Ganar 35.000 euros brutos al año, por ejemplo, no tiene el mismo efecto fiscal si ese dinero llega por una nómina, una actividad como autónomo, dividendos, plusvalías o alquileres. Y es que, en España, el origen del ingreso importa casi tanto como la cantidad.

La clave está en que no todas las rentas tributan igual. Los salarios y los rendimientos de actividades económicas van a la base general del IRPF.

En cambio, muchas rentas financieras tributan en la base del ahorro, con tipos específicos. Además, en el trabajo entran en juego las cotizaciones sociales, que no son técnicamente impuestos, pero sí forman parte de la carga obligatoria asociada al empleo.

El asalariado

Un trabajador por cuenta ajena con 35.000 euros brutos no paga solo IRPF. También soporta cotizaciones sociales a cargo del empleado, como contingencias comunes, desempleo, formación profesional y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

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En el Régimen General, la Seguridad Social fija tipos separados para empresa y trabajador, con una parte empresarial claramente superior a la del empleado.

Por eso, si se analiza solo la nómina, el trabajador ve una carga. Pero si se analiza el coste laboral completo, hay otra parte que paga la empresa y que también encarece contratar o subir salarios.

El autónomo

El autónomo tributa por sus rendimientos en la base general del IRPF, igual que ocurre con las rentas del trabajo. La diferencia es que puede deducir gastos vinculados a su actividad y que paga directamente su cuota a la Seguridad Social.

Desde el nuevo sistema de cotización, la cuota de autónomos se calcula en función de los rendimientos netos estimados. La Seguridad Social permite simular la cuota correspondiente según ingresos previstos y recuerda que, al cierre del año, puede haber devolución o regularización si los ingresos reales no coinciden con lo estimado.

Por tanto, decir que el autónomo paga siempre más que el asalariado no es exacto. Depende de sus gastos deducibles, cuota elegida dentro de su tramo, comunidad autónoma y situación personal.

El inversor

Las rentas financieras, como dividendos, intereses o plusvalías, suelen tributar en la base del ahorro. En 2026, la escala estatal y autonómica combinada se mueve entre el 19% y el 30%, según el importe obtenido.

Esto explica por qué un inversor puede pagar menos impuestos que un trabajador con ingresos similares. Pero la comparación no es perfecta: el inversor no cotiza por esas rentas, no genera por ellas derechos directos de pensión contributiva y asume riesgo financiero.

El rentista

El rentista que alquila vivienda habitual puede aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, no sobre el ingreso bruto.

La Agencia Tributaria indica que la reducción por alquiler de vivienda puede ser del 90%, 70%, 60% o 50%, según el caso, y solo se aplica a inmuebles destinados a vivienda.

Además, Hacienda aclara que esta reducción no se aplica a apartamentos turísticos, porque no cubren una necesidad permanente de vivienda.

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Por eso, no es correcto afirmar sin más que un rentista que cobra 35.000 euros tributa solo por 17.500. Primero hay que calcular el rendimiento neto: ingresos menos gastos deducibles. Después se aplica, si procede, la reducción correspondiente.

Entonces, ¿quién paga más?

En general, las rentas del trabajo suelen soportar una carga efectiva más alta que muchas rentas del capital, especialmente cuando se tienen en cuenta IRPF y cotizaciones sociales. Pero claro, esto no es algo que se da en todos los casos, sin conocerse la situación concreta de cada persona.

En definitiva, a igualdad de ingresos brutos, las rentas del trabajo —tanto de asalariados como de autónomos— suelen soportar una mayor presión fiscal y contributiva que muchas rentas del capital, como las derivadas de inversiones o del alquiler de vivienda habitual.

No obstante, el resultado final depende de factores como los gastos deducibles, las reducciones aplicables, la comunidad autónoma, el tipo de renta y la situación personal de cada contribuyente.

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El comienzo del año ha dado lugar a una cifra simbólica que resume muy bien la política económica desplegada desde 2018: el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanza el centenar de incrementos impositivos y de cotizaciones sociales acumulados a lo largo de sus años en el poder.

Este umbral no es únicamente una referencia numérica. Representa un modelo de gestión caracterizado por una recaudación creciente, una intervención fiscal constante y un aumento sostenido del esfuerzo exigido a contribuyentes y empleadores.

Una barrera fiscal con efectos inmediatos

Las medidas que entraron en vigor el 1 de enero refuerzan, más si cabe, esta tendencia. Las cotizaciones sociales vuelven a incrementarse con la elevación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que alcanza ya el 0,9%, encareciendo de forma directa el coste laboral.

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A ello se suma el endurecimiento de la llamada Cuota de Solidaridad, que grava los salarios más altos con tipos que superan el 1,4% en los tramos superiores, al tiempo que la base máxima de cotización rebasa los 5.100 euros mensuales.

El impacto no se limita al mercado de trabajo. La fiscalidad inmobiliaria también se ve afectada por la revisión al alza de los coeficientes aplicables a la plusvalía municipal, lo que penaliza especialmente las transmisiones de vivienda a corto plazo.

Todo ello se produce mientras el debate sobre nuevos tributos energéticos y medioambientales, como el que afecta al diésel, sigue latente y genera incertidumbre en amplios sectores de la clase media.

Recaudación récord sin saneamiento financiero

Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Estado ha ingresado aproximadamente 513.000 millones de euros adicionales. Se trata de un volumen de recursos sin precedentes recientes, obtenido a través de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales, en un periodo marcado por la recuperación pospandemia y por una inflación elevada.

Sin embargo, este aumento de ingresos no ha tenido como contrapartida una mejora equivalente de las cuentas públicas. La deuda del conjunto de las administraciones se ha incrementado en torno a 507.000 millones de euros en el mismo intervalo, lo que evidencia que el esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos no ha servido para reducir el endeudamiento estructural.

El resultado es un balance casi simétrico entre lo recaudado de más y lo adeudado, una paradoja que alimenta el debate sobre la eficiencia del gasto público.

Pérdida de poder adquisitivo generalizada

El efecto combinado de impuestos, cotizaciones e inflación ha erosionado la capacidad de compra de la mayoría de los hogares.

Datos oficiales y estimaciones económicas coinciden: cerca del 80% de la población reconoce haber perdido poder adquisitivo desde 2018.

Aunque los salarios nominales han aumentado, el ritmo ha sido insuficiente para compensar la subida de precios y la mayor carga fiscal, especialmente ante la negativa del Gobierno a ajustar los tramos del IRPF a la inflación.

El deterioro es transversal. Los empleados públicos figuran entre los más afectados, con pérdidas acumuladas que superan los 5.900 euros en rentas medias durante el periodo más reciente con datos consolidados.

En los salarios más bajos del sector público, la merma también resulta significativa. En el ámbito privado, trabajadores con sueldos en torno a los 26.000 euros anuales han visto reducirse su capacidad de compra en más de 2.000 euros, mientras que en las rentas medias-altas el impacto supera ampliamente los 5.000 euros.

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Ni siquiera los pensionistas han quedado al margen. Pese a la revalorización vinculada al IPC, el cambio de fórmula aplicado en 2021 dejó sin actualizar un ejercicio clave, precisamente cuando la inflación alcanzó máximos. Como consecuencia, una pensión media ha perdido más de 1.200 euros en términos reales.

El reflejo social de la presión fiscal

La evolución de los precios de los alimentos ilustra con claridad este escenario. La cesta de la compra es hoy cerca de un 40% más cara que al inicio de la etapa socialista, lo que ha transformado un gasto básico en una fuente constante de preocupación para miles de familias. Llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío cotidiano, incluso para hogares que antes mantenían una situación holgada.

Este contexto económico tiene un correlato social preocupante. Más de un tercio de los menores en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, uno de los peores registros de la Unión Europea. En el conjunto de la población, el porcentaje supera el 25%, situando al país entre los Estados miembros con peores indicadores en este ámbito.

El Gobierno suele defender su gestión apoyándose en el crecimiento del PIB nominal, pero este avance no se traduce en bienestar real por habitante. Cuando se descuenta el efecto de la inflación y de la mayor carga tributaria, el crecimiento pierde buena parte de su significado práctico para los ciudadanos.

El inicio de 2026 confirma la continuidad de este enfoque. Lejos de una corrección, las nuevas medidas profundizan en una estrategia orientada a sostener un gasto público en expansión, mientras la deuda sigue creciendo de forma silenciosa.

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Hacienda brindó y mucho la pasada Nochevieja. La razón no fue baladí: celebró haber tenido un muy buen año 2025, el mejor de toda su historia.

A falta de conocer los datos oficiales del mes de diciembre, la recaudación tributaria acumulada hasta noviembre superó por primera vez la barrera de los 300.000 millones de euros, consolidando el mejor ejercicio de la historia para la Hacienda pública.

Con un total de 301.355 millones ingresados, el Estado ha elevado sus recursos en torno a un 10% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando todavía faltaba un mes para cerrar el ejercicio.

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El crecimiento sostenido de los ingresos refleja una combinación de inflación persistente, mayor presión fiscal efectiva y la incorporación de nuevas figuras impositivas, factores que han impulsado de forma notable las arcas públicas en un contexto de tensión para empresas y hogares.

Un aumento impulsado por la inflación y la base imponible

El salto interanual de más de 27.000 millones de euros pone de relieve el impacto que la evolución de los precios ha tenido sobre la recaudación.

El encarecimiento generalizado de bienes y servicios ha elevado de manera automática las bases imponibles de numerosos tributos, incrementando los ingresos sin necesidad de modificar formalmente los tipos impositivos.

Desde el Ministerio se subraya que esta evolución responde al dinamismo de la actividad económica y a la mejora del empleo, aunque la inflación acumulada ha actuado como un acelerador silencioso de la recaudación.

El efecto arrastre de los precios se ha traducido en mayores ingresos fiscales a costa de una pérdida de poder adquisitivo del contribuyente.

El peso del IRPF en la recaudación total

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha sido, una vez más, el principal pilar de los ingresos públicos. Hasta noviembre, este tributo aportó 133.282 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,1% y casi la mitad del total recaudado.

La Agencia Tributaria vincula este avance a la evolución de la masa salarial, favorecida por una ligera mejora del empleo y subidas salariales más intensas en la recta final del año.

Sin embargo, la ausencia de una actualización de los tramos estatales del IRPF en un entorno inflacionista ha generado un aumento efectivo de la carga fiscal. La no corrección de la tarifa ha provocado que muchos contribuyentes salten a tramos superiores sin haber ganado poder adquisitivo real, un fenómeno que distintos organismos han calificado como una subida impositiva encubierta.

IVA y consumo como motores adicionales

El Impuesto sobre el Valor Añadido también ha contribuido de forma decisiva al récord recaudatorio. En los once primeros meses del año, los ingresos por IVA alcanzaron los 94.416 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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El incremento de los precios y la retirada progresiva de algunas rebajas temporales han reforzado el peso de este tributo indirecto.

La recuperación de tipos normales en determinados productos de alimentación y energía ha elevado el ingreso medio por operación, aumentando el rendimiento del impuesto incluso en contextos de consumo moderado. El IVA se consolida así como uno de los grandes beneficiarios del escenario inflacionista.

Sociedades e impuestos especiales al alza

El Impuesto sobre Sociedades registró un crecimiento más moderado, aunque significativo, con una recaudación de 35.942 millones de euros, un 5,9% más. Este avance refleja una mejora de los resultados empresariales, pese al aumento de los gastos financieros y operativos derivados del contexto económico.

Por su parte, los impuestos especiales aportaron en conjunto 19.244 millones de euros, con un incremento del 5,3%. Los gravámenes sobre hidrocarburos y tabaco mantuvieron una evolución positiva, mientras que los impuestos vinculados al alcohol mostraron un comportamiento más estable.

El impacto de los nuevos tributos

A este escenario se suma la entrada en vigor de nuevas figuras impositivas y ajustes normativos que han reforzado la recaudación.

Hasta septiembre, estas medidas aportaron más de 5.400 millones de euros adicionales. Entre ellas destacan los gravámenes aplicados al sector financiero, los nuevos impuestos sobre determinados productos alternativos al tabaco y los cambios en la fiscalidad energética.

La eliminación de rebajas fiscales temporales en electricidad, gas natural y otros suministros también ha contribuido de forma relevante al aumento de ingresos. Estas decisiones han elevado el esfuerzo fiscal efectivo en un momento de presión sobre los presupuestos familiares.

La no deflactación del IRPF y su efecto distributivo

Diversos estudios han puesto el foco en el efecto acumulado de no adaptar el IRPF a la inflación. Con una subida de precios cercana al 27% desde 2015, la falta de actualización ha incrementado de manera significativa la cuota a pagar, especialmente en las rentas medias.

En algunos casos, el aumento del impuesto supera el 25% sin que exista una mejora equivalente de la renta real.

Aunque Hacienda defiende que determinadas reducciones benefician a los tramos más bajos, estas compensaciones no alcanzan a los contribuyentes de renta media. El resultado es una mayor recaudación sostenida basada en un mecanismo poco visible para el ciudadano.

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Mientras España ha aumentado la presión fiscal tres puntos de PIB, la OCDE apenas elevó este indicador alrededor de 1,2 puntos en el mismo periodo. Este dato adquiere especial relevancia al observar el incremento de la carga fiscal relativa en los últimos 14 años.

Pese a lo que puede parecer, esto no se traduce directamente en impuestos más elevados para nuestro país frente a otros miembros de la Unión Europea, pero sí tiene mucha relación con la estructura tributaria española.

España recauda más, pero no por impuestos más altos

España depende más que otros países europeos de las cotizaciones sociales y de un IRPF que ha recaudado más por el efecto de la inflación no deflactada.

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La presión fiscal actual se sitúa por encima del 38 % del PIB, según las estadísticas de la OCDE, lo que reabre el debate sobre la sostenibilidad de un modelo que recauda más… sin haber reformado a fondo su sistema impositivo.

En términos técnicos, la presión fiscal mide el peso de los ingresos tributarios sobre la riqueza nacional. España, con algo más del 38 %, supera la media de la OCDE (34 %) y se acerca a economías con mayor tradición redistributiva como Alemania o Bélgica. 

Sin embargo, la clave no es el nivel absoluto, sino la velocidad de este aumento.Entre 2010 y 2024, la presión fiscal española ha subido más de tres puntos, mientras que la mayor parte de Europa lo ha hecho de forma mucho más moderada. La OCDE recoge esta tendencia en sus estadísticas comparadas, donde España destaca como uno de los países con mayor crecimiento relativo de ingresos públicos.

Este aumento no responde a un gran paquete de nuevas figuras impositivas, sino a pequeñas reformas acumuladas: ampliación de bases, reordenación de tipos, además de la recuperación económica que impulsó la recaudación.

Las cotizaciones sociales: el gran diferencial

Si hay un elemento que explica el comportamiento singular de la fiscalidad española, son las cotizaciones sociales. En España representan una proporción muy elevada del total de ingresos, tanto por la aportación de las empresas como de los trabajadores.

El informe Taxing Wages de la OCDE sitúa a España entre los países con mayores cotizaciones sobre el coste laboral total. Esto tiene varias consecuencias, como la reducción del salario neto disponible, el encarecimiento en la contratación y el gran peso del empleo en la recaudación total.

En este sentido, entre 2014 y 2023, España creó millones de empleos, aunque con salarios contenidos. La creación de empleo, los sueldos moderados y las elevadas cotizaciones explican buena parte del aumento sostenido de ingresos. Lo que se traduce, a su vez, en el aumento de la presión fiscal.

La inflación como “recaudador invisible”

El IRPF ha sido otro de los motores del aumento de la presión fiscal, pero no por una subida de tipos. La clave está en que los tramos no se han deflactado completamente, pese a que la inflación desde 2021 ha sido la más alta en décadas.

El resultado es que muchos trabajadores han pasado a tributar en tramos superiores sin haber ganado poder adquisitivo real. La Agencia Tributaria muestra este efecto en sus estadísticas anuales, donde la recaudación por IRPF se incrementa mucho más que los salarios reales.

La AIReF, en sus informes de evaluación fiscal, lleva varios años advirtiendo de que este efecto empuja al alza la recaudación “sin subir los impuestos”, pero aumenta la presión fiscal sobre las rentas del trabajo.

…y el IVA

Asimismo, el IVA subió tras la crisis y nunca volvió a bajar. Entre 2010 y 2012, España elevó tipos de IVA y realizó cambios estructurales en productos que dejaron de tributar a tipos reducidos.

Aquellas subidas, planteadas como temporales, se consolidaron en la normativa. La recaudación del IVA creció con la recuperación del consumo entre 2015 y 2019, y volvió a hacerlo tras la pandemia. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran cómo el IVA es una de las figuras que más ha aumentado su peso en la recaudación total.

Esto no implica un incremento adicional de tipos, pero sí que el diseño del impuesto (amplio y con elevada base) contribuye al aumento estructural de ingresos.

Sin embargo, entre los problemas de fondo destaca la dependencia del empleo en un país que envejece a pasos agigantados. En estos momentos en los que la demografía empuja en la dirección contraria, la Comisión Europea lo refleja en su Ageing Report, o Informe de Envejecimiento, donde prevé para España un fuerte aumento del gasto en pensiones, un menor crecimiento de la población activa y presiones crecientes sobre los ingresos ligados al trabajo.

El Banco de España, en análisis estructurales de hace más de una década, ya insistía en que España necesita un sistema tributario menos dependiente de cotizaciones y más equilibrado entre figuras directas e indirectas.

En 2022, el Instituto de Estudios Fiscales entregó al Gobierno una propuesta de reforma fiscal integral que planteaba reordenar impuestos, ampliar bases, reducir beneficios fiscales y modificar el peso relativo de las cotizaciones. La reforma quedó aparcada.

El resultado es un sistema que ha aumentado su capacidad recaudatoria sin cambios estructurales, apoyándose en la inflación, el empleo y el crecimiento nominal del PIB. Por eso la presión fiscal sube más rápido aquí que en otros países.

El sistema fuerza la recaudación

De este modo, el aumento de la presión fiscal en España no es el resultado de grandes subidas impositivas, sino de una estructura que depende demasiado del empleo, de cotizaciones elevadas y de un IRPF influido por la inflación. El problema no es cuánto se recauda, sino cómo y a costa de qué sectores.

Mientras la OCDE ha aumentado su presión fiscal de forma muy moderada desde 2010, España lo ha hecho más del doble. El debate ya no es si se recauda suficiente, sino si el sistema actual puede sostenerse sin una reforma que reparta mejor las cargas y mejore la eficiencia del modelo tributario.

Spoiler: la nueva tasa de basuras no solo no cubre el coste… ¡sino que deja un agujero de 2.000 millones! Eso significa exactamente lo que dice el titular. Si los números cuadraran, la tasa tendría que subir, en algunos municipios, casi duplicarse.

Porque resulta que la gran reforma “para que quien contamina pague” ha acabado siendo, en muchos ayuntamientos, “quien paga, paga… pero no lo suficiente”.

El dato bomba que ha encendido a los inspectores

Los inspectores de Hacienda Local han sacado la calculadora y lo que les ha salido es esto:

• Coste real de la gestión de residuos en 2025: 5.325 millones.
• Ingresos previstos por la tasa: 3.488 millones.
• Cobertura real: 65,5%.

Es decir: por cada euro que cuesta recoger y tratar tu basura, la tasa solo cubre 65 céntimos. El resto va al presupuesto municipal (reconozcamos que antes iba exactamente al mismo saco). La ley exige que la tasa cubra el 100% del servicio.

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Los inspectores opinan que la ley está mal diseñada y deja demasiados flecos.

Se impone un sistema de “pago por generación de residuos,” pero no determina cómo medir lo que genera cada hogar. Los ayuntamientos improvisan ordenanzas como pueden: unos por kilos, otros por número de personas, otros por superficies…

Resultado: un infierno fiscal con más agujeros que un queso de gruyère y más piezas que un lego de los caros.

Y lo mejor: ya hay una ola de denuncias contra tasas municipales “mal hechas”. Si los tribunales tumban muchas, los ayuntamientos tendrán doble problema: perder ingresos y devolver lo cobrado.

• Los inspectores prevén un festival de recursos judiciales (como si la justicia no estuviera saturada ya).
• Conflictos entre municipios y contribuyentes.
• Diferencias interpretativas entre comunidades.
• Muchas ciudades han externalizado las revisiones fiscales a empresas privadas. Los inspectores avisan: eso puede vulnerar garantías tributarias.

El Tribunal Supremo que tendrá que poner orden… algún día. Consecuencia: la tasa podría subir (mucho). Si la exigencia legal se aplicara al pie de la letra, la mayoría de ayuntamientos tendrían que revisar la tasa al alza, en algunos casos llegando casi a duplicarla.

Es decir: el escenario más probable para 2026 es… “Tasas más caras, porque siguen siendo demasiado baratas para cubrir el coste real”.

 El problema no es una tasa de basuras

La polémica de la tasa de basuras no es solo un problema técnico de mala regulación: es otro síntoma de algo más profundo. Aún aceptando que “quien contamina paga” desde 2018, los trabajadores pagan cada año más impuestos sin que se aprueben subidas explícitas. ¿La razón? La inflación empuja los salarios nominales hacia arriba, pero los tramos del IRPF no se actualizan. El resultado es una subida de impuestos encubiertas, ya dijo Keynes que la inflación es un impuesto. Y si Hacienda recauda más por este “efecto invisible”, es normal que cada nueva tasa –como la de basuras– se convierta en un punto de fricción inmediata con los ciudadanos.

Cuando los inspectores advierten un agujero de 2.000 millones en la gestión de residuos, en el fondo están diciendo que la tasa actual está diseñada para fallar: cuesta más el servicio que lo que se ingresa. Pero lo que explota políticamente no es ese desfase técnico, sino la sensación pública de que todo sube: la cesta de la compra, las hipotecas, y también los impuestos… aunque nadie lo anuncie. El ciudadano medio no ve un estudio fiscal, ve su nómina y la factura municipal, y la conclusión es siempre la misma: pago más por lo mismo.

El problema se agrava porque la subida “silenciosa” del IRPF ha drenado poder adquisitivo año tras año. Un sueldo de 17.500 € brutos paga hoy unos 600 € más que en 2018 por pura inflación. Cuando ya estás perdiendo renta disponible por arriba, cada subida o amenaza de subida municipal por abajo se siente como una bofetada fiscal. Por eso hablar de duplicar la tasa de basuras, aunque sea técnicamente necesario para cuadrar cuentas, suena directamente a provocación para miles de hogares que ya van al límite.

En resumen: el agujero de la tasa de basuras no nace en el contenedor, sino en un sistema fiscal que ha ido cargando más peso sobre las espaldas del contribuyente sin explicarlo claramente. Mientras Hacienda siga beneficiándose de la inflación sin deflactar tramos, cualquier nuevo impuesto, incluso los justificados, va a generar rechazo social inmediato. No es solo que esté mal montada la tasa: es que llega en el peor momento posible, con un contribuyente exhausto que percibe, con razón, que lleva pagando de más desde hace siete años.

Un asalariado con 17.500 euros brutos anuales paga hoy unos 600 euros más en impuestos que en 2018, según cálculos del economista Jon González. 

Esta noticia choca frontalmente con el auge recaudatorio que se anunciaba, una vez más, por parte del Ministerio de Hacienda, así como las dudas de mejora de la economía familiar española pese a los datos macroeconómicos presentados.

Qué es la progresividad en frío

Aquí hay una clave para entender la realidad fiscal, que pasa inadvertida para buena parte de los contribuyentes: el incremento de la carga fiscal, fruto de un fenómeno conocido como progresividad en frío y la negativa del Ejecutivo a deflactar el IRPF que ya anunciaba este redactor a finales del año pasado.

El término describe lo que ocurre cuando la inflación empuja los salarios nominales hacia arriba, pero los tramos del IRPF se mantienen congelados.

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En este sentido, si bien el sueldo real disponible (el poder adquisitivo) no mejora, el trabajador salta a un tramo superior y termina pagando más impuestos por ganar lo mismo en términos reales.

Gráfico @jongonzlz, en X (enlace al tuit en el texto de la entrada).

La no deflactación es una forma silenciosa de aumentar la recaudación, al no ajustar el IRPF a la inflación, sin necesidad de aprobar nuevas subidas fiscales.

Desde 2018, España no ha deflactado de forma general los tramos del IRPF, pese a que la inflación acumulada supera el 23 %. El resultado es que millones de trabajadores pagan más al Estado simplemente por la actualización salarial ligada a convenios o al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 10.302 € a 16.576 € anuales en el mismo periodo.

La subida silenciosa

Según los cálculos de González, un trabajador con un sueldo bruto de 17.500 € paga hoy 600 € más de IRPF y cotizaciones que hace siete años, pese a que su poder adquisitivo apenas ha variado.

Asimismo, los efectos no son lineales: cuanto más se acerca el salario a los tramos medios del impuesto (entre 20.000 € y 35.000 €), mayor es el salto efectivo.

Este fenómeno explica parte del aumento de la recaudación récord por IRPF, que cerró 2024 con más de 129.400 millones de euros, el máximo de la serie histórica según la Agencia Tributaria. Además, se consiguió sin una modificación de los tipos nominales: ni el Congreso aprobó nuevas subidas ni el Gobierno anunció una gran reforma.

Cotizaciones más altas y menor renta neta

La progresividad en frío se agrava por la subida paralela de las cotizaciones sociales. Por ejemplo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) —una cotización adicional del 0,7 % sobre la base— se suma a la actualización anual del tipo general, que en 2025 se aproxima ya al 37 % del coste laboral total (contando las cotizaciones de la empresa y el trabajador).

De este modo, en la práctica, cualquier aumento salarial destinado a compensar la inflación termina repartido entre Hacienda y la Seguridad Social, y no en el bolsillo del trabajador. Así, la renta disponible real per cápita, aunque creció un 9 % entre 2018 y 2025 según la OCDE, lo hizo principalmente por el empleo y las transferencias, no por la mejora de los sueldos netos.

El resultado es una paradoja: la economía crece y el empleo resiste, pero la sensación de empobrecimiento se intensifica.

Por qué el Gobierno no lo corrige

Vista la situación, deflactar el IRPF (actualizar los tramos en función de la inflación) sería la opción lógica si el Ejecutivo busca aliviar la presión fiscal de las rentas del trabajo y mejorar el bienestar ciudadano.

Sin embargo, como no se trata de una medida obligatoria (los gobiernos rara vez lo hacen anualmente) y, además, supone renunciar a la recaudación, es poco probable que se realice. Se suma, además, que se trata de un fenómeno relativamente técnico y que gran parte de la ciudadanía desconoce.

En teoría, el Ejecutivo podría ajustar los tramos cada año mediante una simple orden ministerial, manteniendo la progresividad, pero evitando la subida encubierta. 

Fuentes del Ministerio de Hacienda alegan que los aumentos del mínimo personal y familiar o las rebajas puntuales para rentas bajas compensan en parte el efecto, aunque los analistas discrepan: “Los tramos no se han movido, y eso implica que la progresividad actúa como un impuesto automático sobre la inflación”, apunta González.

La consecuencia real

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, la progresividad en frío se convierte en un mecanismo de ajuste invisible: los salarios suben nominalmente, pero la renta neta disponible se estanca.

A largo plazo, erosiona la credibilidad del sistema fiscal y agrava la desconexión entre la percepción ciudadana y los datos macroeconómicos. Mientras tanto, el IRPF recauda más que nunca.

Sin una deflactación general de los tramos o una revisión automática vinculada al IPC, los asalariados seguirán pagando más cada año sin que nadie apruebe una subida de impuestos. En paralelo, el Gobierno saca pecho sobre el crecimiento de la economía española y el alza de las cotizaciones; por desgracia, desde bambalinas, el escenario se ve más sombrío.

Foto: Flickr

El sistema tributario español no descansa ni un solo día. Antes de que finalizara el verano, la recaudación alcanzó prácticamente los objetivos marcados para todo el año 2025.

El pasado 31 de julio, según datos de la Agencia Tributaria, ésta había ingresado 4.110 millones de euros derivados de las modificaciones fiscales aprobadas a finales de 2024, muy cerca de los 4.500 millones estimados en el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas.

La rapidez con que se ha conseguido este nivel de ingresos, es un fiel reflejo del impacto directo que han tenido las subidas fiscales en el consumo, la energía, el sector financiero y las grandes empresas.

Subidas del IVA en alimentación

Uno de los cambios más significativos fue la vuelta a los tipos habituales del IVA en productos de alimentación. Durante casi tres años, tras la invasión rusa de Ucrania y la escalada inflacionaria, se mantuvo un IVA superreducido del 4% o incluso exenciones para alimentos básicos. La medida, que alivió temporalmente la cesta de la compra, se revirtió desde el 1 de enero de 2025.

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El resultado ha sido inmediato: 1.146 millones de euros adicionales para Hacienda en solo siete meses. Para los consumidores, la vuelta a tipos más altos se tradujo en un encarecimiento perceptible de la compra semanal.

El peso de la energía en la recaudación

El segundo bloque de ingresos extraordinarios procede de los tributos vinculados a la energía. En 2023, el IVA de la electricidad se redujo al 5% para contener los precios. Posteriormente pasó al 10% en 2024 y desde enero de 2025 se sitúa en el 21%. Lo mismo ocurrió con otros suministros como gas natural, madera y pellets, que recuperaron el máximo del 21%.

El Impuesto Especial sobre la Electricidad, que había sido minimizado durante la crisis, volvió a niveles previos. Actualmente se encuentra en el 5,11%, lo que, al sumarse al IVA, eleva el tipo real al 6,1%.

Además, se reactivó el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), suspendido en 2021 de forma temporal. Con un tipo del 7%, este tributo ha vuelto a engordar la factura eléctrica de las familias, ya que aunque lo pagan las compañías, lo repercuten en los consumidores.

Hasta julio, este conjunto de medidas relacionadas con la energía aportó 1.535 millones adicionales, convirtiéndose en el bloque más rentable de la nueva política fiscal.

Tabaco y nuevos gravámenes

En 2025 también se ha producido un incremento del impuesto especial sobre las labores del tabaco, lo que se ha traducido en un aumento notable en el precio de las cajetillas. Además, se ha creado un nuevo impuesto sobre líquidos de cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.

Aunque todavía marginal en términos de recaudación, ha generado 10 millones de euros en apenas unos meses, con la expectativa de crecer conforme se expanda el consumo de estos productos.

La diversificación de impuestos demuestra cómo el Estado busca nuevas vías de financiación más allá de los tributos tradicionales.

El impuesto a la banca, polémico pero productivo

Entre los tributos más debatidos figura el impuesto sobre el margen y las comisiones de las entidades financieras, conocido popularmente como impuesto a la banca. Recuperado a finales de 2024, ha reportado 566 millones de euros hasta julio de este año.

El sector bancario, representado por la AEB y la CECA, ha recurrido esta figura ante la justicia contencioso-administrativa, alegando graves consecuencias para la financiación de familias y empresas, así como un impacto negativo en la inversión. Aun con el recurso en marcha, el impuesto sigue vigente y aporta ingresos nada desdeñables a las arcas públicas.

Cambios en el Impuesto sobre Sociedades

Otro de los puntos que ha impulsado la recaudación es la limitación en la compensación de bases imponibles negativas para grandes empresas. Desde 2024, se restableció un límite del 50% en esta deducción, medida que, según la AIReF, implica un incremento estimado de 2.650 millones de euros para las mayores corporaciones.

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España bate récords de recaudación de impuestos, pero seguimos en déficit. Las pensiones se lo están comiendo todo

Hasta julio, Hacienda había ingresado más de 300 millones por este concepto, y se espera que la cifra continúe creciendo a lo largo del ejercicio. El impacto se nota especialmente en las cuentas de las grandes empresas, que deben planificar con más cuidado sus declaraciones fiscales.

Los afectados por la DANA también pagan

Aunque no forman parte de nuevas subidas, la Agencia Tributaria también contabiliza ingresos procedentes de los pagos aplazados a los afectados por la Dana que golpeó Levante en octubre de 2024.

Como medida excepcional, se les concedió una prórroga para abonar el IRPF y otras liquidaciones tributarias. Una vez vencido el plazo en enero de 2025, estos contribuyentes tuvieron que cumplir con sus obligaciones fiscales, generando un flujo extra de ingresos.

Este caso muestra cómo los aplazamientos, aunque se presenten como ayudas temporales, terminan engrosando la recaudación cuando llega el momento de hacer efectivos los pagos.

El esfuerzo fiscal de los ciudadanos y empresas se ha traducido en un alivio inmediato para las cuentas públicas. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la sostenibilidad de un sistema basado en subidas constantes y sobre el margen que queda para aliviar la presión tributaria en un futuro cercano.

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Los datos hablan por sí solos. El sistema tributario español ha experimentado en los últimos años un crecimiento histórico récord en los niveles de recaudación.

Pese a la situación económica global, la aportación fiscal de ciudadanos y empresas se ha incrementado hasta niveles sin precedentes. Ahora bien, esta histórica tendencia alcista, aunque ha mejorado levemente la renta entre los hogares, no se ha traducido automáticamente en una mejora proporcional en la redistribución de la riqueza.

Es decir, a pesar de que la presión fiscal haya subido y el Estado disponga de más recursos, hay una brecha entre la eficacia recaudatoria y la capacidad real del sistema en corregir desigualdades.

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Tanto desde el punto de vista del diseño de los impuestos como desde el efecto de prestaciones y mercado laboral, se ha dibujado un complejo escenario en el que recaudar más no nos lleva a redistribuir del todo mejor.

Auge histórico en la recaudación tributaria

Durante 2024, nuestro país logró recaudar 281.174 millones de euros gracias a cuatro figuras tributarias: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales.

Un aumento respecto al año anterior de un 8,1 % y situando el peso de estos tributos en el 17,7 % del PIB, frente al 17,4 % registrado en 2023.

La subida se apoyó, sobre todo, en el IRPF, que acumuló el 40 % del aumento total. Le sigue el IVA, con el 29,1 %; luego el Impuesto de Sociedades con el 17,7 %; y los Impuestos Especiales, con el 6,6 %.

Si sumamos las cotizaciones sociales, la presión fiscal aumenta hasta el 30,9 % del PIB. Unas cifras que ponen sobre la mesa una consolidación del sistema recaudatorio, que logra sostener buena parte del gasto público gracias al aumento del ingreso fiscal.

Crece la recaudación sí pero también se debilita la redistribución

Pese a este aumento en ingresos, los efectos de restribución del sistema se han visto afectados. Según datos del informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestacioneselaborado por Fedea, en 2022 la intervención pública pudo reducir la desigualdad un 32,5 %, el dato más bajo desde 2017. Un retroceso que partía en un punto álgido desde 2020, cuando las medidas excepcionales por la pandemia elevaron la reducción al 38,1 %.

Ampliando la comparativa a lo largo del ciclo vital de los hogares, la capacidad redistributiva mengua más, un 25,5 %. O lo que es lo mismo: la desigualdad corregida en un año se aplaca con el tiempo lo que vislumbra limitaciones estructurales en el sistema.

El IRPF pierde fuerza como herramienta redistributiva

El IRPF siempre ha sido pilar de la progresividad fiscal en España, sin embargo su papel ha disminuido levemente. En 2021, el IRPF ayudo a bajar la desigualdad en un 4,3 %, mientras que en 2022 lo hizo en un 4,1 %.

Mientras por otro lado, la carga real del IRPF sigue subiendo. En 2024, el índice de carga tributaria sobre la renta escaló hasta los 114,4 puntos respecto a la base de 2008, y la renta neta media por hogar fue del 95,7.

Un desajuste que muestra cómo el peso del tributo ha aumentado más que la capacidad adquisitiva real de los hogares.

Los impuestos indirectos amplifican la desigualdad

Asimismo, tributos sobre el consumo, tales como el IVA o el ITP, siguen desmantelando la equidad del sistema.

Dado su carácter regresivo, las familias con menos ingresos tributan con un porcentaje de su renta significativamente mayor que los más afectados. Por ejemplo, en 2022 se acentúo la desigualdad en un 2,47 % adicional.

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Si bien en parte se contrarrestó con la medidas sobre el precio de la energía a través de acciones como rebajas fiscales, esto no fue suficiente. Los hogares más vulnerables continúan asumiendo una mayor carga relativa del gasto para su consumo básico.

El impuesto de sociedades y las limitaciones del patrimonio

En 2022, el Impuesto de Sociedades aumentó su recaudación en un 29,7 %, con un tipo medio efectivo que subió ligeramente hasta el 0,9 % sobre la renta bruta de los hogares. Sin embargo, su capacidad para reducir la desigualdad sigue siendo modesta: apenas contribuyó con una mejora del 1,01 %.

Más llamativo aún fue el comportamiento del Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo efecto fue incluso negativo. En lugar de amortiguar las diferencias de renta, contribuyó a aumentarlas de forma marginal. Este comportamiento desafía el propósito redistributivo que debería acompañar a este tipo de figuras tributarias.

Las prestaciones también reducen su efecto corrector

El otro gran canal de redistribución, el de las prestaciones monetarias, también ha perdido poder. Éstas frenaron un 23,4 % la desigualdad en 2022, por el 24,9 % que lo habían hecho en el 2021.

La media de los subsidios de desempleo, un 27,8 % menos, explica en gran parte este descenso en el impacto redistributivo. Las pensiones de jubilación, sin embargo, se mantienen como el pilar más sólido, sobre el que se sustenta un 60 % del total de la corrección de desigualdad atribuible a las transferencias públicas.

Aun así, su peso cada vez más predominante dentro el gasto social sirve para desplazar otras ayudas más centradas en la reducción directa de la pobreza.

En definitiva, el sistema público ha logrado reducir las diferencias económicas en España, pero no es suficiente. Los hogares situados en el 60 % inferior de la escala de ingresos siguen siendo beneficiarios netos de la intervención pública, mientras que el resto asume una mayor carga impositiva sin una compensación directa.

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Los datos hablan por sí solos. En las últimas décadas, la composición del gasto público en España ha cambiado de forma significativa. La proporción dedicada a pensiones y prestaciones por vejez y supervivencia no ha dejado de crecer, mientras que otras áreas clave para el desarrollo económico y social han ido perdiendo peso relativo en los presupuestos.

Esta tendencia hace evidente cómo España cada vez gasta más en los pensionistas y menos en todo lo demás. Algo que condiciona las oportunidades de progreso para el conjunto de la población activa.

Las consecuencias de este reparto desigual ya se perciben: los trabajadores soportan un aumento de las cotizaciones sociales, los precios siguen tensionando las economías familiares y servicios esenciales como el transporte, la educación o la vivienda no logran adaptarse a la demanda real.

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En lugar de impulsar nuevas inversiones para mejorar la productividad y la igualdad de oportunidades, el gasto público se concentra en mantener las prestaciones actuales.

Fuente: https://x.com/JorgeGalindo

La prioridad en las pensiones frente a otros servicios

Entre 1995 y 2023, la partida de pensiones y prestaciones ha pasado del 19,5% del gasto público al 27,4%, lo que supone un aumento de 8,2 puntos porcentuales.

Mientras tanto, áreas esenciales para la economía como infraestructuras y transporte han caído del 11,1% al 8%, una pérdida de 3,1 puntos.

También la educación (excepto la universitaria) se ha mantenido estancada en torno al 7,8%, sin reflejar avances significativos pese a su importancia estratégica.

También la inversión en educación terciaria e I+D sigue siendo reducida, con apenas un 3,2 % del gasto total en 2023. Por su parte, la partida de salud, dependencia y enfermedad ha aumentado hasta el 17,3%, reflejando las necesidades derivadas del envejecimiento demográfico, pero dejando de lado otras inversiones necesarias para desbloquear la oferta productiva del país.

Las consecuencias en los costes laborales y los salarios

Más datos. También los costes laborales asociados a las cotizaciones sociales han crecido más rápido que los salarios brutos en términos reales. Entre 2018 y 2025, los salarios apenas han subido un 0,3%, mientras que otros costes laborales —vinculados a la financiación del sistema de pensiones— han aumentado un 3,8%.

Este desfase refleja una política centrada en sostener las pensiones sin que la productividad ni la oferta crezcan al mismo ritmo. Así, los ingresos adicionales no se traducen en una mejora efectiva del bienestar de las familias, ya que los precios de bienes esenciales y servicios básicos siguen sin moderarse.

La falta de inversión en infraestructura o vivienda agrava este problema, ya que limita la capacidad de las familias para acceder a mejores condiciones.

La necesidad de una estrategia de crecimiento

Que España cada vez gasta más en los pensionistas y menos en todo lo demás pone en evidencia la necesidad de redefinir las prioridades públicas.

Más inversión en vivienda asequible, energía, redes de transporte eficientes y educación temprana puede devolver a la economía la capacidad de crecer de forma sostenible. Al mismo tiempo, estas inversiones contribuyen a repartir las oportunidades entre generaciones, garantizando un sistema más equilibrado y justo.

La pregunta clave que debería guiar las decisiones es si cada medida contribuye a aumentar la oferta y la productividad o solo redistribuye recursos entre quienes ya compiten por bienes escasos.

Mejorar las redes ferroviarias de cercanías, ampliar la capacidad educativa básica y fomentar la investigación son ejemplos de políticas que pueden desbloquear cuellos de botella económicos y sociales.

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Sin ellas, el país corre el riesgo de mantener un nivel de gasto elevado que no genera crecimiento suficiente para sostenerlo en el tiempo.

Equilibrar las cuentas pensando en el futuro

La tendencia a que España cada vez gasta más en los pensionistas, no solo plantea un problema presupuestario, sino también de sostenibilidad económica y social. Si la mayor parte del gasto sigue centrada en pensiones y atención sanitaria para los mayores, se reduce la capacidad de preparar a las nuevas generaciones para sostener ese modelo.

Esto genera una carga creciente para los trabajadores actuales y una pérdida de oportunidades de progreso colectivo.

Reorientar el gasto público no significa abandonar la protección de los mayores, sino complementar esa protección con inversiones en productividad, igualdad de oportunidades y bienestar general.

Solo así se puede garantizar que el esfuerzo público no se limite a repartir escasez, sino que ayude a crear riqueza para todos.

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¿Jugamos todos los territorios de España con las mismas reglas? La propuesta, planteada inicialmente como una solución singular para Cataluña, se presenta con la intención de respetar la igualdad territorial y reforzar el autogobierno. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que, lejos de resolver las desigualdades, esta fórmula tiende a convertir la financiación de las comunidades en una herramienta política más, en la que los votos en el Congreso terminan decidiendo quién recibe más fondos.

El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para explorar un modelo propio de financiación ha levantado críticas tanto por su opacidad como por sus posibles consecuencias para el conjunto del Estado.

Y es que, las advertencias son claras: un sistema de financiación autonómica basado en cupos, si no se diseña con plena transparencia y justicia, puede acabar distorsionando la solidaridad interterritorial y debilitando las finanzas públicas, creando desigualdades profundas entre comunidades.

El precedente del cupo vasco y la deriva política

En España ya existe un precedente: el llamado cupo vasco. Este modelo concede a Euskadi y Navarra el derecho a recaudar la práctica totalidad de sus impuestos y pagar al Estado una cantidad pactada para cubrir los servicios generales.

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Dos datos que contradicen el optimismo del Gobierno: los fijos discontinuos y los receptores del IMV

En teoría, esta cifra se calcula con criterios objetivos y equitativos. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en una moneda de cambio en las negociaciones parlamentarias para sacar adelante leyes clave, con rebajas o ajustes del cupo a cambio del apoyo de los partidos vascos.

La preocupación es que el nuevo sistema de financiación autonómica basado en cupos que se plantea para Cataluña siga un camino similar. Los primeros años podrían resultar razonablemente equilibrados, con una aportación justa al fondo de solidaridad para las regiones menos favorecidas.

Pero una vez que entran en juego los intereses políticos, las sucesivas revisiones del cupo podrían terminar dependiendo de la capacidad de presión de los partidos catalanes en el Congreso.

Una desigualdad que erosiona la cohesión

El riesgo principal de un sistema de financiación autonómica basado en cupos no es solo económico, sino también social y territorial.

Si una comunidad obtiene una financiación muy superior por habitante gracias a su capacidad de negociación, las demás regiones acabarán con menos recursos para financiar servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.

Esto no solo agrava las desigualdades entre territorios, sino que alimenta la percepción de trato injusto, lo cual erosiona la cohesión nacional.

Expertos en economía y derecho financiero coinciden durante estos días en diferentes medios de comunicación en que un sistema así, sin un marco legal claro y sin respetar los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, abre la puerta a un país a dos velocidades.

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Por un lado, las comunidades con mayor peso político o económico podrían acceder a un nivel de autogobierno financiero inalcanzable para otras.

Por otro, las regiones con menos influencia sufrirían una merma de ingresos que las obligaría a recortar servicios o endeudarse más, con el consiguiente aumento del coste de la deuda pública. Amén del aumento de la pobreza.

La ambigüedad de los acuerdos y la falta de garantías

Uno de los problemas más señalados de la propuesta actual es su falta de concreción. Tanto economistas como asociaciones profesionales denuncian la “ambigüedad calculada” del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones y ajustes arbitrarios en función de las circunstancias políticas.

Esta falta de transparencia no solo genera incertidumbre entre las demás comunidades, sino que debilita la confianza en la gestión financiera del Estado.

El secretario de los inspectores de Hacienda ha calificado el inicio de este modelo como un día “trágico” para los contribuyentes, pues supone un retroceso en el principio de igualdad ante los impuestos.

También advierte de que la eventual implantación de un sistema de financiación autonómica basado en cupos para Cataluña carece hoy por hoy de respaldo normativo y podría ser inconstitucional, al no respetar los principios de solidaridad recogidos en la Carta Magna.

Un sistema que debilita al Estado

Las consecuencias macroeconómicas de este modelo tampoco son menores. La salida de Cataluña del sistema común para gestionar sus propios impuestos dejaría un hueco importante en las arcas del Estado.

Cubrirlo implicaría un aumento del endeudamiento público a corto plazo y limitaría la capacidad de respuesta del Gobierno central ante crisis como la pandemia o desastres naturales.

Además, si otras comunidades siguieran el ejemplo catalán y exigieran su propio cupo, el sistema común de financiación autonómica quedaría seriamente amenazado.

Esta dinámica transformaría la financiación autonómica en un asunto puramente político, donde el dinero que recibe cada comunidad estaría directamente relacionado con los votos que puedan aportar sus partidos en el Congreso.

Un mecanismo que socava la igualdad de oportunidades y convierte la política fiscal en un instrumento al servicio de mayorías parlamentarias circunstanciales en lugar de un sistema justo y sostenible para todos.

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