Durante meses, Europa ha tratado de presentar el rearme como algo más que una necesidad estratégica. La idea era simple y útil a nivel geopolítico: aumentar el gasto en defensa servía para responder a las actuales crisis en Ucrania e Irán, al mismo tiempo que podía impulsar industria, empleo y crecimiento.

El problema es que ese relato empieza a desinflarse. El Fondo Monetario Internacional ha puesto límites claros a esa expectativa, y la propia Comisión Europea ya había dibujado un equilibrio bastante menos brillante: algo más de PIB, sí, pero con un aumento relevante de la deuda.

El rearme nunca fue un milagro económico

La comparación más incómoda la dio Bruselas en mayo de 2025. En una simulación incluida en sus previsiones de primavera, la Comisión estimó que un aumento lineal del gasto en defensa de hasta el 1,5% del PIB elevaría el PIB real de la UE un 0,5% sobre el escenario base en 2028.

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A la vez, la ratio de deuda pública subiría 2 puntos porcentuales frente a ese mismo escenario. Es decir, en ese ejercicio el aumento de la deuda sería cuatro veces mayor que el del PIB adicional esperado. No es una cifra menor, porque resume bastante bien el problema del relato europeo: el rearme puede aportar algo de actividad, pero no parece ni de lejos un motor de crecimiento limpio ni barato.

La tesis de un pequeño dividendo económico no salió de la nada. Hace un año, Reuters apuntaba que el aumento del gasto militar podía ayudar a reactivar una economía europea plana, sobre todo si terminaba arrastrando inversión industrial, innovación y capacidad productiva propia. Alemania aparecía entonces como uno de los casos más visibles: si levantaba parte de sus restricciones fiscales para gastar más en defensa, podía activar a la vez un ciclo de inversión con efectos más amplios sobre la economía.

No obstante, incluso ese análisis venía lleno de condiciones. El impacto inmediato no iba a ser grande, y buena parte del beneficio dependía de algo que Europa todavía no tiene plenamente resuelto: una base industrial de defensa suficientemente integrada, coordinada y capaz de absorber una porción relevante de ese gasto.

Si las compras siguen fragmentadas o una parte sustancial del presupuesto termina en importaciones, la posibilidad de multiplicar la inversión se reduce mucho.

El FMI enfría la promesa

Esto es lo que subraya el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook de abril de 2026: los booms de gasto militar son cada vez más frecuentes y pueden elevar la actividad a corto plazo, pero insiste en que vienen acompañados de costes fiscales y externos.

En un boom típico, el gasto en defensa aumenta unos 2,7 puntos del PIB en dos años y medio, con aproximadamente dos tercios financiados vía déficit. En promedio, esos episodios terminan empeorando el déficit fiscal en 2,6 puntos del PIB y elevando la deuda pública en unos 7 puntos en apenas tres años.

Frente a esa lectura, otros análisis, como los de Capital Economics, advierten de que el impacto sobre el crecimiento puede ser mucho más limitado e incluso negativo

La clave no está solo en que haya más gasto, sino en cómo se financia y dónde termina. El FMI advierte de que cuando una parte relevante del esfuerzo se canaliza hacia armamento comprado a proveedores extranjeros, las ganancias de producción son menores.

También recuerda que estos impulsos pueden aumentar la inflación, tensar la política monetaria y complicar la sostenibilidad fiscal y externa. En términos políticos, el rearme mueve la demanda, pero no garantiza un impulso neto suficiente como para compensar por sí mismo el deterioro que deja detrás en las cuentas públicas.

El problema: demasiado gasto que se fuga

En Europa ese matiz importa todavía más. Una parte del relato descansaba en la idea de que el nuevo esfuerzo en defensa serviría para fortalecer la autonomía industrial del continente.

Sin embargo, esta transición no es automática. Reuters ya apuntó en 2025 que la dependencia europea de importaciones de defensa y la fragmentación del sector limitaban mucho el efecto económico de corto plazo. Dicho de otra forma: no basta con anunciar más miles de millones para que ese dinero se transforme en crecimiento interno. Para eso hace falta capacidad industrial, coordinación y tiempo.

Para los analistas, el rearme europeo empieza a parecer menos un estímulo económico y más una elección estratégica con costes visibles. ¿Es necesario? Es probable, debido a sus efectos positivos a largo plazo, si consigue consolidar una base tecnológica e industrial más robusta. No obstante, venderlo como si fuera una palanca clara de crecimiento empieza a ser más difícil de sostener.

El peor momento para endeudarse

Además, el contexto ha empeorado. El FMI no solo prevé menos crecimiento y más inflación en la eurozona, sino que también apunta a que el BCE podría verse forzado a endurecer su política monetaria en 2026 si ese repunte de precios se consolida. Ese es un detalle importante: endeudarse siempre pesa, pero pesa más cuando se encarece la financiación.

La cuestión, por tanto, ya no es si Europa debe gastar más en defensa, sino si puede seguir presentando ese esfuerzo como un motor económico casi natural. Para el FMI y CEE, la respuesta empieza a ser bastante menos optimista.

El rearme puede ser inevitable. Venderlo como una buena noticia económica… ya no parece tan sencillo.

La contratación pública española registró en 2025 el mayor volumen de adjudicaciones realizadas mediante el procedimiento negociado sin publicidad desde que existen registros estadísticos comparables.

Según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema, una fórmula que permite negociar directamente con empresas invitadas sin necesidad de abrir un concurso público.

Este volumen convierte al pasado ejercicio en el más elevado dentro de la serie histórica. El análisis de los datos revela además que el incremento registrado en el último año explica buena parte del crecimiento acumulado en este tipo de adjudicaciones durante el último lustro.

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El procedimiento negociado sin publicidad está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y se utiliza en situaciones específicas en las que la Administración considera que no resulta adecuado recurrir a una licitación abierta. Sin embargo, su uso suele generar debate porque reduce el nivel de competencia empresarial frente a los procedimientos abiertos.

Más de 36.700 millones adjudicados desde 2021

El aumento de este mecanismo en los últimos años ha sido notable. Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado formalizó contratos mediante este sistema por un valor acumulado de 36.727 millones de euros.

Durante dicho periodo se han registrado 15.721 contratos o lotes adjudicados mediante negociación directa con empresas invitadas. Si se divide el volumen total adjudicado entre el número de expedientes formalizados, la cuantía media de cada contrato supera los 2,3 millones de euros.

Este dato permite observar que no se trata únicamente de contratos de pequeña dimensión, sino de adjudicaciones con un volumen económico considerable dentro del gasto público estatal.

El peso de este procedimiento dentro del conjunto de la contratación pública también resulta significativo. Desde 2021, la Administración General del Estado ha licitado contratos por un importe superior a 190.000 millones de euros. Dentro de ese volumen total, las adjudicaciones mediante negociado sin publicidad representan aproximadamente el 20% de la contratación estatal.

El crecimiento se concentra en 2025

La evolución de la serie muestra que el ejercicio 2025 ha marcado un punto de inflexión. Más del 60% de todo el dinero adjudicado mediante este procedimiento desde 2021 se concentra precisamente en el último año.

Los datos del panel estadístico de Oirescon muestran además que el mayor incremento se produjo en el tramo final del ejercicio, cuando se registró el pico trimestral más elevado desde que se dispone de registros comparables.

Entre los factores que explican este aumento destacan las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Defensa, especialmente en el ámbito del material militar y de equipamiento estratégico.

Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad.

Qué significa el procedimiento negociado sin publicidad

El mecanismo de negociación directa permite a la Administración contratar sin publicar previamente una licitación abierta. En lugar de convocar un concurso público al que puedan presentarse todas las empresas interesadas, el organismo contratante invita directamente a determinados proveedores y negocia con ellos las condiciones del contrato.

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Este sistema está previsto en la legislación española para situaciones excepcionales. Entre los supuestos que permiten utilizarlo figuran los contratos que solo puede ejecutar un proveedor concreto, los casos de urgencia que no permiten esperar a los plazos de un procedimiento ordinario o aquellos proyectos con características técnicas muy específicas que limitan la competencia.

A pesar de estar regulado por ley, su utilización suele ser objeto de seguimiento por parte de organismos de supervisión porque reduce la concurrencia empresarial.

Ojo, que los contratos menores quedan fuera de estas cifras

Uno de los aspectos más relevantes de los datos publicados es que el volumen de 23.116 millones no incluye los contratos menores. Este tipo de adjudicaciones constituyen otra modalidad de contratación directa, pero están limitadas por ley a importes más reducidos y siguen un procedimiento distinto.

Por tanto, las cifras analizadas corresponden exclusivamente a contratos negociados sin publicidad que superan los umbrales económicos establecidos para los contratos menores.

Los organismos encargados de supervisar la contratación pública utilizan este tipo de indicadores para evaluar el nivel de competencia en el mercado de compras públicas.

Cuando una administración recurre con frecuencia a procedimientos sin convocatoria pública, el número de empresas que pueden optar al contrato se reduce considerablemente.

La competencia como garantía de eficiencia

La Comisión Europea analiza periódicamente el funcionamiento de la contratación pública en los Estados miembros a través de distintos indicadores del mercado interior. Uno de los elementos clave que evalúan estas herramientas es el grado de competencia en los procedimientos de adjudicación.

Las instituciones comunitarias consideran que la competencia entre empresas es un factor esencial para garantizar la eficiencia del gasto público. Cuando varias compañías compiten en un concurso abierto, la presión competitiva suele favorecer ofertas más ajustadas al presupuesto y mejores condiciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas Europeo también ha advertido en diversos informes que la falta de competencia en los procesos de contratación puede afectar a la eficiencia del gasto público.

Cuando las administraciones negocian directamente con un número reducido de proveedores, disminuye la capacidad del mercado para ajustar precios o mejorar las condiciones del contrato.

Imágenes | El País, Pixabay

El uso de créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias alcanzó en 2025 un nivel sin precedentes en lo que a las cuentas públicas españolas se refiere.

A falta de datos definitivos sobre el cierre del ejercicio del año anterior, el volumen de gasto ejecutado al margen de los Presupuestos Generales del Estado ya supera con holgura el registrado durante el peor momento de la pandemia, cuando el contexto sanitario justificó medidas excepcionales de enorme alcance económico.

Las cifras publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado confirman una tendencia que se ha acelerado durante los últimos meses. Hasta el 30 de noviembre de 2025, las modificaciones de crédito ascendían a 75.446 millones de euros, una cantidad que bate todos los registros previos.

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Además, refleja el uso intensivo de mecanismos extraordinarios para financiar el gasto público en un ejercicio marcado por la prórroga presupuestaria.

Un volumen de gasto que supera el de la crisis sanitaria

El dato resulta especialmente significativo si se compara con el año 2020, cuando el impacto del covid obligó a desplegar un esfuerzo presupuestario sin precedentes.

Entonces, las modificaciones de crédito alcanzaron los 74.303 millones de euros a cierre de noviembre, cifra que ahora ha sido superada en más de un punto porcentual. Al cierre definitivo del ejercicio 2025, el gasto extraordinario se situó en 76.077 millones, lo que confirma una tendencia al alza sostenida mes a mes.

Este crecimiento contrasta con la evolución posterior a la pandemia. En 2021 el importe se redujo de forma notable hasta los 17.459 millones, en 2022 ascendió ligeramente hasta los 18.905 millones y en 2023 descendió a 14.048 millones.

La diferencia fundamental es que durante esos ejercicios existían Presupuestos Generales del Estado en vigor, una situación que no se ha producido ni en 2024 ni en 2025.

El resultado ha sido un incremento del 50% en las modificaciones de crédito respecto al ejercicio anterior, cuando ya se rozaron los 50.000 millones.

El volumen actual equivale al 38% del límite de gasto no financiero planteado por el Gobierno para 2025, un techo que fue rechazado por el Congreso y que nunca llegó a entrar en vigor.

Qué son las modificaciones de crédito y por qué se disparan

Las modificaciones presupuestarias permiten alterar los créditos inicialmente aprobados para adaptarlos a nuevas necesidades.

Pueden adoptar distintas formas, desde créditos extraordinarios para partidas inexistentes hasta suplementos, ampliaciones, transferencias entre partidas o incorporaciones de remanentes no utilizados.

Aunque se trata de herramientas legales y habituales en la gestión pública, su uso masivo genera controversia cuando se convierten en el principal instrumento de ejecución presupuestaria.

En la práctica, permiten al Ejecutivo ampliar el gasto sin pasar por el control parlamentario que implica la aprobación de unos nuevos Presupuestos.

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En 2025, este recurso se ha utilizado de forma intensiva, lo que ha provocado que el volumen de gasto ejecutado fuera de las cuentas prorrogadas alcance cifras históricas.

La ausencia de nuevos Presupuestos ha reforzado esta dinámica, consolidando un modelo basado en ajustes continuos y decisiones discrecionales.

Los ministerios con mayor volumen de gasto extraordinario

El análisis por departamentos revela importantes diferencias. El Ministerio de Economía encabeza el uso de modificaciones presupuestarias, con más de 13.000 millones de euros ejecutados hasta noviembre.

Le sigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con más de 8.500 millones, una cifra vinculada en gran medida a las necesidades del sistema de pensiones.

El Ministerio de Defensa ocupa el tercer lugar, con 6.335 millones de euros, y destaca por el fuerte incremento registrado respecto al ejercicio anterior. Solo en noviembre, el aumento interanual fue del 158%, reflejo del impulso al gasto militar y a las inversiones vinculadas a infraestructuras y operatividad.

En el ámbito de las inversiones, las partidas destinadas a infraestructuras militares superaron los 1.700 millones, mientras que las inversiones operativas rozaron una cifra similar.

En paralelo, las inversiones civiles mostraron movimientos dispares, con transferencias negativas en algunas partidas y aumentos relevantes en otras destinadas a reposición y funcionamiento de servicios.

Transferencias y presión sobre el gasto público

Otro de los capítulos más relevantes ha sido el de las transferencias. La Seguridad Social recibió más de 8.200 millones de euros adicionales para hacer frente al pago de las pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo ante la insuficiencia de cotizaciones.

Las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales rozaron los 10.000 millones, mientras que las subvenciones a empresas privadas alcanzaron cifras próximas a los 220.000 millones.

En contraste, el Fondo de Contingencia registró una dotación negativa cercana a los 3.000 millones, lo que reduce el margen de maniobra ante posibles imprevistos futuros.

Imágenes | EDATV, Pixabay

Los datos hablan por sí solos. En las últimas décadas, la composición del gasto público en España ha cambiado de forma significativa. La proporción dedicada a pensiones y prestaciones por vejez y supervivencia no ha dejado de crecer, mientras que otras áreas clave para el desarrollo económico y social han ido perdiendo peso relativo en los presupuestos.

Esta tendencia hace evidente cómo España cada vez gasta más en los pensionistas y menos en todo lo demás. Algo que condiciona las oportunidades de progreso para el conjunto de la población activa.

Las consecuencias de este reparto desigual ya se perciben: los trabajadores soportan un aumento de las cotizaciones sociales, los precios siguen tensionando las economías familiares y servicios esenciales como el transporte, la educación o la vivienda no logran adaptarse a la demanda real.

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En lugar de impulsar nuevas inversiones para mejorar la productividad y la igualdad de oportunidades, el gasto público se concentra en mantener las prestaciones actuales.

Fuente: https://x.com/JorgeGalindo

La prioridad en las pensiones frente a otros servicios

Entre 1995 y 2023, la partida de pensiones y prestaciones ha pasado del 19,5% del gasto público al 27,4%, lo que supone un aumento de 8,2 puntos porcentuales.

Mientras tanto, áreas esenciales para la economía como infraestructuras y transporte han caído del 11,1% al 8%, una pérdida de 3,1 puntos.

También la educación (excepto la universitaria) se ha mantenido estancada en torno al 7,8%, sin reflejar avances significativos pese a su importancia estratégica.

También la inversión en educación terciaria e I+D sigue siendo reducida, con apenas un 3,2 % del gasto total en 2023. Por su parte, la partida de salud, dependencia y enfermedad ha aumentado hasta el 17,3%, reflejando las necesidades derivadas del envejecimiento demográfico, pero dejando de lado otras inversiones necesarias para desbloquear la oferta productiva del país.

Las consecuencias en los costes laborales y los salarios

Más datos. También los costes laborales asociados a las cotizaciones sociales han crecido más rápido que los salarios brutos en términos reales. Entre 2018 y 2025, los salarios apenas han subido un 0,3%, mientras que otros costes laborales —vinculados a la financiación del sistema de pensiones— han aumentado un 3,8%.

Este desfase refleja una política centrada en sostener las pensiones sin que la productividad ni la oferta crezcan al mismo ritmo. Así, los ingresos adicionales no se traducen en una mejora efectiva del bienestar de las familias, ya que los precios de bienes esenciales y servicios básicos siguen sin moderarse.

La falta de inversión en infraestructura o vivienda agrava este problema, ya que limita la capacidad de las familias para acceder a mejores condiciones.

La necesidad de una estrategia de crecimiento

Que España cada vez gasta más en los pensionistas y menos en todo lo demás pone en evidencia la necesidad de redefinir las prioridades públicas.

Más inversión en vivienda asequible, energía, redes de transporte eficientes y educación temprana puede devolver a la economía la capacidad de crecer de forma sostenible. Al mismo tiempo, estas inversiones contribuyen a repartir las oportunidades entre generaciones, garantizando un sistema más equilibrado y justo.

La pregunta clave que debería guiar las decisiones es si cada medida contribuye a aumentar la oferta y la productividad o solo redistribuye recursos entre quienes ya compiten por bienes escasos.

Mejorar las redes ferroviarias de cercanías, ampliar la capacidad educativa básica y fomentar la investigación son ejemplos de políticas que pueden desbloquear cuellos de botella económicos y sociales.

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Sin ellas, el país corre el riesgo de mantener un nivel de gasto elevado que no genera crecimiento suficiente para sostenerlo en el tiempo.

Equilibrar las cuentas pensando en el futuro

La tendencia a que España cada vez gasta más en los pensionistas, no solo plantea un problema presupuestario, sino también de sostenibilidad económica y social. Si la mayor parte del gasto sigue centrada en pensiones y atención sanitaria para los mayores, se reduce la capacidad de preparar a las nuevas generaciones para sostener ese modelo.

Esto genera una carga creciente para los trabajadores actuales y una pérdida de oportunidades de progreso colectivo.

Reorientar el gasto público no significa abandonar la protección de los mayores, sino complementar esa protección con inversiones en productividad, igualdad de oportunidades y bienestar general.

Solo así se puede garantizar que el esfuerzo público no se limite a repartir escasez, sino que ayude a crear riqueza para todos.

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La propuesta del empresario y magnate de tecnología estadounidense Elon Musk, íntimo amigo del presidente Donald Trump, ha vuelto aún más urgente el debate sobre el gasto público en los Estados Unidos.

El propietario de Tesla y de la red social X, ha presentado un plan ambicioso para solucionar el déficit gubernamental mediante medidas tecnológicas revolucionarias y la eliminación de ineficiencias en la esfera pública.

Pero, ¿ha funcionado? No, en absoluto, ya que el déficit presupuestario se ha disparado febrero superado con creces las peores expectativas. Y es que, según datos del Departamento del Tesoro de EEUU, aunque el gasto gubernamental ha disminuido ligeramente en comparación con meses anteriores, sigue superando con creces los ingresos.

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El pasado mes de febrero, el déficit alcanzó los 307 mil millones de dólares, casi dos veces y media más que en enero y un 3,7% por encima del mismo mes del año anterior. Lo que ha hecho saltar todas las alarmas y plantea serias dudas de cómo el país puede corregir, sí o sí, el rumbo de sus finanzas a corto plazo.

El plan de Elon Musk para reducir el gasto público

Musk ha elaborado una propuesta, eso sí, revolucionaria que consiste en la automatización y eliminación de injerencias gubernamentales. Básicamente, propone la digitalización de diferentes procesos administrativos, la reducción de la burocracia y la reasignación de muchas funciones al sector privado.

Según Musk, en los Estados Unidos, mucho dinero se tira inútilmente en la prestación ineficiente de servicios gubernamentales que se pueden realizar a través de la inteligencia artificial y otros sistemas automatizados.

El polémico magnate cree también que muchos de los programas son redundantes o inútiles y pueden ser eliminados, y que se debe destinar más dinero al desarrollo económico.

Solamente en febrero, el país recibió alrededor de 283 mil millones de dólares en ingresos, mientras que el presupuesto asignó alrededor de 579 mil millones en gastos. La mayoría de los fondos se asignaron a programas de seguridad social, defensa y pagos de interés sobre la deuda nacional, que se incorporan cada vez más el presupuesto dado el crecimiento de las tasas de préstamo.

Los costes de los intereses de la deuda nacional son cada vez más altos. Una cifra que sigue en aumento en medio de una política de austeridad y de las tasas de interés de la Fed. Sin embargo, este no es el único problema: la inflación está elevando el coste del mantenimiento del presupuesto nacional.

Gastos y más gastos para EEUU

Pese a que datos tan importantes como son el consumo o el desempleo continúan en tasas positivas, no todo son buenas noticias para EEUU. El gasto en programas sociales sigue siendo muy alto, con el coste de la Seguridad Social creciendo sin parar. También, el gasto en defensa. Cabe recordar que, según Ley de Autorización de Defensa Nacional, EEUU va a destinar para este 2025 un presupuesto sin precedentes de más de 895 mil millones de dólares.

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La propuesta de Musk está lejos de ser perfecta. A pesar de que muchos analistas políticos y económicos opinan de forma positiva la modernización de los servicios gubernamentales y la consideran necesaria, situar la automatización en el centro de la propuesta de política fiscal no deja de generar críticas.

Los más escépticos piensan que muchos sectores no tendrán tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas obligaciones tecnológicas, lo que podría conducir a despidos masivos y pobreza. Otros también argumentan que la eliminación de los programas gubernamentales podría tener consecuencias no intencionadas, especialmente para los sectores más desfavorecidos.

Además, tal y como está ocurriendo, recortar el personal de las agencias federales también podría mermar la capacidad del gobierno para responder a crisis económicas o emergencias nacionales.

Reacciones políticas y empresariales a `El plan de Musk´

Mientras algunos políticos del partido republicano han elogiado las ideas de Musk, los demócratas han lamentado el impacto social de las propuestas. En el sector empresarial, ciertas compañías tecnológicas respaldan la propuesta y ven una oportunidad en la digitalización de los sectores gubernamentales. Aun así, otros se preocupan por la privatización de las agencias y eventualmente la desigualdad de acceso a sus recursos.

El futuro de la economía estadounidense es incierto. Al creciente endeudamiento nacional y las tendencias de gastos hay que sumarles la política arancelaria de Trump que podría volverse en su contra, amén de los tambores de recesión que no dejan de sonar.

Es importante destacar como el déficit aumentó durante los últimos años de la administración Biden, pasando de 1.38 billones a 1.83 billones de dólares. Como constante, Trump ha hecho de la reestructuración fiscal una de sus prioridades, introduciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que busca reducir el personal en varias agencias gubernamentales.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por controlar el déficit, la propuesta de extender la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, que se implementó en su primer mandato, podría añadir 3.3 billones de dólares al déficit en la próxima década

Imágenes | Instagram, Pixabay

El debate está en la calle. Son muchos los españoles que consideran que la supresión de la monarquía contribuiría a que España se ahorrase una partida presupuestaria importante de manera anual. No obstante, en comparativa con el resto de monarquías europeas, la española se presenta como la más barata del viejo continente.

Felipe VIrecibe de los presupuestos del Estado casi 8,5 millones de euros al año, aunque en dicha partida no se incluyen los gastos que son asumidos por otros ministerios como Defensa, Interior (que se encarga de la seguridad), Exteriores (que se encarga de los viajes internacionales) o Hacienda (que se encarga del transporte en coche oficial con chófer a través del parque móvil del gobierno). De igual modo, el Patrimonio Nacional depende exclusivamente de la Presidencia, que se encarga de pagar los sueldos de sus empleados y que mantiene el Palacio de la Zarzuela.

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Las retribuciones que recibe la Familia Real están fijadas en la Ley de Presupuestos Generales (PGE). Se recoge que los sueldos se han visto incrementados en un 2,5% en 2023, aumentando de manera proporcional a los de los funcionarios públicos y altos cargos del Gobiernos. Si se tiene en cuenta el nuevo aumento del 1,5% con carácter retroactivo fijado para los empleados públicos en octubre de 2022, se puede asegurar que la subida de los sueldos ha sido en total del 4%.

Desde 2015, recordar que el Rey Felipe VI fue proclamado el 19 de junio de 2014, la reina Letizia y la reina Sofía han visto subir su asignación un 15%, mientras que el monarca ha incrementado su presupuesto anual de los 234.204 euros a los 269.296 euros que percibe actualmente.

Para el actual ejercicio, la Familia Real cuenta con una retribución de 507.000 millones de euros, subiendo los sueldos de los reyes y de la reina emérita en un 2%. Así, la reina doña Letizia cobrará algo más de 142.000 euros y la reina Sofía 116.525 euros, unos 2.000 más que en 2021.

La Casa Real tuvo un superávit de 889.316 euros en sus cuentas sobre ese presupuesto de 8,43 millones de euros, permitiéndole obtener un saldo de 5,8 millones. Ahora, el Tribunal de Cuentas fiscaliza, mediante auditoría externa, la actividad económica y financiera de la Casa Real en pro de la transparencia.

¿Cómo se efectúa el reparto salarial en Casa Real?

Según datos de Transparentia, que recoge los sueldos de la Administración Pública, los sueldos de los miembros de la Familia Real cuestan a las arcas públicas en 2023 unos 538.587 euros, aunque la corona española también cuenta a su servicio con un personal al que se destina una partida de 4.204.250 euros.

Recordar que Felipe VI anunció la renuncia a su herencia y la retirada de la asignación anual al rey emérito en 2020, aunque la reina Sofía sigue percibiendo las retribuciones fijadas anualmente.

La cantidad global asignada a la Casa Real es la misma que en 2022, es decir, 8.431.150 euros, aunque se reparte de forma diferente, tal y como se aprecia en los presupuestos de 2023. De este modo, la Familia Real y gastos de personal se llevan el 56,26%, los gastos corrientes de bienes y servicios el 32,89%, las inversiones el 8,85%, el fondo de contingencia el 1,99% y los gastos financieros el 0,01%.

La cantidad destinada a atenciones protocolarias y representativas se ha visto incrementada en un 63,5%, pasando de 370.000 euros a los 605.000 euros. Por su parte, los viajes y alojamientos se han incrementado un 92,3%, pasando de 26.000 a 50.000 euros. No obstante, se han reducido los gastos en asesoría y trabajos TIC en favor de la agenda institucional.

La actuación del Ejecutivo

El Gobierno ha congelado por tercer año consecutivo el presupuesto de la Casa Real, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. La Jefatura del Estado se mantiene, mientras que las Cortes y los ministerios aumentan su partida de algún modo. No obstante, Casa Real adquiere 544.000 euros más que en 2018.

Felipe VI, tal y como marca la Constitución, posee potestad para distribuir el dinero asignado por el Gobierno a la Casa Real. La partida presupuestaria ha sufrido congelaciones en etapas anteriores, como 2015 y 2016, aunque en 2017 y 2018 experimentó un leve incremento.

En 2019 y 2020 se prorrogaron las cuentas de 2018 a falta de los PGE, por lo que se otorgó una dotación de 7.887.150 euros. El presupuesto de 2021 fue de 8.431.150 euros, siendo el primero en el que no hubo una partida destinada al rey emérito. También el jefe del Estado anunció la congelación de las asignaciones que reciben los miembros de la Familia Real.

Las otras monarquías europeas

Teniendo en cuenta que la monarquía española es la más barata de Europa, le siguen de cerca las de Suecia, Dinamarca y Bélgica con un presupuesto que ronda los 15 millones de euros al año. Posteriormente encontramos a Noruega, con 25 millones, y a Holanda, con 39 millones.

Pero sin duda, la monarquía británica se posiciona como la más rica y transparente en la partida que recibe del contribuyente. El pasado año obtuvo 100 millones de euros para gastos oficiales, lo que supone una contribución de 1,53 euros por cada persona del Reino Unido.

Las cuentas de la Seguridad Social se tensan más aún debido a la revalorización de las pensiones vinculada a la subida del IPC. De este modo, desde el pasado 1 de enero de 2023, los más de nueve millones de jubilados españoles percibirán en sus nóminas una subida del 8,5% en base a la inflación media registrada entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

Como consecuencia de ello, así como por el aumento de jubilados, el gasto mensual del Gobierno en pensiones contributivas alcanzará el 10,8% en la tasa interanual, lo que representa 1.200 millones de gastos más que en diciembre. Los 11.902 millones de euros que abonará la Seguridad Social en concepto de pensiones contributivas representan un ritmo de crecimiento que no se apreciaba desde el año 1993, cuando España padeció otra gran inflación a raíz de la crisis del petróleo derivada de la Guerra del Golfo.

El objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no es otro que alcanzar el déficit cero en el sistema pasando gastos al Ministerio de Hacienda, haciéndolo en parte responsable al vincular las pensiones al IPC. Por primera vez en el mes de enero, nuestro país supera la barrera de los 10 millones de beneficiarios por prestaciones, alcanzando las 10.009.149 personas.

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Beneficios económicos de la nueva ley de familias

Tal y como recoge el BOE en su R.D. 1058/2022, de 27 de diciembre de 2022, la pensión media en España superará por primera vez los 1.100 euros mensuales (1.189 euros), incrementándose en 106 euros. La pensión de jubilación media se ha elevado en 122 euros, es decir, en los 1.368 euros mensuales. Por tanto esto supone que la subida de las pensiones sea el triple que la de los salarios. Esta pensión media representa a unos nueve millones de españoles.

Otros datos a tener en cuenta

El número de pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado(personal militar y funcionarios de la Administración General del Estado) representaron en diciembre de 2022 un 1,8% más que en el año anterior, pues el acumulado era de 692.177 en España. La nómina mensual de estas pensiones, incluida la paga extra de diciembre, era de 2.666,3 millones de euros. En la Minería del Carbón, la cifra asciende hasta los 2.666,9 euros mensuales y en el sector del Mar se establece en los 1.518,7 euros.

La Seguridad Social también estima que 409.970 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, ya que el 92,3% son mujeres con un importe medio mensual de 66,2 euros. Hay que recordar que este plus económico, implantado en febrero de 2021, supone una cuantía extra de 28 euros al mes por hijo. Así pues los datos son: con un hijo (90.450); el 47,3%, con dos hijos (193.925); el 19,7%, con tres (80.923), y el 10,9% (44.672), con cuatro hijos.

Las cifras del gasto en pensiones

La situación que atraviesa el Gobierno de Sánchez es realmente preocupante, pues se enfrenta a un incremento del gasto en jubilación sin precedentes debido al imponente envejecimiento poblacional que se viene acumulando durante los últimos años. De hecho, el incremento de 1.157 millones más de nómina mensual representa el 77% del nuevo gasto. Por tanto, el gasto dedicado a las pensiones de jubilación supone casi tres cuartas partes del gasto total, ascendiendo el importe hasta los 8.649 millones de eurosy un incremento del 11,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

Le siguen las pensiones de viudedad, que representan un gasto de 2.000 millones de euros (han subido 171 millones), es decir, el 15% del incremento del gasto total. También hay que tener en cuenta las prestaciones por incapacidad permanente, a las que se han dedicado 1.062,9 millones de euros, es decir, un 7,9% más. Con respecto a las pensiones de orfandad, éstas representaron 162,5 millones de euros (incremento del 9%).

El Ejecutivo, desde su irrupción en Moncloa, ha disparado los gastos de las arcas públicas en todo tipo de pensiones, alcanzando los 41.000 millones de euros al año, sumando las pagas extras, al incrementarlas en casi 3.000 millones de euros. Es una situación realmente complicada después incluso de haber superado los 20.000 millones de euros destinados a gastos y aprobados en los Presupuestos Generales del Estado. Y es que el Ministerio de la Seguridad Social afirma que en 2022 se tramitaron 353.937 expedientes de jubilacióny 147.620 de viudedad.

Previsiones preocupantes

La cuerda parece que se acabará tensando más, pues el Gobierno está pendiente de que toda la generación ‘baby boom’ se comience a jubilar a partir de finales de la década actual, lo que haría que las arcas públicas entrasen en números rojos de manera inminente. En este sentido, Bruselas ha exigido al Gobierno que el peso del gasto en pensiones sobre el PIB no exceda del 12%.

Durante el último año, el número de pensionistas ha subido en un 0,9% y desde el 2018 en un 3,2%, por lo que el crecimiento del gasto para el país ha sido del 32,5% en el último lustro. Además la Seguridad Social estima que abonará más de 10 millones de pensiones contributivas, la gran mayoría de jubilación. Si las cifras de jubilados para este 2023 han subido en un 1,5%, es decir, hasta rozar los 94.000 beneficiarios, ¿qué números se esperan para los años venideros?

Esta semana nos encontramos con que el PSOE y Unidas Podemos se han comprometido en un amplio acuerdo para el primer gobierno de coalición más allá de esos puntos generalizados que vimos tras las elecciones generales. Hoy ya tenemos medidas concretas perfectamente valoradas para un análisis detallado sobre qué tipo de gobierno se pretende iniciar.

En las siguientes líneas analizaremos los puntos más relevantes sobre este acuerdo que tienen una serie implicación sobre el mercado laboral, el diseño del gasto público y la estructura impositiva que afecta a los agentes económicos del sector privado.

Destrozando el dinamismo del mercado laboral

Si anteriormente el PSOE se presentaba ante los españoles con el argumento derogar los aspectos mas lesivos de la reforma laboral, hoy de esos aspectos más lesivos no se habla. En el punto 1.3 del acuerdo se dice:

Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos.

Este acuerdo pretende derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales lo que supone, de facto, que las empresas tengan una menor capacidad de ajuste ante las dificultades que puedan acarrear en el plazo más inmediato y esto es un serio problema cuando el crecimiento económico está menguando y la posibilidad de recesión se incrementa.

La falta de capacidad de ajuste por parte de una empresa lleva a que, si debe respetar el convenio sectorial, no puede hacer los ajustes pertinentes para salir adelante en situaciones difíciles y lleva a que la quiebra esté más cerca en una dificultad económica.

El año pasado mediante el Real Decreto el PSOE consiguió destrozar la dinámica del mercado laboral, perjudicando especialmente a jóvenes e inmigrantes cuyas tasas de desempleo incluso crecieron tras años de fuertes descensos o a un sector tan importante como el agrícola que ha mantenido prácticamente su nivel de desempleo frente al año anterior.

La subida del SMI fue un error y en el documento presentado se dice en el punto 1.4 que se pretende seguir subiendo el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, es decir llegaríamos a los 1.200 euros.

Al finalizar 2019, tenemos que el paro registrado ha bajado durante los últimos 12 meses en 38.692 personas, el 1,21%, la menor cifra en los últimos siete años. Lo mismo en afiliación a la Seguridad Social, 384.373 afiliados más a la Seguridad Social también el peor dato de la recuperación.

Y por si fuera poco, más dificultades en el mercado laboral... Nos tenemos que ir al punto 2.4.1.1 en el que se dice que "Revisaremos las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad".

Todas estas medidas van encaminadas a la vuelta a este mercado laboral que tantos dolores de cabeza nos dio en las etapas recesivas del país en el que la tasa de desempleo se situó por encima del 20%, un hecho muy atípico en cualquier economía desarrollada de la OCDE. A que la pyme soporte mayores costes por empleos que no destacan específicamente por su elevada productividad, abriendo las puestas al mercado negro.

La máquina del gasto público se pone en marcha

En el documento veremos muchas medidas dirigidas a la promoción del gasto público en España lo que significa que la presencia del Estado en la vida de los españoles ganará peso si finalmente llega a ejecutarse este programa económico.

Recordemos que el objetivo tanto de PSOE y Unidas Podemos es encaminarse hacia un gasto público como la media europea, lo que significa incrementar alrededor de seis puntos de PIB en gasto público. Obviamente esa medida tiene su correspondiente contrapartida vía impuestos que analizaremos más adelante.

Por ejemplo, en el punto 2.1.10 se pretende incrementar los recursos públicos destinados a educación y becas hasta un objetivo del 5% del PIB en el año 2025. También la universalidad del acceso a la educación infantil de 0 a 3 años a través de una red pública. Y, en el ámbito educativo, hay que prepararse para otro cambio pues se propone la derogación de la LOMCE a través de una nueva ley educativa.

Los copagos sanitarios permitieron una mayor eficiencia del gasto farmacéutico en España pero en el punto 2.2 se propone la eliminación progresiva de los copagos introducidos en el año 2012, lo que nos llevaría a un modelo sanitario más disfuncional en su ejecución. En el acuerdo se valora que hay que incrementar los recursos del Sistema Nacional de Salud hasta alcanzar el 7% del PIB en el año 2023.

La medida más importante de gasto la encontramos en el 2.4 cuando se hace referencia a las pensiones públicas españolas. Se nos dice que se actualizará a las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y se aumenta el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

Recordemos que en la reforma de 2013 introdujo nuevos elementos estructurales como el factor de sostenibilidad que vincula el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida y el índice de revalorización de las pensiones por el cual se condiciona a la evolución de los ingresos y gastos con un incremento mínimo del 0,25%.

Está medida pretende no racionalizar la escalada del gasto en pensiones y es un problema de corte estructural porque no solo vamos a un envejecimiento de la población sino que el sistema de la Seguridad Social ya ofrece un déficit estructural y que el año pasado perdió 17.000 millones de euros que van a cargo de los Presupuestos.

Ya en el periodo 2018/2019 las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizaron un 3% mientras que el resto de pensiones contributivas lo hicieron 1,7% en 2018 y 1,6% en 2019. El gobierno de Sánchez recibió un toque de atención por parte de Bruselas porque ese incremento de las pensiones no llevaba a cumplir los objetivos de déficit público acordados junto a otras medidas como la subida de salarios de los funcionarios.

Segun las actuales proyecciones, en ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC incrementaría el gasto en aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en más de 3 puntos porcentuales hacia el año 2050.

Impuestos a la vista

Hemos comentado medidas referente al incremento del gasto público, y ahora toca analizar la otra cara de la moneda en un Presupuesto, los impuestos. Y sí, este futuro Gobierno busca incrementar la presión fiscal para afrontar el gasto previsto.

En primer lugar, tenemos que se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Pero a su vez las pymes se les bajaría el tipo general del 25% al 23%.

En IRPF, nos encontraríamos con dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

Ente otras medidas tenemos Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan. Una medida que llevaría a dificultar la venta de empresas en grandes plataformas online como Amazon para incrementar sus ventas. Sin tener en cuenta si pueden existir repercusiones en Estados Unidos a nivel arancelario contra España y luego a salir si se opta por este camino.

La tasa Tobin a las transacciones financieras también se incorpora en el paquete de medidas. Un impuesto que puede llevar a que las empresas de más de 1.000 millones de euros de capitalización bursátil sufran una merma en los volúmenes de negociación haciendo librarnos solo todo el negocio vinculado la gestión de las bolsas españolas si no con un impacto de migración de capitales en la búsqueda de empresas cotizadas que no valoren en su negociación ese impuesto.

¿Estabilidad presupuestaria?

En el punto 10.7 hablan del "cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas".

A pesar de lo indicado, nos encontramos ante un problema y es que en todo el documento no se integra ninguna memoria económica para respaldar tanto las propuestas de gasto como las de ingreso, lo que consecuentemente nos lleva a poner en duda los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Pero debido a que el objetivo es alcanzar el gasto público europeo, lógicamente debemos pensar qué la financiación debería ser unos impuestos europeos para mantener los objetivos de estabilidad presupuestaria. **No obstante, con las medidas impositivas valoradas quedan muy lejos de los objetivos recaudatorios para asumir semejante gasto.

Si el objetivo es gasto público europeo, paralelamente debemos esperar recaudar casi dos puntos de PIB añadidos en IRPF, añadir más de tres puntos en impuestos indirectos y un punto en cotizaciones sociales (+2 puntos en concepto Seguridad Social a cargo del trabajador y -1 punto en las cotizaciones a cargo de la empresa).

Tres puntos en impuestos indirectos significa que el tipo impositivo del 21% no sería suficiente sobre la presión fiscal sobre el consumo y deberíamos explorar mayores tipos impositivos o una reclasificación en los tipos reducidos y súper reducidos.

Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, en España el gran problema que hemos vivido en los últimos años es una lenta reducción de la deuda pública como porcentaje relativo al PIB en una etapa de crecimiento por encima de los niveles europeos. Tres puntos en cinco años mientras que Alemania iba recortando tres puntos anuales con un crecimiento inferior.

Este es el gran riesgo para España pues en un supuesto de shock externo o interno qué merme la confianza de los inversores sobre la capacidad de refinanciación de la deuda, nos encontraríamos ante una crisis de liquidez para hacer frente a los pagos oportunos derivados del Presupuesto que contempla diferentes prestaciones de gasto social.

El nuevo Gobierno del PSOE lleva andando más de tres meses como Ejecutivo del Gobierno. Y para poner el acento en la cuestión social, no ha hecho otra cosa que promesas de incremento en el gasto público español.

Estas promesas vienen de la mano del margen que concedió Bruselas a España en los objetivos de déficit público. Por lo que el coste soportado lo soportará la montaña de deuda pública acumulada en la última década.

Gastar, gastar y gastar

Uno de los focos más importantes del incremento del gasto público lo encontramos en las pensiones. Si nos ponemos en antecedentes, el PNV negoció con el PP la revalorización de las pensiones para los PGE de 2018 con un 1,6% y para las mínimas, SOVI y las no contributivas fue del 3%. Este Presupuesto que tuvo la oposición del PSOE, lo ha terminado adoptando como propio.

El problema es que no hay partida presupuestaria para este gasto y que las cuentas de la Seguridad Social están seriamente dañadas con un déficit anual de 18.000 millones de euros. Esta medida tiene una repercusión sobre el gasto público de 1.600 millones de euros adicionales en 2018 y si se tiene en cuenta la subida de la base reguladora de las viudas -el 60% para 2019-, nos acercamos a una cifra de 2.000 millones de euros.

Entre las medidas del Gobierno del PSOE vemos la recuperación de la cobertura sanitaria universal, es decir no se imputa el coste o parte del coste al beneficiario directo sino al presupuesto.

Se presenta un coste estimado de unos 500 millones de euros anuales, teniendo en cuenta el coste que tenía la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles en 2012 (probablemente esta cifra en 2018 sea superior). Si al mismo tiempo se extiende la tarjeta sanitaria al conjunto de europeos -hecho que eliminó el anterior Gobierno- se añadirían 600 millones de euros más, alcanzando los 1.100 millones de euros en total.

Otro coste imputable a este Gobierno es la pretensión de bajar impuestos sin una compensación imputada en la bajada del gasto público. Nos referimos en este caso a que el Gobierno planea suspender temporalmente el impuesto del 7% a la generación eléctrica (no lo eliminan, lo bajan al 0% por la subida eléctrica). Esta medida recauda anualmente unos 1.500 millones de euros. Habrá que ver cuánto tiempo permanece en vigor para estimar su coste real.

En el terreno de infraestructuras el Gobierno también quiere gastar más con la suspensión de los peajes a las autopistas, después de finalizar la concesión, por lo que será Fomento quién se haga cargo de los gastos. Esta medida implica la asimilación de con la AP-1 entre Burgos y Armiñón (30 de noviembre), a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz (31 de diciembre de 2019). En conjunto, esta medida tendría un impacto estimado en 450 millones de euros.

Se persigue reforzar el empleo público. Se aprobó la mayor oferta de empleo público (OEP) en los últimos 10 años. En total, el Gobierno impulsaría 30.844 plazas este año. Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no se ofrecen cifras estimadas del importe de esta medida.

A la par, el Gobierno aprobó el incremento adicional del 0,25% de las retribuciones del personal del sector público. En consecuencia, tenemos un aumento del 1,5% de las retribuciones del personal del Sector Público, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, que entraron en vigor al inicio del año y un incremento adicional del 0,25%, con efectos de 1 de julio de 2018.

Aprovechando el margen de Bruselas

Si se cuantifican todas las medidas anteriores, vemos una cifra que podría superar los 5.000 millones de euros. Y justamente una cifra muy parecida es la que concedió Bruselas al Ejecutivo para desde 2018 hasta 2021, 5.500 millones de euros.

Que nos dejen margen para el déficit público ha sido una idea nefasta, implica seguir por la senda del deterioro de las cuentas públicas que incrementa el riesgo país. Un hecho que a día de hoy no tiene efectos sobre el coste de la deuda que refleja en el mercado secundario debido a la anestesia generalizada de bajos tipos del BCE e intervención vía QE.

En tiempos de recesión económica es normal que nos encontremos déficits por la caída de ingresos públicos y por el incremento de determinadas partidas como las prestaciones de desempleo, pero en un entorno de crecimiento de un 3% -y desacelerando la economía-, la Administración debería tener las cuentas estabilizadas y rebajar la relación deuda pública sobre PIB.

En 2014, la deuda pública sobre PIB alcanzó una relación del 100,4%. En estos años, la ratio ha bajado muy lentamente por los déficits acumulados y nos encontramos a cierre de 2017 con una relación del 98,3% sobre PIB. Si la Administración hubiera mantenido la estabilidad presupuestaria en estos años, se hubiera conseguido año tras año una rebaja de 4 puntos en esta ratio fruto del crecimiento nominal del PIB.

Si en las etapas recesivas el Estado incrementa sustancialmente sus ratios de deuda pública y en tiempos de crecimiento esta relación disminuye muy lentamente, en algún momento los inversores dirán: Basta! No nos fiamos del cumplimiento de los pagos de este emisor. Y obviamente, el coste de la deuda, tal y como le pasó a Grecia, lleva a la imposibilidad de financiarse.

Si no hay más deuda, hay más impuestos

Cuando el Estado pretende incrementar el gasto público lo hace por dos vías. La primera es el expolio de las rentas presentes mediante impuestos y la segunda, mediante el compromiso de las rentas futuras, es decir, endeudándose. Como dice el profesor Carlos Rodríguez Braun, "La última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná".

Se tiende a vender que en España se pagan pocos impuestos y para los que defienden el gasto público y su incremento, hay que exprimir más las rentas de la sociedad civil en favor de la centralización de las decisiones que forma el Estado.

La justificación en base a ese razonamiento es sesgar los datos mediante la ratio ingresos públicos sobre PIB. En el año 2017 la ratio española era del 37,9% sobre PIB, siendo el cuarto país que menos recauda de la Eurozona y lejos de los niveles de la Unión Europea y la Eurozona, 44,9% y 46,2% respectivamente. A partir de ahí, nace la conclusión... Hay que igualarse a Europa y pagar más impuestos!

El gran error de este dato es que nos estamos comparando con la 'Champions League' de los expoliadores a nivel mundial. Algo más razonable sería, dado que nos encontramos en una economía global, compararse con el promedio de la OCDE ya que integra en conjunto de las economías desarrolladas. El promedio de la OCDE se sitúa en el 34% sobre PIB, cerca de cuatro puntos de PIB por debajo de los niveles de España ¿Nos igualamos al conjunto de las economías desarrolladas?

No obstante, la ratio ingresos fiscales sobre PIB es una ratio puramente recaudatoria, al ciudadano de a pie lo que verdaderamente le importa es "de lo que gana, lo que paga" y para ello, hay que fijarse en la cuña fiscal que mide el porcentaje del coste laboral que soporta el IRPF, Contribuciones de la Seguridad Social del empleado y Contribuciones Seguridad Social del empleador.

Los datos de la cuña fiscal española muestran que la cuña fiscal española es un 6,8% más elevada que en la media de las economías desarrolladas: 38,34% en España para 2016 y 35,9% dentro del promedio de la OCDE.

A pesar de esto, los impuestos directos no representan todos los impuestos que el ciudadano soporta. Hay que tener en cuenta todo el conjunto de impuestos que afecta al coste laboral medio para hacernos una idea de la carga impositiva que se le repercute al ciudadano y de ahí nace el término Día de la Liberalización fiscal, es decir, el día que el trabajador deja de trabajar para el Estado y empieza a trabajar para sí mismo.

De acuerdo con el documento Think Tank Civismo, las jornadas dedicadas a pagar impuestos son 177, lo que nos lleva a que el día 27 de junio sea el día de la Liberalización Fiscal en España. En otras palabras, prácticamente después de seis meses trabajando, uno puede utilizar su renta para hacer frente a sus necesidades.

Una de las variables macroeconómicas más controvertidas para la sociedad en general, y para economistas en particular, es el gasto público, y toda su estructura interna prevista en los presupuestos generales del Estado. Entre otras cosas, porque esta variable del PIB de un país se puede financiar teóricamente de tres formas: con impuestos, con la emisión de deuda y con la impresión de moneda.

En el momento que hablamos de gasto público e impuestos, implícitamente hablamos del sistema fiscal de un país, o economía. Es decir, ingresos públicos y gasto público, lo que conlleva la posibilidad de déficit o superávit de las cuentas del estado, así como su impacto negativo o positivo en la deuda acumulada, según se comporte el déficit.

Considerando España como país integrante de la zona euro, y consecuentemente involucrado en su política monetaria y fiscal conjunta, el gobierno de la unión europea controla de forma estricta dicho déficit para todos los estados miembros de la unión monetaria y no deja de ser el quebradero de cabeza de muchos gobiernos miembros, que ven en este control, el paso previo de potenciales subidas de impuestos, y recortes presupuestarios, con todo el impacto socio-político que esto implica.

En España, el porcentaje de gasto público sobre el PIB con respecto a los últimos datos del 2015, representa el 43.3% del PIB del país, dato por debajo de la media de países de la Unión Europea, y con una recaudación fiscal en torno al 38% del PIB en 2015, también por debajo de la UE. De ahí se deduce un déficit - 5.08% del PIB en 2015, así como un volumen de deuda acumulada en el segundo trimestre del 2016 de 1,1 millón de millones, o lo que es lo mismo 23 800 euros por habitante. Esto ya representa el 100.90% del PIB español, es decir debemos más dinero que lo que toda la economía española produce en un año. Las cifras no son buenas, para que mentir a nadie. Y cierto es que una subida de gasto público no es buena idea, teniendo en cuenta toda la deuda acumulada y en continuo crecimiento. De modo que la única manera de reducir dicho déficit y deuda, es buscar un modelo adecuado para ello. Pero, ¿existe el sistema fiscal perfecto? ¿y si realmente existe y es perfecto, por qué no se aplica en todos los países por igual?

El sistema fiscal perfecto

En 2006, el Instituto de estudios fiscales británico pidió al economista James Mirrlees, premio nobel de economía en 1996, la creación de un sistema fiscal perfecto que optimizara todas las divergencias entre gastos e ingresos públicos. El Sr. Mirrlees se puso manos a la obra en ardua tarea, reunió a 70 expertos fiscales británicos que durante cuatro años de trabajo e investigación consiguieron dicho sistema. El modelo perfecto se define como aquel que partiendo de unos objetivos de recaudación fiscal y redistribución de gastos dados, optimiza el resto de objetivos, teniendo en cuenta que la información disponible es limitada, así como el impacto político y económico del país. Es decir, un sistema fiscal perfecto, dentro de una realidad incierta.

Las conclusiones del estudio no dejan de ser llamativas y las podemos resumir del siguiente modo:

• El Sr. Mirrlees propone unificar el impuesto sobre las rentas de las personas físicas con los beneficios sociales, haciendo que las aportaciones sociales de los trabajadores se integren directamente en el impuesto, y las aportaciones de las empresas se integren en el tiempo. Propone tres gravámenes sencillos y progresivos , y la eliminación de todo tipo de deducciones fiscales.

• El segundo corolario del informe impacta en el impuesto sobre sociedades de las empresas. El planteamiento una vez más, es eliminar las deducciones fiscales de dicho impuesto, dejando solamente una, en base a los fondos propios de las empresas y a los costes de oportunidad del capital. De modo que si una empresa incrementa sus fondos propios, en detrimento de su pasivo, tendrá derecho a una mayor deducción, partiendo de la idea de que todo ese saneamiento empresarial, traerá mayores volúmenes de entradas de capital a la economía.

• Por último, y no menos controverso, propone un IVA fijo, eliminando los tipos reducidos de dicho impuesto.

Pero partiendo de estas propuestas dadas por James Mirrlees, ¿es posible y efectivo aplicarlas de forma sustancial al sistema fiscal español?

El sistema fiscal español actual

Un comentario más que extendido en la opinión pública es la queja continua de los elevados impuestos en España, así como expertos y economistas que abogan por una bajada de los mismos para reactivar la economía, así como otros que abogan por una subida impositiva para financiar el gasto público y motivar la demanda agregada de bienes y servicios. El quid de la cuestión es saber si una subida de impuestos, incrementa la recaudación fiscal, o si por el contrario es una bajada de impuestos lo que genera ese incremento en la recaudación. No es un tema nuevo, Arthur Laffer , asesor económico del ex-presidente americano Ronald Reagan, y actualmente asesor económico de la campaña electoral de Donald Trump, ya modeló este fenómeno, en la llamada curva de Laffer. La cual generó una controversia elevada, dividiendo a economistas a favor y en contra de dicha teoría.

Como sea, es importante comprobar que un país como España con impuestos elevados, en algunos casos superiores a la media, como es el caso del gravamen marginal máximo del IRPF, obtenga en muchos casos, unas recaudaciones fiscales inferiores a sus socios europeos. Cierto es, que una mayor carga impositiva, favorece la economía sumergida y la evasión fiscal. Por tanto, una subida de impuestos no es una buena medida, como tampoco lo es una subida de gasto público. Aunque la evolución dada por el gasto público arroje una reducción más que leve desde el 2008 hasta nuestros días, a pesar de todos los recortes ya aplicados.

En las tablas siguientes, vemos como el gasto público fluctúa entre un 43% y un 46% del PIB en los últimos 7 años, pero el déficit, ha llegado a niveles del -11% en 2009, o -10.40% en 2012, lo que representa una fluctuación mucho más volátil. Queda demostrado que el problema del déficit viene dado por una recaudación fiscal ineficiente, ya que el gasto público se ha comportado de forma mucho más estable en los últimos años. Por tanto se necesita un sistema que optimice la recaudación impositiva, no medidas de reducción del gasto público, ni subidas de impuestos.

Los datos ofrecidos en la tabla de abajo, representan el porcentaje de recaudación fiscal con respecto al PIB de distintos países de Europa en 2014 (los cuales son similares para el 2015) para poder compararlos. Queda más que claro que en términos de recaudación estamos por debajo de la media de la Unión Europea en todos los impuestos, menos en el IBI y el impuesto sobre Transferencias de capital, (lo que viene a ser el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Sobre todo ver como países considerados en algún momento como paraísos fiscales, como Malta, Chipre o Luxemburgo, sean los que más han recaudado en el Impuesto sobre Sociedades en 2014.

La recaudación fiscal total está en torno al 38% del PIB, muy por debajo que la media europea del 45.2%, o la media de la zona Euro del 46.8%. Teniendo en cuenta, que España tiene un gasto público de 44.5% de su PIB en 2014, por debajo también de la media de la UE y la Eurozona (ver siguiente tabla). ¿De dónde viene la desviación del déficit, del gasto público (el cual se tiende a reducir continuamente, aunque se haya reducido bastante poco; o de la falta de recaudación fiscal?. Es decir, ¿es un problema de exceso de gasto público, o un problema de falta de ingresos públicos?.

No es ningún secreto que España tiene unos de los tipos marginales más altos, y los tipos efectivos más bajos de Europa. Es decir, los gravámenes que se aplican en los impuestos tienden a ser de los más elevados, pero la recaudación efectiva es mucho más baja que la media. ¿A qué se debe este fenómeno?.

Básicamente hay tres aspectos que impactan negativamente en el sistema recaudatorio impositivo:

La economía sumergida. Todos los estudios hechos al respecto arrojan unos datos similares y nada despreciables. La economía sumergida en España está en torno al 18.6% de su PIB, y por encima de la media de la Unión Europea (18%), y solo por debajo de los países países de la Europa del este, Italia, Malta y Chipre. Teniendo en cuenta que la recaudación fiscal representa un 38% del PIB, si ese 20% de economía sumergida se incluyera en la economía legal, obviamente se incrementaría la recaudación fiscal, en la misma proporción que se incrementa el PIB, es decir el ratio ingresos fiscales/PIB se mantendría inalterable, ya que tanto numerador como denominador se incrementan en la misma proporción, pero el ratio gasto público/PIB se reduciría de acuerdo a ese incremento del PIB, lo que produciría una bajada proporcional del ratio entre déficit/PIB, ratio sumamente controlado por Bruselas. Es decir, una reducción de la economía sumergida produciría una reducción del déficit sin proceder a reducciones del gasto público, u otro tipo de recortes de gasto social.

Evasión fiscal. El segundo factor que impide que el sistema recaudatorio fiscal sea mucho más óptimo, es la evasión de impuestos. Tema más que popular en la prensa española, donde no paramos de escuchar noticias relacionadas, como la lista de Falciani, los papeles de Panamá, o el cúmulo de tramas corruptas a lo largo y ancho de la geografía del país. El problema que trae consigo la evasión fiscal no es solo que reduce la recaudación de impuestos, sino que ese déficit fiscal generado por dicha evasión de impuestos, es compensado con un incremento fiscal para el resto de ciudadanos, que no tienen nada que ver con dichas prácticas. Los datos dados por Gestha, (los técnicos del Ministerio de Hacienda), no dejan lugar a dudas, los españoles pagan de media 2 000 euros más al año, en concepto de impuestos, para cubrir el daño generado por la evasión fiscal.

Datos como que la recaudación fiscal ha mermado en 253,559 millones entre 2007 - 2014, con especial incidencia en el impuesto sobre Sociedades, que ha bajado su recaudación en un 58.6%, en principio por la ralentización económica,por el incremento de la expansión económica de empresas en otros lugares fuera de España, lo que hace que muchas empresas no pagan impuestos en España por dichos negocios, al poder aplicar "deducciones fiscales por doble imposición internacional", siempre y cuando España tenga tratados firmados con esos países. Es conocido que en torno al 64% de las ventas generadas por el total de empresas cotizadas, se desarrollan en el extranjero. Por último, por el incremento de empresas que han empezado a fluctuar en paraísos fiscales, con el fin de reducir la factura fiscal. Casi el 95% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia, en paraísos fiscales o países que favorecen la ingeniería fiscal. La empresa cotizada con más presencia en dichos paraísos fiscales es ACS con 68 sociedades, luego Banco Santander con 52 sociedades, o el grupo Inditex con 34 sociedades. (Ver aquí la información completa).

Los países preferidos por estas empresas son en primer lugar, Países Bajos, Suiza, Panamá y Luxemburgo, países que ya no son considerados paraísos fiscales por los acuerdos hechos con España, pero que permiten muchísima movilidad en lo que se refiere a la ingeniería fiscal, mediante la salida de capitales a otros países, sí considerados paraísos fiscales. Como sea la factura fiscal de dichas empresas en el 2014 representó solo un 7.3%, siendo el doble de lo que pagaron de media los grupos empresariales consolidados en 2011, un 3,8%. Obviamente muy por debajo del gravamen general del 25% teórico del Impuesto sobre Sociedades para dichas empresas.

Deducciones fiscales. Otro aspecto que imposibilita una recaudación efectiva, son el volumen de deducciones fiscales, a las cuales muchas personas físicas y jurídicas se atienen para reducir su factura fiscal, y que no hacen más que reducir las bases imponibles de las liquidaciones tributarias. James Mirrlees ya hacia referencia a este aspecto en su ¨modelo fiscal perfecto¨, en el que aconsejaba eliminar dichas deducciones fiscales para optimizar la recaudación.

Es conocido el dato proporcionado por la agencia tributaria, donde define el volumen de capital dejado de percibir por el estado debido a las aplicaciones de las deducciones fiscales del sistema impositivo español para el 2016. El importe asciende a 51.000 millones de euros, en torno al 4.8% del PIB español,y un 25% del total que se espera recaudar en 2016.

James Mirrlees estableció en su informe, que las políticas redistributiva deberían venir por el lado del Gasto Público, y no por el lado de los ingresos públicos, ya que el sistema tributario pierde efectividad, aunque no todos los impuestos tengan que tener un carácter redistributivo. Por ejemplo, la aplicación de deducciones fiscales en los planes de pensiones, como ocurre en el IRPF, o determinadas inversiones como I + D o avances tecnológicos en el Impuesto sobre Sociedades, favorece a las personas con más capacidad de ahorro, y por tanto con más poder adquisitivo, o a las empresas más grandes, en detrimento de las PYMES. Por tanto, dichas deducciones fiscales, no tienen en ningún caso un efecto redistributivo, y tienden a favorecer a las rentas más altas, o determinados ´lobbies´ económicos.

Otro de los aspectos, definidos por James Mirrlees es la aplicación de un IVA único para gravar el consumo. A efectos de IVA, España es el país que menos recauda por este concepto en Europa, solo por detrás de Irlanda y Italia, y esto es debido a la aplicación de los tipos reducidos y super-reducidos que gravan alimentos básicos, transportes, medicinas o vivienda, entre otros. Solo el 42% de nuestra cesta de la compra está gravada con el tipo de IVA general, mientras que el 82% de la cesta de la comprar al tipo general es aplicada en Alemania. Este es el motivo por el cual el IVA general ha subido desde el 16% en 1995 hasta 21% en 2010 y la recaudación se mantiene de las más bajas. El modelo del Sr. Mirrlees abogaría por un único tipo general, probablemente mucho más bajo que el tipo general actual para incrementar la recaudación. Aunque establecer un gravamen único perjudicaría a las rentas más bajas, ya que se eliminarían los tipos reducidos que gravan alimentos básicos, por no hablar de la presión inflacionista que podría generar esa subida de precios. El impuesto sobre el valor añadido se aplica en virtud al precio de compra, independientemente del poder adquisitivo del comprador. De ahí, que las rentas más altas, se verían más beneficiadas, de un IVA único.

La reforma que necesita España

El problema del déficit en España, es sin duda alguna, un problema real. Sobre todo teniendo en cuenta que la deuda ya ha excedido el PIB del país. Por tanto, medidas hay que tomar al respecto. En teoría, un método óptimo existe, aunque si no se aplica es por razones administrativas, y sobre todo políticas. Pero es curioso observar como todo el discurso siempre va enfocado a la reducción del gasto público, recortes, privatizaciones, etc....No es un problema de Gasto Público, sino un problema de recaudación fiscal. ¿No sería más inteligente intentar acabar con la evasión fiscal, la economía sumergida, eliminar deducciones fiscales y bajar los gravámenes impositivos, antes que intentar reducir el gasto público?. No olvidemos, que las deducciones fiscales puede hacer tanto daño al déficit, como cualquier subvención pública. Una de dos, o incrementamos la recaudación de impuestos, o reducimos el Estado de Bienestar.