• El PP ha llegado a sostener que es ilegal. Se basan en que el Estatuto tiene un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolver y que, si se deja la gestión de los impuestos en manos de Cataluña el Fondo de Cohesión corre peligro. Puedo estar de acuerdo en ello, pero no en que sea ilegal. Una vez se elimino el recurso previo de inconstitucionalidad hace años, el hecho de interponer acciones frente a cualquier ley no impide su inmediata eficacia y vinculación. Y si no les gustaba, que lo hubiesen cambiado cuando gobernaban.

• La Agencia Tributaria Catalana se encargará de gestionar los impuestos propios de la Comunidad Autónoma, así como los cedidos por el Estado. Algunos lo ven negro, sabiendo que pueden ser cedidos todos los del Estado. Otros lo ven rosa, afirmando que, por ejemplo, ni IVA, ni IRPF, ni Impuesto de Sociedades serán cedidos nunca. El tiempo dará y quitará razones.

• Existe un grave peligro de fraccionamiento del mercado español. Actualmente ya tenemos problemas con las variadas normativas autonómicas que hacen que, se pague más o menos según donde tengas la residencia fiscal, o que se incentiven las guerras fiscales por atraer empresas. Eso crea agravios comparativos serios. Pero es que si la legislación común que tenemos acaba siendo aplicada por distintas Agencias el asunto se agravará. Serán inevitables las diferentes interpretaciones, las circulares internas contradictorias, etc. Un maravilloso mundo para los asesores fiscales y un campo de minas para las empresas que pretenden operar en el territorio español. Es curioso que pase esto en un país que se tiene por adalid del Mercado Único.

• Se producirán dificultades para los cruces de información. Las actuales Agencias Tributarias (la AEAT, y las Diputaciones Forales de Vizcaya, Álava, Navarra y Guipúzcoa) son reacias a compartir información. A grosso modo lo hacen, pero a pequeña escala no. No creo que en Cataluña sea diferente. Otro maravilloso resquicio para el fraude fiscal.

• La gestión de los impuestos no se busca tan sólo por motivos recaudatorios. Se trata de uno de los elementos claves de la soberanía, así como de una extraordinaria herramienta de poder para plegar voluntades. Incluso para algunos se ha convertido en un buen negocio.

A mí, sinceramente, no me ha gustado. Y hablo desde una perspectiva económica.

Foto por Barberenc

También se introducen una serie de mejoras que equiparan prácticamente a este colectivo con los asalariados en materia de permisos y prestaciones por maternidad, y se han incluido los accidentes de camino al trabajo en la categoría de accidente laboral de cara a las prestaciones por incapacidad.

Me alegro de corazón por todas estas mejoras que se me antojan insuficientes, la verdad, pues si queremos promover el espíritu emprendedor deberemos proporcionar no solo una mayor cobertura a los autónomos, sino facilitarles los trámites legales y fiscales (algo que no he visto por ningún lado en el nuevo estatuto). Sin embargo, me sigue pareciendo cuestionable la figura del “autónomo dependiente”, ya que podría parecer que lo que se está favoreciendo es que los empresarios se deshagan de empleados comunes y los pongan a tributar como autónomos, de forma que el empresario se ahorra impuestos y el gobierno presume de los muchos autónomos que se han creado… Y no es eso, miren ustedes.

Vía | Cinco Días