El mercado inmobiliario se tensiona cada vez más. La gran huelga celebrada el pasado domingo 13 de octubre, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, puso sobre la mesa la opción de convocar una huelga de alquileres. El objetivo es extender esta forma de protesta a todos los barrios de España. Aunque el problema acabaría trasladándose a caseros y gobiernos, el inquilino podría verse abocado al desahucio.

Si bien es cierto que la situación de la vivienda en España, los precios desorbitados, la falta de oportunidades y la subida tanto del euríbor como del IPC, asfixian a millones de españoles.

Ante la impasividad del Gobierno de Sánchez, las fuerzas sindicales se han mostrado partidarias de dejar de pagar el alquiler a caseros particulares y a grandes empresas si los precios siguen subiendo. El objetivo no es otro que acabar con la impunidad de caseros y de la patronal inmobiliaria.

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"Es ilegal". En el alquiler no se puede imponer el pago del seguro al inquilino

En Madrid ya existe un precedente con la huelga de alquileres activa, que afecta a 900 familias distribuidas en 10 bloques contra el fondo Nestar-Azora. A este no le pagan ni el seguro de impago, ni los gastos de comunidad, entre otras facturas, ante el gran descontento por las cláusulas abusivas.

Medidas consensuadas por los sindicatos

Se van a seguir sumando sindicatos de inquilinos en toda España, como Cataluña, que ya convocó su huelga el martes 15 de octubre. Lo que se desconoce es qué medida se adoptará: dejar de pagar el 50% de la renta (que es lo que se han subido los alquileres de media en la última década) o tomar como referencia el Índice de Precios aprobado por el Gobierno.

También ponen sobre la mesa auto reducciones, por lo que cada inquilino fijaría cuánto cree que debe costar realmente su vivienda.

El objetivo de los grupos sindicales no es que el inquilino caiga en impago como persona individual, sino que la huelga de alquileres sea una herramienta de desobediencia civil organizada. De este modo, pese a ser una huelga ilegal en España, que pueda llegar a convertirse en una huelga legítima. Pretenden una solución a través del diálogo y de la negociación entre caseros y gobiernos e inquilinos, no en los juzgados.

Consecuencias directas de una huelga de alquiler

Pese a que lo digan los sindicatos, la realidad es bien distinta. Dejar de pagar el alquiler, ya sea una mensualidad o abonar simplemente esa cuota de manera parcial, puede ser considerado incumplimiento del contrato, lo que llevaría al propietario a recurrir a los tribunales.

Si el inquilino incurre en un impago, el casero comenzará enviándole un requerimiento fehaciente (burofax, una carta certificada o un correo electrónico certificado), dándole de plazo 30 días para que abonase la renta adeudada. De hacerlo, el contrato seguirá en vigor y con las mismas condiciones.

De lo contrario, si no respondiese a dicha comunicación oficial, el propietario podría presentar una demanda por desahucio por impago y reclamación de rentas. Una vez fuese recibida la demanda por parte del inquilino, éste ya no podría enervar la acción y ponerse al día con las rentas.

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"Esto ya no da ni para chistes". El mercado inmobiliario en Madrid está tan loco que hay anuncios que hacen llorar

Otra opción sería que el propietario interpusiese directamente una demanda, sin aviso previo. En ese caso, el inquilino sí podría utilizar la enervación (consignar las rentas adeudadas) para continuar con el contrato. En ese supuesto caso, las costas correrían a cargo del inquilino.

Dejar de pagar el alquiler puede “dejar en la calle” al inquilino. Con la ley en la mano, una vez presentada la demanda, el inquilino tendrá un plazo máximo de 10 días para abonar la deuda, desalojar la vivienda voluntariamente u oponerse a la demanda.

Desde el momento en el que se notifica al inquilino la demanda ya se le informa del día en el que se va a proceder al desalojo o lanzamiento por parte del juzgado. De no existir un escrito de oposición a la demanda de desahucio, no sería necesario la celebración de un juicio. Posteriormente, se produciría el lanzamiento de los arrendatarios de la vivienda.

Hay que recordar que los plazos de un procedimiento desahucio variarán en función de la localidad y de la carga de trabajo de los juzgados. Podrán ser de seis a ocho meses en el mejor de los casos, siempre y cuando el inquilino no alegase cuestiones de vulnerabilidad en base al artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

La defensa de los inquilinos

En situación de vulnerabilidad, los inquilinos podrían comunicar al juzgado su situación personal antes de que se tramitase la demanda de desahucio por imago de la vivienda habitual. No obstante, para ello, habría que presentar el informe de vulnerabilidad. Desde ese momento, el procedimiento de desahucio por falta de pago quedaría en suspensión hasta que se resolviese la situación.

Recordar que, si los arrendatarios cumplen con los requisitos legales (económicos, familiares y sociales), podrán reclamar la suspensión extraordinaria del desahucio ante el juzgado, alegando a una situación de vulnerabilidad económica (por exclusión social, violencia de género, dependencia o desempleo, entre otros casos).

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La última hora en España pasa por la amenaza de ‘huelga de alquileres’ que los Sindicatos de Inquilinos de Madrid han hecho pública y que podría hacerse extensible a toda España para acabar con los abusivos precios de la vivienda. En este sentido, resulta interesante saber qué postura adoptarían los grandes tenedores, inmobiliarias, pequeños propietarios y hasta los gobiernos.

Algo claro es que la ‘huelga de alquileres’ en España es ilegal e ilegítima. Este escenario, en principio, no se contempla pues derivaría en demandas y en el desahucio inminente de los arrendatarios que se negasen a abonar parcial o totalmente sus cuotas. Pero hay una realidad; el efecto rebote.

La postura de las intermediarias: el caso Alquiler Seguro

Con esto queremos decir que si una compañía, por ejemplo, de seguros, tuviese que hacer frente a todos sus asegurados a la vez, podría llegar a implosionar y a quebrar inminentemente. El problema son aquellas inmobiliarias que tienen que respaldar a sus clientes para evitar problemas de imagos o morosidad, pero que dan prioridad a los derechos de los inquilinos sobre los propietarios.

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El político que promete arreglar el problema de la vivienda sin construir más en España sólo va a conseguir que sea peor

Este es el controvertido caso de Alquiler Seguro. Si estabas pagando tu cuota a Alquiler Seguro como propietario, entonces es probable que el arrendador no tenga nada garantizado, tal y como el propio presidente de la entidad, Antonio Carroza, ha comentado recientemente en el canal 24 Horas de RTVE.

Lloro al ver al presidente de Alquiler Seguro (probablemente uno de los tipos más odiados de España) en apuros. 😂

Vamos, que se la resbalan sus clientes.

Gracias, @PalomoVictorM 💅 pic.twitter.com/pE2jiKq10O

— Kelu Robles (@Kelurobles) October 15, 2024

Al respecto, Carroza aseguró: "Entendemos que esta escalada de precios que se está produciendo es imparable y debemos corregirlo, pero la huelga de alquiler en España no está recogida como una figura legal".

Desde Alquiler Seguro se expresa que existe un método de colaboración y de entendimiento entre el propietario y el arrendatario, por el que se pueden compensar las cuotas con otros servicios, como de mantenimiento y de reparación de la vivienda. No obstante, ante la insistencia de los periodistas, el propio Carroza ha preferido eludir la pregunta.

Alquiler Seguro, como intermediaria que le aporta al propietario el capital que le falta en caso de impago de los inquilinos, no es capaz de saber cuántos meses podría soportar esa situación.

De hecho, desde la entidad, se alude a un caso de ‘política ficción’, que ni siquiera se plantea en el departamento de finanzas de la entidad. En este sentido, Carrazo expresa abiertamente que es un problema que podría extrapolarse a la Administración Pública, que tendría que asumir la huelga de alquileres de todo el parque inmobiliario español, no únicamente las 25.000 viviendas que ellos gestionan.

En declaraciones a El Blog Salmón sobre este asunto, el Director de Comunicación de Alquiler Seguro, Gerardo Neistat, nos ha dicho que "no estoy muy de acuerdo en que no contestamos sobre la pregunta-trampa de si todos dejan de pagar, qué pasa. Lo que ocurre es que el Sindicato de Inquilinos quería una respuesta fácil y catastrófica sobre la pregunta imaginaria. Por eso la respuesta ante una pregunta-ficción fue con una comparativa con otras empresas (por ejemplo si todo el mundo retira el dinero de los bancos)"

Una situación de tensión inesperada

Pero la realidad es bien distinta. Al margen de la imagen de tranquilidad que se quiera transmitir desde inmobiliarias o entidades intermediarias, empresas como Alquiler Seguro acabarían presionando al Gobierno para que interviniese el mercado inmobiliario y entrase en juego en este terreno.

Hay que tener en cuenta un supuesto caso en el que 5.000, de las 25.000 viviendas que posee Alquiler Seguro, se declarasen en huelga. A una media de 750 euros por mensualidad, serían casi cuatro millones de euros al mes que la entidad tendría que poner como forma de garantía para respaldar a sus clientes/propietarios.

En todo este escenario entra en juego la incertidumbre y la ‘letra pequeña’ de los contratos de las entidades intermediarias. Empresa como Alquiler Seguro presumen abiertamente de que, si los inquilinos pagan, ellos asumen algún mes que no puedan pagar. El problema radica cuando todos se declaran en huelga de alquileres. Una situación que, aunque sea ilegal, podría llevar al caos más absoluto.

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Qué pasa si los inquilinos de España se declaran en huelga de alquiler: no es legal, pero los caseros tendrían que ir a juicio para recuperarlo

Alquiler Seguro da servicio a más de 60.000 inquilinos y 25.000 propietarios. La escalada de precios es imparable y existe la necesidad de frenarlo, aunque la ‘huelga de alquileres’ es un escenario ilegal en España. Pese a todo, Alquiler Seguro y otras intermediarias que operan en el mismo ámbito eluden responsabilidades y aseguran que son las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia las que deben encargarse de tomar el pulso a los inquilinos descontentos.

Las inmobiliarias han sido capaces de solventar grandes problemas económicos como la gran crisis 2008-2009 o la pandemia del Covid 2020. No obstante, si hubiese una huelga de impagos masivos, estas entidades no estarían preparadas ante los gastos que se ocasionarían y los trámites burocráticos-legales que se abrirían.

En este sentido, Antonio Carroza, como presidente de Alquiler Seguro, se muestra plenamente tranquilo y asegura que son capaces, como empresa solvente, de afrontar cualquier tipo de inconveniente o imprevisto. No obstante, una huelga masiva de alquileres es una operación ilegal. Llama a la cordura y al uso de la razón por parte de sus inquilinos, pues cualquier operación o impago correría a cargo de los arrendatarios, pero en ningún caso las consecuencias serían asumidas por arrendadores o intermediarios.

No obstante, ese sería el efecto legal a posteriori, después de un largo proceso. Mientras tanto, inmobiliarias e intermediarios tendrían que hacer frente a los pagos frente a los propietarios. Crónica de un caos en el mercado inmobiliario español.

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Hace apenas unas horas, los representantes del sector del taxi han desconvocado la huelga que mantenía cautivos a los ciudadanos de Madrid y Barcelona, quienes no solo han sufrido la ausencia de este servicio público sino importantes cortes de tráfico. Ha sido anunciado como una 'tregua', con la amenaza de volver a la acción en otoño si el gobierno no se pliega a sus demandas.

La propuesta del gobierno es una solución táctica: transferir la competencia de la regulación del VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) a las comunidades autónomas, de modo que en cada región se puedan negociar acuerdos particulares. Según el ministro de fomento, se trata de "ir buscando medidas tendentes a conseguir los parámetros de 1/30" (una licencia de VTC por cada 30 de taxi), aunque de momento sin propuestas específicas.

Pero las medidas restrictivas sólo son parches que perjudican a los consumidores españoles (que ven limitada su capacidad de elección) y no resuelven el problema de fondo: las plataformas digitales son el motor de un cambio irreversible hacia la economía colaborativa donde la oferta se puede encontrar con la demanda sin apenas fricciones ni intermediarios. Se pueden limitar las aplicaciones de VTC como Uber o Cabify, pero ahí estarán las de coches sin conductor bajo demanda (Car2Go, Emov) o las que permiten compartir coches particulares cuando no están siendo usados (Amovens, Drivy). A medio plazo, los coches autónomos harán innecesaria la profesión de taxista (o de chófer de VTC). ¿Por qué se está librando esta batalla del taxi contra el VTC, y cuál es su futuro?

El taxi: un sector protegido y cerrado a la competencia

En España se necesita una licencia municipal para ofrecer servicio de taxi. Cabría preguntarse por qué: teniendo la formación y el equipamiento necesario cualquiera puede ofrecer servicios particulares de electricista, fontanero o profesor de piano y no hay ninguna razón sólida para que el taxi deba ser distinto. Pero esto no siempre ha sido así.

Las licencias del taxi tienen su origen en la época en que los vehículos privados eran inaccesibles al gran público, de modo que en muchas ciudades del mundo se comenzó a otorgar licencias para incentivar a particulares a adquirir un coche y ofrecer este servicio de transporte. Con el paso del tiempo, el uso del coche se popularizó y su precio se abarató, haciendo innecesario el incentivo. Sin embargo, son muchos los países donde esta restricción se ha mantenido.

En la actualidad, la licencia es un privilegio que restringe el servicio de taxi a aquellos que poseen una. Dado que en España su número se ha mantenido congelado durante los últimos 20 años, el precio de una licencia se ha disparado. Sin embargo, quienes ganan con ello no son los ayuntamientos que emiten las licencias (ya que apenas se conceden nuevas) sino los particulares que poseen una y deciden venderla. De momento, esta especulación resulta rentable: el precio de una licencia 'de segunda mano' en Barcelona se ha multiplicado casi por cuatro en lo que llevamos de década.

Hasta ahora, el sistema de licencias hacía muy atractiva la posesión de una: hay un número limitado (es decir, hay negocio para todos sin necesidad de competir) y el precio es fijo (de modo que no hay incentivo para ofrecer mejor servicio que otro taxista). Pero la llegada de una plétora de servicios alternativos, mejores en muchos campos y a precio más barato, está amenazando este modelo. Ese es el origen de la guerra declarada por el taxi al VTC.

'Un VTC por cada 30 taxis': ni es cierto, ni soluciona el problema

Una de las reivindicaciones del sector del taxi es que se mantenga el supuesto límite legal de 'un VTC por cada 30 taxis'. Sin embargo, para mantener esta proporción en ningún momento se ha puesto sobre la mesa la posibilidad (perfectamente lícita) de aumentar el número de licencias de taxi, sino que se exige la reducción del número de licencias VTC. Así, aplicaciones como Uber o Cabify quedarían reducidas a una presencia marginal, pudiendo arañar solo una parte muy reducida del negocio de transporte en vehículo privado.

En realidad, lo único que dice la ley (como muy bien explican en Maldita.es) es que se respete una proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxi en nuevas concesiones. Este límite existió antes de 2009 y se reintrodujo en 2015. No afecta a las licencias ya existentes: cualquier vehículo con licencia VTC puede ofrecer su servicio aunque no haya 30 veces más taxis en circulación en ese momento (no hay límites de circulación en la ley, tal como ha ratificado el Tribunal Supremo).

Irónicamente, la restricción de licencias VTC ha originado un efecto similar al del taxi. Al concederse muy pocas licencias nuevas (por el límite 1/30) y ser un sector en auge, su valor especulativo en el mercado secundario se está disparando. Las limitaciones propuestas no van a resolver el problema sino duplicarlo: donde hasta ahora sólo había un segmento cerrado a la competencia (los taxis) ahora hay dos (los taxis y los VTC). Con la inevitable expansión de nuevos modelos de movilidad (car sharing, coche autónomo) no parece más que un parche.

Transferir las competencias a las comunidades: más inseguridad jurídica para el sector

El germen de la huelga de taxis de los pasados días fue el reglamento del ayuntamiento de Barcelona que pretendía despojar a conductores de VTC de su derecho a ofrecer servicios en Barcelona. Esta propuesta suponía una invasión de las competencias estatales sobre licencias VTC, fue recurrida por el estado y consecuentemente suspendida, causando la ira de los taxistas que comenzaron su protesta en Barcelona, secundada después en Madrid y otras ciudades.

Actualmente las comunidades tienen la potestad de conceder licencias VTC por delegación del estado, pero la normativa es única. Pasar de una normativa nacional a 17 reglamentos autonómicos (como propone el gobierno) generaría inseguridad en el sector y desde el punto de vista legal tendría difícil encaje, tal como advierten expertos en la materia (dos conductores que hayan obtenido una licencia VTC en la época en que era competencia estatal podrían verse limitados a ofrecer distintos servicios en distintas comunidades).

Sin embargo, es cierto que gracias a apps como Uber y Cabify la inmensa totalidad de coches VTC se usan para transporte urbano en un servicio prácticamente idéntico al del taxi. Es decir, un sector regulado por normativas municipales (el taxi) está compitiendo con otro regulado a nivel estatal (el VTC). Una solución sostenible, por tanto, tiene que tener en cuenta la política de movilidad de cada ciudad (aunque no a las bravas, como ha intentado el ayuntamiento de Barcelona).

España, uno de los países de Europa con menos VTC y en el punto de mira de la UE por restringir la competencia

Viendo lo que sucede en el resto de la Unión Europea, las protestas del gremio del taxi contra los VTC no parecen justificadas. En España existen ahora mismo 65.000 licencias de taxi y 9.000 de VTC, es decir, una ratio de 1 a 7. Aunque los taxistas quieren reducir esa proporción a 1 a 30, lo cierto es que en los países de nuestro entorno existen muchos más VTC.

En Francia, por ejemplo, no existe un número limitado de licencias VTC y cualquiera puede obtenerla previo examen y pago de una tasa. Así, su número se ha disparado hasta los 26.000, mientras que los taxis se mantienen en 60.000. Hay aplicaciones locales muy populares como ChauffeurPrivé, que junto a Uber y similares tienen prácticamente un vehículo circulando por cada dos taxis. En el Reino Unido las cifras son similares, mientras que en Portugal la ratio es de 1 a 4.

Fuente: Comisión Europea / Elaboración propia

De hecho, en otros países de la UE (como Suecia, Finlandia o Dinamarca) ni siquiera existe la necesidad de una licencia especial para ofrecer servicios de transporte en vehículo privado, cualquier particular puede hacerlo. En España, Uber probó con esta fórmula (denominada UberPop) hasta que su actividad fue suspendida por los tribunales. Al margen del VTC, también hay que considerar que muchos países como Holanda no tienen límite en el número de licencias de taxi que se pueden conceder.

España ya ha estado en el punto de mira de la Unión Europea por su sobreprotección al sector del taxi. Según las autoridades europeas, la limitación de licencias perjudica al usuario e infla los precios, y debería eliminarse para garantizar la libre competencia. Si España decidiese apuntar en sentido contrario y poner aún más trabas al VTC, sería bastante probable que las autoridades europeas de la competencia tumbasen la normativa. Sin llegar a Bruselas, la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) también se ha mostrado repetidamente en contra de los privilegios que el sector del taxi tienen en España.

Las medidas restrictivas y la sobreprotección de ciertos sectores condenados a la extinción (tan común en nuestra economía, pensemos en la minería del carbón) son, según toda la evidencia, perjudiciales para el consumidor y por tanto, para la economía. Las licencias benefician solo a los poseedores, a costa de perjudicar al resto de la sociedad, que ve limitada su capacidad de elección. Esto, junto con la inevitable aparición del coche autónomo y nuevas formas de transporte, nos hace pensar que la mejor solución del problema no son las licencias, sino una liberalización gradual que permita adaptarse a todos los actores implicados.

En El Blog Salmón | Estos son los costes del proteccionismo para España

Imagen | Fabio Sola Penna

Indudablemente la práctica totalidad de los avances tecnológicos que ha habido a lo largo de la Historia han traído progreso socioeconómico a nuestras sociedades (hasta el momento), pero lo abismamente disruptivo de la transformación digital en casi todos sus aspectos, no siendo comparable a ninguna revolución anterior, así como la automatización y la robotización, -pueden hacer que esta vez sea radicalmente diferente.

"Pueden...", ahí está ni más ni menos el tema del post que les traemos hoy. Porque ya a día de hoy disponemos de datos y experiencias que nos permiten formarnos una opinión más o menos fidedigna de lo que nos puede estar esperando a la vuelta de una esquina, que en realidad es un chaflán por el que ya estamos asomándonos. De ahí este análisis: ese "Pueden" podemos sustituirlo con bastante rigor ya a día de hoy por un contundente "están haciendo que esta vez" sea radicalmente diferente.

Un debate que iniciamos en el Blog Salmón hace más de un año

Los lectores habituales de este medio ya saben, por otros de nuestros análisis relacionados con este tema, que este debate fuimos el primer medio en iniciarlo hace más de un año, haciendo honor a nuestra condición (y también propósito) de ser un medio innovador y "no-commodity". Hasta donde nosotros sabemos, por entonces todavía nadie se planteaba este debate en los términos en los que lo planteamos nosotros en aquel momento, según pueden leer en nuestro primer análisis al respecto de Junio de 2016: "La robotización de la economía y la sostenibilidad de las pensiones pueden ser compatibles".

Posteriormente, cuando el tema ya se volvió mainstream y llegó a otros medios, participamos activamente en el debate abierto, con contribuciones como la cordial contestación al economista Daniel Lacalle del análisis "Aunque no lo parezca, aún nos queda la tercera y más disruptiva fase de la Globalización". Según pueden leer por sí mismos, en este debate hemos seguido aportando puntos de vista innovadores y originales, y, en todo caso, constructivos y con ambición de resolver de la mejor manera posible una cuestión clave para nuestra Socioeconomía (al igual que hicieron ustedes con sus valiosos comentarios, todo sea dicho). Pero recientemente ha habido más cuestiones a tener en cuenta desde nuestro último análisis, que nos han llevado a decidir retomar de nuevo el tema hoy, y a tratar de aportar más contenido (creemos) interesante para nuestros estimados (y participativos) lectores.

Las recientes noticias que han abierto una nueva fase en el debate del siglo

Si bien para un servidor este era un tema de preocupación y análisis desde hace tiempo (como ustedes mismos bien saben), lo cierto es que el diario El País publicó recientemente un buen artículo sobre el tema con título "Los precarios de la nueva economía digital". De forma algo premonitoria ante ilustrativas noticias que han llegado tan sólo unos pocos días más tarde, como pueden leer en el enlace anterior, el reportaje de El País dejaba al descubierto las malas condiciones de trabajo a las que se enfrentan trabajadores de empresas que se cuentan entre los estandartes de la nueva economía.

Por "malas condiciones de trabajo" entiendan algo que va más allá de la mera precariedad laboral o las bajas retribuciones: estamos hablando también de falta de un ambiente de trabajo sano y edificante para todos los trabajadores, de la ausencia total de intentar crear un espíritu de equipo, de la incomunicación total con los jefes directos u otros compañeros, del aislacionismo como filosofía diaria de trabajo, u otros muchos aspectos nada positivos y que denuncian abiertamente trabajadores de demasiadas plataformas digitales. Y esto sólo es el principio, puesto que las consecuencias sobre la salud de los trabajadores de este tipo de "condicionantes" laborales a menudo sólo muestran su cara más amarga en los medios y largos plazos. Como bien cita el autor de El País, el FMI aseguró en un reciente número de su revista Finance & Development que “La economía digital va a erosionar bruscamente la relación tradicional entre empleado y empleador”.

Para que se hagan una idea de la "fiesta" laboral en la que estos trabajadores de la nueva economía desarrollan su actividad profesional día tras día, sólo les citaré brevemente cómo estos trabajadores son contratados como autónomos en una evidente perversión de la intención con la que la legislación laboral creó la figura de los trabajadores autónomos (realmente son trabajadores de la empresa que no se acaba de entender por qué no están en plantilla), deben sufragarse por sus propios medios material de trabajo con los logos corporativos como por ejemplo la nevera isoterma en la que tansportan los pedidos de comida a domicilio, o no tienen más contacto con el ambiente laboral de su empresa que una aplicación por el móvil que no para de dispararles a discreción una encomienda tras otra.

Antes decía que el reportaje de El País era algo premonitorio, y lo he hecho porque hace tan sólo unos días la chispa saltó, y prendió... Como pueden leer en esta reciente noticia, los "riders" de Deliveroo han hecho valer su voz unida por primera vez, y mantuvieron una jornada de huelga el pasado Domingo 2 de Julio en Madrid, Barcelona, y otras ciudades españolas. El impacto real de esta huelga es limitado para el común de los mortales, pero aparte de ser algo relevante para Deliveroo, resulta también un factor muy significativo dentro del debate de si la nueva economía tal y como se está planteando trae desigualdad y precariedad, o por el contrario trae progreso para todos.

El nudo gordiano del debate actual sobre desigualdad y precariedad

Algunos sectores socioeconómicos, no dudan en afirmar que la nueva economía está generando muchos nuevos puestos de trabajo. Razón no les falta, de hecho, este extremo nunca se ha negado desde estas líneas. Efectivamente, las tecnológicas están creando empleo a raudales: el tema es qué proporción de empleo crean y qué proporción destruyen, y lo más interesante, ¿Qué tipo de empleo están creando y cuál es su impacto en nuestras socioeconomías?

Lo cierto es que estas empresas estandarte de la nueva economía contratan en muy buenas condiciones a trabajadores (muy) cualificados. Y no sólo son las tecnológicas las que están generando empleo técnico de calidad, como ya les expuse en el análisis "Industry 4.0 o cómo las nuevas tecnologías están poniendo patas arriba el sector industrial, en un futuro casi inmediato vamos a asistir a, no ya la tecnificación de nuestra sociedad, sino que nos encaminamos directamente hacia la sociedad técnica pura y dura. Y como tal, ofrecerá un futuro prometedor si (y casi sólo si) eres un trabajador cualificado con perfil técnico y (muy) cualificado.

De acuerdo, hasta aquí todo parece de color de rosa, tal y como pintan algunos otros analistas y economistas. Pero qué hay de los otros estratos de las empresas que van más allá de los Departamentos de Sistemas. No hace falta que les diga qué colectivo tiene más peso porcentual en el mix laboral de las empresas, si el colectivo techie o el resto de colectivos laborales. Y ahí reside el quiz de la cuestión: no se trata de discutir cómo indudablemente la nueva economía está creando empleos de calidad, sino que lo que debe ser motivo de preocupación es si esa creación de empleo va a ser suficiente para contrarrestar todo el empleo que se está destruyendo en otras áreas de las empresas o, en el mejor de los casos, creando o transformando empleo a nuevas condiciones de mayor precariedad.

Y lo más llamativo no viene de plantearse el asunto bajo el prisma de la evidente precariedad a la que se ven abocados demasiados trabajadores, y si llega a ser contrarrestada por la creación de esos empleos de calidad. Lo más llamativo son las profundas desigualdades que se están creando en nuestras socioeconomías. Efectivamente, la brecha digital está convirtiéndose más brecha que nunca, hasta casi ser una sima. No duden que los analfabetos del futuro serán personas sin capacidades técnicas: vivimos unos tiempos en los que no sólo las empresas tienen que reinventarse o morir, también los trabajadores como profesionales y como personas deben hacerlo. Pero lo lacerante de esta sima digital es que el mundo técnico será hermético y no permeable a todo aquel que se haya mantenido al margen de él, al igual que sus oportunidades laborales.

Lo más preocupante es que, básicamente, el analfabetismo de principios del siglo XX resultó en ciertos desafortunados que no sabían leer ni escribir, cosa que podían aprender con relativa facilidad (comparativamente) si disponían de los medios para ello. Posteriomente la brecha social se trasladó a las diferencias entre trabajadores universitarios y trabajadadores de base, pero aunque es verdad que ya adquirir formación universitaria (y toda la experiencia profesional que se sustenta sobre ella) no era cuestión de unos meses, lo cierto es que las diferencias salariales eran mucho menores hace unas décadas: ello minimizaba la desigualdad y hacía el sistema socioeconómico más sostenible y estable. Por el contrario, ahora tenemos que las capacidades técnicas necesarias para participar de esa sociedad técnica son mucho más complejas de adquirir a posteriori, hasta el punto de que muchas personas ajenas a ellas se sienten totalmente incapaces de adquirirlas y superar esa sima digital que crece más rápido que el ritmo al que nuestras universidades y formación puede reconvertir o crear nuevos trabajadores según la demanda exponencial.

Y la técnica son un conjunto de habilidades y conocimientos sin los cuales no se tendrá más alternativa que la precariedad de estos nuevos analfabetos del siglo XXI. Por ello, traten de anticiparse a esta nueva era que surgirá tras la revolución digital, y sean conscientes de que ya no basta con manejar un smartphone o unas aplicaciones (eso ya es un básico elemental), se trata de un mercado laboral de carreras técnicas y perfiles polivalentes, pero casi siempre híbridos, requiriendo también a la vez formación y know-how técnico. Esto no es una simple elección, es algo que el tiempo demostrará que son más lentejas que las lentejas pardinas: ya saben aquello de que, o las comes, o las dejas. El tema es que, para poder comer dignamente, probablemente no habrá mucha alternativa a las lentejas en nuestra socioeconomía.

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La huelga de los trabajadores de limpieza en Madrid ha llegado a su fin. Después de 13 días de huelga en los que hemos visto de todo (pasividad de la administración, pasividad de las empresas concesionarias, servicios mínimos que se incumplían, trabajadores ensuciando las calles... y en general mucha basura) el conflicto se ha resuelto con un acuerdo entre empresas y trabajadores.

No voy a entrar en si la huelga era necesaria, si ensuciar las calles es legítimo o si la administración podría haber hecho algo para que no durara tanto. Voy a entrar es si la solución a este conflicto era la mejor posible debido a los recortes presupuestarios. Tampoco voy a entrar en si dichos recortes eran necesarios, tomemos esto como una situación inamovible de punto de partida.

Hay menos dinero, hay que reducir gastos

Ante los recortes presupuestarios las empresas concesionarias tienen que reducir sus gastos. Su idea inicial era despidos masivos y reducción de sueldo para los que se quedaran. De inicio esta es la peor de las soluciones y sólo tiene sentido si no hay otra solución.

¿Por qué es la peor de las soluciones? Básicamente porque nadie está contento. Una empresa ante un ajuste de su masa salarial tiene dos opciones: despedir o reducir sueldos. Ya lo hemos tratado por aquí, pero cada una tiene sus pros y sus contras. Si despides pierdes know-how y haces pasar a los trabajadores por una fase traumática, pero los que se quedan siguen en las mismas condiciones. Si bajas el sueldo la gente sigue pero quemada, ya que recibe menos dinero por las mismas tareas.

Si haces las dos cosas a la vez estás destrozando todo: trabajadores traumatizados, pierdes know-how, los que se quedan están desmotivados... esto sólo debería hacerse en una situación de emergencia, cuando de verdad no hay otra salida posible y la viabilidad de la empresa está en serio peligro.

Pero... había otra solución

En el caso de los trabajadores de limpieza había otra solución. No despedir a nadie, incentivar bajas y excedencias, congelar sueldos y un ERTE de 45 días al año. El ERTE hace que durante 45 días cada año los trabajadores no acudan a sus puestos, la empresa no pague y estos cobren el paro (no el 100% del sueldo).

Esta solución puede parecer mala para las arcas públicas, pero en la práctica sale más ventajosa para el erario público que una ronda de despidos tan elevada, ya que dichos trabajadores cobrarían el paro íntegro hasta que encontraran otro trabajo. Es una buena solución para todos.

Ahora bien, esta solución no reduce, ni de lejos, los gastos tanto como la primera solución propuesta por las empresas concesionarias. Por tanto la primera propuesta no era realista, era sólo para tensar mucho la cuerda y poder llegar a un acuerdo más cercano a sus intereses reales. Con la cuerda tan tensa los trabajadores la tensaron en el otro extremo con una huelga salvaje. Para mi todos tienen culpa porque han usado toda la artillería para un acuerdo cercano a sus intereses.

¿Es la mejor solución?

A mi sí me parece la mejor solución. Sin despidos que incrementen la tasa de paro, con poco coste de las arcas públicas (el ERTE) y sin perder excesiva capacidad humana para realizar el trabajo que tienen que hacer (y que es tan visible para los ciudadanos).

Ahora bien, lo que no me parece tan correcto es el camino para llegar a la solución. Cuando la empresa presentó su plan era similar al de una empresa al punto de la quiebra. Lo que han llegado a acordar no tanto. Esta solución es muy a la alemana (vía ERTE en lugar de despidos, lo cual está muy bien) pero el camino ha sido el de una guerra abierta entre patronal y sindicatos en lugar de una negociación sosegada. Tenemos todavía mucho que aprender de los alemanes respecto a conflictos laborales.

En El Blog Salmón | ¿Despido o reducción de sueldo? Imagen | Fran Villena

Los cinco sindicatos de la enseñanza (CCOO, UGT, ANPE, CSIF Y STES) han convocado mediante una nota de prensa una huelga general del sistema educativo para el día 22 de mayo. El objetivo que persiguen es protestar ante el Gobierno por los recortes acometidos por valor de 3.000 millones de euros y en defensa de la enseñanza pública.

Aunque el tema de los recortes fue ampliamente analizado en estas páginas, no está de más recordar cuáles son los motivos que han impulsado a los entes sindicales a convocar una jornada de paro total en la enseñanza en estos momentos en los que la coyuntura económica del país es tan delicada. Los principales desencadenantes de la huelga han sido:

• Incremento de un 20% en el ratio de alumnos por clase.

• Incremento en las horas lectivas del profesorado.

• La desaparición de la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos.

• Las bajas inferiores a diez días serán cubiertas por profesores del propio centro.

• Aplazamiento hasta el curso 2014-2015 de los módulos de FP.

• La congelación de las ofertas de empleo público.

• Incremento de tasas en la universidad y nuevo plan de acceso a las becas.

En definitiva, los sindicatos protestan ante lo que consideran el ocaso de la enseñanza pública. No obstante, no está de más considerar que el actual sistema educativo español está obsoleto y sus resultados son catastróficos si nos fijamos en la escala Pisa o en el índice de abandono escolar.

Como hemos señalado en más de una ocasión, un país que da por perdida varias generaciones de sus estudiantes y no aboga por un sistema educativo que verdaderamente genere valores y conocimientos, está condenándose a sí mismo a un futuro de tinieblas y ciudadanos sin cualificación.

En la actualidad estamos machacando la educación secundaria con propuestas que no son válidas y que la perjudican a largo plazo, a la vez que se tiende a convertir a la universidad en un servicio de lujo dirigido a una élite de la población. ¿Qué pretenden realmente nuestros políticos? ¿Una sociedad aborregada tal vez?

Vuelvo a insistir en lo mismo: el que quiera cambiar a mejor la educación que se de un paseo por los pasillos de los IES y por sus salas de profesores, pregunte, escuche y arrime el hombro. Todo lo demás es demagogia.

En El Blog Salmón | La universidad va camino de convertirse en un servicio de lujo, Sí y no a los cambios en Educación Primaria y Secundaria, Profesor de secundaria: una profesión en crisis, ¿Tiene el sistema educativo español solución?
Imagen | IES-MGB

La huelga general es algo que el gobierno ya se temía desde antes de poner en marcha la reforma laboral, incluso desde antes de estar en el gobierno; esta semana os preguntamos si creéis que sirve de algo, más allá de manifestar públicamente el malestar por algo que no nos gusta, ¿qué significa la huelga para tí? ¿Qué consecuencias crees que tendrá para tí, para el país? ¿Es efectiva? ¿Cumple sus objetivos? Os pedimos que expongáis que es lo que os sugiere, ya no esta huelga general, sino incluso el propio concepto, son las respuestas que buscamos en nuestra pregunta de la semana.

¿Sirve de algo una huelga general?

La semana pasada preguntamos: ¿Cómo ayudarías a las pymes? Y la mejor respuesta, la más valorada entre una buena cantidad de interesantes propuestas que merece la pena leer, es la de Pedro Castro, que dice así:

1º – Un país que funcione. 2º – El que no paga, que lo pague. Lo mismo que tienen que hacer las PYMES con los bancos si o si. 3º – Fuera las subvenciones, eso de ayudar a la competencia con mis impuestos no me hace mucha gracia. 4º – Trabajos en B, actualmente es una lastre que hace bastante daño. 5º – Menos impuestos para quién invierta en crecer y expandirse.

La próxima semana volvemos con más preguntas. Mientras tanto no olvidéis que en El Blog Salmón Respuestas podéis preguntar y contestar a todos los temas económicos que queráis, y que es allí donde deberéis dar respuesta a la pregunta que os planteamos esta semana, ya que los comentarios aquí están inhabilitados.

En El Blog Salmón | Respuestas

Después de leer las “brillantes medidas” del ejecutivo en la reforma laboral, veo que ya hay voces pidiendo la convocatoria de huelga general. Pues no, esta reforma laboral no merece una huelga, merece un cierre patronal. Un cierre patronal porque la decepción a todos los niveles es máxima, baata con leer la imprecisión y poca claridad del ejecutivo para arrojar medidas que de verdad sirvan para algo.

Es sencillo dar argumentos para un cierre patronal por la reforma laboral, estos son sólo unos pocos:

• El Gobierno nos toma el pelo con el mecanismo de deducciones, subvenciones y deducciones en los contratos para emprendedores. Si no pago impuesto de sociedades porque estoy en pérdidas, no hay deducción que valga. Esto es un brindis al sol.

• El mercado laboral tiene ya más de 40 de contratos diferentes, cada uno con una legislación y diferentes bonificaciones y subvenciones. Se equivoca de plano, con dos tipos de contratos, sobran, no poniendo un marco laboral que necesita un master previo para contratar.

• Volvemos a las deducciones puntuales y diferidas para la contratación ¿qué tal la tarifa plana para contratar parados cambiando prestaciones de desempleo por cotizaciones al 100%? Ah no, que entonces sí es atractivo contratar para todos.

• Los sindicatos le quieren montar la reforma por el abaratamiento del despido. Yo le planteo el cierre patronal porque sigue sin dar una líneas claras para el despido objetivo y sigue existiendo máxima inseguridad para el empresario.

• Se ha abierto la veda a la intermediación privada en la inserción laboral mediante las ETTs. ¿Qué, cómo y cuándo se lleva el trozo del pastel por esta colaboración público-privada? Ha dejado claro que el trabajador no pagará a las ETTs, pero estas empresas no trabajan por amor al arte. Aquí huele a pelotazo de las grandes ETTs y si no es así, liberalice completamente la apertura de ETTs. Cierre patronal por la discriminación positiva hacia las grandes ETTs

• Habla de regular el teletrabajo equiparando condiciones presenciales a las condiciones a distancia. Se equivoca también, puesto que debe facilitar el teletrabajo y poner encima de la mesa las ventajas de racionalización de horarios. Cierre patronal por intervención en el área doméstica sin favorecer la implantación del teletrabajo.

• Ha abierto el melón de las horas extras en los contratos a tiempo parcial. Eso es abrir una puerta más al fraude de ley en hostelería y servicios porque el trabajador que pille la inspección trabajando fuera de las horas de contrato, estará dando horas extras. Cierre patronal por favorecer la competencia desleal.

• No tiene valor para eliminar de verdad las subvenciones a la formación que financian los sindicatos y sus desfases en mariscadas. Cierre patronal por seguir comprando el silencio y complicidad de los defensores de los próximos 6 millones de parados.

Sí esta reforma es la que nos tiene que sacar de la crisis y la que tiene que favorecer el empleo, está ampliamente equivocado. Su gobierno sigue la senda intervencionista a todos los niveles, mantiene esquemas laborales del siglo XIX y no es capaz de aportar una sola medida novedosa. Todo lo que plantea, ya se ha probado anteriormente en el mercado laboral y tenemos 5,3 millones de parados.

Es posible que en Europa le aplaudan algunas medidas, pero a la vuelta de unos meses, se dará cuenta del craso error legislativo que ha cometido. No a la reforma laboral, sí al cierre patronal.

En El Blog Salmón | El Consejo de Ministros aprueba la reforma laboral: principales cambios que se introducen, El despido un poco más barato con la nueva reforma laboral, Reforma laboral: decepción absoluta
Imagen | Jardín Polar

En su momento me explicaron que la conflictividad social, ese eufemismo bajo el que se engloban las huelgas, paros y similares, tenía una correlación directa con el crecimiento económico. Cuando las tasas de éste se disparaban, también lo hacían las huelgas. Cuando se entraba en barrena, las huelgas menguaban. De hecho el 2011 ha sido en España el año de la última década con mero número de huelgas. Es por ello que no se si la iniciativa de HUELGAlendario, un calendario 2.0 de huelgas, llega en el momento oportuno.

HUELGAlendario es obra de la Asociación Lanzalaidea (de la que desconozco otras propuestas) que busca, en sus propias palabras, el desarrollo de herramientas informáticas que permitan el intercambio de información entre ciudadanos, administraciones y grupos sociales, políticos y culturales. Pues eso es HUELGAlendario, un calendario 2.0 de huelgas, participativo, donde se anuncian y comentan todas las huelgas que se vayan a celebrar en España. ¿Cómo funciona?

El portal www.huelgalendario.com pretende ser una ventana abierta y sin distorsiones a las reivindicaciones de los convocantes y a las opiniones de los usuarios afectados: los primeros podrán disponer de un espacio propio para explicar su actividad y responder de forma directa a las situaciones planteadas. Los segundos podrán aprovechar los foros de opinión para hacer llegar sus posturas. Y ambos podrán utilizar esta vía de contacto directo. Todo ello sin el filtro ideológico habitual de los medios de comunicación de masas, o de las versiones oficiales. www.huelgalendario.com es una oportunidad para obtener, si se desea, una información veraz.

Así lo explican sus creadores. Claro que yo echo en falta a otra parte fundamental en “el conflicto”: los empresarios frente a los que se plantean dichas huelgas. ¿Cómo se pude hablar de información veraz y dejar de lado a una de las partes afectadas y que tiene voz directa en la negociación?

Me cuesta entenderlo ciertamente. Espero que subsanen ese bug de la que es, en principio, una buena iniciativa. Siempre será mejor herramienta ésta que el recurso a los piquetes “informativos”.

Más información | HUELGAlendario
En El Blog Salmón | No tan solos ante el peligro [por IC]

Se avecinan tiempos calientes. Podríamos usar el eufemismo llamado conflictividad social, pero a alguno quizás le pilla desubicado: huelgas, cierres patronales, protestas, etc. La cosa esta que arde. Y en este contexto va a haber conceptos que se van a manejar con harta frecuencia. Pensemos en uno que a pesar de tener una amplia antigüedad me temo que es desconocido por buena parte de sus potenciales destinatarios: la Caja de Resistencia.

Entendemos por Caja de Resistencia, en este contexto sociolaboral, y partiendo de una definición que intenta englobar una realidad muy compleja. los fondos administrados por las organizaciones sindicales con los que compensar a aquellos afiliados suyos que están en huelga o que han sido sancionados por el ejercicio de la actividad sindical. Pero, como digo, partiendo de esta definición se abren múltiples cuestiones, de no fácil respuesta (posiblemente alguno de vosotros pueda ilustrarnos).

• En España no son frecuentes las Cajas de Resistencia. A nivel nacional USO, y a nivel autonómico ELA, son los únicos sindicatos de los que tengo noticia que la posean. Ni UGT ni CCOOO, los mayoritarios ,poseen tal herramienta como confederaciones sindicales. Otra cosa es que a nivel de sección de empresa, o de alguna federación sindical exista alguna herramienta semejante, pero no para todos los afiliados a nivel general.

• La pregunta que cabe hacerse es si el hecho remarcado en el punto anterior es debido a un No quiero o a un No puedo. Si es lo primero, las causas estarían centradas en que, contrariamente a los fines que se persigue, la existencia de dichas cajas de resistencia comprometería/adulteraría la viabilidad de una huelga, establecería conflictos por discriminación entre distintos grupos por empresa, antigüedad. Si es un No puedo, ello se debería a la incapacidad reconocida de recaudar y administrar dichos fondos de modo que cumpliesen la finalidad de sostener la denominada “lucha obrera”.
  
  

• ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas cajas de resistencia? Es importante, ya que en función de la respuesta que demos podemos llegara conclusiones muy distintas. Si las Cajas de Resistencia son creadas exprofeso para una huelga concreto y se nutren de aportaciones voluntarias de afiliados y simpatizantes que apoyan sus compañeros, eso en mi casa se llama donación. Y se tributa por ello, o al menos debiera tributarse por ello (y no es nada barato el Impuesto de Donaciones). La pregunta es ¿Hacienda se entera de algo? Claro que si no es así, si son instituciones regladas dentro del sindicato, con una cantidad incluida de manera forzosa dentro de la cuota sindical, con su reglamento y que responde con una prestación definida al acaecimiento de una contingencia, eso se parece mucho a un seguro, y entonces cabe preguntarse ya no sólo pro como se están tributando dichas prestaciones si no por si esta actividad ha de estar autorizada y supervisada por la Dirección General de Seguros. partiendo de que, salvo error u omisión no lo están (quizás por que falta el elemento de involuntariedad propio de los siniestros de seguros). ¿Cómo están tributando estas prestaciones y quién garantiza a los afiliados que esos fondos van a estar ahí cuando los necesiten?

Más información | A las barricadas
Imagen | Kheel Center, Cornell University