que no haya solidaridad entre regiones en España. El primer hecho es que las competencias de Sanidad y Educación están en manos autonómicas. En muchas regiones faltarían recursos para hospitales y colegios. Seguramente alguna Comunidad Autónoma decidiría soltar las competencias, lo que podría llevar a una crisis sin precedentes en el sistema que tenemos desde 1978.

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¿Cómo debería ser el nuevo sistema de financiación autonómica?

Por otro lado las inversiones se congelarían y si ya tenemos una desbandada poblacional de zonas rurales a ciudades, principalmente a las regiones más ricas, se multiplicaría.

Estamos hablando de cambios muy importantes en la estructura del Estado: el fin de la solidaridad interterritorial es el fin del Estado. Se puede negociar si debe ser mayor o menor, en todos los Estados Federales existe dicho debate, pero siempre hay este tipo de transferencias.

La última frontera sería entonces la caja única de la Seguridad Social, que permite que las zonas más pobres reciban fondos de las más ricas a través de las pensiones de sus personas más envejecidas. Pero incluso esto parece estar en debate.

Si bien Cataluña cobra relevancia estos días por los indultos de los líderes del procés, hay secuelas vinculadas a su economía que ya han quedado definitivamente enquistadas en la comunidad autónoma y éstas no desaparecerán mediante decreto.

Tras el intento de secesión, el ímpetu económico mostrado en el pasado ha menguado. Cataluña si bien es una de las comunidades más importantes del territorio español, en términos de PIB, perdió su liderazgo en favor de la Comunidad de Madrid en 2017.

Desde ese momento, los datos de Cataluña no parecen ser todo lo brillantes que se podría esperar. Independientemente si nos referimos a una etapa de expansión económica o recesión, los datos vinculados al avance de su economía y su tejido empresarial son relativamente malos.

Un crecimiento económico que ha dejado de liderar

Una de las variables más importantes para medir el dinamismo de la economía es el avance del PIB. Cataluña disfrutó años atrás de ser una economía líder en el territorio español. Pero el procés lo ha cambiado todo, 2016 fue el último año en el que Cataluña su crecimiento (3,4%) se situó por delante de la media nacional (3%).

En los años siguientes España creció más que Cataluña. De considerarse una locomotora es hoy un vagón de cola.

• 2017: España (+3%), Cataluña (2,8%).
• 2018: España (+2,4%), Cataluña (2,2%).
• 2019: España (+2%), Cataluña (1,8%).
• 2020: España (-10,8%), Cataluña (-11,5%).

Como hemos comentado, Madrid superó a Cataluña en el peso económico sobre el territorio español. Desde entonces se ha acumulado un diferencial positivo en la evolución de su PIB para la capital de España.

• 2017: Madrid (+4%), Cataluña (2,8%).
• 2018: Madrid (+3%), Cataluña (2,2%).
• 2019: Madrid (+2,6%), Cataluña (1,8%).
• 2020: Madrid (-10,3%), Cataluña (-11,5%).

Si nos centramos en la renta media por unidad de consumo (con renta imputada) reflejada en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), vemos que la renta media de los madrileños ya es la segunda del territorio nacional con 24.036 euros (en 2019 superó a los navarros), mientras que la de los catalanes es del 22.630 euros, la cuarta del territorio nacional.

La empresa va a menos en Cataluña

En el año 2016, Cataluña estaba constituyendo 21.950 empresas mientras que en toda España se creaban 102.395 empresas. En ese momento, el 21,4% de las empresas constituidas eran catalanas y mientras que España avanzaba en constituciones un +7,82%, el dinamismo de Cataluña era del +16,39% frente al año anterior.

Ya en 2017 vimos como se dio la vuelta a los datos. Cataluña constituía un -15,03% menos que el año anterior hasta formar 18.652 empresas y España 94.998 (-7,22%). Cataluña perdía peso hasta quedarse con el 19,6% de las sociedades constituidas.

En 2018 las diferencias crecen. España constituye 96.015 empresas por lo que supone un incremento del 1,1%, pero Cataluña baja, las sociedades puestas en marcha son 17.717, un descenso del 5%, ponderando un 18,4% sobre el total.

2019 fue un año para coger aire para Cataluña frente al resto de España. Si en el global del estado se crearon 94.840 sociedades con una pérdida del 1,2%, Cataluña avanzó un 3% hasta las 18.240 constituciones, 19,2% sobre el total.

La crisis de 2020 ha sido particularmente dura para Cataluña. En el total del estado se creó 80.134 sociedades (-15,51%) y en la autonomía fue de 15.031 sociedades (-17,59%), el 18,75% del total.

En los años del procés fue llamativo la espectacular espantada de empresas que abandonaron Cataluña. Entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2018 se marcharon un total de empresas que suponían casi 44.000 millones de euros en facturación (el 84,5% fue a parar a Madrid). Sin embargo, años más tarde el goteo no ha cesado, las empresas se han seguido yendo.

Por ejemplo, en 2019 entraron 624 sedes y se fueron 948 con un saldo negativo de 324, la mayor del territorio nacional. En 2020 se trasladaron a Cataluña 516 sedes, pero se marcharon 666, con un saldo negativo de 150 sedes, de nuevo, los peores datos entre las comunidades autónomas.

Según el estudio de INFORMA D&B, Cataluña sigue liderando en el total de empresas. Cerca del 19% del total situándose por delante de Madrid, que asume el 14,25%. Esto se fundamenta al número más importante de autónomos registrados en Cataluña respecto a Madrid. La cifra de autónomos extranjeros registrados es también mayor en Cataluña.

Por otro lado, Madrid cuenta con más sociedades mercantiles, lo que puede explicar la presencia de más grandes y medianas empresas en esta comunidad, fundamentado por mérito de Madrid y la incapacidad de Barcelona para atraer inversión.

Por esta razón, la facturación registrada en Madrid ronda los 700.000 millones de euros mientras que la catalana se sitúa alrededor de los 301.000 millones y el Resultado antes de impuestos refleja una dualidad mayor: 54.500 millones de euros para Madrid y 18.900 millones para Cataluña, una tercera parte.

Barcelona es un ejemplo de cómo se puede ser la ciudad española con mejor posición para su despegue económico a, en unas décadas, echar por tierra todas esas expectativas. Y es que si ponemos el punto de partida en la democracia española, la ciudad condal poseía una base industrial por delante de Madrid y un empresariado de amplia solvencia con una mirada aperturista, mientras que los coletazos de la dictadura franquista habían dejado a Madrid encerrada al mundo.

Vayamos a los datos en esos años. La economía catalana liderada por Barcelona era un 25% mayor que la de Madrid en el año 1975 y hoy se encuentra por debajo del de la capital española. El nivel de PIB per cápita de Cataluña, se encontraba por delante del de Madrid en 1980, sin embargo en 2018 era un 15% inferior. En un margen de 40 años Barcelona parece haber perdido su oportunidad.

Ambas ciudades sufrieron la llamada crisis industrial, incluso, la madrileña fue más acusada, ya que Barcelona tuvo mejor capacidad de aguantar el empleo en el sector manufacturero, en unos momentos que se empezaba a intensificar la competencia internacional con el proceso de globalización. De hecho, Barcelona, durante el período democrático hasta la gran crisis de 2008 aguantó la industria con 600.000 empleos, mientras que Madrid vería un goteo constante de pérdidas de puestos de trabajo en esta actividad.

Sin embargo, mientras la crisis madrileña se acentuaba, se identificó que la oportunidad era el sector servicios, un elemento clave que más adelante detallaremos y que le llevaría, años más tarde, a tomarle la delantera a Barcelona.

Ambas ciudades han crecido por encima de la media española, aunque Madrid ha mostrado un crecimiento superior. Pero el crecimiento ha sido con modelos diferentes. Barcelona ha buscado situarse como una capital cultural, al estilo Venecia, con una alta dependencia del turismo, mientras que Madrid ha perseguido convertirse en una ciudad global y un centro económico. El problema del modelo cultural es que, por razones de capacidad, no permite un crecimiento eterno, sino que existe un techo en el cual se vería un estancamiento.

Con respecto a la población, Madrid y Barcelona estaban igualados en la década de los setenta (métrica provincial), a pesar de que en la etapa franquista Barcelona siempre concentró una mayor población. Sin embargo, entrando en la década de los ochenta Madrid fue el motor de crecimiento demográfico. Barcelona crecía pero no tanto como Madrid. Hoy la provincia de Barcelona concentra a 5,6 millones de personas y la de Madrid a 6,7 millones.

¿Por qué perdió Barcelona?

No hay un único factor para explicar la pérdida de la batalla frente a Madrid y no sea competitivo para atraer inversión. Confluyen diversos factores que han dado origen a que Barcelona se haya quedado rezagada entre lo que podía haber sido y finalmente es.

La crisis industrial fue entendida como una oportunidad para Madrid. Mientras que Barcelona trató de aguantar el motor industrial, Madrid fue directo a facilitar un cambio estructural de su economía a orientarla al modelo del sector servicios y se crearon más de 1,2 millones de nuevos puestos de trabajo solo en el sector de servicios, lo que representaría unos 300.000 más que Barcelona.

Madrid tenía dos puntos a favor importantes vinculados a la capitalidad. Madrid era el centro político para la toma de decisiones y las infraestructuras han seguido un patrón radial con Madrid como núcleo.

Hay que decir en este punto que si bien Madrid tenía estos puntos a favor, Cataluña desde los años noventa tuvo una gran influencia política significativa para facilitar la gobernanza, lo que le permitía ejercer un contrapeso al efecto capitalidad tanto a nivel político como ser uno de los grandes beneficiarios de las infraestructuras desarrolladas en España.

Pero Madrid ha añadido a la partida un modelo fiscal de bajos impuestos y ese ha sido su triunfo personal para atraer multinacionales con empleos de medio y alto valor añadido, que han marcado la diferencia frente al modelo catalán. Especialmente en los tramos altos del IRPF, vemos una diferencia de más de nueve puntos. Por ejemplo, hoy de un salario bruto de 1.000.000 de euros, en Madrid se pagaría 423.525,4 euros y en Barcelona (Cataluña) habría que sumar casi 40.000 euros más hasta los 462.583 euros.

El modelo de Madrid ha dado como resultado un crecimiento histórico por encima de la media nacional mientras que Barcelona es ya un vagón de cola. Si miramos el año 2019, año que aun estaba vigente el crecimiento español, observamos que la Comunidad de Madrid era líder con un avance del 2,6% del PIB, seis décimas más que la media nacional situada en el 2%. Por el contrario, Cataluña marcaba un crecimiento del 1,8% del PIB, dos décimas menos que la media.

Barcelona es esencialmente turismo. Si repasamos su actividad, nos encontramos que 16.164 empresas y 151.368 empleos se vinculan al comercio que es una de las áreas con más peso dentro de la estructura económica de Barcelona. De hecho, el sector representaba el 21,4% de las empresas y el 14,4% del empleo en la ciudad a finales de 2017. El número de establecimientos del sector del comercio minorista y la restauración era de 35.834 en 2016, lo que representa el 17,3% del total de la ciudad.

Había un problema estructural detrás, pero no se extendía al ámbito de la confianza de las instituciones. Pero el independentismo y el autodenominado procés, puso la guinda del pastel, generando una inseguridad jurídica. En medio de toda esa inestabilidad política generada, más de 3.800 empresas decidieron mudar sus sedes sociales fuera de Cataluña, beneficiando especialmente a Madrid. Un impacto que puede no parecer relevante, pero tiene su importancia en el replanteamiento de proveedores-clientes, cercanos a las sedes sociales en el largo plazo.

Con la estampida de traslados de sedes sociales, a Barcelona solo le queda la farmacéutica Grifols como la gran multinacional de referencia. El resto de empresas han buscado otras alternativas, siendo la principal Madrid. El balance es muy negativo en este aspecto, las 3.000 empresas que salieron de Cataluña facturan alrededor de 44.000 millones, y Madrid se llevó el 62% de los cambios en las sedes sociales, pero se llevó los "peces grandes" lo que se traducía en el 85% de la facturación.

Todo ello, se reduce a una expresión: Barcelona necesita reinvertarse o aceptar la derrota.

¿Qué necesita Barcelona para reinvertarse y volver al dinamismo?

Barcelona no lo tiene todo perdido, nos encontramos en la cuarta revolución industrial y es un gran momento para marcar posicionamiento en el largo plazo. Si pensamos muchas de las grandes multinacionales españolas forman parte de la economía del siglo XX pero no en la era del siglo XXI, con un marcado factor digital.

Barcelona debe perseguir convertirse en un referente en el ámbito de la tecnología para mejorar la calidad de vida en un contexto global en el que la tecnología móvil es un vector clave para el crecimiento de la economía en su conjunto. En este contexto, el papel de Barcelona como Mobile World Capital -al acoger el Mobile World Congress presenta una oportunidad estratégica para posicionar la ciudad en este sector de actividad.

Existe una oportunidad en las actividades que proporcionan una red que tiene acceso a toda la cadena de valor mediante la combinación de diferentes tecnologías: Internet de las cosas, sistemas basado en la nube, big data, ciberseguridad y fabricación digital.

Para canalizar esa inversión es necesario un ecosistema business friendly, y el panorama político y fiscal de Cataluña no ayuda especialmente a lograr esa meta, debe existir una reflexión profunda en este ámbito del coste de oportunidad que se está soportando. Para hacernos una idea, con el procés, no solo repercutió negativamente a la capital con el traslado de sedes sociales sino que la inversión extranjera directa bajó en Cataluña 15 puntos que fueron los mismos que subió Madrid, un regalo en toda regla.