España puede presumir de récord de empleo, pero esa foto tiene una segunda lectura mucho menos cómoda. La Encuesta de Población Activa cerró 2025 con más de 21,8 millones de ocupados, una cifra que el Gobierno ha utilizado para defender la fortaleza del mercado laboral. El dato oficial del cuarto trimestre elevó incluso la ocupación hasta los 22.463.300 trabajadores.

El problema es que el número total de ocupados no cuenta toda la historia. La tasa de actividad se mantiene en torno al 58%, lo que significa que una parte muy relevante de la población en edad de trabajar sigue fuera del mercado laboral. Y, al ampliar el foco, aparecen jubilados, estudiantes, menores, desempleados e inactivos. Es decir, muchas personas que consumen servicios públicos, pero no todas contribuyen al sistema a través del empleo.

El récord de ocupación no elimina el problema de fondo

La economista Leticia Poole, doctora en Ciencias Económicas y especialista en política fiscal, abordó este desequilibrio en el pódcast TruthTime Project, donde habló de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Su diagnóstico es especialmente duro: a su juicio, el sistema “ya ha explotado” porque una parte creciente de las pensiones se financia mediante deuda pública.

La clave está en cómo funciona el sistema español. Las pensiones públicas se basan en un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Mientras la base de cotizantes crece y la población activa es suficiente, el mecanismo puede sostenerse con menos tensión.

Pero la ecuación cambia cuando hay más pensionistas, menos nacimientos y una parte importante de la población fuera del mercado laboral. Ahí es donde Poole sitúa el principal punto débil de España: un país envejecido, con baja natalidad y con una tasa de actividad inferior a la de otros países europeos.

Su frase resume esa preocupación: “En España, solo el 37% de la población trabaja”. Y añade otra idea que condensa su diagnóstico: somos “un país muy grande sostenido por muy pocos”.

Conviene matizar el dato. Las estadísticas laborales oficiales pueden medirse de varias maneras y no todas responden exactamente a la misma pregunta. No es lo mismo calcular ocupados sobre población total que medir tasa de actividad, tasa de empleo o población en edad de trabajar. Pero la advertencia de Poole apunta a una tensión real: la base que sostiene el sistema es más estrecha de lo que sugiere el titular del récord de empleo.

Pensiones, deuda y una factura que se traslada al futuro

La presión sobre las cuentas públicas ya es uno de los grandes debates económicos de España. El gasto en pensiones sigue aumentando y la Seguridad Social necesita cada vez más apoyo del Estado para cubrir todos los pagos.

No es una preocupación aislada. Organismos como la AIReF llevan tiempo avisando de que el envejecimiento obligará a tomar decisiones importantes si se quiere mantener el equilibrio de las cuentas públicas. En su evaluación más reciente, la autoridad fiscal concluye que la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, pero advierte de que eso no garantiza la sostenibilidad y proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050 en un escenario a políticas constantes.

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Poole va más allá en su interpretación. Sostiene que, si se contabilizaran todos los compromisos futuros de pensiones como deuda implícita, el endeudamiento real de España sería mucho más alto que el que aparece en las cifras oficiales. En otras palabras, el país estaría sosteniendo una parte del sistema “tirando de crédito” y desplazando el coste hacia las próximas generaciones.

Esa es la parte incómoda del debate. No se trata únicamente de pagar las pensiones de hoy, sino de saber qué margen fiscal quedará mañana para financiar sanidad, dependencia, educación, inversión pública o cualquier otra política.

El esfuerzo fiscal también entra en la ecuación

Poole también pone el foco en el sistema fiscal español. Su tesis es que muchos trabajadores no perciben de forma completa cuánto pagan realmente en impuestos y cotizaciones, porque buena parte de ese coste se descuenta automáticamente de la nómina.

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Eso hace que el esfuerzo fiscal sea menos visible. El trabajador recibe su salario neto, pero no siempre interioriza el coste laboral completo, las cotizaciones sociales o el peso agregado de IRPF y otros tributos.

La economista considera además que España soporta una presión fiscal elevada para el nivel salarial del país. La comparación con otros países europeos, según su argumento, no puede hacerse solo mirando impuestos: también hay que mirar los sueldos. Con salarios más altos, una carga fiscal elevada puede ser más asumible. Con salarios más ajustados, el impacto se nota directamente en el ahorro, el consumo y los gastos básicos de las familias.

Ayudas, incentivos y demografía

Otro punto de su crítica está en algunas ayudas sociales. Poole sostiene que, en determinados casos, pueden generar incentivos débiles para incorporarse al mercado laboral. No plantea el problema solo como una cuestión de gasto, sino como un equilibrio delicado entre protección social y estímulo al empleo.

Pero, para ella, el núcleo del problema sigue siendo demográfico. España tiene cada vez menos nacimientos y una población cada vez más envejecida. Eso implica menos trabajadores futuros y más presión sobre un sistema público que depende de las cotizaciones presentes.

En definitiva, el récord de ocupación es una buena noticia, pero no resuelve por sí solo la pregunta más difícil: cuántas personas trabajan, cuánto cotizan y durante cuánto tiempo podrán sostener un gasto público cada vez más condicionado por las pensiones y el envejecimiento.

España entra en 2026 con una paradoja turística que aumenta año a año. Viajar será más caro, como abogaban los defensores de un modelo turístico de calidad, pero no porque se esté corrigiendo el modelo.

La crisis geopolítica en Oriente Próximo ha disparado el precio del petróleo, lo que ha generado un efecto cascada: para empezar, Aena ha subido sus tarifas aeroportuarias y varios territorios han endurecido o ampliado sus tasas turísticas.

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El problema, no obstante, es que esto no garantiza una menor presión sobre los destinos más saturados. De hecho, todo apunta a lo contrario: el turismo se encarece, pero sigue concentrándose en los mismos lugares y en los mismos momentos.

Más costes por todas partes

España cerró 2025 con un récord de turistas internacionales, cerca de 96,8 millones, y con un gasto total de 134.712 millones de euros. Y el arranque de 2026 no echa el freno, sino todo lo contrario: en enero llegaron 5,1 millones de turistas internacionales. En pocas palabras, llegan los mismos turistas, pero gastan bastante más.

No estamos solo ante unas vacaciones más caras, sino ante un modelo que sigue funcionando por inercia incluso cuando sus costes económicos y sociales se acumulan ante críticas, ingresos desiguales, como el caso de Baleares, y el auge de la turismofobia (un fenómeno que traspasa fronteras).

La subida de precios no responde a un único factor. Por un lado, el shock del petróleo vuelve a meter presión en toda la cadena turística. La guerra con Irán ha provocado la revisión al alza más fuerte de las previsiones del crudo desde 2005, lo que afecta directamente al transporte aéreo, pero también a hoteles, servicios, distribución y costes energéticos generales.

Cuando la energía se encarece de forma brusca, el turismo no queda al margen: sube el coste de mover personas y también el de mantener en marcha la maquinaria del sector. A todo ello, se suma la actualización de tarifas aeroportuarias que Aena aprobó para 2026: un incremento de 68 céntimos por pasajero a partir de marzo, elevando el ingreso máximo anual aplicable a 11,03 euros por viajero. Una cantidad que puede parecer menor por cada billete, pero se añade a una cadena de costes que ya venía tensionada.

Asimismo, llega en un contexto en el que varias administraciones están endureciendo la fiscalidad turística. En Barcelona, por ejemplo, la combinación de tarifa autonómica y recargo municipal ha elevado desde el 1 de abril el gravamen por noche hasta 9 euros en algunos supuestos y 11 euros en otros, según el tipo y la duración de la estancia.

El precio sube, el modelo sigue igual

La cuestión importante no es si el turismo va a ser más caro, sino qué efecto real tiene ese encarecimiento sobre la saturación. Y la respuesta, al menos por ahora, es poco prometedora. Los datos oficiales muestran una demanda resistente.

En enero, el número de turistas apenas avanzó un 1,2 %, pero el gasto medio por viajero se elevó hasta 1.522 euros y el gasto medio diario alcanzó los 177 euros. El sistema no parece estar perdiendo atractivo, sino que está empezando a extraer más valor económico por visitante mientras mantiene la presión sobre los destinos.

Por descontado, esto tiene una parte positiva para las arcas públicas y los negocios, pero también conecta con un debate más profundo que el precio de los billetes de avión, los servicios o la hostelería.

España lleva años intentando vender la idea de una mejor distribución geográfica y estacional del turismo, menos dependiente de los mismos grandes polos y de los mismos meses. El propio plan de Estrategia de Turismo Sostenible habla de sostenibilidad social y de actuar sobre la distribución de los flujos turísticos para mejorar la cohesión territorial.

El problema es que esa estrategia solo ha funcionado de forma parcial.

Más allá de costes y ganancias

Las administraciones están reaccionando, pero de una forma fragmentada. Suben tasas, se ensayan límites a determinados flujos y se endurecen algunas reglas locales. Intentos de gestión comprensibles en destinos cada vez más tensos, pero que revelan una dificultad de fondo: encarecer el viaje no equivale necesariamente a ordenar el turismo.

En muchas ciudades, la percepción social ya no gira solo alrededor del número de visitantes, sino de su impacto sobre la vivienda, el espacio público y la vida cotidiana. Ese malestar se vio con claridad en las protestas coordinadas celebradas en varias ciudades del sur de Europa en junio de 2025. Los manifestantes en Barcelona, Lisboa o Venecia denunciaban precisamente eso: que el turismo seguía elevando el coste de la vivienda, desplazando residentes y tensionando barrios enteros.

La protesta no iba tanto contra el turista como contra un modelo económico que, pese a sus beneficios, se percibe cada vez más como desequilibrado para quien vive en los destinos más visitados.

La fortaleza del turismo español sigue siendo evidente (incluso aumentando costes, tensión geopolítica y debate social), pero ahí está la contradicción: España gana más con el turismo sin haber resuelto del todo cómo repartirlo mejor.

El encarecimiento puede aumentar la factura de las vacaciones, pero no corrige por sí solo la concentración de visitantes, la saturación urbana ni el desgaste social en determinados destinos.

Todo apunta que este 2026 comprobaremos, una vez más, que un modelo puede seguir siendo rentable y, a la par, seguir acumulando tensiones que no sabe resolver.

El Gobierno ha decidido liberar hasta 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo para intentar moderar el impacto de la crisis energética derivada de la guerra con Irán.

En el papel, la medida tiene peso, pero moderado. En concreto, equivale a 12,3 días de consumo nacional y forma parte del acuerdo coordinado por la AIE para sacar al mercado parte de las reservas de emergencia. Sin embargo, si bien puede contener las aguas, parece difícil que pueda conseguir que el precio de la gasolina y el diésel baje en las gasolineras españolas.

Qué ha aprobado el Gobierno

El matiz es relevante, pues el anuncio podría llevar a conclusiones equivocadas, como reducciones inmediatas, como la que se dio durante la guerra rusa en Ucrania.

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No funciona así. Más barriles no equivalen automáticamente a repostar más barato. El precio del combustible no depende solo de la decisión de un Gobierno, sino del mercado internacional del crudo, de la evolución geopolítica y del tiempo que tardan esos cambios en trasladarse al surtidor.

Por descontado, la liberación de reservas puede amortiguar el golpe, pero no garantiza una rebaja inmediata. De este modo, la medida aprobada por el Consejo de Ministros no es una descarga inmediata de todo el volumen anunciado, sino una liberación por fases a lo largo de 90 días.

Según explicó el Ministerio para la Transición Ecológica, la primera fase arrancará con el equivalente a cuatro días de consumo nacional durante 15 días, mientras que las siguientes dependerán de cómo evolucione la crisis. Además, el reparto previsto incluye 2,2 millones de barriles de gasolina, 9 millones de destilados medios, como gasóleos y querosenos, y 227.000 barriles de fuelóleo.

Recapitulando, los 11,5 millones de barriles no saldrán de golpe ni se colocan al mercado a un precio rebajado por decisión política, sino a precios de mercado: el Ejecutivo no está imponiendo una gasolina barata, sino tratando de aumentar oferta para enfriar tensiones. Traducido, podríamos decir que la decisión ayuda a contener más aumentos, pero no asegura una bajada rápida y visible para el consumidor.

Liberar reservas no abarata

El precio de los carburantes no responde de manera automática a una sola variable: importa la cotización internacional del Brent, pero también pesan el coste de su refinamiento, la logística, la distribución, la fiscalidad y los márgenes comerciales...

Además, hay que tener en cuenta que entre que el petróleo sube o baja y ese movimiento se refleja en el surtidor suele haber cierto retraso. Por eso una liberación de reservas puede mandar una señal útil al mercado mayorista sin traducirse enseguida en un cambio claro para quien llena el depósito.

A todo ello, se suma que el mercado sigue muy nervioso: hace unas horas, Reuters informaba de que el Brent había alcanzado y superado los 112 dólares por barril después de nuevos ataques iraníes sobre instalaciones energéticas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Una escalada inmediatamente después de las interrupciones en el estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de petróleo, y una desconfianza creciente por el fin de un conflicto relámpago, como el que anunciaba Donald Trump. En ese contexto, liberar reservas sirve para evitar que el golpe sea todavía mayor, no para asegurar un alivio rápido en la estación de servicio.

Para que los carburantes bajen

La pregunta útil para el lector no es tanto qué ha anunciado el Gobierno como qué tendría que pasar para pagar menos al repostar. Y la respuesta, ahora mismo, está menos en Madrid que en Oriente.

Lo primero que tendría que producirse es una desescalada militar creíble. Mientras el mercado siga detectando un riesgo alto de ataques sobre infraestructuras energéticas o de bloqueo prolongado en la zona, el petróleo seguirá incorporando una prima geopolítica.

En segundo lugar, será necesaria cierta normalización de los flujos energéticos en el Golfo, especialmente en torno a Ormuz.

Y lo tercero, quizá lo más importante para el bolsillo, sería una caída sostenida del Brent, no un respiro puntual de uno o dos días, que está muy vinculado a los puntos anteriores. Solo con esa combinación empezaría a ser razonable esperar una rebaja más clara en gasolina y diésel.

De hecho, esta idea la están verbalizando también responsables europeos. El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure apuntaba a que nuevas liberaciones de reservas pueden servir como señal temporal al mercado, pero, a la par, subrayaba que la solución duradera pasa por restablecer los flujos a través de Ormuz.

Las reservas estratégicas compran tiempo, pero no sustituyen el suministro normal si el problema de fondo sigue abierto.

Diferencias clave entre dos crisis

Hay otro elemento que ayuda a ajustar expectativas. Esta vez el Gobierno español no está planteando, al menos por ahora, una ayuda directa como el descuento generalizado de 20 céntimos por litro que se aplicó en 2022. La estrategia actual parece más contenida: usar reservas, coordinarse con la AIE y lanzar un mensaje de estabilidad, pero sin abrir por el momento un esquema de subvención directa al repostaje. En esa línea, el Ejecutivo apunta a una respuesta más limitada que en la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

La diferencia no es menor. Mientras el descuento fiscal o una bonificación directa actúan de forma inmediata sobre el precio que paga el consumidor, la liberación de reservas opera por una vía mucho más indirecta: intenta reducir presión en el mercado mayorista y suavizar expectativas.

El problema de fondo

En cualquier caso, el problema real sigue estando fuera de las fronteras españolas. Así, aunque el anuncio del Gobierno sea relevante, conviene no exagerar su efecto.

España puede ayudar a estabilizar, pero no puede abaratar por decreto un combustible que sigue atado a una crisis internacional. La decisión de liberar reservas tiene sentido como mecanismo de contención y como gesto coordinado con otros países, pero el verdadero alivio dependerá de factores que el Ejecutivo no controla: el curso de la guerra, la seguridad de las rutas energéticas y el comportamiento del crudo en las próximas semanas.

En conclusión, el Gobierno ha movido ficha, pero eso no significa que llenar el depósito vaya a costar menos la semana que viene (por desgracia). Para que los carburantes bajen de verdad tendría que aflojar la guerra, reducirse el riesgo sobre Ormuz y retroceder el petróleo de manera algo más consistente de lo que hoy parece plausible. Mientras eso no ocurra, la liberación de los 11,5 millones de barriles servirá sobre todo para una cosa: contener parte del golpe, no borrarlo.

La transición energética europea ha vuelto al primer plano tras las recientes declaraciones del presidente francés.

Según Emmanuel Macron, un sistema con una penetración tan elevada de energías renovables “no es soportable” desde el punto de vista técnico. La afirmación ha generado polémica, pero plantea una cuestión totalmente legítima: ¿existe un límite técnico real al despliegue de renovables en España o se trata de una simplificación política de un problema más complejo?

Qué implica un sistema de muchas renovables

España es hoy uno de los países europeos con mayor peso de generación renovable. En 2024, más del 56 % de la electricidad producida procedió de fuentes renovables, según los datos oficiales publicados por Red Eléctrica de España, con un fuerte crecimiento de la solar fotovoltaica y la eólica.

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Sin embargo, una alta penetración renovable no es solo una cuestión de porcentaje, sino de cómo se integra esa generación en la operación diaria del sistema eléctrico.

Las tecnologías renovables dominantes —solar y eólica— comparten una característica clave: no son despachables. Dicho de otro modo, su producción depende de condiciones meteorológicas y no puede ajustarse en tiempo real a la demanda.

Esta característica obliga al sistema eléctrico a adaptarse en varios frentes: gestión de la variabilidad, equilibrio entre oferta y demanda, estabilidad de frecuencia y tensión, y capacidad de respuesta ante perturbaciones.

Un informe del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas subraya que el principal reto no es la presencia de renovables en sí, sino la falta de flexibilidad del sistema para absorberlas, una flexibilidad que debe venir del almacenamiento, la gestión de la demanda, las centrales gestionables y unas interconexiones suficientes.

Los cuellos de botella

Entre los principales puntos débiles destaca el insuficiente desarrollo del almacenamiento energético. Tecnologías como las baterías o el bombeo hidráulico permiten desplazar energía desde momentos de exceso de producción a horas de mayor demanda, reduciendo vertidos y tensiones en la red.

Sin embargo, su despliegue avanza más lentamente que el de la generación renovable, como reconoce el análisis de Cajamar sobre la estrategia española de transición energética.

A este desequilibrio se suma el estado de las redes eléctricas. La rápida expansión de renovables ha provocado problemas de saturación en determinados nodos, limitando nuevas conexiones. Reuters se hacía eco de la advertencia actual de las eléctricas españolas sobre una red que necesita inversiones urgentes para absorber nueva capacidad y acompañar la electrificación del transporte y de la industria.

El tercer factor estructural clave es la escasa interconexión de la península ibérica con el resto de Europa. España apenas supera el 2 % de interconexión sobre su capacidad instalada, muy lejos del objetivo europeo del 15 % para 2030, lo que refuerza su condición de “isla energética” y limita la flexibilidad del sistema.

La tensión entre el diagnóstico técnico y las dinámicas políticas se ilustra a las mil maravillas con la contradicción en torno a las interconexiones eléctricas entre España y Francia.

Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras clave a través de Francia ha ido muy por detrás de lo previsto, a pesar de las reiteradas llamadas de atención de Bruselas y de los gobiernos ibéricos.

La Comisión Europea ha urgido recientemente a Francia a desbloquear proyectos de interconexión eléctrica con España, señalando que la decisión final sobre permisos depende en última instancia de París y no puede imponerse desde Bruselas.

El propio Ejecutivo comunitario ha admitido que Francia ha sido algo “reacia” a avanzar con rapidez en estas infraestructuras, lo que ha llevado a Madrid y Lisboa a reclamar un compromiso político y financiero firme para superar el tradicional enfoque bilateral y llevar estas conexiones al nivel estratégico europeo que la transición energética exige.

La paradoja es evidente: Francia señala los límites técnicos del sistema eléctrico español derivados de su elevada penetración renovable, pero esos límites existen en parte porque la interconexión con el resto de Europa, que debe atravesar el territorio francés, sigue siendo insuficiente.

Estabilidad del sistema

Más allá del equilibrio energético, existe un reto menos visible pero crítico: la estabilidad dinámica del sistema. Las centrales térmicas y nucleares tradicionales aportan inercia, ayudando a mantener la frecuencia ante perturbaciones. La sustitución de estas tecnologías por renovables conectadas mediante electrónica de potencia reduce esa inercia natural.

Estudios académicos recientes advierten de que esta pérdida obliga a desarrollar nuevos mecanismos de control y servicios auxiliares para garantizar la estabilidad, especialmente en sistemas con baja interconexión y transición acelerada.

¿Un sistema al límite?

Los apagones parciales registrados recientemente en la península han reavivado el debate, aunque no existe evidencia concluyente de que las renovables hayan sido la causa directa. The Guardian advirtió contra la tentación de atribuir estos episodios a la generación renovable, señalando que suelen estar relacionados con fallos de red o planificación.

En este contexto, la crítica de Macron toca un punto real, pero lo formula de manera incompleta. Como apuntaba Le Monde, el problema no es tecnológico, sino institucional y temporal: la generación de renovables avanza más rápido que las infraestructuras necesarias para sostenerla, incluidas aquellas cuya ejecución depende de decisiones políticas más allá de las fronteras españolas.

En conclusión, lo de las renovables en España no es un experimento fallido, sino un anticipo de los retos que afrontará Europa en su transición energética. El dilema no es cuánta energía renovable se instala, sino si redes, almacenamiento y reglas evolucionan al mismo ritmo. 

En ese sentido, la crítica de Macron contiene una advertencia técnica válida, pero pierde precisión cuando se convierte en una enmienda general al modelo de las renovables y se ponen los puntos que faltaban a las íes.

Según los últimos datos, la inflación en España se ha moderado en torno al 3 %, un descenso sobre el que el Gobierno y el Ministerio de Economía han sacado pecho en las últimas semanas. Sin embargo, esta situación tiene nota al pie: ni se ha recuperado poder adquisitivo, ni deja de ser coyuntural, apoyado en factores volátiles como la energía o los carburantes.

Mientras tanto, la inflación de fondo (subyacente) se mantiene elevada y el encarecimiento acumulado de los precios sigue superando al crecimiento de los salarios. En esta meseta inflacionaria, el relato oficial de que los sueldos “ganan” frente a los precios no cuadra con los datos oficiales.

Es cierto, la inflación baja, pero…

El IPC cerró diciembre con una tasa interanual del 2,9 %, una décima menos que en noviembre, gracias casi exclusivamente a la bajada de los precios de los carburantes.

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Esta moderación, no obstante, convive con una aceleración de los alimentos, que subieron un 3 %, y con una inflación subyacente estancada en el 2,6 %, su nivel más alto en los últimos doce meses. De igual modo, las previsiones anuales apuntan a otro incremento notable en vivienda (7 %) y en la cesta de la compra este 2026.

Desde el Ministerio de Economía se subraya que la inflación continúa moderándose respecto a 2024 y que, al situarse por debajo de las subidas salariales pactadas, estaría permitiendo ganancias de poder adquisitivo.

En cualquier caso, el propio INE demuestra que, en el conjunto del año, la inflación media apenas mejora (2,7 %, una décima menos que en 2024) y que el aumento acumulado de los precios desde 2020 supera al de los salarios, lo que limita cualquier recuperación real del poder de compra. Además, España mantiene un diferencial desfavorable frente a la media de la eurozona.

Los grupos de productos más relevantes para el gasto cotidiano pintan un cuadro distinto: los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron alrededor del 3 % interanual, presionando al alza el índice general pese a la caída del combustible, y las medidas, en general, muestran reacciones contrapuestas. En pocas palabras, la reducción del IPC viene de componentes volátiles (energía y elementos que pueden revertirse) y no de una caída sostenida de los precios esenciales para las familias.

La inflación subyacente se estanca

La inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados y es un mejor indicador de las presiones de fondo— se mantuvo en 2,6 % en diciembre, su nivel más alto en meses recientes.

Este estancamiento sugiere que, más allá del ruido de los carburantes, los precios de bienes y servicios siguen subiendo con fuerza en sectores como vivienda, sanidad o transporte. Esa persistencia complica hablar de una “normalización” real de precios.

Si lo comparamos con el resto de la eurozona, la diferencia se acentúa: según datos de Eurostat, la inflación anual promedio en la zona euro fue de alrededor del 2,1 % en noviembre de 2025, sensiblemente inferior a la española, lo que también pone de manifiesto que la desaceleración de precios en España no ha sido tan pronunciada como en el resto de Europa, lo que condiciona competitividad y costes relativos.

El relato de los salarios no cuadra

El Gobierno ha destacado que los salarios pactados en 2025 crecieron por encima de la inflación promedio del año, lo que, en teoría, debería permitir una mejora del poder adquisitivo. Por un lado, es cierto que muchos convenios recogen subidas en torno al 3 %–3,5 % o mayores, pero el contexto aquí es relevante: las cifras agregadas de salarios aún no compensan el encarecimiento acumulado de los precios en los últimos años.

Por ejemplo, las últimas estimaciones oficiales y de mercado muestran que el crecimiento salarial en España fue moderado en 2025 (con cifras interanuales en torno al 2,8 % según el Ministerio de Economía y series públicas), y aún está lejos de niveles que compensen la inflación acumulada desde 2020.

De hecho, estudios económicos independientes señalan que en periodos recientes los precios han subido más que los salarios reales, reduciendo el poder de compra de los hogares pese a las subidas nominales.

El resultado de estos datos es claro: no hay colapso ni inflación desbocada, pero el proceso de desinflación parece haberse estancado en torno a cifras que siguen siendo altas, asfixian a muchos consumidores y se mantienen por encima de la eurozona.

La moderación del IPC en la parte volátil de la cesta (energía) no se traduce en una caída de los precios de los bienes cotidianos ni en una mejora significativa del poder adquisitivo de las familias.

Estamos frente a una meseta inflacionaria (inflación subyacente elevada, precios acumulados y salarios que no alcanzan a compensar la pérdida de poder de compra), que explica por qué muchos ciudadanos no sienten el alivio que marcan las cifras macroeconómicas.

Para muchas familias, la economía no ha normalizado su coste de vida: como mucho, sigue estancada en un equilibrio precario con episodios de alivio temporal.

En economía, el tamaño importa. Y el Banco de España ha vuelto a hacer hincapié en esto, apuntando a la necesidad de que nuestro país deje de ser de empresas pequeñas: un rasgo que limita su productividad, su competitividad y el salario de sus trabajadores.

En su reciente análisis, El tamaño sí importa: el reto del crecimiento de las empresas españolas, la institución vuelve sobre una vieja conclusión repetida hasta la saciedad: las empresas españolas son mucho más pequeñas que las europeas. De hecho, el 95 % tiene menos de 10 empleados, y solo el 0,2 % supera los 250 trabajadores.

Un país de microempresas

Esta estructura desequilibrada explica, en parte, por qué el país produce menos por hora trabajada, exporta menos y paga sueldos más bajos.

El Instituto Español de Analistas calcula que el 94,6 % de las compañías españolas son microempresas, y apenas el 0,8 % supera los 50 empleados. En la Unión Europea, en cambio, estas cifras son notablemente superiores. Esto tiene consecuencias claras: menor productividad media, menor capacidad de inversión en innovación o digitalización, y más vulnerabilidad ante las crisis.

Además, el tamaño condiciona los salarios. Según el Banco de España, los trabajadores en microempresas ganan hasta un 40 % menos que los de grandes corporaciones debido, principalmente, a que la empresa pequeña tiene dificultades para ofrecer estabilidad y un margen menor para absorber subidas de costes o impuestos.

¿Por qué las empresas españolas no crecen?

Las causas son tan conocidas como persistentes.

Por un lado, la carga burocrática. Cada salto de categoría (con especial incidencia hacia la pyme mediana) implica nuevas obligaciones contables, laborales y tributarias. Por ejemplo, superar los 50 empleados activa requisitos adicionales como planes de igualdad, auditorías retributivas o la creación de comités de empresa.

Para muchas pymes, esos costes fijos son inasumibles o difíciles de compensar. No es casual que miles decidan no cruzar esa línea. Tres de cada cuatro pequeñas empresas reconocen que “querrían crecer, pero no pueden” debido a esas trabas, como apunta la prensa.

A esa rigidez normativa se suma una débil capitalización. España no permite a sus empresas acumular músculo financiero con facilidad: el impuesto de sociedades, los bajos niveles de ahorro interno y la escasa cultura de inversión dificultan el crecimiento sostenido. Como apunta el informe sobre crecimiento empresarial de CEPYME, las pymes “siguen dependiendo casi en exclusiva de la financiación bancaria”, lo que las hace más vulnerables y menos competitivas.

El resultado es una “trampa de tamaño”: quien quiere crecer, se arriesga a perder margen. Quien se queda pequeño, sobrevive… pero no escala.

Productividad y salarios

El vínculo entre productividad y salarios es directo. Cuando las empresas permanecen pequeñas, sus trabajadores tienen menos acceso a formación, tecnología y economías de escala.

Por estas razones, el crecimiento empresarial no es solo una cuestión económica, sino también social: afecta a la calidad del empleo, al poder adquisitivo y a la desigualdad.

El economista Jon González lo resumía recientemente en X: “La diferencia de salarios no responde a diferencias en productividad individual, sino a factores estructurales del mercado laboral y tejido empresarial español, que hacen que la productividad agregada sea menor.”

Propuestas en el aire

El Banco de España y diversas organizaciones empresariales coinciden en algunos de los ingredientes de la receta, que pasarían por simplificar trámites administrativos y fiscales para que crecer no suponga una carga desproporcionada, revisar los umbrales regulatorios, que desincentivan pasar de micro a pequeña empresa e impulsar la financiación alternativa (capital riesgo, fondos de expansión) que permita reducir la dependencia del crédito bancario.

Además, fomentar la profesionalización directiva y la digitalización de las pymes, con programas de asesoramiento y formación, crear incentivos fiscales estables que premien el crecimiento sostenido y vincular los salarios a la productividad real y no solo al IPC ayudaría a sostener el poder adquisitivo sin generar más inflación.

No obstante, pese al diagnóstico compartido, las reformas avanzan despacio. El exceso de microempresas no es un problema nuevo: es un rasgo estructural que se arrastra desde hace décadas.

El resultado es un país donde los negocios sobreviven, pero no prosperan; donde las buenas ideas no escalan; y donde el trabajo, aunque se multiplique, no se traduce en productividad ni en salarios más altos.

En un país con más de tres millones de pequeñas y microempresas, el desafío no es crear más, sino conseguir que crezcan. Solo así España podrá romper con su techo histórico de productividad y empezar a cerrar la brecha salarial con Europa.

La vivienda en España se ha convertido en una bomba social a punto de estallar. Si es que no lo ha hecho ya.

En apenas un año, los precios del alquiler en Madrid y Barcelona se han disparado hasta niveles que superan a los de Londres, París o Roma. O lo que es lo mismo, un escenario impensable hace solo una década.

Sin embargo, los sueldos siguen anclados en la parte baja de la escala europea: un trabajador español gana hasta un 20% menos que su homólogo británico, francés o italiano. El resultado es una brecha creciente entre el coste de vivir y la capacidad real de pagarlo.

El mercado inmobiliario ha dejado de ser un termómetro económico para convertirse en una fuente de desigualdad estructural. En las dos grandes capitales del país, alquilar un piso medio roza los 1.600 euros al mes, según el Índice Trimestral de Evolución de Precios de Spotahome.

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Esto sitúa a las principales ciudades españolas entre las más caras del continente, en un contexto en el que la inflación apenas da tregua y los salarios reales se mantienen estancados.

El auge del alquiler y la presión de la demanda

La fuerte demanda interna y la llegada constante de nuevos residentes —tanto nacionales como extranjeros— han disparado los precios en las dos principales metrópolis.

En las dos últimas décadas, Madrid, Barcelona y Valencia han absorbido cerca del 70 % del crecimiento poblacional del país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A este fenómeno se suma el auge del alquiler de temporada o media estancia, que ofrece contratos flexibles y de corta duración.

Este modelo, pensado inicialmente para estudiantes o trabajadores en movilidad internacional, ha terminado por desbordar el mercado tradicional. La competencia entre residentes locales y perfiles internacionales de mayor poder adquisitivo ha tensionado aún más la oferta, provocando incrementos récord.

Mientras tanto, grandes capitales europeas comienzan a estabilizar sus precios. Londres registra un descenso del 5% interanual, Dublín cae un 6% y Viena un 10%, mientras que París y Bruselas mantienen subidas del 16% y 13% respectivamente. España, sin embargo, nada a contracorriente: el mercado se mantiene caliente y en expansión, con incrementos destacados en Alicante (+15%), Málaga (+14%) y Granada (+6%).

Madrid y Barcelona en máximos históricos

La capital española y la Ciudad Condal han consolidado su posición como los mercados más caros del país. En Madrid, el alquiler medio de un piso ha subido un 13,5% desde comienzos de 2024, mientras que en Barcelona lo ha hecho un 8,5%. La media nacional ya ronda los 1.600 euros mensuales, una cifra inasumible para la mayoría de trabajadores jóvenes.

El mercado de alquiler por habitaciones refleja una situación similar. Madrid ha experimentado un incremento del 20 %, pasando de 500 a 600 euros al mes, mientras que Barcelona lidera con un promedio de 620 euros por habitación.

En comparación, una habitación en un barrio de la periferia de París cuesta 610 euros, en Londres 580 y en Roma 550. El contraste con los salarios medios europeos agrava el problema: el salario bruto en España (2.716 euros mensuales) queda muy por debajo del francés (3.555 €), del italiano (2.729 €) y, sobre todo, del británico (4.417 €).

Barrios exclusivos y precios fuera de control

El informe apunta que los barrios más caros de Madrid y Barcelona han superado incluso a las zonas premium de Londres, París o Roma.

En la capital, Recoletos encabeza la lista con un precio medio de 3.125 euros mensuales, un 12,8% más caro que Sant Gervasi-Galvany, el barrio más exclusivo de Barcelona.

La revalorización ha sido especialmente intensa en la Ciudad Condal. El Fort Pienc ha disparado sus precios un 34,2% en solo un año, alcanzando los 2.225 euros mensuales por un piso. Le siguen Santa Eulàlia (+23,1%) y Poblenou (+21,9%).

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En Madrid, las subidas también son de vértigo: Nueva España (+30,3%) y El Viso (+273 %) consolidan el dominio de los barrios de lujo.

Estas cifras sitúan a las zonas más exclusivas de España al nivel de distritos europeos como Campo Marzio en Roma (2.800 €) o Vaugirard en París (2.184 €).

Sin embargo, la comparación más reveladora es la del esfuerzo económico: un madrileño o barcelonés dedica más del 45 % de su salario neto al alquiler, mientras que en París o Londres el porcentaje ronda el 30 %.

Contrastes regionales y reajustes en curso

El mapa del alquiler no es uniforme. Algunas zonas comienzan a registrar caídas pronunciadas. En Madrid, los barrios de Adelfas (-23,6%), Almenara (-19,6%) y Chopera (-19,6%) muestran un freno en la escalada de precios. En Barcelona, El Camp de l’Arpa del Clot (-22,2%) y Les Corts (-21,0%) siguen la misma tendencia.

Valencia, en cambio, mantiene una estabilidad excepcional, con una variación máxima del -7,7% en el barrio de L’Olivereta. La ciudad se ha convertido en una alternativa viable frente a la presión inmobiliaria del eje Madrid-Barcelona, mientras que Londres o Berlín muestran correcciones mucho más leves, de entre el 0% y el -6%.

Una brecha que amenaza la sostenibilidad urbana

La vivienda en España se ha convertido en el principal factor de desigualdad entre generaciones y territorios. Con precios que superan los de las grandes capitales europeas y salarios que permanecen estancados, las grandes urbes se enfrentan a una expulsión progresiva de las clases medias.

El auge del alquiler turístico, la escasez de vivienda pública y la falta de medidas estructurales han transformado la vivienda en un bien de lujo. El 45% de los inquilinos urbanos ya destina más de la mitad de su sueldo al alquiler, una cifra que la OCDE considera insostenible para el equilibrio económico de los hogares.

El desequilibrio entre ingresos y precios no solo afecta a la calidad de vida, sino también a la competitividad económica de las ciudades.

Imágenes | Pixabay, Pixabay

El número de bajas laborales en España se ha disparado en la última década. Según datos de la Seguridad Social, en 2024 se registraron más de 9 millones de bajas anuales adicionales respecto a 2016, un aumento del 88 %.

El fenómeno no es aislado: la OCDE, en su Employment Outlook 2025, lo describe como un problema global que afecta a buena parte de las economías avanzadas. En lo que se refiere al caso español confluyen factores propios que ayudan a explicar el incremento, que se acerca a los niveles de Alemania y Francia.

Un absentismo en máximos

El dato no se explica únicamente por el récord de empleo alcanzado en los últimos años. Si bien hay más afiliados en el sistema, la tasa de bajas por cada 1.000 trabajadores también ha escalado: en 2016 eran 278, y en 2024 ya superan las 430, según cálculos de la Seguridad Social.

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La duración media de las bajas, sin embargo, se ha reducido un 19 % en la última década, lo que indica que el problema no es tanto que las bajas duren más, sino que hay más personas que acuden al sistema.

Los expertos consultados por organismos como la OCDE y el Adecco Institute apuntan a un conjunto de causas, entre las que destacan el envejecimiento de la población activa (la fuerza laboral es cada vez mayor en España, lo que se conecta con un aumento de patologías crónicas y más tiempos de recuperación), el aumento de la ocupación (tras la crisis de 2008 y la pandemia del Covid-19, se ha incrementado la base de trabajadores) y condiciones laborales más precarias (jornadas intensas, temporalidad, poca conciliación) que contribuyen a problemas de salud, tanto físicos como mentales.

De igual modo, los informes destacan cómo la pandemia marcó un punto de inflexión en lo que a salud mental se refiere: depresión, ansiedad y otros problemas emocionales suponen, hoy día, causas habituales de incapacidad temporal.

Asimismo, hay comunidades autónomas en las que el absentismo es mucho más notable, como Navarra (68 % más bajas), Canarias (106 %) o Cataluña (95 %); no obstante, la variación menor en esta década la tienen Asturias y Aragón con un 53 y 64 % más de bajas, respectivamente, lo que muestra la tendencia. Sí es cierto que su duración ha decrecido, con especial énfasis en Cataluña (un 40 % más breves) frente al periodo anterior.

Por último, en lo que se refiere a rangos de edad, se ve una tendencia acusada en los extremos de la tabla: se ve una tendencia acusada en los extremos: en la franja más joven (16-25), las bajas crecieron un 199 %, mientras que entre los 46-55 (2.241.805 casos, +96 %) y los 56-65 (1.418.294 casos, +128 %) también se registraron fuertes incrementos.

Según Raúl Sánchez, periodista de El Diario, esta dinámica se conecta con una saturación del sistema, cambios sociales claros a raíz de la pandemia y un relevo generacional en el ámbito laboral: aquellos que tienen gripe (enfermedades respiratorias e infecciosas), ya no van al trabajo y cogen la baja; a esta nueva tendencia, se suman las bajas por salud mental y la mayor prevalencia de las enfermedades musculoesqueléticas asociadas a la edad.

El papel del desempleo

Un factor menos visible, pero fundamental, es la evolución del paro. Durante la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo superaba el 25 %, el absentismo cayó a mínimos históricos. Entre 2008 y 2013, las bajas por incapacidad temporal se redujeron casi un 46 %.

La razón era clara: el miedo a perder el empleo contenía la demanda de bajas médicas, incluso cuando la salud lo exigía.

Con la recuperación económica y la progresiva caída del paro, esa restricción invisible ha ido desapareciendo. A partir de 2014, el absentismo empezó a subir de nuevo, primero lentamente, y después de manera más acusada tras la pandemia.

Para resumir, el actual récord de bajas refleja también un ajuste tras años de “infraabsentismo” forzado por la crisis.

Una tendencia internacional

En cualquier caso, España no es una excepción. La OCDE constata que en la mayoría de los países miembros las ausencias laborales han crecido en la última década, ligadas al envejecimiento, la precariedad y la salud mental.

En algunos casos, como Alemania o Países Bajos, las cifras de absentismo por enfermedad común también están en máximos históricos.

La diferencia es que en España la tendencia se combina con un mercado laboral que todavía arrastra tasas de paro muy superiores a la media europea, lo que amplifica el contraste entre épocas de crisis (absentismo bajo por miedo) y fases de crecimiento (absentismo alto).

Una década de cambio

El absentismo en España ha pasado de mínimos históricos tras la Gran Recesión a máximos históricos en la actualidad. No es solo un efecto del envejecimiento o la precariedad, sino también un reflejo del ciclo económico: cuando el miedo al desempleo se desvanece, aflora la realidad de una fuerza laboral con más problemas de salud de los que parecía en la década anterior.

La cuestión es si España podrá equilibrar este fenómeno con políticas de prevención y bienestar, o si seguirá cargando el coste sobre las empresas y, sobre todo, los trabajadores por cuenta propia y ajena.

Entre bastidores, surgen varias preguntas extra.

A bote pronto, se me ocurren dos relevantes: ¿qué hacemos con el envejecimiento de la fuerza laboral que está llegando a toda Europa? ¿Y se están tomando las medidas adecuadas para reducir las bajas por cuestiones de salud mental?

A primera vista, Benidorm puede parecer el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Un urbanismo centrado en construir rascacielos junto al mar, torres idénticas y turistas por todas partes.

Sin embargo, su modelo vertical (torres altas, baja ocupación del suelo, densidad controlada) lo convierte en una de las ciudades turísticas más eficientes de España. Una fórmula que combina movilidad a pie, espacios verdes y capacidad para alojar a cientos de miles de visitantes.

El mito y la realidad

Hace unos días, el periodista Kiko Llaneras compartía un artículo centrado en los prejuicios habituales sobre esta ciudad. Benidorm, con sus rascacielos frente al Mediterráneo, sus toneladas de “hormigón” y haciendo gala de un modelo urbanístico que puede resultarnos agresivo incluso a vista de pájaro, a nuestro paso por la AP-7.

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No obstante, Llaneras señalaba cómo la altura cumple otra función: liberar suelo. Y en el suelo, los rascacielos no se tocan, sino que dejan espacio entre ellos para jardines, piscinas, terrazas, luz natural y ventilación.

El resultado es una ciudad-playa compacta, donde miles de turistas pueden llegar andando a la costa sin necesidad de coger el coche, algo que sería imposible con urbanizaciones de casas bajas o con bloques de menor altura.

A diferencia de ciudades como Madrid o Barcelona, donde la densidad se consigue mediante bloques de manzanas cerradas y edificios pegados, Benidorm ha crecido en altura, ofreciendo una alternativa con mayor movilidad (los turistas pueden acceder a las playas andando), menor ocupación del suelo (veinte veces menos, según datos del portal oficial Visit Benidorm), mayor eficiencia (traducida en menos kilómetros de calles que cuidar, mantener, recoger residuos o depender del vehículo) y un espacio verde integrado que no es habitual en destinos turísticos saturados.

Sin embargo, como no pocos lectores señalaban en la publicación original, ese éxito tiene un límite claro: no es un modelo extrapolable a destinos como Mallorca, la Costa Brava, y mucho menos a ciudades históricas como Madrid o Barcelona.

El urbanismo de Benidorm, diseñado en el PGOU de 1956, convirtió a Benidorm en motor económico y, más recientemente, en referente internacional de turismo sostenible. 

The Guardian lo ha destacado como “una ciudad adelantada a su tiempo” y, este mismo 2025, se le ha concedido a la ciudad el título europeo como Pionero Verde de Turismo Inteligente.

La eficiencia del urbanismo vertical

La gran pregunta es: ¿puede copiarse? La mayoría de los expertos coinciden en que la respuesta más probable es que no. Funciona en Benidorm, y es un planteamiento que tener en cuenta en otros destinos, pero, a su vez, seguirá requriendo de planificación y de una mayor adaptación en zonas ya construidas.

Por ejemplo, en destinos insulares, como Mallorca, el suelo es limitado, el impacto ambiental aún más delicado y hay mayor presión sobre los recursos hídricos (el acceso al agua).

En otras zonas turísticas, como la Costa Brava, por ejemplo, la fragmentación del territorio y las construcciones previas hacen difícil reorientar hacia un modelo como el valenciano, mientras que núcleos históricos que ya cuentan con siglos de urbanismo previo se traducen en manzanas cerradas y tejido urbano que impide aplicar un modelo vertical.

El modelo tiene límites

Incluso en Benidorm, el modelo muestra tensiones, si bien es una de las zonas más estudiadas y singulares del turismo nacional. De este modo, los planes de expansión en La Cala de Finestrat o el Rincón de Loix han generado dudas.

¿Hay playa para tanto rascacielos?, ¿la afluencia y la presión turística que se genera en la costa es sostenible?

Dicho de otro modo, pese a poder albergar más cómodamente a visitantes en un modelo vertical, ¿puede este modelo seguir acogiendo turismo sin comprometer la sostenibilidad en estas latitudes del litoral mediterráneo?

De un modo similar, se ha señalado la presión que el modelo supone al Parque Natural de la Sierra Helada. Sin embargo, la idea clave es saber hasta dónde puede crecer el modelo sin romper el equilibrio natural o hasta qué punto existe riesgo de que el modelo fracase por el éxito, si este no se controla.

En pocas palabras, el caso de Benidorm es, como poco, singular (y no siempre extrapolable): un destino que diseñó su urbanismo turístico desde cero, con reglas distintas al resto de España. ¿Funciona? Sí, y en gran medida, debido a que fue pensado para eso.

La lección no es que “todos los destinos deberían copiar a Benidorm”, sino más bien lo contrario: que cada territorio debe encontrar su propio equilibrio. Mallorca, la Costa Brava o Barcelona no pueden —ni deberían— convertirse en “Benidorms”. Y ni siquiera Benidorm puede seguir creciendo sin límites...

En España, hay provincias donde la pérdida de poder adquisitivo ya no está ligada a la inflación, al desempleo o a la falta de actividad económica, sino a un factor más silencioso y preocupante: la desaparición de los pensionistas, que sostenían buena parte de la renta local.

El fenómeno es especialmente visible en territorios muy envejecidos como Lugo, Ourense o Zamora, donde la población de más de 83 años supera ya a la franja de entre 60 y 64 años. En Ourense y Zamora, un tercio de los habitantes tiene 65 años o más; en Lugo y León, la proporción también rebasa el 30 % de la población, casi el doble que en provincias más jóvenes como Almería.

Cuando las pensiones desaparecen

Durante dos décadas, las pensiones han sido uno de los motores más estables de renta en muchas provincias. De este modo, mientras los salarios se estancaban y la inversión privada huía, las prestaciones contributivas garantizaban un mínimo flujo de consumo: desde el supermercado hasta el pequeño comercio.

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Sin embargo, la tendencia demográfica está alterando ese equilibrio. A medida que fallecen los pensionistas más mayores, el poder adquisitivo de las provincias envejecidas se erosiona, acelerando un proceso de empobrecimiento relativo.

El contraste con otras áreas es evidente: mientras las grandes capitales concentran la creación de empleo de calidad en provincias despobladas y envejecidas, la desaparición de pensiones significa menos renta disponible, menos consumo y más dificultades para sostener el tejido económico local.

La desigualdad también se aprecia en el valor de las pensiones. En Alicante, por ejemplo, la pensión media es de 1.286 euros, lo que supone 219 euros menos que la media nacional y 580 euros menos que en Vizcaya, la provincia con pensiones más altas. Desde el año 2000, Alicante ha caído tres puestos en el ranking provincial y hoy se sitúa en la posición 45 de 50.

En otras palabras, hay que tener presente que no solo influye cuántos pensionistas hay, sino qué importe reciben: las provincias con carreras laborales más precarias o con sectores peor remunerados acumulan pensiones más bajas y, por lo tanto, un consumo más débil también.

Más allá de la demografía

La cuestión no es solo económica, sino también social y política. El gasto en pensiones y sanidad ya representa más del 13 % del PIB y se espera que siga creciendo en las próximas décadas.

Sin embargo, mientras el debate político se centra en cómo sostener el sistema, en muchos territorios la realidad urgente se traduce en esta desaparición del poder adquisitivo de las familias a medida que los pensionistas fallecen, lo que agrava la brecha territorial y acelera la pérdida de población. Hoy, se lastran las oportunidades de las nuevas generaciones mientras se consolidan las de los mayores, pero ¿qué ocurrirá mañana en todos estos territorios envejecidos a medida que caiga el poder adquisitivo?

En conclusión, la mortalidad de los pensionistas se ha convertido en un factor silencioso de empobrecimiento provincial. Allí donde más dependían de sus rentas, su desaparición deja vacíos en la economía local y en la vida comunitaria.

El resultado es una España cada vez más desigual: provincias que crecen gracias al empleo y la atracción de población joven frente a otras que pierden poder adquisitivo a marchas forzadas porque su sostén demográfico y económico se apaga con cada generación que se va.