La ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno de plena actualidad y que, debido a la pandemia del coronavirus y la crisis económica, lo ha llevado a un incremento en el número de delitos durante 2020 y por lo tanto, a extender el número de damnificados.

En vez de ofrecer una solución a esta problemática, el Estado ha sido (y es) parte del problema. No solo no ha combatido este delito, sino que lo está amparando. Queda claro en su Real Decreto publicado el 20 de enero en el que dice lo siguiente:

"Se modifica el artículo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda."

Con esta modificación se ha buscado suspender el procedimiento de desahucio y de los alzamientos contra personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. En la práctica únicamente se pueden ejecutar los desahucios que se produzcan bajo un supuesto de intimidación o violencia sobre las personas. Este supuesto dista mucho del anterior en el que se indicaba que se procedería al desahucio "cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito".

Recordemos que esta carta blanca que se ofrece a la ocupación ilegal estaría vigente durante el Estado de Alarma, es decir, hasta 9 de mayo de 2020, como mínimo, si no se establece ninguna prórroga adicional.

Atentando contra los derechos de propiedad

El Gobierno de Sánchez no ha sido precisamente un defensor de los derechos de propiedad que recaen sobre los propietarios de inmuebles. Si en otros países se ha instado a ofrecer rentas a los más vulnerables, aquí hemos traspasado el problema a los propietarios de inmuebles.

Puede ser entendible que, en este contexto delicado de tercera ola en el que los números de nuevos casos se ha disparado y ha superado los récords anteriores, se busque que nadie se quede sin una casa. Pero el problema no es el objetivo sino el procedimiento por parte del Gobierno.

Debería ser el propio Gobierno quién se hiciera directamente responsable de estas situaciones específicas. Si no ofrece una solución habitacional debería respaldar con renta. En ningún caso es concebible cruzarse de manos para que así se caiga en la casilla de "vulnerable" y acto seguido desplazar la carga al propietario.

Con esta medida, se está ofreciendo un claro incentivo para que se perpetúen estos delitos porque se ofrece una protección a la ocupación. De este modo, se crea un manto de inseguridad para el sector inmobiliario, en unos momentos que se necesita canalizar la inversión y atraer el máximo número de inversores posibles para reflotar el sector.

Las penas contempladas son irrisorias para delitos de esta índole. La ocupación sin violencia (sino hablaríamos de usurpación) está penado con sanciones de tres a seis meses de multa, sin que ello suponga una privación de libertad.

Datos de ocupación en España

Según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior y a falta de conocer los datos finales de 2020, en el primer semestre del año anterior se produjeron 7.450 ocupaciones ilegales, mientras que en el mismo periodo de 2019 se produjeron 7.093 ocupaciones. Es decir, hemos visto un incremento del 5,03% en los periodos comparados.

Si nos vamos a plazos mayores, vemos que el problema viene de atrás. En el año 2016 las ocupaciones ilegales de inmuebles fueron de 9.998 y, a cierre de 2019, alcanzamos la cifra de 14.621, un incremento acumulado del 46,23% en tan solo tres años.

Los datos son preocupantes, pero no se extienden uniformemente por toda España sino que Cataluña acapara gran parte de estos incidentes. La comunidad catalana registró 3.611 casos confirmados entre enero y junio, el 48,5% del total de las denuncias y se ha incrementado más que el resto de España (+13,2%). La comparación con Madrid es odiosa cuando en este periodo ha visto una fuerte reducción (-9,5%).

Y específicamente el problema no es otro que la provincia de Barcelona que concentra 2.644 casos, el 35,48% de las ocupaciones del territorio español y cuadruplicando los datos de Madrid (657 ocupaciones).

Daba por hecho que la mayoría de lectores del blog tenían en mente lo que es una democracia constitucional y un Estado de Derecho al escribir este artículo con las críticas a las medidas del Sr. Torres López.

Muchos comentaristas no han visto que con la aplicación de muchas de las medidas que se proponen, estamos eliminando de un plumazo el Estado de Derecho, la prescripción de los delitos (si han existido claro), el principio de legalidad vigente y la presunción de inocencia. Todo esto por fijar con poca precaución, una serie de medidas correctoras contra la corrupción, financiación pública y labores de los gobiernos bastante oscuras en el pasado. Todos estamos de acuerdo que es lamentable que hayan pasado estas cosas y que tenemos que acabar con la corrupción asociadad al poder. Pero cuidado cómo atacamos al problema.

Repasando conceptos democráticos básicos: prescripción de penas, irretroactividad y legalidad

Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia liberal moderna (entiendo liberal como aquellas que democracias que aparecen a partir de EEUU América del Norte en el siglo XVIII) es el Estado de Derecho. El estado de derecho es aquel que se sitúa por debajo de una Constitución y que obliga a que cualquier norma esté escrita, que sea sancionada por el órgano legislativo y que sea conocida por todos los ciudadanos antes de su entrada en vigor.

Las estructuras jurídicas de cualquier democracia en la que opere un Estado de Derecho, fija siempre las normas penales como irretroactivas, es decir, sólo se aplicará desde que entre en vigor ese delito y nunca para delitos pasados y también fijan prescripciones para inmensa mayoría de delitos. En particular, en España, los únicos delitos que no prescriben son terrorismo con muertes y poco más. Los plazos de prescripción de los delitos penales, van alineados con la pena máxima de privación de libertad que se tenga, por lo que un delito penado con 15 años o más de cárcel, prescribe a los 20 años de su realización.

Estas premisas básicas nos lleva a una conclusión sencilla: cualquier delito económico, contra la hacienda pública o entre entes privados, realizado hace más de 10 años, ya habrá prescrito, por lo que no tiene sentido y va en contra del propio estado de derecho mirar hacia atrás para realizar juicios paralelos, aunque no tengan consecuencias legales de ningún tipo.

Delitos económicos y orígenes turbios de fortunas, a examen

De la lista de propuestas del Sr. Torres vemos que se quiere determinar el origen de las 100 fortunas españolas, analizar la financiación a los partidos desde 1977, determinar la actividad de las empresas españolas en el extranjero, analizar todas las privatizaciones de empresas realizadas (remontándonos a los 80 en adelante) y determinar la estafa eléctrica. Dejo fuera el asunto bancario porque está vigente y en el candelero y tenemos procedimientos judiciales abiertos.

Supongamos que se han cometido hechos delictivos en estas actuaciones, como orígenes de fortunas turbias en connivencia con la dictadura, que han existido irregularidades en la financiación de partidos y sindicatos en los 80 y en los 90 e incluso que ha existido tráfico de influencias y todo lo que se nos ocurra en la privatización de algunas empresas. Pues bien, el precio que pagamos por vivir en un Estado de Derecho es que estos delitos han prescrito y si no fueron denunciados y juzgados en su momento, ya no podemos hacerlo.

Ahora, lo que sí está en procedimiento judicial, son presuntos delitos que se han podido cometer dentro del plazo de prescripción y para eso está la justicia. Véase por ejemplo el caso Bárcenas y la presunta financiación ilegal del PP, el maremagnum de los EREs en Andalucía o las subvenciones recibidas por la patronal madrileña para cursos de formación.

¿Podríamos por ejemplo analizar el origen de la fortuna de la familia Pujol desde el origen de los tiempos? No, no podemos hacerlo y la justicia tiene que resumirse en los periodos abiertos sin prescripción. Ya pudo hacerse este análisis en el pasado y por desgracia se impidió en su momento, siguiendo con el ejemplo Pujol.

En comentarios del otro post se decía también que había que determinar todo esto aunque estuviera prescrito por el mero hecho de aplicar soluciones correctoras. Error, puesto que estamos activando un sistema de análisis que elimina completamente la presunción de inocencia si miramos todos los casos. Y como ya he dicho antes, que todos gocemos de esa presunción de inocencia y la necesidad de que existan pruebas concluyentes para determinar un delito, genera que haya culpables de todas las esferas por la calle, pero evitamos infinidad de condenas a inocentes, aplicando el marco del Estado de Derecho.

El Estado de derecho como sistema de control democrático

Supongamos que una abrumadora mayoría del 99% decidiera votar a favor de la ruptura de ese Estado de Derecho, a romper el marco de legalidad y a eliminar la prescripción e irretroactividad en el código penal. Pues a pesar de conseguir ese resultado mediante una votación, resulta que rompemos con el marco democrático y entonces, el sistema de gobierno y organización social sería otro, por más votación favorable que tenga. No todo lo que vota y acepta la mayoría es democrático, cuidado con esa asociación que no siempre se cumple.

Esto viene al hilo de que la democracia no es sólo ir a las urnas a decidir una serie de temas (pocos en nuestro caso), porque hay cuestiones que por defecto si se votan y aprueban con la voz de la mayoría, el sistema deja de ser democrático.

A nivel de los delitos económicos, estamos en la misma situación y las acciones que se deben promover tienen que contar con el marco democrático. Si tenemos dudas sobre la financiación de los partidos y organizaciones sociales, cambiemos sus normas de financiación y control. Si queremos un mayor control de las emisiones de deuda pública, cambiemos la Ley General Presupuestaria para mejorarla, si queremos transparencia máxima en todos los ingresos y gastos privados, cambiemos y debatamos sobre la Ley General Tributaria, si dudamos sobre la independencia del poder judicial y de la aplicación de las normas, promovamos un nuevo sistema de control, pero tengamos siempre en mente si queremos vivir en sociedad con un Estado de Derecho o no.

Quién no quiera, que avise claramente, porque igual otros si queremos y entonces, tendremos un problema en la sociedad bastante grave con una resolución bastante complicada.

En El Blog Salmón | Sr. Torres López ¿y las propuestas económicas para Podemos dónde están? Imagen | Villamon

El caso Guateque sigue generando interesantes noticias, aunque ciertamente algunas con más difusión que otras. Y es que si no hay sexo, políticos o futbolistas, el tema pierde mucho. Es por ello que apenas hay dos entradas, a estas alturas del mes, en Google News acerca de la presunta, y repito, presunta vinculación entre la trama de concesión ilegal de licencias urbanísticas y la aseguradora Ocaso. Cuatro de sus directivos han sido imputados en el procedimiento. La imputación esta relacionada con el cambio de uso de una parte de un edificio propiedad de la aseguradora, en el cual se buscaba alterar la calificación urbanística de unas viviendas para transformarlas como oficinas y así poder alquilarlas.

Vaya en primer lugar por delante la presunción de inocencia. Aquí aún nos e ha demostrado vinculación alguna. Para eso esta el procedimiento penal. Y estas personas son inocentes hasta que se demuestre judicialmente lo contrario. Pero lo cierto es que la imputación, a la vez que es un mecanismo que sirve para proteger los derechos de esas personas y que puedan defenderse mejor, erosiona esa presunción, pues el Juez instructor tiene que tener algún tipo de indicio, de apariencia, para tomar esa decisión.

Y una vez aclarado ésto, y que no prejuzgo en absoluto el fondo del asunto, me gustaría rebatir las siguientes afirmaciones que hace Angel del Amo, en ¿Seguro?:

Ocaso no es de mis aseguradoras favoritas, pero hay que tener en cuenta que este tema no tiene nada que ver con el desarrollo natural de la actividad de la aseguradora. O sea, aunque fuera cierto el delito por el que se acusa a los directivos de OCASO, la aseguradora no corre ningún peligro y aún menos los asegurados. Y es que seguro que se empezarán a oír rumores malintencionados.

Yo también dudo que el caso afecte a una empresa del tamaño de Ocaso. Pero de lo que no dudo, es que tal y como se narran los hechos en El País, el tema si que tiene que ver, y mucho, con el desarrollo natural de la actividad aseguradora. Los imputados lo han sido por unas presuntas actuaciones en calidad de directivos de Ocaso, es más, en beneficio de Ocaso. El desarrollo natural de la actividad aseguradora consiste en recoger fondos de los tomadores para cubrir unos riesgos. Para poder cumplir su fin, y obtener beneficios, las Compañías aseguradoras invierten estas primas en el mercado inmobiliario, en activos financieros, etc. Por tanto, salvo que yo me haya perdido algo, estos señores estaban trabajando para su empresa. Es más, de ser cierto, ello hubiese supuesto una ventaja para la empresa frente a la competencia, pues entiendo que dicho cambio se hacía bajo criterios de rentabilidad

Y es que conviene recordar que, y no hablo de este caso en concreto, las personas jurídicas, las sociedades anónimas por ejemplo, no cometen delitos. Los cometen las personas que son sus directivos, sus empleados, etc. Cosa distinta es que estas sociedades si que pueden incurrir en responsabilidades patrimoniales cuando esto sucede. Y por tanto, si la imputación acaba derivando en una acusación y a posteriori en una condena, es posible que pueda haber alguna implicación económica para la empresa que, repito, no creo que le afecte sustancialmente.

Vía | ¿Seguro? En El Blog Salmón | Reale y sus escudos humanos