Telefónica ya no es lo que era. Durante décadas fue una de las compañías más influyentes de España, un motor económico que acompañó la modernización tecnológica del país y que llegó a gestionar la mayor red de telecomunicaciones en lengua española.

Desde el monopolio estatal hasta su expansión internacional, su evolución marcó la historia reciente del sector. Pero su transformación también ha venido acompañada de una reducción progresiva de plantilla que, lejos de frenar, se ha acelerado con cada reestructuración.

Las últimas dos décadas han supuesto un punto de inflexión. La competencia creciente, la caída de ingresos por servicios tradicionales, los cambios tecnológicos y la presión por mejorar márgenes han llevado a la empresa a una estrategia continuada de ajustes laborales.

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El resultado es una fotografía muy distinta a la de principios de siglo: una plantilla menguante y un escenario marcado por sucesivos planes de salida que han modificado profundamente la estructura interna de la compañía.

Historia reciente de una reducción constante

En 2004, Telefónica contaba con unos 60.000 empleados en España. Era una cifra que reflejaba la magnitud de una empresa que entonces dominaba el mercado de telefonía fija, móvil y servicios corporativos.

Sin embargo, esa base laboral ha ido disminuyendo de manera constante a través de sucesivos planes de reestructuración. Si se cumplen las previsiones actuales, la compañía iniciará 2026 con únicamente una cuarta parte de aquellos trabajadores, lo que supone una reducción de tres cuartas partes respecto a hace 20 años.

Este cambio no ha sido abrupto, sino gradual, con ajustes cada dos o tres años. La empresa, como otras grandes telecos europeas, ha tenido que adaptarse a un entorno donde los ingresos por voz se han desplomado, la competencia en fibra y móvil es feroz y los servicios digitales requieren menos personal que las antiguas infraestructuras.

El nuevo ERE: la pieza que completa otro ciclo de recortes

La compañía ultima un nuevo Expediente de Regulación de Empleo cuya presentación está prevista ante los sindicatos.

Las cifras que se barajan oscilan entre un mínimo de 2.000 y un máximo de 6.000 salidas. El mercado sitúa el acuerdo probable en torno a las 4.000, lo que representa un recorte muy significativo sobre los 18.300 trabajadores actuales de Telefónica España.

Ese dato excluye personal corporativo y de otras áreas del grupo ubicadas en el país, que elevarían la cifra total a unos 25.100 profesionales. Aun así, con el ajuste previsto, el número de empleados se reduciría hasta aproximadamente 14.300. De confirmarse, el grupo habría perdido casi 10.000 puestos solo en la última década, a lo que se suman miles más en reestructuraciones anteriores.

Un proceso acelerado y con presión temporal

La dirección ha marcado el calendario con precisión. Tras comunicar el plan a los sindicatos, se abrirá un plazo de quince días para constituir la mesa de negociación. Después se habilitará un periodo de un mes para cerrar el acuerdo definitivo. 

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El objetivo es tener todo aprobado antes de final de año, lo que permitiría contabilizar el impacto económico en 2025 y simplificar la estructura de cara a 2026.

La empresa plantea este factor temporal como parte del argumento negociador. Con un acuerdo rápido, las condiciones de salida serían más favorables, según trasladará la dirección. De lo contrario, advierte de que tendría que ejecutar el plan igualmente, pero con condiciones menos ventajosas.

Un historial reciente que muestra la misma tendencia

El último ajuste se produjo en enero de 2024, cuando salieron 3.400 empleados. Aquella operación supuso un impacto contable cercano a los 1.300 millones de euros, con un desembolso medio de 380.000 euros por trabajador. La lógica era idéntica a la actual: reducir duplicidades, simplificar procesos y generar ahorros estructurales destinados a mejorar la generación de caja.

Los recortes, según la compañía, se justifican por la necesidad de adaptar la plantilla a un modelo de negocio más digitalizado y con menor dependencia de tareas manuales o mantenimientos tradicionales.

Para los sindicatos, en cambio, el ritmo de ajuste supone una pérdida acelerada de talento, experiencia y servicio, al mismo tiempo que empeora la calidad del empleo en un sector históricamente estable.

Un ERE diseñado para empleados veteranos

Como es habitual en estos procesos, la compañía orienta el nuevo plan hacia trabajadores mayores de 55 años. La razón principal es el convenio vigente con la Seguridad Social. Telefónica continúa cotizando por estos empleados hasta que cumplen los 63, lo que permite que mantengan intacta su base reguladora y no vean reducida su futura pensión.

Este esquema se ha convertido en una puerta de salida voluntaria muy utilizada en los últimos años, especialmente en el conocido Distrito C, donde se concentran miles de empleados de la compañía.

Para muchos trabajadores veteranos, estas condiciones representan un incentivo atractivo, mientras que para la empresa supone una vía para rejuvenecer la plantilla sin recurrir a despidos forzosos.

La competencia y el mercado como elementos decisivos

La transformación del sector explica en parte esta evolución. Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a una competencia intensa, márgenes estrechos, inversiones multimillonarias en fibra y 5G y una regulación exigente.

La entrada de nuevos actores más ligeros y digitales ha reducido la cuota de mercado de operadores históricos y ha impulsado la necesidad de estructuras más pequeñas. Telefónica es solo un ejemplo.

Imágenes | Wikipedia, Freepik

Hace unas semanas Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, anunció que estaba estudiando un cambio de normativa para impedir que las empresas con beneficios se pudieran acoger los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

El contexto de todo esto era el ERE presentado por Vodafone España (recientemente vendido a Zegona) por un tercio de la plantilla. Curiosamente Vodafone España lleva diez años en pérdidas, pero esa es otra historia.

La normativa de los ERE

Hay que recordar que las empresas que quieren reducir su plantilla están obligadas a presentar un ERE en ciertas condiciones. En el caso de empresas de más de 300 trabajadores si despiden a más de 30 empleados durante un periodo de 90 días.

Si se modifica la ley como indica la ministra de Trabajo, las empresas con más de 300 trabajadores que se encuentren en beneficios no podrían despedir a más de 30 empleados, ya que tendrían que presentar un ERE y esto sería imposible debido a su situación económica.

La flexibilidad de las empresas

En un principio y con una lectura inicial la propuesta puede tener sentido: si una empresa tiene beneficios no tiene que reestructurarse y por tanto no necesita desprenderse de más de un 10% de la plantilla.

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Pero hay muchos ejemplos que indican lo contrario. El mundo es muy cambiante y las empresas tienen que reestructurarse rápido si es necesario. El típico ejemplo es la IBM de los años 80, dominando el mercado de los PC.

En 1990 batió todos los récords de beneficios, con casi 6.000 millones de dólares. En 1991 ya estaba en pérdidas, que aumentó en 1992 y en 1993 dio unas pérdidas de casi 8.000 millones de dólares, cosa que ninguna empresa de EEUU había hecho hasta entonces.

¿Qué le pasó a IBM? Que estaba dejando de dominar el mercado de los PC y su estructura de costes fijos era muy grande. Debía reorganizarse. A partir de 1993 dejó de lado los productos y empezó a centrarse en servicios, volviendo a ser una máquina de generar dinero.

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Sin embargo si se hubiera reestructurado antes no habría tenido esas pérdidas. Que pudo soportar de milagro, otras empresas como Kodak no lo lograron y tuvieron que pasar por un concurso de acreedores.

En la industria solo hay dos formas de innovación: o con empresas flexibles o con startups que se comen el mundo. Si quitamos la posibilidad de que las empresas se reestructuren cuando consideren que el mercado lo requiere estamos condenando a muchas empresas a desaparecer, aunque unos años antes estuvieran dando beneficios. IBM lo vivió en sus carnes en los años 90 y ahora el mundo funciona incluso más rápido.

Las relaciones laborales en España

En las relaciones laborales entre empresa y empleados tiene que haber un compromiso entre la flexibilidad que requieren las empresas y la protección social del empleado. Tener costes de despido es una razonable protección, y en España hay unos claros costes que además son bastante elevados comparados con otros países prósperos.

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Decantar aún más la balanza hacia los empleados no es bueno para las empresas y esto tiene un impacto en el empleo, tanto por la futura reticencia de las empresas a crecer en número de empleados cuando las cosas vayan bien como por la destrucción de empleo vía quiebras empresariales.

Y por supuesto que no estaríamos teniendo este debate si no fuera por la tasa de paro que tenemos. En sociedades no tan lejanas, con paros que en los casos extremos llegan a la mitad de lo que vemos ahora en España, no hay necesidad de tocar tanto las leyes laborales y proteger tanto a los trabajadores porque si uno pierde el empleo lo logra casi de inmediato.

El mercado en España sigue siendo disfuncional y los políticos siguen proponiendo medidas absurdas que quitan el foco de lo importante: necesitamos que haya más empresas con ganas de crecer y una regulación laboral que no les asuste a la hora de contratar.

Imagen | Ministerio de Trabajo y Economía Social, Pixabay

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia el pasado 24 de enero y ha sembrado un precedente, dictaminando que no ve discriminación alguna y posible ante el hecho de que una empresa en acuerdo con sus trabajadores y representantes de los mismos, pacten en un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción una indemnización de menor cuantía para los mayores de 60 años.

La sentencia confirma de este modo, que considera razonable, objetivo y proporcionado ese trato de distinción dado entre los trabajadores mayores de 60 años y los menores de esa edad, ya que argumenta que los empleados de más de los 60 años están ya próximos a la jubilacióny por ende tendrán acceso a la pensión correspondiente.

En línea con lo expuesto, el Tribunal Supremo aludió también a que los trabajadores de menor edad aún les queda un recorrido profesional por delante que se les presenta más incierto que a los ya mayores de 60 años y están aún alejados de la jubilación, siendo de igual modo más difícil las prestaciones que puedan recibir de la Seguridad Social.

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En palabras de los Magistrados “los trabajadores de menor edad les resta un recorrido profesional y vital más incierto, están todavía alejados de la pensión jubilación, y resulta objetivamente más difícil que las prestaciones de seguridad social que puedan percibir en el futuro alcancen hasta el momento de acceder a esa pensión”.

El precedente del TSJ de Castilla La Mancha

El Tribunal Supremo desestimó el recurso contra un fallo del mes de abril de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, donde se avalaba el acuerdo entre Elcogás, Endesa Generación, Enel Spa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Électricité de France Internacional e Iberdrola Generación, y los sindicatos. La Sala de lo Social daba por bueno y justificado así, que la trabajadora de más de 60 años, que presentó la denuncia, fuera despedida en esas circunstancias.

El Tribunal en su sentencia destaca que las compensaciones que fueron pactadas para los trabajadores superaban el salario mínimo exigible y que tenían aspectos que eran beneficiosos para los que ganaban menos. La Sala así, cree que el acuerdo establece para todos los afectados una indemnización superior a la previstalegamente de 20 días por año de servicio, distinguiendo de esta forma entre los menores de 60 años y los que superan dicha edad.

Argumenta del mismo modo, que el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores fue fruto de una negociación colectiva, siendo posteriormente aceptado por los individuos autorizados para tal efecto.

Añade la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que “el sacrificio exigido a quienes están en una u otra franja de edad es razonable y proporcionado, resultando objetivamente justificado que el acuerdo para distribuir los costes de la cuantía total de la suma indemnizatoria alcanzada con la empresa favorezca en mayor medida al colectivo que se encuentra más alejado del momento de la jubilación”.

Así fue el acuerdo

El pacto alcanzado entre trabajadores y representantes con la empresa, dispuso que la indemnización para los menores de 60 años fuera la correspondiente al despido improcedente, más una cantidad total de 14.500 euros si el salario era inferior a 50.000 euros brutos anuales, de 10.500 euros para los situados entre la franja de los 50.000 euros y los 100.000 euros, y de 6.500 euros si no se llegaba a superar los 150.000 euros. El acuerdo pactado reflejaba que quedaban exentos de indemnización aquellos trabajadores cuyos salarios superaran los 150.000 euros, y que para los empleados mayores de 60 años las cantidades serían inferiores.

La sentencia dice textualmente que es  “razonable y proporcionado que contemple una menor indemnización para quienes ya han cumplido la edad de 60 años, teniendo en cuenta que se encuentran muy próximos al acceso a la pensión de jubilación, situándose a las puertas de la misma con la percepción de prestaciones de desempleo, y pueden beneficiarse más fácilmente de la posibilidad de concertar un convenio especial de seguridad social en consideración la previsión sobre su financiación del art. 51.9 ET para los procedimiento de despido colectivos de empresas no concursadas en favor de los trabajadores mayores de 55 años”.

Esto ha sido recibido con sorpresa entre el conjunto de los ciudadanos que son mayores de dicha edad y que ven ahora como sus derechos en los que a indemnización se refieren pueden verse adulterados. El grueso de la población mayor de 60 años ahora se siente indefenso ante tal acto discriminatorio y la justicia parece que no se posicionará a su lado.

La justicia parece no ser tal cuando hace una diferenciación entre trabajadores de una misma empresa en función de la edad que tienen. Ahora todo parece justificar que los empleados que sean mayores de 60 años deberán percibir menos indemnización que el resto de sus compañeros.

Empresas de todos los sectores han recurrido a los ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para hacer frente a la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus.

El ERTE supone que la empresa suspende de forma temporal los contratos a sus trabajadores o bien reduce su jornada laboral y, por tanto, también se reduce su salario, por causas de fuerza mayor como ha sido el caso del coronavirus.

¿Cuánto va a pasar a cobrar un trabajador en un ERTE de suspensión?

El cobro del ERTE ordinario del trabajador afectado recibe el 70 por ciento de la base reguladora, teniendo como referencia los 180 días anteriores a la fecha del ERTE. En los ERTEs ordinarios, el trabajador cobre el 70 por ciento de la base los 6 primeros meses y a partir del séptimo mes, cobra el 50 por ciento.

Los ERTEs varían entre unos mínimos y unos máximos, en función de si el trabajador tiene hijos o no a su cargo. Concretamente, el mínimo sin hijos a cargo que se ha venido es de 501,98 euros y con la reducción al 50 por ciento de la base será de 358,55 euros.

Si se tiene un hijo o más a cargo la cantidad que se cobra por un ERTE es de 671,40 euros, y con la reducción al 50 por ciento de la base será de 479,57 euros. Claramente con estas prestaciones no se puede tirar adelante un hogar en la actualidad.

La prestación máxima, sin tener hijos, es de 1.098,09 euros, que con la reducción al 50 por ciento de la base será de 784,35 euros, con un hijo a cargo, es de 1.254,96 euros que pasa a ser de 896,40 euros y con dos o más hijos se está cobran 1.411,83 euros que pasa a ser de 1.008,45 euros.

¿Cuánto va a pasar a cobrar un trabajador en un ERTE de reducción de jornada?

El ERTE de reducción de jornada consiste en la disminución en unas horas al día o algunos días del mes de la jornada laboral del trabajador, por tanto, se cobra la parte del sueldo y además parte de la prestación por desempleo que corresponde al trabajo que es equivalente a la disminución.

Por tanto, si como consecuente del ERTE de reducción de jornada el trabajador se ve reducidas las horas que trabaja en un 30 por ciento, la cantidad de la prestación será del 30 por ciento a la que hubiese correspondido en caso de desempleo a jornada completa.

Por tanto, si el ERTE de reducción de jornada le afectará a un trabajador al inicio de la pandemia del coronavirus, es decir, en el mes de marzo, el trabajador ha disfrutado de la prestación de desempleo durante 51 días (50,70 días que equivalen al 30 por ciento de los 169 días que han pasado desde la implantación de los ERTEs).

El servicio de empleo puede redondear la duración de las prestaciones, de manera que las fracciones iguales o superiores a 0,5 dan lugar a un día adicional, mientras que las iguales o inferiores a 0,4 se redondean en sentido inverso.

Como pasa con los ERTEs de suspensión cuando el trabajador de los ERTEs de reducción de jornada está cobrando más de 6 meses verá reducida su prestación, ya que se aplica como si estuviera cobrando la prestación por paro.

Empresarios y sindicatos se niegan que el Gobierno sectorice a los ERTEs

La normativa activa actual de los ERTEs establece que los trabajadores que están cobrando el 70 por ciento de la base reguladora de su nómina pasan a los 6 meses al 50 por ciento de la base reguladora de su nómina.

A partir de este mes de septiembre todos los trabajadores en ERTE que prorroguen van a ver reducidas sus prestaciones. Cierto que en estos momentos, el Gobierno de España ha establecido unas condiciones especiales para los ERTEs de fuerza mayor.

No obstante, el Gobierno de España se limitará a prorrogar los ERTEs de algunos sectores, y los sindicatos no piensan que se va a producir esta disminución, ya que tanto los empresarios como los sindicatos se oponen a que se opte a sectorializar a los ERTEs por que hay menos de 700 mil trabajadores cobrando este tipo de ayuda.

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Imagen | Flickr

El Gobierno de coalición y el presidente Pedro Sánchez hoy han dado respuesta económica a la crisis que se ha desatado con la pandemia del coronavirus. El Gobierno de Sánchez aprobó la pasada semana un primer paquete de medidas no eran suficientes ante la compleja situación que vive España.

El Ejecutivo ha realizado una fuerte actuación de carácter social, que tienen como objetivo ayudar a empresas, especialmente a las pequeñas empresas, y las familias en situación vulnerabilidad, inyectando 200 mil millones euros, 117 mil millones de euros van a ser de dinero público y el resto lo movilizaran a través de recursos privados.

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Liquidez masiva para las empresas

El Gobierno le preocupa la situación de liquidez de las empresas por la situación que viven por culpa del coronavirus, y por esto, ha planteado dar acceso a avales públicos de forma masiva a las empresas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 100 mil millones de euros.

Además, se dedicarán 2 mil millones euros para las empresas exportadoras de España. Todos estos créditos con aval de Estado se aplicarán un tipo de interés fijo muy reducido para las empresas.

Regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs)

Uno de los ejes principales del plan de choque es la articulación de un nuevo marco normativo para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) acelerados, retroactivos y basados en causas de fuer mayor.

Es una propuesta conjunta de empresas y sindicatos por lo que el plazo mínimo de ejecución pasa a ser de 5 días y los trabajadores afectados percibirán un 75 por ciento de su sueldo bajo el formato de prestación por desempleo que gestiona el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE).

Esta prestación no va a consumir los derechos a prestaciones acumuladas por los trabajadores y da recursos a aquellos que no hayan cotizado durante suficiente tiempo. A las empresas se le van a exonerar de las cuotas de las Seguridad Social mientras dure la alarma sanitaria del coronavirus y, por tanto, el ERTE.

Facilitar el teletrabajo para los trabajadores asalariados

Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que los trabajadores asalariados podrán adaptar su jornada hasta el 100 por cien por motivos personales y condiciones especiales.

Para esto se quiere potenciar el teletrabajo y habrá ayudas a las empresas para la implantación del teletrabajo.

Ayuda a las familias españolas

El Gobierno de coalición dota de 600 millones de euros en prestaciones básicas a las asistencias sanitarias de personas en vulnerabilidad. Es decir, va a evitar que los hogares españoles puedan sufrir cortes en los servicios básicos, como la luz, el agua o el gas por lo efectos económicos del coronavirus.

Además, establecer medidas de moratoria en el pago de hipotecas para los casos de las familias en situación de vulnerabilidad o aquellos colectivos que lo necesiten.

Se podrán beneficiar aquellos deudores más vulnerables como los que hayan entrado en situación de desempleo como consecuencia del virus o hayan visto reducidos sus ingresos en un 40 por ciento en el caso de los autónomos.

Autónomos, acciones e investigación científica

Uno de los grupos que más va a sufrir el cierre de comercios y el parón de la economía española son los autónomos. El Gobierno de coalición permite una flexibilización en la prestación en el acceso por cese de actividad y aquellos autónomos que tengan empleados pueden acogerse a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs).

Por otra parte, el Gobierno ha decido blindar a las empresas españolas de sectores estratégicos cotizadas y evitar que acaben en manos de empresas extranjeras, se ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control.

Por último, para potenciar la investigación de una cura para el coronavirus se van a dotar 30 millones de euros para potenciar los proyectos.

Al paquete de medidas del Gobierno le quedan cosas importantes por tratar

Los autónomos le han pedido al Gobierno central medidas más concretas como la suspensión de la cuota de autónomos durante los 2 próximos meses y que se les garantice las prestaciones de paro, de lo contrario, existe el riesgo de atascar las solicitudes de prestación de cese de actividad que está medida si la han aprobado.

Otro gran olvidado de las medidas presentadas ha sido el fraccionamiento y el aplazamiento de los pagos tributarios por un plazo lo suficientemente amplio para que las empresas que hayan sufrido de forma significativa los efectos negativos del coronavirus.

Por otra parte, no se ha contemplado una moratoria en los pagos de alquileres de locales y viviendas durante el periodo de alarma sanitaria por el coronavirus. El inquilino que no pueda pagar íntegramente la renta le tendrá proponer al propietario abonar una parte difiriendo el resto en varios pagos.

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La extensión de la pandemia del coronavirus por España va a ser un gran golpe para la economía, y se está reafirmando con la gran cantidad de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados.

El número de trabajadores afectados se cuentan ya por miles. Acciona, Reanult, Seat, Burguer King, CAF, Norwegian, Air Europa, Cortefiel, Volkswagen, Iberia… y así una larga lista de empresas que en los últimos días han anunciado que van aplicar un ERTE para afrontar la bajada de ventas por culpa del coronavirus.

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Qué es un ERTE, cuándo se puede aplicar y cómo afectará a los trabajadores durante la epidemia

Real Decreto por la situación de alarma sanitaria obliga a las empresa a realizar una suspensión de contratos por fuerza mayor

El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo establece el cierre de bares, restaurantes y comercios para evitar el contagio del coronavirus.

Este Real Decreto obliga a las empresas a presentar una solicitud de suspensión de contratos por fuerza mayor, hace referencia al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Si las autoridades en el ámbito laboral autorizan los ERTEs en plazo estimado, miles de trabajadores verán suspendidas sus funciones laborales de forma temporal con la empresa que la contrata por culpa del coronavirus.

Sector de la restauración afectado por los ERTEs

El grupo de restauración ALSEA es el ERTE más grande que se ha presentado en España, ya que afecta a las empresas de restauración VIPS, Starbucks, Cañas y Tapas, Forter´s Hollywood… afectando alrededor de 22.000 de sus trabajadores.

Burger King España ha sido otro de las grandes empresas de restauración que ha anunciado la presentación del ERTE, en este caso afecta a los 14 mil trabajadores distribuidos entre locales propios y locales de franquiciados.

Burger King ha decidido cerrar y no tiene previsto repartir a domicilio, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La suspensión de sus trabajadores sea efectiva hasta la empresa considere que se vuelve a la normalidad sanitaria.

El sector hostelero español, que desde el fin de semana pasado sufrió la orden de cierre de bares, restaurantes y terrazas por el coronavirus, también está esperando hoy directrices del Gobierno central para presentar expedientes temporales (ERTEs).

Sector de la automoción afectado por los ERTEs

El ERTE presentado por SEAT es uno de los mayores que se han realizado en España. Afecta a 14.812 trabajadores y se argumenta que se realiza por razones de fuerza mayor mientras dure la alarma sanitaria por el coronavirus en España.

Aunque que la tramitación del ERTE es para toda la plantilla del Grupo Wolkswagen, prevé limitar el uso de sus trabajadores, los cuales realizan funciones laborales en las cadenas de producción y que no pueden teletrabajar como otros puestos de la empresa, eso afecta alrededor de 10 mil trabajadores.

Los sindicatos de la empresa prevén que este ERTE podría llegar hasta las 5 semanas de duración, una vez que sus instalaciones ya han paralizado su actividad. SEAT ha pactado complementar el subsidio por desempleo hasta el 80 por ciento de sus trabajadores.

Nissan, Renault y Mercedes ya se han planteado realizar ERTEs en sus plantillas, contemplando la misma situación de fuerza mayor que paraliza la producción de sus cadenas de montaje.

Mercedes tiene su mayor planta de montaje en Álava con 6 mil trabajadores y Renault tiene 14 mil trabajadores en España.

La ferroviaria CAF ha anunciado un ERTE cerrando sus plantas de Gipuzkoa, con alrededor de 4.400 trabajadores, alegando que realizan el ERTE por fuerza mayor vinculando la decisión a la alerta sanitaria del coronavirus.

La Ferroviaria CAF permanecerá cerrada con permisos retributivos y se acogerá al ERTE el 23 de marzo, según lo que ha establecido el comité de empresa de CAF.

Sector turístico afectado por los ERTEs

El grupo Iberostar ha anunciado el cierre de todos los hoteles en España, y es una medida que se va a extender en todos los países que opera este grupo hotelero. El grupo Iberostar ha suspendido de forma temporal la actividad laboral de sus hoteles.

En la actualidad, el grupo Iberostar tiene alrededor de 34 mil trabajadores en sus 12 hoteles en 19 países, desperdigados alrededor de todo el planeta.

Iberia, durante la semana pasada, anunció que va a realizar un ERTE que puede afectar al 90 por ciento de sus trabajadores, alrededor de 16 mil trabajadores. Norwegian ha aplicado un ERTE a alrededor del 90 por ciento de sus trabajadores, alrededor de 7.300 trabajadores.

A parte de Iberia y Norwegian, muchas de las aerolíneas europeas han anunciado recortes de su capacidad que seguramente irán seguidos de disminución de plantilla.

Sector de la moda afectado por los ERTEs

Tendam, grupo de marcas que pertenece Cortefiel, Pedro del Hierro, Springflied, Women’s Secret y Fifty, ha decidido realizar un ERTE también con el argumento de fuerza mayor, con efectos desde el 14 de marzo.

Este ERTE afectara a la plantilla de las tiendas de todas sus marcas en España y a la plantilla que tienen en sus oficinas de Barcelona y Madrid, con un volumen total de más de 11 mil trabajadores, por culpa de coronavirus.

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El Banco Popular ha dicho basta. La entidad se ha soltado las cadenas esta semana y ha anunciado el primer ERE de su historia, por el que reducirá su plantilla en alrededor de 3.000 personas y cerrará unas 300 oficinas. La entidad capitaneada por Ángel Ron ha lanzado su particular llamada de auxilio por medio de un recorte de personal que nos retrotrae a lo peor de la crisis financiera, cuando el número de oficinas bancarias menguaba a cada minuto.

Y es que Popular ya lleva tiempo lanzando señales de aviso acerca de su delicada situación. La entidad nunca se ha recobrado del agujero que le causó el estallido de la burbuja inmobiliaria, por su elevada exposición al ladrillo, y parece que todo lo que ha hecho desde entonces para atajar esos problemas ha sido en balde.

Como ya contábamos por aquí cuando el banco anunció su ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros, esta operación ponía al descubierto que las cosas no andaban bien. Porque a Popular todavía le quedan 27.000 millones de activos tóxicos, una losa demasiado pesada para su negocio en un contexto desfavorable para la banca, que se está viendo impactada por la drástica caída de los tipos de interés, que no hace más que reducir sus márgenes. Es decir, los bancos ganan ahora menos dinero por prestarlo, lo que en este caso ha puesto en jaque el modelo de negocio tradicional.

Ahora, este ERE no hace más que confirmar lo que ya avanzábamos: la situación de Banco Popular es grave, por lo que no le ha quedado otro remedio que reducir su tamaño si quiere lograr algo de rentabilidad, pues a día de hoy es incapaz de conseguirla. Para ello, despedirá empleados, cerrará sucursales, limitará los horarios de apertura de las que tengan menos clientela y simplificará su operativa.

La tijera del nuevo CEO

Este plan de ajuste, que ha sido bautizado como Plan de Optimización Operativa, es fruto del nuevo consejero delegado del banco, Pedro Larena, que cubre así la vacante que dejó libre Francisco Gómez. Con esta estrategia, el banco espera ahorrar 175 millones de euros, si bien esa cantidad se antoja algo escasa si se tienen en cuenta los problemas que la entidad admite tener.

Porque según el propio banco, además de los activos tóxicos que aún acumula, su principal hándicap son los elevados costes que soporta para alimentar su estructura, sobre todo en un entorno en el que la banca digital cada día se apropia de más terreno. Actualmente Popular tiene alrededor de 2.000 oficinas en toda España, muchas de las cuales no son rentables y se cerrarán en los próximos meses.

Además, es necesario que se simplifiquen procesos y todo fluya al entorno digital, que será en el que acaben desarrollándose la práctica totalidad de las operaciones financieras en un futuro muy cercano. Esto ha obligado a los bancos a replantear su negocio, y es algo en lo que Popular ya va tarde, y además con el hándicap de que arrastra una cartera de créditos inmobiliarios fallidos demasiado abultada.

¿Qué le pasa a la banca?

La de Popular es, sin duda alguna, la situación más grave del mercado financiero español, si bien no se puede decir que el resto de la gran banca esté en su mejor momento. Es un hecho que está mucho mejor que de donde viene, pero no todo es tan bonito como nos han hecho creer.

Pues al ERE de Popular se suman este año el del Santander, Liberbank, Catalunya Banc y Banco Ceiss, dejando el saldo de empleados del sector que la crisis se ha llevado por delante en 83.000 desde el año 2008. Y la tendencia es decreciente, pues, como ya hemos comentado anteriormente, el entorno digital hará que cada vez haya menos oficinas físicas, con lo cual se necesitará menos mano de obra.

Además, a la banca le está costando ganar dinero en el entorno actual de tipos de interés ultrabajos, algo que ya se ha visto reflejado en sus resultados de la primera parte del año. Prestar dinero ya no es tan rentable y la caída de márgenes está siendo brusca teniendo en cuenta que se viene de una burbuja de tipos. Además, los bancos ahora tienen una competencia que seguro no esperaban: las fintech, que están revolucionando el sector y que pueden arañar buena parte del negocio tradicional.

Por ello, con este panorama las señales de auxilio que está lanzando el Popular pueden ser solo el principio de un SOS colectivo de la gran banca.

Banco Santander ha comenzado el mes de abril con una noticia que ha causado alarma en el sector financiero y en la sociedad en general. La entidad ha anunciado una nueva reestructuración de su negocio en España que se va a saldar con el cierre de alrededor de 450 oficinas y un buen número de despidos. En concreto, la entidad presidida por Ana Botín tiene más de 24.000 empleados en España, una cifra que quiere reducir a lo largo de 2016 en más o menos el 12%. Pero no se trata de aligerar la plantilla por las buenas, sino de reajustar todo el negocio al nuevo panorama financiero que ha quedado tras la crisis -derivado en buena parte de la estratosférica evolución de las nuevas tecnologías- ya que los servicios centrales también son objeto de reestructuración.

Aunque la dirección de la entidad ya se lo ha comunicado a los sindicatos del banco, aún no se maneja una cifra exacta de a cuántas personas podría afectar el nuevo ajuste. Si bien la sección de CCOO de la entidad se teme una cifra más que considerable teniendo en cuenta que se quieren ventilar de un plumazo más de 400 oficinas, lo que supone el 13% de sus más de 3.460 sucursales en toda España.

Pero, ¿qué se esconde detrás de este anuncio que ha sorprendido a propios y extraños? Las causas tienen varios orígenes, tanto internos como externos, y pueden servir de aviso a navegantes, porque lo que le ocurre al Santander se va a acabar extrapolando a todo el sector bancario tarde o temprano.

Crisis de identidad

Emilio Botín es insustituible. Eso lo sabían ya en la entidad antes de que falleciera sorpresivamente hace un año y medio. Sin embargo, nadie había previsto que su ausencia sería tan traumática en estos primeros años sin su figura. Aunque Ana Botín accedió a la presidencia con determinación y con las ideas muy claras -revolucionó el consejo de administración a los pocos meses de acceder al puesto-, el viento no le ha soplado de cara.

La hija del fundador se encontró un banco con procesos que se habían quedado obsoletos en el entorno actual y, lo peor de todo, que conllevan enormes gastos. Esta ingente estructura requiere de una reducción rápida y ágil si Santander no quiere perder cuerda en un entorno en el que la competencia es feroz y en el que, además, la economía no acompaña.

Si bien lo peor de la crisis ya ha pasado y el banco ha podido limpiar sus balances, la economía no está recuperada del todo y hay una seria preocupación en el entorno financiero sobre la salud real del sector. Además, los bancos se han topado de repente con un enemigo que les está haciendo perder mucho dinero: la bajada de los tipos de interés.

La fuerte caída de los tipos, que están en el 0% o incluso en negativo, ha puesto en jaque su negocio tradicional: prestar dinero cobrando un interés. Con los tipos tan bajos, las entidades incluso pierden dinero al prestarlo, lo que condiciona totalmente su actividad y su desarrollo, ya que se están comiendo el margen de intereses de la banca, es decir, sus beneficios.

Con este panorama, el Santander puso toda la carne en el asador con un producto importado de Reino Unido: la cuenta 1,2,3, que ha inundado espacios publicitarios y se ha convertido en su principal caballo de batalla. No obstante, como ya contamos por aquí en su día, se trata de una cuenta muy compleja que lleva aparejada la contratación de otros productos.

¿Se van a vaciar los bancos?

Cuando pensamos en ir al banco a hacer algún trámite, nos vienen a la cabeza esas interminables colas que se forman delante de las ventanillas de las entidades, sobre todo a principios de mes, y que nos suelen arruinar buena parte de la mañana. Sin embargo, esa imagen está cambiando.

Cada día pisamos menos la sucursal bancaria, y eso es un hecho. Piénsalo, ¿hace cuánto no vas al banco a hacer una transacción? La llegada de los servicios de banca digital han hecho que la oficina haya quedado desplazada a los trámites de más envergadura, es decir, a adquirir algún producto bancario o si se ha producido algún error en nuestras cuentas.

La tendencia es tal que algunos ya aseguran que el modelo de banca tradicional está tocado de muerte. Es el caso del consejero delegado de uno de los primeros bancos móviles del mundo, Moven. Brett King ha dado unas cifras que han dejado temblando al sector: el 80% de los ‘millenials’ -la generación que nació a finales de los 80 y principios del 2000- no pisará nunca una oficina bancaria, ya que gestionarán sus finanzas desde su móvil.

Para este emprendedor, en el futuro las cuentas bancarias se gestionarán en su totalidad desde el smartphone, lo que no solo ahorrará tiempo a los clientes, sino también dinero de las comisiones. La burocracia bancaria, pues, se aligerará y se adaptará al mundo digital, que está regido por la máxima de la inmediatez.

Y es que el sistema bancario tradicional está en serio peligro de extinción ante el auge de las ‘fintech’ -startups de finanzas que operan en el ámbito digital exclusivamente-, que ha puesto en riesgo nada menos que el 32% de los ingresos de la banca mundial. Por ello, la banca ya ha empezado a ver las orejas al lobo y se está reconvirtiendo para no perder parte de su pedazo de pastel, ya sea 2.0 o 3.0.

En esta carrera BBVA ya le ha adelantado terreno a su eterno rival, pues la entidad presidida por Francisco González comenzó esta reestructuración el año pasado cuando decidió sustituir a su CEO, Ángel Cano, para convertirse en el primer banco digital del mundo, que se ha convertido en la prioridad de la entidad y, sobre todo, de su presidente.

Sin embargo, desde GurusBlog se hace una interesante reflexión al respecto. Es posible que la banca se esté equivocando al alejar al cliente de las oficinas bancarias aún más con estos cierres, pues la red de oficinas era, hasta ahora, la única barrera de entrada que tenía este negocio, por lo que si se acaban eliminando todas las sucursales, el abanico de competidores podría ser mucho más amplio.

Y Bruselas en el retrovisor…

Y para acabar con este cúmulo de imprevistos, la banca tiene a Bruselas pisándole los talones. Las mayores exigencias de capitalización impuestas por la UE para evitar que tengan que ser los ciudadanos los que acaben pagando el pato de los rescates supone un sobreesfuerzo en un momento en el que el negocio bancario se ha resentido.

Los banqueros están haciendo malabares para ganar dinero y, a la vez, adaptarse a estas exigencias mientras de fondo tienen que reconvertir su negocio para no perder a los ‘millenials’. Además, Bruselas ha advertido de que no va a bajar el pistón a pesar de que el sector se ha quejado por unas condiciones que muchos encuentran inalcanzables.

Por todo esto, la crisis del Santander se puede entender en un contexto muy amplio que tarde o temprano acabará salpicando a sus competidores. Ya saben, renovarse o morir...

Era una bomba en el sector de internet en España. Softonic, otrora mejor empresa para trabajar y uno de los proyectos más rentables, anunciaba un despido masivo. 300 de los 450 trabajadores irían, según las primeras cifras, a la calle. Arrancaban así casi tres duros meses para la compañía y su plantilla.

• El primer paso, con polémica. El anuncio se conoció el pasado 27 de octubre. La compañía lo confirmaba, aunque no daba cifras sobre trabajadores afectados. La razón: la caída en el tráfico de usuarios y de ingresos. Sorprendía a todos. En marzo su consejero delegado hablaba de planes para salida a bolsa. En agosto, apenas dos meses antes, ampliaban sus oficinas centrales en Barcelona con el incremento de plantilla y planteaban previsiones de contratar a otras 40 este mismo año. Y esos mismos días tras el 'bombazo' se conocía la intención de la compañía de adquirir una startup norteamericana. Dos meses después se ha confirmado la compra por 6 millones de dólares de AppCrawlr, para potenciar su negocio de cara al móvil.

• La negociación. No ha sido sencilla. La cifra final de despedidos en el ERE era de 207. Los trabajadores denunciaron que durante las tres semanas de conversaciones no hubo gestos por parte de la dirección. Las reacciones se sucedían, también en las redes. Y esa presión ha contribuido a acelerar el cierre del acuerdo.

• El cierre. Esta semana se finalizaban estos tres meses con el acuerdo entre trabajadores y empresa. Se reducían un 25% los despidos previstos (hasta los 156) y la indemnización será de 40 días por año.

Ahora, después de este particular 'annus horribilis' para la compañía española, habrá que ver de qué manera gira su negocio hacia un nuevo modelo más centrado en el móvil y las aplicaciones.

En El Blog Salmón | Softonic, auge y caída de uno de los 'unicornios' españoles de internet

CC.OO. Madrid ha lanzado una campaña para boicotear las ventas de Coca-Cola. "Si Madrid no fabrica, Madrid no consume", es el eslogan que pretende parar el cierre de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada. El origen de este cierre lo tenemos en la fusión de todas las fábricas de Coca Cola de España.

Iberian Partners, la sociedad creada tras la integración de todas las fábricas, ha presentado un ERE por causas organizativas y productivas que supone 750 despidos de una plantilla de 4.200 personas y 500 recolocaciones. Además se ha anunciado el cierre de las plantas de Alicante, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid).

Según las condiciones previas de este ERE, se pretende la prejubilación de los trabajadores que puedan acogerse a esta medida y aumentar el baremo de indemnización de 20 días por año trabajado. Los sindicatos por su parte, no están de acuerdo con un ERE de una empresa que se encuentra en beneficios y que ha acometido inversiones importantes durante los años pasados en plantas como la de Fuenlabrada.

Aquí el problema que tenemos es que no se entiende que si las empresas no mejoran en sus procesos, en sus costes, en la estructura de distribución empresarial, pueden pasar perfectamente de beneficios a pérdidas y los agujeros en las empresas hay que taparlos. Es lógico no entenderlo, pero cuando llegan los problemas, las soluciones son bastante más drásticas que las propuestas inicialmente.

Hoy por hoy, empresa y sindicatos se encuentran en negociaciones, pero está claro que en Coca-Cola se va a ajustar la plantilla y se van a cerrar plantas de producción. Y esperemos que no llegue ningún gobierno autonómico con el talonario para evitar estos cierres, porque estas ayudas, a la larga, salen caras.

En El Blog Salmón | Cuántas marcas tiene Coca-Cola