La desinflación es el proceso de desaceleración de la inflación, un término que fue utilizado por primera vez por la economista Susan Strange en 1978 para describir la disminución de las tasas de inflación durante la década de 1970.

Ocurre cuando la tasa de inflación se ralentiza, lo que puede ocurrir por varias razones. Una razón para la desinflación podría ser la reducción de la oferta monetaria. Esto puede suceder cuando hay un alto nivel de ahorro y bajos niveles de inversión en una economía. Desde el lado de la demanda, se puede deber por la menor la compra de bienes y servicios, y desde la oferta por una mayor productividad y eficiencia.

Durante la desinflación, los precios pueden subir, pero no tan rápido como lo habrían hecho si la inflación hubiera continuado acelerándose. La desinflación puede verse como una señal de que el crecimiento de una economía se está desacelerando y que puede estar en camino a una recesión.

Y esto es lo que está ocurriendo. La acción de los bancos centrales contra la inflación vía continuadas subidas de tipos de interés está dando sus frutos: las tasas de inflación se están controlando, aunque en el caso de Europa la desaceleración es muy leve y hay que esperar para confirmar el escenario:

La tasa de inflación anual de la Eurozona se redujo al 10% en noviembre de 2022 desde el máximo histórico del 10,6% registrado en octubre, superando las previsiones del mercado, que la situaban en el 10,4%, según las estimaciones preliminares. Los precios siguen con un empuje fuerte por lo que se ha producción la cuarta subida consecutiva de los tipos de interés que quedan en el 2,5%, su nivel más alto desde diciembre de 2008.

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El petróleo se utiliza como indicador adelantado a la evolución de los precios y lleva desde el mes de julio firmando continuados descensos, situándose alrededor de los 80 dólares.

Hace unos meses repasamos que sectores en bolsa se ven beneficiados con un entorno de inflación alta y creciente pero ¿qué ocurre cuando la inflación reduce su ritmo, pero sigue a tasas altas?

Para ello, observaremos el siguiente gráfico elaborado por el departamento de investigación de Goldman Sachs. En él se puede observar la media de rentabilidad mensual de las diferentes industrias cuando la inflación es alta pero está cayendo desde 1962. Y es en ese punto que hay que destacar el sector de equipos médicos, semiconductores, servicios de consumo, software, venta minorista, equipo eléctrico y transporte.

Este mejor comportamiento de estos sectores se deben a que cuando la inflación se desacelera, los márgenes empiezan a respirar por el control de los costes y el mercado descuenta esas expectativas, ofreciendo un mejor comportamiento que la bolsa. En este entorno los sectores de equipos médicos y semiconductores sobresalen.

Si nos dirigimos al sector de equipos médicos que es el que mejor comportamiento ofrece frente al mercado, con la inflación en auge, se produce un aumento del coste de materiales como metales, plásticos y productos químicos está disparando los costes de producción. Los precios de las materias primas para dispositivos médicos suben y, de hecho, se han disparado en los dos últimos años. Muchas empresas de productos sanitarios se enfrentan a la escasez de semiconductores y otros componentes críticos. El sector médico se enfrenta a un aumento significativo de los costes de transporte y a unos plazos de entrega más largos e imprevisibles.

El sector de semiconductores viene condicionado por la alta inflación. Pensemos que los electrodomésticos y casi todos los ámbitos de la vida nos harían creer que la demanda de esos pequeños chips sería imbatible y que la industria sería impermeable a una corrección importante. Así ha sido durante más de una década. Los últimos datos indican que el sector de los semiconductores está experimentando un retroceso, gracias a la contracción de la demanda a partir de julio.

El descenso gradual de la demanda de semiconductores es consecuencia directa de la presión sobre los costes debida a las subidas de los tipos de interés para contrarrestar la inflación y, por tanto, de la disminución del poder adquisitivo. Por esa razón, cuando las tasas de inflación se desaceleran, se le da aire a este sector. También debemos entender esa desaceleración de la escalada de precios como una consecuencia de la recuperación de las cadenas de suministro.

La noticia es más nostálgica que relevante, pues Duralex ya no es hoy lo que fue hace 50 años. Pero lo cierto es que la fábrica que mantenía en Orleans ha cerrado de forma temporal (pero sin fecha de finalización) debido a los altos costes energéticos.

Sus trabajadores seguirán cobrando el 95% de su salario a través de ayudas del Gobierno francés. Pero mientras los costes energéticos sigan siendo tan altos es imposible seguir con la producción. Pero no son los únicos. La industria europea está en jaque por los altos costes del gas y la electricidad.

Otras industrias paradas

La industria electrointensiva es aquella en la que la energía es el principal factor de producción. Cualquier industria que dependa fuertemente de la energía ha visto como desde finales de 2021 ha tenido un incremento de costes brutal que ha dejado tocada la competitividad de la fábrica.

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Algunos ejemplos son la siderúrgica Sidenor, que tienen que parar la producción cuando los precios se disparan; Arcelor Mittal en el País Vasco, que hace parones periódicos; también Alumansa hace parones selectivos según los precios se van moviendo.

Pero no solo las industrias "metaleras" (acero, aluminio) son electrointensivas: empresas de fertilizantes (Fertiberia), Pamesa (cerámica) o Michelin (neumáticos) están con la producción a medio gas, intentado adaptarse a cuando la energía es más barata.

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Y esto no es solo en España sino en toda Europa, como hemos podido ver en el caso de Duralex. Lo cierto es que si el problema fuera mundial no sería tan grave, ya que los costes serían los mismos en todas partes y, aunque la demanda bajaría, no se perdería competitividad.

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Sin embargo la situación en Europa es distinta a la que hay en EEUU o Asia. Aunque los precios del petróleo son bastante globales, los del gas y la electricidad son más bien locales. Los del gas son más económicos en EEUU, mientras que en Europa y Asia son más altos.

Los eléctricos en Europa dependen mucho del precio del gas, cosa que no pasa en otros mercados, y por tanto la competitividad de la industria electrointensiva está perdiéndose a pasos agigantados.

De momento las ayudas gubernamentales permiten mantener las infraestructuras paradas, pero la situación no puede continuar así de forma indefinida. Si se prolonga en el tiempo las paradas pasarán de temporales a permanentes. Y lo que se pierda será irremediable.

La inflación está disparada en todo el mundo. En España concretamente el último dato publicado por el INE nos da una inflación anual en junio de 2022 del 10,2%, siendo la tasa subyacente un 5,5%. Y no parece que vaya a bajar.

Los Bancos Centrales de todo el mundo están subiendo los tipos para contener este dato, el último en hacerlo ha sido el Banco Central de Canadá con una espectacular subida de 100 puntos básicos. Sin embargo estas subidas de tipos todavía no están frenando la inflación. Y curiosamente el teletrabajo podría ayudar a hacerlo.

Efectos de segundo orden

El principal problema de la crisis energética en la que nos encontrarnos es que empiece a propagarse a todos los sectores. Es decir, tenemos alta inflación por unos precios energéticos desmadrados y también por problemas en la cadena de suministros global. Pero una vez que tenemos alta inflación (sea por el motivo que sea) empieza a haber efectos de segundo orden.

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El mayor efecto es que los trabajadores empiezan a demandar mayores sueldos, para contener la sangría en las finanzas personales, ya sea en la misma empresa o cambiando de empleo. Y las empresas acaban cediendo porque de lo contrario la gente se va. Y sus costes aumentan y repercuten esta subida de costes en los precios de venta de los productos.

Es una espiral difícil de parar y por eso es importante atajar la inflación lo antes posible, para evitar estos efectos de segundo orden. Y curiosamente en EEUU se ha visto ya que el teletrabajo puede ayudar a parar esta espiral inflacionaria.

El teletrabajo como perk

Las empresas de EEUU están viendo que conceder teletrabajo a sus trabajadores hace que no sean tan exigentes con el sueldo. Es decir, el teletrabajo es como un beneficio al trabajador, un perk, que hace que no busque otras cosas como un sueldo mayor.

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Además tener a muchos empleados teletrabajando hace que las empresas reduzcan sus costes, ya que trasladan parte de los costes a los propios trabajadores. Por ejemplo una empresa con muchos teletrabajadores puede necesitar menos espacio de oficina.

Ambos efectos están ayudando a las empresas a contener sus costes fijos. Es cierto que los costes energéticos están ahí, pero si la masa salarial se contiene una vez que pase la crisis puede que la alta inflación no sea permanente.

¿Es trasladable esta situación a un país como España? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en España se teletrabaja mucho menos que en EEUU. Allí un 60% de los trabajadores lo hacen desde casa al menos un día a la semana, mientras que en España, en el año del lock-down (2020) solo el 37% de los trabajadores lo hizo desde casa, y ahora ese porcentaje ha bajado.

La automatización robótica de los procesos productivos o la prestación de servicios es una forma de tecnología de automatización que utiliza robots de software o trabajadores de Inteligencia Artificial.

Históricamente se ha pretendido que las actividades de fabricación y los flujos de materiales se comportaran automáticamente. Primero llevaron la robótica y la automatización al lugar de trabajo: liberar a los trabajadores humanos de trabajos sucios, monótonos o peligrosos; mejorar la calidad eliminando errores propios del factor humano y reduciendo la variabilidad; y reducir los costes de fabricación al reemplazar personas cada vez más caras con máquinas cada vez más baratas.

Sin embargo, los sistemas de automatización más avanzados de la actualidad tienen capacidades adicionales, lo que permite su uso en entornos que hasta ahora no han sido adecuados para la automatización y permite la captura de fuentes de valor completamente nuevas en la fabricación.

Costes laborales suben frente al descenso del precio de los robots

A medida que ha aumentado la producción de robots, los costes han bajado. Durante los últimos 30 años, el precio promedio de los robots se ha reducido a la mitad en términos reales, e incluso más en relación con los costes laborales.

Debido a este diferencial existente, cada vez más, ganan presencia las empresas que pueden ofrecer soluciones de automatización de los procesos productivos y robótica.

Los inversores se están fijando en el potencial de este sector de cara a los próximosaños. Según los informes más recientes, alrededor del 14% de los puestos de trabajo en el mercado laboral de la UE, que corresponde a aproximadamente 31 millones de trabajadores adultos, se enfrentan a un riesgo muy alto de automatización.

Al mismo timpo, 4 de cada 10 trabajos también tienen una posibilidad no trivial de ser transformados de alguna manera por la automatización: si bien es posible que no estén completamente automatizados, algunas de sus tareas y necesidades de habilidades probablemente cambiarán para complementar las tecnologías recientemente adoptadas.

Robótica y automatización en bolsa

No solo las proyecciones son muy prometedoras para este sector, sino que en bolsa empresas líderes como Intel Nvidia o salesforce están mostrando una fantástica rentabilidad en los últimos años.

Podemos observarlo en el selectivo MSCI World Select Top 30 Robotics Index que inccorpora las 30 mayores empresas que pueden beneficiarse de la creciente adopción y utilización de los robots y la automatización frente al MSCI World Index en representación de la bolsa global.

Como se puede apreciar, la rentabilidad anualizada del índice de las 30 empresas en los últimos cinco años ha sido del 19,71% frente el 13,25% de la bolsa global, una diferencia de seis puntos porcentuales.

Las empresas tecnológicas tienden a ser más volátiles pero si ajustamos ese riesgo a la rentabilidad ofrecida, el índice robótico está mejor posicionado.

Si la ratio sharpe anualizada del MSCI World Index en los últimos cinco años es de 0,81, el TOP 30 de las empresas robóticas y de automatización es sensiblemente mejor, 0,96.

Un punto interesante es que a pesar de ser más volátil, la caída en la crisis originada por la covid-19, el índice de las treinta empresas cayó un 33,37%, mientras que la bolsa global se hundió algo más hasta llegar a un recorte del 34,04%.

Las 'macrogranjas' están en el centro del debate en España en este convulso inicio de año. Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne española producida en estas instalaciones han encendido un debate político que va a centrar en las próximas elecciones de Castilla y León.

Y es que la industria cárnica es muy poderosa en nuestro país, ya que supone el 25,2% del total de la industria alimentaria, una actividad que supuso unos ingresos de 27.959 millones de euros en 2020, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Porque en España somos amantes de la carne. Se consume mucha más que en el resto de Europa y de la indicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como saludable para la dieta y evitar la aparición de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada español consume casi 50 kilos de carne al año -datos de 2020-, lo que se traduce en un gasto de que equivale a una media de 349,54 euros por persona al año (39,17 eros por persona/año más que lo gastado en 2019).

El debate sobre la calidad de la carne y las macrogranjas ha puesto el acento en un tipo de ganadería, predominante en España (el 80% de la carene de nuestro país), que busca maximizar los beneficios reduciendo costes, de ahí la crítica de Garzón a la calidad. Todo eso hace que los españoles paguen menos por comerse un filete que si predominara el modelo de ganadería extensiva y ética, cuyos costes son mayores.

¿Qué pasaría entonces? ¿Cuánto notaríamos la diferencia en la cesta de la compra?

Los costes más bajos de Europa

Según los datos Registro General de Explotaciones Ganaderas, las explotaciones de tamaño reducido o pequeño han disminuido en España en alrededor de un 50% desde el año 2007. En este mismo tiempo, las explotaciones clasificadas como Grupo 3, que, a falta de una definición de ámbito estatal, podemos entender como macrogranjas, han aumentado un 49%.

Y la razón es clara: las sucesivas crisis económicas se han llevado por delante buena parte de las pequeñas producciones, donde cuesta mucho más sacar rentabilidad que en las grandes. Es difícil establecer cálculos de cuánto más, pero vamos a intentarlo.

Un estudio del economista especializado en producción porcina Robert Hoste, del Instituto de Investigación LEI de la Universidad Wageningen de Países Bajos, señala que España tiene los costes de producción más baratos de la UE. En concreto, de 1,61E por kg de peso de sacrificio en caliente, frente a los 2,03€ de Suecia, el país donde son más caros.

Por su parte, los productores de carne de vacuno estiman que, coste medio de producción de un kilo de carne del animal en vivo ronda los cuatro euros.

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Ahora viene la parte de la ganadería extensiva. Este tipo de explotaciones pequeñas, que se centran en la calidad de vida de los animales, alimentándoles de buenos piensos y dejándoles pastar y vivir al aire libre tienen más costes. Porque sale mucho más barato comprar pienso para 5.000 vacas que para 100, ya que las grandes explotaciones optimizan más los costes.

Además, intentan que la carne tenga un precio justo para productor y comprador, pagando sueldos más elevados para que en el proceso no pierda nadie, o lo menos posible. Así, estiman que engordar a los animales y producir la carne puede costar el doble de caro que en una macrogranja.

Por lo tanto, si tomamos esta estimación como referencia, en caso de que el modelo de ganadería intensiva se vaya dejando atrás para favorecer la ganadería extensiva, el español medio podría pagar el doble por comerse un filete. Es decir, los 350 euros de media per capita que pagamos al año podrían pasar a ser unos 700 euros.

Un precio que el sector consideraría más acorde a lo que realmente le cuesta la producción. Pero respiren tranquilos, esto no va a pasar, a menos a corto plazo (hay planes a largo que están firmados en compromisos con la UE)

El Gobierno y la oposición se han lanzando en tromba a defender la ganadería y su status quo, pues hay muchos votos en juego, sobre todo en Castilla y León. Pero sí que la polémica invita a una reflexión y a no dar las cosas tan por sentadas, porque la ganadería, según el Ministerio para la Transición Ecológica, está detrás del 9,1% del total de emisiones de efecto invernadero en España, es decir, 24,8 millones de toneladas brutas de CO2. Casi nada.

Se suele decir que rentabilidades pasadas no garantizan no pueden ser una garantía de rentabilidades futuras, pero si sabemos cómo analizar un fondo de inversión, podemos aprender a buscar y discriminar, para tomar mejores decisiones de inversión, lo que puede aumentar las probabilidades de acertar con el producto financiero.

Hay una cantidad de parámetros que sirven para analizar un fondo de inversión. En este caso nos enfocaremos en los más importantes. El coste del producto que se repercute sobre nuestro patrimonio y parámetros de rentabilidad y riesgo.

Los costes reales de fondo y la importancia de la clase

El folleto simplificado del Fondo de Inversión tendemos a ver dos comisiones principales: la comisión de depósito y la comisión de gestión. Sin embargo, eso no significa que sean los costes que soporte el producto de inversión y por lo tanto que merman la rentabilidad final del inversor sean esos.

Lo podemos apreciar en el siguiente ejemplo de del fondo Caixabank Bolsa Gestion España, FI Clase Estandar Nivel de Riesgo C. En este caso, se nos presenta que la comisión de gestión es un 2,20% y la de depósito un 0,125%. Con estos datos podríamos pensar que la merma de nuestro patrimonio por adquirir este producto sería se 2,325 puntos porcentuales.

Esta cifra refleja una verdad parcial... y es que hay más costes que soporta el producto y van en contra el patrimonio gestionado. Entre estos costes tenemos los costes de administración, auditoría, costes de transacción y todos aquellos repercutidos en el valor liquidativo del fondo. En este caso y para este producto, los gastos corrientes o TER (total expansive ratio) ascienden a 2,39%.

Hemos mencionado que esta era la clase Estándar... pero hay más clases, en este caso se añaden la clase Plus y la clase Premium con un total de gastos corrientes de 1,70% y 1,27% respectivamente.

Esto sucede porque, en el caso de la Clase Estándar, la inversión mínima inicial asciende a 600 euros. Por en contrario, en las clases Plus y Premium la inversión mínima inicial es de 50.000 y 300.000 euros respectivamente.

Pero hay más... Los datos aportados no recogen la información sobre las comisiones que indirectamente soporta la clase de participación como consecuencia, en este caso, de la inversión en otras instituciones de inversión colectiva.

Nos dirigimos pues al folleto "comisiones y gastos de la clase correspondiente", la Clase Estándar. Y aquí vemos la verdad del producto, si sumamos los costes del producto y el pago a terceros**, nos dirigimos a **unos costes sobre el patrimonio del 3,48%. Es decir, inversimos 10.000 euros y, a valor liquidativo constante, cada año pagaríamos 348 euros por este producto.

No hay que ignorar las comisiones en su impacto a largo plazo. A diez años, esta comisión consumiría el 34,7% del patrimonio gestionado.

Enender su histórico con sus métricas más importantes

Otro de los puntos más importantes del fondo es cómo se ha comportado en su histórico. Para ello, debemos fijarnos en tres aspectos: Alfa, Beta y Ratio Sharpe.

En primer lugar, tenemos alfa que nos marca el exceso de rentabilidad obtenida del fondo frente a su índice de referencia o benchmark. Los buenos fondos de inversión son aquellos que recurrentemente lo hacen mejor que su objetivo. Si un fondo no genera alfa, la alternativa existente si queremos exposición a un determinado selectivo bursátil, debería ser un ETF o fondo índice que replique al índice de referencia, con unas comisiones sustancialmente inferiores.

Seguidamente tenemos la Beta, una medida de la sensibilidad que muestra el fondo de inversión frente al movimiento de un índice de referencia. Se utiliza para comprobar qué tan estable es un fondo cuando los mercados son volátiles.

Si la Beta es 1 en el fondo es igual de volátil que el índice y muestra la misma variación que el índice de referencia. Si es más de 1, sugiere que el valor del fondo se mueve de manera más acusada en comparación con el índice de referencia. Si beta es menor que 1, significa que la variación en el valor del fondo es menor en comparación con el índice de referencia.

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A partir de aquí, podemos plantearnos que el gestor puede ganar al índice de referencia y generar alfa porque está incrementando mucho la volatilidad del producto. Por eso hay que filtrar, mediante la rentabilidad ajustada al riesgo, la Ratio Sharpe.

La relación de Sharpe es la relación entre la rentabilidad en exceso del sobre la tasa libre de riesgo por cada unidad de riesgo asumida (volatilidad). Cuanto mayor sea el índice de Sharpe, mayor será la rentabilidad ajustada al riesgo y el gestor ofrecerá una mayor eficiencia en sus decisiones de inversión.

Tras meses contemplando como el mercado mayorista de la electricidad nos ofrecía récord sobre récord en el precio sobre el megavatio hora y ver cómo sus medidas previas habían sido estériles, el Gobierno se ha decidido a actuar contundentemente a través de un paquete de medidas que queda abarcado en el último decreto ley.

Este decreto nace en un determinado contexto. Ayer conocimos que el precio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy había pulverizado todos los récords anteriores, quedándose en 172,78 euros el mW hora. Y la factura para los consumidores ha aumentado un 35% en los 12 meses hasta agosto.

Hasta la fecha, el movimiento por parte del Ejecutivo para paliar la subida lo vimos el pasado mes de junio que ese trato de amortiguar el impacto de la cotización del gas en electricidad y el conjunto de la economía a través de una rebaja impositiva del IVA pasando del 21% al 10% hasta final del año para los suministros de 10 kW. Y, además, se decidió suspender Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre del año.

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En estas nuevas medidas que plantea el Gobierno se rebajaría el Impuesto Especial de la Electricidad hasta llegar al 0,5% (mínimo legal) desde el 5,11% y suspender hasta final de año el impuesto sobre el valor de la producción energética eléctrica que tiene un impacto con el 7% grabado en la generación.

Por lo tanto, la novedad en materia fiscal es la rebaja del este impuesto especial que lo recauda el Estado pero es para las autonomías que les repotaba alrededor de 1.500 millones de euros al año. Dado que las autonomías son las perjudicadas, se desconoce si recibirían compensación por otra vía.

Debido a que el Gobierno está ganando vía derechos de emisión del CO2, se busca aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

El Gobierno está jugando con los derechos de C02, pues van a recibir este año una recaudación récord de 2.300 millones de euros, el doble que la recaudación de este impuesto encubierto que condiciona los costes. Este punto recaudatorio no se va a tocar por lo que el impacto real es muy limitado.

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Estas medidas podrían ir en la línea correcta dentro del ámbito de actuación del propio Gobierno. Tarde, poco profundas por la cadena de impuestos del sector que reporta unos 11.000 millones, pero correctas porque implica bajar (insuficientemente) la fiscalidad.

El Gobierno tiene margen dentro de los costes regulados como los vinculados a las redes de transporte y distribución o los costes asociados al fomento de las energías renovables que suponen conjuntamente el 68% de los costes regulados. Son costes políticos que, al igual que sucede las pensiones, se puede imputar parcialmente en los PGE en detrimento de otras partidas presupuestarias.

Más allá de la fiscalidad: beneficios extraordinarios y topar el gas

Ahora entramos en las medidas más controvertidas. Este Decreto quiere minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. En principio, esta medida estaría en vigor hasta el 31 de marzo del 2022, en el momento el que se preverá que los precios del gas retornarán a la normalidad. Una medida puramente recaudatoria que vendría a reportar cerca de 2.600 millones.

El problema es cómo valoras ese "ingreso extraordinario" ¿sobre un diferencial de una media histórica? ¿Una estimación política de lo que deberían ingresar y han ingresado de más? La subjetividad solo genera incertidumbre en el sector, con el riesgo jurídico de que sea tumbado por los Tribunales y no tenga válidez en el ámbito europeo.

Este riesgo puede tener efectos no desados en términos de atracción de capital. Se necesita generar un marco de confianza para inversores, en un momento de salida de la crisis en el que España necesita miles de millones de euros de inversión privada para emprender los proyectos detrás de los ambiciosos objetivos de cambio climático.

La valoración que hacen desde el Ejecutivo es que dado que el precio del megavatio hora se está disparando, se benefician las tecnologías que soportan menores costes dentro de un sistema marginalista, principalmente las nucleares o centrales hidroeléctricas ya amortizadas o con bajos costes y las tecnologías limpias como la eólica y fotovoltaica.

Se nos ha tratado de vender que esos dineros irían a "topar el gas" pero realmente no será así. Tenemos que la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para familias y pymes actualiza aplicando una fórmula matemática trimestre a trimestre. El Real Decreto-Ley aprobado evitaría un crecimiento del 28% en la próxima revisión fechada el mes de octubre, dejándola en un 4,4% pero no se topa el gas... se difiere el pago "la diferencia se recuperará de un modo asumible en próximas revisiones, a partir de marzo". Lo que no paguemos hoy lo pagaremos mañana.

El precio mayorista de la electricidad en el mes de junio ha batido todos los récords. Con una media de 83,3 euros por MWh logró superar el anterior máximo de enero de 2017 de 71,49 euros. De hecho no ha sido raro ver días con valores muy cercanos a los 100 euros por MWh. Tanto que el Gobierno ha establecido mecanismos de alivio en la factura. Y todo esto teniendo en cuenta que hay energías muy baratas como la nuclear y las renovables.

El problema principal es que ha habido dos factores que han impulsado los precios: uno, que los derechos por CO2 han estado muy altos durante todo el mes; dos, los precios del gas también están disparados. Ambos factores han hecho que la generación por gas haya sido muy cara y debido al sistema de fijación de precios se ha pagado a todos los productores a dichos precios altos. ¿Por qué? Por el sistema marginalista de fijación de precios.

Fijar los precios de producción

Cuando estamos en un mercado competido hay que establecer un mecanismo para ver quien produce electricidad en cada momento y el sistema marginalista es lo que hace. Por un lado se ordena la demanda y por otro la oferta. Ambos se casan y el punto de corte establece el precio al que se paga a todo el mundo.

Lo mejor para entenderlo es verlo con un ejemplo, completamente inventado: en un momento determinado hay una demanda de 30.000 MW. En el lado de la oferta hay energía nuclear, 10.000 MW, a precio cero. Eólica, 10.000 MW, a precio cero. Luego energía solar, 3.000 MW a precio cero también. Después vienen los ciclos combinados (gas), 10.000 MW, a precio 80 euros / MWh. Y por último, carbón, 8.000 MW a 120 euros / MWh.

Al casar la oferta y la demanda quedaría así: 10.000 MW de nuclear, 10,000 MW de eólica, 3.000 MW de solar y 7.000 MW de ciclos combinados. Quedarían fuera parte de los ciclos combinados y el carbón. Y el precio de casación, el del gas, con 80 euros / MWh, se paga a todos los productores (nuclear, eólica, solar y ciclos combinados).

Ese es el motivo por el que al sistema se le denomina marginalista, porque se paga a todos el precio marginal de casar oferta y demanda, independientemente de lo que oferte cada uno. Y ese es el motivo por el que se está pagando a todos los productores, incluso a los "baratos", los precios caros del gas y las cuotas de CO2.

Otros sistemas de fijación de precios

Muchos cuando entienden el sistema piensan que esta forma de fijar los precios es injusta y que se paga de más por la electricidad, pero no es así. Este sistema es el que usan todos los países de la OCDE, es el fijado en la Unión Europea y es el que, en la teoría, da los precios más baratos.

La alternativa es un sistema "pay-as-bid" en el que cada ofertante recibe lo que oferta. ¿Y por qué este sistema no da precios más bajos? Porque los ofertantes se comportan de forma distinta.

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En el sistema marginalista los ofertantes con costes variables despreciables ofertan a precio muy bajo (cero en algunas ocasiones). Ahí se engloban las nucleares, eólica, hidraúlica, solar... son formas de producir la electricidad que no usan combustible (o el coste es despreciable, como en el caso de la nuclear). En general estas tecnologías tienen unos costes fijos (deuda, personal, etc.) y da igual si están paradas o si están a pleno rendimiento, los costes son los mismos. Por tanto quieren producir siempre, independientemente del precio que reciban.

En el caso de tecnologías fósiles, como el fuel, ciclo combinado o carbón, los costes variables son importantes. El precio ofertado es siempre superior al coste variable, el precio del combustible, para no perder dinero al producir. Por tanto hay un precio mínimo ofertado.

Por tanto en un sistema marginalista las tecnologías con coste variable despreciable ofertan a un precio muy bajo, en algunas ocasiones cero. Y las tecnologías con coste variable importante ofertarán a un precio que les permita cubrir sus costes variables.

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Si se cambia el sistema a un "pay-as-bid" las tecnologías de coste variable despreciable dejarían de ofertar a precio cero y emplearían otra estrategia, más complicada. Estudiarían el resto de centrales, su capacidad de producción, los precios de los costes variables de la competencia, etc. y ofertarían a un precio más alto pero que les permitiera ganar. Añadirían complejidad. Y la experiencia nos dice que los países que usan este sistema no logran precios más baratos.

¿Es necesaria una reforma?

Aunque en la teoría el sistema marginalista es el mejor y el "pay-as-bid" no proporciona mejores precios, lo cierto es que el mercado está cambiando. Cada vez hay una mayor dicotomía entre tecnologías sin costes variables y tecnologías con costes variables muy altos. Y por tanto en el futuro veremos precios bajos (cuando las tecnologías sin costes variables cubran la demanda) y precios altos (cuando tenga que entrar el gas). Y esto hace que habrá momentos de precios tan bajos que ni las tecnologías sin costes variables serán capaces de cubrir sus costes reales y otras ocasiones en las que se vean compensadas con creces.

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Esta dualidad viene motivada por la gran introducción de tecnologías renovables en el grid por un lado y también por cobrar por las emisiones de CO2 a las tecnologías fósiles. Y es algo que cada vez veremos más en el futuro, ya que estamos metiendo más renovables y por otro lado cobrando cada vez más por las emisiones de CO2.

Por tanto puede tener sentido irnos a un sistema de fijación de precios "pay-as-bid". Es una reforma que tiene que hacerse dentro de la UE, no es algo que dependa de España. Y según evolucione la red es algo que llegará a ser realidad. En media no habrá grandes cambios, pero en la práctica en lugar de ver altibajos en los precios veremos más estabilidad.

La factura eléctrica en España nunca ha dejado de ser un problema. Muchos se han visto alarmados por la nueva composición de la factura eléctrica que ha entrado en vigor. Han entrado en vigor determinados cambios por discriminación horaria que repercuten a todos los consumidores domésticos con potencia contratada igual o inferior a 15 Kw/h. Independientemente si se trata del mercado libre o regulado.

El objetivo de estas medidas es que el consumidor termine desplazando los hábitos de consumo debido a que en las horas valle el precio de la energía es un 95% inferior al precio en las horas punta y en las horas llano, un 69% inferior. Si los consumos se encuentran situadas en la hora punta tocará pagar más.

Ante estos cambios, muchos apuntan a las "malvadas empresas privadas energéticas con grandes beneficios", las "puertas giratorias" y un sinfín de chivos expiatorios para tratar de simplificar la realidad de un mercado en el que en la influencia de las decisiones privadas brilla por su ausencia.

Las opiniones más extremas, incluso, ponen el acento en la nacionalización de las energéticas, como si se tratara de una decisión política más sin costes asociados. Por ello, en primer lugar, vamos a tratar sobre la influencia de la regulación energética en los costes y su incidencia en el precio final y, seguidamente, qué el impacto de un proceso de nacionalización.

Los costes regulados suponen el 72% de la factura

Para entender la factura eléctrica podemos extendernos en diferentes conceptos: el coste de la energía, los costes regulados que vienen determinados por la tarifa de acceso, el margen para la comercializadora por los servicios prestados, el alquiler del equipo de medida y los impuestos aplicados.

En primer lugar, tenemos el coste de la energía que consumimos (27,7% de la factura). Este depende del precio que se fija en el mercado. El precio del mercado se determina para cada una de las horas del año a partir de las ofertas de venta de las empresas productoras de energía y las ofertas de compra de las empresas comercializadoras y consumidores.

A pesar de que la infografía nos marque "precio libre", cuando se hace referencia al coste de la energía en el mercado diario y el coste de los servicios de ajuste, no es del todo así.

Por ejemplo, los derechos de emisión han sido promulgados desde Europa para tratar de reducir los gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. El límite va bajando a lo largo del tiempo para hacer que disminuyan las emisiones totales y en consecuencia, su precio en el mercado no ha parado de subir. Sí se negocian en el mercado, pero es el regulador quién las oferta y su reducción provoca el auge de las cotizaciones de estos derechos.

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Todo acerca de los derechos de emisión de CO2 y por qué se están disparando de precio

En el coste de la energía ya se empieza a incorporar algunos costes regulados:

• Pagos por capacidad: Aquí encontramos el coste regulado cuyo objetivo es que exista un exceso de capacidad de producción de energía de la que realmente se necesita, con objeto de asegurar el suministro de electricidad a los consumidores.

• Operador del sistema: es la retribución del agente responsable de la gestión técnica del mercado, Red Eléctrica. Es el encargado de garantizar la coincidencia de la producción de energía y el consumo en tiempo real.

• Operador del mercado: es el agente responsable de la gestión económica del mercado, Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Su principal tarea se resume en casar las ofertas de venta y compra de energía y determinar el precio de la energía en cada hora del día.

En segundo lugar, tenemos los peajes del sistema. Aquí nos encontramos con los costes de las redes de transporte y distribución (20,5% de la factura): incluye los peajes a las empresas que construyen las líneas para transportar la energía desde las centrales de producción hasta los puntos de consumo. A pesar de que sea un coste necesario para hacer llegar la electricidad a los hogares, se trata de un coste regulado porque viene determinado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

En tercer lugar, aparecen los Cargos (30,4% de la factura) que vienen dirigidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

• Costes asociados al fomento de energías renovable es una retribución adicional a la que obtienen del mercado para incentivar la implantación de centrales de generación de energía renovable.

• Diferencial del coste de producción en los territorios no peninsulares. Debido al mayor coste de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, el territorio peninsular compensa ese sobrecoste.

• Anualidades para recuperar el déficit de ejercicios anteriores, motivado por la insuficiencia de los ingresos para cubrir los costes reconocidos.

• Pago a la CNMC que es el organismo responsable de establecer la retribución de las actividades de redes, los peajes de transporte y distribución y de supervisar el buen funcionamiento del mercado.

• Alquiler del equipo a medida: Los contadores eléctricos que miden el consumo son propiedad de la empresa distribuidora y su alquiler supone un gasto en la factura eléctrica que viene determinada por el Gobierno.

Y en último lugar tenemos los impuestos* (21,4% de la factura). Aquí nos encontramos con el tipo general del 21%. En términos medios, en la UE este impuesto es del 18% y países como Portugal ha decidido que a la electricidad se le cargue un 6% de IVA. A ello sumemos el Impuesto Eléctrico que representa el 5.1127%, y se aplica tanto en el término de potencia como en el de consumo de la factura de la luz.

En resumen, el poder político determina directamente el 72,3% de la factura eléctrica a través de peajes, cargos e impuestos y ostenta una eleva influencia en los costes de la energía que determinan el precio de mercado.

Asumir el coste de la nacionalización

A pesar del gran peso del regulador sobre la determinación de la factura eléctrica, ideológicamente muchos pueden pensar que las eléctricas, por razones de sector estratégico, deberían estar en manos del poder político en forma de empresas públicas.

A principios del año el Gobierno descartó esta opción, aunque Unidas Podemos que participa en la coalición sea favorable a la fórmula de nacionalizaciones. Y, hace un lustro, Izquierda Unida propuso la entrada en el 20% del capital de las empresas eléctricas del país.

Hay que tener en cuenta que toda nacionalización supone un coste. Hoy, las tres grandes eléctricas suman una capitalización bursátil por encima de los 100.000 millones de euros: Endesa (23.000 millones), Iberdrola de (68.000 millones) y Naturgy (21.000 millones).

Ya es lo suficientemente complicada la situación de las cuentas públicas para que el Gobierno de España se quiera embarcar en una aventura de nacionalizaciones en el sector energético.

Una política para movilizar recursos vía deuda (que hay que reducirla y no aumentarla) que terminaría generando una estructura de monopolio con precios regulados para influir sobre el 27,7% de la factura restante pero, de tal manera, que los precios regulados no comportaran pérdidas para la sociedad que deberían financiar los contribuyentes y que las inversiones a realizar para el mix energético deseado irían a cargo del contribuyente.

El desarrollo del comercio mundial, que ha crecido rápidamente con la globalización tiene un impacto en la influencia en los sistemas de pago. Surge la necesidad de rapidez, comodidad y seguridad en las transacciones financieras y de ahí nace la búsqueda de un sistema de pago fiable y fácil para los clientes de la banca.

El sistema de pago es un mecanismo que incluye los acuerdos utilizados para el pago a través de los intercambios entre individuos e instituciones financieras tanto a nivel nacional como mundial. El desarrollo de las transacciones de compra y venta que ya no tienen muros que limitan a las partes provocan el desarrollo de instrumentos de pago.

En este entorno descrito, la aparición de las criptomonedas ofrece una solución. Se trata de una moneda digital que utiliza tecnología criptográfica como seguridad que es difícil de ser falsificada, donde las transacciones pueden o deben hacerse vía online, y cada dato queda encriptado utilizando ciertos algoritmos criptográficos. Y la diferencia de la criptomoneda con respecto a monedas existentes es que la criptomoneda no es emitida por la autoridad central, no hay interferencia o manipulación por parte del gobierno.

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La destrucción monetaria es responsable del auge del Bitcoin

Al igual que las monedas y los billetes, el dinero digital debe ser anónimo y a prueba de falsificaciones. La gente debería poder utilizarlo sin la intermediación de los bancos, del mismo modo que el efectivo tradicional se utiliza fuera del sistema bancario. Pero a diferencia del efectivo tradicional, los particulares, y no un banco central, crearían estas monedas digitales. Los particulares, y no el gobierno, se beneficiarían del señoreaje.

El libro blanco que dio inicio a bitcoin en 2008 esbozaba una forma de crear y operar un sistema de dinero electrónico descentralizado. El sistema de pagos no estaría bajo el control de un banco o una autoridad central. En su lugar, un gran número de participantes independientes lo gestionaría. El documento utilizaba las técnicas criptográficas existentes de claves públicas y privadas para crear identificaciones anónimas y anónimas y seguras. Con estos elementos, el dinero electrónico podría ser anónimo y a prueba de falsificaciones.

Sin embargo, se han puesto de manifiesto graves limitaciones y el triunfo de las criptomonedas como medio de pago depende de ciertos factores a resolver.

El primero de todos está vinculado al coste de funcionamiento. El sistema consume actualmente unos 53 TWh de electricidad al año, cifras próximas a Noruega o Argentina. El coste de la electricidad utilizada para procesar una sola transacción media puede alimentar a unos cinco hogares de un país de renta alta durante un día.

Es probable que estos costes de electricidad aumenten. Como los beneficios de los mineros siguen siendo elevados, se está añadiendo más potencia informática a la red, lo que aumenta la dificultad del rompecabezas. La gente que utiliza la red para transferir bitcoins no experimenta directamente estos costes, porque los mineros son pagados principalmente a través del señoreaje en lugar de las tasas. Pero los costes en términos de uso de electricidad, y la consiguiente carga para el medio ambiente, son reales y hay que tenerlos muy presentes.

Otra cuestión mencionar es que la potencia de los ordenadores se ha concentrado más. Algunas empresas han instalado una enorme capacidad informática en grandes fábricas dedicadas, utilizando chips especializados. Su explotación de las economías de escala conduce a la concentración del poder de mercado. El lado negativo de esta cuestión es que la concentración de poder informático hace que la red sea más vulnerable a ataques maliciosos. Incluso sin ataques, si el mercado se convierte en un oligopolio, los mineros podrían manipular las tarifas de las transacciones, negarse a procesar ciertos tipos de transacciones o negar el servicio a los usuarios.

Pero el mayor problema viene desde el lado de la propia operativa. Existe una falta de escalabilidad del sistema de pago. Se limita la adición de nuevos bloques a uno cada 10 minutos y cada bloque a un tamaño máximo de 1 MB. El número medio de transacciones que pueden incluirse en un bloque de este tamaño es de 2.000. En su forma actual, la red de pagos bitcoin sólo puede procesar tres transacciones por segundo. En contraste, las compañías de tarjetas de crédito procesan miles de transacciones por segundo. Esta limitación hace imposible que el bitcoin, con esta tecnología, sustituya a los sistemas de pago digital a gran escala.

La mayoría de los debates en la comunidad de la criptomoneda giran en torno a los mecanismos para hacer superfluos a los intermediarios de confianza. Pero otra cuestión importante es la de saber si las criptomonedas cumplen las funciones tradicionales del dinero. Y esa es otra de las grandes preguntas ¿las criptomonedas hacen la función de dinero?

Nuestro dinero es útil porque puede servir como medio de intercambio, unidad de cuenta y como depósito de valor. Al igual que otras formas de dinero electrónico, las criptomonedas tienen ventajas sobre los productos físicos como el oro o los billetes: más fáciles de almacenar y de transferir a grandes distancias. Sin embargo, algunos inconvenientes inherentes a las criptomonedas las hacen menos óptimas que las monedas de curso legal en la mayoría de los países.

El inconveniente más importante es la volatilidad del poder adquisitivo, es decir su tipo de cambio con respecto a la moneda de curso legal. Esa volatilidad del poder adquisitivo hace que sea muy arriesgado aceptarlas como medio de intercambio. También los hace subóptimos como depósito de valor, ya que no hay garantía de que su valor no caiga a cero.