En los últimos 15 días ha tenido lugar un pequeño culebrón en tierras guipuzcoanas. La diputada foral de Movilidad e Infraestructuras, Larraitz Ugarte, portavoz del gobierno foral guipuzcoano, fue acusada por parte del PSOE de cobrar indebidamente la RGI, Renta de Garantia de Ingresos, una renta de subistencia. Entiendo que, a pesar de la punta que le han querido sacar a posteriori, la versión de Ugarte sobre la legalidad del cobro de dichas ayudas es coherente, tal y como parece haberle quedado claro a todo el mundo menos al mencionado PSOE. Por tanto, nada que reprochar legalmente a la política de Bildu.
Cosa bien distinta es que el no-caso Ugarte haya servido para traer a colación el chirriar del subsidio social generalizado. Que sea legal no quiere decir que no hiera un tanto la sensibilidad, y más en tiempos de crisis. Lo curioso es que a la diputada no parece llamarle la atención. No hay más que leer sus declaraciones:






