El sector de la construcción en España se enfrenta a una encrucijada demográfica y laboral insostenible: las empresas necesitan levantar proyectos, pero los jóvenes locales ya no quieren trabajar a pie de obra. Esta falta de relevo generacional ha convertido a la mano de obra procedente de Latinoamérica en el verdadero motor que sostiene los andamios del país, un fenómeno que trasciende las estadísticas de empleo y se entiende mejor al analizar los salarios reales y la brecha técnica global que define a este mercado.

Un reflejo nítido de esta realidad es el caso de Albino, un albañil boliviano de 42 años que personifica el flujo migratorio que nutre al sector en busca de estabilidad. Tal y como explica una entrevista realizada directamente en una obra para Noticias Trabajo, donde también participaron otros operarios, este trabajador acumula ya casi 20 años de trayectoria en el oficio, habiendo comenzado a los 25 años de edad. Albino, que lleva seis de esos años ejerciendo en España, define su andadura con una frase contundente: "Media vida".

Triplicar el sueldo a cambio de "dejarse la espalda"

El aspecto financiero es el que mejor ilustra el incentivo de cruzar el Atlántico, desmontando de paso algunos mitos sobre los supuestos sueldos desorbitados del ladrillo. Al ser interrogado por los ingresos reales en el mercado español actual, Albino responde sin rodeos que un profesional con experiencia percibe "unos 1.300 o 1.400 euros" mensuales. Se trata de una remuneración por una jornada completa de ocho horas diarias, de lunes a viernes. La comparación con su nación de origen es drástica: "Allí en mi país, hablando de euros, por ahora unos 400".

Multiplicar por tres los ingresos parece un éxito rotundo, pero la lectura económica es más compleja. El problema es que este salario no compensa del todo los riesgos laborales ni el severo desgaste físico que conlleva la actividad diaria. A sus 42 años, el operario admite que el cansancio continuo y las lesiones pasan factura tras largas jornadas de esfuerzo constante, lo que evidencia que la brecha salarial internacional se paga directamente con salud.

El choque técnico: más materiales y mayor exigencia

La diferencia entre ambos mercados no es solo monetaria, sino también de cualificación técnica. La edificación en España destaca por una rigurosa profesionalización que obliga a los trabajadores extranjeros a un veloz proceso de aprendizaje adaptativo. "Las diferencias principales son los materiales", explica Albino. El albañil añade un matiz técnico muy ilustrativo al respecto: "En Bolivia tenemos solo una clase de yeso y aquí hay muchas. El cemento también; allí es uno y aquí hay cemento rápido, cemento normal, morteros de todo tipo…". Toda esta amalgama técnica, según detalla, queda supeditada al presupuesto final del promotor o "de lo que el dueño se quiera gastar".

El contraste con sus orígenes es inmenso. Albino recuerda que empezó en el sector en el entorno rural boliviano gracias a un primo que le enseñó a colocar los primeros bloques. Aquel mentor le decía que "el ladrillo es solo mover un poquito la mano". Desde aquella lección básica en el campo hasta dominar los requerimientos técnicos actuales en suelo español media un abismo operativo superado a base de tenacidad.

Un sector que sobrevive gracias a la mano de obra extranjera

A pesar de las durezas obvias, el sector sobrevive gracias al orgullo profesional de estos perfiles, quienes encuentran satisfacción en el impacto duradero de su esfuerzo constructivo. La conclusión económica es clara: sin la inmigración, el ritmo de construcción en España se detendría. Mientras la formación profesional no logre atraer a las nuevas generaciones, el sector seguirá dependiendo de profesionales como Albino, que no solo aportan mano de obra, sino una vocación que parece estar en peligro de extinción.

Albino confiesa abiertamente su pasión por las tareas tradicionales: "Me gusta casi todo: el ladrillo, el atarracado y el yeso". En un momento socioeconómico donde España debate cómo reactivar su productividad habitacional, la supervivencia de la vivienda depende de personas que piensen como él: "Cuando ya sabes trabajar y ves los trabajos que tú has hecho, dices 'coño, esto lo he hecho yo'. Esta casa perdurará en el tiempo. Yo me moriré y esto seguirá aquí".

Imágenes | Pexel (Connor Scott McManus)

Esta situación genera una paradoja desconcertante en la economía española: mientras la necesidad de vivienda exige un ritmo dinámico de edificación, las empresas aseguran que no encuentran operarios. De acuerdo con una entrevista concedida a La Vanguardia, el origen de este problema no radica en una simple falta de interés por parte de los jóvenes, sino en un profundo desajuste estructural. José Toro, que empezó a trabajar con apenas 16 años y ha pasado por todos los escalones del sector (ejerciendo de peón, oficial, encargado, jefe de obra y promotor), explica que hoy en día compagina su actividad con la formación de nuevos trabajadores, chocando de frente con la realidad del mercado.

El formador afirma que cada año egresan alumnos perfectamente preparados de sus cursos, pero muchas constructoras los rechazan de inmediato porque buscan oficiales que ya tengan experiencia y que desde el primer día sepan hacerlo todo. La falta de voluntad para enseñar es tal que Toro confiesa haber ofrecido alumnos en prácticas completamente gratis durante tres meses a diversas compañías, obteniendo la negativa de algunas de ellas como respuesta.

La enorme brecha salarial del andamio: de 1.500 a 6.000 euros

La creencia popular dictamina que en la obra se gana poco de forma generalizada, pero el factor determinante aquí es la destreza. Toro sostiene que la diferencia entre un profesional sobresaliente y uno del montón es gigantesca, trazando un paralelismo con lo que ocurre en el mundo del deporte. Las cifras que maneja el sector reflejan con precisión este abismo financiero.

Un jornalero que cobra estrictamente según lo estipulado en el convenio colectivo suele percibir una remuneración mensual de alrededor de 1.500 o 1.600 euros. En contraste, un albañil habilidoso que trabaje a destajo puede alcanzar entre 3.000 y 4.000 euros al mes sin demasiados problemas. La cúspide salarial queda reservada para los profesionales considerados los mejores del mercado, cuyos ingresos mensuales pueden escalar hasta los 5.000 o incluso 6.000 euros. "Si eres bueno en la construcción, puedes ganar mucho más que en otros trabajos que no requieren formación", argumenta el especialista, matizando que si eres del montón vas a cobrar un sueldo normal y poco más.

El desgaste físico y las jornadas infinitas

Ese atractivo financiero tiene un reverso ineludible: el durísimo desgaste físico diario. Los trabajadores se enfrentan a tareas mecánicas y altamente repetitivas cargando materiales pesados bajo condiciones climáticas hostiles, soportando temperaturas bajo cero durante el invierno y un calor extremo en pleno verano. Esta exigencia corporal pasa factura inevitablemente a largo plazo, provocando dolencias crónicas muy comunes en la espalda, las rodillas o los codos.

A esto se añade una logística laboral compleja que a menudo ahuyenta a los candidatos debido a los horarios. Los desplazamientos son una constante en el oficio. El propio Toro relata jornadas en las que ha debido levantarse a las cinco y media de la mañana para viajar a una obra situada a cien kilómetros de distancia de su casa, saliendo de su hogar a las seis de la mañana y no regresando hasta las ocho o las nueve de la noche.

¿Por qué es cada vez más caro construir o reformar?

La crisis de la vivienda y el encarecimiento de la edificación también se explican desde los costes de producción. Toro identifica tres factores macroeconómicos clave: el encarecimiento masivo de los materiales de construcción en los últimos años, la proliferación de subcontratas que fragmentan y encarecen cada fase del proyecto, y una densa burocracia que retrasa la obtención de licencias y permisos municipales durante meses.

El factor de la mano de obra también influye directamente en el precio final de los proyectos. La falta de oficiales experimentados ralentiza de forma notable la ejecución de los trabajos. Antaño, los profesionales cualificados trabajaban con una rapidez que permitía absorber mucho volumen en un solo día; hoy en día, la escasez de ese nivel de pericia alarga los plazos de entrega de las obras y, por ende, termina encareciendo los presupuestos de forma sustancial.

En el ámbito doméstico, el error más habitual de los propietarios al realizar reformas es optar sistemáticamente por el presupuesto más barato o contratar a personal que trabaja de forma irregular, sin estar dado de alta. El experto advierte que la ciudadanía ignora los riesgos legales de esta práctica: si ocurre un accidente laboral en una obra en su casa, la responsabilidad jurídica puede recaer directamente sobre el dueño de la vivienda. La falta de asesoramiento y la ausencia de empresas serias provocan que, con frecuencia, lo barato termine saliendo caro.

La receta del futuro: especialización y habilitaciones

Para contrarrestar esta dinámica y prosperar en el sector, el consejo que Toro traslada a sus alumnos es rotundo: buscar la especialización técnica. El mercado laboral demanda nichos concretos, como expertos absolutos en la colocación de azulejos, en trabajos con yeso o en la instalación de pladur. Ser excepcional en una de estas disciplinas garantiza empleo continuo, sirviendo además como plataforma para dominar el resto del oficio con el paso de los años.

Para aquellos que aspiran a dar el salto técnico y montar su propia empresa, la hoja de ruta pasa por trabajar previamente varios años para aprender bien el oficio desde la base y continuar formándose de manera ininterrumpida. En este sentido, obtener habilitaciones técnicas oficiales en ramas como la electricidad o la fontanería resulta una ventaja competitiva crucial, ya que permite ofrecer más servicios y consolidar una estructura empresarial mucho más completa. En definitiva, el andamio sigue ofreciendo grandes oportunidades económicas, pero el éxito real queda reservado para quienes deciden dominar la técnica de un oficio en plena transformación.

Imágenes | Pexels (Jvalenciazz Jhon y CONSTRUCCIÓN TOTAL)

El Gobierno ha aprobado, por fin, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una dotación total de 7.000 millones de euros, el triple que el programa anterior.

El objetivo, asegura, es reforzar el parque público, contener los precios del alquiler y evitar que las viviendas financiadas con dinero público acaben en el mercado libre, como ya ocurrió en décadas pasadas.

También introduce cambios como el blindaje permanente de la vivienda protegida, mayores controles en la adjudicación y un sistema de seguimiento más exhaustivo. Además, fija un precio máximo de alquiler, en torno a los 900 euros mensuales para las viviendas financiadas.

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Sin embargo, ¿tiene este nuevo Plan una capacidad real para reducir el déficit de vivienda acumulada que sufre el país?

Las matemática del Plan

Uno de los elementos centrales del programa es la inversión en construcción y adquisición de vivienda. Aproximadamente el 40% del total se destinará a este fin, lo que supone unos 2.800 millones de euros repartidos a lo largo de cinco años.

Si se toma como referencia el nivel de ayudas anunciado, que puede alcanzar hasta 85.000 euros por vivienda, el resultado es limitado. Con esa dotación, el plan permitiría financiar alrededor de 33.000 viviendas en todo el periodo, lo que equivale a unas 6.600 unidades al año.

Aunque puede parecer una cifra aceptable, la realidad es otra: queda muy lejos de las necesidades reales del mercado.

Un déficit estructural que supera las 600.000 viviendas

Hace menos de un año, el propio Banco de España en un encuentro con el Consejo General de Economistas, cifró el déficit acumulado de viviendas en España entre 600.000 y más de 700.000 unidades.

Un dato resultado de años de baja producción, aumento de la demanda y crecimiento demográfico en determinadas áreas urbanas.

Por tanto, si se compara este déficit con la capacidad de generación de vivienda del plan, el impacto es prácticamente marginal. Incluso en el escenario más optimista, la intervención pública cubriría una fracción muy mínima de la demanda acumulada.

Vivienda protegida permanente

Otro de los cambios más relevantes del nuevo Plan es el blindaje de la vivienda protegida. A partir de ahora, cualquier inmueble financiado con fondos públicos deberá mantener su carácter social de forma indefinida.

Y es que, en las últimas décadas se han construido cerca de 2,7 millones de viviendas protegidas que han acabado incorporándose al mercado libre tras su descalificación.

De haberse mantenido dentro del parque público, el país contaría hoy con un volumen de vivienda social comparable al de otras economías europeas. El nuevo marco busca evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Más control, más datos y menos opacidad

El plan también introduce mecanismos para mejorar la transparencia del mercado. Entre ellos, la creación de registros de fianzas de alquiler, que permitirán conocer en tiempo real el número de contratos, los precios y la evolución de la oferta.

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Este tipo de herramientas pretende reducir la opacidad del mercado del alquiler, donde gran parte de la información se basa en estimaciones y no en datos verificables.

Además, se incorporan sistemas de control en la adjudicación de viviendas, con criterios más objetivos y trazables para evitar irregularidades.

Rehabilitación y movilización de vivienda existente

Otro de los ejes del plan es la rehabilitación del parque existente. Se contemplan ayudas que pueden superar los 30.000 euros por vivienda para mejoras estructurales, accesibilidad o eficiencia energética.

También se incentiva la incorporación de viviendas vacías al mercado del alquiler asequible, mediante subvenciones y financiación para su puesta en uso. En determinados casos, la Administración podrá cubrir hasta el 70% del valor de adquisición, porcentaje que se eleva en zonas con mayor presión de demanda.

Ayudas dirigidas a colectivos específicos

El plan refuerza el apoyo a determinados grupos, especialmente jóvenes y colectivos vulnerables. 

Se incluyen ayudas al alquiler, incentivos a la compra en municipios pequeños y programas específicos para personas en situación de especial dificultad.

¿Pero todo esto es suficiente?

En definitiva, el diseño del Plan sí introduce mejoras destacables en términos de control, transparencia y protección del parque público. Sin embargo, el principal problema está en los propios números.

El volumen de recursos destinado a construcción y adquisición resulta insuficiente frente al tamaño del problema que a día de hoy sufre España y que amenaza con volverse endémico si no se ofrecen soluciones mucho más ambiciosas que el presentado por el actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Imágenes | Pixabay, Noticias Trabajo

El Gobierno ha puesto cifra y calendario a su nueva apuesta en materia de vivienda. El presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar la puesta en marcha del fondo soberano “España Crece”, con el que se movilizarán hasta 23.000 millones de euros para impulsar la oferta residencial, con el objetivo de levantar 15.000 viviendas al año destinadas al alquiler asequible.

El vehículo se articulará mediante una inyección inicial de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial.

Con esa ampliación de capital, el ICO podrá desplegar hasta 60.000 millones en financiación directa y atraer coinversión privada hasta alcanzar un volumen conjunto potencial de 120.000 millones.

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De esa cifra, 14.000 millones irían dirigidos específicamente a vivienda, con la expectativa de sumar otros 9.000 millones de inversores privados.

El nuevo compromiso: 15.000 viviendas al año

La previsión oficial es alcanzar una producción anual de 15.000 viviendas destinadas a alquiler asequible. Sánchez ha defendido, tras siete años en el Gobierno, que la falta de financiación no puede convertirse en un cuello de botella que frene la construcción.

También ha asegurado que el fondo ofrecerá seguridad jurídica y gobernanza transparente para atraer capital institucional, fondos soberanos y grandes inversores.

El Ejecutivo sostiene que esta estrategia permitirá dar continuidad al impulso inversor ligado a los fondos europeos Next Generation y facilitar condiciones ventajosas en plazos y en el coste financiero de los proyectos.

El foco principal estará en el acceso a la vivienda, aunque también se contemplan inversiones en transición digital, economía verde o infraestructuras estratégicas.

Sin embargo, el anuncio llega en un contexto marcado por el desfase entre promesas anteriores y resultados reales. Los datos oficiales obligan a poner el nuevo compromiso bajo la lupa.

Las cifras que cuestionan el relato

En 2023 el presidente anunció la habilitación de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. En 2024 la cifra comunicada descendió a 43.000. En 2025 se habló de 20.000 y en 2026, de momento, el objetivo concreto es de 15.000 anuales dentro del nuevo esquema financiero. La suma de aquellas promesas supera las 200.000 viviendas comprometidas en distintos momentos.

La ejecución efectiva está muy lejos de esas magnitudes. Según datos del Ministerio de Transportes, las viviendas protegidas calificadas fueron 1.367 en 2023 y 2.980 en 2024.

En 2025, entre enero y septiembre, la cifra se sitúa en 2.007. Si se comparan estos datos con los anuncios iniciales, la distancia es evidente.

Desde el primer gran anuncio realizado en abril de 2023, cuando se habló de 183.000 inmuebles para alquiler asequible, se han entregado alrededor de 10.206 viviendas, lo que equivale aproximadamente al 5,5% del objetivo global planteado entonces. Una parte significativa procede de operaciones vinculadas a la Sareb.

Sareb, Sepes y planes estatales: dónde están las viviendas

El plan original combinaba varias vías. Por un lado, unas 127.323 viviendas a través del Plan de Recuperación, el Plan Estatal de Vivienda, Sepes y acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos.

A ello se sumaban 50.000 viviendas procedentes de la Sareb y otras 11.000 del denominado Fondo Social.

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En el caso de la Sareb, la estrategia incluía viviendas de segunda mano para uso social, inmuebles ya habitados para ofrecer alquileres asequibles y promociones de obra nueva.

Sin embargo, los datos muestran que la materialización ha sido limitada en relación con el volumen prometido.

A 31 de julio de 2024 había 59.879 viviendas firmadas o en desarrollo, lo que incluye 24.283 vinculadas al Plan de Recuperación y 16.780 movilizadas por Sepes, donde se encuadra la Operación Campamento en Madrid con 10.700 viviendas previstas.

A través del Plan Estatal se habían firmado contratos para 8.967 inmuebles, mientras que otras 9.849 procedían de acuerdos con entidades locales.

Aun sumando esas cifras, todavía quedarían por movilizar más de 100.000 viviendas respecto a los anuncios acumulados. Parte del desfase se relaciona con los plazos administrativos, la disponibilidad de suelo y la capacidad de ejecución de promotores públicos y privados.

La cuestión es si el nuevo fondo logrará acelerar la ejecución real o si volverá a enfrentarse a los mismos "obstáculos" que han limitado los objetivos anteriores.

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El sector de la construcción no atraviesa un buen momento. A la escasez crónica de mano de obra, que ya venía lastrando la capacidad productiva del sector, se suma ahora un problema que ha pasado prácticamente de coyuntural a estructural: el incremento sostenido del absentismo laboral.

El resultado es un cóctel que reduce el empleo efectivo, encarece los proyectos y amenaza con paralizar obras en un contexto de elevada demanda.

Lejos de ser un fenómeno puntual, los datos confirman una tendencia que se agrava año tras año. Menos trabajadores disponibles, más bajas médicas y una mayor duración de los permisos están erosionando la actividad de un sector clave para la economía española.

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La alarma ya no se limita a las empresas: la patronal advierte de un impacto sistémico que compromete la ejecución de infraestructuras y vivienda. Una situación que se agrava aún más cuando se necesitan más pisos ante tanta demanda.

Un sector con menos manos disponibles

El déficit de trabajadores en la construcción no es nuevo. Durante años, la falta de relevo generacional y el envejecimiento de la plantilla han reducido el número de profesionales disponibles en obra.

A este problema estructural se ha añadido un aumento notable de las ausencias laborales, lo que reduce aún más la fuerza de trabajo real.

Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción, cada asalariado del sector se ausentó de media casi 113 horas en 2025. Esta cifra duplica la registrada hace una década y equivale a cerca de tres semanas completas de trabajo perdidas por empleado a lo largo del año.

El absentismo alcanza máximos históricos

Las horas no trabajadas por absentismo ya representan el 6,2% de la jornada pactada efectiva, el nivel más alto registrado hasta ahora. En comparación, en 2018 esta proporción se situaba en el 3,6%. Traducido a la operativa diaria, esto implica que por cada 16 trabajadores contratados, solo 15 están realmente activos.

El impacto agregado es aún más significativo. La patronal estima que más de 70.000 trabajadores del sector no llegaron a trabajar ni un solo día en todo el año debido a situaciones de absentismo, una cifra que ilustra la magnitud del problema y su efecto directo sobre la productividad.

Bajas médicas y permisos, el principal detonante

La mayor parte de las ausencias se explica por procesos de incapacidad temporal. Más del 80% del absentismo registrado en la construcción estuvo vinculado a bajas médicas o permisos legales, un porcentaje incluso superior al observado durante los años más duros de la pandemia.

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El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha subrayado que este fenómeno está relacionado con varios factores estructurales. Entre ellos destacan el envejecimiento progresivo de la plantilla, el aumento de los tiempos de espera en el sistema sanitario y la ampliación de permisos laborales reconocidos por la normativa.

Un impacto económico que no deja de crecer

Las ausencias laborales tienen una traducción directa en la cuenta de resultados de las empresas. El absentismo genera costes directos, como el pago de cotizaciones sociales y salarios durante los primeros días de baja, y costes indirectos derivados de las horas de trabajo no realizadas.

La CNC estima que el impacto económico total del absentismo en 2025 alcanzó los 3.565 millones de euros, casi el triple que en 2018. Esta cifra equivale al 1,7% de las ventas del sector y supera incluso el peso del Impuesto sobre Sociedades en muchas compañías constructoras.

Las pequeñas empresas, las más afectadas

El reparto del impacto económico no es homogéneo. Cerca de dos tercios del coste del absentismo es asumido por las pequeñas empresas del sector, que cuentan con menos margen para reorganizar equipos o cubrir ausencias de forma inmediata.

Las compañías medianas soportan alrededor del 20% del impacto, mientras que las grandes absorben el 16% restante.

En un sector donde la ausencia de un solo trabajador puede paralizar una obra entera, la falta de sustituciones rápidas agrava las pérdidas y genera penalizaciones por retrasos contractuales, además de un deterioro del clima laboral.

Envejecimiento y problemas físicos, un binomio crítico

El perfil del trabajador de la construcción ha cambiado de forma significativa. La edad media ha pasado de los 38 años a superar los 45 desde 2008, un factor que incide directamente en el tipo de bajas registradas.

Los problemas musculoesqueléticos siguen siendo la principal causa de incapacidad temporal, muy por encima de los procesos relacionados con la salud mental, que sí crecen con más fuerza en otros sectores.

Este envejecimiento reduce la resistencia física en trabajos exigentes y aumenta la duración de las bajas, prolongando las ausencias y dificultando la reincorporación.

Un problema que llega a la negociación colectiva

Ante la magnitud de los datos, la patronal ha confirmado que el absentismo será uno de los ejes centrales de la próxima negociación del convenio nacional del sector. Entre las medidas que se plantean figuran una revisión del papel de las mutuas y una reforma del actual modelo de incapacidad temporal.

El objetivo, según la CNC, no es recortar derechos, sino encontrar mecanismos que permitan reducir ausencias innecesarias, agilizar altas médicas y garantizar la viabilidad de las empresas en un contexto de escasez de mano de obra.

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China vuelve a mover ficha para tratar de reactivar un mercado inmobiliario atrapado en una crisis prolongada. Pekín ha aprobado una nueva batería de medidas orientadas a estimular la compra de vivienda y evitar que el sector continúe arrastrando al conjunto de la economía.

Y claro, el contraste con España es notable. Mientras el gigante asiático mantiene una actividad constructora relevante pero carece de demanda suficiente, el mercado español presenta la situación opuesta.

En España faltan viviendas en las zonas de mayor presión demográfica, pese a que el parque inmobiliario total es elevado. Dos modelos distintos que reflejan problemas estructurales muy diferentes.

Un intento más por reactivar un sector clave

La principal novedad anunciada por las autoridades chinas es la reducción del pago inicial mínimo exigido para adquirir una segunda vivienda, que pasa del 30% al 25%.

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Se trata de una rebaja significativa en un país donde la entrada inicial actúa como una de las principales barreras de acceso a la propiedad. El Gobierno confía en que esta medida contribuya a estimular la demanda latente y desbloquear parte del stock acumulado.

Junto a este cambio, Pekín ha flexibilizado los requisitos para comprar vivienda en las grandes ciudades a personas no registradas en el sistema de hukou.

La reducción de los años de cotización a la seguridad social o de pago de impuestos exigidos pretende facilitar el acceso a familias desplazadas por motivos laborales, uno de los colectivos más afectados por las restricciones anteriores.

También se han introducido ajustes en el crédito hipotecario. Las entidades financieras dejarán de diferenciar entre primera y segunda residencia a la hora de fijar los tipos de interés, que pasarán a establecerse en función del perfil del cliente y de las condiciones de mercado.

Con ello, las autoridades buscan rebajar la carga financiera y reactivar un mercado paralizado por la cautela de los compradores.

Una crisis que viene de lejos

Estas decisiones se enmarcan en un proceso iniciado en 2020, cuando el Gobierno chino impuso severas limitaciones al endeudamiento de las grandes promotoras inmobiliarias. El estallido de Evergrande en 2021 evidenció los riesgos de un modelo basado en deuda excesiva, ventas sobre plano y expectativas de revalorización permanente.

Desde entonces, el sector no ha logrado recuperarse. Las cifras son elocuentes. Las ventas comerciales de vivienda, medidas por superficie, cayeron más de un 24% en 2022, descendieron otro 8,5% en 2023 y volvieron a retroceder cerca de un 13% en 2024. A pesar de los estímulos, los compradores siguen mostrando reticencias ante la caída de precios y el temor a que los proyectos no se completen.

Paradójicamente, China sigue construyendo. El problema no es la falta de oferta, sino un exceso acumulado durante años de expansión descontrolada.

Muchas promociones avanzan lentamente o permanecen vacías, especialmente en ciudades medianas y pequeñas, donde la demanda real es limitada.

La prioridad de Pekín es terminar lo ya vendido

Ante este escenario, el Ejecutivo chino ha optado por un enfoque prudente. Los bancos estatales han abierto líneas de financiación millonarias destinadas principalmente a garantizar la finalización de viviendas ya vendidas sobre plano. La preocupación por la estabilidad social pesa más que el impulso de nuevas promociones.

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El mensaje es claro. No se trata de construir más, sino de restaurar la confianza de los compradores y evitar un deterioro mayor del sector. La vivienda, en China, ha sido durante décadas un pilar del ahorro familiar y un motor económico esencial. Su debilitamiento tiene implicaciones directas sobre el consumo y el crecimiento.

El caso español es el problema inverso

España ofrece un contraste revelador. Según el Banco de España, el país necesita alrededor de 600.000 viviendas para cubrir el déficit existente, pese a contar con cerca de cuatro millones de inmuebles vacíos o desocupados. Esta aparente contradicción se explica por un desajuste geográfico muy marcado.

La escasez de vivienda se concentra en cinco provincias, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, donde la presión demográfica y la actividad económica superan con creces la oferta disponible. A diferencia de China, el problema español no es la falta de compradores, sino la imposibilidad de construir al ritmo necesario.

El informe del Banco de España apunta a varios factores estructurales. La falta de suelo finalista, el encarecimiento del proceso edificatorio, la escasez de mano de obra cualificada y el envejecimiento del sector de la construcción dificultan el aumento de la oferta. A ello se suma un déficit histórico de inversión en la adquisición y desarrollo de nuevo suelo urbano.

En definitiva, dos realidades opeustas. En el caso chino, el desafío es absorber el exceso construido sin provocar una corrección abrupta. En el español, lograr que la vivienda vuelva a ser accesible en las zonas donde realmente se necesita.

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Entre 2017 y 2025, el crecimiento de la vivienda de obra nueva en España ha sido escaso, casi plano podría decirse, pese a un contexto de fuerte demanda y precios al alza. Pero ¿por qué? El freno no está en la falta de compradores potenciales ni en la disponibilidad de suelo en ciertas zonas, sino en un elemento más silencioso pero determinante: el papel de los bancos.

En 2024 se visaron 127.721 viviendas nuevas, un 16,6 % más que en 2023 (el mayor ritmo de crecimiento en 16 años). No obstante, este repunte no ha cambiado la imagen global: el déficit acumulado se acerca ya a las 600.000 viviendas desde 2022. El gráfico compartido por Combarro lo deja claro.

El cambio de reglas tras la burbuja

Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, la crisis inmobiliaria de 2008 dejó a la banca española con un balance cargado de activos tóxicos y promociones inacabadas. El resultado, como ya sabemos, fue una banca que decidió blindarse y revisar, de un modo mucho más cuidadoso, los proyectos de los promotores.

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De este modo, asistimos a un escenario en el que no hay dinero hasta que el proyecto está casi garantizado. 

Las entidades suelen exigir que, al menos, un 50–70 % de las viviendas estén vendidas sobre plano antes de abrir la línea de crédito, que los promotores asuman una parte relevante de la inversión inicial con recursos propios y evitan financiar suelo sin desarrollar o proyectos con licencias pendientes.

Todo ello, mantiene una política que protege a la banca, pero deja fuera de juego a los promotores pequeños y medianos, sin capacidad para absorber grandes inversiones, adelantar capital o asegurar preventas.

Pese a las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo, además, parece lejana la posibilidad de que las decisiones actuales del Gobierno puedan solventar este cuello de botella.

En enero de 2025, el Gobierno presentó en el Foro de Vivienda un plan para movilizar hasta 183.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible entre 2025 y 2027, combinando proyectos ya en marcha y otros nuevos. 

La estrategia incluye la cesión de suelo público (Defensa, ADIF, SEPES), la ampliación de líneas ICO para financiar promociones y avalar a jóvenes, y acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos para agilizar licencias.

Desde entonces, se han cerrado convenios iniciales para impulsar unas 20.000 viviendas en alquiler social en ciudades con mayor tensión, y el ICO ha abierto líneas específicas para proyectos con construcción industrializada y eficiencia energética. Sin embargo, el ritmo de visados sigue rondando las 128.000 unidades anuales y los plazos administrativos continúan siendo un freno, por lo que el impacto real del plan en la obra nueva todavía es limitado.

Un déficit que se agrava

La consecuencia es visible: en 2024 se finalizaron 97.800 viviendas, un 11,7 % más que en 2023, pero aún insuficientes. Se construyó solo una vivienda por cada tres nuevos hogares, y la oferta está muy lejos de las 250.000–300.000 necesarias para equilibrar el mercado.

El Banco de España ha advertido que esta insuficiencia de nueva construcción está presionando los precios al alza, incluso en zonas donde el mercado de segunda mano también se ha encarecido.

En este contexto, solo las grandes promotoras, con acceso a capital internacional o alianzas con fondos, logran sacar adelante proyectos a un ritmo significativo. Esto concentra aún más el mercado y limita la competencia. Los promotores locales, que podrían aportar oferta en municipios medianos y pequeños, quedan fuera del circuito crediticio y dependen de financiación alternativa, más cara y con plazos más cortos, para sobrevivir.

Expertos y organismos como la Autoridad Bancaria Europea apuntan a tres posibles líneas de acción: una revisión regulatoria, que permita adaptar los requisitos de capital y riesgo para proyectos con fuerte demanda y licencias aseguradas, colaboraciones público-privadas, que faciliten suelo público en condiciones ventajosas para que la banca perciba menos riesgo, o un impulso extra a la financiación industrializada, que priorice modelos constructivos más rápidos y seguros que reduzcan el tiempo de exposición del banco.

Mientras estos cambios no lleguen, los gráficos de construcción de vivienda seguirán planos, o con incrementos insuficientes para el bienestar de los ciudadanos españoles, y la brecha entre lo que se necesita y lo que se construye seguirá creciendo.

Hoy, los jóvenes españoles necesitan dedicar el 92 % del salario al alquiler; mañana, quién sabe.

El mercado de la vivienda en España sigue enfrentándose a obstáculos cada vez más difíciles de superar. La falta de oferta asequible se ha unido a un problema prácticamente endémico del propio sector de la construcción: la escasez de trabajadores cualificados.

O lo que es lo mismo apenas hay obra nueva, pero incluso para la poca que hay faltan trabajadores profesionales más allá de aquellos que deciden optar por la construcción como una opción laboral más, sin que este sea su verdadero oficio.

Esta problemática esconde, además, un dato bastante revelador. Según BBVA Research, en España más del 65% de los albañiles cuentan con más de 45 años. En un trabajo tan arduo y pesado como este, el envejecimiento es notorio y encima, poca gente quiere trabajar en él pese a la subida de los salarios.

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Pocos gremios se salvan: faltan fontaneros, peones, pintores… y los que hay van acercándose a la cincuentena. El relevo generacional no llega, los jóvenes no ven atractivo dedicarse a estos trabajos y, por ende, la construcción amenaza con volverse (aún más) un problema para las administraciones y la sociedad en su conjunto.

Un sector envejecido y sin relevo generacional

La Encuesta de Población Activa (EPA) pone sobre la mesa otro dato: Y es que solo el 13% de los albañiles tiene menos de 30 años. Esta cifra es aún más impactante si se analiza su evolución desde 2007, cuando representaban más del 30%.

Mientras que, por otro lado, los trabajadores mayores de 45 años han crecido hasta aglutinar casi dos tercios del total de este gremio.

Y más datos de BBVA Research. En el caso de los peones, ya la mitad tiene también más de 45 años. A la que se acerca la media de los pintores, electricistas y fontaneros.  Una situación que ya se deja sentir en la productividad y la capacidad de respuesta ante la alta demanda del sector inmobiliario.

La edad media de los ocupados en construcción está en máximos históricos, 45,1 años. Una edad que ha subido casi medio año por año, desde hace casi dos décadas.

Muchas vacantes sin cubrir y crecimiento de la demanda

El volumen de puestos sin cubrir se ha disparado en los últimos años. De hecho, es la construcción, el sector con mayor acumulación de vacantes en España.

Desde 2017, éstas han crecido más de un 350%, muy por encima de otros sectores como la industria o servicios, situándose en 2024 cerca del 0,6% de los ocupados, según datos del INE.

A pesar de los proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la patente necesidad de nuevas promociones residenciales, muchas constructoras se ven obligadas a ralentizar o incluso paralizar obras por falta de personal. De hecho, hay obras completamente detenidas por que no hay trabajadores disponibles.

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La Confederación Nacional de la Construcción estima que es preciso cubrir alrededor de 700.000 nuevos trabajadores para hacer frente a los retos actuales y futuros.

Una cifra que incluye tanto personal cualificado como operarios generales, y que responde tanto al aumento de proyectos públicos como privados. Una enorme masa de empleos que reducirían sobremanera la tasa de desempleo actual en España, la más alta de la UE.

La inmigración se consolida como la solución urgente

Ante esta situación, el papel de la población inmigrante es crucial para el sector. De hecho, el año pasado el 39,8% de los albañiles y el 49,4% de los peones ya eran de nacionalidad extranjera. Y lo que es también importante: al contrario que ocurre con los trabajadores españoles, tienen menos edad.

Desde 2022, el 40% de los nuevos trabajadores en el sistema productivo español son inmigrantes, según datos de Funcas. Muchas veces ocupando puestos de trabajo que los españoles no quieren realizar.

Para solventar su problema, el propio sector ha solicitado un plan concreto para regularizar a inmigrantes en situación de arraigo y ofrecerles de esta manera formación cualificada. La patronal defiende esta medida, argumentado que ayudaría a combatir la economía sumergida, aún muy presente en la construcción.

De nuevo, la formación es la clave

El “estigma” asociado al trabajo manual aleja a las nuevas generaciones del sector. Por lo que el propio sector ha reclamado en varias ocasiones un plan integral que fomente la formación profesional de los jóvenes a la construcción. Pero que también se modernice su propia imagen y sea más atractiva para los más jóvenes, incluido las mujeres.

La población necesita viviendas. La construcción necesita trabajadores cualificados. Y las empresas, necesitan poder llevar a cabo proyectos con garantías.

Fuente: Pìxabay, Pixabay

El acceso a la vivienda es una de las preocupaciones sociales más importantes en España. Los anuncios del Gobierno sobre planes para aumentar la oferta pública y facilitar el alquiler asequible han sido ambiciosos sí, pero la ejecución real del presupuesto asignado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es decepcionante.

Las cifras oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado muestran que 2024 como el de menor grado de ejecución presupuestaria de todo el gabinete, pese a contar ya con un presupuesto reducido.

Esta brecha entre las promesas políticas y la capacidad de ejecución real genera desconfianza y pone en evidencia las debilidades estructurales para materializar políticas de vivienda a gran escala en España. ¿También la voluntad política real al respecto?

Qué reflejan los datos de la ejecución presupuestaria

A cierre de 2024, el Ministerio de Vivienda había reconocido solo un 32,7% de las obligaciones presupuestarias sobre el crédito definitivo, según los datos contables.

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Aunque desde fuentes oficiales siempre han defendido que el grado de compromiso sobre el presupuesto llega a más del 95%, lo cierto es que la ejecución efectiva —es decir, el dinero realmente transferido y pagado— se mantiene muy por debajo de las expectativas.

Este desfase se explica en parte porque muchas partidas están condicionadas a que otras administraciones y entidades presenten justificaciones de los proyectos para poder recibir los fondos. Pero eso no cambia el hecho de que los ciudadanos siguen sin ver resultados tangibles en el parque público de vivienda.

Para expertos en finanzas públicas, esta forma de medir los compromisos como si fuesen ejecución efectiva es poco ortodoxa, ya que lo relevante para valorar la acción política son los pagos reales y no las promesas o las previsiones de gasto. La diferencia entre el dinero comprometido y el efectivamente invertido revela que las iniciativas no se traducen a tiempo en resultados sobre el terreno.

Por qué se ejecuta tan poco

El Ministerio de Vivienda actúa más como financiador que como ejecutor directo. A diferencia de otras carteras como Transportes, que tiene capacidad para contratar y construir infraestructuras, Vivienda canaliza recursos hacia comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades financieras que, a su vez, desarrollan los proyectos. Esto ralentiza los plazos y diluye la responsabilidad final sobre los resultados.

La construcción de vivienda pública y los programas de rehabilitación, además, dependen de trámites urbanísticos complejos, concesión de licencias y acuerdos interadministrativos que suelen demorarse meses o incluso años. Esta lentitud choca con la urgencia que percibe la ciudadanía ante un mercado inmobiliario con precios crecientes y escasa oferta asequible.

La decepcionante línea de crédito del ICO

Uno de los ejemplos más claros de la baja ejecución presupuestaria del ministerio es la línea de préstamos para vivienda social a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 2.200 millones de euros en 2024. Esta línea fue activada en julio de ese año, pero a cierre de diciembre no había registrado ningún pago en los registros presupuestarios oficiales.

El ICO asegura que ya ha aprobado operaciones por valor de 726 millones de euros para financiar la construcción de más de 6.000 viviendas y que los fondos están en manos de promotoras y constructoras. Sin embargo, como estos préstamos no se formalizaron ni se contabilizaron antes del cierre del ejercicio, no figuran como ejecutados. Esta situación ilustra bien la desconexión entre la velocidad de las operaciones financieras y los ritmos contables de la administración pública.

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Desde el Ministerio de Vivienda explican que la línea de crédito del ICO tiene un horizonte de ejecución hasta 2026 y que el arranque fue lento debido a las negociaciones con bancos y la necesidad de validar los requisitos europeos del Plan de Recuperación.

El propio ICO ha ampliado la línea hasta los 3.300 millones en 2025 y asegura que hay más de 1.600 millones en estudio para nuevas promociones. Sin embargo, estos fondos aún no están adjudicados ni computan en la ejecución presupuestaria.

Otras partidas también poco ejecutadas

El informe de la Intervención General refleja que las principales partidas del ministerio presentan igualmente un grado de realización bajo. La ordenación y fomento de la edificación cerró 2024 con un 45,7% ejecutado; la rehabilitación y recuperación de entornos residenciales con un 46,3%, y la construcción de vivienda de alquiler social con un 51,7%. 

Solo la partida de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda alcanzó un 92,8%, destacando por encima de la media.

Comparado con otros departamentos del Gobierno, Vivienda sigue quedando muy por detrás: Trabajo y Economía Social ejecutó el 60,4% de su presupuesto; Política Territorial y Memoria Democrática, el 67,2%, e Industria y Turismo, el 68,6%.

La urgencia social frente a la lentitud administrativa

El contexto no puede ser más delicado. El alza de los alquileres, el encarecimiento de la vivienda en propiedad y la falta de opciones asequibles para jóvenes y familias están alimentando un problema social de primer orden.

El propio ministerio sigue a lo suyo: resalta el éxito del programa de avales para la compra de primera vivienda, que ha beneficiado ya a más de 5.500 hogares. Pero la crisis de acceso sigue creciendo a mayor ritmo que las soluciones.

Y es que, las explicaciones técnicas sobre la complejidad de los productos financieros y la dependencia de justificaciones administrativas no terminan de convencer a una opinión pública que espera resultados inmediatos.

Imagen | Pixabay, Instagram

La vivienda se ha convertido, una vez más, en uno de los temas más urgentes del debate público en España. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, este asunto ya ha escalado al primer puesto en la lista de preocupaciones ciudadanas. Y lo ha hecho con fuerza: en apenas seis meses, la inquietud por el acceso a una vivienda ha pasado del 22,3% al 28,8%.

Por ello, el Gobierno ha decidido endurecer su postura frente a las viviendas vacías con un nuevo paquete fiscal que propone aumentar los impuestos para los propietarios que no alquilan sus inmuebles.

Sin embargo, esta medida —aunque con intenciones claras— podría no tener el impacto esperado en las zonas donde más se necesita aliviar la presión inmobiliaria.

Qué implica el nuevo impuesto a las viviendas vacías

La propuesta presentada por el Ministerio de Vivienda contempla una modificación del IRPF para penalizar progresivamente la acumulación de viviendas vacías. A día de hoy, estos inmuebles ya generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no se ha actualizado en más de diez años.

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Con el nuevo esquema, se mantendría ese 1,1% para propiedades cuyo valor catastral no supere los 100.000 euros. A partir de esa cifra, el porcentaje se incrementaría gradualmente: 1,5% hasta 500.000 euros, 2% hasta el millón y 3% para quienes acumulen propiedades vacías por más de un millón. El objetivo es claro: penalizar a quienes mantienen desocupadas varias viviendas, incentivando su entrada en el mercado del alquiler.

Una medida con efecto limitado en las grandes ciudades

Pese a la contundencia de la propuesta, el impacto real de esta política puede ser más simbólico que efectivo en las zonas más tensionadas. El motivo es sencillo: en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, apenas hay viviendas vacías.

Según los datos del Ministerio de Vivienda, en los municipios con más de 100.000 habitantes en Madrid, solo un 5,6% de los inmuebles están deshabitados. En las ciudades grandes de Catalunya, el porcentaje apenas llega al 8,4%.

Donde sí se concentra un mayor número de viviendas vacías es en los municipios intermedios o pequeños. En localidades de menos de 1.000 habitantes, los porcentajes superan el 25%, pero estos territorios no suelen estar en el foco de la emergencia habitacional.

Por tanto, aunque la política podría ser efectiva en algunas regiones, difícilmente aliviará la escasez de vivienda en los núcleos urbanos más problemáticos.

El incentivo económico, cuestionado

Expertos del sector inmobiliario y representantes de organizaciones sociales han manifestado sus dudas respecto a la efectividad real del aumento fiscal propuesto. Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana, ha advertido de que el impacto monetario es demasiado reducido para generar un cambio de comportamiento en los propietarios. El problema, según señala, está en el valor catastral, que suele ser significativamente inferior al valor de mercado o de tasación.

Esto implica que, aunque suba el porcentaje de renta imputada, el aumento real en la declaración de la renta no será lo suficientemente significativo como para empujar a los propietarios a alquilar sus viviendas vacías. Así, el resultado puede ser más un gesto político que una herramienta efectiva para dinamizar el mercado.

¿Qué otras medidas incluye el paquete fiscal?

La proposición de ley presentada también contempla otras reformas importantes. Entre ellas, destaca la eliminación de la exención de IVA para los pisos turísticos, que pasarán a estar gravados con un 21%. Además, se incluye un impuesto adicional para las compras de vivienda realizadas por extracomunitarios no residentes, y se revisa el régimen fiscal de las Socimis.

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El paquete también incluye incentivos fiscales para aquellos propietarios que decidan poner su vivienda en alquiler a precios reducidos. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por varios socios parlamentarios del Gobierno, que consideran que se trata de una estrategia demasiado condescendiente con los rentistas.

Escenario político complicado

La aprobación de esta propuesta fiscal no será sencilla. El Gobierno, consciente de su minoría parlamentaria, ha optado por registrar la iniciativa como proposición de ley a través del Grupo Parlamentario Socialista, lo que permite una tramitación más ágil. No obstante, aún no se han asegurado los apoyos necesarios, y ya han surgido críticas desde algunos de sus socios habituales.

Partidos como Sumar y Podemos han mostrado reticencias. Mientras los primeros insisten en que se deben negociar punto por punto, los segundos consideran que la propuesta beneficia a los propietarios en un momento de fuerte malestar social. También ERC y EH Bildu plantean reformas más ambiciosas, con una orientación clara hacia la penalización de la acumulación especulativa de vivienda y menos margen para las bonificaciones.

El precedente de otras votaciones recientes —como la fallida reforma de la Ley del Suelo— pone de relieve lo complicado que puede resultar construir una mayoría parlamentaria para aprobar un tema tan sensible como la fiscalidad de la vivienda.

Más allá de la efectividad de la medida, lo que está claro es que el Gobierno busca responder a una creciente preocupación social. Sin embargo, para que el llamado “quinto pilar del Estado del bienestar” llegue a consolidarse, ¿es necesario un enfoque más integral que combine fiscalidad, inversión pública en vivienda social y regulación del mercado de alquiler? La respuesta es evidente: sí.

Imágenes | Pixabay, Pixabay