Como hemos comentado en diferentes ocasiones, la situación de la banca es precaria y, dadas las dificultades para mantener los márgenes de intereses consecuencia de los bajos tipos de interés, buscan aguantar el negocio vía incremento de comisiones.

Los resultados del ejercicio de los bancos españoles en 2020 se tiñeron de rojo. En concreto, el resultado neto consolidado del conjunto del sistema bancario español fue negativo por un importe cercano a los 8.000 millones de euros, lo que supone un descenso de casi 26.500 millones, frente a los beneficios registrados el año anterior. Hay que matizar en estas pérdidas que las dos primeras entidades realizaron ajustes de sus fondos de comercio por un importe superior a los 12.000 millones de euros en el primer semestre del año, y otros ajustes como los vinculados a activos fiscales.

La realidad de la banca española es que, con los últimos datos en mano, está ofreciendo crédito a la vivienda con un TAE ponderado a todos los plazos del 1,73% en el mes de marzo y del 1,69% en febrero, firmando su mínimo histórico. Por el lado de los depósitos a la vista y a plazo hasta año estamos en el 0,01%-0,02% (sin aplicar comisiones) y para dos años se remunera un tipo del interés del 0,10%.

En el contexto actual, los elevados volúmenes de liquidez unido a la extensión de las condiciones favorables de financiación de las entidades y la ampliación del programa de compras de deuda pública, han contribuido a situar los tipos de interés de los mercados monetarios en niveles mínimos.

Los tipos de interés han descendido tanto que las cuentas corrientes que tradicionalmente eran la vía más barata para captar capital, se remuneran a cero cuando en el mercado mayorista se paga en negativo. La conclusión de la banca es: si no tienes un depósito cuantioso, o una actividad vinculada que compense los servicios financieros y la infraestructura asumida, hay que repercutir un precio al servicio ofrecido.

A los grandes capitales ya se les estaba repercutiendo, al acceder a las TIRs negativas del mercado de deuda (los depósitos bancarios están garantizados hasta 100.000 euros por entidad) ahora van a por los pequeños. Y la situación es perfecta para imponer las nuevas comisiones, un mercado bancario en forma de oligopolio a través de las múltiples fusiones en los últimos años. Coordinarse antes que competir.

A pesar del mayor peso sobre el activo total que han alcanzado las comisiones netas en los últimos años, como fuente adicional de ingresos, Esta tendencia creciente de las comisiones se ha detenido como consecuencia de la crisis del COVID-19. Sin embargo, **este año, ante las perdidas ocasionadas, se plantea el "comisionazo".

Durante esta primera parte del año ya hemos visto movimientos por parte de la banca para apretar las comisiones.

Por ejemplo, el Banco Santander carga una comisión de 20 euros al mes, 240 euros al año, desde inicios de este año a los clientes que no cumplen ningún requisito de su programa Santander One: Domiciliando tus ingresos y pagos y adquiriendo un producto de ahorro, financiación o protección.

Pero no fue el primer banco en cobrar 240 euros al año, los clientes del líder del mercado bancario en número de oficinas, Caixabank, deben soportar desde el 1 de octubre del año pasado que por el mantenimiento de sus cuentas se les repercuta por trimestre 60 euros.

Entrando en junio, aquellos que se integran en la Cuenta Expansión del Banco Sabadell pagaran 30 euros si no cumplen las condiciones de la cuenta. En el grupo de pagar 120 euros al año se incorporan dos entidades más: Unicaja y Kutxabank.

Ese importe ya lo habíamos visto previamente en una entidad, ING. En abril optó que los clientes de su producto estrella, la Cuenta Naranja, deben de escoger entre domiciliar su nómina para mantener la cuenta de forma gratuita o bien afrontar una comisión mensual de 10 euros y dejar de percibir la remuneración del 0,01% que actualmente ofrece este producto.

En Bankia podemos encontrar una comisión intermedia entre los grandes bancos y los pequeños: afrontaríamos el pago de 14 euros no cumple con los requisitos de la cuenta Por Ser Tú, sumando 168 euros al año.

BBVA se movería en una línea similar. Para el 15 de junio endurece las condiciones y ya no bastaría con tener ingresos y recibos domiciliados, hay que contactar algún producto de la entidad. Nos encontramos con una comisión de mantenimiento de 40 euros al trimestre (160 euros al año).

Mañana, el gobierno un Consejo de Ministros aprobará el Ingreso Mínimo Vital. Una medida que trata de hacer frente a la dura situación económica que soportan muchas familias a raíz de la crisis que está destruyendo empresas y empleo.

La cuantía sobre la que se hace referencia dependerá del número de miembros de cada hogar y de las rentas que perciban y se empezará a cobrar en el mes de junio, a medida que se vayan recibiendo las solicitudes.

Según el propio gobierno, los beneficiarios de esta medida serían alrededor de 850.000 familias que se encontrarían en una situación de pobreza severa, cuatro de cada cinco familias en una situación desprotegida, movilizando 3.000 millones de euros del Presupuesto.

Esta prestación no es un cheque en blanco, sino que está condicionada y trata de cubrir la diferencia necesaria por esa unidad familiar hasta alcanzar el ingreso mínimo correspondiente.

Según el ministro Escrivá, el ingreso mínimo garantizaría una renta de 461 euros para el caso de un hogar formado por un adulto, complementando la renta hasta ese importe. A partir de allí se aplicarían una serie de coeficientes multiplicadores en función de tipo de familia y de número de menores a cargo para que la cuantía fuera incrementándose sin llegar a alcanzar el SMI.

Tratar de clientelizar a un país

Que, de repente, se pueda obtener una renta de última instancia, puede llevar a ciertos incentivos perversos tanto desde el punto de vista del ciudadano como desde el punto de vista del Estado.

Desde el punto de vista del ciudadano, puede concluir que para qué va a obtener un trabajo que le aporte una renta, si el Estado se hace cargo de sus necesidades de consumo. Por lo tanto, cualquier renta que se ofrezca debe valorar no atentar contra el incentivo de la obtención de un trabajo.

Todo gobierno busca permanecer en su statu quo en el tiempo y, para ello, existe el incentivo de controlar a la población a través de medidas asistenciales, panem et circenses. Una población sometida y bajo la asistencia del Estado, es una población menos exigente con los mecanismos del poder y, consecuentemente, más dócil y manejable para poder así prolongarse en el tiempo.

Por otra parte, es un error manifiesto que se lleve a cabo la planificación de ese ingreso mínimo desde la centralización de un Estado. Estamos hablando de paliar las necesidades de consumo de la población menos desfavorecida y, obviamente, no existirán las mismas necesidades consumo en Barcelona o Madrid, que en un pueblo de renta reducida de Extremadura.

De ahí que nazca un problema de planteamiento, y no debe ser la Administración Central la que impulse este tipo de medidas por las disparidades existentes dentro de un territorio, sino desde las administraciones inferiores cercanas a la realidad del territorio. De hecho, ya teníamos las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, que en el año 2018 comprometian un gasto cuantificado en más de 1.518 millones de euros.

Estas rentas no suponen un compromiso presupuestario elevado porque tienen numerosas condiciones para ser beneficiarios como por ejemplo la edad, circunstancias personales, una duración limitada en el tiempo y una prueba de rentas.

En todo caso, el Ingreso Mínimo Vital es una renta condicionada a determinadas circunstancias, totalmente diferente a la Renta Universal que es el esquema de protección social más radical: una transferencia incondicional de dinero en efectivo a todos los ciudadanos/residentes de un país.

El riesgo que pueda existir es que una vez implantado el Ingreso Mínimo Vital por parte de la Administración Central, los criterios para su acceso se vayan relajando durante los sucesivos años, dirigiéndonos hacia una Renta Universal en que todas las condiciones previas hayan desaparecido, y que cada vez ostente un peso mayor en el Presupuesto.

Ofrecer un complemento a la renta cuando eres el principal responsable de la devastación de la economía

Que exista una red de última instancia en forma de renta, para que aquellos segmentos de la población que se hayan visto privados de la posibilidad de encontrar un trabajo en el corto plazo puedan hacer frente a las necesidades de consumo, no es algo negativo.

El problema existente viene dado cuando no se puede obtener renta a través de un trabajo porque existe una regulación laboral que lo impide (la subida del SMI que puso freno a la caída del desempleo), o unas condiciones de la actividad económica diezmadas porque la intervención estatal ha arruinado toda proliferación de prosperidad.

Ya hemos visto, tanto en 2019 como en 2020, el incremento sustancial del SMI, afectando negativamente a aquellos segmentos de la población menos productivos como pudieran ser jóvenes, inmigrantes, involucrados en sectores de una productividad comparativa menor como en el caso de la agricultura. Todos ellos susceptibles de verse favorecidos por el ingreso mínimo vital.

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La subida del SMI ha terminado destrozando el mercado laboral

Al mismo tiempo, la pésima gestión del Gobierno español ante la crisis del COVID-19 nos ha llevado a unas previsiones económicas de caída del PIB del 9,4% según la Comisión Europea, el segundo dato peor entre los países desarrollados solo superado por Italia que se proyecta una caída del 9,5%.

Por lo tanto, ellos mismos generan unas condiciones económicas de destrucción absoluta de la actividad económica y, al mismo tiempo, tras generar una pobreza extendida, anuncian una renta complementaria.

No parece muy sensato que, por un lado, se impida la obtención de renta y que, por el otro lado, se ofrezca una renta que dependerá de la capacidad de financiación del déficit público en un país que no destaca precisamente por la estabilidad presupuestaria a largo plazo.

El Consejo Europe de Ministros de Empleo han adoptado de manera formal decisiones sobre la legislación comunitaria en materia de regulación del empleo y las relaciones laborales.

Las nuevas directivas de conciliación, y mejora de la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales, adoptadas por el Consejo, así como las modificaciones de la directiva de desplazamiento de trabajadores, son medidas que tendrán que ser adoptadas por el ordenamiento jurídico en España.

La creación de una Autoridad Laboral Europea, de futura implantación en Bratislava, va a suponer un punto de inflexión en la coordinación y supervisión de las políticas de empleo en la Unión Europea.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo nos va afectar la creación de la Autoridad Laboral Europea?

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Así es el mercado laboral español: la demanda de empleo de las empresas

La Autoridad Laboral Europea controla la movilidad de los trabajadores

La Autoridad Laboral Europea fue aprobada a finales de 2017, estableció los principios que deben regir la regulación europea sociolaboral, destacando la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo y la protección e inclusión social.

La Comisión Europea impulsó la aprobación de gran parte de las iniciativas para velar por la mejora de la protección de los derechos de los trabajadores en el marco de la movilidad sostenible, evitar el dumping social y la competencia desleal.

Por esto, el Consejo de ministros europeos de empleo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han desarrollado un paquete normativo con dos directivas en relación con el desplazamiento de los trabajadores. Este proyecto ha reformado el Reglamento 833 de coordinación de sistemas de seguridad social, no desarrollada del todo, y por último, la creación de la Autoridad Laboral Europea.

La Autoridad Laboral Europea tiene la misión principal de coordinar las autoridades nacionales, por el cumplimiento de las normativas comunitarias en materia de movilidad de los trabajadores en aplicación de la libre circulación y prestación de servicios.

La Autoridad Laboral Europea tendrá de un registro de los trabajadores desplazados

La Autoridad Laboral Europea puede exigir a las empresas que desplacen trabajadores a prestar servicios en otros países de la Unión Europea:

• Comunicar anticipadamente a la autoridad laboral el destino de los desplazamientos, para garantizar las condiciones de trabajo en destino que son equiparables a los del país de origen,
• Llevar un registro horario de la jornada laboral.
• Mantener la documentación relativa a dicho desplazamiento.

La normativa española, que aún debe incorporar estos cambios antes de junio de 2020, debe incorporar los 8 días el periodo del desplazamiento a España y desde España a otros estados miembros de la Unión Europea.

Se ha establecido la normativa que durante un período de 4 años se debe mantener disponible la documentación , y la sanción máxima por el incumplimiento a las obligaciones de hasta 180.000 euros por cada uno de los trabajadores que se ha incumplido.

La Autoridad Laboral Europea trabajadora de forma conjunta con la autoridades nacionales

La Autoridad Laboral Europea tiene los objetivos de:

• Asistir a la Comisión y a los estados miembros en la aplicación.
• Cumplimiento efectivo de la normativa comunitaria relativa a la movilidad de los trabajadores.
• Coordinación de los sistema de la Seguridad Social.

Y entre las funciones:

• Sugerir a la autoridad de cada uno de los países realizar inspecciones laborales verificar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

La Autoridad Laboral Europea desarrollará, conjuntamente con las autoridades de cada país y, en su caso, los interlocutores sociales, directrices comunes no vinculantes para su uso en los países miembros, como definir los puntos comunes para la interpretación de la normativa en materia de movilidad de los trabajadores.

Las normativas de Europa transforma el mercado laboral de España

Aunque los ciudadanos europeos siempre ha tenido cierta indiferencia de las políticas que se han impulsado desde los organismos de la Unión Europea, es cada día más presente en la normativa española y, por tanto, en nuestras vidas.

Es por esto, que los agentes políticos, económicos y sociales tomen conciencia de esto y, en consecuencia, participen de forma más activa en el diseño de estas normativas para garantizar su adecuación a las necesidades de la realidad económica y social de cada uno de los países, y en este contexto la transformación de los mercados de trabajo.

Con la creación de la Autoridad Laboral Europea, las empresas deben prepararse y adaptarse a la normativa que se apruebe y, por tanto, para el cumplimiento.

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En los últimos años, hemos estado viendo como los bancos españoles han ido perdiendo peso sobre el total de deuda pública. Y es que, si nos remontamos a junio del año 2012, con el famoso rescate bancario -o línea de crédito con condiciones favorables-, las entidades nacionales llegaron a acumular el 34,9% de toda la deuda en circulación, lo que suponía un total de 201.473 millones de euros.

Desde ese punto de partida, en los últimos años los bancos nacionales se han desprendido de un total de 16.975 millones de euros, y en el ejercicio 2016, cerraron con una cifra de 184.498 millones de euros, con un peso relativo sobre el total de deuda pública en circulación del 22,4%.

Este descenso en términos relativos, se debe a varios factores, pero el principal es que en los últimos cinco años, la deuda pública no ha parado de crecer, pero ha sido absorbida mayoritariamente por los inversores extranjeros.

En base a las cifras de 2016, el 51,6% de la deuda pública del Estado estaba en manos de inversores extranjeros, una notable diferencia si lo comparamos con los años anteriores. En el fatídico 2012, los inversores extranjeros sólo acaparaban el 31,4% del total de deuda en circulación.

Otro de los grandes tenedores de la deuda del Estado es el Banco de España, siendo el tercer tenedor con mayor deuda pública, pues acapara el 16,8% del total de deuda en circulación. Cuatro años atrás, el Banco de España sólo asumía un peso relativo del 4,8%. Este cambio ha sido motivado por las acciones de política monetaria que se han llevado a cabo.

La banca prefiere el crédito a invertir en los títulos de deuda pública

La banca ha optado enfocar su actividad a la concesión de crédito y obviar la compra de títulos de deuda pública. A partir del año 2015, los bancos se decidieron a abrir el grifo del crédito. Caixabank fue en la entidad que más créditos concedió, con un aumento del crédito al consumo del 48% e incrementó la concesión de préstamos hipotecarios en un 57%. El Banco Santander y el Sabadell también se postularon en el aumento de la concesión de préstamos hipotecarios en un 25% y el 24,6% respectivamente.

Pensemos que actualmente los bonos españoles se encuentran en un escenario de alta sobrevaloración. En el mercado secundario, podemos encontrar que los bonos españoles hasta tres años cotizan con rentabilidades negativas y el bono a 10 años ofrece, tan sólo, una rentabilidad del 1,5%.

A pesar de que los créditos tienen un componente más arriesgado que los bonos soberanos, el diferencial de intereses compensa ampliamente la exposición del balance de las entidades bancarias hacia la concesión de créditos en vez de posicionarse en la compra de deuda pública española.

En la actualidad, el crédito al consumo orientado a las operaciones a plazo entre uno y cinco años tiene unos tipos de interés del 8,33%. Las operaciones hipotecarias con plazos superiores a 10 años tienen unos tipos de interés del 2,43%.

Los inversores extranjeros, los más interesados en nuestra deuda

El año 2012 fue un periodo muy crítico tanto para la viabilidad de España como para el proyecto del euro. En ese contexto, los inversores extranjeros fueron especialmente reacios con la deuda pública española y por ello, el peso relativo de los inversores extranjeros era del 36,5%.

Durante los siguientes años, los inversores extranjeros fueron más propicios aceptar la deuda pública española y incrementaron su exposición sobre los títulos de deuda pública. En el año 2013, la deuda en manos de los no residentes era del 43,8%, en 2014 del 49,6%, en el 2015 del 53,4% y finalmente, a cierre de 2016 el porcentaje disminuyó ligeramente hasta el 51,8%.

No podríamos entender este mayor apetito por parte de los inversores extranjeros, sin que hubiera una reducción paulatina del riesgo país. Tanto la prima de riesgo como la probabilidad de default de España han caído fuertemente en los últimos años, evidenciando las mejores condiciones macroeconómicas de España.

Esta reducción de estas variables tiene componentes internos y externos. Entre los componentes internos nos encontramos en profundas reformas estructurales que han llevado a la economía española a un modelo centrado en las exportaciones y con menor dependencia, a ladrillo. Por esa razón, España crece al 3%, mientras que Italia y Francia se conforman con un avance de sus respectivas economías del 0,8%.

Entre los factores externos que han mejorado el riesgo país, el más relevante son las condiciones de financiación laxas del BCE y su programa de compra de bonos en el mercado secundario, que ha llevado a la curva de rendimientos de bono soberano a sufrir un fuerte descenso, mejorando en última instancia la capacidad de financiación del Tesoro.

El Tesoro español sigue aprovechando el contexto de bajos tipos de interés

A pesar de no contar con los bancos, en este contexto de bajos tipos de interés, el Tesoro español ha buscado aumentar la vida media de la cartera de deuda en sus procesos de financiación. Si bien en el ejercicio 2013 la vida media de la cartera era de 6,20 años, en la actualidad se sitúa en 7,05 años.

Y si nos centramos en la vida media de las emisiones a medio y largo plazo actualmente es de 11,5 años, una cifra superior a la registrada el año anterior (9,1 años) y más del doble de la registrada en 2012 (5,1 años).

Las condiciones de financiación también han mejorado notablemente para los intereses del Estado. En el año 2012, el Tesoro pagaba unos intereses medios del 3,01% por las nuevas emisiones, ya en el ejercicio 2016, las condiciones de financiación bajaron hasta el 0,61% y en la actualidad, el coste medio de la deuda es de sólo el 0,57%.

La jugada es clara... realizar emisiones de largo plazo para alargar el vencimiento de los bonos, y en definitiva, aprovechar la coyuntura actual de facilidades de financiación. La última subasta de bonos a diez años se consiguió colocar pagando unos intereses del 1,548% y las obligaciones a cincuenta años han conseguido colocarse al 3,249%.

Para este año, el plan de Tesoro es seguir la línea marcada en los últimos años y emitir principalmente deuda de medio y largo plazo. Previsiblemente, la emisión bruta del Tesoro sea de 220.017 millones de euros.

Ayer, Alejandro nos comentó el “rescate preventivo” que parece que se está barajando donde “el MEDE (o ESM en sus siglas en inglés) nos dé una línea de crédito que no se llegaría a usar nunca“. El otro día Aurelio también nos informó de la aparente nueva estrategia relacionada con el muy esperado rescate de España por parte de las organizaciones europeas y se especula que este se podría efectuar en noviembre…o no…o si…manteniendo la incertidumbre. El gobierno ha dicho varias veces que está esperando conocer las condiciones que este rescate les traerá desde Europa, que no son tan misteriosas, ya que las he comentado en estas páginas más de una vez. Aurelio nos dijo:

…podría parecer que nuestro Gobierno tiene en vilo a medio planeta con el asunto del rescate. Tanto es así que los rumores sobre el mismo no dejan de aparecer para darle un poco de vida a las noticias económicas del día.

A ver si esta estrategia es precisamente dirigida hacia los mercados financieros para que moderen sus actividades de venta de bonos españoles, ventas en corto, es decir de vender más de lo que uno tiene con la expectativa de que el precio baje, que sería cuando uno recompra para equilibrar su cuenta, eso si, a un precio más bajo.

Se espera en los mercados financieros que, cuando el gobierno pida rescate, la disponibilidad que tendrá de liquidez y las garantías disponibles harán concluir a los mercados financieros de que el riesgo español habría bajado y, con esa percepción de menor riesgo, la prima de riesgo de la deuda española también bajaría.

Bajando la prima de riesgo, subiría el precio de los bonos en el mercado y los que sostienen estos bonos ganarían. Por contrario, los que mantienen sus posiciones en corto, por su visión negativa del riesgo español, tendrían que comprar bonos más caros para equilibrar sus cuentas. La conclusión sería que perderían dinero en sus inversiones por estar con posiciones en corto.

Si la petición causaría a los mercados más cautela en apostar en lo negativo, la amenaza de petición también impactaría de la misma forma. Además, la petición del rescate preventivo tendría este mismo impacto, incluso si no se utilizara.

En consecuencia, habrían menos en los mercados financieros dispuestos a ir corto o en menos cantidad y esta menor presión hacia la baja aumentaría precios y reduciría la prima de riesgo. Mientras el gobierno puede amenazar con esta petición, del tipo de programa europeo que sea, mantendría la amenaza de pérdida sobre los más negativos, moderando sus actuaciones, por lo menos en alguna medida.

A ver si el Ministro de Economía está utilizando su experiencia de los mercados financieros para batir a estos mismos mercados en su juego especulativo.

En El Blog Salmón | El “rescate preventivo”, el último disparate del Gobierno de España y Ahora sí, ahora no. El cuento del rescate a España
Imagen | Rahego

Cuando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE) anunció medidas para ayudar a los países con su deuda, a través de la compra de bonos con plazo de hasta tres años, exigió varias condiciones antes de que inicie la compra de deuda de los países que lo piden. Una de estas condiciones es que el gobierno pida formalmente la ayuda de la Unión Europea (UE) y que los países deberán adherirse a las condiciones económicas que vendrán como parte de esta petición. Como respuesta a estas exigencias, el gobierno español dijo que, antes de pedir ayudas, quiere saber cuáles serán las condiciones que les exigirá. Para ayudar al gobierno español, hace unas semanas escribí un artículo detallando lo que las autoridades de la UE piden para que los gobiernos vuelvan a la senda económica sostenible, que salen del Plan Económico de la UE para 2020.

Uno de los participantes del grupo que supervisa las economías es el Fondo Monetario Internacional (FMI), organización que, aparte de ayudar, tiene historia en eso de establecer condiciones y de supervisión de economías. En estas páginas he detallado hace tiempo estas medidas económicas que el FMI exige aunque, ahora que los países anteriormente ricos son los que deben someterse a la disciplina del FMI, parece que estas condiciones económicas ya no son convenientes y aconsejables, cuando antes si lo eran para los países pobres.

Además de esta lista de condiciones, el FMI también nos elabora la forma de condicionalidad que sigue y los distintos pasos que toman para revisarlo, que debe ayudar a los países a entender lo que les espera. La aprobación de programas y de revisiones del FMI se basan en compromisos políticos acordados con diversas autoridades de los países ayudados y deben seguir los siguientes procedimientos:

• Acciones previas, que son medidas que un país acepta adoptar antes de que el FMI apruebe cualquier financiación o complete sus investigaciones. El objetivo de este paso es asegurar que los programas del país tienen la base necesaria para tener éxito. Ejemplos incluyen la eliminación de controles de precios o la aprobación de un presupuesto acorde con el marco fiscal del programa.

• Criterios cuantitativos de rendimiento (QPCs en inglés), que son condiciones específicas y medibles que se deben cumplir para completar la revisión. Los QPCs están relacionados con los variables macroeconómicos controlados por las autoridades, como son los niveles monetarios y crediticios, las reservas internacionales, los saldos fiscales y el endeudamiento externo. Por ejemplo, un programa podría incluir el mantenimiento de un nivel mínimo de reservas internacionales netas, un nivel máximo de activos netos de los bancos centrales nacionales o un nivel máximo de endeudamiento del Estado.

• Objetivos económicos adicionales, que se utilizan para complementar los QPCs con el objetivo de medir el progreso. Estos son especialmente necesarios cuando los QPCs no se pueden introducir facilmente debido a la incertidumbre acerca de las tendencias de los datos económicos (por ejemplo, para los últimos meses de un programa).

• Puntos de referencia estructurales, que son (a menudo no cuantificables) las medidas de reforma que son claves para lograr los objetivos del programa y se utilizan como marcadores para evaluar el cumplimiento del programa. Ejemplos incluyen medidas para mejorar las operaciones del sector financiero, la construcción de redes de protección social o el fortalecimiento de la gestión financiera pública.

El gobierno español pronuncia que no sabe si pedirá rescate, alegando que no conoce cuáles van a ser las condiciones exigidas. Como he hablado en el pasado y hoy, hay mucha información sobre cuáles son los procedimientos y las condiciones que se piden en este tipo de situaciones. ¿Realmente no saben si pedir rescate porque no conocen las condiciones? ¿A qué estarán esperando de verdad?

En El Blog Salmón | El gobierno español espera a ver las condiciones de Europa, ¿cuáles van a ser?

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Anoche el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, nos brindó una entrevista en la Televisión española donde tuvo delante cinco periodistas de distintos medios y una moderadora, también periodista. Casi toda la entrevista trató temas económicos y sabemos que ninguno de las siete personas en el plató tiene mucha idea de economía. Así está el discurso económico de los medios en España, con periodistas hablando de cosas que no tienen ni idea, aunque no es nada nuevo.

Varias de las preguntas se referían al anuncio del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y prestaron especial interés en saber cuándo iba España a pedir el rescate. La respuesta fue la que hemos oído varias veces desde que se habló del rescate, que dependerá de cuáles son las condiciones que Europa exigirá a los países que piden rescate, que son parte de las condiciones que el Sr. Draghi ha impuesto para activar su programa de compra de bonos. Es bueno evaluar las condiciones de toda oferta de ayuda, antes de tomar cualquier decisión, no obstante las condiciones no son tan desconocidas.

La semana pasada en El Plan Económico de la UE para 2020, en estas páginas, comenté el plan europeo que creará la Europa que quieren ver en el año 2020 y vemos que queda mucho por hacer para llegar a cumplir con este Plan. Dentro del Plan, también nos han dado recomendaciones específicas por país para el periodo 2012-2013 y, viendo lo que las autoridades europeas recomiendan que se haga, se puede destilar pistas de donde vendrán las condiciones. A continuación resumo algunas de estas recomendaciones (¿condiciones?):

• Piden como mínimo un esfuerzo fiscal estructural por encima del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) durante el período 2010-13. Es decir, que se reduzca el déficit fiscal como mínimo un 1,5% al año.

• La adaptación y aplicación de medidas a nivel regional (autónoma), comentado mucho por aquí y nada nuevo para nuestros lectores.

• La aceleración y el aumento de la edad legal de jubilación, comentado por aquí y hace mucho.

• Medidas concretas dirigidas a los trabajadores mayores para desarrollar su formación permanente, mejorar sus condiciones de trabajo y promover la reincorporación de este grupo en el mercado laboral.

• La introducción de un sistema tributario coherente con los esfuerzos de consolidación fiscal, que incentive el crecimiento, que cambie el peso de la gravación del trabajo hacia el consumo y que penalize los consumos negativos para el medio ambiente.

• La introducción de la reforma del sector financiero.

• Proponer una estrategia integral para hacer frente con eficacia a los activos de la herencia en los balances de los bancos, los activos tóxicos.

• La introducción de las reformas del mercado laboral.

• La introducción de medidas adicionales para mejorar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo, para mejorar cómo están dirigidas, y mejoras para los desempleados en la formación, asesoría y colocación en trabajos adecuados.

• Reorientar fondos para apoyar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), la investigación, la innovación y a los jóvenes.

• Introducir y reforzar medidas para liberalizar los servicios profesionales, incluyendo profesiones altamente reguladas.

• Medidas para reducir los retrasos en la obtención de licencias comerciales y para eliminar las barreras para hacer negocios como resultado de las excesivas e innecesarias regulaciones y la necesidad de lidiar con diferentes niveles de gobierno.

• Completar las interconexiones de electricidad y gas con los países vecinos.

• Medidas para abordar el déficit de tarifa eléctrica de una manera global, en particular mediante la mejora de la rentabilidad de la cadena de suministro de electricidad.

Muchísimas de estas medidas ya hemos pedido y comentado varios de nosotros en estas páginas durante años, vinculo sólo algunos artículos, y no sólo una vez. Parece que es mejor esperar a que te las impongan desde fuera y cuando hay crisis que hacerlo bien a lo largo del tiempo.

Ya que tenemos pistas de por donde van a ir los tiros en cuanto a condiciones, las autoridades españolas pueden empezar a analizarlas para ver si interesan o no. Sería una forma de avanzar.

En El Blog Salmón | ¿Cuándo solicitará España el segundo rescate?, Sr. Rajoy, no nos engañe: el rescate a España no será gratis y ¿No querían los Eurobonos?, pues casi los tienen
Imagen | Christian Fleschhut

Desde que estalló la crisis vimos a los gobiernos apresurándose buscando cosas que podían hacer para salvar a sus economías. Los gritos que más se oyeron fueron los de las empresas buscando salvarse del desplome económico y financiero y encontraron su mejor solución en las puertas de los ministerios. Las colas de los que pedían ayudas eran largas y muchos consiguieron lo que querían.

Hemos sido pocos los que criticamos estos procesos de salvación de empresas privadas con dinero público, en el entorno de pánico parecía que cualquier cosa era aceptable para intentar mitigar los impactos de la crisis.

Cuando he hablado de este tema, y ya es desde hace mucho, siempre exigía que, si se van a facilitar ayudas al sector privado con dinero público, estas ayudas deben ir acompañadas con condiciones y una de estas condiciones es que, ayudando a empresas, el Estado debe tomar una parte e, incluso, la totalidad del capital de la entidad rescatada de sus líos.

Ayudas con condiciones las hemos visto en algunas situaciones fuera de España, en España no recuerdo una en estos momentos. En Estados Unidos vimos varias ayudas donde el Estado tomó control de parte del capital de la empresa rescatada. Lo hicieron en el caso del fabricante de automóviles, General Motors, del banco Citigroup y también en el caso de la aseguradora AIG donde, en un momento, el Estado tenía el 92% de esta empresa.

Ya han vendido parte de las acciones que han tomado de estas empresas o recibido repago de algunas de ellas, incluyendo de Citigroup y General Motors, ingresando millones a las arcas del Estado.

En este contexto, acaban de lanzar una oferta de venta de acciones (OPV) valorada en $18.000 millones, con la venta de 607 millones de acciones, que podría ser $2.700 millones más si hay mucha demanda, de una acción que ha subido 47% ese año. Unos ingresos muy interesantes para las arcas del pueblo. No sólo eso, si vendieran las 262 millones de acciones que quedan an manos del Estado, valoradas en $7.800 millones al precio de vento de esta OPV, recuperarían más que lo que gastaron para salvar a AIG.

Las ayudas de empresas privadas con dinero público debe ser lo último que se hace, no lo primero que es lo que vimos pero, si se hace, se puede hacer con condiciones y con la posibilidad de recuperar lo gastado.

Con sus ayudas al sector privado, el gobierno español no escuchó a los que exigíamos condiciones. Le faltó esta parte y le sigue faltando.

Vía | BBC News y Financial Times (en inglés y €)
En El Blog Salmón | ¿Ayudas a la banca a cambio de qué?
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En la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico, Winston Churchill dijo, “This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps, the end of the beginning” (“Este no es el fin, ni siquiera es el principio del fin. Es quizás, el final del principio), advirtiendo a sus conciudadanos que quedaba mucha guerra. Pensé en esta frase con todo el debate que seguimos viendo, dentro y fuera de las redes, sobre la Ley Sinde y si el actual gobierno al final aprueba esta ley.

Después de dos años de trabajo, la Ministra de Cultura parece que no se da por vencida y, como queda una reunión más del Consejo de Ministros, antes de que cambiemos de gobierno, puede que intente conseguir su propósito una vez más. Ya advertí que veríamos anuncios y que esta Ley todavía no estaba muerta y creo que se equivocan los que piensan que sólo tenemos que pelear hasta que entre el nuevo gobierno. Ni está claro que veremos la anulación del Canon que nos hace pagar a todos, sin importar si hemos incumplido la ley o no, ni tengo claro que una forma de Ley Sinde no volverá con el nuevo gobierno, si no consiguen que se apruebe antes.

Los artistas están muy comprometidos con su causa y tienen mucho peso publicitario y seguro que se sentarán con la siguiente en el Ministerio de Cultura para explicar la importancia de proteger la cultura, de asegurar la continuidad de un sector que emplea a tantos y de la importancia de hacer que los que incumplen su ley no salgan impunes.

Parece que algunos harán lo que sea para conseguir lo que buscan, esto es lo que pensé cuando vi que la página de Facebook de Enrique Dans, Profesor de Sistemas y Tecnologías de Información del Instituto de Empresa recibió lo que llamó un team-trolling que nos explicó en un artículo titulado “El enemigo equivocado“. Puede que les molestó un reciente artículo suyo “Los estranguladores de la cultura vuelven con las mentiras de siempre“.

Si vamos a subvencionar al cine español, hay mejores y peores formas de hacerlo y, aunque no creo que debemos subvencionar a los enchufados, si tenemos que hacerlo porque hacen tanto ruido político, he descrito formas más correctas.

En su artículo, el profesor Dans no da unas pistas de cómo los creadores de contenido podríamos hacer negocios compatibles con las nuevas formas de consumir este contenido pero sin tener que utilizar los látigos del Estado de Derecho a través de los enchufes con los políticos de turno. Aconsejaría a los creadores de contenido, algunos de ellos les gusta el título artista, aunque somos muchos los creadores de contenido que no esperamos aplausos cada vez que hacemos nuestro trabajo, que tomen nota de las formas alternativas de participar en el mundo económico descritas en el artículo, ya que formas existen.

Como consejo principal, el profesor Dans nos dice que la única manera en que los creadores de contenidos de cualquier tipo pueden ganar dinero es estableciendo una buena relación con sus potenciales clientes, y pregunta si: “¿Puede establecerse algún tipo de buena relación mediante insultos, descalificaciones, exabruptos o peticiones de leyes persecutorias?” Muy buena pregunta y aconsejo a los team-trolleros que, en vez de intentar manipular las páginas personales de otros, que lean el artículo del profesor Dans y que aprendan algo.

Entiendo que es más difícil competir en el mercado y dejar a los consumidores decidir qué quieren ver o escuchar y qué quieren comprar. Mucho mejor llamarlo cultura y, con los enchufes que uno tiene, conseguir que los presupuestos del Estado estén abiertos para uno. Así puedo crear contenido que quiero y organizo fiestas y premios, invitando a los políticos de turno a disfrutar de nuestra compañía y fama.

Por eso hace tiempo pregunté si “¿Puede un blog de economía ser considerado arte?“ ¿Algunas ideas?

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Los que me han leído en estas páginas saben que estoy en contra de casi toda subvención ya que, si un proyecto o empresa privada tiene hueco en el mundo privado, que lo desarrollen de forma privada y, si no pueden, quizás no debe existir. En una economía privada, los gobiernos no tienen por qué elegir, y tampoco saben, quién si y quién no. También he hablado mucho de la necesidad de que, cuando se utiliza dinero público para ayudar a un proyecto privado, se debe asegurar que las ayudas se faciliten con condiciones.

En estas páginas varios hemos hablado de las ayudas al cine español y, si vamos a ver subvenciones, como estamos viendo, que sea de la mejor forma posible y con condiciones. Dentro de estas condiciones debemos ver que los fondos estatales, es decir, del pueblo, sean recuparadas lo antes posible y recordar que, cuando uno subvenciona, está tomando un riesgo empresarial y, como consecuencia, los retornos económicos deben ser empresariales también. Además, debemos asegurar que los participantes privados en el proyecto subvencionado no vean ningún retorno, ni de inversión ni de rentabilidad, hasta que el público recupere los suyo.

Siempre pido condiciones para toda subvención y el cine no es especial en esto, por lo menos no es especial para mi. Lo que pasa ahora con las subvenciones es que, cuando un proyecto que recibe fondos públicos no funciona economicamente, el dinero desebolsado se pierde. No obstante, cuando el proyecto subvencionado tiene éxito económico, el beneficio se lo llevan los participantes de estos proyectos, menos las arcas públicas.

Es importante que un proyecto que reciba subvenciones tenga la obligación de devolver esas ayudas, con beneficio, antes de que los participantes privados en el proyecto reciban un retorno. No sólo eso, los sueldos de los principales participantes en el proyecto; actores, productores, directores, se fijarán a un nivel no más que el sueldo básico y sólo recibirán un porcentaje de los beneficios después de que las arcas públicas reciban lo suyo.

Además, si un proyecto subvencionado funciona y gana premios, el caché para los participantes sube de forma importante y, en este contexto, las arcas públicas deberían recibir un 5% sobre-impuesto en los ingresos recibidos por los principales participantes en el proyecto subvencionado en sus siguientes tres proyectos. Finalmente, debería haber un límite de proyectos subvencionados fracasados de, por ejemplo, un límite de tres proyectos. Si fracasas tres veces con nuestro dinero, ¡ya está bien!

Si a los entes privados no les gusta estas condiciones, que vayan a otra parte, no querrán enriquecerse a costa de todos nosotros, ¿no?.

Si vamos a subvencionar al cine español, que sea así.

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