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Desde hace meses Telefónica ha estado batallando en varias frentes relacionado con su control de la infraestructura telefónica, las redes de conexión. Como anterior monopolio, estas se quedaron bajo su control.

Desde la apertura a la competencia del sector de las telecomunicaciones, Telefónica ha estado obligado a dar acceso a las redes telefónicas de conexión a otras empresas que querían ofrecer servicios telefónicos competitivos. Se entiende que a Telefónica no le gustaba y se entiende que no pensaba hacerlo fácil para que sus competidores puedan competir en igualdad de condiciones. Se entiende pero no se acepta sus manipulaciones.

En estas páginas hace tiempo he pedido que las actividades de infraestructura, el monopolio, y las competitivas, de suministro de servicios de telefonía, se separen. Es necesario que exista una igualdad de condiciones entre las empresas competidoras para que el control de las redes no permita a una empresa la posibilidad de situarse en posición de ventaja frente a las otras empresas con las cuales está compitiendo en el suministro de servicios telefónicos.

Para los que lleguen tarde a la historia: allá por la protohistoria de la banda ancha en España el gobierno se dio cuenta de que la situación dominante de Telefónica, obtenida por haber sido un monopolio subvencionado por el estado durante décadas y propietaria de la única planta exterior de cable existente, condicionaba seriamente la aparición de nuevos operadores, la competencia y, consecuentemente, la bajada de precios y proliferación y mejora de los servicios. Así que se optó por una solución que ya se había puesto en marcha en otros paises: obligar a Telefónica a ceder, a un precio determinado, la planta de cables telefónicos al resto de operadores que quisieran operar servicios de banda ancha. Las modalidades eran dos: o bien el nuevo operador “desengachaba” el cable de la central de telefónica y lo enganchaba a sus equipos (modalidad conocida como “unbundling” o bucle desagregado, y que requiere de serias inversiones por parte del operador ya que debe llegar por sus propios medios hasta cada central de telefónica e instalar allí sus equipos) o bien telefónica se encargaba de dar el servicio de forma física pero entregaba el tráfico generado al operador entrante en determinados puntos de intercambio, modalidad conocida como “acceso indirecto” y que posibilita que el nuevo operador ofrezca servicios de forma casi instantanea en todo el territorio. La CMT estableció los precios máximos que Telefónica podía solicitar por estos servicios en la llamada Oferta de Bucle de Abonado u OBA.

Pues bien, varios años después de esto (corría el año 2001, si no me fallan las cuentas) la CMT acaba de sancionar a Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado Español, y lo hace con una multa histórica de 152 millones de euros, que hasta a Telefónica le hacen pupa. Y claro, a más de uno se le ha quedado cara de tonto: ¿Como van a multarnos si yo me he limitado a hacer lo que me dijo la CMT?

En su discurso de clausura en la XXIII Reunión del Círculo de Economía, el presidente del gobierno español mencionó que están pensando dar más libertad a los reguladores.

En estas páginas ya hemos argumentado en contra de la legislación que rigen estos reguladores y hemos pedido cambios.

Cuando existe la posibilidad de intervención política se suele utilizar en los peores momentos y respondiendo a los gritos más altos y beneficiando a los que más influencia pueden conseguir. Fórmulas para intervencionismo, manipulación del mercado y pérdida de credibilidad.

Por primera vez desde que saliera al mercado con la marca Amena, la operadora de telefonía móvil propiedad hoy de France Telecom ha cerrado el trimestre con menos clientes de los que tenía a principio de año. La culpa, claro está, la tiene Euskaltel, el operador autonómico vasco que, como el pueblecito de Asterix, resiste a los invasores, en este caso las gigantes multinacionales.

En los tiempos de la difunta Auna - la unión de Retevisión, Amena y los operadores de cable, operadoras todas ellas participadas por Unión Fenosa, Endesa y el SCH - Euskaltel se consolidó como un caso único en el panorama de los operadores nacionales. No sólo se convirtieron en el operador de cable de la demarcación correspondiente al País Vasco, sino que las marcas Amena y Retevisión prácticamente no existieron en esta zona, comercializándose todos los servicios bajo la marca vasca. Algo que sólo podía pasar en España, claro: mientras en todo el pais (y en el mundo, de paso) se producía un movimiento de concentración global de servicios y unión de volúmenes, Euskaltel se mantuvo como operador autonómico contra viento y marea creando un mercado absolutamente cerrado y llegándo a ser dominante en varias zonas, e incluso su gestión resultaba casi opaca para el resto del grupo.

En Francia, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) acaba de emitir un informe cuestionando la fiabilidad de las cuentas presentadas desde 1998 por la empresa estatal, Rhodia. Parece que este informe se modificó para dar el visto bueno a las cuentas de los años 1998 a 2000, curiosamente cuando su máximo gestor financiero era Thierry Breton, que ahora es ministro de finanzas, y exculpando su gestión.

En España, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) anunció su decisión en la OPA de Gas Natural a Endesa, tras su análisis del impacto sobre la competencia y parece que los votos de aprobación coinciden con los nombramientos del gobierno y sus aliados y los votos en contra fueron provenientes de los miembros propuestos por el PP.