El uso de créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias alcanzó en 2025 un nivel sin precedentes en lo que a las cuentas públicas españolas se refiere.

A falta de datos definitivos sobre el cierre del ejercicio del año anterior, el volumen de gasto ejecutado al margen de los Presupuestos Generales del Estado ya supera con holgura el registrado durante el peor momento de la pandemia, cuando el contexto sanitario justificó medidas excepcionales de enorme alcance económico.

Las cifras publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado confirman una tendencia que se ha acelerado durante los últimos meses. Hasta el 30 de noviembre de 2025, las modificaciones de crédito ascendían a 75.446 millones de euros, una cantidad que bate todos los registros previos.

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Además, refleja el uso intensivo de mecanismos extraordinarios para financiar el gasto público en un ejercicio marcado por la prórroga presupuestaria.

Un volumen de gasto que supera el de la crisis sanitaria

El dato resulta especialmente significativo si se compara con el año 2020, cuando el impacto del covid obligó a desplegar un esfuerzo presupuestario sin precedentes.

Entonces, las modificaciones de crédito alcanzaron los 74.303 millones de euros a cierre de noviembre, cifra que ahora ha sido superada en más de un punto porcentual. Al cierre definitivo del ejercicio 2025, el gasto extraordinario se situó en 76.077 millones, lo que confirma una tendencia al alza sostenida mes a mes.

Este crecimiento contrasta con la evolución posterior a la pandemia. En 2021 el importe se redujo de forma notable hasta los 17.459 millones, en 2022 ascendió ligeramente hasta los 18.905 millones y en 2023 descendió a 14.048 millones.

La diferencia fundamental es que durante esos ejercicios existían Presupuestos Generales del Estado en vigor, una situación que no se ha producido ni en 2024 ni en 2025.

El resultado ha sido un incremento del 50% en las modificaciones de crédito respecto al ejercicio anterior, cuando ya se rozaron los 50.000 millones.

El volumen actual equivale al 38% del límite de gasto no financiero planteado por el Gobierno para 2025, un techo que fue rechazado por el Congreso y que nunca llegó a entrar en vigor.

Qué son las modificaciones de crédito y por qué se disparan

Las modificaciones presupuestarias permiten alterar los créditos inicialmente aprobados para adaptarlos a nuevas necesidades.

Pueden adoptar distintas formas, desde créditos extraordinarios para partidas inexistentes hasta suplementos, ampliaciones, transferencias entre partidas o incorporaciones de remanentes no utilizados.

Aunque se trata de herramientas legales y habituales en la gestión pública, su uso masivo genera controversia cuando se convierten en el principal instrumento de ejecución presupuestaria.

En la práctica, permiten al Ejecutivo ampliar el gasto sin pasar por el control parlamentario que implica la aprobación de unos nuevos Presupuestos.

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En 2025, este recurso se ha utilizado de forma intensiva, lo que ha provocado que el volumen de gasto ejecutado fuera de las cuentas prorrogadas alcance cifras históricas.

La ausencia de nuevos Presupuestos ha reforzado esta dinámica, consolidando un modelo basado en ajustes continuos y decisiones discrecionales.

Los ministerios con mayor volumen de gasto extraordinario

El análisis por departamentos revela importantes diferencias. El Ministerio de Economía encabeza el uso de modificaciones presupuestarias, con más de 13.000 millones de euros ejecutados hasta noviembre.

Le sigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con más de 8.500 millones, una cifra vinculada en gran medida a las necesidades del sistema de pensiones.

El Ministerio de Defensa ocupa el tercer lugar, con 6.335 millones de euros, y destaca por el fuerte incremento registrado respecto al ejercicio anterior. Solo en noviembre, el aumento interanual fue del 158%, reflejo del impulso al gasto militar y a las inversiones vinculadas a infraestructuras y operatividad.

En el ámbito de las inversiones, las partidas destinadas a infraestructuras militares superaron los 1.700 millones, mientras que las inversiones operativas rozaron una cifra similar.

En paralelo, las inversiones civiles mostraron movimientos dispares, con transferencias negativas en algunas partidas y aumentos relevantes en otras destinadas a reposición y funcionamiento de servicios.

Transferencias y presión sobre el gasto público

Otro de los capítulos más relevantes ha sido el de las transferencias. La Seguridad Social recibió más de 8.200 millones de euros adicionales para hacer frente al pago de las pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo ante la insuficiencia de cotizaciones.

Las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales rozaron los 10.000 millones, mientras que las subvenciones a empresas privadas alcanzaron cifras próximas a los 220.000 millones.

En contraste, el Fondo de Contingencia registró una dotación negativa cercana a los 3.000 millones, lo que reduce el margen de maniobra ante posibles imprevistos futuros.

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El comienzo del año ha dado lugar a una cifra simbólica que resume muy bien la política económica desplegada desde 2018: el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanza el centenar de incrementos impositivos y de cotizaciones sociales acumulados a lo largo de sus años en el poder.

Este umbral no es únicamente una referencia numérica. Representa un modelo de gestión caracterizado por una recaudación creciente, una intervención fiscal constante y un aumento sostenido del esfuerzo exigido a contribuyentes y empleadores.

Una barrera fiscal con efectos inmediatos

Las medidas que entraron en vigor el 1 de enero refuerzan, más si cabe, esta tendencia. Las cotizaciones sociales vuelven a incrementarse con la elevación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que alcanza ya el 0,9%, encareciendo de forma directa el coste laboral.

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A ello se suma el endurecimiento de la llamada Cuota de Solidaridad, que grava los salarios más altos con tipos que superan el 1,4% en los tramos superiores, al tiempo que la base máxima de cotización rebasa los 5.100 euros mensuales.

El impacto no se limita al mercado de trabajo. La fiscalidad inmobiliaria también se ve afectada por la revisión al alza de los coeficientes aplicables a la plusvalía municipal, lo que penaliza especialmente las transmisiones de vivienda a corto plazo.

Todo ello se produce mientras el debate sobre nuevos tributos energéticos y medioambientales, como el que afecta al diésel, sigue latente y genera incertidumbre en amplios sectores de la clase media.

Recaudación récord sin saneamiento financiero

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Estado ha ingresado aproximadamente 513.000 millones de euros adicionales. Se trata de un volumen de recursos sin precedentes recientes, obtenido a través de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, en un periodo marcado por la recuperación pospandemia y por una inflación elevada.

Sin embargo, este aumento de ingresos no ha tenido como contrapartida una mejora equivalente de las cuentas públicas. La deuda del conjunto de las administraciones se ha incrementado en torno a 507.000 millones de euros en el mismo intervalo, lo que evidencia que el esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos no ha servido para reducir el endeudamiento estructural.

El resultado es un balance casi simétrico entre lo recaudado de más y lo adeudado, una paradoja que alimenta el debate sobre la eficiencia del gasto público.

Pérdida de poder adquisitivo generalizada

El efecto combinado de impuestos, cotizaciones e inflación ha erosionado la capacidad de compra de la mayoría de los hogares.

Datos oficiales y estimaciones económicas coinciden: cerca del 80% de la población reconoce haber perdido poder adquisitivo desde 2018.

Aunque los salarios nominales han aumentado, el ritmo ha sido insuficiente para compensar la subida de precios y la mayor carga fiscal, especialmente ante la negativa del Gobierno a ajustar los tramos del IRPF a la inflación.

El deterioro es transversal. Los empleados públicos figuran entre los más afectados, con pérdidas acumuladas que superan los 5.900 euros en rentas medias durante el periodo más reciente con datos consolidados.

En los salarios más bajos del sector público, la merma también resulta significativa. En el ámbito privado, trabajadores con sueldos en torno a los 26.000 euros anuales han visto reducirse su capacidad de compra en más de 2.000 euros, mientras que en las rentas medias-altas el impacto supera ampliamente los 5.000 euros.

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Ni siquiera los pensionistas han quedado al margen. Pese a la revalorización vinculada al IPC, el cambio de fórmula aplicado en 2021 dejó sin actualizar un ejercicio clave, precisamente cuando la inflación alcanzó máximos. Como consecuencia, una pensión media ha perdido más de 1.200 euros en términos reales.

El reflejo social de la presión fiscal

La evolución de los precios de los alimentos ilustra con claridad este escenario. La cesta de la compra es hoy cerca de un 40% más cara que al inicio de la etapa socialista, lo que ha transformado un gasto básico en una fuente constante de preocupación para miles de familias. Llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío cotidiano, incluso para hogares que antes mantenían una situación holgada.

Este contexto económico tiene un correlato social preocupante. Más de un tercio de los menores en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, uno de los peores registros de la Unión Europea. En el conjunto de la población, el porcentaje supera el 25%, situando al país entre los Estados miembros con peores indicadores en este ámbito.

El Gobierno suele defender su gestión apoyándose en el crecimiento del PIB nominal, pero este avance no se traduce en bienestar real por habitante. Cuando se descuenta el efecto de la inflación y de la mayor carga tributaria, el crecimiento pierde buena parte de su significado práctico para los ciudadanos.

El inicio de 2026 confirma la continuidad de este enfoque. Lejos de una corrección, las nuevas medidas profundizan en una estrategia orientada a sostener un gasto público en expansión, mientras la deuda sigue creciendo de forma silenciosa.

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La espiral de malos resultados y la crisis global que han sufrido las operadoras de telecomunicaciones en los últimos años, han acabado con la cúpula directiva de diferentes compañías. Tras los relevos de Vodafone, Orange o Swisscom, llega el de Telefónica.

José María Álvarez-Pallete había conseguido sostener el timón durante nueve convulsos años, pese a la caída de las acciones en Bolsa, aunque la entrada de nuevos accionistas y la injerencia gubernamental han derivado en su destitución y reemplazo por Marc Mutra, presidente de Indra.

Voces accionariales de Telefónica califican a Álvarez-Pallete como conservador y reservado. Para muchos, un buen gestor financiero, pero insuficiente ante la nueva realidad que se le presenta al mercado de las telecomunicaciones.

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Los motivos de la salida de Álvarez-Pallete, afirman desde el grupo accionarial y desde Moncloa, son meramente económicos. Desde su llegada como presidente en abril de 2016, la operadora ha caído en un 60%. Estos datos contrastan con los beneficios recurrentes y con la reducción de la deuda en un 50% (hasta los 28.748 millones de euros).

No hay que olvidar que, a la llegada de Pallete, la acción de Telefónica tenía un valor de 9,31 euros y a 17 de enero de 2024, la cotización se cerró en los 3,97 euros. Precisamente eso es lo que critican los accionistas y de Telefónica y el Ejecutivo, un saneamiento y una buena gestión, aunque mejorable, pero sin miras de progreso.

La postura del Gobierno ante la destitución de Pallete

El pasado martes 21 de enero, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó públicamente, tras el Consejo de Ministros, que la decisión de destituir a Pallete la tomaron los accionistas de forma consensuada y mayoritaria. Una versión que contrasta directamente con los datos que han trascendido, y de los que se han hecho eco diferentes medios de comunicación. Todos apuntan a que el cese ha venido impuesto desde Moncloa y, en concreto, como una decisión personal de Pedro Sánchez.

La oposición no tardó en tildar esta nueva acción del Ejecutivo, confirmada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como un intento por ‘colonizar empresas privadas’. Recordar que la SEPI se hizo con el 10% del capital social de Telefónica en mayo de 2024, como reacción a la entrada de la teleco saudí STC en septiembre de 2023, que se hizo con el 9,9% por un valor de 2.100 millones de euros.

El Gobierno defiende abiertamente la necesidad de imponer un cambio generacional en Telefónica, agradeciendo la labor desempeñada por Pallete desde 2016. La portavoz de SUMAR, Yolanda Díaz, aseguró que el relevo en la directiva de Telefónica acabaría con la exclusión social que sufren, en materia de telecomunicaciones, muchas zonas de España.

La decisión del Gobierno depara en que, desde ahora, la agenda de Telefónica se gestionará desde Moncloa, y no desde la Gran Vía. Un escenario de incertidumbre para los inversores y que habrá que ver si los intereses públicos del Ejecutivo y privados de los accionistas acaban alineándose.

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El mandato de Álvarez-Pallete al frente de Telefónica concluía el próximo mes de marzo. Se está viendo una clara tendencia desde Europa en la que los gobiernos quieren ir recuperando el control estratégico de este tipo de compañías. Las presiones de las telecos tampoco lo han puesto fácil.

El futuro de Telefónica tras la destitución de Pallete

Marc Mutra se enfrenta ahora a la difícil encrucijada de si rebajar la deuda o mantener e impulsar los dividendos, que son los que mantienen la cotización. No cabe duda que la injerencia e implicación activa del Gobierno de Sánchez podría abrir la puerta a especulaciones e implicaciones en el futuro de la compañía.

Es difícil predecir qué sucederá con Telefónica, pero desde luego que los intereses del Gobierno acabarán imponiéndose. No hay que olvidar el interés de Sánchez por comprar Minsait y convertir a Telefónica en un líder nacional. Para ello, ejecutaría acciones contrarias a la opinión de Pallete, como la inversión en esta unidad de TI de Indra, en chips e incluso en IA.

Para las telecos, Pallete no es suficiente

Álvarez Pallete ha expresado, en más de una ocasión, su malestar ante la UE ante la competitividad económica que afecta al sector de las telecomunicaciones. Ya a finales de 2024, la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (Aotec), junto a más de 80 telecos alternativas, rechazaron el encarecimiento de casi un 20% de media de la oferta MARCo. Este regula el precio que otras compañías tienen que pagar para acceder a las infraestructuras físicas de Telefónica. Aseguran que la gestión de Álvarez-Pallete es insuficiente y que solo beneficiaba a su propia empresa.

Las críticas de las telecos no cesaron. Calificaban las acciones de la cúpula de Telefónica como excesivas y con subidas de precios irreales, solicitando un replanteamiento del modelo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las telecos han elevado sus críticas ante Moncloa, asegurando que Telefónica no ha tenido en cuenta elementos clave (grado de amortización, subvenciones recibidas o infraestructuras municipales). El sector se ha alineado de manera unánime por crear un procedimiento formal que acuerde las entradas y parametrizaciones del modelo de manera transparente y robusta.

Para ser más exactos, el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, llegó a afirmar que la subida de casi un 20% del precio por acceder a la infraestructura física de Telefónica, después de que el Estado entrase en el accionariado, se traducía en una desregulación del sector.

Muchas han sido las telecos que han reclamado un cambio drástico al Gobierno, solicitando que se dejen de penalizar sus inversiones de ampliación en fibra y poder llegar así a más hogares.

Estas críticas contra el Gobierno de PSOE-SUMAR, por tal de demostrar su poder y transparencia en materia de agenda social, además del intento de control de Telefónica y de renovación del grupo para su liderazgo, han sido el jaque mate perfecto para acabar con Álvarez-Pallete. Un buen gestor financiero que no ha sabido entenderse con las telecos ni se ha dejado llevar por las órdenes de Moncloa.

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Este pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una nueva empresa pública dedicada a la construcción y gestión de viviendas asequibles en España. Con esta medida, el Ejecutivo busca ampliar el parque público de viviendas, que se encuentra actualmente en niveles muy bajos comparado con otros países europeos.

No obstante, este anuncio ha generado críticas y dudas debido al incumplimiento de promesas anteriores, como la movilización de 184.000 viviendas asequibles anunciada hace casi dos años, de las cuales no se ha construido ni una sola

Una promesa con metas ¿demasiado ambiciosas?

El principal objetivo de esta nueva empresa es aumentar el porcentaje de vivienda pública en España hasta alcanzar el 6% del total en 2030. En comparación, países como Austria tienen un parque público de viviendas que representa el 25% del total, mientras que en Francia alcanza el 17%. En España, la cifra actual es de solo un 1,6%, según datos de organismos oficiales.

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La empresa pública también gestionará proyectos de rehabilitación de viviendas existentes, buscará garantizar alquileres accesibles y pretende reducir el impacto de la especulación inmobiliaria. Aunque el anuncio es ambicioso, el Gobierno no ha detallado cómo financiará esta empresa ni ha ofrecido un cronograma claro para la implementación de sus planes.

Esta estrategia, que algunos comparan con el exitoso modelo de Viena, donde más de la mitad de los ciudadanos vive en viviendas públicas con alquileres regulados, enfrenta el reto de adaptarse a las complejidades del mercado español. En Viena, los alquileres están limitados a un 30% de los ingresos del inquilino, una cifra que contrasta con la situación en España, donde miles de familias destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.

El incumplimiento de las 184.000 viviendas prometidas

En abril de 2023, en la campaña de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo presentó un plan que incluía la movilización de 184.000 viviendas asequibles. Este proyecto prometía resolver el grave problema de acceso a la vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. La iniciativa involucraba al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y al Fondo Social de Viviendas.

Sin embargo, hasta la actualidad ni una sola vivienda ha sido construida bajo este marco. Aunque algunas viviendas existentes han sido movilizadas, representan menos del 50% de lo prometido inicialmente. Según datos del Gobierno, a mediados de 2024 solo 80.745 viviendas habían sido asignadas para uso social, lejos de las 184.000 anunciadas.

La Sareb, en particular, se comprometió a poner a disposición 50.000 viviendas, pero muchas de estas propiedades requieren rehabilitación significativa, lo que ha retrasado su disponibilidad. Este incumplimiento ha generado una ola de críticas tanto desde la oposición política como de organizaciones sociales, que exigen medidas más concretas y urgentes para abordar la crisis habitacional.

Uno de los principales desafíos para implementar estos planes es la disponibilidad de suelo público. A pesar de los anuncios, la movilización de terrenos aptos para la construcción de nuevas viviendas ha sido lenta. Factores como los problemas administrativos, la falta de coordinación entre las distintas administraciones (estatales, autonómicas y locales) y el conflicto con intereses privados han frenado el avance de las iniciativas.

Además, expertos señalan que el Gobierno ha priorizado los anuncios mediáticos sobre la acción concreta. Según un informe reciente, entre julio de 2023 y septiembre de 2024, solo se construyeron 224 viviendas de alquiler social en el marco del actual Plan Estatal de Vivienda. Esto pone en evidencia una desconexión entre los objetivos planteados y los resultados reales.

Escepticismo ante la nueva empresa pública

El anuncio de la nueva empresa pública ha sido recibido con escepticismo, especialmente después de los incumplimientos anteriores. Aunque el modelo de vivienda pública ha demostrado ser eficaz en otros países europeos, la falta de credibilidad del Gobierno español en esta materia genera dudas sobre si podrá cumplir esta vez.

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España necesita construir nueva vivienda como locos los próximos años. Un gran obstáculo falta mucha mano de obra en construcción

Desde la oposición, el Partido Popular ha propuesto medidas alternativas, como bonificaciones fiscales para propietarios que alquilen viviendas vacías y la movilización de suelo público para la construcción de viviendas asequibles. Además, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha advertido que cualquier política de vivienda está destinada al fracaso si no se establece una colaboración efectiva entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Por su parte, organizaciones sociales han insistido en la necesidad de tomar medidas inmediatas, como la regulación de los precios del alquiler, la expropiación de viviendas vacías en manos de grandes propietarios y una movilización más efectiva del suelo público disponible.

Mientras los anuncios y promesas se acumulan, la crisis habitacional en España sigue empeorando. Según datos de Eurostat, el 40% de los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, una cifra que supera ampliamente las recomendaciones de sostenibilidad económica. Además, los precios del alquiler han seguido aumentando, dejando fuera del mercado a miles de familias, especialmente en ciudades como Madrid, Ibiza, Barcelona y Valencia.

¿Promesas cumplidas o más decepciones?

La creación de una empresa pública de vivienda podría ser un paso en la dirección correcta si se implementa de manera efectiva. Sin embargo, los antecedentes de incumplimientos y retrasos generan dudas legítimas sobre la capacidad del Gobierno para traducir sus palabras en acciones.

El éxito de esta iniciativa dependerá de una financiación adecuada, una planificación realista y una colaboración efectiva entre todos los niveles de gobierno y los sectores involucrados. En un contexto donde la crisis habitacional afecta gravemente a miles de ciudadanos, las soluciones no pueden permitirse más demoras. Lo triste de todo esto es que estas demoras ya van siendo más que habituales.

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Las cuentas de la Seguridad Social deberían ser la preocupación principal de los que temen por la viabilidad a medio plazo de las cuentas públicas. El envejecimiento de la población es innegable y que el ratio de pensionistas por cotizante sube es algo que acabará estallando.

Sin embargo el Gobierno actual, que no niego que esté haciendo cosas para minimizar este problema, aunque no suficiente, no hace más que presumir y maquillar las cuentas de la Seguridad Social, protagonizando un caso de desinformación en España que no deberíamos estar viviendo.

Lo que informa el Gobierno

El Gobierno está paseándose por los medios insinuando que tenemos superávit en la Seguridad Social en los primeros meses del año. "En los cinco primeros meses del año, la Seguridad Social ha ingresado 51.000 M€ frente a los 48.800 M€ de gasto".

"En los cinco primeros meses del año, la Seguridad ha ingresado 51.000M€ frente a los 48.800M€ de gasto. Ese es el rigor que tenemos: el de las cifras y los datos"

📻 @SaizElma en @24horas_rne respecto a la sostenibilidad de las pensiones ⬇️ pic.twitter.com/aDpz86ktQh

— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) June 24, 2024

Cualquiera que informe de esto pensaría que las cosas van muy bien y que los que avisan del negro futuro de la Seguridad Social son unos catastrofistas o simplemente unos rivales políticos desleales al Estado. Pero no, las cifras expresadas por la Ministra de Seguridad Social están tan maquilladas que parecen un payaso.

Las verdaderas cifras de la Seguridad Social

Efectivamente en los primeros cinco meses del año el gasto en pensiones ha sido inferior a los ingresos. Pero el problema, que no dice el Gobierno, es que el gasto de la Seguridad Social no solo son las pensiones, sino otros subsidios y prestaciones. Y si sumamos esos 6.700 millones ya entendemos que la Seguridad Social está en déficit.

El rigor es fumarse gastos contributivos para que te salgan las cuentas, y hacer comparaciones de este tipo faltando la primera paga extra del año https://t.co/ut8wfkOX9M pic.twitter.com/lMZqzWcGLO

— Hijo del doblete (@nacidoatleti) June 24, 2024

Además el Gobierno también oculta que durante los primeros cinco meses del año se generan los derechos de la paga extra de verano, pero no se realiza el pago, por lo que realmente hay más déficit.

Lo cierto es que la situación es muy preocupante. En 2017 el déficit de la Seguridad Social era el 1,6% del PIB. Ahora es del 0,5% pero han subido brutalmente las cotizaciones y se realizan transferencias todos los años desde el Estado para tapar este déficit.

Hemos pasado de 1,6% del PIB en 2017 de déficit contable a un 0,5% tras haber subido las cotizaciones sociales e inyectar 44.000 millones de euros al año en transferencias desde el Estado.

Firmado: un (no apocalíptico) realista https://t.co/8IoFqeU24f

— Jon González (@Jongonzlz) June 24, 2024

Y es que las pensiones se están comiendo el gasto público de España. Si en 2007 representaba el 33% del gasto en 2021 era ya el 40%. Y creciendo. Y por mucho que el Gobierno presuma de balancear las cuentas lo único que está haciendo es desviar ingresos de otras partes a la Seguridad Social, dejar sin dinero otras partidas y ni aún así acabar con el problema: la bomba de relojería de las jubilaciones masivas de los próximos años.

Desde que comenzase el año, los jubilados españoles han percibido un aumento en la cuantía de sus pensiones. La Seguridad Social incorporó una revalorización en base al IPC interanual, tomando como referencia los datos de 2023. Pero, ¿es realmente un beneficio o los pensionistas están perdiendo dinero?

2024 trajo consigo la subida de las pagas de jubilación en un 3,8%, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo se incrementaron en un 6,9% y las de viudedad en un 14,1%. Si bien es cierto, el aumento de la pensión media de jubilación es de 52 euros al mes, aproximadamente, es decir, 734 euros al año.

El problema de la no deflactación del IRPF

Los pensionistas son conscientes de que no les afecta tanto el IPC en su poder adquisitivo como el hecho de la no deflactación del IRPF, o también denominada progresividad en frío o rémora fiscal.

Hay que tener en cuenta que al no acometerse en términos reales, los pensionistas acabarían perdiendo poder económico y se verían obligados a afrontar una carga tributaria de mayor envergadura. Por tanto, aunque suba el IPC por la inflación y, con ello, los salarios, no hará que su capacidad económica aumente.

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Los pensionistas no tienen motivos para alegrarse por la subida de 2024, en realidad han perdido poder adquisitivo

Al tener las pensiones la consideración de rendimientos del trabajo, tal y como sucede con los salarios en activo, los pensionistas acaban pagando el mismo IRPF. Por tanto, se enfrentan a una clara subida de impuestos encubierta que suele pasar desapercibida.  Y es que las pensiones son consideradas como rendimientos del trabajo.

El Gobierno se apoya en la idea de que personas trabajadoras y pensionistas ven reducida su retención del IRPF con la entrada en vigor del Real Decreto 142/2024, de 6 de febrero, modificando el IRPF y aplicando una rebaja de las retenciones de salarios, pensiones o prestaciones por desempleo.

El principal cambio es el aumento del umbral del mínimo exento de IRPF, haciéndolo coincidir con el importe anual del SMI para 2024: 15.876 euros brutos. Por tanto, las rentas iguales al SMI no tendrán retenciones en el IRPF.

En el caso de que los parámetros del IRPF se actualizasen en 2024 y 2025 con el IPC del año precedente, la ratio del IRPF sobre PIB se situaría en un 8,6%, próxima a su valor en 2023 y un 24% más que en 2019. Así pues, la recaudación por IRPF podría alcanzar en 2024 el 9% del PIB, es decir, más de 130.000 millones de euros.

Dicho esto, los cambios en las aportaciones a los planes de pensiones efectuados por el ex ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escivá, dejaron en el mínimo la deducción fiscal que los ciudadano pueden aplicarse en el IRPF y, por consiguiente, el ahorro impositivo del que se podían beneficiar.

Los contribuyentes alcanzaron una reducción media, debido a las aportaciones a planes de pensiones en el ejercicio 2021, de unos 976 euros. Esto representa un 48% menos que los 1.894 euros de media por ciudadanos obtenidos un año antes. Pese a todo, el ahorro fiscal será menor de 2022 en adelante.

El IPC, otro factor determinante

Pese a la leve subida de las retribuciones, el pensionista no está viendo incrementado su poder adquisitivo. El nivel de vida aumenta, la inflación les asfixia y los sueldos se congelan. Así pues, de los más de 10 millones de pensionistas que se ven beneficiados por la subida de sus prestaciones, gran parte ha venido perdiendo poder adquisitivo de manera paulatina.

El sistema de pensiones de España no para de crecer con motivo de la jubilación de los miembros de la generación del ‘baby boom’ desde 2023. Pero hay que tener en cuenta que las cuantías se actualizan anualmente en función del IPC.

No obstante, no todas las pensiones suben. Las que exceden de 3.175,04 euros mensuales no se revalorizan, salvo excepciones. Y es que en ningún caso, la cuantía anual podrá superar los 44.450,56 euros.

Por tanto, la fórmula adoptada en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones en base a la evolución del IPC, no tendrá efectos positivos. Hay que analizar realmente la calificación del sistema de pensiones realizada desde Moncloa, pues siguen incluyéndose dentro de la partida de gastos, mientras que Defensa, ayudas estructurales a empresas o apoyos a la banca son calificadas como inversiones.

La subida de las pensiones sale de los propios sueldos

El Gobierno defiende que casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones conservan o aumentan su poder adquisitivo, pero realmente han venido perdiendo poder adquisitivo con la subida paulatina de los precios.

Hay que recordar que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, puesto en marcha por el exministro Escrivá, ha venido restando año a año una cantidad de la nómina de los trabajadores para asegurar las pensiones presentes y del futuro. Los trabajadores han ido viendo reducidas sus nóminas en un porcentaje que, conforme avancen los años, irá aumentando progresivamente.

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Parte de ese plus lo abona el empresario (0,58%) y otra parte el trabajador (0,12%). El porcentaje asociado al MEI que se aplica en las nóminas asciende al 0,7%.

De igual forma, desde enero, todos estos cambios legislativos y ajustes en las políticas de pensiones no contributivas están llevando a los pensionistas a enfrentarse a pérdidas de hasta 100 euros. Todo ello va en base al proceso anual de Declaración de la Renta, fijada en el Real Decreto Legislativo 8/2015.

A esto se le suma la desaparición de la antigua ‘paguilla’, que arbitrariamente se inyectaba a la partida de las pensiones de forma anual para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Esta partida de gastos se realizaba en los Presupuestos Generales en función de la decisión de cada Gobierno.

Mención especial merecen las jubilaciones de los autónomos, la más baja de todos los regímenes contributivos de la Seguridad Social. Situada en torno a los 952,4 euros, pasan a cobrar unos 35,8 euros más al mes, una cifra insuficiente en comparación con la situación asfixiante a la que son sometidos en España.

Un futuro incierto para los salarios

Pese a que los jubilados puedan mostrar su satisfacción por la subida de las pensiones, pese a ser escasa, la realidad es que quienes se jubilen en unos años habrán venido acumulando importantes pérdidas en sus salarios.

La contribución al Mecanismo de Equidad Intergeneracional seguirá aumentando progresivamente: 0,13% en 2025; 0,15% en 2026; 0,17% en 2027; 0,18% en 2028 y 0,2% en 2029. El MEI desaparecerá definitivamente cuando el sistema de pensiones deje de estar tensionado y no se precisase de dicha aportación extraordinaria.

España solo destinó al gasto militar el 1,24% de su PIB en 2023, es decir, unos 2.000 millones de euros. De este modo, se sitúa como el tercer país de la OTAN que menos proporción de PIB invirtió en defensa el año pasado. No obstante, pese a ser insuficientes estas cifras, superan a las de 2022 cuando se destinó únicamente el 1,16%.

El Informe Anual de la OTAN recoge precisamente este aspecto. Todo ello en un contexto en el que otros presidentes como el francés Emmanuel Macrón defienden la idea de pasar a una economía de guerra. De este modo, aboga por invertir más en armamento, pues desde Francia se ha aumentado el presupuesto militar en 400.000 millones de euros en cuatro años y el objetivo actual es relocalizar la producción de material de defensa, consiguiendo recuperar la industria armamentística para el país.

Hay una realidad y es que Europa necesita aumentar su gasto en defensa. Una necesidad que se hace imperiosa no solo como apoyo a Ucrania, sino también si finalmente Donald Trump acaba convirtiéndose en presidente tras las elecciones a celebrar en EEUU en noviembre. Para eso, tendrá que invertir entre 100.0000 y 200.000 millones de euros. Ya en 2018, Trump pidió a la OTAN que disparase el gasto en defensa al 4% del PIB.

España no remonta en gasto en Defensa

El gasto real se redujo en 2.000 millones tal y como apuntó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su último informe. Cristina Herrera, presidenta del organismo, ha señalado que en 2022 estábamos en torno al 1,1%, mientras que en 2023 estaba en torno al 1%.

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España a la cola en gasto en Defensa de la OTAN. Si Donald Trump gana las elecciones va a exigir que aportemos mucho más para defendernos

Las previsiones de la AIReF para 2024 no son mucho más halagüeñas, aunque prevé que el gasto vuelva a repuntar de manera contenida, hasta el 1,1% del PIB. No obstante, Pedro Sánchez aboga por cumplir con lo prometido a los Aliados de la OTAN y alcanzar el 2% del gasto en Defensa como prioridad.

¿Cómo cambiará la situación?

Sánchez confía en un aumento progresivo, no acusado. Si bien es cierto, la AIReF ha mejorado sus previsiones económicas para España y estima que el PIB avanzará un 2%, además de que el déficit se reducirá hasta el 3%.

Se augura un ajuste, pues la AIReF confía en que la deuda se estabilizará por encima del 100% del PIB, por lo que será necesario un ajuste para poder cumplir con el nuevo marco fiscal, fijado por la institución en 0,63 puntos de PIB al año si se acomete en cuatro años y de 0,43 puntos si se realizase en siete. De este modo, se implanta 9.000 millones de ajuste anual y 6.000 millones de ajuste anual (en un segundo caso).

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Estos son los países occidentales que han vuelto a implantar el servicio militar obligatorio por miedo a una guerra con Rusia

España confía con alcanzar el 2% del PIB de gasto en Defensa en 2029, aunque parece un objetivo a día de hoy imposible, ya que Margarita Robles también llegó a prometer que para 2024 se destinaría el 1,3% del PIB a dicha partida, aunque este año ya no hay presupuesto.

La proporción destinada por España a Defensa

El Gobierno de España solo destina un 2% del PIB, mientras que en otros países como EEUU se gastan más de 700.000 millones de dólares. La comparativa es tremenda, pues España apenas destina unos 15.000 millones de euros.

Tras EEUU, la lista de países que más invierten en Defensa son: China (252.000 millones de dólares), India (72.900 millones de dólares), Rusia (61.700 millones de dólares), Arabia Saudí (57.500 millones de dólares), Reino Unido (59.200 millones de dólares) y Alemania (52.800 millones de dólares).

La postura de la OTAN en pro de una política pacífica coloca a la institución en una situación vulnerable frente a Rusia. Tras la guerra de Ucrania, la mayoría de los países han visto necesario incrementar el gasto en Defensa. Pese a que el Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a ampliarlo hasta el 2%, la realidad es que España sigue a la cola, solo por delante de Luxemburgo que apenas supera el 0,54% del PIB.

España sí puede sacar pecho en el porcentaje de gasto militar destinado a armamento, que superó en 8,1 puntos la recomendación de la OTAN, que se sitúa en el 20%. Así pues, con un 28,1%, España ocupa la posición 14 de 30.

Pero el informe de la OTAN también detalla cómo se reparte el gasto militar de cada país, algo que refleja la necesidad de que España debe aumentar su proporción si no quiere ser exigida por el resto de países de la organización. La inversión más cuantiosa fue la de personal (48,1% del total), seguida del equipamiento (28,1% del total) y de las operaciones (22,2% del total). De igual modo, el Gobierno de Sánchez decidió dedicar un 1,7% a infraestructuras.

Por el momento, España debe seguir trabajando por alcanzar los objetivos de la OTAN e invertir más en Defensa frente a un futuro incierto.

España es el país de Europa que más eleva la presión fiscal desde el año 2019. De ahí que un contribuyente medio abone casi 15.500 euros en impuestos al cabo del año. El peso de los impuestos sobre el PIB nacional se ha disparado seis puntos, del 32% al 38% desde 1995, siendo el Gobierno de Sánchez responsable del 60% del aumento de la presión fiscal.

El Banco de España ha presentado su Informe Anual en el que detalla que el Estado recauda 11.000 millones de euros más en concepto de IRPF. Todo ello después de que el Gobierno se negase en rotundo a deflactar los tramos del IRPF a comienzos del mes de abril. Con ello, se habría permitido adaptar los ingresos de los hogares españoles a los efectos de la inflación, evitando una acusada ‘progresividad en frío’.

El elevado dinamismo de los ingresos públicos durante los últimos cuatro años se concentra principalmente en el IRPF. Principalmente se debe al crecimiento real de la base nominal (salarios, prestaciones sociales y otras rentas de hogares). De ahí que Hacienda se haya conseguido embolsar unos ingresos de récord y que la base nominal se esté viendo impulsada por un gran episodio inflacionista.

Análisis detallado

El Impuestómetro 2024, elaborado por el Instituto Juan de Mairena, recoge que Sánchez ha conseguido registrar el mayor récord de recaudación de la historia tributaria. Y es que durante sus años de Gobierno, los ingresos fiscales se han disparado en 72.962 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 2,8% correspondiente a 3.890 euros por hogar y 1.527 euros por persona (especialmente por IRPF).

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La Unión Europea nos da la razón a los pesimistas con las pensiones en España: o más subidas de impuestos o tendrán que bajar en el futuro

Se puede concluir que el trabajador español medio paga 3.860 euros de IRPF al año  y cerca de 15.500 euros al sumar el efecto de IRPF, cotizaciones e IVA. De este modo, se fomenta una subida de impuestos encubierta. Solo hay que ver que dos de cada tres euros de aumento de la recaudación tributaria han recaído sobre las familias.

Los tipos medios efectivos del IRPF se han disparado de un 12,8% en 2019 a un 14,7% en 2023. Pese a que Sánchez solo haya tocado los gravámenes a las rentas más altas, sí ha terminado por beneficiarse fiscalmente de todos los tipos de rentas, ya que un 70% del incremento es como consecuencia de la denominada progresividad en frío.

Por consiguiente, la mayoría de los declarantes ubicados en la parte central de la distribución de la renta serían los grandes afectados, ya que son los que soportan el mayor peso del IRPF.

El estudio del Banco de España señala que, si dividimos las rentas españolas en déciles, serían las rentas medias las que más se han visto perjudicadas por la decisión del Ejecutivo de no deflactar el IRPF. En concreto, las ubicadas entre los 16.385 euros y los 19.873 euros anuales, así como las que llegan hasta los 23.988 euros.

Cruce de acusaciones

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, manifestó hace unos días en el Congreso su malestar y su consideración como fracaso del modelo económico del Gobierno de Sánchez, asegurando que ha aumentado la pobreza en un 16% y multiplicado por seis el número de familias de clase baja en los últimos años, alcanzando el 18%. Además, apunta a una subida de la pobreza energética en más del 10%.

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La Renta 2023-2024 trae varias novedades que conviene tener en cuenta para optimizar los impuestos que pagamos

Así es como la oposición ha reclamado la deflactación del IRPF como medida efectiva para ajustar la inflación al IRPF y que no se traduzca en una subida impositiva.

Ante estas acusaciones, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a destacar que no se va a proceder a la deflactación del IRPF. Asegura que el salario más frecuente en España en 2021 era de 18.502 euros brutos, por lo que se ahorra de media 871 euros gracias a las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Además, Montero es tajante y confirma que no se han subido 69 veces los impuestos bajo el Gobierno de Sánchez, comparando el modelo fiscal con el de Madrid y Andalucía, dos regiones gobernadas por el PP. Lo que está claro es que en 2022, los territorios forales de Navarra y País Vasco aplicaron una tarifa de deflactar el IRPF para frenar la inflación. En este caso, con unos porcentajes del 2% y del 1,5%, respectivamente.

¿Qué pasará?

En el caso de que los parámetros del IRPF se actualizasen en 2024 y 2025 con el IPC del año precedente, la ratio del IRPF sobre PIB se situaría en un 8,6%, próxima a su valor en 2023 y un 24% más que en 2019.

Además, se estima que, en ausencia de cambios futuros de la normativa del IRPF, el tipo medio efectivo del impuesto podría alcanzar el 15,3% en 2025, es decir, un 20% más que en 2019. Hacienda siempre se ha negado a deflactar la tarifa estatal, por lo que nada hace presagiar que lo hará ahora.

Dicho esto, según datos del Banco de España, la recaudación por IRPF podría alcanzar en 2024 el 9% del PIB, es decir, más de 130.000 millones de euros.

Se espera un 2024 con un mercado inmobiliario altamente tensionado. La importante caída de las transacciones y de las hipotecas no ejercerá la presión suficiente para que se produzca un ajuste de precios a la baja. De hecho, el precio de venta de la vivienda en España experimentó en 2023 una subida del 8,8%, y la de obra nueva de hasta un 15% en algunos casos.

El problema reside, según señalan algunos expertos, en que el Ejecutivo de Sánchez está más preocupado por echar balones fuera y salvaguardarse las espaldas ante el problema de la vivienda, que en realmente bajar los precios. En este sentido, el ejecutivo Mikel Echavarren califica las acciones gubernamentales como un auténtico caos.

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El Gobierno declara la guerra a los propietarios que alquilan pisos: debería declararla a la escasez de viviendas disponibles

Y es que, con lo datos en la mano, el Estado asegura que avala un 15% que los jóvenes accedan a la vivienda, pero a su vez, les hacen abonar un 10% de IVA. Para Echavarren la solución pasa porque no se les cobra el IVA o que lo abonen en un plazo de 20 años.

Pese a lo que muchos piensan que es necesario habilitar más suelo para viviendas, el ejecutivo apunta que la piedra filosofal pasa a ser la productividad. Hay que recordar que España cuenta con un déficit anual de 80.000 millones de euros, destinándose los recursos para financiar al Estado. No se está mirando hacia el futuro.

¿A qué se debe la subida de precios?

Tomando como referencia un estudio reciente de MVGM Iberia, las subidas de precios de venta vienen motivadas por un descenso en el stock de vivienda en venta, lo cual se suma a un menor número de proyectos en construcción. De este modo, se produce un desfase entre las necesidades de vivienda y la nueva construcción.

La escasez de oferta ha compensado la subida elevada de los tipos de interés, aplicada por el BCE, así como el cierre de la aportación de crédito por parte de la banca, aumentándose considerablemente los requisitos de solvencia. Como consecuencia, el volumen de operaciones se ha reducido, según un informe reciente del Consejo General del Notariado, en un 11,2%. Llama la atención que las más afectadas han sido las viviendas de tipo medio o asequible.

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Una revolución de jóvenes anti-boomers está empezando: "los viejos tienen pensiones y pisos en propiedad, nosotros alquiler y precariedad"

De igual modo, la propia consultora señala que el desequilibrio en el parque inmobiliario ha motivado un aumento de la demanda del alquiler, en muchas ocasiones como única posibilidad habitacional. Con los precios disparados, en 2023 se experimentó un incremento anual del 19,9% en Madrid y del 13,3% en Barcelona.

Pese a que el Gobierno de Sánchez asegura que está controlando el mercado inmobiliario y los precios del alquiler gracias a la reciente ‘Ley de Vivienda’, lo cierto es que es responsable al limitar las subidas en las renovaciones anuales de los contratos.

Por tanto, la oferta de vivienda en alquiler es insuficiente y las medidas legales del Gobierno han derivado en un alquiler de temporada (colving, flex living, vacacional o turístico, entre otras formas), dificultando que las personas con menos recursos y las familias más desfavorecidas pudiesen acceder a una vivienda.

¿Cuál es la solución para los jóvenes?

Todo parte de un problema estructural. El sueldo nominal del primer empleo de los jóvenes es similar al de hace 25 años, pero con más retenciones de IRPF y más coste de la seguridad social. Es la pescadilla que se muerde la cola, pues el Estado está contribuyendo a la reducción del sueldo medio para los jóvenes y a la par defiende medidas porque no pueden acceder a la vivienda.

Echavarren asegura que todo pasa por impulsar la iniciativa privada para desarrollar vivienda sobre suelos dotacionales, buscando un urbanismo flexible. Así pues, la Ley de Vivienda apuesta por abaratar el coste del alquiler y de la compra, pero sin embargo el precio sube, condenando a los inquilinos al ostracismo y a que paguen unos precios más elevados.

Al final, la conclusión que comparten muchos analistas económicos es que la Ley de Vivienda, más que abaratar el mercado, lo que busca es captar votos, generando efectos contraproducentes. Al final, al limitar el libre mercado se impulsa el mercado negro, y si la ley impide que se pueda echar a una familiar vulnerable que no paga su renta, el arrendador dejará de alquilar a todas las familias en la misma situación.

¿Hacia dónde se encamina España?

El Índice de precios de referencia para el alquiler de viviendas del Gobierno toma como referencia la base tributaria de la Declaración de la Renta de 2022. Esto exige que las comunidades autónomas lo hayan solicitado previamente, como zonas tensionadas para sus territorios, al Gobierno. Además, tendrá un periodo de vigencia de tres años prorrogables.

Aquellos fondos que invierten en vivienda para el alquiler no tienen la capacidad de correr riesgo de promoción. Ahora los promotores pierden todo el margen de beneficios, siendo el neto de rentabilidades exigidas del 5,5%.

La vivienda en España se sitúa actualmente en un 86%, una caída pronunciada si se compara con su máximo histórico de 2006 cuando se construyeron 80.000 viviendas. De ahí que el país esté a la cola de Europa en la construcción de vivienda pública, siendo el quinto país de la UE con menor parque destinado, solo un 10%. La solución, para los expertos, es apostar por la inversión privada y el urbanismo flexible.

El PSOE trabaja por recuperar su apuesta de abolición de la prostitución, tal y como reflejó recientemente en la convención política celebrada en A Coruña. Pese a ser un tema aprobado por el partido hace tres años, el informe ‘Impulso de País’ contempla la necesidad de concienciación colectiva en contra de la prostitución y de la explotación sexual.

De igual modo, el Ejecutivo de Sánchez quiere retomar su proposición de ley contra el proxenetismo, presentada durante la pasada legislatura y que se fue postergando y diluyendo como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales. Este movimiento se suma a la iniciativa del pasado verano de 2023, en la que el Gobierno anunció sanciones de hasta 100.000 euros para aquellas webs que publicitasen anuncios de connotación sexual.

Los datos de España son realmente preocupantes, pues sigue liderando el consumo de prostitución. Los expertos cifran que en el país la ejercen actualmente entre 45.000 y 150.000 personas, mientras que la ONU señala que el 39% de los hombres adultos en España admiten haber pagado por sexo, siendo uno de los países que más consume en Europa.

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El Gobierno ha cortado el acceso a las webs de anuncios de prostitución como Slumi y Destacamos: las trabajadoras sexuales no están contentas

Todo ello es como consecuencia de la falta de una ley estatal capaz de regular la prostitución, lo que ha generado una amplia disparidad de ordenanzas municipales por parte de los diferentes gobiernos locales. De salir adelante la propuesta de ley del PSOE, contando con el apoyo del PP, aunque con el rechazo de los Comunes, supondrá la modificación del artículo 187 del Código Penal. De este modo, se castigará de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación.

Con el nuevo cambio normativo, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y una multa de 18 a 24 meses a quien, empleando la violencia, intimidación o abusando en condición de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima determinase a una persona a ejercer o a mantenerse en la prostitución.

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha mostrado contundente en este aspecto y ha reseñado que es un aspecto prioritario en la agenda del gobierno socialista. Pues el objetivo no es otro que ofrecer una vida digna alternativa a las más de 60.000 mujeres que se encuentran actualmente en situación de prostitución en España, muchas de ellas inmigrantes y en situación residencial y laboral ilegal.

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El negocio de la prostitución en España: estas son las escandalosas cifras que esconde

Al igual que en aquella ocasión, los Comunes son partidarios de defender un planteamiento que regule la prostitución, en lugar de abolirla, reconociendo los derechos de las trabajadoras sexuales que voluntariamente quieren ejercerla.

Antecedentes en Europa

Suecia y Francia son dos claros exponentes de países del viejo continente en los que se sanciona económicamente la prostitución. Desde que entrase en vigor el 13 de abril de 2016, Francia ha ido imponiendo multas que van desde los 1.500 a los 3.750 euros (en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas. No obstante a ellas se las dejó de penalizar por ejercer.

En el caso de Suecia, el país nórdico es pionero en medidas y sanciones para abolir la prostitución. Hay que remontarse al año 1999 para ver una normativa que entró en vigor y que penaliza con un año de prisión al cliente y que considera a la mujer como una víctima de violencia de género.

En el año 2009, Noruega copió la norma sueca, considerando la prostitución como un delito e imponiendo multas de hasta 25.000 coronas (3.164 euros). Islandia también ha penalizado a los clientes sexuales con multas económicas. En Hungría la prostitución es ilegal y se penaliza, especialmente, a la meretriz si la ejerce en zonas protegidas. Ellas se enfrentan a multas o incluso la cárcel. El cliente solo es sancionado si acepta los servicios de una menor.

La situación de España

Mientras se analiza la posibilidad de que entre en vigor la nueva normativa de abolición definitiva de la prostitución que plantea el PSOE, hay ciudades que ya la sancionan. Albacete, desde el año 2015, establece sanciones entre 121 y 3.000 euros, aplicándose la multa máxima cuando las prácticas se llevan a cabo a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios. No obstante, desde 2022 se modificó la norma para adoptar una postura abolicionista similar a los países nórdicos.

En la Comunidad Valenciana existe un modelo de ordenanza abolicionista que sanciona a los clientes y proxenetas con hasta 3.000 euros, siendo los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet, pioneros en este sentido. En Alicante se imponían multas de hasta 750 euros, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló la ordenanza al no contar con un informe de impacto de género obligatorio. En Valencia se inluyen sanciones en su ordenanza sexual que van hasta los 2.000 euros.

En el caso de Barcelona, desde el año 2005, comenzó a sancionar a prostitutas y clientes, siendo pionera a nivel nacional. Las medidas contemplan sanciones económicas para los clientes que van desde los 750 a los 3.000 euros. Por su parte, Bilbao, contempla desde 2010 sanciones por llevar a cabo la prostitución en espacios públicos y zonas próximas a colegios y residencias con cantidades hasta los 3.000 euros.

Por último, Andalucía presenta diferentes enfoques. Sevilla considera la prostitución una de las manifestaciones más extremas de violencia de género y sanciona únicamente a los clientes con multas que van hasta los 3.000 euros. No obstante, Málaga y Granada presentan un enfoque más amplio y también persiguen a las prostitutas. En Granada la norma impone sanciones de hasta 3.000 euros si se ejerce en lugares próximos a menores de edad y en Málaga hasta los 1.500 euros.

En España queda un largo camino por hacer, que comienza en poner de acuerdo a los grupos políticos para sacar adelante esta nueva normativa del Ejecutivo de Sánchez con la que se pretende abolir, de una vez por todas, la prostitución en España y castigarla con multas cuantiosas a quienes la consuman.