La economía irregular sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del mercado laboral español. Aunque las cifras continúan siendo elevadas, los últimos datos publicados por la Inspección de Trabajo muestran un descenso respecto a ejercicios anteriores.

La tendencia, aunque moderada, apunta a una mejora en la detección de fraudes y una mayor conciencia empresarial sobre la importancia de mantener el empleo dentro de la legalidad.

Durante 2024 se registraron más de 278.000 actuaciones destinadas a controlar el alta obligatoria en la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena y autónomos.

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En España, hay 9 millones más de bajas laborales que hace 10 años: estas son las razones que explican el fenómeno

Estos esfuerzos permitieron aflorar casi 93.000 empleos ocultos, una cifra que, pese a su magnitud, representa un ligero retroceso frente a los años de mayor incidencia.

Un control más exhaustivo y resultados palpables

El trabajo de la Inspección se tradujo en 33.186 infracciones detectadas, equivalentes al 57% de las irregularidades en materia de Seguridad Social. Las campañas de verificación y las denuncias anónimas ayudaron a descubrir situaciones de empleo no declarado y a regularizar a miles de trabajadores que carecían de protección.

Fruto de estas actuaciones se tramitaron 56.106 altas en la Seguridad Social, lo que supuso una recaudación superior a los 157 millones de euros. Dentro de ese volumen, se identificaron 48.652 faltas de alta, 7.234 falsos autónomos y 220 falsos becarios.

Aunque el número de falsos autónomos descendió drásticamente respecto a 2022 —año en que se alcanzó el récord con más de 39.000 regularizaciones—, sigue siendo un fenómeno relevante, especialmente en sectores donde la subcontratación y la externalización son frecuentes.

El papel de la Inspección y el impacto de la tecnología

La labor de los inspectores se apoya cada vez más en herramientas digitales y en el uso de inteligencia artificial para el cruce de datos. Los algoritmos permiten detectar patrones sospechosos en nóminas, horarios o cotizaciones que no se corresponden con la realidad del trabajo prestado.

Este enfoque predictivo ha permitido optimizar las actuaciones y mejorar su eficacia sin necesidad de aumentar los recursos humanos.

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Yolanda Díaz quiere ahora subir el SMI a los autónomos por ley y cada seis meses. Esto les aumentaría los costes laborales ya que aumentarían al mismo ritmo que IPC

El uso de plataformas compartidas entre administraciones ha sido fundamental para descubrir empresas que operan fuera del marco legal o que declaran jornadas inferiores a las reales.

Este tipo de análisis permite anticiparse al fraude y concentrar las inspecciones en los puntos donde la probabilidad de irregularidad es mayor.

Falsos autónomos y becarios, un problema que persiste

Aunque las cifras bajan, los falsos autónomos siguen representando un desafío para la economía formal. Se trata de trabajadores por cuenta propia que, en la práctica, actúan bajo dependencia y control directo de una empresa, sin asumir riesgos ni disponer de medios propios.

La Inspección define estos casos como una “relación laboral encubierta” y ha incrementado la vigilancia sobre plataformas digitales y servicios de reparto, sectores donde esta práctica se ha extendido con fuerza en los últimos años.

También se mantiene la atención sobre los falsos becarios, una modalidad fraudulenta en la que se utilizan convenios formativos para cubrir puestos de trabajo reales. En 2024 se realizaron más de 800 actuaciones relacionadas con este tipo de fraude, que derivaron en 187 regularizaciones laborales y en la imposición de sanciones a las empresas implicadas.

La hostelería es el sector con más irregularidades

El sector de hostelería vuelve a situarse en el centro de las actuaciones inspectoras. En 2024 concentró el 34,6% de las inspecciones relacionadas con trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar, con 6.377 actuaciones y 4.436 infracciones. El volumen de sanciones propuestas superó los 124 millones de euros.

Le siguen la construcción, con un 14,8% de las actuaciones; el comercio, con un 13,2%; y la agricultura y ganadería, con un 10,3%. La eficacia de las inspecciones en estos sectores oscila entre el 70% y el 90%, lo que demuestra que el trabajo irregular sigue siendo una práctica extendida, especialmente en actividades estacionales o con alta rotación de personal.

La alta temporalidad, la presión sobre los márgenes de beneficio y la dependencia del turismo explican que la hostelería lidere las estadísticas. La combinación de empleo extranjero y picos de demanda favorece, en algunos casos, la contratación sin regularización formal.

La economía sumergida, un reto estructural

Los expertos estiman que el conjunto de la economía sumergida en España podría representar en torno al 17% del PIB, una cifra que evidencia el impacto económico del trabajo no declarado.

Aunque las inspecciones consiguen aflorar miles de empleos cada año, la magnitud del fenómeno supera con creces los casos detectados.

La reducción registrada en 2024 supone, no obstante, una buena noticia. Significa que las medidas de control, la colaboración interinstitucional y la digitalización de los procesos de inspección están funcionando. Además, la creación de conciencia social y el refuerzo de los derechos laborales ayudan a que menos trabajadores acepten empleos sin contrato o sin cotización.

Imágenes | Pixabay, Instagram

El Ministerio de Hacienda está preparando una reforma fiscal para el 2021. En esta reforma se quiere plantear el incremento de los impuestos especiales, una revisión de la tributación por módulos de los autónomos y una revisión de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.

El Gobierno después de poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 en plena crisis de la pandemia por coronavirus, ahora se atreven durante este año abordar aspectos importantes de la tributación de impuestos.

Revisión de sistema de módulos para los autónomos, el impuesto de alcohol y tabaco, el impuesto del diésel y gasolina, y el IVA

El Ministerio de Hacienda tiene la pretensión de revisar el sistema de cuotas a través de módulos que pagan algunos autónomos y ya más de una vez se ha pedido que se eliminé.

Lo más conveniente es que el Ministerio de Hacienda aplicará la tributación por beneficios reales, ya que a través del sistema por módulos no se aplica la realidad.

Por otra parte, otro impuesto que quiere revisar es el impuesto de alcohol y tabaco, ya que el Ministerio de Hacienda considera que el precio que tiene en España respecto al resto de la Unión Europea es bajo y se debe aumentar para que menos personas consuman.

Otro impuesto que el Ministerio de Hacienda quiere revisar es el impuesto del diésel y la gasolina, ya que considera, que como pasa con el impuesto de alcohol y tabaco, se está pagando menos que en la Unión Europea.

Otro tema delicado es el Impuesto del Valor Añadido (IVA), el Ministerio de Hacienda quiere analizar los diferentes tipos, ya que considera que se utilizan más los tipos reducidos en los productos que en el resto de la Unión Europea.

Armonización de los impuestos entre las diferentes comunidades autónomas

El Ministerio de Hacienda quiere establecer los mismos criterios para determinados impuestos entre todas las comunidades autónomas. En concreto, el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Patrimonio, y además de esto revisar las figuras de tributación para gravar la riqueza.

El Ministerio de Hacienda lo que quiere es que todas las comunidades autónomas tengan la misma capacidad de recaudación sin que se vean obligadas a aumentar la presión fiscal de sus ciudadanos, ya que tienen más empresas que pueden recaudar sus impuestos.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda quiere revisar la presión fiscal en temas de impuestos medioambientales, ya que considera, de nuevo, que se está pagando menos de lo que está pagando en la Unión Europea. Además, se pretende crear nuevos impuestos sobre los envases de plástico de un único uso y el impuesto de residuos.

Hacienda y la Seguridad Social se unen para la lucha contra la economía sumergida

Además de la reforma fiscal que se plantea por parte del Ministerio de Haciendo también se quiere crear un equipo dentro de la Seguridad Social para combatir la economía sumergida en España.

La población de España está distribuida de manera diferente según donde la región donde vive y la concentración de la mayor parte de la población está en 5 grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla). Por tanto, se considera que pueden establecer más esfuerzos en estas comunidades autónomos para sacar a la luz está economía sumergida.

Por tanto, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social van a desarrollar de forma conjunta un plan de lucha contra la economía sumergida, en que van a trabajar diferentes inspectores, es decir, los inspectores de inspección laboral y los inspectores de la agencia tributaria.

En El Blog Salmón | Soluciones que podría aplicar el gobierno para salvar la economía de España en 2021

Imagen | LaMoncloa

La economía sumergida o economía informal es aquella actividad económica que se encuentra fuera de la economía regulada y por lo tanto, el Estado no puede ejercer todo su sistema tributario contra esta actividad económica.

Las estadísticas alrededor de la economía sumergida suelen ser difusas porque son operaciones a pequeña escala aunque numerosas y por lo tanto, se trata de estimaciones mediante encuestas o bien indicadores indirectos como puede ser la demanda de dinero en una economía.

A escala global el tamaño de la economía sumergida se reduce

En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha evolucionado el tamaño de la economía informal frente al global de la economía en cada uno de los territorios económicos desde 1990 hasta nuestros días.

En todas ellas se percibe un patrón claro y es que la economía informal ha perdido peso relativo, lo que significa que las actividades que se desarrollaban en la economía informal han ido pasando a la economía formal.

Esto ha sido posible gracias a la mejora de países con un mayor crecimiento de su PIB, una rápida acumulación de capital físico y grandes mejoras en la gobernanza y el clima empresarial fructífero para desarrollar la actividad económica.

A día de hoy aquellas regiones que se encuentran con una mayor proporción de economía sumergida las encontramos en la África subsahariana y América Latina y el Caribe, ambas muestran una actividad no regulada que tiene un peso del 34% sobre el PIB.

Por lo tanto, la actividad informal representa aproximadamente un tercio del PIB, pero lo más significativo es que implica el 70% del empleo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

La informalidad está más extendida en las economías menos desarrolladas, con grandes sectores agrícolas y una mayor proporción de trabajadores no cualificados. Aunque a veces proporciona la ventaja a corto plazo de la flexibilidad y el empleo, un sector informal más amplio se asocia con una menor productividad, menores ingresos fiscales y una mayor pobreza.

Existe una elevada heterogeneidad en el tamaño de las economías informales en África subsahariana, que van desde un mínimo del 20 al 25% en Mauricio, Sudáfrica y Namibia hasta un máximo del 50 al 65% en Tanzania y Nigeria.

En comparativa, el América del Norte la economía sumergida tiene un peso del 9% sobre el PIB y, si tenemos en cuenta el global de países dentro de la OCDE, el peso relativo escala hasta casi el 15% sobre el PIB.

¿Por qué existe la economía sumergida?

La economía sumergida surge cuando la economía formal impide el desarrollo económico de una actividad empresarial determinada en la que dos partes están de acuerdo en el intercambio de un bien o un servicio.

Este impedimento puede ser causado principalmente por tres motivos esenciales. El primero, vendría dado por una regulación lo suficientemente exigente para que existan incentivos para acometer esa actividad fuera de la economía formal, obteniendo una prima económica por ese riesgo legal asumido por las partes.

Los trabajadores informales constituyen la gran mayoría del empleo en el sector agrícola en los países en vías de desarrollo, en parte porque se fijan altos costes de cumplimiento desalientan la actividad del sector formal de las pequeñas empresas agrícolas.

Desde otro punto de vista y con ejemplos cercanos, lo vemos en el Código Penal en la prohibición y tráfico de determinadas drogas. También, en la imposición de un salario mínimo por parte de un Gobierno que impide a los trabajadores menos productivos acceder al mercado laboral regulado y se ven abocados a la economia sumergida.

Otro motivo, sería un esquema de impuestos lo suficientemente altos para que la percepción de tanto productores como consumidores sea tratar de esquivar la voracidad fiscal para que se pueda facilitar la transacción. Y es que en España, con un tipo general sobre el consumo del 21%, surge un incentivo claro para evitar un fuerte encarecimiento sobre la factura.

El ejemplo más común sobre cómo los impuestos perjudican es la contratación de profesionales independientes "sin factura" para ahorrarse el pago de los impuestos al consumo, aunque ello implique menos garantías en la prestación de servicios. También con la elusión fiscal de patrimonios a través de paraísos fiscales y sociedades pantallas para eludir el pago del impuesto de sociedades.

En último lugar, la carencia de unas instituciones sólidas -una característica de las economías en vías de desarrollo- que no protejan la propiedad privada motiva el auge de la economía sumergida. Hablamos de una carencia de seguridad jurídica lleva a una aplicación ineficaz de la ley.

La ley disfuncional en sus mecanismo de aplicación junto a unas instituciones que predomina la corrupción, lleva a que las empresas prefieran el mercado negro por la falta de garantías existentes en la economía formal.

Aquí el que no llora no mama. El ejemplo de los taxistas con el caso Uber o el los autobuseros con Blablacar es sólo la muestra más evidente de algo que subyace en este sistema. Y es que los empresarios saben perfectamente que el negocio está en el BOE, y les molesta mucho pagar la mordida fiscal y normativa para ver su negocio amenazado por outsiders. Lo que ocurre es que esta deriva puede hacer que más de uno de nosotros pase a la clandestinidad, por "traficar" con coches o dedicarse a la elaboración de paellas "ilegales". Veamos los dos ejemplos.

En próximas fechas estaba prevista la modificación del Reglamento General de Circulación, concretamente añadiendo al artículo 92 el siguiente punto:

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en la vía pública, para su venta o con la finalidad de ejercer actividades comerciales no autorizadas.

Es decir, se buscaba ilegalizar el dejar el coche con el cartelito del se vende, sin determinar claramente la diferencia entre el particular-particular, y los que tienen 10 coches permanentemente parados en un arcén o en un centro comercial, además de acabar con las furgonetas distribuidoras de comida sin las pertinentes licencias.

Convien recordar que este intento venia a suponer una legalización general de esta actividad, superando las meras prohibiciones locales que algunos ayuntamientos disponían en sus ordenanzas municipales.

El caso es que, para disgusto de ANCOVE, Asociacion Nacional de Comerciantes de Vehículos, que había impulsado esta medida con la excusa (siempre útil) de las mafias que pidiera haber detrás, la DGT ha dado marcha atrás y dicha prohibición se ha caído del borrador.

Pero este verbo da para mucho más. Por ejemplo, para que hay hosteleros que se quejen contra las paellas clandestinas, considerando como tales aquellas que elaboran porteros de urbanizaciones de veraneo, o las realizadas dentro de los clubs sociales de esos mismos inmuebles. Y todo ello sin apps neoliberales que les ladren.

Tengan cuidado ahi afuera, que decían la comisaría de Hill St. El mundo está lleno de empresarios que, en vez de preguntarse los motivos por los que la gente prefiere optar por la competencia, azuzan al perro gubernamental contra la misma. O contra sus potenciales clientes.

Más información | FEDEME, coches.com, TheFoodieStudies

En El Blog Salmón | El Sistema D o el poder de la economía informal, Y ahora, los ciudadanos son los que tienen que denunciar el fraude fiscal

Imagen | Benjie Ordoñez

Recuerdo que hace unos meses el ministro De Guindos aseguró no haber tenido jamás uno en sus manos. Sea verdad o mentira, lo cierto es que el billete de 500 euros es tremendamente difícil de ver para la mayor parte de la población. De hecho, estoy convencido de que muchos de los lectores jamás habrán tenido uno frente a sus ojos. ¿Me equivoco?

Sin embargo, pese a su supuesta clandestinidad, actualmente existen 83 millones de unidades de este tipo de billetes puestos en circulación, según datos del Banco de España, y aún representan el 68,4 % del total de efectivo en manos de los españoles. Entonces, ¿dónde se esconden?

En mi opinión, el debate sobre la supresión de este billete debería ser un tema de actualidad económica en el seno de la eurozona. Un billete de tal calibre no es conveniente para una economía desarrollada como la europea ya que puede terminar como refugio para el dinero negro.

Si verdaderamente existe una intención clara de atajar el fraude y el crimen organizado, el primer paso lógico debería ser retirar de la circulación un billete que prácticamente no tiene homólogo entre las monedas vecinas. Japón, Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo, no disfrutan de un billete de tanto valor en sus respectivas divisas. ¿Por qué la Unión Europea sí?

Por tanto, creo que el Banco Central Europeo debería eliminar a este mastodóntico billete del mercado y relegarlo a los museos. La lucha contra el fraude, la corrupción y los paraísos fiscales merecen una decisión valiente en este sentido.

En El Blog Salmón | A los españoles nos cuesta deshacernos de las pesetas, Dinero negro y billetes de 500€ o porqué es una falacia esta correlación con España Imagen | matze_ott

Al hilo del post del otro día sobre las monedas sociales (o complementarias, que no se me enfade nadie) me gustaría insistir en la vinculación de la misma, en muchos casos, con la llamada Economía informal. Y para ello os traigo un video que nos habla el poder del Sistema D o Economía informal.

Se trata de una charla de Robert Neuwirth en TED, donde expone sus experiencias e ideas a propósito del que el denomina Sistema D, y que define del siguiente modo:

Me apropié del término System D de las antiguas colonias francesas. Existe una palabra en francés, «débrouillardise», que significa ser autosuficiente, y las antiguas colonias francesas lo han convertido en System D para la economía de la autosuficiencia, o del «hágalo Ud. mismo».

Me resulta curioso que use dicho termino para la que otros denominan mercado negro o economía sumergida, pero no me extraña, ya que el tiempo me ha enseñado que muchos usan despectivamente dichos términos, intentando criminalizar a los agentes de dichas realidades, y todo por escapar al control del Estado.

Eso sí, cuando quien realiza dichas prácticas son grupos ideológicamente afines, entonces no se menciona la expresión mercado negro o fraude fiscal, entonces hablamos de autogestión social, de economía alternativa, etc...(ojo, no digo que todo lo que esté bajo estas últimas etiquetas se corresponda con lo que estoy señalando, pero si parte de las mismas).

Ya no se trata de que el Sistema D sea una realidad a tener en cuenta en países como los descritos por Neuwirth, es que su peso en los países de nuestro entorno, con un Estado en crisis y en plena huída hacia delante, cuenta con todas las papeletas para crecer. ¿Os acordáis de aquel post dedicado a la contraeconomía?

Bienvenidos al Sistema D, un mundo lleno de oportunidades.

Vía | TED En El Blog Salmón | Yo no acuso: la contraeconomía, La economía sumergida crece

No suelen abundar los estudios que tratan de medir la economía sumergida en los países desarrollados. En este sentido, hoy Visa Europe ha presentado el "Estudio paneuropeo sobre economía sumergida" en el que valora en 201.300 millones de euros este fenómeno en nuestro país durante el pasado 2012, un 19 % del PIB, casi una quinta parte de la economía.

Según este informe, la economía sumergida española se encuentra ligeramente por encima de la media europea, que es del 18,5 %, y por encima de países como Alemania, Reino Unido y Francia. Sin embargo, constatan que desde 2008 apenas ha incrementado y se ha mantenido constante en torno al 19 %.

Los principales sectores en los que se concentra la economía sumergida española son el de la construcción, industria, comercios, hoteles/restaurantes y transporte/comunicación, y las principales circunstancias que la originan son los trabajos y las ventas no declaradas.

¿Quieren nuestros políticos recuperar la economía del país? Pues que empiecen metiendo mano por aquí. De entrada, creo que estaría bien comenzar por disminuir el nivel impositivo tanto de los particulares como de empresas, reducir la burocracia relativa al estudio de estos asuntos y mejorar los recursos de las autoridades fiscales. Si bien, estas medidas quedarían en nada si no van acompañadas de una concienciación ciudadana. Sin embargo, ¿como pedirle a una pequeña pyme o a un autónomo que declare todo el IVA mientras es testigo de grandes casos de corrupción por parte de quienes nos gobiernan? El dilema moral está servido.

Vía | La Información En El Blog Salmón | El problema de la economía sumergida en España y La dureza de la economía sumergida representada en un par de calcetines Imagen | Randradas

El Institute Management for Development (IMD) ha publicado su Anuario sobre Competitividad Mundial de 2012, en el que sitúa a España en el top ten de los países más lastrados por la economía sumergida, concretamente en el puesto 9 de entre los 59 países analizados. Si nos centramos exclusivamente en los países miembros de la UE, España es el tercer país en el que la actividad económica sumergida más afecta al crecimiento real de la economía. Sólo nos superan Hungría y Rumanía, que cierran la lista.

En el lado opuesto de esta clasificación, los países con menos problemas de economía sumergida son Chile, Suiza, Noruega, Australia, Singapur, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos y Japón. Por su parte, países europeos como Alemania, Irlanda, Dinamarca o Reino Unido aparecen en la veintena de los países menos castigados por la lacra de los trabajos en negro.

La economía sumergida es una lacra para el crecimiento de cualquier país, de eso no cabe la menor duda. En España resulta inconcebible que con casi seis millones de parados, el crecimiento hundido y unas perspectivas de mejora a medio plazo bastante inciertas, exista una calma social tan desconcertante. La explicación a este paz social no es otra que la economía sumergida que se encarga de sostener los pilares básicos del país desde sus propias entrañas.

Acabar con este fenómeno es bastante complicado y pasa exclusivamente por la concienciación de sus ciudadanos. Controlar los trabajos en negro se antoja bastante complicado dadas las precauciones extremas que toman sus practicantes, a lo que se une el hecho de que una parte de la sociedad, cansada de escándalos de corrupción política, vea estas actividades como normales y en ningún caso se plantea denunciarlas.

Hace unos días Remo nos contaba la historia de una mujer se veía obligada a vender calcetines y paraguas para complementar su pensión y así poder alimentar a su familia. Como esta señora cada vez hay más españoles en situación precaria a las que la vida les obliga a hacer labores de albañilería, fontanería, mecánica o agrícolas al margen del Fisco si quieren tener un bocado de pan que llevarse a la boca. No los justifico pero sí me pregunto: ¿cómo solucionamos este gravísimo problema?

En El Blog Salmón | La dureza de la economía sumergida representada en un par de calcetines, ¿Por qué existe economía sumergida? y Ya tenemos un Plan para la Economía Sumergida, que en el fondo no arregla nada Imagen | Daquella Manera

Que el fraude fiscal es una de los lastres de nuestra economía es algo que a nadie se le escapa, pero ¿se puede hacer algo en un país donde el fraude fiscal es aceptado socialmente? Mientras el que defrauda, sea mucho o poco siga siendo visto como “el listo”, y “si yo supiera como, haría lo mismo”. Está claro que va a ser difícil atajar el fraude fiscal.

De tal forma que lo primero que hay que hacer es conseguir que esa imagen cambie, que el fraude sea visto como lo que realmente es, un perjuicio para el conjunto de la sociedad, y para cada miembro en particular, eso aumentaría la presión sobre los defraudadores, y sería un primer movimiento para atajarlo, si no definitivamente, al menos en gran medida. Veremos a continuación, que se podría hacer para conseguirlo:

Desde el Gobierno es necesario un cambio de actitud y de dirección. Las medidas que ha ido aplicando, y el mensaje que transmite, van en la dirección errónea:

• El “Programa especial de regularización de activos ocultos” que en la práctica es poco más que una amnistía fiscal viene a decir: “Si confiesas lo que tienes te libras con una chaparreta”, una burla para todos aquellos que hemos cumplido puntualmente con nuestras obligaciones fiscales.

• La de tipos del IVA, motivada porque “hay muchos que no pagan”, viene a decir, que los tontos que pagan porque no pueden o no saben evitarlo paguen por los que no pagan y asunto arreglado. De nuevo otra burla a los que cumplimos con nuestras obligaciones.

El Gobierno debería ser menos complaciente con los que defraudan, pero las multas sólo afectan de verdad a las economías con menos recursos; aunque parezca lo mismo, una multa de un 50% a alguien con unos beneficios anuales de 5000 euros, no le afecta igual que a alguien con unos beneficios de 5 millones, que probablemente, a pesar de la multa podrá seguir llegando a final de mes.

Del mismo modo que el fraude no tiene el mismo impacto sobre las arcas del estado, las multas deberían ser progresivas y no proporcionales, para desincentivar el fraude.

Destinar la mayor parte de los recursos económicos y humanos disponibles a perseguir la economía sumergida y pequeños fraudes, que muchas veces no son más que errores, en lugar de perseguir con tesón los grandes fraudes, es remar en la dirección equivocada.

Es difícil combatir en fraude cuando los que defraudan están bien vistos, y hay un elevado grado de tolerancia hacia determinadas actitudes fraudulentas.

Pero para ello haría falta en primer lugar que no fuese el fraude la única alternativa para susbsistir. Cuando una madre con dos hijos a cargo se ve cobrando 300 euros de paro, u obligada a trabajar por el SMI, ¿es extraño que se ponga a hacer horas limpiando viviendas, o cualquier otra tarea de manera “opaca”? Cuando el simple hecho de encadenar dos trabajos con el SMI ya la obliga a hacer una declaración de la renta que probablemente le resulte “a pagar” más que lo que pagan algunos grandes ejecutivos, a los que esa cantidad no les supone nada, pero a ella le supone la compra de la semana.

Las medidas anti fraude del Gobierno deberían ir en dos vías necesariamente paralelas:

• Que trabajar dentro de la legalidad sea mucho más rentable que no hacerlo, que contratar sea sencillo y económico, y se bonifique la creación de empleo (sin destrucción previa, la trampa de despido barato a uno y contrato a otro por los incentivos fiscales ya la conocemos)

• Que defraudar salga mucho más caro que no hacerlo, sobre todo si te pillan, que los delitos de fraude que se detecten abran una ventana a nuevas investigaciones de los cinco años anteriores al fraude detectado, si en esa periodo hubo otro fraude eso abre otra horquilla hacia los siguientes cinco y así si detectan un fraude tuyo puedan investigar hasta el momento de inicio de la actividad.

En El Blog Salmón | ¿Por qué existe economía sumergida?; ¿Está bien defraudar a Hacienda?; El 99% no denuncia el fraude fiscal

En Pymes y Autónomos | Después de todo, defraudar es lo normal ¿no?
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vuelve a salir a escena, tras unas semanas en un segundo plano, para volver a lanzar una de sus perlas sobre la economía sumergida. Hoy ha afirmado que se ha incrementado de forma alarmante desde que estallara la crisis, pues se ha reducido hasta 70.000 millones la recaudación pública. Pero, ¿acaso no es eso responsabilidad suya? ¿No es eso el reconocimiento expreso de un fracaso como responsable de la hacienda pública? ¿No debería dimitir inmediatamente después de hacer esta afirmación?

Se celebraba el debate en el Congreso sobre el proyecto de ley para la intensificación de la lucha contra el fraude en el Congreso. En su intervención, el titular de Hacienda califica de “muy considerable” el incremento del fraude fiscal y la economía sumergida en esta crisis, con una caída de la recaudación de 70.000 millones de euros, y no sólo señala a la situación económica o el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La afirmación de hoy no es falsa, ni mucho menos, pero sí contiene un reconocimiento expreso de su incapacidad para atajar esa economía sumergida. Admite de forma indirecta que no puede hacer nada, después incluso de una injusta y demoledora (por su mensaje a la sociedad) amnistía fiscal, con la que aceptaba mirar para otro lado para sacar a flote parte de ese dinero negro y con la que se apuntó un nuevo fracaso, al recaudar un 2 % de lo esperado hasta julio.

Porque no olvidemos que es su cometido luchar contra una de las lacras económicas de este país. Es a él, y al resto de ministros que han ocupado ese sillón durante los últimos años, a quien hay que exigir esa responsabilidad y en el caso de un fracaso, que haya consecuencias directas. Y en política, en los mandos superiores de una estructura, hay una más que evidente: la dimisión.

No ha sido esta la única declaración similar sobre la economía sumergida de Montoro. El pasado mes de julio afirmaba, sin pestañear y sin sentir la necesidad de presentar su dimisión, que no se tendría que subir el IVA a todos los ciudadanos (defraudadores y no defraudadores) si se pagara más.

Pero al margen de ese reconocimiento expreso y de sus desacertadas palabras, uno se pregunta qué es lo que esperaba el sr. Montoro. Subir, como lo han hecho, los impuestos de forma indiscriminada y en el momento más inoportuno sin poner coto antes a ese 25 % de economía sumergida es como pretender inflar una rueda de una bicicleta mientras tiene tres pinchazos distintos. ¿Acaso no sabía que esto iba a suceder?

En definitiva, escuchar al ministro de Hacienda quejarse del nivel de economía sumergida resulta descorazonador, sobre todo, después de que sus palabras no hayan tenido un efecto inmediato. Porque, si no es capaz de hacer frente a ello, la única salida que le queda es marcharse.

En El Blog Salmón | Cinco perlas para la historia de Cristóbal Montoro, Las escalofriantes cifras de la economía sumergida, Montoro dimite: tu incompetencia como ministro no la tienen que pagar los españoles
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