Aunque durante años el debate sobre la sostenibilidad fiscal en Estados Unidos ha sido un tema recurrente, los últimos datos han encendido todas las alarmas. Según las nuevas proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el déficit de EEUU seguirá creciendo a un ritmo inquietante, superando de manera sostenida el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) durante la próxima década.

Esta situación compromete no solo la estabilidad de las cuentas públicas, sino también la capacidad del país para responder a nuevas crisis económicas.

Las cifras recientes reflejan que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, conocido como One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), empeoraría significativamente la situación fiscal.

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Esta legislación, tal como está redactada, impulsaría el déficit de EEUU por encima de los niveles actuales, disparando la deuda pública a niveles récord y dejando gran parte del esfuerzo de ahorro para más adelante.

Por qué el déficit de EEUU seguirá creciendo

La CBO ha calculado que el proyecto de ley añadiría más de 2,4 billones de dólares a los déficits primarios en diez años, debido a un paquete de recortes fiscales y aumentos de gasto valorado en más de 5,3 billones de dólares, compensados solo parcialmente por nuevos ingresos y recortes.

Esto implica que el déficit de EEUU, actualmente cercano al 6% del PIB, alcanzaría el 7% en 2026 y apenas retrocedería ligeramente hacia 2034, cuando aún se situaría en torno al 6,8%, frente al 6,1% proyectado bajo la legislación vigente.

Uno de los aspectos más preocupantes del plan es su estructura temporal: adelanta los beneficios inmediatos, como los recortes fiscales y el aumento del gasto en defensa y programas sociales, mientras pospone las medidas de ahorro para años posteriores.

Este enfoque ha hecho que casi tres cuartas partes del impacto sobre el déficit de EEUU se concentre en los primeros cuatro años, según las estimaciones oficiales.

El impacto en la deuda y los intereses

Además del aumento directo del déficit de EEUU, la medida elevaría de forma sustancial la carga de la deuda. Hoy en día, la deuda ronda el 100% del PIB, pero las proyecciones muestran que, de aprobarse el proyecto tal como está escrito, alcanzaría el 124% para 2034.

Si las disposiciones temporales se hacen permanentes, como suele suceder en la práctica legislativa, la deuda llegaría al 129% del PIB. En el peor escenario, con tipos de interés elevados como los actuales, la deuda podría incluso escalar hasta el 133% del PIB.

Los intereses de la deuda también duplicarían su peso en el presupuesto. En cifras absolutas, se pasaría de pagar unos 900.000 millones de dólares anuales en 2024 a más de 1,8 billones en 2034. En porcentaje del PIB, esto supone un incremento del 2% actual a más del 4%, absorbiendo así una parte creciente de los ingresos federales y limitando el margen para políticas económicas y sociales.

Las partidas más relevantes del plan

Las estimaciones muestran que la mayor parte del aumento del déficit de EEUU proviene de las políticas fiscales impulsadas por el Comité de Medios y Arbitrios, que incrementarían el saldo negativo en casi 3,8 billones de dólares. Aunque otras áreas, como Energía y Comercio, introducirían recortes y ajustes, el efecto neto sigue siendo muy negativo.

En conjunto, la CBO calcula que, con los intereses incluidos, la ley aumentaría la deuda en unos 3 billones de dólares para 2034, o hasta 5 billones si se hace permanente.

Se trata de una legislación con un claro sesgo a favor del corto plazo. Las medidas fiscales clave, como las ampliaciones de la deducción estándar, los créditos fiscales para familias y las exenciones para propinas y horas extras, caducarían arbitrariamente hacia 2028 o 2029.

Mientras tanto, los recortes de gasto y otras compensaciones se introducirían de forma gradual, dejando al presupuesto en una posición muy vulnerable si no se toman medidas adicionales.

Riesgos económicos y necesidad de responsabilidad fiscal

Este aumento del déficit de EEUU también conlleva riesgos económicos importantes. Una deuda mayor puede presionar al alza las tasas de interés, lo que encarecería la financiación pública y privada, frenando la inversión y debilitando el crecimiento económico a largo plazo.

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Además, podría minar la confianza en los mercados de deuda estadounidense y complicar la lucha contra la inflación si la Reserva Federal mantiene políticas restrictivas.

El propio Comité Conjunto de Impuestos ha estimado que el impacto positivo en el crecimiento sería limitado y no compensaría la magnitud del endeudamiento adicional. Aunque se prevé un leve impulso al PIB en la segunda mitad de la década, el aumento de la deuda pesaría sobre la economía más allá de 2034.

Frente a este panorama, los analistas insisten en la necesidad de que el Senado revise y corrija la propuesta para hacerla más equilibrada. La responsabilidad fiscal es esencial para evitar que el déficit de EEUU comprometa la estabilidad económica futura, especialmente en un contexto internacional cada vez más incierto y con mayores necesidades sociales y de infraestructura.

La preocupación por el déficit de EEUU no es nueva, pero las cifras actuales reflejan que, sin cambios, la situación podría volverse insostenible en pocos años. La legislación aprobada por la Cámara contiene elementos positivos, pero en su forma actual prioriza medidas populares de corto plazo sobre un plan serio de consolidación fiscal.

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¿Ha cambiado esta semana, en apenas unas horas, y para siempre el comercio internacional? El tiempo, como siempre, será el que tenga la última palabra. La actualidad tiene, en estos momentos, dos protagonistas de enjundia: Donald Trump y sus famosos aranceles.

En un movimiento que ha sacudido la economía global, el presidente de Estados Unidos, ha implementado (más) aranceles que, según él, buscan establecer una reciprocidad en las relaciones comerciales internacionales. Pero, ¿es un acierto del multimillonario o un error básico de cualquier clase de primer curso de macroeconomía?

Si se analiza bien la decisión de Washington, podemos observar como el verdadero objetivo de estas medidas es reducir el déficit comercial estadounidense, más que lograr una auténtica reciprocidad en los intercambios comerciales.

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Estas políticas han generado controversia tanto a nivel nacional como internacional, u han puesto en tela de juicio la transparencia y eficacia de las estrategias económicas de la administración Trump. ¿Se volverá en contra de la propia economía de la que aún es hoy en día la primera potencia mundial?

La fórmula detrás de los aranceles

La administración Trump presentó una fórmula supuestamente compleja para determinar los aranceles aplicables a cada país.

Sin embargo, al desglosar dicha fórmula, se evidencia su simplicidad y falta de profundidad analítica. Básicamente, se calcula dividiendo el déficit comercial que EEUU mantiene con un país entre las importaciones provenientes de ese mismo país, y luego se divide el resultado por dos.

Este método resulta en porcentajes que, según la Casa Blanca, reflejan los aranceles que esos países imponen a los productos estadounidenses, aunque en realidad no es así.

Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el déficit comercial es de aproximadamente 235.571 millones de dólares, mientras que las importaciones desde la UE ascienden a 605.760 millones de dólares. Aplicando la fórmula, se obtiene un 39%, que al dividirse por dos resulta en un arancel del 20% impuesto por EEUU a la UE.

Sin embargo, este cálculo no considera las verdaderas barreras arancelarias o no arancelarias existentes, sino que se centra únicamente en el déficit comercial.

Falta de reciprocidad real

A pesar de la retórica presidencial sobre la implementación de aranceles "recíprocos", la metodología utilizada dista mucho de buscar una verdadera equidad en las relaciones comerciales.

En lugar de analizar las tasas arancelarias efectivas que cada país impone a los productos estadounidenses, la administración se ha enfocado en el déficit comercial como único indicador para establecer los nuevos aranceles.

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Esto ha llevado a situaciones donde países con déficits significativos enfrentan aranceles elevados, mientras que otros con déficits menores o superávits comerciales quedan relativamente indemnes.

Impacto en las relaciones comerciales internacionales… y en EEUU

La imposición de estos aranceles ha generado tensiones con varios socios comerciales clave. La Unión Europea, por ejemplo, enfrenta un arancel adicional del 20% sobre sus exportaciones a EEUU, lo que ha llevado a considerar medidas de represalia y ha incrementado la incertidumbre en los mercados internacionales.

Países afectados por estos aranceles han expresado su descontento y están evaluando posibles respuestas. La Unión Europea, por ejemplo, ha señalado que estas medidas podrían desencadenar una guerra comercial, afectando negativamente a ambas economías. Aunque, eso sí, de momento el euro está siendo el gran beneficio y no tanto el dólar.

A nivel interno, la implementación de estos aranceles podría tener repercusiones significativas. Aunque la administración Trump argumenta que estas medidas protegerán a las industrias nacionales y fomentarán la creación de empleos, muchos economistas advierten sobre posibles aumentos en los precios para los consumidores, reduciendo su poder adquisitivo, debilitando aún más la demanda interna y represalias comerciales que podrían afectar tanto a las exportaciones estadounidenses como a la competitividad de las empresas ¿Es un tiro en el pie para los estadounidenses?

La imposición de aranceles suele traducirse en incrementos de precios para los bienes importados, lo que puede generar presiones inflacionarias. Además, si los socios comerciales responden con medidas similares, las exportaciones estadounidenses podrían disminuir, afectando negativamente al crecimiento económico del país. ¿Buscarán el elevado número de países afectados otros mercados para evitar el de EEUU? Probablemente.

¿Y qué dice el FMI?

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ha sido de las primeras voces críticas contra los ya conocidos como `aranceles de Trump´ y ha manifestado que estas medidas representan un "riesgo significativo" para la economía global, especialmente en un contexto de crecimiento ya debilitado.

Georgieva ha instado a Estados Unidos y a sus socios comerciales a resolver las tensiones de manera constructiva y a evitar acciones que puedan deteriorar aún más el panorama económico mundial. ​

La inmensa mayoría de expertos económicos advierten que estas políticas proteccionistas podrían conducir a una desaceleración del crecimiento económico y aumentar la volatilidad en los mercados financieros. Además, se espera que la Unión Europea y otros países afectados respondan con contramedidas, lo que podría intensificar las tensiones comerciales y agravar el impacto en la economía mundial. ​

El FMI tiene previsto publicar un informe detallado sobre las perspectivas económicas durante las Reuniones de Primavera, programadas del 21 al 26 de abril en Washington. Este informe proporcionará una evaluación más completa del impacto potencial de los nuevos aranceles en la economía global.

Solo para la UE y en palabras de la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, 81.000 millones al año será el recargo que pagarán las exportaciones de la Unión por esta particular fórmula de cálculo de los aranceles efectuada por la administración Trump.

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A pesar de la crisis económica que enfrenta Turquía, Recep Tayyip Erdogan ha logrado consolidar su poder tras las elecciones celebradas domingo para un periodo adicional de cinco años. Uno de los mayores desafíos para Erdogan es fortalecer la economía turca y abordar la alta inflación. Durante su mandato anterior, el país experimentó una serie de fluctuaciones económicas que afectaron a la población, en especial, el que ciñe al hundimiento de la lira turca.

La situación de la lira turca es motivo de preocupación y ha generado incertidumbre en los mercados financieros. A pesar de los esfuerzos implementados por el gobierno de Erdogan para estabilizar la moneda, la lira turca continúa operando en niveles cercanos a su mínimo histórico con relación al dólar estadounidense.

Esta tendencia ha llevado a muchos analistas a considerar que la lira sigue sobrevaluada y expuesta a posibles caídas adicionales. Hoy el cruce TRY/USD se encuentra en 0,05 dólares, mientras que hace un lustro el tipo de cambio estaba en 0,216 dólares. Y, como vemos en el siguiente gráfico, es una tendencia que se mantiene durante más de una década.

En los últimos años, la lira turca ha experimentado una marcada depreciación frente al dólar estadounidense, disminuyendo aproximadamente un 60% en los últimos dos años. Esta tendencia ha llevado a muchos analistas a considerar que la lira sigue sobrevaluada y expuesta a posibles caídas adicionales. Además, este patrón de depreciación se ha mantenido durante más de una década, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Uno de los factores clave que ha contribuido a la depreciación de la lira turca es la política de mantener los tipos de interés bajos implementada por el gobierno, que peca de una falta de independencia con la autoridad monetaria del país. Aunque el presidente Erdogan ha defendido esta estrategia con el objetivo de fomentar el crecimiento, las exportaciones y el empleo, los analistas han expresado su preocupación debido a las consecuencias inflacionistas que puede generar.

La inflación en Turquía ha aumentado significativamente, superando los promedios globales y alcanzando tasas del 85,5% (actualmente en el 43,7%). Esta elevada inflación afecta la estabilidad económica y financiera del país.

Además, el elevado déficit de la cuenta corriente de Turquía es otro factor que agrega presión a la lira turca. Un déficit persistente y elevado puede generar presión sobre la divisa nacional. Cuando un país tiene un déficit por cuenta corriente significativo, necesita financiarlo atrayendo inversiones extranjeras o tomando prestado del extranjero. Si la confianza de los inversores disminuye o si la capacidad de endeudamiento se reduce, el país podría enfrentar dificultades para financiar su déficit, lo que podría llevar a una depreciación de su divisa.

Y en enero de este año, el déficit por cuenta corriente de Turquía llegó a 9.850 millones de dólares, lo que supone el nivel más elevado en las últimas cuatro décadas. El déficit que ha promediado un 2,7 del PIB en el periodo 2015-2021 ha ido a más por el notable aumento del déficit comercial energético —dado el fuerte encarecimiento de la energía que Turquía precisa importar—, las mayores importaciones de oro —como activo refugio— y las mayores importaciones de bienes en general.

Curiosamente, Erdogan defendió los tipos de interés bajos para priorizar el crecimiento, las exportaciones y el empleo y huir del déficit cronificado en la economía. Si el año pasado el déficit se quedó en 48.700 millones de dólares, las previsiones del consenso apuntan a 43.500 millones de dólares al finalizar 2023.

Un déficit por cuenta corriente prolongado puede afectar la confianza de los inversores y los mercados financieros en general. Los inversores y los agentes económicos lo perciben como una señal de debilidad económica y desconfían de la estabilidad a largo plazo de la divisa del país. Esto puede llevar, en última instancia, a una fuga de capitales, ya que los inversores buscan refugio en otras monedas consideradas más seguras, lo que ejerce presión adicional sobre la divisa en déficit.

Si la autoridad monetaria no sube tipos y la lira turca se está hundiendo, queda la baza de las reservas internacionales para apoyar la cotización de su divisa. El problema es que las reservas netas del banco central de Turquía cayeron a su nivel más bajo desde 2003, lo que ha aumentado las preocupaciones sobre la capacidad del país para enfrentar las presiones económicas y mantener la estabilidad financiera porque simplemente está desarmado.

En vista de la situación actual, Turquía debería adoptar una política monetaria más convencional y realista. Esto implica permitir que los tipos de interés reflejen adecuadamente las condiciones del mercado y sean determinadas por las fuerzas económicas. El mantener los tipos de interés artificialmente bajos puede resultar contraproducente, ya que puede aumentar la inflación y socavar la confianza de los inversores.

Desde el comienzo de la guerra, el presidente Putin ha utilizado los suministros de gas como arma política y económica para reducir el apoyo occidental y especialmente europeo a Ucrania. Y Alemania, que ha desarrollado su modelo industrial con la contribución del gas ruso, es uno de los grandes perjudicados del conflicto.

En consecuencia, las interrupciones en el suministro de gas de Rusia han llevado los precios del combustible a niveles récord desde el verano y aumentaron los temores de escasez de gas en invierno en la economía más grande de la Eurozona. En el mes de septiembre, la inflación alemana alcanzó un máximo de 70 años del 10,9%.

Este panorama ha llevado al Gobierno socialista alemán a anunciar el llamado "escudo protector" una medida que pretende movilizar 200.000 millones de euros, para mitigar el impacto del aumento de los costos de la energía y aliviar las peores consecuencias para los consumidores y las empresas, lo que supone un duro golpe para las finanzas públicas del país.

Ese dinero tiene como objetivo financiar el tope del precio del gas, proporcionar liquidez y subvenciones para el freno del precio de la electricidad hasta la primavera de 2024. La financiación de medidas de apoyo adicionales para empresas que están experimentando dificultades debido a la guerra. La asistencia de liquidez y capital estará disponible para las empresas que no estén suficientemente cubiertas por los frenos de precios de la electricidad y el gas. Esta asistencia se dirigirá a las dificultades causadas por la guerra de agresión de Rusia y evitará efectos inesperados.

Pero esta medida tiene un reverso: el jaque a las finanzas públicas.

Si por algo se ha caracterizado Alemania es por un modelo de finanzas públicas sostenible, con un férreo control del déficit público que, combinado con las múltiples reformas estructurales de su economía y mercado laboral, han llevado a gozar una altísima calidad en su deuda.

En el año 2010 llegó a una relación de deuda pública sobre PIB del 82% para rebajarla al 58,9% en 2019, antes de la crisis del coronavirus. Con la pandemia, los déficits saltaron por los aires y la ratio ha subido al 68,7% y 69,3% en 2020 y 2021 respectivamente.

La medida presentada se financiaría vía nuevos préstamos y se canalizarán a través del Fondo de Estabilización Económica (FSM) reactivado, una medida extrapresupuestaria que se creó en 2020 para ayudar a empresas a sobrevivir a los cierres y otras medidas de salud pública impuestas durante la pandemia.

Alemania emitirá mucha deuda precisamente en el peor momento y pondrá a los mercados de bonos bajo estrés adicional. Sumar una alta deuda en un momento de estanflación no es la mejor señal para la comunidad inversora. La clave la vemos en el bono alemán a diez años. Hoy se encuentra cotizando a una TIR del 2,34%, el nivel más elevado desde el año 2011.

Otro dato interesante es que los swaps de incumplimiento crediticio subieron al nivel más alto desde abril de 2020, incluso cuando el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, insistió en que Alemania "no está siguiendo expresamente el camino del Reino Unido" que después de que los planes de reducción de impuestos del nuevo gobierno provocaran la mayor liquidación en décadas exacerbando riesgos potenciales para la estabilidad del sistema financiero con el desplome de la libra.

El problema surge en un contexto en el que la alta inflación ha eliminado la capacidad de relajar la política monetaria para compensar el impacto en hogares y empresas, en contraste con el inicio de la pandemia de Covid-19. El BCE no absorberá la emisión de deuda adicional, por lo que la expansión fiscal se producirá en un contexto de costes marginales de financiación mucho más elevados.

El euro está por debajo de la paridad con el dólar, hoy se encuentra cotizando en los 0,99 dólares, su valor más bajo en 20 años. Se ve impactado por la dificultad sobre la situación económica de Europa y el aumento de los riesgos geopolíticos, el pesimismo de los inversores sobre el euro ahora está eclipsando los niveles vistos en octubre de 2020, cuando las consecuencias de Covid estaban causando estragos en todo el mundo.

Por su parte, la inflación alcanzó un máximo histórico el mes pasado, superando las expectativas de los economistas, lo que llevó a muchos a elevar sus pronósticos de tipos de interés del BCE para septiembre y más allá.

Los tres impactos que sentiremos por un euro depreciado

Un tipo de cambio es el valor de una moneda en términos relativos frente a otra moneda. Los tipos de cambio son claves para la economía europea por su influencia en los flujos comerciales y financieros entre la Eurozona y el resto del mundo. La actual devaluación presenta tres impactos importantes para los agentes económicos.

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La importancia del coste de la vida y mantener la inflación a raya

1) La depreciación del euro supone un elemento catalizador para la inflación y empobrece. Especialmente en los productos energéticos y alimentos básicos que cotizan en dólares. Si sus cotizaciones se mantienen mientras el euro se deprecia, se necesita muchos más recursos para demandar estos productos, es decir precios en euros más elevados. Desde el lado de las familias, el poder adquisitivo se ve resentido si no existe una actualización vía salario o de las rentas que se estén percibiendo.

Las empresas exportadoras pueden verse favorecidas. Un euro más débil es una buena noticia para las empresas que exportan bienes fuera de la Eurozona, ya que hace que los productos europeos sean más baratos en otros mercados. No obstante, todo dependerá si es o no es positivo para la empresa, dependerá de la relación con los costes energéticos y el resto de suministros que condicionan los márgenes.

2) Atentos a la hipoteca. Una subida de la inflación supone una depreciación de todos los agentes económicos endeudados en esa moneda. Por lo que la hipoteca realizada para la compra de la vivienda se ve devaluada. Sin embargo, el coste de la hipoteca es el elemento a tener en cuenta. Si se ha realizado a un tipo de interés fijo ese importe nominalmente no sufre modificaciones, incluso se devalua, pero si está indexada a un interés de referencia, lo más probable es ver un incremento nominal de la cuantía a satisfacer en la revisión periódica.

3) Si estás invirtiendo, toca hablar del riesgo divisa en tus inversiones. La devaluación de la moneda hace que frente al exterior nuestras inversiones valgan menos. Existen muchas maneras de combatir este efecto, ya sea con una diversificación en la cartera de inversión a nivel geográfico como directamente a través de las operaciones de cobertura. En este caso, si queremos evitar el moviendo en contra del eur/usd, existen alternativas como las posiciones cortas en el par por el valor nominal de la cartera.

Los factores que están lastrando al euro

En primer lugar, y más importante, el BCE no le está tomando el ritmo de subida de tipos a la Reserva Federal. Si bien no es el único factor, es el que cobra protagonismo y hoy los tipos de interes se encuentran en el 0,50% tras la subida iniciada el pasado 21 de julio, llevando al precio del dinero a niveles de 2013. Pero la Fed le ha sacado ventaja al BCE, desde el 16 de marzo están subiendo tipos de interés y hoy ya se sitúan al 2,50%.

Si el BCE en la próxima reunión implementa una subida de 75 puntos básicos y no de 50 puntos, igualaría el ritmo más reciente de la Fed (subida implementada el 28 de julio), pero la naturaleza del choque de Europa es diferente. A pesar de que las tasas de aumento de precios son similares, la inflación subyacente europea nos muestra una mayor debilidad con los precios de los alimentos y la energía más tensionados.

En segundo lugar, cabe mencionar el impacto en la balanza comercial. La reciente caída del euro lo ha elevado por encima de los niveles de soporte anteriores, debido al impacto en el comercio, especialmente en los precios del gas, de la reducción de Rusia en los suministros de la UE.

La balanza comercial relativa entre Estados unidos y la Eurozona ha empeorado en los últimos años. Antes de entrar en detalles, es importante señalar que Estados Unidos tiene un déficit comercial estructural debido a la moneda de reserva mundial. Por el contrario, Europa a veces tiene un déficit y a veces un superávit. El tamaño absoluto del déficit no es importante para el aumento o disminución del valor del euro, sino su dirección relativa. Un déficit que se va reduciendo a menudo equivale a una moneda más fuerte.

Estados Unidos ha tenido un déficit comercial en los últimos años, Estados Unidos creció del 3,9% del PIB al 4,9%, mientras que el superávit comercial de la eurozona cayó del 3,5% del PIB al 1,8%. Es probable que la balanza comercial de Europa frente a la de Estados Unidos se deteriore aún más en los próximos meses, ya que los precios del gas en Europa aumentan 9,5 veces los precios de los Estados Unidos.

En tercer lugar, debemos poner atención a los déficits presupuestarios. El déficit presupuestario estadounidense en el periodo 2017-2019 toma un camino completamente diferente al del déficit de la eurozona. El déficit estadounidense pasó del 2,5% del PIB al 5%, mientras que el déficit europeo siguió reduciéndose hasta el 1% del PIB.

Después de la pandemia, los déficits aumentaron tanto en Europa como en los Estados Unidos, pero el déficit estadounidense creció más rápido y finalmente se acercó al 20% del PIB, aproximadamente el doble que el de Europa. El creciente déficit de Estados Unidos compensó el endurecimiento de la política monetaria entre 2017 y 2019, impidiendo un fuerte fortalecimiento del dólar antes de exacerbar la debilidad del dólar en 2020 y 2021 al comienzo de la pandemia.

Sin embargo, en el segundo trimestre de 2021, el déficit presupuestario estadounidense comenzó a declinar rápidamente y es ahora más bajo que el déficit de la Eurozona por primera vez en dos décadas. Un déficit más pequeño a menudo se equipara con una moneda más fuerte y un déficit presupuestario estadounidense que se reduce rápidamente. Esto parece ser un factor que apoya al dólar.

Y en último lugar, una política monetaria más estricta y posibles reducciones en los balances han coincidido con un fuerte aumento en las rentabilidades de los bonos europeos, pero particularmente fuerte en países con una deuda pública alta como Italia. Las crecientes diferencias soberanas entre países como Alemania e Italia parecen pesar sobre el euro, a pesar de la puesta en marcha de un mecanismo para evitar la ampliación excesiva de los diferenciales entre las distintas naciones de la eurozona desde el BCE.

Llevamos unas semanas en que la mayor polémica del Gobierno es la propuesta de establecer un pago por las autovías que hasta ahora eran gratuitas. Las excusas son que el mantenimiento de la red vial tiene un coste importante ya que tenemos una de las redes de carreteras y autopistas más extensas de Europa (y seguramente la más extensa por población, pues somos un país grande en tamaño pero muy despoblado) pero lo cierto es que es una excusa.

El coste de mantener la red se paga de sobra por el impuesto especial de hidrocarburos (unos 12.000 millones de euros, cuando el mantenimiento y déficit de inversión es inferior a dicha cifra). Lo cierto es que lo que tiene España es un agujero general en sus cuentas.

El déficit estructural

Y es que recientemente la Airef ha señalado que el déficit estructural aumentará en 2024 hasta el 4,6%, frente al 3,5% de 2019, antes de la pandemia. No hay que olvidar que en 2024 se supone que la economía habrá recuperado ya el nivel de 2019 y sin embargo tendremos más déficit.

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Las concesionarias se frotan las manos con los futuros peajes y ya prometen 'beneficios' para el Estado

Esto implica que el gasto del Estado sube por encima de los ingresos y que para evitarlo el Gobierno tiene que recaudar más. Por eso no paramos de ver globos sonda en España para aumentar la recaudación, como por ejemplo la eliminación de la tributación conjunta o la eliminación de algunos tipos de IVA reducidos.

Las autopistas como excusa para tapar otros agujeros

Y ojo, que quizá el establecimiento de peajes en la autopista sea buena idea, siempre y cuando sea un impuesto finalista, es decir, se use lo recaudado para el mantenimiento de la red vial. Pero esto no es así, ya se está hablando de cubrir el déficit de mantenimiento de años previos con peajes de 4 céntimos por kilómetro. Y cuando se cubra este déficit de inversión la recaudación tendrá superávit y no se bajará el peaje, sino que se usarán los excedentes para otras cosas.

Esta y otras subidas de impuestos nos la van a vender siempre como finalistas, porque suena mejor: para fomentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo eliminarán la desgravación de la tributación conjunta, para el mantenimiento de las carreteras, peajes, para hacer la recaudación de IVA más progresiva eliminamos tipos reducidos, etcétera. Pero lo cierto es que el objetivo es tapar otros agujeros.

¿La razón de todo? Las pensiones

¿Y de dónde viene todo este déficit? De las pensiones. Por estas páginas lo llevamos diciendo muchos años, las pensiones se están comiendo poco a poco todo el Presupuesto del Estado.

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Las pensiones del futuro serán bajas ¿qué puedo hacer para tener un buen nivel de vida en la jubilación?

Y no hay más que mirar los datos para ver que estamos en lo cierto. En el año 2000 las pensiones representaban el 28% de los Presupuestos Generales del Estado. En 2019 eran ya el 40%. Y esto ante un número de trabajadores que no ha subido con tanta fuerza y por tanto en esos años la Seguridad Social ha entrado en déficit y ahora todas las medidas están encaminadas a sacar parte del gasto de la Seguridad Social a otros apartados y elevar impuestos.

Estamos, por tanto, ante una tendencia que viene desde hace mucho tiempo. Y que va para largo si no se acometen reformas de calado en las pensiones, en la línea de la reforma de 2013. Mientras no se hagan veremos nuevos impuestos y nuevos copagos donde hasta ahora no lo habíamos visto, aparte de disminución de gasto otros aspectos: servicios públicos deteriorados (trámites que antes eran ágiles y ahora se eternizan; falta de policía en zonas rurales...), copagos en educación (todavía no lo hemos visto pero vendrá), copagos en sanidad (esto tardará más porque los pensionistas tienen prioridad política y usan mucho la sanidad), y un largo etcétera.

Donald Trump cierra su mandato para dar el mando al ya presidente electo Joe Biden. Trump se apoyó en argumentos económicos en su intento de reelección pero, curiosamente, si hablamos de la economía ha favorecido al demócrata Joe Biden debido a que ganó en condados que representan el 70% del PIB del país.

Dejando de lado excentricidades de Trump, tras la finalización de su mandato toca evaluar si, con sus políticas, la economía estadounidense ha mejorado o no, ya que su llegada prometía disrupción frente la política de su antecesor democrática, Barack Obama.

Para poder valorar correctamente los resultados de sus políticas, veremos en qué lugar se encontraba la economía estadounidense y sus principales indicadores económicos en el inicio de su mandato y en qué punto han finalizado. Por supuesto, hay que tener en cuenta la realidad de la pandemia y que ha desvirtuado notablemente los indicadores y que ello pueda alterar el análisis de la gestión.

La economía en manos de Trump

Si nos situamos en contexto, después de la administración demócrata de Obama, veíamos una tendencia de desaceleración de la economía. Si en 2015 la economía creció a una tasa del 2,9%, en 2016 se conformó con el 1,6%. Esta tendencia consiguió revertirse tras la entrada de la administración Trump. En 2017 consiguió un crecimiento del 2,4%, en el siguiente aceleró hasta el 2,9% y en 2019 se quedó en el 2,3%.

Tiene cierto mérito que pudiera acelerarse la economía estadounidense en un contexto de alza de tipos de interés que se prolongó hasta septiembre de 2019. Incluso, la tasa de crecimiento del PIB alcanzó un máximo del 3,9% en el último trimestre de 2017. Pero hasta 2019, la tasa media de crecimiento fue del 2,5%, en línea con la tendencia que heredó.

Parte de este crecimiento debe asignarse a una política fiscal especialmente expansiva que ha impactado en el déficit público. En su mandato se ha aumentado contínuamente el déficit federal y Trump ha puesto la deuda del gobierno de los Estados Unidos en su trayectoria de mayor auge desde la Segunda Guerra Mundial. Pero descontando el efecto del coronavirus, los masivos recortes de impuestos aprobados por el Congreso en 2017 ya estaban añadiendo cientos de miles de millones de dólares al déficit.

Si observamos únicamente la deuda federal estadounidense, llegaría al 98% del PIB del año fiscal 2020 en septiembre, mientras que en 2019 estaba en el 79% y cuando entró en la Casa Blanca se ubicaba en el 70%. Casi 30 puntos de deuda sobre PIB en tan solo cuatro años.

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EEUU irá al déficit más alto desde la segunda guerra mundial y no habrá ningún problema

En el año de la pandemia se ha impulsado un gasto a corto plazo que el déficit ascienda a 3,3 billones de dólares solo este año, lo que se traduce en un 16% del PIB. El déficit de este año supera todos los déficit anuales anteriores desde 1945.

Volviendo al crecimiento del PIB, en 2020, Estados Unidos cerraría con una caída del PIB del 4,3% resultado de la pandemia. Es un dato pésimo frente a la comparativa histórica pero lo cierto es que ha tenido un mejor comportamiento dentro frente a países desarrollados que habrían visto una contracción del 5,8%.

El mercado laboral alcanzó su mejor tasa en cinco décadas antes del coronavirus

Si examinamos el mercado laboral, el dato del desempleo alcanzó el 6,7% en diciembre, mientras que cuando Trump llegó en 2017 era del 4,8%.

El coronavirus y el frenazo de la economía llevó a registrar un desempleo del 14,7% en abril, el nivel más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930. Ahora, nos encontramos con una tasa de desempleo que se sitúa ahora básicamente en el mismo lugar antes de que Barack Obama tomara posesión del cargo en medio de una crisis financiera.

Sin embargo, sin el efecto coronavirus, lo cierto es que se consiguió unos magníficos resultados. En 2019, la tasa de desempleo alcanzó el 3,5%, la tasa más baja en cinco décadas. Y en el período 2016-2019, la economía añadió más de 7 millones de puestos de trabajo, superando con creces la previsión de 1,9 millones para su mandato.

Es importante señalar que la tasa de desempleo de muchos grupos históricamente desfavorecidos también ha alcanzado mínimos históricos. La tasa de desempleo de los afroamericanos ha alcanzado el nivel más bajo registrado, y también se han alcanzado mínimos históricos en el caso de los asiáticos, los hispanos, los indios americanos o los nativos de Alaska, los veteranos, los que no tienen un título de enseñanza secundaria y las personas con discapacidades, entre otros.

El pleno empleo ha sido una de las bazas para la reducción de la pobreza, con un nivel de reducción sin precedentes. Si enfocamos el período 2016-2019, 6,6 millones de personas salieron de la pobreza, la mayor reducción de 3 años tras iniciar una presidencia desde 1964.

El error de la guerra comercial

Podríamos pensar que los buenos datos del mercado laboral se deben a la política proteccionista de Estados Unidos enfocada contra China para ensalzar su industria manufacturera nacional. No obstante, los resultados han sido muy modestos en términos de aumento del empleo en los Estados Unidos.

En marzo de 2010 (el punto más bajo después de la crisis de 2008-2009), el empleo en la industria manufacturera alcanzó los 11.453 millones de personas y cuando Trump llegó al poder en febrero de 2017, esta cifra había aumentado a 12,38 millones y se elevó a 12,83 millones en marzo de 2020. En otras palabras, alrededor de 400.000 nuevos puestos de trabajo aparecieron en el sector manufacturero bajo Trump para la primavera de 2020 (durante casi cuatro años).

Desde que asumió el cargo, Trump ha impuesto unilateralmente numerosos aranceles nuevos sobre el acero, el aluminio y una variedad de productos de China, creando una presión al alza sobre los precios en Estados Unidos. Según los niveles de importación de 2019, los aranceles estadounidenses y de represalia afectan actualmente a más de 460.000 millones de importaciones y exportaciones.

Su aranceles han supuesto unos los costes anuales para el consumidor en aproximadamente 57.000 millones de dólares anuales, lo que ha supuesto un error que han pagado los estadounidenses.

Como punto positivo es que en la etapa última de Trump se acercaron posturas con China y los aranceles se redujeron como parte del acuerdo comercial de "fase uno" con China. En este acuerdo, Trump redujo los aranceles previamente impuestos el 1 de septiembre de 2019, del 15% al 7,5% sobre 120.000 millones de dólares, suspendió los aranceles del 15% que estaban previstos para entrar en vigencia el 15 de diciembre de 2019 y suspendió indefinidamente el aumento en el tercer tramo de aranceles del 25 al 30%.

La Comisión Europea tiene la mirada puesta en España, nuestro país es un verdadero quebradero de cabeza por un problema cronificado en el tiempo, nuestro déficit.

Si nos ponemos en antecedentes, nos costó diez años en alcanzar una meta de déficit inferior al 3%, el Gobierno de Rajoy redujo muy lentamente el déficit, lo que hacía destacar a España como el país con mayor déficit de la UE, mientras la economía crecía a tasas del 3%. Con Sánchez, nos olvidamos de la reducción del déficit y en 2019 se incrementó tres décimas hasta el 2,8% del PIB.

La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve nuestra debilidad más acusada. El déficit público ha aumentado sustancialmente en 2020 como resultado de la crisis por la contracción de las bases impositivas que afectan a los ingresos. Y, desde el lado del gasto público, se encuentra muy por encima del techo previsto inicial para hacer frente a los costes por las rentas y las medidas de liquidez. Por todo ello, veríamos una ampliación del definir a alrededor del 12% del PIB en 2020.

A causa del gran déficit público y a la grave contracción del PIB, la peor entre los países desarrollados, se prevé que la relación entre la deuda pública y el PIB aumente en casi 25 puntos porcentuales, del 95,5% del PIB en 2019 a alrededor del 120% en 2020, nivel que se espera que aumente un poco en los próximos años si no se hace nada para evitarlo.

El problema es que los Gobiernos de España han forjado un déficit estructural en los últimos años y ahora anda descontrolado. Específicamente, la actual previsión de los PGE 2021 del déficit estructural para el 2021 es del 6,1% del PIB, lo que supondría siete décimas más de lo esperado para este año, a pesar de la recuperación económica para el próximo ejercicio. Estos niveles nos llevan a los peores datos de la UE junto a Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía.

Un déficit estructural significa que las administraciones públicas están utilizando deuda para pagar el gasto corriente, dependemos de la deuda para seguir manteniendo nuestro ritmo de gasto. Y, ahora, el elevado déficit estructural se cuantifica en 75.000 millones de euros. Esta cifra puede aumentar, pensemos que esta crisis ha destruido un tejido productivo que no participara de la recuperación y que hay una variable demográfica a considerar, el envejecimiento de la población que llevará a más el gasto en pensiones.

Quedar atrapado por un déficit estructural significa que estamos atados al coste de la deuda. Medidas como incrementar las pensiones o el salario de los funcionarios son parte de este problema ya que no han sido compensadas por la parte de los ingresos.

El punto positivo es que, por ahora, las condiciones de mercado para la financiación de la deuda siguen siendo favorables, y las subastas de deuda más recientes, confirman la cómoda demanda de títulos públicos tanto a largo como a corto plazo.

Las rentabilidades de los bonos a 10 años son muy bajos en comparación con los estándares históricos, y los diferenciales frente al bund (bono alemán a 10 años) siguen siendo contenidos, tan solo 62 puntos básicos. La carga de intereses, tanto como porcentaje del PIB como de los ingresos totales representan el 2,2% y 5,8%, respectivamente.

El riesgo de todo esto es que una subida de tipos de interés podría generar rápidamente una problemas en la viabilidad de la deuda pública española. Recordemos que eso mismo le sucedió a Grecia cuando se asomó a la crisis de 2008 con una deuda pública del 110% del PIB y también con un gasto estructural desorbitado.

Este año se presenta nefasto para la economía española. Con un cuadro económico que según el Gobierno proyecta una caída del PIB del 11,2 %, un desempleo del 17,1% y un déficit público del 11,3%.

Ya se da por perdido y toca poner los ojos próximo año. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el objetivo de conseguir aprobar sus Presupuestos, porque aún mantenemos los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular y, en los últimos 2 años, Sánchez ha sido incapaz de promover los acuerdos necesarios.

Ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición presentó el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado que quiere sacar adelante. Unas cuentas que tratan de vender con diferentes banderas: No a la austeridad y el mayor gasto público de la historia, con especial hincapié en el gasto social con ayuda de los fondos europeos.

El mayor gasto social jamás visto

El primer titular que se recoge de los Presupuestos de 2021 es que integran el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un significativo 6,2%. Este titular esconde unos matices en el momento de valorar la evolución del déficit público en el futuro.

Y es que a pesar de que el PIB de 2021 será inferior al de 2019 y, por lo tanto, existirá un deterioro importante de la recaudación, no hay política consolidada que verá decrecer su importe total frente al 2020, todas suben, parece la utopía de "lo público".

El principal tema en los Presupuestos siempre son las pensiones. En este caso, se pretende su revalorización de un 0,9 conforme al IPC real que permitirían a los pensionistas no perder poder adquisitivo mientras que las no contributivas se elevarían 1,8%. En términos de gasto social, significa una subida en la partida de pensiones del 3,2% hasta los 163.297 millones de euros.

La partida del desempleo también sube porque el próximo año partiremos de un desempleo por encima del 17%. Si en 2020 se han proyectado una movilización de 20.820 millones de euros, para el próximo año, los Presupuestos contemplarán llegar a los 25.012 millones, lo que supone un incremento del 20,1%.

En El Blog Salmón

La EPA deja un tercer trimestre desolador para el empleo en España

Los fondos europeos presupuestados ascienden a 26.634 millones de euros. De éstos, directamente a financiar el gasto social se utilizarían cerca de 8.900 millones.

Los fondos europeos no se dirigen a pensiones, otras prestaciones económicas o bien el desempleo, sino que van directas a financiar otras partidas del gasto social como los Servicios Sociales y Promoción Social (1.167 millones), Fomento del empleo (1.194 millones), Acceso a la Vivienda el Fomento de la Edificación (1.651 millones). Las otras grandes partidas sociales, Sanidad, Educación y Cultura, reciben 2.945 millones, 1803 millones y 200 millones respectivamente.

El resto de recursos europeos tienen como objetivo apoyar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persigue dotar de recursos para la transición ecológica, la digitalización de la economía, entre muchas otras cuestiones.

Impuestos, más impuestos pero no los suficientes

El plan de este Gobierno también persigue obtener más recursos. De hecho, se valora un incremento tributario del 13% en 2021. El problema está en los detalles y es que el año de referencia es 2020 en el que Hacienda estima actualmente que verá una contracción de ingresos del 5,6%. Viendo que las cifras de ingresos y gastos públicos se han alejado entre sí, el Gobierno quiere apuntar hacia subidas de impuestos.

Por un lado, en materia de IRPF, veríamos una subida de la base imponible general de 2 puntos para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Además, para las rentas del capital, se verá una subida de 3 puntos para importes superiores a los 200.000 euros. El gobierno esperaría recaudar 491,4 millones de euros adicionales,

En cuanto al Impuesto de sociedades se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida que afectará a 1.739 empresas, un 0,12%.

Por otra parte, el Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros.

Los planes de pensiones también se ven modificados. El límite conjunto de reducción entre el partícipe y la empresa subiría 8.000 a 10.000 euros para comentar el ahorro a largo plazo en el ámbito laboral, pero quedaría limitado en las aportaciones máximas a planes individuales con una reducción de 2.000 euros. No es una medida para 2021 sino para 2022 que se recaudaría 580 millones.

En último lugar, hay que hablar de impuestos indirectos. Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21%, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5 y, por primera vez en más de 20 años, se modificaría el impuesto sobre primas de seguros, el gravamen actual pasaría del 6% pasará a ser del 8%.

Con ese ataque frontal a los "ricos", limitando las excepciones a las grandes empresas y atacando al IRPF de los ricos, se recauda poco más de en nuevos impuestos 600 millones, el resto, para llegar a los 1.862, el ciudadano de a pie.

¿Cómo quedaría el déficit público? ¿Es el fin de la época neoliberal?

Según lo que relatan las cuentas presentadas, en 2021, las Administraciones Públicas sumarían un déficit del 7,7% del PIB. Debido a que la Administración Central asumiría su propio déficit más 1,7 puntos del déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las Comunidades Autónomas, la distribución quedaría de la siguiente manera:

• Administración Central: -5,2%
• Comunidades Autónomas: -1,1%
• Corporaciones Locales: -0,1%.
• Seguridad Social: -1,3%

No obstante, conviene empezar a hacer algunas matizaciones importantes. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido que revisar en numerosas ocasiones sus expectativas de crecimiento económico a la baja, para el 2021 proyectan un crecimiento del 9,8%.

Se trata de un escenario que podríamos calificar de excesivamente optimista. En primer lugar, se reducirían 3,6 puntos de déficit de un año a otro, un hecho del todo sorprendente. Además, teniendo en cuenta que en la última revisión del FMI publicada en octubre, se estima un crecimiento de la economía española es del 7,2%, por lo que existe una asombrosa diferencia 2,6 puntos de crecimiento entre ambas proyecciones.

Si las estimaciones del FMI son más acertadas que las realizadas por el propio Gobierno, el déficit público quedaría lejos de 7,7% que asegura el Gobierno, ya que la variable PIB sería más reducida. Por ahora el papel lo aguanta todo.

Además, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, citaba que estos Presupuestos suponen inaugurar una nueva época que deja atrás la etapa neoliberal de austeridad y los recortes. Dejando atrás la relación semántica que el vicepresidente emplea en estos conceptos ¿Cuál es la estrategia? ¿Negarse a la estabilidad presupuestaria y recurrir a un déficit continuado eternamente que siga inflando los niveles de deuda pública? ¿Qué el BCE nos financie a través de QE para poder refinanciar la deuda? ¿Y todo ello, sin que haya consecuencias?

En esta etapa de crisis, se apuesta por más recursos, es cierto. Pero también sucedió en 2009, que el total del gasto público de la Administración Central se incrementó en 35.000 millones, y en 2.000 millones para 2010. El problema es que cuando uno gasta lo que no tiene, hay que pedir prestado. Y si un emisor de deuda nunca cuadra las cuentas, tarde o temprano los inversores, ante la incertidumbre de los flujos, dan la espalda a esa deuda porque carece de garantías. Es en ese punto, si no se quiere ir al impago de la deuda, empiezan los mayores impuestos y los recortes del gasto público.

Si hay algo que ansía el actual Gobierno de coalición de Pedro Sánchez es poder sacar adelante unos Presupuestos. Y es que desde que el PSOE llegó al ejecutivo, hace ya dos años, hemos visto cómo su habilidad para consensuar al resto de fuerzas políticas y finalmente aprobar unos Presupuestos ha sido nula.

Actualmente nos encontramos en un escenario de prórroga presupuestaria. El gobierno sigue ejecutando los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular, aunque vía Real Decretos Ley ha podido hacer movimientos para impulsar algunas medidas que contemplaba en el proyecto de sus Presupuestos.

Sin lugar a dudas es necesaria la materialización de unos Presupuestos, la clave es qué tipo de Presupuestos y con qué socios. Y para lograr tal fin es necesario una serie de equilibrios de muy difícil resolución.

La fórmula para al alcanzar la aprobación de los Presupuestos: ERC o Ciudadanos

El país se encuentra en una situación muy complicada. España habría vivido una contracción interanual del 22,1% del PIB en el segundo trimestre del año, la mayor entre los países desarrollados. Asimismo, el empleo seguiría el mismo camino, se ha experimentado desde abril a junio una caída de 1,52 millones de ocupados, hasta situarse en 18,66 millones.

Si hablamos de pactos, la última vez que el Gobierno intentó aprobar unos Presupuestos buscó el apoyo de ERC, pero el acuerdo no fue posible, lo que precipitó las elecciones generales y, con la imposibilidad de impulsar una invstidura, fuimos a una repetición electoral que dió a luz el primer gobierno de coalición que integró a la extrema izquierda.

El apoyo de ERC viene condicionado por factores que no vienen fundamentados por más recursos para Cataluña o más competencias como sí suele negociar el PNV. En este caso, se condicionará por la "mesa de diálogo" y un veto al partido de Ciudadanos. Esta sería la opción preferida por el Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno de coalición.

Debido a la desconfianza existente y la volatilidad que puede generar las conversaciones con ERC es la opción menos contemplada por el primer partido del Gobierno, el PSOE, aunque tendría un mejor encaje con el resto de socios necesarios para la aprobación de los Presupuestos: el PNV y otras fuerzas minoritarias como Más País, Compromís, BNG, PRC, Teruel Existe o Nueva Canarias.

Si no hay un acuerdo país que impulse un pacto entre el PSOE y el PP, el papel de ERC lo debería ocupar Ciudadanos, no hay más opción. Si bien sería un acuerdo que generaría un mayor confianza con el PSOE y Bruselas para impulsar los compromisos acordados para la reducción del déficit en los próximos años, esta opción generaría tensiones en el núcleo del gobierno y también con parte de los socios necesarios para la aprobación de los Presupuestos.

Recordemos que España se beneficiaría del acuerdo europeo con la obtención de aproximadamente 140.000 millones de euros, lo que equivale a más del 11% del PIB del país y 72.700 millones de euros serán transferencias. Sin embargo, estas transferencias no representan un cheque en blanco sino que estarían vinculadas a una serie de reformas estructurales en la que Ciudadanos jugaría un papel más determinante para acceder a los fondos condicionados.

La necesidad de Presupuestos para controlar la evolución de la deuda en un período de tanta incertidumbre

En una situación de normalidad económica, la incapacidad de un gobierno para sacar adelante nuevos Presupuestos no sería especialmente negativo ya que, por lo general, no se actualizaría los gastos y los mayores ingresos permitirían una reducción del déficit y la deuda pública.

Sin embargo no estamos en ese punto. Para ese año veríamos un fuerte aumento del déficit público, partiendo del 2,8% del PIB en 2019 (año en el que se rompió la senda de reducción del déficit público) al 11,1%, cercano al pico de 2009 del aumento del déficit registrado en la crisis financiera mundial.

Este incremento del déficit es la consecuencia de la fuerte disminución de la actividad económica y del funcionamiento de los estabilizadores automáticos (se recauda menos), así como de las medidas gubernamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y apoyar la economía que han disparado el gasto público y han llevado a cargar más deuda públicaen los últimos meses.

Se pide desde Bruselas que ese déficit se vaya reduciendo en los próximos años, por lo que lo idóneo sería unos Presupuestos que contabilice el nivel de ingresos y gastos para afianzar ese compromiso.

Existe un alto grado de incertidumbre en torno a las proyecciones de las finanzas públicas para este año y especialmente el próximo. En primer lugar, se desconoce si habrá o no Presupuestos, a lo que hay que añadir cuál será el ritmo de la recuperación económica y el riesgo de que se renueven las medidas de contención en caso de nuevos brotes del coronavirus.

Estas proyecciones son coherentes con el aumento del coeficiente de la deuda pública general hasta el 120% del PIB, cifra superior al máximo del coeficiente de la deuda pública a causa de la crisis financiera mundial (100,7% en 2014).

Por ahora, los riesgos derivados del aumento de la deuda pública se ven mitigados por las favorables condiciones de financiación. A pesar del reciente aumento de la rentabilidad de los bonos, la rentabilidad media de la nueva deuda del Gobierno Central en lo que va de año es solo del 0,3%, y el vencimiento residual de la deuda se ha elevado a 7,8 años en abril, lo que limita el riesgo derivado de unos tipos de interés potencialmente más altos.

Por ahora, los mercados se fijan más en la intervención del BCR que en la propia gobernanza de cada país en cuestión. Cuando estos estímulos se reduzcan o finalicen, el Gobierno de cada país tomará mayor relevancia para evaluar el coste de la deuda y su refinanciación. Acuerdos débiles o no sostenibles a largo plazo, podrían tener un impacto en el coste de la deuda por el incremento del riesgo percibido por parte de los invasores así como un impacto negativo en la confianza de los agentes económicos.