El mercado laboral español no fue tan brillante en 2025 como se vendió. Por primera vez desde la salida de la pandemia, las subidas retributivas han quedado por debajo de lo acordado en la negociación colectiva.

 En concreto, el salario medio avanzó un 3,2%, mientras que los incrementos pactados entre empresas y sindicatos alcanzaron el 3,5%.

Este desfase rompe con la tendencia observada entre 2021 y 2024, cuando los sueldos crecían por encima de lo firmado en convenios, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto de la inflación.

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Ahora, el comportamiento vuelve a asemejarse al periodo previo a la pandemia, cuando las mejoras salariales efectivas quedaban sistemáticamente por debajo de lo acordado en el diálogo social.

Inflación, impuestos y el desgaste del poder de compra

Aunque el incremento salarial nominal ha superado la inflación media de 2025, situada en el 2,7%, el análisis completo revela una realidad menos favorable para los trabajadores. El poder adquisitivo apenas ha logrado recuperarse respecto a 2019 y, en algunos segmentos, continúa deteriorándose.

El factor clave está en la diferencia entre salario bruto y salario neto. A medida que crecen los ingresos nominales, también lo hace la carga fiscal. La falta de actualización de los tramos del IRPF en línea con la inflación provoca que muchos trabajadores paguen más impuestos sin haber mejorado realmente su capacidad de compra.

A esto se suman mayores cotizaciones sociales, derivadas de mecanismos recientes orientados a reforzar el sistema de pensiones.

El resultado es que, en términos reales, el salario neto medio ha retrocedido cerca de un 3,8% desde 2019. Es decir, los trabajadores disponen de menos capacidad para consumir pese a cobrar más en términos nominales.

Diferencias entre jornada completa y parcial

El impacto no es homogéneo en todo el mercado laboral. Los asalariados a tiempo completo, que representan la mayoría del empleo en España, son los que más acusan la pérdida de poder adquisitivo.

Según los datos disponibles, este colectivo aún no ha recuperado los niveles de capacidad de compra previos a la pandemia y acumula una caída cercana al 2% en términos reales desde 2019.

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Por el contrario, los trabajadores a tiempo parcial han experimentado un comportamiento más favorable, con incrementos reales superiores al 3% en el último año.

Sin embargo, este dato debe interpretarse con cierta cautela. Parte de esta mejora responde a cambios en la composición del empleo, como la desaparición de pequeñas empresas o el aumento relativo de compañías con mayores salarios, lo que distorsiona la estadística.

Además, la subida del salario mínimo interprofesional ha tenido un efecto relevante en este segmento, elevando las bases salariales más bajas y contribuyendo a mejorar los registros agregados.

Sectores ganadores y perdedores

El análisis por sectores muestra una evolución desigual de los salarios. La logística destaca como el ámbito con mayor crecimiento acumulado desde 2019, con incrementos que alcanzan el 46% en jornadas parciales y el 15% en empleos a tiempo completo. Solo en el último año, este sector ha registrado una subida del 5,8%.

También presentan avances significativos las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con un crecimiento del 5,4%.

En cambio, el sector artístico y del entretenimiento es el único que refleja una caída, con un descenso cercano al 4%, lo que evidencia la fragilidad de ciertas ramas vinculadas a la cultura y el ocio.

La industria manufacturera, por su parte, mantiene una evolución más moderada, con un aumento del 3,3%, en línea con la media nacional.

La percepción social: más ingresos, menos capacidad real

Más allá de los datos agregados, la percepción de los ciudadanos refuerza la idea de una pérdida generalizada de bienestar económico.  Una amplia mayoría de la población considera que ha visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años.

Este sentimiento se explica no solo por la evolución de los salarios, sino también por el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la energía o los alimentos. Incluso en un contexto de moderación de la inflación, los niveles de precios alcanzados durante los años anteriores siguen condicionando el gasto de los hogares.

Además, el aumento de la presión fiscal y de las cotizaciones sociales ha reducido el margen disponible en los ingresos netos, lo que intensifica la sensación de pérdida de capacidad económica.

No, no todo ha sido tan boyante como se nos ha vendido.

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El comienzo del año ha dado lugar a una cifra simbólica que resume muy bien la política económica desplegada desde 2018: el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanza el centenar de incrementos impositivos y de cotizaciones sociales acumulados a lo largo de sus años en el poder.

Este umbral no es únicamente una referencia numérica. Representa un modelo de gestión caracterizado por una recaudación creciente, una intervención fiscal constante y un aumento sostenido del esfuerzo exigido a contribuyentes y empleadores.

Una barrera fiscal con efectos inmediatos

Las medidas que entraron en vigor el 1 de enero refuerzan, más si cabe, esta tendencia. Las cotizaciones sociales vuelven a incrementarse con la elevación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que alcanza ya el 0,9%, encareciendo de forma directa el coste laboral.

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A ello se suma el endurecimiento de la llamada Cuota de Solidaridad, que grava los salarios más altos con tipos que superan el 1,4% en los tramos superiores, al tiempo que la base máxima de cotización rebasa los 5.100 euros mensuales.

El impacto no se limita al mercado de trabajo. La fiscalidad inmobiliaria también se ve afectada por la revisión al alza de los coeficientes aplicables a la plusvalía municipal, lo que penaliza especialmente las transmisiones de vivienda a corto plazo.

Todo ello se produce mientras el debate sobre nuevos tributos energéticos y medioambientales, como el que afecta al diésel, sigue latente y genera incertidumbre en amplios sectores de la clase media.

Recaudación récord sin saneamiento financiero

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Estado ha ingresado aproximadamente 513.000 millones de euros adicionales. Se trata de un volumen de recursos sin precedentes recientes, obtenido a través de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, en un periodo marcado por la recuperación pospandemia y por una inflación elevada.

Sin embargo, este aumento de ingresos no ha tenido como contrapartida una mejora equivalente de las cuentas públicas. La deuda del conjunto de las administraciones se ha incrementado en torno a 507.000 millones de euros en el mismo intervalo, lo que evidencia que el esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos no ha servido para reducir el endeudamiento estructural.

El resultado es un balance casi simétrico entre lo recaudado de más y lo adeudado, una paradoja que alimenta el debate sobre la eficiencia del gasto público.

Pérdida de poder adquisitivo generalizada

El efecto combinado de impuestos, cotizaciones e inflación ha erosionado la capacidad de compra de la mayoría de los hogares.

Datos oficiales y estimaciones económicas coinciden: cerca del 80% de la población reconoce haber perdido poder adquisitivo desde 2018.

Aunque los salarios nominales han aumentado, el ritmo ha sido insuficiente para compensar la subida de precios y la mayor carga fiscal, especialmente ante la negativa del Gobierno a ajustar los tramos del IRPF a la inflación.

El deterioro es transversal. Los empleados públicos figuran entre los más afectados, con pérdidas acumuladas que superan los 5.900 euros en rentas medias durante el periodo más reciente con datos consolidados.

En los salarios más bajos del sector público, la merma también resulta significativa. En el ámbito privado, trabajadores con sueldos en torno a los 26.000 euros anuales han visto reducirse su capacidad de compra en más de 2.000 euros, mientras que en las rentas medias-altas el impacto supera ampliamente los 5.000 euros.

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Ni siquiera los pensionistas han quedado al margen. Pese a la revalorización vinculada al IPC, el cambio de fórmula aplicado en 2021 dejó sin actualizar un ejercicio clave, precisamente cuando la inflación alcanzó máximos. Como consecuencia, una pensión media ha perdido más de 1.200 euros en términos reales.

El reflejo social de la presión fiscal

La evolución de los precios de los alimentos ilustra con claridad este escenario. La cesta de la compra es hoy cerca de un 40% más cara que al inicio de la etapa socialista, lo que ha transformado un gasto básico en una fuente constante de preocupación para miles de familias. Llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío cotidiano, incluso para hogares que antes mantenían una situación holgada.

Este contexto económico tiene un correlato social preocupante. Más de un tercio de los menores en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, uno de los peores registros de la Unión Europea. En el conjunto de la población, el porcentaje supera el 25%, situando al país entre los Estados miembros con peores indicadores en este ámbito.

El Gobierno suele defender su gestión apoyándose en el crecimiento del PIB nominal, pero este avance no se traduce en bienestar real por habitante. Cuando se descuenta el efecto de la inflación y de la mayor carga tributaria, el crecimiento pierde buena parte de su significado práctico para los ciudadanos.

El inicio de 2026 confirma la continuidad de este enfoque. Lejos de una corrección, las nuevas medidas profundizan en una estrategia orientada a sostener un gasto público en expansión, mientras la deuda sigue creciendo de forma silenciosa.

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Una vez más. El calendario de jubilación en España volverá a modificarse. También en 2026.

Y aunque el debate suele centrarse en las pensiones ya reconocidas, los mayores cambios van a afectar a quienes todavía están en activo y deberán adaptarse a un sistema cada vez más exigente con los años cotizados.

La reforma aprobada hace más de una década continúa desplegándose paso a paso, y sus efectos serán muy visibles a partir del próximo enero.

La transición hacia edades de retiro más elevadas fue diseñada para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema en un contexto de envejecimiento demográfico.

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Ese ajuste, iniciado hace más de diez años, avanza de forma gradual: cada ejercicio se incrementan tanto los requisitos de cotización como la edad necesaria para jubilarse. En 2026 se da un nuevo salto en esa dirección, que afectará de forma distinta según la trayectoria laboral de cada persona.

Un sistema con dos edades legales de jubilación

Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2011, España convive con dos edades ordinarias de jubilación.

La razón es sencilla: se premia a quienes acreditan trayectorias laborales extensas y se retrasa el retiro para quienes no alcanzan determinados periodos de cotización.

El modelo, recogido en la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social, fija un calendario progresivo que culminará en 2027.

Para 2026, este mecanismo supondrá un cambio relevante. Quienes hayan cotizado lo suficiente mantendrán la posibilidad de retirarse a la edad anterior a la reforma. Por el contrario, quienes no alcancen ese umbral deberán trabajar más tiempo.

Esta diferenciación, que se amplía cada año, refleja el objetivo de vincular más estrechamente la edad de retiro con la vida laboral efectiva.

Cómo queda la edad de jubilación en 2026

En 2026 se consolidan dos escenarios. Las personas con trayectorias largas, es decir, quienes alcancen 38 años y tres meses cotizados, podrán retirarse a los 65 años. Sin embargo, quienes no lleguen a ese nivel deberán esperar a los 66 años y 10 meses, lo que supone dos meses más de trabajo respecto al calendario vigente en 2025.

Este desfase se amplía progresivamente y marca una diferencia significativa entre trabajadores con carreras estables y aquellos cuyas cotizaciones han sido más irregulares.

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La distancia entre ambos grupos refleja además un desafío estructural: muchos ciudadanos no alcanzan las cotizaciones necesarias debido a periodos de desempleo, parcialidad o interrupciones laborales.

El impacto en quienes aspiran a jubilarse de forma anticipada

Las modificaciones en la edad ordinaria tienen efectos directos en la jubilación anticipada, ya que los adelantos permitidos dependen de ese umbral de referencia.

La normativa busca evitar que los adelantos reduzcan excesivamente la vida laboral total, por lo que los ajustes en la edad ordinaria repercuten automáticamente en la anticipada.

En 2026, la modalidad de carácter voluntario permitirá el retiro desde los 63 años para quienes hayan alcanzado los 38 años y tres meses de cotización. En cambio, quienes no cumplan ese requisito deberán esperar hasta los 64 años y diez meses.

La diferencia ilustra cómo la cotización acumulada condiciona cada vez más la flexibilidad para adelantar el retiro. La reducción máxima sigue siendo de dos años sobre la edad ordinaria.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, vinculada a despidos o reestructuraciones empresariales, se mantiene un adelanto máximo de cuatro años.

Esto implica que los trabajadores con cotizaciones extensas podrán retirarse desde los 61 años, mientras que quienes no alcancen la cifra exigida deberán esperar a los 62 años y diez meses. Esta modalidad, aunque más accesible, también se ve condicionada por la evolución del calendario de reformas.

Una reforma que avanza hacia 2027

Lo que ocurrirá en 2026 no es un punto final, sino una etapa más dentro de un proceso que culminará en 2027, cuando se estabilizará la nueva arquitectura del sistema.

Ese último hito establecerá de forma definitiva la edad legal en 67 años para quienes no cumplan los requisitos de cotización y mantendrá los 65 años para quienes acrediten una carrera laboral suficientemente prolongada.

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Los autónomos son un pilar esencial de la economía española, pero su futuro financiero continúa siendo incierto. Todo un clásico.

Mientras el Gobierno ajusta el modelo de cotización y las cuotas mensuales según los ingresos reales, el debate sobre la pensión que les espera en la jubilación parece nunca llegar a ninguna conclusión clara.

Los últimos datos oficiales reflejan una realidad muy preocupante: la mayoría de quienes han cotizado bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se retiran con pensiones muy por debajo del umbral de los asalariados.

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Aunque recientemente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado subidas moderadas de las cuotas para quienes más ganan —en torno a un 2,5%—, el verdadero problema no está tanto en los incrementos actuales como en décadas de cotizaciones mínimas.

Este modelo ha generado una brecha insalvable entre autónomos y trabajadores del régimen general.

Qué explica la brecha entre asalariados y trabajadores por cuenta propia

Según los datos del propio Ministerio de Inclusión, los jubilados del RETA cobran de media 1.010,94 euros mensuales. En cambio, quienes han trabajado por cuenta ajena perciben 1.667,54 euros, una diferencia de más de 650 euros cada mes.

Este desequilibrio no es casualidad. La raíz está en las bases de cotización, que históricamente han sido mucho más bajas para los autónomos.

Mientras que un trabajador asalariado cotiza sobre una base mínima de 1.391,70 euros, la base general mínima del autónomo apenas alcanza los 950,98 euros, y puede ser incluso inferior si pertenece a la tabla reducida, fijada en 653,59 euros mensuales.

Aunque existe la posibilidad de elegir una base superior, el 86,6% de los autónomos opta por la mínima, según el informe anual de 2023 del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto se traduce en cotizaciones muy reducidas y, en consecuencia, pensiones futuras más bajas.

Un sistema que penaliza la baja cotización

El sistema de pensiones español funciona bajo un principio contributivo: se cobra en función de lo que se ha aportado. En el caso de los autónomos, la combinación de cuotas bajas y carreras de cotización irregulares provoca una gran desventaja. De hecho, solo el 3% cotiza de forma constante por bases altas durante toda su vida laboral. La mayoría decide aumentar la base a partir de los 55 años, una medida tardía que apenas tiene efecto en el cálculo de la pensión.

La Ley 27/2011 y las reformas posteriores han establecido que el cálculo de la pensión se realiza sobre las bases de cotización de los últimos 25 años. Esto significa que incrementar la cuota en los últimos ejercicios laborales tiene un impacto limitado. 

La futura reforma de 2026, que introducirá un sistema dual de cálculo, podría corregir parcialmente esta desigualdad, aunque la Seguridad Social insisten en que los efectos no serán inmediatos.

Cuántos jubilados viven con menos del salario mínimo

La magnitud del problema se evidencia en los datos más recientes: más de 1 millón de jubilados autónomos cobran menos del salario mínimo interprofesional (1.184 euros).

Según cifras del Ministerio, el 77,9% de los pensionistas del RETA perciben menos de esa cantidad. Es decir, tres de cada cuatro viven con ingresos mensuales que no alcanzan el umbral mínimo establecido por el Gobierno.

Solo un 0,2% de los pensionistas autónomos supera los 3.200 euros mensuales, una minoría que se corresponde con perfiles de cotización alta o con complementos especiales, como el de reducción de la brecha de género. Por tanto, el sistema actual genera una pirámide desequilibrada en la que casi todo el peso recae en pensiones de subsistencia.

Desigualdades entre provincias y sectores

La pensión media de los autónomos varía significativamente según la provincia. Gipuzkoa lidera el ranking con 1.185 euros mensuales, seguida de Bizkaia y Navarra, mientras que en Ourense y Lugo no se alcanzan los 800 euros.

Las diferencias geográficas están estrechamente ligadas a los sectores predominantes: las regiones con más profesionales liberales o autónomos de alto valor añadido tienden a registrar pensiones superiores.

Por otro lado, los territorios con mayor presencia de pequeños comerciantes o autónomos del sector servicios presentan las pensiones más bajas. Estas desigualdades internas reflejan también la fragmentación del sistema y la falta de mecanismos que equilibren los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.

Qué ocurre si se cotiza siempre por la base mínima

Un trabajador autónomo que haya cotizado durante 36 años y medio por la base mínima percibirá, según las proyecciones de la Seguridad Social, una pensión aproximada de 815 euros mensuales en 2025.

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Esa cifra podría verse complementada hasta el mínimo legal mediante el complemento a mínimos, pero aun así se sitúa muy lejos de la pensión media del régimen general. El problema de fondo es que cotizar por debajo de la base recomendada durante décadas deja una huella casi irreversible en la jubilación.

Este escenario explica por qué muchos autónomos continúan activos más allá de la edad legal de retiro: la pensión no les garantiza un nivel de vida digno. De hecho, la edad media de jubilación en el RETA se sitúa en 66 años y medio, medio año más tarde que en el régimen general, según los últimos registros oficiales.

La reforma que nunca llega

Aunque el nuevo sistema de tramos basado en ingresos reales pretende corregir parte de estas desigualdades, su aplicación será gradual.

El verdadero desafío no está solo en subir las cuotas, sino en fomentar una cultura de cotización adecuada y sostenida en el tiempo. Si el 85% continúa cotizando por lo mínimo, el resultado seguirá siendo el mismo: pensiones bajas, precariedad en la vejez y una dependencia creciente de los complementos públicos.

El futuro de la jubilación de los autónomos pasa por un equilibrio entre sostenibilidad del sistema y justicia contributiva. La cuestión es: ¿realmente cómo? El debate continua abierto.

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Lo que debía ser una transición gradual de nueve años va camino a convertirse en un ajuste exprés.  El nuevo cuadro de cotización que la Seguridad Social ha propuesto a los agentes sociales elevaría las cuotas de los autónomos hasta niveles previstos originalmente para 2032, acelerando cuatro años el calendario diseñado por el exministro José Luis Escrivá.

El objetivo oficial es garantizar la sostenibilidad del sistema y reforzar las contribuciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sin embargo, la lectura política y económica es más amplia: el Gobierno busca aumentar ingresos con rapidez en un momento en que el gasto en pensiones y prestaciones sociales (por ejemplo, los reiterados aumentados del salario mínimo) crecen a un ritmo récord.

Adiós a la progresividad

El nuevo esquema de tramos, que abarca el periodo 2025–2028, propone una revisión generalizada al alza en prácticamente todos los niveles de ingresos. Según los cálculos difundidos por la Federación ATA, los autónomos con rendimientos inferiores a 8.000 euros anuales pasarían de pagar 2.400 euros al año en 2025 a 2.608 en 2026, un incremento del 8,7 %.

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En los tramos medios, donde se concentra la mayor parte del colectivo (entre 18.000 € y 32.000 € de rendimientos netos), las subidas se mueven entre el 9 % y el 12 %, mientras que los autónomos con rentas superiores a 72.000 € llegarían a pagar 1.208 euros al mes en 2028, prácticamente el mismo nivel que el plan Escrivá preveía para 2032.

Según el cuadro publicado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), las cuotas anuales crecerían entre un 11 % y un 100 % respecto a las actuales, dependiendo del tramo. El salto más llamativo está precisamente en el ritmo: el modelo inicial diseñado por Escrivá en 2022 preveía incrementos anuales del 2–5 % para alcanzar las cuotas definitivas en nueve años.

El nuevo borrador las concentra en apenas tres, con un calendario más agresivo y menor margen de adaptación para los trabajadores por cuenta propia. 

Según el portal especializado Infoautónomos, el plan original fijaba para 2032 una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 1.267 euros mensuales, partiendo de los 200–590 euros previstos para 2025.

La nueva propuesta del Gobierno alcanzaría esos niveles ya en 2028, lo que supone acelerar cuatro años el horizonte de cotización previsto en la reforma de Escrivá.

Sostenibilidad y presión presupuestaria

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ahora dirigido por Elma Saiz, justifica la reforma como una actualización técnica por inflación y evolución salarial, destinada a mantener el equilibrio financiero del RETA.

En 2024, el sistema registró un déficit estructural cercano al 0,7 % del PIB, según la AIReF, debido a la combinación de mayores prestaciones y menor recaudación por cotizaciones.

El Ejecutivo defiende además que las nuevas cuotas reforzarán el fondo para cese de actividad, que actualmente deniega seis de cada diez solicitudes, y permitirá consolidar un sistema “más equitativo y contributivo”. Saiz ya avanzó en septiembre que “el sistema debe acompasar sus bases mínimas a la evolución del SMI y de los ingresos medios”.

La estrategia también responde a los compromisos adquiridos con Bruselas, por los cuales la Comisión Europea ha instado a España a reforzar la contributividad del sistema antes de 2030 como parte del programa de estabilidad fiscal asociado a los fondos Next Generation EU.

Quién gana y quién pierde

La reforma mantiene la filosofía progresiva (quien más gana, más cotiza), pero acelera el esfuerzo en los tramos medios, que agrupan al grueso del tejido productivo: un autónomo con 30.000 euros de ingresos netos pasará de abonar 4.680 euros en 2025 a más de 5.142 en 2026, unos 460 euros adicionales al año.

Para los profesionales con ingresos más altos, la subida puede alcanzar los 2.500 euros anuales, mientras que los que declaran menos de 8.000 euros apenas notarán un aumento de 200 euros al año.

© ATA

En términos comparativos, el nuevo sistema adelanta cuatro años las cuotas previstas por el plan Escrivá. Lo que debía alcanzarse en 2032 se logrará en 2028.

La falta de previsibilidad se une a los aumentos en las cotizaciones sin progresividad: los autónomos con ingresos irregulares (como los del comercio, la cultura o el turismo) se enfrentan a un calendario de subidas aceleradas sin margen de planificación, lo que puede reducir liquidez y aumentar la economía sumergida.

Fractura en el diálogo social

La propuesta ha reavivado la fractura entre el Gobierno y las principales organizaciones del sector. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denunció que “ni los que apenas facturan 300 euros al mes se librarán de pagar más” y calificó la medida de “nuevo sablazo” para el colectivo.

En este sentido, la ATA ya ha advertido que no respaldará ninguna reforma mientras no se corrijan los errores de regularización ni se amplíe el acceso al cese de actividad. Por el contrario, UPTA y UATAE se muestran favorables a una actualización de las cuotas “para garantizar la sostenibilidad del sistema”, aunque piden más progresividad y medidas transitorias para autónomos con ingresos variables.

En el plano político, partidos como PP y Junts han avanzado que no apoyarían la medida si llega al Congreso sin consenso previo, según Europa Press.

En pocas palabras, el Ministerio prevé aprobar el nuevo cuadro de cotizaciones mediante Real Decreto antes del 1 de enero de 2026, con revisiones automáticas en 2027 y 2028. A partir de ahí, el sistema se estabilizaría en función de la evolución de precios y salarios, aunque sin descartar nuevos ajustes si la inflación se mantiene por encima del 2 %.

El horizonte final es claro: en apenas tres años, los autónomos estarán pagando las cuotas que el plan original reservaba para dentro de una década. En términos macroeconómicos, la reforma refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora la equidad contributiva.
En la práctica, se sigue acelerando una carga que recae sobre un tejido autónomo ya tensionado por la inflación, el alza del SMI y la pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno ha optado por anticipar el futuro para consolidar ingresos; el riesgo

Los datos lo confirman: el relevo generacional ya no es una previsión, es una realidad que sigue acelerándose en España. La jubilación masiva de la generación baby boom ya ha comenzado, y sus efectos se notan cada vez más en las estadísticas de la Seguridad Social.

Las altas netas de pensionistas se disparan, mientras la brecha entre las nuevas pensiones y las antiguas presiona aún más el sistema, que afronta  así una de sus mayores pruebas de resistencia, en un contexto donde el número de pensionistas, el gasto por pensión y el déficit del sistema avanzan en paralelo.

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Una de las señales más claras del inicio del cambio es el dato de altas netas: es decir, la diferencia entre personas que entran al sistema de jubilación y las que lo abandonan.

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En los últimos meses, esa cifra ha alcanzado máximos no vistos desde la década de 2000. Según un gráfico difundido por Jon González en X, antes Twitter, las altas netas han superado las 9.000 en febrero de 2025, tras un breve descenso a finales de 2023.

Además, se está consolidando otro fenómeno que añade presión: la diferencia entre la pensión media de alta (las nuevas jubilaciones) y la pensión media de baja (las que salen del sistema) supera ya los 300 euros, una brecha que sigue aumentando y que implica un crecimiento sostenido del gasto por pensionista.

Déficit al alza

El impacto económico de este cambio demográfico sigue traduciéndose en cifras  cada vez más preocupantes. Según las proyecciones de la AIReF, el gasto en pensiones contributivas pasará de 232.760 millones de euros en 2025 a 291.082 millones en 2029, mientras que los ingresos por cotizaciones crecerán mucho más lentamente, alrededor del 4 % anual.

X: @Jongonzlz

Esto genera un déficit estructural creciente: 67.000 millones de euros en 2025, que se prevé que aumenten hasta los 97.166 millones en 2029. A pesar de estos números, el desfase contable se presenta como menor en muchas noticias por una razón clave: las transferencias del Estado a la Seguridad Social.

Los analistas —entre ellos, Jon González— han advertido en reiteradas ocasiones de que el verdadero déficit del sistema es mayor, pero parte del gasto es absorbido por los Presupuestos Generales del Estado, que actúan como colchón financiero: “El verdadero déficit de la Seguridad Social es muy superior, pero queda reducido a medio punto del PIB por las transferencias milmillonarias que le hace la Administración Central.”

Bajas médicas e incapacidad permanente

En este contexto, hay que agregar otros factores clave que están aumentando la presión sobre el sistema, como son los gastos por bajas médicas, que han subido un 12 % en el último año, según fuentes del Ministerio de Inclusión, añadiendo un gasto no previsto y las pensiones por incapacidad permanente, que han aumentado un 8,5% interanual entre enero 2024 y junio 2025, debido a un cambio normativo y al envejecimiento de la población activa.

Estas contingencias se suman al gasto por jubilaciones y aumentan el número total de prestaciones que debe cubrir la Seguridad Social.

Según las proyecciones del propio Ministerio, el número de pensiones podría aumentar en más de un millón en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 12,5 millones en 2030. Sin embargo, al mismo tiempo, el número de trabajadores por pensionista ha bajado de forma progresiva, lo que dificulta aún más el equilibrio.

Mientras tanto, la reforma del ministro Escrivá sigue su curso, con medidas que incluyen el aumento progresivo de cotizaciones (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y el impulso de la jubilación demorada, pero el grueso de los efectos aún está por venir y la pregunta en el aire es simple: “¿Puede aguantar el sistema de pensiones o necesitará de un nuevo paquete de medidas?”

O, dicho de otro modo, ¿es sostenible?

Una transición que marca el futuro

La jubilación del baby boom no es una sorpresa y la realidad es que tampoco la velocidad ni la intensidad de su impacto en las cuentas públicas: a la vez que crece el gasto en pensiones y se dispara el gasto público, el sistema afronta limitaciones estructurales y económicas que harán inevitables nuevos ajustes o reformas.

Las opciones son conocidas: aumentar ingresos (vía cotizaciones o impuestos), retrasar la edad de jubilación, impulsar el empleo joven o reformular la estructura del sistema. El tiempo apremia, y lo que durante años ha sido un problema de futuro, ya está ocurriendo.

Durante los años noventa, el discurso predominante ya alertó de un inminente colapso del sistema público de pensiones ante un cóctel peligroso: la combinación del envejecimiento poblacional, la baja natalidad y una creciente esperanza de vida.

Así, hace treinta años había elementos que no se diferenciaban mucho de los actuales, si bien la urgencia y la necesidad de medidas dista mucho de ser la misma. Sin embargo, si hay algo claro es que aquello no fue un fallo de previsiones, sino una estrategia deliberada de ajustes y reformas la que ha mantenido el sistema operativo.

Ampliación del cálculo y jubilaciones tardías

Hace unos días, el economista Jon González señalaba seis momentos clave para entender los cambios en la estrategia fiscal de los sucesivos gobiernos, entre los cuales el Pacto de Toledo se considera la primera gran reforma.

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El Pacto de Toledo, que fue aprobado legislativamente en 1997 mediante la Ley 24/1997,marcó el primer gran consenso político para garantizar la sostenibilidad del sistema público.

Se reforzó el modelo de reparto, se amplió el periodo de cómputo de 8 a 15 años y se vinculó la revalorización de las pensiones al IPC. De igual modo, la ley fijó que para cobrar el 100 % de la pensión serían necesarios 35 años cotizados.

Las reformas del primer Gobierno de José María Aznar y, posteriormente, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero continuaron en la misma línea: ampliar el periodo de cómputo hasta los 25 años (de forma progresiva), endurecer el acceso a la jubilación anticipada e incentivar la jubilación demorada.

Edad de jubilación a los 67 años

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, elevó la edad legal de jubilación a los 67 años (cuya aplicación será progresiva hasta 2027) y se amplió el periodo de cálculo de la pensión hasta 25 años. Para acceder al 100 % de la base reguladora se exigen ahora hasta 37 años cotizados. La reforma también permitiócompatibilizar empleo y pensión.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una de las reformas más polémicas del sistema: la introducción del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del factor de sostenibilidad. El IRP rompía con la actualización por IPC, limitando las subidas al 0,25 % anual en contextos de déficit, lo que supuso una pérdida de poder adquisitivo durante varios ejercicios.

Desde los años 90:
🔸 La edad mínima de jubilación ha pasado de 65 a 67 años
🔸El periodo mínimo de cotización para tener pensión contributiva ha pasado de 8 a 15
🔸El periodo de cálculo para la pensión ha pasado de los últimos 8 años laborales, a 15 en 1997, a 25 en 2011 y a 29… https://t.co/QaNdmLnxtH

— Jon González (@Jongonzlz) July 3, 2025

Por su parte, el factor de sostenibilidad vinculaba el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida del jubilado, lo que habría reducido progresivamente la cuantía de las nuevas pensiones. Aunque su entrada en vigor se fijó para 2019, su aplicación fue aplazada y finalmente derogada en 2021. Ambos mecanismos fueron sustituidos en la última reforma por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Asimismo, en los últimos años, se ha empezado a penalizar la jubilación anticipada. En 2022, se introdujeron introdujo coeficientes reductores mensuales para las jubilaciones anticipadas voluntarias, en lugar de los anteriores trimestrales.

Así, si se adelanta la jubilación en dos años (24 meses), la penalización máxima puede llegar al 21 %, especialmente para quienes han cotizado menos de 38 años y medio, e incluso para los trabajadores que llevan más de 40 años cotizados, la reducción puede alcanzar ese tope.

De igual modo, para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, la edad mínima actual es 63 años, siempre que se acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización, mientras que aquellosno alcanzan ese umbral deben esperar hasta los 64 años y 8 meses. A partir de 2027, la exigencia aumentará a 38 años y 6 meses de cotización para mantener la posibilidad de retirarse antes de edad legal.

Recargos en las cotizaciones

En 2021, se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el objetivo de implementar un recargo adicional en las cotizaciones que comenzó en el 0,6 % y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 1,2 % en 2029.

En 2025, por ejemplo, el recargo será del 0,8 % (0,67 % a cargo del empleador y 0,13 % del trabajador),sin generar derechos adicionales de pensión.

Además, la última reforma establece que las bases máximas de cotización crecerán en 1,2 puntos más que el aumento de las pensiones máximas. Esto implica un alza superior al IPC para las bases topes, reforzando la partida contributiva de los salarios más elevados (incluida la cuota de solidaridad).

En la actualidad, las cotizaciones sociales solo financian aproximadamente dos tercios del gasto en pensiones. El déficit residual se cubre mediante transferencias fiscales del Estado (unos 23.000 millones en 2023) y con endeudamiento público.

Por ello, la reforma introduce una cuota de solidaridad, como cotización adicional sobre los ingresos que superen la base máxima, sin conceder derecho a pensión adicional: otro mecanismo redistributivo diseñado para equilibrar el sistema.

Por último, la normativa más actual incluye una “cláusula de cierre”para garantizar el equilibrio contributivo de las pensiones. Su diseño y aplicación han sido auditados y ajustados a petición de la Comisión Europea, vinculados al marco del Plan de Recuperación y a exigencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En conclusión, como se puede ver, pese a la visión inmovilista en relación con las pensiones y las cotizaciones sociales, los sucesivos gobiernos han hecho numerosos ajustes en los últimos años.

No obstante, hay serias dudas de que estas modificaciones sean suficiente: las pensiones no se han hundido, pero tampoco han permanecido intactas. El sistema ha sido reformado una y otra vez, y todo indica que seguirá siéndolo, si se pretende garantizar su mantenimiento.

En tiempos de incertidumbre geopolítica (como el actual), los mercados financieros suelen reaccionar con volatilidad. Pero claro, no todas las compañías se ven afectadas de forma negativa.

De hecho, ante un escenario de guerra, hay sectores y empresas que experimentan un notable repunte en su comportamiento bursátil. Este fenómeno no es nuevo. Se ha observado con claridad en los últimos conflictos armados que han tenido lugar en las últimas décadas.

La búsqueda de refugio por parte de los inversores, el aumento del gasto público en defensa o la mayor demanda de materias primas estratégicas son algunos de los factores que impulsan al alza determinadas cotizaciones.

Defensa, sin duda, el gran beneficiado

Sin lugar a dudas, las compañías relacionadas con la industria de defensa son las primeras que registran subidas en bolsa cuando estalla un conflicto. Esto se debe a que los gobiernos suelen aumentar de manera significativa el presupuesto destinado a armamento, tecnología militar y logística de seguridad. Estados Unidos, por ejemplo, ha incrementado su inversión en defensa en cada una de las crisis geopolíticas recientes.

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Los gurús de la bolsa dejan de serlo cuando se ponen bajistas

Empresas como Lockheed Martin, Raytheon Technologies o Northrop Grumman son ejemplos clásicos del mercado estadounidense que suelen registrar repuntes ante cada nueva escalada bélica.

En Europa, destacan nombres como BAE Systems en Reino Unido, Rheinmetall en Alemania y Leonardo en Italia, todas ellas con participación directa en contratos militares y tecnología de defensa avanzada.

En el caso español, Indra es uno de los referentes del sector. Esta empresa participa activamente en proyectos de defensa electrónica y sistemas de mando y control, lo que la posiciona entre las que mejor se comportan en bolsa ante un escenario de guerra. Su participación en consorcios europeos y su estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa refuerzan su atractivo bursátil en este tipo de contextos.

El siempre importante sector de la energía

Otro sector que muestra una respuesta positiva es el energético. Los conflictos suelen generar tensiones en los mercados de petróleo y gas, provocando subidas en los precios y, con ello, beneficios extraordinarios para las compañías productoras. Este comportamiento fue evidente tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando empresas como ExxonMobil, Chevron o TotalEnergies escalaron en el ranking de las más rentables.

En España, Repsol es una de las compañías que suele beneficiarse de la revalorización del crudo y el gas natural en periodos de inestabilidad. Además, su modelo de negocio diversificado, que combina exploración, producción, refino y comercialización, le permite adaptarse con rapidez a escenarios cambiantes.

Las empresas energéticas no solo aumentan su cotización por la subida de precios, sino también porque el suministro energético se convierte en una prioridad estratégica para los países en guerra o cercanos al conflicto. Esto refuerza la importancia de contar con operadores fiables y bien posicionados en el mercado internacional.

Alimentación y materias primas como seguridad básica para tiempos difíciles

En situaciones de guerra, asegurar el abastecimiento de productos básicos es una preocupación clave para gobiernos y ciudadanos. Esto se refleja también en los mercados, donde las empresas del sector agroalimentario y las que gestionan materias primas esenciales tienden a mantenerse estables o incluso subir cuando el resto cae.

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La bolsa es muy volátil pero hay una manera de acertar cuándo invertir: hacerlo sin mirar cómo va

Compañías como Archer Daniels Midland o Cargill en Estados Unidos suelen mostrar una sólida resistencia en estos escenarios, al igual que otras vinculadas a la producción y distribución de cereales, aceites o productos esenciales.

Este tipo de empresas tienden a ser vistas como refugio por los inversores en épocas de tensión geopolítica, ya que su demanda permanece estable incluso cuando el resto de la economía se ve afectada.

Tecnología más allá del campo de batalla

A medida que los conflictos modernos adoptan formas híbridas, donde el ciberespacio se convierte en una nueva zona de combate, las empresas tecnológicas especializadas en ciberseguridad también han ganado protagonismo.

Ante un escenario de guerra, los gobiernos y empresas privadas refuerzan sus sistemas informáticos para evitar sabotajes, filtraciones o ataques a infraestructuras críticas.

Palantir Technologies, CrowdStrike y Fortinet son solo algunas de las firmas estadounidenses que registran mejoras en su comportamiento bursátil cuando aumenta la tensión internacional. La demanda de soluciones para la protección de datos, la vigilancia digital y el control de redes se incrementa de manera notable.

En estos casos, su rentabilidad en bolsa se ve favorecida por contratos públicos y la percepción de que aportan un valor clave en escenarios de conflicto.

Sector de las infraestructuras como apuesta a largo plazo

Aunque no suelen reaccionar de forma inmediata al estallido de un conflicto, las empresas vinculadas al desarrollo de infraestructuras y reconstrucción adquieren relevancia una vez que las hostilidades comienzan a ceder.

Estas compañías suelen estar entre las que mejor se comportan en bolsa en la fase posterior a la guerra, cuando comienzan los planes de recuperación y desarrollo.

Grupos como ACS, Ferrovial o Acciona, por citar casos españoles, pueden llegar a beneficiarse de contratos internacionales para la reconstrucción de zonas afectadas. A nivel global, destacan gigantes como Vinci (Francia) o Bechtel (Estados Unidos), que cuentan con experiencia en obras de gran escala en entornos complejos.

Estas empresas no solo aportan soluciones logísticas y de ingeniería, sino que también canalizan inversiones públicas y privadas orientadas a la recuperación económica, lo cual fortalece su posición en los mercados bursátiles con una visión de medio y largo plazo.

Y es que, qué duda cabe: las empresas que mejor se comportan en bolsa ante un escenario de guerra no solo destacan por su fortaleza económica, sino también por su papel estratégico en contextos complejos.

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El sistema de pensiones en España es el eterno debate. Especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y preocupaciones sobre su sostenibilidad como el actual.

Sin embargo, existe una combinación que, según los expertos, maximiza la rentabilidad de las pensiones: jubilarse a los 70 años con 33 años cotizados.

Esta fórmula no solo permite acceder a una pensión más elevada, sino que también aprovecha al máximo los mecanismos de ajuste actuarial diseñados para incentivar la prolongación de la vida laboral.

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España bate récords de recaudación de impuestos, pero seguimos en déficit. Las pensiones se lo están comiendo todo

El Factor de Equidad Actuarial, un indicador clave en el cálculo de las pensiones, ha ido aumentando en los últimos años. Según datos recientes, este factor pasó de 1,51 en 2020 a 1,62 en 2025. Esto significa que, en promedio, un pensionista percibe un 62% más de lo cotizado, teniendo en cuenta la actualización de las contribuciones con el crecimiento del IPC y el PIB.

¿Qué es el Factor de Equidad Actuarial?

El Factor de Equidad Actuarial es un mecanismo que ajusta el importe de la pensión en función de la edad de jubilación y los años cotizados. Su objetivo es garantizar que el sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo, incentivando a los trabajadores a prolongar su vida laboral.

Este factor se aplica tanto a la pensión contributiva como a la no contributiva, y su valor ha ido aumentando en los últimos años. Un aumento que se debe, en parte, a la actualización de las contribuciones con el crecimiento del IPC y el PIB, lo que garantiza que las pensiones mantengan su poder adquisitivo.

El Factor de Equidad Actuarial, el indicador que mide la generosidad (e insostenibilidad) de las pensiones, aumenta de un 1,51 en 2020 a 1,62 en 2025.

Un pensionista percibe un 62% más de lo cotizado, actualizando con el crecimiento del IPC y PIB pic.twitter.com/2RLH7maURR

— Jon González (@Jongonzlz) March 4, 2025

¿Por qué jubilarse a los 70 con 33 años cotizados?

Jubilarse a los 70 años con 33 años cotizados es una combinación que maximiza la rentabilidad de la pensión por varias razones. En primer lugar, al retrasar la edad de jubilación, se incrementa el importe de la pensión gracias a los coeficientes reductores y al Factor de Equidad Actuarial. Además, al alcanzar los 33 años cotizados, se cumple con el requisito mínimo para acceder a una pensión completa, lo que garantiza un importe más elevado.

Otra ventaja de esta combinación es que permite aprovechar al máximo las actualizaciones de las contribuciones con el IPC y el PIB. Al prolongar la vida laboral, los trabajadores no solo aumentan sus años cotizados, sino que también incrementan sus bases de cotización, lo que se traduce en una pensión más alta. Además, al jubilarse a los 70, se reduce el período de percepción de la pensión, lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema.

Cómo afecta el Factor de Equidad Actuarial a la pensión

El Factor de Equidad Actuarial juega un papel crucial en el cálculo de la pensión, especialmente para aquellos que deciden retrasar su jubilación. Este factor ajusta el importe de la pensión en función de la edad de jubilación y los años cotizados, lo que significa que, cuanto más tarde se jubile un trabajador, mayor será su pensión.

Por ejemplo, un trabajador que se jubila a los 70 años con 33 años cotizados puede beneficiarse de un Factor de Equidad Actuarial de 1,62, lo que implica que su pensión será un 62% más alta de lo que habría sido si se hubiera jubilado antes.

Este incremento no solo compensa los años adicionales de trabajo, sino que también garantiza una mayor rentabilidad de las contribuciones realizadas.

La sostenibilidad del sistema de pensiones

Aunque jubilarse a los 70 con 33 años cotizados es una combinación rentable para los trabajadores, también plantea desafíos para la sostenibilidad del sistema de pensiones. El aumento del Factor de Equidad Actuarial refleja la generosidad del sistema actual, pero también su insostenibilidad a largo plazo. Según los expertos, el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida están poniendo en riesgo la viabilidad del sistema.

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"Es que ya coticé con creces lo que recibiré con la pensión”. La gran mentira de los pensionistas en España

Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es necesario implementar reformas que fomenten la prolongación de la vida laboral y ajusten el Factor de Equidad Actuarial.

Estas reformas deberían ir acompañadas de medidas que promuevan el empleo entre los trabajadores mayores y fomenten el ahorro privado para complementar las pensiones públicas.

Para los trabajadores, la clave está en planificar su jubilación con anticipación y considerar las ventajas de prolongar su vida laboral. Para el sistema de pensiones, es esencial implementar reformas que garanticen su viabilidad a largo plazo.

En cualquier caso, jubilarse a los 70 con 33 años cotizados es una opción que, en el contexto actual, maximiza la rentabilidad de las pensiones y asegura un futuro más estable para los jubilados.

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La inmigración y la política económica son dos temas estrella de las sobremesas españolas. Pero ¿qué hay de cierto y de erróneo en los argumentos que más oímos? ¿Los españoles trabajan más que los inmigrantes  chinos, los marroquís o los venezolanos? ¿Se puede hacer una estimación de las cotizaciones según nacionalidad?

La realidad es que una rápida consulta en el INE (el Instituto Nacional de Estadística) puede sacarnos de dudas, y las cifras demuestran que el trabajo está bien repartido (los extranjeros trabajan tanto como los españoles), pero las cotizaciones no tanto.

Principales comunidades: chinos y marroquíes

Las comunidades china y marroquí son aquellas con mayor número de niños y jóvenes en nuestro país, con escasa población de la tercera edad y un porcentaje de cotizantes muy distinto entre ambas.

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Egipto ha tomado una decisión histórica: vender una parte de su país a Emiratos Árabes

En el caso de los inmigrantes de Marruecos (879.943), solo el 49,01 % de personas en edad de trabajar está cotizando; por el contrario, entre los chinos, lo hace el 68,58 %.

A cuenta de las conversaciones de esta mañana sobre inmigración por países, cotizantes, estructura de edades, etc, me he ido al INE, y con los datos existentes he sacado esta tabla pic.twitter.com/GcvjMkl5T2

— velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) July 28, 2024

Los venezolanos, cotizan más que nadie

En las cifras, podemos comprobar también cómo los venezolanos en edad laboral trabajan y cotizan casi todos (87,99 %) mientras que otros inmigrantes latinos también lo hacen en su mayoría (Colombia 64,54 %, Ecuador 70,30 %, Perú 70,79 % entre los 17 y los 64).

En estos rangos de edad, debemos tener presente estudios secundarios y, sobre todo, estudios superiores en el grupo de 17 a 24 años, que explican porcentajes menores en estos rangos de edad, y que exigirían un análisis pormenorizado por franja y nacionalidad.

A su vez, los residentes chinos, suelen cotizar por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que explicaría que tengan las menores bases de cotización (que no el porcentaje de trabajadores en edad de cotizar) y la comunidad marroquí tiene una menor tasa de empleo entre mujeres que hombres, que podría explicarse por la brecha laboral entre géneros.

El porcentaje en cotizaciones

En Twitter, el usuario velardedaoiz2 se planteaba por qué ante un porcentaje similar de familias con niños, la población china tenía un porcentaje de cotizaciones muy superior de personas en edad laboral que la marroquí. ¿Se trata de una cuestión de trabajo en negro? ¿Hay menos mujeres marroquíes trabajando? ¿Menor número de oportunidades?

En cualquier caso, los datos demuestran que los extranjeros en nuestro país trabajan por sus cotizaciones en la media española, con algunas excepciones.

En todos los casos, deberían valorarse cómo está afectando a las cifras el trabajo en negro (B), las ayudas y el porcentaje de personas en edad laboral que realizan trabajo doméstico, tanto de nacionalizados como de inmigrantes, pero, para esto, el Instituto Nacional de Estadística se nos queda corto, y las políticas sociales requieren de algo más de fundamento.