El pasado 1 de julio las redes sociales volvieron a conmemorar un día que seguro que para muchos no tiene ningún sentido, el Día de Bobby Bonilla. Un nombre que para muchos no significará nada, pero para los fans del beisbol sí lo tiene, y tiene detrás una historia de las que dan para el guión de una película.

Bobby Bonilla es un exjugador de la liga de beisbol americana que tuvo una fructífera carrera durante 15 años y cuyo final es uno de los más atípicos del mundo del deporte y que, a largo plazo, le va a resultar más rentable que muchos productos de inversión.

Bonilla fue durante años el jugador mejor pagado de la liga, cobrando 5,9 millones de dólares cada año, un caché que en buena medida sigue percibiendo a día de hoy a pesar de que lleva retirado 20 años.

Porque Bonilla terminó de forma abrupta su carrera cuando su equipo, los Mets de Nueva York, prescindió de él en el año 2000 adeudándole 5,9 millones de dólares de contrato del año que le quedaba.

Una cantidad que el jugador va a recibir multiplicada por cinco, pues el acuerdo al que llegó con los Mets le garantiza cobrar casi 30 millones de euros de aquí a 2035. Es decir, que por ese año que le adeudaba el equipo neoyorkino al rescindir su contrato recibirá un interés anual del 8%, un porcentaje que pocos productos dan hoy en día y de forma tan estable y fija.

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La importancia de los intereses generados

¿Cómo ha logrado Bonilla este jugoso acuerdo? Esto ha podido darse así y que el expelotero vaya a percibir más de un 1 millón al año hasta 2035 porque cuando se rompió el contrato con los Mets en el año 2000, la deuda de los 5,9 millones pendientes quedó en el limbo.

Hasta que en 2011, Bonilla y su agente estuvieron muy acertados al negociar con los Mets cómo cobrar esa cantidad, pues eligieron cobrarlo escalonadamente hasta 2035, con todos intereses generados. Una jugada, nunca mejor dicho, redonda.

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¿Qué son las políticas económicas?

Este acuerdo muchos lo han tachado de un timo del jugador a su ex equipo al sacarle todo ese dinero, pero lo que realmente hizo Bobby fue dejar esos casi 6 millones a los Mets durante 11 años, con los que el conjunto neoyorkino tuvo cash para acometer otros fichajes y mejorar su plantilla o subir la ficha a otras estrellas. Por lo tanto, hablamos de un préstamo simple con un interés del 8%, nada más.

De este modo, Bobby Bonilla ha logrado quizá el mejor contrato de la historia del deporte, pues le ha reportado beneficios hasta 20 años después de haberse retirado. Un caso paradigmático que lo que realmente hace es dar una lección de inversión a muchos.

Era de esperar que el agua, una de las commodities más valoradas por su alta utilidad en los procesos productivos, tuviera su lugar en el mercado de futuros, del mismo modo que lo hacen el petróleo, el gas natural, o los metales. Ayer, por primera vez en la historia, se inició la negociación de los futuros del agua que fijara el precio futuro del agua en el estado de California y que tiene utilidad para agricultores, empresas e inversores.

Se trata del Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) que cotiza ya en el Chicago Mercantil Exchange (CME), el mercado de derivados más grande del mundo. Este contrato registra el precio de los arrendamientos y ventas de derechos de agua de las transacciones de las cinco mayores y más activas regiones de California. Las transacciones de derechos de agua del mercado de aguas superficiales y cuatro cuencas de aguas subterráneas adjudicadas.

El contrato de futuros está vinculado al índice que inició su recorrido hace dos años y mide el precio promedio ponderado por volumen del agua, excluyendo el transporte y las pérdidas de agua en los mercados subyacentes después de ajustar los factores de precios idiosincrásicos específicos de cada uno de los mercados y los tipos de transacción elegibles. Cotiza a 509 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada en Estados Unidos que equivale a 1.233 metros cúbicos.

Fue el primer contrato de este tipo en los Estados Unidos y se anunció en septiembre cuando las altas temperaturas y los incendios forestales azotaron la costa oeste de los Estados Unidos y California tras experimentar la mayor sequía en ocho años. Debido a que es probable que el cambio climático, la sequía, el crecimiento de la población y la contaminación hagan que la escasez de agua y veremos problemas de precios y serán un tema candente en los próximos años.

¿En qué nos beneficia la cotización del agua?

Rápidamente los mensajes de alarma han saltado para muchos: ¡Un recurso esencial para la vida humana cotizando! Las críticas de muchos apuntaban que, con este paso, se daría comienzo a la especulación del "salvaje capitalismo". Pero nada más lejos de la realidad, un contrato de futuros busca la gestión del riesgo mediante su exposición vía cobertura o por apalancamiento.

De hecho, gran parte de los participantes de los mercados son simples coberturistas, cuyo objetivo no es otro que reducir o neutralizar el riesgo al que se enfrentan.

Imaginemos el caso de un agricultor cuya actividad está expuesto a la evolución del precio del agua. En este caso, supongamos que valora pérdidas por la subida del agua porque es uno de los factores productivos. Para protegerse de una eventual subida, tomaría posiciones largas (compra de los futuros del agua) de tal manera que si sube el precio del subyacente, neutraliza las pérdidas, ya que lo que pierde por la subida del subyacente lo ganará por la posición larga del contrato.

Lo mismo puede pasar por parte de los vendedores, las empresas suministradoras, para proteger sus ventas de la caída del precio del agua, utilizarían las posiciones cortas (venta de los fututos sobre el agua). De este modo protegerían sus resultados ante potenciales caídas del precio, lo que significa que lo que perderían por caídas, lo ganarían por los beneficios de la posición corta.

Como todo contrato de futuros, se puede utilizar para reducir el riesgo, como las posiciones de cobertura expuestas, o bien para incrementarlo. En este último caso, se trata de apalancamiento puro y duro, es decir, especular sobre la commodity como se hace con el resto. Pero estos "malvados especuladores" simplemente ofrecen contrapartida y por lo tanto, dotan de liquidez al mercado, a cambio asumir riesgos para la obtención de beneficios. Como vemos, coberturistas y especuladores se necesitan mutuamente.

Y todo ello, se ejecuta en un mercado solvente como el CME, con la correspondiente cámara de compensaciones que actúa como intermediario entre las transacciones a futuro que garantiza el cumplimiento de las partes por la transacción. Debido a que es un mercado apalancado, los márgenes que permiten acceder a contratos de gran tamaño se van actualizando al final de la sesión. Si la posición (larga o corta) va en contra, si el inversor no repone el margen para mantener abierto ese contrato, se le cierra.

Otro punto positivo de la negociación del agua es que tenemos una referencia perfectamente cuantificada sobre cómo afecta al precio todos aquellos factores que tienen un impacto directo, lo que permite un análisis más detallado de la relación escasez/abundancia existente en un momento dado.

La escasez del agua

Más del 40% de la población mundial vive en áreas con escasez de agua y se espera que la demanda de agua aumente en un 55% en los próximos 30 años. Para 2050, en circunstancias normales, 240 millones de personas no tendrán acceso a agua potable y 1.400 millones de personas no tendrán acceso a instalaciones de saneamiento básico.

Con la mirada puesta en Europa, se estima que el volumen de aguas subterráneas en España, Portugal y Grecia se verá muy reducido, lo que repercutirá negativamente en el medio ambiente y el agua de riego. El aumento de la sequía provocará escasez de agua en la región mediterránea y reducirá el potencial hidroeléctrico.

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El gran problema de la escasez de agua en el largo plazo

De hecho, las temperaturas siguen aumentando y los fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía, están a la orden del día. El 2020 es el año más cálido registrado en Europa. Partiendo desde enero hasta agosto, las temperaturas estuvieron** alrededor de 2,08 grados por encima del promedio**. Eso significa que 2020 ha sido incluso más cálido que 2018, un año abrasador que hizo récords en ese momento.

Es probable que esto tenga un efecto dominó en la agricultura, la energía, el transporte y la seguridad alimentaria. Con el aumento del consumo mundial de agua dulce, las economías europeas deben resolver el problema de la escasez de agua mejorando la infraestructura resiliente, cambiando a una economía más circular e implementando una gobernanza de múltiples partes interesadas, porque esto determinará la competitividad de la economía europea.

El Tribunal Supremo ha aclarado la controversia que había entre distintas sentencias de rango inferior. Ha declarado que la relación que existe entre los 'riders' y Glovo es laboral, no mercantil, y por tanto eran falsos autónomos.

Glovo argumentaba que ellos son una plataforma que pone en contacto a usuarios y 'riders', pero el Tribunal ha determinado que no, que en realidad es Glovo quien presta el servicio y por tanto sus 'riders' son empleados que no cuentan con ninguna infraestructura propia sino que se sirven de la de Glovo para prestar el servicio.

¿Por qué Glovo eligió este modelo?

Esta polémica lleva presente desde la creación de este tipo de plataformas. Empresas que quieren ser simples intermediarios pero que realmente no son capaces de asegurar la calidad de servicio que necesitan sin inmiscuirse muy profundamente en cómo tiene que comportarse el repartidor. Y por tanto eso es ya una relación laboral, no es Glovo contatando micro-empresas de reparto.

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Glovo y la figura del 'rider' como falso autónomo: qué separa a los jueces para no ponerse de acuerdo

Por tanto la economía colaborativa, en la que una empresa que presta un servicio pero no quiere (o no puede) pagar los salarios de la gente que necesita está claramente en entredicho. Y no solo hablamos de Glovo o Deliveroo, también Amazon usa autónomos para el reparto en la última milla, por poner algún ejemplo.

Y no nos olvidemos también de que hay sentencias similares a esta bastante antiguas y en otros sectores. En general, cuando un sector tiene que ser competitivo en precio aparecen este tipo de chanchullos.

El problema es que el contrato laboral tiene unos costes que el mercantil no tiene. Por ejemplo en un contrato laboral hay que tener el cuenta unos derechos del trabajador que en un mercantil no existen. Hay que tener en cuenta costes de Seguridad Social. Y salario mínimo. Hay que tener un plan de riesgos laborales. Y hay que provisionar costes de despido.

¿Es el fin de la economía colaborativa?

Es complicado de saber. Lo primero es que todas estas empresas están pidiendo una nueva figura que sea algo intermedio entre el contrato laboral y el mercantil, algo así como un autónomo en exclusiva. Voy a hacer un spoiler: no lo van a conseguir.

Si empresas mucho más grandes llevan tirando de falsos autónomos y subcontratación décadas sin lograr cambios en el mercado laboral, Glovo y Deliveroo no lo van a lograr. Y menos con un Gobierno como el actual, muy dado a los gestos, y este sería percibido de forma muy negativa por sus votantes.

Si este tipo de empresas de reparto quieren seguir operando tendrán que contratar a empleados. Y los precios subirán, no queda otra. Y esto puede tener dos posibles salidas: la primera es que al consumidor no le interese y deje de usar los servicios; la otra, que se acostumbre a pagar más.

Pagar más, a la orden del día

Llevamos muchos años pagando realmente poco por ciertos productos y servicios que, siguiendo la legalidad, deberían costar más. Por un lado la deslocalización de la producción a países con costes laborales más bajos ha hecho que muchos bienes sean mucho más baratos de lo que deberían haber sido si no hubiera habido esta desbandada.

Por otro, ciertos servicios se han prestado sin contar con las garantías de un contrato de trabajo normal. No estoy hablando solo de las entregas a domicilio, cualquier técnico que nos visita en el hogar (instalaciones, reparaciones, revisiones) seguramente sea un autónomo contratado por una empresa más grande en un régimen similar a lo que Glovo estaba haciendo.

Al final lo que tenemos es que los costes laborales son altos, y los resquicios legales que hay permiten reducirlos a costa de los derechos de los trabajadores.

Tiene pinta de que esto va a cambiar. La globalización ya no está de moda y estamos viendo como la producción va a volver a occidente. Y también tiene pinta de que cada vez se va a investigar más el tema de los falsos autónomos, debido a que los ingresos fiscales y de Seguridad Social caen y las inspecciones van a ser más frecuentes. El problema de estas dos tendencias que quizá algunos negocios sean inviables en el futuro y los consumidores perdamos opciones.

La crisis desatada por el COVID-19 ha tenido impacto en gran parte de los sectores de la economía española. Las previsiones económicas de la Comisión Europea indican que para este ejercicio veríamos una caída del PIB del 9,4%, líder entre los países desarrollados y solo superadora por la debacle italiana de un 9,5%.

El entorno empresarial está sufriendo seriamente. Ya hemos visto como Arcelor Mittal, Alcoa y Nissan han anunciado recientemente el cierre de sus respectivas fábricas, afectando ah una cuantiosa plantilla. Pero esto es solo la punta del iceberg, lo cierto es que si analizamos los datos de la Seguridad Social, vemos que se han dado de baja un total de 133.757 empresas, contabilizando el mes de marzo y el mes de abril (el cómputo de mayo aún no está disponible).

Las empresas han visto imposible gestionar su estructura de costes ante el hundimiento de la demanda y por ello, los registros actuales señalan que tenemos las mismas empresas que en el año 2001.

Durante este estado de alarma, para muchas empresas, los ERTEs realizados no han sido suficientes para gestionar sus cuentas, también intervenían otros factores de costes pero de carácter fijo, siendo el más relevante el pago del alquiler del local comercial. El sector de la hostelería está viviendo un golpe como nunca antes se había visto.

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La hostelería duramente castigada: hasta el 15% de establecimientos podrían desaparecer

Y sobre esta cuestión vamos nos centramos seguidamente, pues ha nacido una necesidad en los últimos meses de acometer una inmediata renegociación de los alquileres para gran parte de los locales comerciales, debido a que el escenario que se han encontrado antes y después del estado de alarma no tienen nada que ver en términos de facturación.

¿Qué medidas ha realizado el Gobierno español en el mercado del alquiler para locales comerciales?

Durante estos meses el Gobierno español ha impulsado algunas medidas destinadas específicamente en el mercado del alquiler. Lo vimos con el Real Decreto Ley 15/2020 del 21 de abril, que buscaba modificar aquellas obligaciones contractuales entre el arrendador y el arrendatario.

Este decreto tenía de carácter obligatorio para los grandes tenedores que tenían locales comerciales arrendados por una superior a 1.500 metros cuadrados. Con esta medida, se producía una discriminación entre los diferentes tipos de arrendador. No eran las partes, sino una instancia superior la que regulaba los contratos.

Podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.

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Estos grandes propietarios han tenido que elegir entre dos opciones. Una reducción del 50% de los ingresos del alquiler durante el estado alarma y los siguientes pagos mensuales insuficiente para compensar la situación de vulnerabilidad, o bien, una moratoria sobre el pago de los ingresos del alquiler con el mismo periodo que la anterior opción.

El aplazamiento se lleva a cabo sin penalización ni capacidad de devengar intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

¿Y para el resto? Cuando el arrendador no era un gran tenedor, y si no había pacto entre las partes, el Real Decreto dice que se podrá servir de la fianza para el pago total o parcial de alguna de las mensualidades. Y sobre está fianza, deberá reponerse en un plazo que no sea inferior a un año o en el plazo de vigencia del contrato si es inferior un año.

Pero aquí nos encontramos que la norma puede ser muy confusa porque parece dar a entender que la aplicación de la fianza exige de acuerdo entre las partes, cuando la realidad viene dado si el arrendatario previamente lo has solicitado.

A pesar del uso de la fianza, con la intensa caída de la actividad económica, veremos cuál es la capacidad de las empresas, en menos de un año, para reponer esa fianza que recordemos equivale a dos mensualidades. Para muchos, no queda otra alternativa que renegociar las cuotas del alquiler.

Sentarse a renegociar

La renegociación del alquiler es la alternativa necesaria en un escenario económico lleno de dificultades e incertidumbre en el horizonte que terminará beneficiando a ambas partes si se ejecuta.

En primer lugar, existen diferentes tipos de inversores inmobiliarios que pueden ser propietarios de un espacio comercial, y entre estas características las más extendidas son la posición de efectivo, la tolerancia al riesgo y la capacidad de soportar una reducción el alquiler.

La inversión en bienes inmuebles es, generalmente, popular para los grandes fondos de inversión y, también, para pequeños ahorradores porque proporcionan ingresos estables y útiles para hacer frente a sus obligaciones o planificación financiera de su vida.

Aquellos activos inmobiliarios que son propiedad de grandes fondos de pensiones, generalmente están más enfocados en la realización de los pagos, incluso que fueran parciales, es decir, priorizan la liquidez más inmediata.

Otros inversores propietarios de edificios buscan informar periódicamente el valor de sus activos y la rentabilidad de los ingresos. Estos inversores priorizan la alta rentabilidad y les preocupa más el nivel general de los pagos que la puntualidad de los mismos. Este tipo de inversores normalmente están menos dispuestos a la negociación aunque es más probable que acepten fórmulas de aplazamiento.

No obstante, hoy en día estos propietarios se encuentran en una posición que podemos calificar como difícil porque tienen una gran dificultad valorar las propiedades inmobiliarias, en un momento en el que el bajo nivel de transacciones imposibilita la valoración de los activos. Esto pone bajo presión la gestión de la rentabilidad de los ingresos de una manera efectiva.

Otros propietarios tienen prioridades diferentes. Por ejemplo, los family offices, que se centran en el largo plazo, pueden ser más flexibles en el trato con los inquilinos para conservar las propiedades. En cambio, algunos promotores inmobiliarios tienen una perspectiva mucho más a corto plazo.

Los pequeños negocios están prácticamente en un modo supervivencia ante la caída de la facturación y es muy posible que no se pueda hacer frente a los pagos de los alquileres y por ello se debería tratar de renegociar el contrato de arrendamiento existente lo antes posible. Lo más ventajoso para las partes es cuanto antes, reformular el contrato. El negocio puede sobrevivir y el arrendador puede seguir generando flujos de efectivo.

El mercado del alquiler probablemente sea uno de los que más incertidumbre soporta por el confinamiento durante el estado de alarma. Se ha denegado la apertura de numerosos establecimientos comerciales no catalogados como venta de productos de primera necesidad y las propias familias que deben afrontar el pago del alquiler de su vivienda.

Y es que las pymes y autónomos integran muchos costes que siguen presentes y están llevando a los negocios a serias adversidades en un momento de tensión de liquidez. El coste del alquiler en el contrato, es de carácter fijo, lo que complica la situación económica para la viabilidad de la empresa en situación de cese de actividad.

Lo mismo ocurre en el mercado del alquiler de la vivienda. Se está impidiendo la gente trabajar para obtener renta, pero a su vez las necesidades de consumo siguen presentes. No estamos hablando de importes pequeños, el precio del alquiler en España alcanza una media de 674 euros al mes, destacando el caso de las provincias de Madrid y Barcelona con 819 y 769 euros respectivamente.

Hacer frente a la renta del alquiler sin poder abrir el negocio

Muchas empresas se encuentran con una terrible realidad a raíz del confinamiento decretado, sus establecimientos no están catalogados para la venta de productos de primera necesidad y por lo tanto, no pueden proceder a la apertura para obtener ingresos.

Y es aquí donde empiezan los problemas serios tanto para el dueño del negocio, el arrendatario, como el propietario, el arrendador. Se encuentran ambos que ante la imposibilidad de venta, existen problemas de liquidez para hacer frente al pago del alquiler estipulado en el contrato y nace un conflicto entre las partes.

En este caso ¿qué soluciones se ponen encima de la mesa? Algunas empresas están optando por diferir el pago durante el tiempo en el que el establecimiento permanezca cerrado, ajustando la distribución de la cuantía en los siguientes meses. La premisa para este acuerdo es que se presupone un golpe coyuntural y que el negocio será capaz de generar flujos de caja en el futuro que permitan hacer frente a la obligación de pago.

Otras soluciones que se proponen sobre la mesa es la revisión del contrato alquiler para ajustar el importe. En este punto se valora que el impacto económico, no es solo un factor coyuntural, sino tiene un alcance estructural que condicionará la evolución de los ingresos y una nueva realidad para el mercado del alquiler.

Desde la parte del arrendatario, algunos ya están exigiendo la exoneración de la cuantía para este periodo, algo que en principio puede parecer difícil de implantarse cuando las partes se han obligado en la prestación de un servicio y el pago de una cuantía, pero hay un supuesto en el que se puede exonerar: En el supuesto de fuerza mayor.

La causa de fuerza mayor (artículos 1.105 y 1.184 del Código Civil) describe una situación sobrevenida por la que no ha sido factible el cumplimiento del contrato. Y es en ese punto que el deudor quedaría liberado cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Debido a que el confinamiento es un decreto publicado en el BOE, nos hayamos en un factor legal que puede ser utilizado como justificación para aplicar los artículos mencionados.

La complicada situación de las familias que viven de alquiler

El mercado del alquiler de la vivienda ha ganado trascendencia en España en los últimos años y la población que vive en régimen de alquiler es el 22,9%.

La pérdida masiva del empleo, con una expulsión de más de 830.000 afiliados en la Seguridad Social, nos da una idea de la magnitud de las dificultades en la obtención de renta que repercutirá, consecuentemente, el la capacidad de hacer frente el pago de la vivienda de alquiler.

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El confinamiento destroza el mercado laboral durante un histórico mes de marzo

Debido a esta realidad, el Gobierno español aprobó unas medidas de ayuda enfocadas a los inquilinos que atraviesan dificultades, y que según los datos del gobierno estarían dirigidas alrededor de 500.000 inquilinos por las duras consecuencias económicas sufridas.

Estas medidas incluyen micropréstamos a los inquilinos vulnerables que se reembolsarán sin intereses ni comisiones hasta seis años -se incluye un plazo adicional de cuatro años si ha sido imposible en ese tiempo- para aquellos que han sufrido la pérdida del empleo o una reducción de horas, una extensión de 6 meses para los contratos de alquiler que finalizan el 1 de abril de este año y, también, la prórroga de los desahucios hasta seis meses después de finalizar el estado de alarma.

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Alquileres y coronavirus: así son las medidas del Gobierno para aliviar a los inquilinos

Todas estas medidas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, no permiten un ajuste en las sobrevaloraciones existentes en los alquileres porque, de algún modo, se está subvencionando los altos precios en las rentas de estos inmuebles en un momento propicio para los ajustes. Al mismo tiempo, si no se puede expulsar a los inquilinos que carecen de una solvencia, lo lógico es pensar en una disminución de la oferta de alquileres, en favor de la venta de vivienda, lo que llevaría a mantener los altos precios en determinadas zonas.

También se ha establecido una diferenciación entre los diferentes propietarios que reciben el alquiler. En un lado, tenemos que los pequeños propietarios, aquellos con 10 pisos o menos. Ellos recibirían el correspondiente pago del alquiler en su totalidad.

Pero, en el lado opuesto, con 11 viviendas o más, nos encontramos a aquellos grandes propietarios con múltiples inversiones en propiedades inmobiliarias, y se establece la opción de reducir el 50% del alquiler del inquilino o bien la reestructuración en 3 años.

Debido a que, según el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, se calcula que en una horquilla del 85% y del 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios, esta diferenciación no tendría un gran impacto dentro del mercado del alquiler.

Como punto positivo tenemos que, por ahora, se retrasa la limitación de los alquileres. Si recordamos, a finales del mes de febrero, el Ministerio de Fomento liderado por José Luis Ábalos, expuso las líneas generales para implantar el índice de precios del alquiler para las zonas tensionadas.

El objetivo de esta medida es controlar los precios del alquiler en aquellas zonas que en los últimos años hayan experimentado subidas de precio desorbitadas como puedan ser Madrid y Barcelona. Se desconocía (y se desconoce) la metodología de cálculo para confeccionar el índice pero los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, apostaron por implantar el índice en aquellas zonas en las que el coste medio del alquiler superará un 25 o 30% en los ingresos medios de los hogares de los residentes.

Este tipo de medidas al final hubieran incrementado la incertidumbre del mercado del alquiler en un momento de shock, tal y como ha pasado en Berlín. No solo porque la metodología de cálculo del índice pueda diferir de la realidad en pleno shock económico, sino que, para muchos propietarios, la renta obtenida no compensa el riesgo asumido para la amortización de la inversión. Además, una medida de este calado termina discriminando a los perfiles menos óptimo para acceder a la vivienda de alquiler.

El Gobierno del PSOE ha aprobado, durante la semana pasada, por decreto la ley de alquiler que alarga los contratos de 3 a 5 años, o si el arrendador es una empresa a 7 años, e impide las subidas de la cuotas por encima del IPC.

La que entra en vigor por decreto ley es la tercera normativa que regula el alquiler en España que estará vigente en menos de 3 meses.

Nos podemos preguntar: ¿En qué consiste el nuevo decreto del alquiler? ¿En qué nos va afectar?

¿Cuándo entra en vigor este decreto ley del alquiler? ¿A qué ley va estar sujeto mi contrato de alquiler?

Los decretos ley se activan 1 día después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Por tanto, el decreto ley ha entrado en vigor el pasado domingo y los contratos que se hayan firmado el lunes 4 de marzo ya deben adaptarse a las condiciones del nuevo reglamento.

Los alquileres en España están sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con las condiciones que están vigentes a la hora de la firma.

Podemos diferenciar los siguientes períodos:

• Hasta mediados de diciembre del año pasado, el día 19, esta en vigor la ley de 1994 (reformada por el PP el 2013) que reduce la duración de los contratos de alquiler hasta los 3 años.
• Entre el 19 de diciembre del año pasado y el 23 de enero de este año. El 19 de diciembre entró en vigor un decreto del Gobierno del PSOE que reformaba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que el Congreso de los Diputados rechazó.
• A partir del 24 de enero del 2019 la ley que volvió a estar vigente fue la reforma del 2013, que estuvo vigente hasta el decreto que se aprobó el viernes pasado por el Consejo de Ministros.

¿Qué duración va a tener mi contrato?

Ninguno de los decretos aprobados durante el último mes tenía carácter retroactivo por que eso plantea problemas jurídicos. Así que va a depender de cuándo se firma el contrato de alquiler:

• Si el contrato es previo al 19 de diciembre de año pasado o posterior al 23 de enero de este año, la duración mínima va a ser de 3 años. Si finalizado estos 3 años ninguna de las partes indica que quiere extinguir el contrato, este se va a prolongar un 1 año más.
• Si el contrato se ha firmado ente el 19 de diciembre del año pasado y el 23 de enero de este año, el contrato de alquiler tiene que tener una duración mínima de 5 años si el propietario es una persona física. Si la propiedad pertenece a una empresa la duración mínima debe ser de 7 años. La prórroga va a ser de 3 años si ninguna de las partes dice nada.
• Para los contratos de alquiler que se han firmado a partir de la aprobación del último decreto ley de alquileres hay que tener en cuenta que no basta un 1 mes como hasta ahora para que el casero o el inquilino comuniquen la finalización del contrato o la prórroga. Ahora el dueño deberá comunicarlo con 4 meses antes de la finalización y el inquilino con 2 meses de antelación.

¿El casero puede subir la cuota de alquiler lo que quiera?

Los contratos de alquiler firmados antes del actual decreto de alquiler, la actualización anual de la cuota de alquiler se debe ajustar a lo que establece el contrato de alquiler (normalmente es el IPC). En ausencia de un índice de referencia marcado por el contrato, se aplica el 'Índice de Garantía de Competitividad'.

El nuevo decreto de alquiler establece una salvedad, que es la actualización anual dentro del contrato del alquiler no puede ser en ningún caso superior a lo que marca el IPC.

El artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no se ha modificado, por tanto, el precio del alquiler es que se acuerde entre las dos partes. El nuevo decreto no pone ninguna limitación formal a que el dueño del inmueble pida por el alquiler.

Pero para aportar transparencia al mercado, lo que sí incluye el nuevo decreto ley es establecer un índice de precios de referencia que deberá ponerse en marcha dentro de 8 meses y que anualmente establecerá qué vale como media el alquiler hasta de un barrio determinado.

Este índice sólo tiene valor informativo para que las administraciones públicas locales lo utilicen. En futuro se prevé, si el Gobierno sigue siendo del PSOE, aplicar una serie de medidas fiscales para incentivar una bajada de los precios.

¿El dueño del inmueble puede solicitar un aval al inquilino? ¿Quién debe asumir el pago de los costes de la inmobiliaria?

El dueño del inmueble puede solicitar al inquilino un aval, pero con ciertas limitaciones. El nuevo decreto ley establece que los avales o garantías adicionales a la fianza que pida el propietario no pueden suponer para el inquilino un desembolso a más de 2 meses de la cuota del alquiler.

A esto se debe sumar la fianza obligatoria, que el nuevo decreto no ha modificado y se mantiene en 1 mes. Así que, a la firma del contrato de alquiler, el dueño del inmueble necesita disponer como máximo de la cantidad de 4 meses de alquiler, es decir, el mes corriente, fianza y 2 meses como máximo de aval. Pero a todo este desembolso se le debe añadir los gastos de la inmobiliaria.

Antes quien asumía los gastos de la inmobiliaria era el inquilino. Con el nuevo decreto el dueño del inmueble diferencia entre persona física o empresa. En el caso de la persona física, las cosas siguen como estaban, el inquilino debe pagar los gastos. Pero si el inmueble es propiedad de una empresa, esta se deberá hacer cargo de los gastos.

¿Qué pasa con el inquilino cuando el dueño vende el inmueble?

El nuevo decreto ley establece 2 medidas para reforzar el derecho de los inquilinos en el caso de la compra del inmueble. Por una parte, el nuevo dueño estará obligado a asumir las condiciones del contrato en vigor aunque este no se encuentre registrado. Hasta este momento, la ley solo obligaba la protección a los contratos depositados en registro público.

La segunda novedad que trae el nuevo decreto ley es el derecho de tanteo y retracto. Cuando un dueño vende un inmueble que tiene alquilado, el inquilino tiene derecho preferente para comprar esa vivienda si iguala la oferta del potencial comprador.

La anterior ley establecía una excepción cuando una empresa compra todos los inmuebles de un inmueble entero, de manera que los inquilinos no puedan ejercer ese derecho. La excepción se mantiene en este nuevo decreto ley, pero en estos casos las administraciones públicas pueden ejercer el derecho de tanteo y retracto.

Es decir, que si un fondo intenta comprar un inmueble entero, los inquilinos no pueden comprar esos pisos, pero alguna de las administraciones públicas locales, si puede optar a comprar todo el inmueble con preferencia sobre la comprador privado.

Si no se puede pagar las cuotas del alquiler, ¿se puede echar al inquilino del inmueble?

Cuando el inquilino no paga la renta, el dueño puede recurrir al juzgado para solicitar el desahucio. Pero en el nuevo decreto se establece una modificación en el procedimiento, ya que el juzgado está obligado a pedir un informe de vulnerabilidad que del inquilino a los servicios sociales.

Si los servicios sociales determinan que se da la situación de vulnerabilidad, el procedimiento se paraliza 1 mes para buscar al inquilino donde alojarse. Cuando el dueño es una persona jurídica, la paralización es de hasta 3 meses. Además, desde ahora los jueces deben señalar el día y hora exactos en que se produce el lanzamiento.

En El Blog Salmón | Medidas para frenar las subidas de los alquileres

Imagen | Flickr

Durante el pasado mes de junio se ha marcado un nuevo récord de mujeres ocupadas en España y se han contabilizado en la Seguridad social 8,779 millones de mujeres, una cantidad que superar a los 8,249 millones de mujeres que había en junio de 2008, y que es un dato representativo de la transformación del mercado laboral durante la crisis.

El avance del empleo femenino, contrasta con la contracción del empleo masculino, y se puede observar un trasvase sectorial de la ocupación hacia servicios, con muchas veces con contratos a tiempo parcial.

Nos podemos preguntar: ¿A qué es debido que las mujeres estén recuperando más rápidamente sus puestos de trabajo que los hombres?

Efecto Sheffield: la mujer ha llevado el peso económico del hogar

La primera gran incorporación de la mujer en el mercado laboral se produjo en los 80, con la que puede considerarse la incorporación a un mercado del que habían estado alejadas por motivos sociológicos.

Pero en este última recesión y lenta recuperación se ha producido un segundo momento en la incorporación de la mujer en el mercado laboral español, que ha coincidido con un repliegue de la ocupación en el mercado laboral masculino, que tiene una gran parte de la explicación en la pérdida de peso en la actividad constructora en España.

La pérdida masiva de empleo por parte de los hombres durante los años 2009 y 2010 empujó a las mujeres a buscar alternativas a las rentas pérdidas por su maridos para sostener sus hogares con actividad que mantenían viva la demanda y ofrecían flexibilidad.

Este fenómeno ya se había producido en los 90 en los países con industrias pesadas y maduras, y que se habían dado en la ciudad inglesa de Sheffield, por esto se ha denominado este efecto el síndrome de Sheffield.

Las mujeres ya han recuperado el 98,56% de sus puestos de trabajo

En España el mercado laboral ha realizado un efecto acordeón al pasar los años de la crisis y la recesión económica tras años de demasiado despilfarro con una recuperación del empleo femenino, mucho más concentrado en el sector servicios, que ahora tiene más puestos de trabajo que en el ciclo anterior, y una pérdida bastante acentuada del empleo masculino.

En el registro de cotizantes de la Seguridad Social aún faltan más de 1 millón de empleos entre los hombre (12,014 millones en 2008 y 10,284 millones ahora), en la estadística de la EPA se ve una reducción en 1,73 millones, como se puede ver en la gráfica “Evolución del empleo por género en la EPA de 2008 a 2018”:

Es decir, la ocupación masculina en EPA, está en el 85,6 por ciento del máximo, mientras que entre las mujeres el nivel está en el 98,56 por ciento, del máximo de 2008, y solo contabiliza ya 124.700 ocupadas menos que entonces.

Los empleos activos en las mujeres han crecido un 3% mientras los masculinos han descendido un 5%

A nivel general, la Seguridad Social los cotizantes están a poco menos del 2 por ciento del récord de 19,37 millones de ocupados, casi 9 puntos porcentuales. Es trasvase de género se detecta también en el número de activos y tasa de actividad (porcentaje de personas dispuestas a trabajar), que reacciona también a los ciclos, como se puede ver en la gráfica “Evolución tasa de actividad de 2008 a 2018”:

Si cuando se implantó la crisis los empleos activos rozaban los 23 millones, el 60 por ciento de los mayores de 16 años y menores de 65, la cifra se amplio hasta los 23,5 millones por la llegada de las mujeres buscado trabajo y rentas para aliviar la pérdidas de empleo de los hombres, para descender de nuevo hasta el mismo nivel antes de la recesión.

Pero mientras los hombres activos se ha reducido en una década en 900.000, las mujeres activas han aumento en 780.000, la tasa relativa masculina ha decrecido en 5 puntos en el periodo, mientras la de las mujeres se ha aumentado en 3.

El empleo masculino no sólo fue en construcción sino también en industria

La pérdida de empleo masculino no está sólo en la pérdida de la ocupación en la construcción, también se ha perdido en la industria en 676.000 puestos de trabajo, de 3,25 millones de empleos a 2,67 millones, y el mayor golpe ha sido en el empleo masculino, de medio millón de puestos de trabajo.

Mientras que las mujeres empleadas en la industria sólo han pasado de 845.000 puestos de trabajo a 682.100, por otra parte, los servicios emplean más mujeres, de 7,6 millones mujeres por 6,6 millones hombre, y el beneficio agregado es muy parecido.

El cambio del mercado laboral tras los pasos de la recuperación de la crisis se ha cebado también en la relación contractual, con uso de jornadas reducidas, mayoritariamente trabajadas por mujeres.

En estos momentos hay 1,17 millones de mujeres que trabajan a tiempo parcial con contrato fijo y 772.000 con contratos temporales, es decir, un total de 1,942 millones. Hace una década el total era de 1,686 millones, más concentradas en contractos temporales. Los hombres con jornada reducida han aumento en 226.000.

Más allá de la estadística de la EPA hace una estimación a la cantidad y calidad del empleo la contabilidad nacional, que indica el número de puestos de trabajo en cada momento, ahora mismo en 20,5 millones, así como el número de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, estimados en 18,16 millones, inferior a la EPA y al registro de cotizantes, como se puede ver en la gráfica “Evolución del empleo de 2008 a 2018”:

El nivel más elevado de empleo puede explicarse en parte a la aparición de pequeños volúmenes de economía sumergida y por la existencia de contratos cortos en el mes, ya que los datos se expresan en medias mensuales, y no en un nivel a una fecha determinada.

En El Blog Salmón | La economía ha vuelto al nivel pre-crisis pero no en empleo ni en sueldos

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Este jueves el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley cuyo objetivo final no es otro que regular el precio de los alquileres, un tema especialmente controvertido por el auge de los precios.

Si esta Proposición de ley saliera adelante, se reformaría la Ley de Arrendamientos Urbanos, dando una vuelta de tuerca para incrementar los altos niveles de regulación existentes en el mercado de la vivienda para el alquiler.

La Proposición de Ley para regular los precios de los alquileres al detalle

La Proposición de Ley presentada contiene varias medidas. En primer lugar, se demanda volver a los contratos de una duración de cinco años porque, para el grupo parlamentario, uno de los factores que más ha contribuido a la escalada de precios de los alquileres ha sido la actual ley, cuya última reforma del Gobierno en el 2013, rebajó el término medio del alquiler de cinco a tres años.

También, en el supuesto de que una vez se alcanza la fecha vencimiento del contrato, con una duración mínima de cinco años y si ninguna de las partes comunica la voluntad de finiquitar el contrato con tres meses de antelación, el contrato se renovaría anualmente hasta un máximo de cinco años.

Incluso van más allá, pues plantean un determinado contrato tipo con una duración de 10 años, que estaría vinculado a determinados beneficios fiscales y otras medidas determinadas impulsadas por autonomías y ayuntamientos.

También se apunta a que los propios municipios, en colusión a sus Comunidades Autónomas, tengan la capacidad regulatoria para impedir subidas indiscriminadas de los precios de los alquileres. Con esta medida, los ayuntamientos podrían establecer limitaciones temporales a los precios de los alquileres, cuando se presenten "áreas de mercado tensionado".

Estos supuestos se determinarían a través de unos indicadores predefinidos que determinen, por ejemplo, la existencia de fuerte demanda de alquiler asequible no satisfecha o bien que las rentas de alquiler sean superiores a la disponibilidad de renta de las familias de la zona.

Para acabar, proponen que las partes del contrato no puedan pactar una fianza superior a un mes y además, que aquellos gastos extra por la gestión y formalización del contrato no los debe asumir la parte arrendataria sino el arrendador.

Las consecuencias de regular los alquileres

Esta Proposición de Ley, de salir adelante, impediría el pacto voluntario entre las partes, favoreciendo que un ente superior, en este caso el ayuntamiento, sea el que asuma la última potestad para determinar tanto el plazo como qué precios son justos y qué precios son injustos.

Con una ampliación de la regulación actual del mercado del alquiler, lo que se está diciendo es que las partes de un contrato no pueden reflejar sus intereses. La implicación última nos lleva a un escenario en el que se difiere el proceso de mercado y que disipa los incentivos para que el arrendador ponga a disposición del mercado su vivienda para el alquiler.

En el supuesto de que esta ley salga adelante, también implica que, en un momento dado, se pueda imponer precios máximos frente a los precios del mercado, lo que garantiza la creación/incremento de un mercado negro para suplir el diferencial existente entre el precio regulado y el precio de mercado.

Ambas partes del contrato, arrendador y arrendatario, adquieren grandes incentivos para expandir un mercado negro paralelo al regulado. El arrendador obtendría una prima sobre el mercado regulado y el arrendatario gozaría de una disponibilidad según sus necesidades, ambos incurriendo en un riesgo penal.

Si los arrendadores de viviendas no tenían suficiente con unos derechos de propiedad debilitados sobre los bienes inmuebles, a ello hay que añadir unos contratos estandarizados, la posibilidad de que se establezcan precios máximos de un día para otro y la disminución de las garantías (fianza).

Todas estas medidas descritas fomentan la escasez de viviendas para el alquiler porque desprotege al arrendador y a la seguridad jurídica que necesita para ofertar su vivienda de alquiler. Con ello, a demanda constante o creciente, los precios se irán incrementando o acelerando -incluyendo los precios del mercado negro, en el supuesto de precios máximos-.

La subida de precios durante el mandato de Carmena y Colau

Manuela Carmena y Ada Colau son respectivamente las alcaldesas de Madrid y Barcelona, que asumieron su cargo a mediados del año 2015. Durante este tiempo, los precios de los alquileres empezaban a incrementarse, pero las mayores tasas en el avance de los precios de los alquileres los hemos visto durante sus mandatos.

Según los datos de Idealista, en Madrid, en junio del año 2015, el precio medio por metro cuadrado era de 11,7 euros, mientras que, los últimos datos disponibles correspondientes a diciembre de 2017, señalan que el precio medio por metro cuadrado se situaba en 15,5 euros. Por la tanto, la gestión de Carmena ha impulsado los alquileres un 32,47%. Para una vivienda de 90 metros cuadrados supondría un encarecimiento de 342 euros en el precio del alquiler

La gestión de Manuela Carmena ha llevado a que el Ayuntamiento de Madrid haya paralizado numerosos proyectos de viviendas que, tras casi tres años de gestión, podrían incorporarse al mercado inmobiliario, incrementando la oferta y reduciendo el precio de los alquileres.

Probablemente el mayor error actual lo encontramos en las dificultades para impulsar la Operación Chamartín. El primer clan contemplaba unas 17.000 viviendas, mientras dentro del plan actual la construcción se limitó a 11.000 viviendas, es decir un 38% menos. Incluso, a esta cifra, se está disputando un reducción adicional de 2.000 viviendas.

Por su parte, en Barcelona, veíamos un precio medio por metro cuadrado de 13,2 euros en junio de 2015 y al finalizar 2017, el precio medio del metro cuadrado se encontraba en los 17,5 euros, una subida del 32,57%, con la gestión de Ada Colau. Para una vivienda de 90 metros cuadrados supondría un encarecimiento de 382 euros en el precio del alquiler.

Para Ada Colau, mientras no llega esta ley, la solución reside en una ampliación del parque de vivienda en alquiler social que actualmente es el 1% del total del mercado. Esto se traduce en una captación de los recursos de los barceloneses para financiar la adquisición de vivienda, sin que puedan disponer de su renta sustraída ni de los derechos del inmueble.

Ciudadanos arremete de nuevo con un paquete de medidas dirigidas a reformar el mercado laboral español a través de la denominada 'mochila austriaca'. Este sistema consiste en sustituir la indemnización por despido por una cuenta individualizada que esta con el trabajador durante toda la vida laboral.

El PP y Ciudadanos coinciden en la necesidad de reformar el mercado laboral en España para reducir rigidezas del sistema. Según PP y Ciudadanos todavía están lejos de ser un modelo que permita aprovechar todo el potencial del sistema productivo español y que consiga trasladar el aumento del PIB a la creación de empleo de una manera más eficiente.

Nos podemos preguntar: ¿En qué consiste la propuesta de 'mochila austriaca' de Ciudadanos? ¿Cómo se aplicará la propuesta de la 'mochila austriaca' de Ciudadanos? ¿Qué pactaron PP y Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy?

¿En qué consiste la propuesta de 'mochila austriaca' de Ciudadanos?

Consiste que para los nuevos contratos de trabajo, los empresarios constituyan un fondo de capitalización en favor del empleado mediante una aportación anual a cambio de reducir la indemnización que debe pagarse en el caso que se realice el despido.

Este fondo acompañaría al trabajador a lo largo de toda su vida laboral y se denomina como 'mochila austriaca', ya que es el modelo que se realiza en Austria y que ha conseguido obtener una tasa de paro del 5,8 por ciento.

Lo que se propone en España no es exactamente el sistema austriaco, sino un estado intermedio. Consiste esta propuesta en la combinación de la indemnización tradicional con la propuesta de 'mochila austriaca', ya que en Austria cuando se despide a un trabajador no se le da ningún tipo de indemnización por despido.

¿Cómo se aplicará la propuesta de la 'mochila austriaca' de Ciudadanos?

En España se aplicará un sistema híbrido, por lo menos hasta que se logre una transición plena hacia el nuevo modelo. Es decir, se plantea que los trabajadores van acumulando dinero en el fondo aunque no sean despedidos, de una forma similar al pago de las cotizaciones a las Seguridad Social que se pagan en las nóminas.

La principal diferencia es que ese dinero de la 'mochila' no iría destinado a pagar prestaciones de otras personas, sino que se mete en una cuenta individual invertida en activos de alta calidad que van generando intereses.

De esta manera, el trabajador puede conocer en todo momento a cuánto asciende el fondo que ha acumulado y así puede recuperar si lo considera si es despedido. Por tanto, se trata más de una decisión individual, ya que si el empleado no quiere rescatarlo cuando se va de la empresa, puede conservarlo porque le acompaña a largo de toda su vida laboral, incluso si ha realizado un baja voluntaria.

La actual mentalidad del empresario español es que te despiden y no te dan nada, o no te despiden porque has acumulado demasiados derechos y no te puedes mover de la empresa.

La 'mochila austriaca' se pacto en el acuerdo Ciudadanos y PP, pero ya Zapatero la quitó de su reforma laboral de 2010

Ciudadanos pretende que el Gobierno del PP repense el modelo laboral existente en España y se centre los esfuerzos en los trabajadores, y no tanto en el puesto de trabajo. Ciudadanos quiere plantear un modelo que sirve para el futuro y no conformarse con lo que ya se ha hecho hasta ahora.

El problema en España es que no han cambiado los modelos de base ni los problemas de fondo. Hay que ser más drástico para tener verdaderos empleos de calidad y si tener un mercado laboral consiste.

La 'mochila austriaca' es una de las reformas incluidas en el pacto entre ambas formaciones en agosto de 2016 para la investidura del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tenemos considerar que este modelo ya se discutía en la época de Zapatero en el año 2010.

La contratación en España mantiene excluidos de la estabilidad laborar a una tercera parte de los trabajadores, aparte de no mencionar a las personas que están desempleadas. Hay una abuso de temporalidad, y podemos decir que tenemos un sistema que no ayuda a los trabajadores.

Por eso, Ciudadanos ha defendido ir hacia una contrato indefinido único para pretender acabar con la discriminación e intentar igualar los derechos de todos los trabajadores sin afectar los derechos de los que ya están trabajando.

Con la 'mochila austriaca' de Ciudadanos se necesitaría reforma la Seguridad Social

La introducción de este sistema de indemnización podría servir para plantear una reforma de la Seguridad Social, ya que una vez que todos los trabajadores tengan un fondo de capitalización se podrían liberar recursos de protección cuya viabilidad a largo plazo están en peligro. Es decir, es una alternativa o complemento al sistema de pensiones que tenemos en España.

Por tanto, este sistema atenuaría la incertidumbre que obstaculiza la contratación indefinida, propiciaría la inversión en capital humano, aumentaría la productividad, incentivaría la movilidad laboral, beneficiaría la reasignación sectorial del empleo y ayudaría a modernizar la negociación colectiva.

También entraría en juego una mejora en la planificación financiera de las empresas y de los propios trabajadores, aumentando así el ahorro de los empleos y el nivel de renta de sus futuras pensiones.

Por otra parte, algunos críticos del sistema creen que los empresarios disminuirán los sueldos en la misma proporción en que irán aumentando las mochilas de los trabajadores, ya que consideran el salario sólo una parte del coste laboral, al incluir la aportación al fondo una disminución del sueldo para que efecto sea 0.

Pero aquí no se tiene en cuenta de que esto ya sucede con las cotizaciones a la Seguridad Social, que el empresario debe afrontar para cada trabajador contratado. Y sí los empresarios acaban decidiendo disminuir el sueldo para aportar en el fondo 'mochila' el dinero acabaría en la cuenta del trabajador, más tarde o más temprano.

¿Qué pactaron PP y Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy?

Ciudadanos intentará, al menos, sacar adelante lo acordado con el Gobierno del PP en el pacto de investidura:

• Contratos: reducir a 3 los modelos de contratos (fijo, de formación y temporal). El temporal tendrá 3 años de duración máxima, con una indemnización creciente por finalización de contrato de 12 días de sueldo el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año.

• Mochila austriaca: constitución de un fondo de capitalización individual para cada trabajador. Se mantendrá a lo largo de toda la vida laboral y el trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada cuando deje el trabajo, es decir, sea despedido o llevarse el fondo al próximo empleo.

• Sistema bonus-malus: crear un sistema de bonus-malus que aumente las cotizaciones por desempleo de las empresas que abusen de la temporalidad y las reduzca a las que aumenten su porcentaje de fijos más que la media del sector.

En El Blog Salmón | Algunas dudas sobre la mochila austríaca propuesta por Ciudadanos

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La visión generalizada existente de los futuros y otro tipo de derivados financieros es que son productos extremadamente peligrosos. Y no es para menos, la quiebra de Long Term Capital Management, Enron o bien las actuales dificultades que atraviesa el Deutsche Bank, han generado muy mala prensa sobre el uso de los derivados.

Sin embargo, olvidamos su naturaleza, la gestión del riesgo... Los derivados son puramente instrumentos financieros que formalizan un contrato cuyos términos se fijan en el presente pero la transacción se realiza en el futuro y cuyo valor se deriva de un activo negociado en el mercado al contado (también conocido como mercado cash o spot) que será el activo subyacente.

Por ejemplo, si hacemos referencia al futuro del crudo, el activo subyacente sería el crudo negociado en el mercado al contado.

Los activos subyacentes pueden ser muy variados... De hecho, las primeras operaciones con derivados se utilizaron bienes como el arroz, los bulbos de tulipanes o el trigo. Ya en el siglo XVII, en el comercio de bulbo de tulipanes en Holanda y en el comercio de arroz en Japón, se utilizaban estos contratos a plazo.

Pero... ¿Para qué sirven los derivados?

La función principal de un derivado financiero es la gestión del riesgo... Eso sí, en la gestión del riesgo implica que éste pueda reducirse o aumentarse (Deutsche Bank ha decidido dispararlo hasta 54,7 billones de euros, el 13% de los derivados globales).

Los especuladores persiguen la exposición al riesgo para verse beneficiado de la variación en precio del activo subyacente, que tendrá un efecto apalancado en su inversión. Esta exposición puede ser alcista del subyacente (posiciones largas) o bien bajista (posiciones cortas), según expectativas.

Por su parte, los llamados coberturistas, son aquellos agentes que persiguen minimizar el riesgo de mercado (volatilidad de precios) de un determinado activo para traspasarlo a alguien que tenga una predisposición a aceptar ese riesgo.

Con ambas figuras, identificamos que la figura del especulador es imprescindible para este mercado ya que dota de liquidez a los coberturistas para la formalización de su contrato y que éstos puedan gestionar el riesgo de la volatilidad de un activo, formando la contrapartida a sus expectativas.

En último lugar, tenemos otra figura quizá algo menos conocida, los arbitrajistas. Éstos persiguen la utilización de derivados para explotar la diferencia de desajuste entre diferentes mercados de derivados o bien instrumentos derivados y los precios sobre el mercado al contado de los activos subyacentes.

De los forwards a los futuros, la mejora de los contratos

En primer lugar surgieron las operaciones a plazo o también conocidos como forwards que fueron los primeros derivados de la historia. Con este tipo de contratos tanto el productor como la contraparte conseguían pactar un precio sobre la mercancía y una fecha de entrega en el futuro.

La gran ventaja era que el productor, de manera independiente a la evolución del precio ya sabía el total de la venta y podía gestionar de mejor manera su actividad, mientras que la contraparte se aseguraba la entrega del producto en cuestión.

Sin embargo, con los forwards aparecieron varios problemas... No existía un lugar de encuentro entre las partes, el riesgo de insolvencia o incumplimiento del contrato y el riesgo de iliquidez, es decir, que el productor no pueda formalizar con nadie un contrato de venta de su mercancía a una fecha futura.

Por ello, nacieron los mercados de futuros como empresa (el holding BME en el caso de España) que se caracterizaba con la estandarización de contratos para que las partes no tuvieran que pactar cada punto de cantidad, calidad fecha de vencimiento y lugar de entrega de la mercancía.

Otro punto importante de los mercados de futuros es la Cámara de Compensación que se interpone entre las partes haciendo de contraparte jurídica en las transacciones, siendo la parte vendedora para el comprador y la compradora para el vendedor. Ello permite la seguridad de que pase lo que pase se cumplirá el contrato.

Otro punto a destacar son las garantías, lo que implica un depósito de garantías con una garantía inicial para abrir el contrato y una garantía de variación para hacer frente a la liquidación de las pérdidas y ganancias diariamente.

Un ejemplo de cobertura para un productor de la economía real

Normalmente se tiende a pensar que el uso de los derivados se limita a los grandes inversores pero no, los productores de aquellas mercancías con amplios volúmenes de negociación como el trigo, la avena, el maíz, azúcar y demás tienen en el mercado de futuros una oportunidad para la gestión del riesgo de mercado de su actividad económica.

Supongamos un productor local de carne de ternero cree que el precio de la carne bajará. Observa que al no llover y generarse una sequía, llevará a un aumento del sacrificio de éstos animales ya que la alternativa del pienso implica mayores costes para el productor. Este aumento de los sacrificios implicará una sobreoferta que finalmente quedará repercutido en una bajada de precio de la carne.

A partir de la identificación de ese riesgo, el productor puede no hacer nada (decisión activa de riesgo) o bien gestionar su riesgo mediante el uso de derivados financieros. Por ello, el productor se dirige al mercado de futuros para realizar la venta de futuros, lo que implicará que habrá una contrapartida de compra o posición larga con diferentes expectativas que el productor, el especulador.

Antes del vencimiento del contrato, imaginemos que el productor ha acertado en su estimación sobre el precio y finalmente el precio del futuro de la carne de res ha bajado, al igual que el precio al contado. En ese momento, el productor tiene dos opciones: Ir a vencimiento del contrato o bien cerrarlo, mediante la compra de los mismos contratos de futuros que los que había vendido.

Lo normal es que el productor local de carne cierre su posición y con los beneficios de la venta de futuros compense las pérdidas generadas por la venta en su mercado local. En el supuesto contrario debería hacer frente al compromiso de entrega que estipula el mercado de contrato que supone una complicación adicional.

¿Cómo se hace una cobertura en activos financieros?

Para los inversores, las coberturas se basan en utilizar los derivados para que los inversores puedan proteger su cartera ante el riesgo de mercado de caídas mediante posiciones cortas. Para ello, se debe conocer un concepto, la Beta ponderada de la cartera, es decir, la sensibilidad de la cartera frente al índice de referencia. Ésta se obtendrá mediante las ponderaciones de la Beta de los valores que lo componen.

Utilizaremos un ejemplo para entenderlo mejor... Imaginemos que tenemos una cartera valorada por 40.000 euros con los siguientes valores y las Betas a un año correspondientes:

• BBVA: 10.000 euros (25% cartera); Beta 1,25.

• Dia: 15.000 euros (37,5% de la cartera); Beta: 0,58.

• Gas Natural: 8.000 euros (20% de la cartera); Beta: 0,87

• Telefónica: 7.000 euros (17,5% de la cartera); Beta: 1,09

Por lo tanto, la Beta de nuestra cartera de inversión será la ponderación de las Betas de los correspondientes valores:

(1,25x0,25) + (0,58x0,375) + (0,87x0,20) + (1,09x0,175) = 0,8947.

Dado que Beta es menor que uno, la cartera tendrá una sensibilidad menor a las variaciones del selectivo bursátil de referencia, en este caso, el Ibex 35. Es decir, si el Ibex 35 se mueve un punto porcentual a la alza o la baja, nuestra cartera se movería un 0,8947% en la misma dirección.

Ahora viene el paso del cálculo de la Ratio de Cobertura ante un riesgo de caída... Para ello debemos fijarnos en la cotización del futuro del futuro del índice de referencia, el Ibex 35. Imaginemos que en este supuesto, el futuro del Ibex cotiza a 8.805 puntos. Para saber cuantos contratos debemos de vender para proteger nuestra cartera aplicamos la siguiente fórmula:

Ratio Cobertura = Inversión cartera x Beta Cartera / Precio futuro sobre el índice de referencia (cotización x múltiplo del futuro del contrato)

Vayamos a ello... 40.000 euros x 0,8947 / 8.805 puntos x 1 euros (múltiplo del futuro Mini Ibex) = 4,065 contratos. Dado que los contratos son estandarizados optaremos por la venta de 4 contratos de futuros sobre el Mini Ibex para la cobertura de la cartera.

Utilizamos el contrato del Mini Ibex dado que el múltiplo por cada punto de variación es 1 euro. En el supuesto de utilizar el futuro del Ibex 35, cuyo múltiplo por punto es 10 euros, la Ratio de Cobertura de nuestra cartera sería del 0,406 y no se podría hacer una cobertura efectiva.

Llevando a cabo la cobertura, nos permitirá gestionar el riesgo de mercado, obteniendo beneficios de la posición corta que compensen, en gran medida, la pérdida de valoración de nuestra cartera. También hay que decir que ante subidas bursátiles, lógicamente el inversor se vería perjudicado ya que la revalorización de la cartera quedaría depreciada por la cobertura.