En la mayoría de países europeos, tener hijos implica una reducción significativa de la carga fiscal. La idea es simple: criar hijos es costoso y clave para el sostenimiento del sistema, por lo que los estados ofrecen beneficios para aliviar (y compensar) ese esfuerzo.

Sin embargo, España sigue siendo una excepción. Las familias españolas con hijos no reciben apenas alivios fiscales en comparación con otros países europeos: la cuña fiscal se mantiene elevada para las familias, lo que tiene consecuencias directas sobre la natalidad y el sostenimiento del sistema fiscal.

Cuña fiscal elevadísima

Según el informe Taxing Wages 2025 de la OCDE, España aplica una cuña fiscal del 36,1% a una familia con un solo perceptor de ingresos y dos hijos, lo que sitúa al país entre los que mayor carga fiscal aplican en esta situación.

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En España, un trabajador soltero tiene casi la misma presión fiscal que otro con dos hijos a su cargo. La cuña fiscal (es decir, la proporción del coste total del trabajo que se va en impuestos y cotizaciones sociales) sigue siendo muy elevada.

Nuestro país está entre los siete países con mayor cuña fiscal de toda la OCDE, lo que no ayuda a revertir la situación. El dato actualizado ofrece unas condiciones similares a las de años anteriores, habiéndose producido una mínima mejora, y encontrándose 6,1 puntos por encima de la media de la Unión Europea y 10,4 puntos por encima de la media de la OCDE.

Otra manera de verlo https://t.co/odpj3Ej0LF pic.twitter.com/HR389wGVsc

— Jon González (@Jongonzlz) April 30, 2025

Como ejemplo ilustrativo, si la familia recibe dos sueldos y tiene dos hijos, la cuña asciende al 37,9 %, frente al 29,5 % de media en la OCDE. Este esfuerzo fiscal contrasta con lo que ocurre en países como Alemania, Austria y la media de la OCDE, donde los beneficios por hijo suponen una reducción mucho mayor de la presión fiscal.

España, compensa poco

España no solo aplica una carga fiscal elevada, sino que apenas la reduce por la presencia de hijos. Según el Instituto Juan de Mariana (IJM), los beneficios fiscales por hijo en España están entre un 30 % y un 50 % por debajo de la media de la OCDE.

De igual modo, el gasto público en políticas familiares representa solo el 1,38 % del PIB, frente al 2,3% en la media europea.

Más allá de las reducciones fiscales, las ayudas directas tampoco compensan la diferencia. El Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), vinculado al Ingreso Mínimo Vital, solo llega al 10,5 % de los hogares con hijos que cumplen los requisitos. La falta de información y la complejidad burocrática explican buena parte de esa baja cobertura.

En este contexto, entidades como la Federación Española de Familias Numerosas reclaman una prestación universal por hijo, sin requisitos de renta, como sucede en países como Alemania o Irlanda.

De igual modo,  algunas autonomías han planteado deducciones fiscales adicionales para rentas bajas, como la Comunitat Valenciana, así como ayudas directas como el cheque de 500 euros anunciado por el Ayuntamiento de Madrid para el primer hijo.

La natalidad, estancada (con matices)

Durante años, la baja natalidad ha sido una constante en España. Sin embargo, 2024 rompió esa tendencia. Según el INE, el número de nacimientos aumentó por primera vez en más de una década.

Spain with 2% fewer births in 2023 than in 2022. The TFR declined to 1.13 kids per woman (the same level as in 1998 and the lowest ever recorded). The TFR of the Canary islands is now South Korea tier and Ceuta and Melilla have pretty much converged to the Spanish average. pic.twitter.com/oq7kOYvdg1

— Birth Gauge (@BirthGauge) February 21, 2024

La explicación no está tanto en un repunte generalizado, sino en factores como el envejecimiento de las madres primerizas y el aumento de población inmigrante, especialmente en comunidades como Madrid.

En cualquier caso, incluso entre la población inmigrante, que ha sostenido el sistema a nivel español y parte del europeo durante décadas, la tasa de natalidad ha bajado en los últimos años.

En este sentido, España mantiene una estructura fiscal que apenas distingue entre familias con y sin hijos. Así, la cuña fiscal sigue siendo elevada y las ayudas, limitadas. El apoyo fiscal a la crianza en España continúa muy por debajo de los estándares europeos en un país con baja natalidad (1,13 hijos) y desafíos demográficos a largo plazo, las diferencias con el entorno europeo son cada vez más evidentes.

España se encuentra a las puertas de unas elecciones generales que determinarán el destino del país en los próximos años y se celebran el próximo 23 de julio.

En este escenario político trascendental, es esencial realizar un exhaustivo análisis de los programas económicos de las cuatro principales formaciones políticas que se espera obtengan representación parlamentaria. Estos partidos son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Vox y Sumar. Cada uno de ellos presenta propuestas y enfoques distintos en materia económica que tocarán en mayor o menor medida el bolsillo de los ciudadanos, ¿qué plantean?

El PSOE y su apuesta contra la competencia fiscal

El Gobierno de coalición encabezado por el PSOE ha experimentado un aumento en la recaudación debido al efecto de la inflación en las principales figuras tributarias, y desde su perspectiva, consideran que es mejor que ese excedente sea gestionado por la Administración en lugar de ser devuelto al ciudadano.

¿Qué podemos encontrar en su programa con relación a las principales figuras impositivas? No esperemos rebajas de los tipos de los principales tributos, ni tan siquiera a las rentas bajas. En cuanto al IRPF, aseguran que mejorarán los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados en el impuesto. Además, se coordinarán con los bancos para crear una cuenta destinada a la adquisición de vivienda, cuyas aportaciones (limitadas a 2.000 euros) y rendimientos estarán exentos del pago del IRPF.

En lugar de intentar promover un Impuesto de Sociedades atractivo para atraer inversión extranjera, el programa económico apuesta por evitar la competencia fiscal entre territorios: "Continuaremos impulsando a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales".

La propuesta contra la competencia fiscal no es solo a escala supranacional, sino que también PSOE abarca las administraciones intermedias. Por ejemplo, en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, un impuesto cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 100% de la cuota establecida. El PSOE prefiere "avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

El Partido Popular y su tibieza para bajar impuestos

El Partido Popular (PP) ha hecho de la rebaja de impuestos una de sus promesas más recurrentes. Su programa incluye reducciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, plantea la eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.

Sin embargo, a pesar de estas propuestas, el programa del PP carece de especificidad en cuanto a la rebaja impositiva. El documento simplemente señala que se corregirán los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF, se reducirá temporalmente el IVA en productos como carne, pescados y conservas, se eliminará el impuesto a las grandes fortunas, y se simplificarán el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con un enfoque en aquellas empresas con pérdidas y las que aumenten su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.

En una entrevista, Juan Bravo, responsable del diseño del programa económico del PP, mencionó algunos puntos adicionales. Señaló que las rebajas fiscales no serán indiscriminadas, sino que tendrán un propósito específico, como rebajar el IRPF para fomentar el consumo. También mencionó que habrá una deflactación en el IRPF dirigida principalmente a aquellos que ganan menos de 40.000 euros al año. Aunque el Gobierno ha recaudado 5.000 millones de euros adicionales por el IRPF en los primeros cinco meses, Bravo negó que se vaya a devolver esa recaudación extra, afirmando que la rebaja no estará por debajo de los 1.500 millones de euros y seguramente será incluso superior.

En cuanto a los autónomos y las pymes, el PP se compromete a ampliar la tarifa plana de 50 euros durante el primer año para los nuevos autónomos y a establecer un sistema de aplazamiento automático de cuotas para aquellos que enfrenten dificultades económicas. Además, busca facilitar el acceso a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, simplificar los requisitos de cotización y mejorar las condiciones fiscales para las pymes que aumenten su plantilla o realicen inversiones en innovación.

Vox y su atractiva rebaja impositiva (sobre el papel)

En contraste con el Partido Popular, el programa económico de Vox ofrece una mayor precisión en cuanto a cómo se modificarían los principales impuestos. Proponen un tipo único reducido del 15% en el IRPF para bases imponibles inferiores a 70.000 euros, y un tipo ordinario del 25% para bases imponibles superiores a esa cantidad. También plantean exenciones de 22.000 euros anuales en rentas del trabajo, sin importar si se tienen uno o dos pagadores.

Además, proponen tipos reducidos de IVA al 8% y un tipo general al 18%, junto con la eliminación del IVA para la adquisición de la primera vivienda habitual y la eliminación de la doble imposición en artículos ya gravados con impuestos especiales. En cuanto al Impuesto de Sociedades, Vox propone una reducción progresiva y continua del tipo hasta llegar al 15%, además de la simplificación de dicho impuesto.

Aunque bajar los impuestos puede resultar atractivo para muchos votantes, Vox carece de una memoria económica detallada que explique el impacto de estas medidas en las cuentas públicas y en la estabilidad presupuestaria.

Además, en cuanto a la reducción del gasto público, Vox propone medidas generales sin detallar los ahorros que se obtendrían con cada una de ellas, como la revisión y racionalización de las Administraciones Públicas, la supresión de las oficinas de implantación de la Agenda 2030 y la reestructuración de la Administración, incluyendo la eliminación de ministerios, secretarías de estado y direcciones generales que se consideren inútiles.

Sumar y su herencia universal financiada por las grandes rentas y patrimonios

La plataforma que integra Sumar tiene como objetivo principal recaudar más a través de incrementar la presión fiscal para implementar su acción política. El programa propone una serie de medidas fiscales destinadas a aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Para lograrlo, se plantea ampliar el número de tramos a partir de los 120.000 euros, aplicando tipos marginales crecientes. Del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros.

Los ahorradores están en el punto de mira. Se propone equiparar los tipos impositivos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo, afectando a las rentas del capital a partir de los 120.000 euros, con el objetivo de alcanzar al menos un tipo del 30%.

En el ámbito del IRPF, se plantea evaluar y eliminar aquellas deducciones que carezcan de justificación económica, muchas de las cuales además reducen la progresividad del impuesto. Esta medida busca garantizar una mayor equidad en la tributación y eliminar beneficios fiscales injustificados.

En el impuesto de sociedades, se propone condicionar los beneficios fiscales para las SOCIMIS, EDAVS y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la contribución al interés general de los proyectos que realicen. De esta manera, se busca fomentar la inversión con impacto social y promover el desarrollo de proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto.

El programa también contempla la implementación de un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos, con el fin de incentivar su desarrollo y evitar la especulación. Esta medida busca aprovechar los recursos y garantizar un uso eficiente del suelo.

La única reducción de impuestos en el programa de Sumar la vemos vinculada a la vivienda. Se propone reducir el IVA para proyectos de vivienda destinados al alquiler social y asequible. Esta medida busca favorecer el acceso a la vivienda para aquellos sectores de la población con mayores dificultades económicas, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Por último, el programa contempla el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios, con el objetivo de reducir la desigualdad y financiar políticas sociales. Aunque no se especifica de manera concreta, el objetivo no es otro que financiar su medida estrella de una «herencia universal» de 20.000 euros, que se hará efectiva al cumplir los 23 años, para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse.

En este caso, tampoco se acompaña de una memoria económica que evalúe el impacto aunque las estimaciones apuntan a unos 10.000 millones de euros que supone multiplicar por 15 la recaudación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Hoy el tipo del impuesto es del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros, ¿cómo lo harán sin provocar un efecto huida?

Como pasa el tiempo. Hace ya unos cuantos años os expliqué una pequeña escapatoria fiscal de nuestro marco legal en Propuesta de reforma fiscal: eliminar la exención de la plusvalía del muerto. Lo cierto es que me quedó la sensación de que no había sabido explicar bien lo que es una de las opciones fiscales más interesantes, así que hoy vuelvo a la carga, a explicar explícitamente cómo hacerle un "sinpa" a Hacienda mediante la plusvalía del muerto y los fondos de inversión.

Para ello primero vamos a explicar una obviedad física, otra fiscal y una excusa de vaguete tributario que se merece que el PPSOEPODEMOS le caneé, para a continuación ver lo que le pasa a ese sujeto si opta por la vía fácil y lo que le puede obtener si es capaz de leer algo más que el Marca o que ver la televisión.

La muerte es segura, los impuestos no tanto

Decía Benjamin Franklin que sólo había dos cosas seguras en este mundo, la muerte y los impuestos. Pues bien, la primera obviedad , la física, es esa, que todos hemos de fallecer, así que quedémonos con esos dato, que a todos nos llegará la hora.

La segunda obviedad, la fiscal, es precisamente la segunda aparte de la proposición, que en este mundo hay liquidaciones de impuestos por todos los lados. No sé si la vida de los arboles se puede explicar por los anillos de su tronco, desde luego que la nuestra es bien fácil de entender mediante nuestras liquidaciones fiscales, aunque a veces son evitables, como veremos.

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Y ahora vamos con la excusa del vaguete, de ése que se aferra a la sabiduría popular, ésa que les mola a los políticos que saben sintonizar con las pulsiones del pueblo, y que suena más o menos así: no merece la pena planificar fiscalmente, pues sólo consigues alzar los impuestos, y al final siempre pagas (y una m...).

Es una de las más habituales cuando se habla de planes de pensiones. De las más habituales y falsas, ya que con una adecuada planificación del rescate, hoy por hoy, esa excusa no vale para no ahorrar. Pero hoy no voy a hablar de planes.

No, hoy vamos a hablar de otra herramienta de inversión bastante denostada también, y de la que sin embargo se sigue sin aprender todo lo que puede darnos a aquellos que no estemos por la labor de ser solidarios más allá de lo estrictamente necesario (entiéndase por estricto aquello que deviene de la coacción de papá Estado y de la amenaza de males mayores). Me refiero a los Fondos de Inversión, aunque también vale para SICAVS y similares.

Opción a: pagar como un campeón

Supongamos que estás ya jubilado y que has conseguido ahorrar una suma modesta pero significativa, al menos para ti, por ejemplo unos 200.000 euros (dinero fruto de tu trabajo por el que has pagado impuestos como un campeón). Eres un persona frugal, con tus necesidades cubiertas y tu idea es no tocar ese dinero. Ves de tu pensión, con tu piso pagado, y piensas dejar esos bienes a tus herederos.

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No te gusta complicarte la vida, y además ya te ha dicho tu cuñado en navidades que nada como los plazos fijos, que es mejor estar a buenas con hacienda. Así que año tras año vas a ir renovando el plazo, pongamos que a un 1% de media, y capitalizas los intereses. En el primer daño de esta historia pagarías unos 400 euros al bueno de Montoro por la retención de tus 2.000 euritos de intereses y todos felices..

El día de mañana, tras unos cuantos años estirás la pata y dejas tu casita y un plazo de pongamos unos 240.0000 euros, que deberán pasar por ese Jordán que es Impuesto de Sucesiones y Donaciones para llegar a las personas que has designado como herederos. Vamos, que van a dejarse un pico ahí, especialmente en algunas comunidades autónomas (recordemos que esos 240.000 euros son netos tras tus ejercicios espirituales-fiscales).

Opción b: otro mundo es posible

Ahora vayamos a otro universo paralelo, uno en el que te has molestado en saber dos aspectos fundamentales del IRPF:

• Que en los Fondos de Inversión, mientras no haya reembolsos no se tributa por IRPF.

• Que en el IRPF la plusvalía del muerto esta exenta, es decir, que las ganancias patrimoniales que se ponen de manifiesto con ocasión del fallecimiento del titular no pagan un euro (art. 33.3.b de la Ley del IRPF)

Así que inviertes en un fondo monetario, de renta fija, con un horizonte temporal adecuado para que te de una rentabilidad del pelo de la del plazo fijo, pongamos que ese 1%, contando con el perfil de inversor comentado. ¿Diferencias con el caso anterior?

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Pues para empezar, que esos 400 euros iniciales de retención no son tales y los sigues manteniendo en tu fondo, y empiezan a funcionar para ti desde el primer momento, que Montoro no los huele. Y so pasa un año, u otro año, y otro año.

Está claro que si en algún momento cancelas todo el fondo, se pondrán de manifiesto esos beneficios y deberás tributar por ellos, al 20% o a lo que toque. Eso sí, durante todo ese tiempo ese dinero habrá estado trabajando para ti, generando beneficios para ti. Pero existe una manera de no pagarle un euro de los mismos a Hacienda...

Efectivamente, si falleces todos esos beneficios acumulados en el fondo de inversión, están exentos, no pagan un euro por IRPF. Te libraste de pagar a hacienda durante todos esos años y tampoco lo vas a hacer una vez fallecido, dejándoles neta esa cantidad a tus herederos para que, eso sí tengan que liquidar el Impuesto de Sucesiones.

Resumiendo, que existe un posibilidad de que los patrimonios familiares puedan ahorrarse para siempre del orden de un 21% de los rendimientos (frente a la pamema del diferimiento fiscal, que es una mala excusa para no hacer los deberes).

Es posible que la muerte no sea el final, pero para esa liquidación de IRPF pendiente sobre dichos beneficios fijo que lo es (al menos hoy por hoy y mientras no cambien la ley).

Ya tenéis conversación para la cena de Nochevieja. Si queréis ahorrar claro. Si os mola pagar impuestos lo del diferimiento queda muy intelectual.

Más información | Cotizalia, Inversis

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En mi última entrega en el Blog Salmón esbozábamos un decálogo para tratar de salir de la crisis provocada por el coronavirus sin fracturar los frágiles cimientos en los que se asienta nuestra economía.

Uno de los elementos críticos que destacábamos entonces era el impacto de un gasto público elevado en un contexto de reactivación moderada y menores ingresos tras una caída abrupta de la economía. Tratar de aumentar la presión fiscal de manera generalizada sobre los actores económicos y los ciudadanos para financiar ese gasto podría ahogar nuestra incipiente recuperación. La pregunta que debemos hacernos a estas alturas es, ¿podemos evitarlo?

Números rojos

El caso es que los números rojos de la economía española en 2020 fueron los peores de la Unión Europea, con un 11 % de déficit. Nos siguieron Malta (10,1%), Grecia (9,7%), Italia (9,5%), Bélgica (9,4%), Francia y Rumanía (9,2%). 113.172 millones de euros de exceso de gastos sobre ingresos públicos en el conjunto de las administraciones son una brutalidad. A ello debemos añadir que en su última actualización del cuadro macroeconómico, el Gobierno ha empeorado la previsión de déficit para 2021 del 7,7% de PIB al 8,4%, rebajando el crecimiento estimado en este año al 6,5%, estimaciones que por otra parte están sujetas a enormes incertidumbres, tal y como apuntábamos en un artículo anterior.

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Mercado laboral, impuestos y pensiones: estas son las principales medidas económicas del plan de recuperación que España ha enviado a Europa

Por su parte, el pasado 11 de mayo la Airef estimaba, basándose en la "limitada" información proporcionada por el Gobierno en el Programa de Estabilidad y Crecimiento, el Plan Nacional de Reformas y el Plan de Recuperación, que el déficit estructural podría quedar en el 4,6% en 2024, esto es, por encima de los niveles anteriores a la pandemia (3,5% en 2019). Ello implica que, incluso con una economía en niveles de crecimiento precrisis, nuestra brecha estructural habría empeorado.

Nuestra posición fiscal de partida, en palabras de la Airef, "representa una dificultad añadida a la hora de afrontar los retos de la crisis". Y demos gracias al BCE de que la carga de de nuestra muy abultada deuda se mantenga contenida debido a unos tipos históricamente bajos.

Ante esta situación, el Gobierno plantea un incremento generalizado de la carga fiscal que, con independencia de mensajes más o menos confusos, medias verdades, globos sonda, rectificaciones y rodeos varios, afectará a todos los sectores económicos y a todos los ciudadanos en los próximos años. Una subida impositiva que, no olvidemos, acompaña a las servidumbres estructurales que vienen con los Fondos de Recuperación, y a la que nos vemos abocados por (i) tener una posición fiscal más débil en el momento de estallar la crisis, (ii) haber comprometido gastos para la próxima década siendo plenamente conscientes de dicha posición deficitaria y (iii) no contemplar a su vez reformas de calado sobre la necesidad, oportunidad y eficiencia de las numerosas partidas de gasto, claramente revisables, de nuestras administraciones.

Esta estrategia de lanzarnos en su momento por la senda de la expansión fiscal, sin emprender otros ajustes paralelos, se topó de repente con las enormes necesidades sobrevenidas derivadas de la pandemia, de tal manera que ahora nos encontramos en una trampa de muy difícil escapatoria si de verdad queremos retornar con garantías a unas finanzas públicas sostenibles.

Así, mientras otras grandes economías del euro como Alemania, Francia, Italia y Portugal han optado por rebajas fiscales para estimular la recuperación económica, nosotros parecemos abocados a seguir el camino contrario, tal y como hemos venido contando en esta casa (por ejemplo, aquí, o aquí). Algo que va a ser muy complicado de vender a un público demasiado saturado de lemas y promesas.

La apuesta de nuestros responsables económicos resulta bastante clara: fiarlo todo a una reactivación económica rápida que absorba el impacto de la subida fiscal y la traduzca en ingresos inmediatos, contantes y sonantes. De ahí la insistencia en la cuenta atrás hacia el objetivo de vacunación, la apelación a un futuro brillante, y el borrón y cuenta nueva oficial que pretende hacernos olvidar los largos meses de pandemia y su gestión. Una apuesta posible, pero todavía incierta y sobre todo muy arriesgada, pues lo que se está poniendo en juego no es otra cosa que nuestro futuro.

La buena gestión de nuestros recursos, esa asignatura pendiente

Nuestras administraciones públicas no se han caracterizado en general por su disposición a la sensatez y a la austeridad, entendida ésta como sobriedad y rigor en el gasto. Una disposición que casa muy mal con la naturaleza artificiosa del discurso político, proclive al exceso, a la culpabilización del contrario ideológico y a solucionar los problemas tirando de chequera ciudadana sin análisis previos rigurosos ni evaluaciones posteriores de resultados. Y es precisamente esta falta de consistencia la que hace tan impopular cualquier subida de impuestos, máxime cuando se apela a la responsabilidad e incluso al patriotismo de los contribuyentes.

Hace años escribí una entrada en mi blog personal, en la que formulaba cinco recomendaciones sobre la gestión de los recursos públicos que siguen plenamente vigentes, y mucho más en los tiempos que corren:

1) Cuando cualquiera de las administraciones decida prestar un servicio público (y me refiero a un verdadero servicio público), sus responsables deberían tener en cuenta:

• Que no se esté prestando ya por otra administración.
• Que el servicio corresponde exactamente a la necesidad que pretende cubrirse y no a intereses propios o ajenos.
• Que la relación calidad/precio del servicio a prestar sea la adecuada, y que además se garantice su financiación en el tiempo.
• Que la entidad que vaya a prestar el servicio esté correctamente dimensionada en infraestructura, medios materiales y personal. Un exceso de tamaño consume recursos financieros innecesarios que podrían emplearse en otros menesteres.

2) Los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Pero también los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Es una cuestión de derechos, pero también de deberes.

3) Los servicios inútiles, accesorios o duplicados deben eliminarse de inmediato. Cuestan mucho dinero, tiempo y esfuerzo, y no rinden utilidad alguna al ciudadano, sólo a las estructuras que los prestan y a los políticos que las dirigen.

4) Cuando una administración contrata, debe elegir siempre el medio más económico. Y como tal no se entiende necesariamente el más barato, sino aquel que resulta más adecuado a las circunstancias del caso.

5) Además de utilidad, la productividad de los medios públicos y de los trabajadores públicos resulta asimismo un factor clave. Si tenemos recursos materiales y humanos ociosos estaremos despilfarrando salarios, intereses del capital público invertido y amortizaciones fijas. Cuanto mayor sea la productividad de dichos recursos menor será el coste de los servicios prestados. Esto es válido para todo tipo de prestación: educación, sanidad, defensa, seguridad, etc. Aquí, la modernización y profesionalización de la carrera pública, la digitalización y la completa revisión de los procesos administrativos tienen mucho que decir.

Como apuntábamos entonces, durante décadas nos hemos contentado con un manejo rutinario y burocrático de nuestros recursos públicos, lo que ha coartado nuestras posibilidades de mejora. Si todas las administraciones públicas trabajaran intensamente en los cinco aspectos enunciados, otro gallo económico nos hubiera cantado ahora.

Y, por cierto, no tenemos que empezar de cero: algunos parecen haber olvidado que la Airef lleva años trabajando de manera muy seria y exhaustiva en la revisión de nuestro gasto público a través de sus spending review. Acordarse de nuestra Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sólo para justificar futuras subidas de impuestos es un poco presentable "cherry picking". No nos hagamos trampas al solitario, porque al final, siempre acaban pagando los mismos. Como diría el profesor Rodríguez Braun: "usted, señora".

El Ministerio de Hacienda está preparando una reforma fiscal para el 2021. En esta reforma se quiere plantear el incremento de los impuestos especiales, una revisión de la tributación por módulos de los autónomos y una revisión de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.

El Gobierno después de poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 en plena crisis de la pandemia por coronavirus, ahora se atreven durante este año abordar aspectos importantes de la tributación de impuestos.

Revisión de sistema de módulos para los autónomos, el impuesto de alcohol y tabaco, el impuesto del diésel y gasolina, y el IVA

El Ministerio de Hacienda tiene la pretensión de revisar el sistema de cuotas a través de módulos que pagan algunos autónomos y ya más de una vez se ha pedido que se eliminé.

Lo más conveniente es que el Ministerio de Hacienda aplicará la tributación por beneficios reales, ya que a través del sistema por módulos no se aplica la realidad.

Por otra parte, otro impuesto que quiere revisar es el impuesto de alcohol y tabaco, ya que el Ministerio de Hacienda considera que el precio que tiene en España respecto al resto de la Unión Europea es bajo y se debe aumentar para que menos personas consuman.

Otro impuesto que el Ministerio de Hacienda quiere revisar es el impuesto del diésel y la gasolina, ya que considera, que como pasa con el impuesto de alcohol y tabaco, se está pagando menos que en la Unión Europea.

Otro tema delicado es el Impuesto del Valor Añadido (IVA), el Ministerio de Hacienda quiere analizar los diferentes tipos, ya que considera que se utilizan más los tipos reducidos en los productos que en el resto de la Unión Europea.

Armonización de los impuestos entre las diferentes comunidades autónomas

El Ministerio de Hacienda quiere establecer los mismos criterios para determinados impuestos entre todas las comunidades autónomas. En concreto, el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Patrimonio, y además de esto revisar las figuras de tributación para gravar la riqueza.

El Ministerio de Hacienda lo que quiere es que todas las comunidades autónomas tengan la misma capacidad de recaudación sin que se vean obligadas a aumentar la presión fiscal de sus ciudadanos, ya que tienen más empresas que pueden recaudar sus impuestos.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda quiere revisar la presión fiscal en temas de impuestos medioambientales, ya que considera, de nuevo, que se está pagando menos de lo que está pagando en la Unión Europea. Además, se pretende crear nuevos impuestos sobre los envases de plástico de un único uso y el impuesto de residuos.

Hacienda y la Seguridad Social se unen para la lucha contra la economía sumergida

Además de la reforma fiscal que se plantea por parte del Ministerio de Haciendo también se quiere crear un equipo dentro de la Seguridad Social para combatir la economía sumergida en España.

La población de España está distribuida de manera diferente según donde la región donde vive y la concentración de la mayor parte de la población está en 5 grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla). Por tanto, se considera que pueden establecer más esfuerzos en estas comunidades autónomos para sacar a la luz está economía sumergida.

Por tanto, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social van a desarrollar de forma conjunta un plan de lucha contra la economía sumergida, en que van a trabajar diferentes inspectores, es decir, los inspectores de inspección laboral y los inspectores de la agencia tributaria.

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Imagen | LaMoncloa

Mientras ERC sique en sus deseos de construir su ansiada "República de Cataluña", está negociando los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con el Gobierno de coalición. Y entre las prebendas que persigue, una de ellas es alcanzar la armonización fiscal, lo que supone un ataque directo a la Comunidad de Madrid que ha desarrollado un modelo impositivo atractivo con impuestos bajos, lo que ha sido denominado por Rufián como un "paraíso fiscal".

No es algo que naciera específicamente de ERC, presidentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig, ya habían apuntado a que el camino a seguir era la armonización fiscal de impuestos de Sucesiones y Patrimonio en todo el Estado.

Pero en un contexto de elecciones cercanas en Cataluña, un ataque a Madrid puede movilizar las filas independentistas, y, de ahí, que la lógica política vaya por delante de la lógica ideológica. Si un partido se declara independentista, presumiblemente estaría a favor de la descentralización de las decisiones y no de la centralización de las mismas bajo el yugo del Estado Central.

Eso es lo que quiere ahora ERC, una armonización fiscal que no sea por abajo sino por arriba, en otras palabras, más impuestos para Madrid.

El éxito de Madrid se consolida con impuestos bajos

Si por algo se caracteriza Madrid es por su modelo impositivo de bajos impuestos que ha sido marca de la autonomía. En el lado opuesto, Cataluña se sitúa entre las regiones con los tipos impositivos más elevados del país, junto con las regiones de Valencia, Asturias y Extremadura. Y destaca por ser la autonomía con más impuestos especiales propios ¿es lo que quiere ERC para Madrid?

Un contribuyente soltero sin hijos, menor de 65 años y con una renta anual de entre 20.000 y 30.000 euros, pagaría la tasa más alta de España si viviera en Cataluña y la más baja si viviera en Madrid.

Las personas con altos patrimonios superiores a los cuatro millones de euros, recibirían el mayor golpe fiscal si vivieran en Extremadura, seguidos de Baleares y Valencia. Pero, en Madrid, estas personas están exentas de pagar impuestos.

Pensar que Madrid baja impuestos por un efecto de capitalidad, es creer que los flujos de inversiones son inelásticos. Si ese fuera el argumento, no habría ningún impedimento para incrementar los impuestos para maximizar la recaudación.

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Efectos positivos de descentralizar un país: La Comunidad de Madrid se lanza a competir fiscalmente

Por las razones descritas, la Comunidad de Madrid es elegida por empresas extranjeras porque su economía está en constante desarrollo y ofrece muchas oportunidades de negocio. En los últimos diez años, la economía de Madrid ha crecido un 3,9% (Cataluña se ha quedado en los últimos años en la cola del crecimiento del país).

Con una política de atraer capitales se consiguen más empresas y una quinta parte de las empresas establecidas en España están ubicadas en Madrid. De las empresas españolas más importantes, el 72% tenía su sede en Madrid y alrededor del 4% del PIB de América Latina eran empresas de Madrid.

Con el fin de estar cerca del centro de toma de decisiones del cliente y utilizar la red de servicios empresariales y la red de infraestructuras técnicas y de comunicación, las empresas extranjeras han establecido operaciones en España en Madrid para que puedan gestionar eficazmente el negocio.

Si atendemos a la inversión extranjera directa, España atraía 23.008 millones de euros en 2019. De este importe, la Comunidad de Madrid acaparó 14.246 millones de euros, mientras que Cataluña se llevó 3.244 millones. Los números de Madrid han conseguido mejorar en los últimos años, y no tanto por mérito (ya era una región atractiva del territorio) sino que, en el caso de Cataluña, se han dedicado a propagar desconfianza a los agentes económicos con desafíos a la legalidad vigente y un modelo impositivo contraproducente. Así es fácil competir.

Los modelos descentralizados no se llevan bien con las políticas fiscales abusivas

Los modelos que persiguen la descentralización, por definición, van en contra de las políticas fiscales abusivas contra el contribuyente. Y es que, si un gobierno de una administración intermedia desea subir impuestos, la propia competencia fiscal entre territorios, hará o bien que las subidas no sean acusadas o, de implementarse, exponerse al riesgo de fuga de la actividad económica hacia regiones más amables con la fiscalidad.

Únicamente entornos en los que no existe una elevada descentralización de la población, hablamos de ciudades estado como Singapur o Hong Kong y modelos de población poco dispersa en el territorio como Irlanda o Nueva Zelanda, podemos encontrar modelos centralistas favorables a bajos impuestos.

Pero en países como Suiza y sus 27 cantones o Estados Unidos y sus 50 estados son la prueba más evidente. Un entorno de competencia fiscal favorece a un entorno impositivo bajo y una cohesión entre la sociedad y la administración pública. En definitiva, el poder del contribuyente para decidir qué impuestos deben pagarse y cómo deben gastarse promueve la confianza entre el público y el estado y aumenta la disposición a pagar impuestos.

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A mayor descentralización mayor prosperidad para un país

No solo tenemos un mejor entorno impositivo, sino que el federalismo fiscal incentiva a las comunidades y cantones a utilizar sus recursos financieros con prudencia. Si el paquete de impuestos y servicios ofrecidos por una administración próxima al ciudadano no cumple con las expectativas, la sociedad civil, formada por personas y empresas, se reubica.

¿Es la Comunidad de Madrid un paraíso fiscal autonómico? Esa cuestión se lleva moviendo en los últimos días. Los impuestos en Madrid son ligeramente más bajos que en otras comunidades como Cataluña, al igual que la comunidad autónoma en la que se encuentra la capital del estado tiene el impuesto de sucesiones al 99%, al igual que en Andalucía, Murcia y Extremadura. Además Cantabria lo tiene bonificado al 100%, pero ¿cuándo hemos oído hablar del paraíso fiscal de Santander? Además el impuesto sobre el patrimonio en Madrid está completamente bonificado.

Lo primero que debemos de entender es que la financiación autonómica en España es algo extremadamente complejo. Empezamos porque parte por dos sistemas completamente distintos, uno para las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra (a las que se les ha acusado de ser un paraíso fiscal en repetidas ocasiones) y otro para el resto de comunidades autónomas. El primero depende de la recaudación en manos de las haciendas forales, que recaudan los tributos y pasan parte al estado central. Las haciendas forales a su vez recaudan en unos territorios muy pequeños, porque en la comunidad autónoma vasca hay tres, una por provincia.

Para el resto de comunidades autónomas, tenemos que las financiación autonómica depende de tributos se dividen en propios, cedidos y transferencias autonómicas. En el caso de Madrid tiene aquellos tributos que dependen de la misma más bajos, pero también tiene menos tributos propios.

Paraísos fiscales subnacionales ¿lo es Madrid?

¿Es posible hacer un paraíso fiscal subnacional? La verdad es que sí, aunque no necesariamente en España es posible hacerlo en España. En EEUU la competencia fiscal que cada estado acaba teniendo impuestos muy distintos. El Estado de Oregón tienen su “sales tax” (un impuesto sobre las ventas que a primera vista parece el IVA, pero no es el IVA) al 0%. Además existen siete estados en los que no existe Income Tax (un impuesto parecido al IRPF español), que son Washington, Nevada, Texas, Wyoming, Dakota del Sur, Florida y Alaska, y otros dos con unas condiciones muy favorables en este impuesto que son Tenesse y New Hampshire que hacen que sean casi paraísos fiscales.

Pero a nadie se le ocurre decir en EEUU que los estados de Oregón y Washington son paraísos fiscales, de hecho tienen fama de ser lugares con los impuestos altos debido que son estados con fuerte presencia del partido Demócrata en las instituciones. En cambio sí se ha acusado a Delaware, Wyoming y a Nevada de ser paraísos fiscales. Es en Delaware donde están registradas empresas como Google, Bank of America o Coca-Cola. A nivel Europeo, hay quién dice que Luxemburgo es un paraíso fiscal. Pero también es cierto que dentro de la UE tampoco se puede hablar de paraísos fiscales, por la normativa europea que obliga a cierta transparencia. A nivel nacional también se ha acusado a País Vasco y Navarra de serlo y de drenar las empresas de las comunidades adyacentes como hemos comentado antes.

Como hemos comentado anteriormente, ser un paraíso fiscal no te convierte automáticamente en un país rico, existen paraísos fiscales extremadamente pobres, conseguir ser rico es un procedimiento más complejo. Además, ser un paraíso fiscal no se consigue sólo con impuestos bajos, sino con una serie de regulaciones, algo que no corresponde tratar hoy.

¿Es Madrid un paraíso fiscal? Pues varios expertos consultados por Maldita Hemeroteca llegan a la conclusión de que no, Madrid no es un paraíso fiscal. Si es cierto que tiene unos impuestos más bajos, pero también que está dentro de su potestad autonómica bajarlos. Además habría que añadir que las Comunidades Autónomas españolas tienen menos capacidad de alterar sus tributos que los estados de EEUU.

También tenemos que como muestra El Diario, aunque Madrid tiene unos impuestos más bajos para las rentas más altas, también los tiene más bajos para las rentas más bajas. Es decir, la comunidad de Madrid ha aceptado bajar los impuestos a cambio de gastar menos en servicios públicos. Además, los márgenes que tienen las Comunidades Autónomas para definir sus impuestos son relativamente estrechos, antes de 1997 no podían hacerlo.

Aquí entramos en una de las ventajas de la descentralización, poder votar con los pies, es decir, fijar nuestra residencia en un ente subnacional distinto porque las condiciones de este nos convencen más. De hecho esto a una medida más grande sucede en los países de la Unión Europea.

Volviendo al impuesto sobre el patrimonio, este sólo aplica en cuatro estados europeos: España, Noruega, Bélgica y Suiza. No parece que estados conocidos por su generoso estado del bienestar como Francia, Alemania, Suecia, Holanda o Dinamarca tengan un problema muy grave por no tenerlo. La competencia entre países fiscales de la UE sucede. En el caso del impuesto del patrimonio mudándonos y fijando la residencia en países cercanos como Portugal o Francia lo podemos evitar legalmente, sin problema alguno.

Eliminar la competencia elimina la mayor ventaja de la descentralización

Para mí la mejor ventaja de un sistema con entidades subnacionales es la competencia que permite entre los territorios. Eso es algo que se aplica en muchos países. Por ejemplo desde fuera China parece monolítica, pero lo cierto es que entre sus administraciones subnacionales existe una fuerte competencia. Al gobierno chino le gusta experimentar desde la apertura de las primeras Zonas Económicas Especiales como Shenzhen (en la frontera con Hong Kong) o Pudong (al lado de Shanghai). Ahora son las zonas de china más desarrolladas de todas.

Esto también sucede en Europa. Normalmente vemos los estados como entidades uniformes, pero por ejemplo Suiza está altamente descentralizada. Tanto que Suiza a veces parece más una amalgama de micropaíses. La disponibilidad de transporte público y vehículos privados hace que los suizos se puedan cambiar fácilmente a otro cantón si ese les convence más para temas como los impuestos o la calidad de los colegios de los hijos. Volviendo al impuesto del patrimonio en Suiza este varía entre un 0,3 y un 1%, siendo más alto en los cantones francoparlantes que en los germanoparlantes. No parece que este impuesto esté afectando mucho a la capacidad recaudatoria suiza.

Pregunta a los lectores ¿estamos ante una rabieta de los perdedores en la competencia entre regiones o de verdad tenemos paraísos fiscales autonómicos?

En El Blog Salmón | ¿Cómo deben tributar Apple y las otras multinacionales? y ¿Qué tendría que hacer España para atraer a teletrabajadores?

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Para evaluar si pagamos muchos o pocos impuestos, normalmente tendemos a fijarnos en la presión fiscal que nos dice el grado de recaudación sobre la economía, una ratio que relaciona los impuestos recaudados con el PIB, y es el indicador por excelencia.

Si observamos los últimos datos, en España la recaudación de impuestos supuso en 2019 el 41,91% del PIB, este sería el dato de presión fiscal. No obstante, e1n ese dato tenemos 3,93 puntos que corresponden a la partida otros ingresos y que quedan excluidos en la comparativa internacional.

Tendemos a reflejarnos más en Europa que frente al mundo o el conjunto de países desarrollados. En base esa premisa, la presión fiscal en España (34,4%) se encuentra por debajo de la media de la UE (41,2% del PIB) y lejos fue de los líderes como son Francia (48,4% del PIB), Bélgica (47,2% del PIB) y Dinamarca (45,9% del PIB), seguidos de Suecia (44,4% del PIB), Austria (42,8% del PIB), Finlandia (42,4% del PIB) e Italia (42,0% del PIB).

Si nos basamos en estos datos, entonces la conclusión que podría hacerse es que la fiscalidad en España debería ser más abusiva, hay que subir impuestos. Todo ello a pesar de que si nos comparamos en una métrica más internacional, con el conjunto de los países de la OCDE, España se encuentra en la media de recaudación relativa sobre el PIB, incluso, una décima por encima del global.

Y esta es la idea que tiene el gobierno de Sánchez en la cabeza: Más impuestos para controlar el déficit desvocado que veremos para este año, aunque lo cierto es que la propuesta del gobierno de coalición era acercarnos a la media de gasto público de la Unión Europea.

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¿Quieres el gasto público a nivel de Europa? Pagarás tú, no "los ricos"

De hecho, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha sido clara: "para garantizar la sostenibilidad a medio plazo de nuestras cuentas públicas, hay que aumentar la recaudación fiscal". De momento no hay nada concreto, pero se baraja desde la creación de nuevos impuestos hasta una reclasificación de productos en el IVA o bien la subida del tipo general.

A raíz de esto, la pregunta que debemos hacernos es si la presión fiscal es un indicador suficientemente oportuno para reflejar la realidad fiscal que enfrentan los españoles y, en consecuencia, si la conclusión de subir impuestos es acertada para recaudar más. Y es que en todo caso estamos hablando de la recaudación y no del esfuerzo que representa alcanzar esos niveles de acuerdo con el diseño tributario en un país. Para entenderlo, tenemos un tipo del IVA general del 21%, al igual que Bélgica, pero nuestro tipo efectivo es del 8,5% (el menor de la UE), mientras que en Bélgica sube hasta el 10,3%. Alemania, con dos puntos menos de tipo general del IVA (19%) frente a España, su tipo efectivo es el 10,6%.

La gran limitación que nos encontramos en el momento de analizar la presión fiscal es que únicamente nos está indicando el nivel de imposición de una manera un tanto imperfecta sin tener en cuenta tanto el diseño tributario ni la distribución de esa carga fiscal en los contribuyentes.

Además, tal y como nos indican los economistas Sanz y Romero desde Funcas, tenemos otro problema añadido y es que se obvia el esfuerzo que requiere la generación del PIB: "Una misma presión fiscal puede exigir sacrificios fiscales muy distintos. Por ejemplo, si se aplicase la presión fiscal de Dinamarca (45,4%) a España, el esfuerzo fiscal exigido a los españoles sería mucho más elevado: los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales mientras que la renta per cápita española es menos de la mitad (24.000 euros)".

En su exposición, hacen alusión a diferentes indicadores que pueden ser de utilidad para medir el sacrificio fiscal cómo son los propuestos por Henry Frank y Richard Bird. Estos integran en el cálculo el tamaño poblacional y la renta per cápita para si poder relacionar la recaudación con la capacidad económica de los contribuyentes de ese país. A medida que incrementa la renta per cápita el esfuerzo fiscal disminuye si la presión fiscal se mantiene.

En su trabajo concluyen que, analizando las 20 principales economías de nuestro entorno, nuestra presión fiscal ocuparía un puesto de sacrificio fiscal muy por encima de la media analizada por los contribuyentes de nuestro entorno. Dependiendo del indicador que utilicemos, España está ocupando el cuarto o quinto puesto en términos de sacrificio fiscal, únicamente superado por países como Italia, Grecia y Portugal.

En conclusión, si miramos el indicador de la presión fiscal nos podría llevar a la conclusión de que en España se pagan pocos impuestos, pero un enfoque más amplio, para el nivel de renta del país, el esfuerzo fiscal no solo es intenso sino que mayores impuestos serían del todo contraproducentes.

La crisis causada por el coronavirus es la crisis más grave que ha sufrido la economía Europea desde hace mucho tiempo, sobretodo la economía de España. Las nuevas previsiones de la Comisión Europea es una contracción del economía española en 10,9 por ciento.

Las malas previsiones de las grandes economías en Europa van a provocar una recesión más grave, de lo que se esperaba inicialmente, alejando cada vez más la tan famosa recuperación en ‘V’.

La Comisión Europea espera que la economía española se contraiga un 8,3 por ciento en 2020

La Comisión Europea prevé que Europa se contraiga un 8,7 por ciento, mientras que la Unión Europea se prevé que se contraiga en un 8,3 por ciento.

Las previsiones del próximo año, la Comisión Europea prevé un crecimiento del 7,1 por ciento para España. Pero el crecimiento va a ser menor de lo que lo previsto en Mayo para el conjunto de los socios.

Las previsiones económicas para estos meses de verano solo se actualizan las cifras de crecimiento y de la inflación, y las previsiones de la Comisión Europea para España son que habrá una deflación del 0,1 por ciento para el 2020 y para el año que viene habrá una inflación del 0,9 por ciento.

La negociación del fondo de recuperación es uno de los puntos más conflictivos

También se aspira a cerrar los presupuestos de la Unión Europea para los próximos 7 años, es decir, se tienen que negociar los 1,85 billones de euros de gasto para solucionar los diferentes problemas que ha causado la crisis del covid-19.

Uno de los puntos más conflictivos de está negociación son los criterios para decidir cómo se van a repartir los 750 mil millones de euros del fondo Europeo de recuperación. La propuesta que establece la Comisión Europea, basada en las cifras de empleo durante los últimos 5 años, beneficia a España y a Italia.

Mientras los países miembros de la Unión Europea discuten sobre como pueden superar la crisis causada por el coronavirus, también se ha empezado a negociar cómo y cuándo se empezarían a retirar las ayudas y a empezar a sanear las economías con ajustes fiscales.

En este aspecto, la Comisión Europea no espera que los países miembros presenten ajustes fiscales en sus borradores presupuestarios del 2021. España tendría que reducir su elevado endeudamiento, que puede superar a finales de este año el 120 por ciento del PIB.

Pero la Comisión Europea, ahora mismo, tiene en mente que ahora es el momento de reaccionar frente la crisis causada por el coronavirus para evitar las consecuencias económicas que puede traer.

Ni la Comisión Europea ni ningún miembro espera unos ajustes fiscales inmediatos

El debate para sanear las cuentas públicas de las economías de los países miembros de la Unión Europea, es decir, el cuándo y el cómo se deben retirar las ayudas y ajustar las economías para reducir el endeudamiento, ya está puesto encima de la mesa.

Sin embargo, nadie espera que estos ajustes se realicen de forma inmediata, ya que tanto la Comisión Europea como ciertos miembros de Europa son conscientes de que la transición debe hacerse poco a poco, para evitar los efectos negativos del coronavirus que pueden traer caer en más errores.

El debate para los ajustes, seguramente, será desplazado para el 2022, ya que todo depende de la evolución del coronavirus y si se consigue una vacuna pronto. También se ha pensado en la supresión del límite del 60 por ciento de la deuda pública, y fijar unos objetivos realistas a cada situación.

España está preparando subida de impuestos en contra de lo que piensa la Comisión Europea

El Gobierno de España piensa hacer todo lo contrario que propone la Comisión Europea, ya que en plena crisis económica y con los efectos del coronavirus todavía latentes en la economía, quieren realizar una subida de impuestos a largo plazo.

La Comisión Europea y el Banco de España han recomendado al Gobierno de España apoyar la economía mientras duren los efectos negativos del coronavirus, ya que una subida de impuestos, acompañados de recortes, no deberían hacerse hasta que la economía se den síntomas de una sólida recuperación.

Una subida de impuestos supone un mayor lastre para el crecimiento económico y, por tanto, no es aconsejable realizarlo en medio de la crisis que se está viviendo, ya que no se sabe cuando se va a dar la recuperación de los efectos negativos.

Aplicar esta medida por parte del Gobierno de España puede poner en peligro la recuperación, ya que puede lastrar el consumo que empieza a despertarse de nuevo después del confinamiento o reducir, aún más si cabe, la inversión de las empresas que luchan por sobrevivir.

El Gobierno de España ha puesto encima la mesa un reforma fiscal que prevé un aumento del IRPF a las rentas altas, un incremento del tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas o un aumento de los impuestos especiales y medioambientales.

Mientras el Gobierno de España está pensando en aumentar impuesto, por otra parte Merkel en Alemania ya tiene prevista una reducción del IVA hasta finales del 2020 para estimular el consumo y darle un impulso a la recuperación económica.

En El Blog Salmón | Ayudas fiscales en España respecto al covid y qué están haciendo el resto de miembros de la UE

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Las normas a nivel de la estabilidad fiscal de la Unión Europea y, por tanto, también de la Unión Monetaria se realizaron en el siglo pasado, concretamente en 1997, antes de la creación de la moneda única y la zona euro.

En esa época se estableció que el déficit público no podía superar el 3 por ciento del PIB y la deuda bruta de cada uno de los países miembros que componen la Unión Europea no podía superar el 60 por ciento.

Europa necesita sintonizar y realizar ajustes en las normas de estabilidad fiscal

Estas cifras han quedado muy desfasadas y ya no muestran la realidad de cada uno de los países a nivel de estabilidad fiscal. No sólo porque ya no los cumple casi ningún país miembro, sino porque el entorno económico y financiero que tienen que operar los diferentes países es muy diferente.

La crisis producida por la pandemia del coronavirus ha servido a la Unión Europea para darse cuenta de que tiene que realizar una sintonización y diferentes ajustes a las normas de estabilidad fiscal para llevarla a la nueva realidad de los países miembros.

La sostenibilidad fiscal indica la variación de la deuda de cada país respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), es decir, es la suma del “efecto bola de nieve” por la diferencia entre el interés que se está pagando por la deuda y el crecimiento del PIB, más el déficit primario (diferente entre ingresos y gastos públicos sin intereses.

El cupón medio sobre la deuda en Europa ha llegado a ser el 0% en algunos países

Al inicio de la Unión Monetaria en Europa, el coste medio de la deuda no era superior al 4 por ciento, algo superior al crecimiento que tenía la economía a nivel de Europa.

En esa época, los intereses de la deuda afectaban al PIB de los países alrededor del 2,5 por ciento, para poder estabilizar la deuda que tenía cada país era preciso que el déficit primario (diferente entre ingresos y gastos públicos sin intereses) fuera mínimo.

Por tanto, se estableció un límite de deuda del 3 por ciento respecto al déficit público total que cada uno de los países miembros se podrían endeudar. Pero en realidad algunos países nunca han alcanzado dicha cifra y ahora mismo las cosas han cambiado de forma drástica.

Por una parte, el crecimiento del PIB ha disminuido del 3 por ciento, y eso implica que la inflación ha llegado alcanzar la cifra del 2 por ciento. Es decir, la regresión financiera ha conseguido disminuir el cupón medio sobre la deuda en Europa al 1,5 por ciento, y lo más seguro que descienda al 1 por ciento, aunque ya se ha visto en algunos países en el 0 por ciento.

Si el tipo de interés no crece al mismo ritmo que el ingreso por los impuestos se puede tener más déficit

Los ingresos por impuestos han aumentado a un mayor ritmo que el tipo de interés en la zona euro y, por tanto, la deuda pública baja al tener un menor coste y esto supone que más margen para que los países miembros tengan más déficit.

Los países miembros que exceden el 60 por ciento de la deuda sobre el PIB nacional, según lo que establece la Comisión Europea, deben realizar un plan de ajustes estructurales para volver al límite establecido.

Para muchos países miembros de la Unión Europea, como es el caso de España, este es un objetivo bastante difícil de alcanzar y, por otra parte, se puede considerar un poco innecesario.

Es decir, si los tipos de interés están en mínimos y están rondando el 0 por ciento, el nivel de deuda influye menos en la sostenibilidad fiscal del país miembro. Por tanto, el tan famoso “efecto bola de nieve” queda anulado, ya que la prima de riesgo siga estabilizada y el coste medio de la deuda siga una tendencia descendente.

Debemos tener en cuenta que lo principal es el déficit, que va a depender de la capacidad de recaudar impuestos de cada país miembro y el crecimiento que va a tener su gasto público.

Un aumento del objetivo de deuda sería más factible para España

Debemos aprender de las crisis que ha vivido el euro es sus casi 20 años de existen, y cada vez más se han ido relajando las normas fiscales, hasta llegar al punto de llegar a suspender su aplicación por la pandemia por el coronavirus.

Ahora que Europa está trabajando en nuevos instrumentos de financiación y en el Fondo de Recuperación, hay que pensar en cambiar el objetivo de deuda sobre el PIB, y llegar hasta niveles un poco más reales, es decir, un 80 por ciento o más.

Para conseguir que la deuda de España bajara hasta el objetivo actual del 60 por ciento en 20 años, sería necesario un superávit antes de intereses del 1,5 por ciento durante los próximos 20 años.

Después de pasar diferentes gobiernos por la Moncloa y no conseguir llegar al déficit del 3 por ciento, sería necesario unos ajustes de los presupuestos del 1,1 por ciento del PIB, es decir, que se necesitarían eliminar partidas por 14 mil millones de euros durante los próximos 20 años.

Pero si el objetivo se elevara, por ejemplo, del 80 por ciento, haría falta un superávit antes de intereses del 0,3 por ciento y, por tanto, un déficit del 2 por ciento. Claramente los ajustes estructurales necesarios para España serían muchos menores, ya descenderían 4 mil millones de euros y, por tanto, sería de 10 mil millones de euros durante los próximos 20 años.

En los 2 casos planteados serían un gran esfuerzo para la economía de España, pero en el segundo caso sería más factible conseguir que en el primer caso. Aquí entra en juego reducir partidas de gasto público, reducir o eliminar bonificaciones y deducciones, y la subida de impuestos, tan odiados por todos los españoles.

En El Blog Salmón | Recesión y crisis: diferencias y qué nos viene encima

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