Frente al contexto europeo, debilitado, España sigue creando empleo. Una buena noticia que no debería invisibilizar un matiz importante: que el empleo crezca no es sinónimo de que lo haga sin fricciones.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) lo deja claro. Según los datos del INE, el paro subió en 231.500 personas en el primer trimestre, hasta los 2,7 millones de desempleados, y la tasa de paro escaló hasta el 10,83 %. La ocupación, por su parte, cayó en 170.300 personas respecto al trimestre anterior. No es un cambio de ciclo, pero tampoco es un dato cómodo.

El empleo ya no avanza solo

Durante los últimos dos años, el mercado laboral español ha funcionado con una cierta inercia. Crecía el empleo incluso en un entorno de desaceleración y se ha instalado un relato sencillo, pero efectivo: España crece porque crea empleo, y crea empleo porque crece.

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Esta idea sigue activa, pero ya empieza a mostrar grietas.

Aunque el primer trimestre siempre es más flojo, por el fin de la campaña navideña, el descenso de la actividad y el ajuste laboral, este año se ha unido otro factor: la Semana Santa ha caído en abril, lo que desplaza parte de la actividad al segundo trimestre.

Ambas variables pueden haber complicado el registro, pero no permiten obviar lo que señala el think tank de CaixaBank Research: la ocupación cayó en el primer trimestre algo más de lo habitual, aunque en términos desestacionalizados siguió creciendo.

Además, el aumento del paro no se explica solo por la caída de la ocupación. La población activa creció con 61.000 personas más buscando empleo. Eso agrava la lectura: el mercado no solo destruyó puestos en el trimestre, sino que tampoco fue capaz de absorber a todos los nuevos trabajadores que entraron o volvieron a buscar empleo.

Servicios, turismo… y dependencia

El motivo es conocido. España crea empleo, en gran medida, en servicios. Turismo, hostelería, comercio. Sectores capaces de absorber mano de obra con rapidez, pero también muy ligados al consumo, al contexto y al calendario.

No es un detalle menor. El empleo turístico superó en marzo los 2,87 millones de afiliados, tras crecer un 4,2 % interanual, según los datos de Turespaña recogidos por el Ministerio de Industria y Turismo. Es una fortaleza evidente, pero también muestra hasta qué punto una parte relevante del mercado laboral sigue apoyada en motores muy sensibles al calendario.

Eso tiene ventajas: permite generar empleo en fases expansivas con relativa facilidad, pero también tiene un coste: el mercado laboral se vuelve más dependiente de factores que no siempre controla.

El dato de la EPA no apunta a una crisis laboral. El empleo sigue creciendo en términos anuales: el INE calcula 527.600 ocupados más en los últimos 12 meses. Según la Cámara de Comercio de España ahí se encuentra el matiz: el mercado laboral pierde impulso al inicio de 2026, pero evita el cambio de ciclo.

España mantiene una dinámica positiva, pero menos limpia que hace unos trimestres: el modelo funciona, pero no siempre con la misma solidez, con empleos cuya estabilidad varía, que no resisten igual los cambios de contexto y que no siempre permiten mantener el ritmo cuando la economía pierde impulso.

El límite de la inercia

La fotografía por sectores también ayuda a entender el aviso. El deterioro del empleo no ha sido uniforme. Según recogía El País con datos de la EPA, la ocupación cayó en ramas como comercio, transporte e información y comunicaciones, mientras que aguantó mejor o creció en educación, industria y sanidad.

La diferencia importa porque no todos los trabajos tiran del ciclo de la misma forma. Si el empleo resiste apoyado en sectores menos cíclicos, mientras parte del sector privado más expuesto al consumo pierde fuerza, el dato agregado puede seguir siendo positivo y, aun así, esconder una señal de desgaste.

España puede seguir creando empleo, pero no puede hacerlo indefinidamente apoyándose en las mismas variables sin asumir cierta volatilidad. La advertencia de la EPA no es que el mercado laboral se haya roto, sino que cada vez importa más mirar dónde se crea empleo, en qué sectores y con qué capacidad de resistencia. El número total sigue siendo bueno. La composición del empleo, en cambio, empieza a ser menos cómoda.

España registró en 2024 el mayor número de personas ocupadas de su historia, pero también un récord en el coste medio que supone cada trabajador: 37.525 euros anuales, según la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE. Para muchas pymes y autónomos, esta cifra no es solo un indicador más: es una frontera invisible entre poder crecer o renunciar a hacerlo.

El problema real va más allá de los costes laborales, y tiene una relación directa con un punto clave que, a menudo, pasa inadvertido: dónde estás contratando personal. ¿La razón? El mismo puesto, con las mismas funciones y un salario similar supone una diferencia de más de 14.000 € al año dependiendo de la comunidad autónoma.

El coste laboral, al alza

Según el INE, el coste laboral bruto medio en España alcanzó los 37.525 euros en 2024, lo que supone un aumento del 3,9 % respecto al año anterior. De esa cifra, el salario bruto medio fue de 27.558 euros. El resto (alrededor de 10.000 euros) corresponde a cotizaciones obligatorias, formación, prevención de riesgos laborales, bajas médicas, sustituciones y otros costes indirectos.

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Además, esta media queda distorsionada por la enorme desigualdad territorial: en Madrid, por ejemplo, el coste laboral neto supera los 44.500 euros por trabajador, mientras que en Extremaduraapenas llega a los 30.500 euros. En otras palabras, una pyme madrileña puede llegar a pagar casi un 50 % más por el mismo empleado que una extremeña.

Barreras estructurales para contratar

Las diferencias regionales no responden solo a los niveles salariales o al tipo de actividad económica. Aquí entran en juego factores como el tamaño medio de las empresas, el peso del empleo público, las políticas fiscales autonómicas e incluso la cultura de la contratación.

Para una pyme con márgenes estrechos, contratar a una persona en Madrid puede suponer un esfuerzo financiero mucho mayor que hacerlo en Castilla-La Mancha, Galicia o Aragón. En términos prácticos: con el coste de un trabajador en la capital, una empresa extremeña podría casi mantener a dos.

Extremadura ha sido, de hecho, una de las comunidades donde más creció el coste laboral en 2024: un 8,2 %, pero este dato no ha impedido que siga siendo la región con menor carga económica para el empleador. Frente a ella, el País Vasco o Madrid apenas experimentaron un aumento del 2–3 %, pero siguen encabezando el ranking nacional en coste medio por trabajador.

Esta disparidad tiene consecuencias tangibles: dificulta la cohesión territorial, desincentiva el crecimiento de pequeñas empresas en zonas con altos costes y favorece, a largo plazo, la relocalización de actividad económica hacia entornos más competitivos, algo que ya ocurre de forma silenciosa.

Estas diferencias no responden únicamente a una cuestión de voluntad empresarial, sino que están vinculadas con la estructura económica de cada territorio. A nadie pasa desapercibido que el modelo de Canarias o Baleares poco tiene que ver con el extremeño o el vasco.

En comunidades como Madrid, el País Vasco o Navarra, el coste laboral medio es más alto porque predomina la industria, los servicios avanzados y empresas de mayor tamaño, donde los salarios y las cargas sociales son estructuralmente superiores. También influye el nivel de vida y el poder adquisitivo: en regiones con mayor coste residencial, energético o de transporte, el mercado laboral tiende a ajustar al alza los sueldos.

A la inversa, en zonas con menor renta media y especialización en sectores como la agricultura, la hostelería o el pequeño comercio, los costes se mantienen más bajos. Lo que el INE sugiere con claridad es que el coste de contratar no depende solo del sector, sino también del lugar donde ese sector opera. Y eso, inevitablemente, afecta a las oportunidades de crecimiento.

Para los autónomos, difícil

Para un autónomo que quiere dar el salto de trabajar solo a tener un primer empleado, esta brecha territorial no es un matiz: es un muro. Si bien el nuevo sistema de cotización por ingresos reales ha introducido cierta flexibilidad en las cuotas propias, que se sitúan en la medida entre los 230 y 370 €/mes, sin embargo, estos trabajadores por cuenta propia (estos tramos, en concreto) quedan muy lejos de plantearse la contratación de terceros.

En parte, porque la contratación sigue atada a una cotización fija del 30 % del salario bruto del empleado, sin importar los ingresos del empleador ni su territorio. Así, mientras un autónomo medio cotiza entre 3.000 y 4.000 € anuales, contratar a un trabajador implica sumar entre 10.000 y 18.000 € más al año, solo en costes sociales y complementos.

Desigualdad territorial

De este modo, nadie discute que los salarios deban seguir creciendo, pero si se quiere que las pymes contraten más, el lugar donde esté ubicada una empresa no debería representar un castigo económico.

Algunas medidas posibles incluyen incentivos reales a la primera contratación, en especial para los autónomos, bonificaciones temporales en regiones con menor dinamismo económico o zonas rurales y compensaciones fiscales que atenúen el sobrecoste estructural en comunidades con menor renta media.

La pregunta está en el aire: ¿puede permitirse España que contratar en unos sitios sea el doble de caro que en otros?

La sobreconcentración de las grandes capitales de provincia, el coste de la vivienda y la concentración poblacional apuntan en la dirección contraria, desde luego, y un cambio en la creación de empleo podría tener mucho que decir aquí.

En conclusión, la productividad y el empleo no solo se explican por la tecnología o la innovación, sino también por todas esas estructuras invisibles que condicionan las decisiones empresariales desde el principio. Hoy, parece que la posibilidad de crecer o no como empresa depende simplemente del código postal o, por lo menos, tiene mayor relevancia de la que debería.

La nueva Ley de la Vivienda establece que durante 2022 solo se podrán subir los alquileres un 2% y durante 2023 un 3%. Y a partir de ahí habrá un nuevo índice de referencia, que será creado por el INE, para establecer futuras subidas.

Con esto el Gobierno pretende desligar los incrementos de los precios en general (el IPC) de las subidas de los alquileres. Algo bastante polémico pues afecta a contratos ya firmados, pero no entremos en ese tema. Lo cierto es que esta parte de la ley pone al INE entre la espada y la pared: pasa de ser una institución neutral que simplemente recoge y publica estadísticas a ser una institución que entra de lleno en el barro político.

El nuevo índice es un instrumento político

Que los alquileres ya firmados no suban más que la inflación es una decisión política. Así lo hemos visto reflejado en varios decretos previos a esta ley de la vivienda. El Gobierno actual no quería y no quiere que los altos datos de inflación se propaguen al ya complicado mercado de la vivienda.

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Por tanto, y si no se deja libertad a los propietarios para actualizar sus rentas, es el Gobierno quien debe establecer el incremento máximo año a año, tal y como ha hecho la propia ley para 2022 y 2023. Así el Gobierno podrá ir estableciendo los incrementos para intentar frenar el descontrol de precios sin que esto se convierta de nuevo en un desierto de alquiler como si volviéramos a los años 60 y los contratos de renta antigua.

El INE no está para estas cosas

El problema es que el Gobierno se descarga de su responsabilidad y que le estén señalando continuamente tanto propietarios como inquilinos en cada decisión que tome. Y decide, por tanto, cederle el testigo a una institución neutral, pero que acabará politizada por este motivo.

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¿Qué índice debe crear el INE? ¿Cuál debe ser su objetivo? ¿Recoger el incremento de precio del mercado de la vivienda y por tanto ser superior al IPC? ¿O contener las subidas de precios? ¿Qué usará, por tanto, para referenciar este nuevo índice? Es una pura decisión política. Y el INE no está para eso.

El índice lo tendrá que crear el Gobierno y el INE se puede encargar de su cálculo. Pero lo que se ha explicado es que será el INE quien cree el índice y cuando lleguen las críticas todo el mundo se lavará las manos.

La costumbre del Gobierno de distanciarse de las decisiones polémicas

El principal problema de todo esto es que el Gobierno últimamente tiene la costumbre de quitarse de en medio al tomar decisiones polémicas, y le cede el testigo a algún comité de expertos o similar para luego presentarse ante la sociedad diciendo "eh, no he sido yo".

Esto se ha visto en múltiples ocasiones con la crisis del covid-19, donde por ejemplo en la desescalada se mencionó un comité de expertos cuando se intentó fiscalizar al Gobierno (comité que, por cierto, no existía).

Y esto es grave para la democracia. Los Gobernantes tienen que tomar decisiones y los ciudadanos valorar dicha gestión. Pero con esta costumbre de justificar que esto o aquello lo ha hecho un grupo independiente o viene impuesto de Europa (otra excusa muy usada) es un menoscabo a la labor de control por parte de los ciudadanos.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha vivido una época convulsa en su última etapa. Así, en 2021 y 2022 recibió duras críticas por no incluir entre sus datos la evolución de los precios de gas y electricidad de mercado libre y que si pagaban los ciudadanos, y únicamente hacer registro de lo que correspondía al mercado regulado.

Ante esto, el INE siempre aseguró que su intención era de incluirlo pero alegaba a que no contaba con los datos necesarios para ello. Ahora, un año después, el organismo Nacional de Estadísticas pone en marcha un cambio radical en la medición de la evolución de electricidad y gas. Con ello pretende calcular la inflación de ambos productos y ajustar mejor los datos al consumo real de los consumidores.

La evolución en el INE

Estos cambios ejecutados por el INE estaban previstos para principios del 2022, cuando se registraron cambios en la cesta de la compra y afectaba a la evolución de los precios de los ciudadanos. Sin embargo, es ahora cuando al fin ha visto la luz el nuevo plan y han sido incorporados por primera vez en el IPC de este mes.

Para realizar el registro, el INE reclamaba la información sobre el precio de cada tipo de contrato individual y el número de contratos de cada tipo. Las negociaciones con las compañías eléctricas han ralentizado el proceso y es ahora cuando están recibiendo los datos necesarios.

El IPC como herramienta

Desde enero el organismo de estadísticas nacional ha comenzado a aplicar un cambio en la base cálculo del índice de precios de consumo (IPC) para así dejar de medir únicamente la evolución de las tarifas reguladas de electricidad y gas, e incluir también las de mercado libre.

El IPC es una herramienta muy empleada por el gobierno, y es que gracias a su cálculo se puede medir la evolución de los precios y servicios adquiridos regularmente por los consumidores. De esta forma, es posible detectar si los productos que adquirimos en nuestro día a día han subido o no respecto a los datos del año anterior.

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¿Cómo se calcula el IPC?

Para poder calcularlo son necesarios dos elementos, los datos de consumo que una familia tiene de bienes y servicios necesarios, conocidos como la cesta de la compra, del año anterior y del año en vigor.

El INE trabaja con dos elementos, por un lado la visita a 29.000 establecimientos aproximadamente, y por otro con una cesta de 479 productos que representa el consumo de los hogares españoles. Estos productos se dividen a su vez en 12 grupos a los que da mayor o menor importancia según el porcentaje de renta que se destine a su compra.

Los precios son recogidos en 177 municipios, entre los que están las 52 capitales de provincia y 125 municipios no capitales de los que 31 tienen menos de 50.000 habitantes. En 97 de estos municipios se recogen precios de la cesta al completo, en 44 de productos de alimentación y en 36 la mitad de los artículos de la cesta.

Obtenidos todos los datos, para su cálculo el INE emplea una fórmula matemática conocida como Laspeyres encadenado. Dicha fórmula consiste en multiplicar los nuevos precios por las cantidades consumidas del presente año, la misma cuenta pero con los datos del año anterior, y ambos resultados dividirlos entre ellos.

Evolución del IPC y sus consecuencias

Si analizamos los datos ofrecidos por el INE y observamos los últimos 10 años del IPC en España, vemos como la tasa de variación anual se mantenía a nivel hasta 2016 (0,3% en 2013, -1% en 2014, 0% en 2015 y 1,6% en 2016) y como desde ese momento la escalada ha sido patente, llegando al 1,1% en 2017 y 1,2% en 2018. Tras un leve receso en 2020 (-0,5%), a partir de 2021 la subida ha sido muy evidente situándose en cifras del 6,5% en 2021 y de 5,7% en 2022.

Las consecuencias de los datos ofrecidos son muy patentes para los consumidores. Se producen pérdidas del poder adquisitivo, y es que si los precios aumentan pero los salarios no, podremos acceder a menos bienes y servicios. Igualmente se devalúan los ahorros al no generar intereses, con la subida de los tipos de interés las hipotecas aumentarán, menos oportunidades laborales ya que las empresas deben reducir costes ante la subida de la inflación y también disminuirá la adquisición de productos no esenciales. En definitiva, menos ingresos, más gastos y menos poder adquisitivo.

Como se presenta el 2023

La evolución del 2023 está en manos del precio del gas, aunque si la tendencia actual se mantiene, la inflación será más elevada de lo previsto. Los datos de ahora no son comparables con los registrados anteriormente, por lo que los economistas advierten que no se pueden comparar, lo que producirá una distorsión.

Ante tal incompatibilidad, los investigadores piden al INE que divulguen también los datos de cómo quedaría la inflación si no se hubieran hecho cambios, para así poder seguir realizando la comparativa y calcular la inflación en un valor real.

Por su parte, desde el INE defienden que el cambio metodológico ha sido respaldado por la agencia de estadísticas comunitaria Eurostat. Admiten haber sopesado si el cambio era de suficiente importancia como para ofrecer estos datos por partida doble, y descartan publicar el dato que se habría obtenido antes del cambio de metodología.

En 30 de junio el INE daba el dato adelantado del segundo trimestre de 2021: el PIB había crecido en dicho trimestre un 2,8%, una cifra bastante interesante. Todavía no recuperábamos el nivel prepandemia pero el camino era claro. Sin embargo hoy, al dar el INE el dato definitivo, sitúa el crecimiento en el 1,1%, una cifra mucho peor.

Normalmente los datos adelantados del INE suelen coincidir bastante con los definitivos y las correcciones son menores, una décima a lo sumo. Pero en esta ocasión el descalabro ha sido mayúsculo y nos sitúa en mucha peor situación de lo esperado. ¿Qué ha pasado?

Las estimaciones del INE

El problema es que las estimaciones adelantadas que proporciona el INE se hacen con datos incompletos o incluso estimados. Según la propia nota del dato definitivo el INE hay tres factores que explican el error:

• El primero es que los datos con los que INE elabora este indicador adelantado son únicamente los de los dos primeros meses del trimestre (abril y mayo).
• El segundo, es que, para compensar la falta de datos definitivos de junio se usan datos adelantados o estimaciones de los mismos.
• Y el problema estaba con estas estimaciones adelantadas de los datos de junio, que eran de mala calidad. Concretamente la información de venta de grandes empresas y PYMES societarias, que revisó sus indicadores adelantados también a la baja.

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El INE está siguiendo una buena metodología, no hay más que ver la gran calidad de los datos adelantados en una situación normal. Pero desde que surgió la pandemia del Covid-19 hacer estimaciones se está haciendo complicado. La situación cambia cada mes y las tendencias no son firmes.

El INE no es el único que tiene problema con las estimaciones

El problema no es exclusivo del INE. El año pasado la AIREF tuvo que parar su predictor del PIB, un indicador adelantado del crecimiento en tiempo real, según avanza el trimestre, ya que daba datos muy malos pues se tarda un tiempo en recoger el hundimiento brusco de la economía. (Por cierto, el indicador adelantado del PIB del segundo trimestre por parte de la AIREF fue mejor que el del INE, indicó un 1,6% de crecimiento para el segundo trimestre y fue dado un día antes que el del INE, el 29 de julio)

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Y aunque ahora no hay hundimientos sí que estamos en una montaña rusa: cuando sube la incidencia del Covid-19 hay confinamientos (forzosos y no forzosos, por miedo) y menos actividad económica, que repunta rápidamente cuando bajan los casos.

Por tanto conviene mientras dure la situación no tomar con fiabilidad los datos adelantados igual que en su día recomendamos no hacer mucho caso a las previsiones. No es el mejor momento para hacer previsiones.

El coronavirus ha trastocado toda nuestra vida y de esto no se podía escapar la manera que estamos comprando durante muchos meses, concretamente desde la segunda mitad de marzo del año pasado.

Tal ha sido el efecto que ha causado en la economía española que algunas de las magnitudes que se estaban utilizando ya no sirve y, desde luego, no se ha podido librar el Índice de Precios de Consumo (IPC).

El coronavirus ha provocado cambios de consumo entre los españoles

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es un indicador que mide la variación de los precios de la cesta de la compra de las familias, dentro de esta cesta de la compra se identifican los bienes y servicios en un momento determinado del tiempo.

El IPC ha sido un indicador más o menos real de la variación de lo que cuesta una cesta de la compra en un hogar español, ya que mide la evolución de la inflación, es decir, la subida de precios de los bienes y servicios, y si se pierde o gana poder adquisitivo una familia.

Los cambios que se han dado desde marzo del año pasado por los cambios de consumo por los diferentes confinamientos que hemos sufrido para para las diferentes olas de contagios, han hecho mella en la eficacia del IPC y el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha decido hacer cambios para adecuarla mejor a lo que consume ahora los hogares.

El IPC se debe adaptar a la cesta de la compra de la pandemia del coronavirus

Igualmente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada año realiza un proceso de revisión de los productos y bienes que tiene dentro de sus cálculos de la cesta de la compra a fin de adaptarse a las preferencias de los hogares y ofrecer un indicador más ajustado a la realidad.

Estos cambios se realizan según la Encuesta de Presupuestos Familiares que se realiza por el INE y la última es de 2018, por tanto, no tiene que ver mucho lo que se ha consumido el 2020 con lo que se consumió el 2018.

El IPC se calcula a partir de 479 artículos, agrupados por subclases, que finalmente se agregan para obtener el índice final, es decir, el IPC general. Aunque la gran parte de los artículos se podrían comprar durante el confinamiento, existe una pequeña parte de esto artículos no han estado disponibles durante las restricciones por el coronavirus como son los servicios de restauración, hostelería, eventos deportivos, etc.

Durante el año pasado el INE ya ha tenido en cuenta dos indicadores diferenciados para poder conocer la evolución de los precios de un grupo de productos consumidos durante el confinamiento. Estos indicadores son los Bienes Covid-19 y Servicios Covid-19, para poder analizar si los productos no afectados por la pandemia del coronavirus se han vuelto más caros.

Eurostat insta al INE ha realizar el cambio del calculo de los hábitos de la cesta de la compra en España

Aunque estos dos indicadores diferenciados ofrecían una mejor información sobre la evolución de los precios, el INE piensa que se tiene que evolucionar durante este año, ya que el Eurostat lo ha solicitado.

El Eurostat ha pedido a los países de la Unión Europea que revise las ponderaciones que estaban utilizando para adaptarse mejor a los nuevos condicionantes del coronavirus desde el mes de enero de este año.

El INE está estructurando un nuevo diseño del IPC en España con una metodología de análisis más adaptada a los hábitos de consumo de los españoles en tiempos de pandemia.

Quieren tener una lista de productos la primera quincena de febrero a fin de hacer la publicación de los datos de los hábitos de consumo para el mes de enero de este año y así realizar una medición más realista.

El calculo del IPC debe bajar el peso del transporte y el ocio por las restricciones

El INE en el cálculo del IPC del año pasado día mayor importancia al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, dando un peso del casi 20 por ciento de la cesta de la compra, pero el transporte lo estableció como el segundo gasto más importante, dando un peso del casi 15 por ciento, que ahora mismo no tiene tanta importancia.

Claramente, los gastos de restauración no es un coste demasiado importante con las restricciones por el coronavirus, y el año pasado se le dio un peso de un poco más del 12 por ciento, o también el ocio y la cultura, con un peso del 8,5 por ciento. Por otra parte, los gastos en medicina, con un peso del 4 por ciento al año pasado, deben ganar más importancia en la cesta de la compra.

El INE va a analizar los grupos de bienes y servicios más afectado para establecer la nueva cesta de la compra, y teniendo en cuenta estos datos se parecerá bastante a los hábitos de consumo que se han realizado durante el 2020.

En la nueva cesta de la compra va a subir el peso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, también peso de las bebidas alcohólicas, el gasto en medicinas, por otra parte, debe bajar el peso del gasto del transporte y el peso del gasto de restauración y el ocio.

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Imagen | Flickr

El coste laboral es el coste que asumen las empresas al contratar trabajadores. Incluye tanto el salario, como las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, las percepciones no salariales o las subvenciones y bonificaciones. Analizarlos es fundamental para entender cómo evolucionan los salarios.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al segundo trimestre de 2019 y la conclusión a la que nos lleva parece inequívoca: los salarios van para arriba.

Coste laboral y coste salarial en España

Los costes laborales aumentaron al mayor ritmo de los últimos diez años durante los meses de abril a junio de este año. En concreto, el coste laboral de las empresas se situó en 2.664,55 euros mensuales, con un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo de 2018. Mientras tanto, el coste salarial mensual por trabajador aumentó un 2,1% y alcanza los 1.992,18 euros de media.

Explicación para los menos avanzados en la materia: de los 2.664,55 euros de media que cada trabajador cuesta a una empresa en España, 1.992,18 euros corresponden a salario bruto, mientras que el resto va a cotizaciones sociales (618,87 euros) y a indemnizaciones, prestaciones sociales... (53,5 euros).

El incremento del 2,1% del coste salarial supone un aumento medio mensual en los salarios de 40,37 euros (pasamos de 1.951,81 a 1.992,18 euros por trabajador y mes).

Grandes diferencias por sectores y comunidades

Si analizamos los costes laborales por sectores económicos comprobamos como la disparidad es máxima. El sector de los suministros de energía, el de las actividades financieras y de seguros, el de las industrias extractivas y el de información y comunicaciones son los que tienen los mayores costes laborales, con importantes variaciones anuales.

Por el contrario, en hostelería, otros servicios, actividades administrativas, actividades artísticas, comercio o educación, los costes laborales por trabajador y mes son significativamente menores. A destacar que en hostelería y otros servicios los costes laborales y salariales han caído.

Estos datos tan dispares se repiten si los analizamos comunidad autónoma por comunidad autónoma. Desafortunadamente, el concepto de "las dos Españas" se vuelve a manifestar en términos de salarios. Dentro mapa:

Como vemos, Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra y Asturias siguen siendo las regiones con los costes laborales más elevados de España, mientras que Extremadura, Canarias, Murcia y Andalucía se sitúan en el vagón de cola.

En Madrid y País Vasco, por ejemplo, el coste laboral supera en más de 350 euros la media nacional, mientras que en Extremadura o Canarias este coste es inferior a la media exactamente en la misma cantidad. El contraste es máximo.

Tiempo de trabajo en España

Según esta encuesta, durante el segundo trimestre del año la duración media de la jornada semanal en España fue de 34,2 horas (0,1 horas menos que hace justo un año), considerando tanto las jornadas que son a tiempo completo como las que son a tiempo parcial. Además, cada semana se pierden de media 4,4 horas (la mayoría, 2,7, por vacaciones y festivos).

Un dato significativo, aunque no extraño, es que de media, los trabajadores a jornada completa cobran por cada hora de trabajo 5,05 euros más que los que son a tiempo parcial (16,02 euros la hora, frente a 10,97 euros). En la misma encuesta del año pasado esta diferencia era un poco mayor, de 5,12 euros/hora.

Por otra parte, los trabajadores a tiempo completo casi duplican las horas de trabajo efectivo realizadas por los empleados a tiempo parcial (33,9 horas semanales frente a 18,1).

Entonces, ¿crecen los salarios?

Según los datos analizados, sí. La recuperación de la economía española se ha trasladado a los sueldos, que ganan fuerza y van mejorando. Este tirón de los salarios no se veía desde finales de 2013, lo cual es bastante significativo.

En estos incrementos salariales influye, por una parte, la subida del 22% del salario mínimo interprofesional (SMI) del pasado mes de enero; y por otra, la mejora de los convenios a la que se comprometieron los empresarios en el pasado acuerdo estatal de negociación colectiva 2018-2020 (prometieron subidas en torno al 2%).

Pero no descorchemos aún las botellas de champagne. A pesar de estos datos positivos, aún queda mucho por hacer. En España los salarios siguen siendo muy bajos en comparación con la media de los países de nuestro entorno y una nueva crisis económica podría agravar aún más si cabe esta diferencia.

Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la “Encuesta Anual de Estructura Salarial” correspondiente al año 2016. Esta es una de las estadísticas más importantes que existen para conocer cómo evoluciona la remuneración de los trabajadores en España y hacer comparaciones con el resto de países de la UE.

En 2016 el salario medio anual por trabajador se situó en 23.156,34, lo que supone un incremento de apenas el 0,2% respecto al año anterior. Sin embargo, la información que nos aporta esta cifra es poco relevante porque la distribución salarial en España es bastante desigual y la mayor parte de los trabajadores se concentran en los valores más bajos.

A tenor de esta distribución, el salario mediano, que es el que divide en dos a la población, fue de 19.432,62 euros brutos anuales. Mientras tanto, el salario modal, que es el que más veces se repite, fue de 16.497,40 euros. A la hora de interpretar los datos, estos son mucho más justos y representativos.

Curiosamente, ambos han bajado ligeramente respecto al año anterior. En concreto, un 0,17% el salario mediano y un 0,006% el modal. Esto nos hace pensar que la brecha entre sueldos altos y sueldos bajos se ha hecho ligeramente mayor en 2016. No es una buena noticia y pone de manifiesto que en materia de salarios Rajoy se ha marchado con los deberes sin hacer.

Salarios por sexos

La diferencia de salarios entre hombres y mujeres es evidente según la estadística. La ganancia media anual de los hombres fue de 25.924,43 euros, mientras que en el caso de los mujeres fue de 20.131,41 euros. A nivel comparativo, el sueldo de las mujeres supuso el 77,7% del de los hombres.

Sin embargo, esta diferencia se reduce si se consideran puestos de trabajo similares (misma ocupación, tipo de contrato, tipo de jornada…), por lo que se puede hablar de brecha salarial pero no discriminación de salario por género. En este artículo podéis profundizar sobre el tema.

Salarios por actividad económica y por ocupación

Las actividades económicas con salarios más elevados en 2016 fueron “Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (con 50.992,09 euros de media por trabajador) y “Actividades financieras y de seguros” (con 42.684,65 euros).

En el lado contrario de la balanza, como venía siendo habitual de años anteriores, los sueldos más bajos se dieron en “Hostelería” (14.125,34 euros) y “Otros servicios” (15.782,15 euros). Tampoco salen nada bien parados en la estadística los empleados de “Actividades administrativas” (16.139,11 euros).

Por ocupación, el grupo de “Directores y gerentes”, con un sueldo medio anual de 50.530,80 euros, es con diferencia el mejor retribuido. El salario de este grupo fue un 118,2% superior a la media. A continuación se sitúa el grupo de “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, con un sueldo de 37.049,91 euros.

Por el contrario, los grupos que percibieron los salarios más bajos fueron los de “Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)”, “Trabajadores de los servicios de restauración y comercio” y “Trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas”.

Salarios por tipo de contrato

Los trabajadores con contrato indefinido cobraron en 2016 un 32,4% más que los que tenían un contrato de duración determinada. En concreto, el salario medio de los primeros fue de 24.516,42 euros, frente a los 16.567,85 euros del segundo grupo.

Como vemos, la diferencia es bastante significativa. Por otra parte, el salario anual de los empleados con contrato indefinido disminuyó un 0,2% respecto al año anterior. Sin embargo, aumentó un 0,9% en los de duración determinada.

Salarios por edad

Como es de esperar los trabajadores con mayor edad tienen sueldos más elevados que los trabajadores más jóvenes, debido a factores como la antigüedad y la experiencia en el puesto de trabajo. Como dato curioso, todos los intervalos por debajo de 40 años tuvieron salarios medios por debajo de la media, así como los mayores de 65. Solo los intervalos entre 40 y 65 años tuvieron salarios por encima de dicha media.

De esta forma, los sueldos anuales más elevados se dieron en el intervalo de edad que va de los 55 a los 59 años (27.282,41 euros). Mientras tanto, los menores de 20 años, con un sueldo anual de 7.182,53 euros, y los trabajadores comprendidos entre 20 y 24 años, con un sueldo de 11.316,30 euros, fueron los que menos cobraron en 2016.

Salarios por Comunidad Autónoma

Las diferencias salariales por Comunidad Autónoma fueron bastante notables en 2016. Los sueldos más elevados correspondieron a País Vasco (27.480,71 euros anuales por trabajador), Comunidad de Madrid (26.330,14 euros), Navarra (25.468,38 euros) y Cataluña (24.454,64 euros). La ganancia media de estas cuatro comunidades se situó por encima de la media.

Mientras tanto, los salarios más bajos se dieron en Extremadura (19.475,20 euros), Canarias (19.749,03 euros) y Castilla-La Mancha (20.825,87). Además, en Andalucía, Canarias y Extremadura se produjeron las disminuciones salariales más notable.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el informe "Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa (EPA)" correspondiente al año 2016. Su lectura es muy interesante y nos permite hacer una radiografía sobre cómo fueron los sueldos en España el pasado año.

La conclusión más significativa de la estadística es que a pesar de la recuperación económica global, el salario medio mensual en bruto fue de 1.878,1 euros en el año 2016, un 0,8% menor que en 2015. Este salario mensual se calcula dividiendo por doce el total salarial percibido en el año, con lo que se prorratean los pagos salariales que no tienen periodicidad mensual (entre otros, las pagas extraordinarias).

Por deciles, el 40% de los asalariados ganó entre 1.229,3 y 2.137.5 euros en 2016, de media. Un 30% ganó más de 2.137,5 euros al mes y el otro 30% menos de 1.229,3 euros. De esta forma, 6.112.944 asalariados se encontraban en el primer grupo, 4.584.708 en el segundo y la misma cifra en el tercero.

Es la estadística, estúpido

Todo esto, por supuesto, son sueldos medios. Quizás muchos personas leen esta información en prensa y piensan: si el sueldo medio está en casi 1.900 euros brutos, ¿por qué yo gano poco más de 1.000 euros? El problema es que se utiliza la media aritmética como variable estadística de cálculo.

Como ya hemos explicado en el pasado, la media aritmética vendría a decirnos que si una persona gana 2.000 euros y otra gana sólo uno, de media ganan 1.000,5 euros cada uno, lo cual es un gran error. A la hora de interpretar los datos es mucho más acertado hablar de salario mediano (el que se encuentra justo en el centro de la distribución) que de media.

En este caso, el salario mediano de los españoles es de sólo 1.594,5 euros brutos al mes, con una disminución de 2,3 euros respecto al año anterior. Aplicadle las retenciones correspondientes de Hacienda y nos queda un sueldo neto en torno a los 1.100 euros mensuales, mucho más acorde a la realidad laboral española.

Salarios según sexo

Mucho se habla en España sobre si hay o no brecha salarial por sexo. Atendiendo a los datos del INE, el salario medio de las mujeres en 2016 fue de 1.661,0 euros al mes, mientras que el de los varones alcanzó los 2.075,7 euros. La diferencia es significativa.

Además, la concentración relativa en salarios altos es mayor también en los hombres. Así, el 34,6% de los varones ingresaron más de 2.137,5 euros en 2016, frente al 24,9% de las mujeres. En los salarios bajos ocurrió al contrario: el 40,3% de las mujeres tuvo un salario inferior a 1.229,3 euros, frente al 20,7% de los hombres.

Una de las principales razones que esgrime el INE para justificar estas desigualdades es que las mujeres trabajan en mayor proporción que los hombres a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramos de actividad menos remuneradas. En este sentido, os recomiendo este artículo de Alejandro en el que explica que en España no hay discriminación de salario por género, sino que el problema es otro.

Salarios según edad

Por edades, como cabe esperar, los trabajadores más jóvenes son los que menos cobran, mientras que los que acumulan más años de antigüedad y de experiencia en la empresa son los mejor remunerados. Ser joven y tener un contrato a tiempo parcial y temporal es sinónimo de sueldo muy bajo.

El 71,2% de los asalariados menores de 25 años ganó menos de 1.229,3 euros brutos mensuales en 2016. El porcentaje de los que tuvieron un salario mayor que 2.137,5 euros fue de solo 3,8%. Mientras tanto, entre los asalariados de 55 y más años, un 21,4% se encontraba en el tramo bajo del salario mensual (menos de 1.229,3 euros), mientras que un 42,2% estaba en el tramo superior (más de 2.137,5 euros).

De promedio, los jóvenes menores de 25 años percibieron un salario medio el pasado año de 1.029,3 euros mensuales. Este salario se incrementa con la edad de forma bastante significativa, hasta los 2.228,1 euros de los asalariados de 55 y más años. La diferencia es bastante notable.

Salarios según nivel de formación

El nivel de formación condiciona notablemente los sueldos en nuestro país. El salario medio que ganaron los asalariados que como máximo tenían educación primaria fue de 1.383,7 euros brutos mensuales. Mientras tanto, los que tenían sueldos superiores llegaron a ganar de media 2.380,4 euros. Si eres adolescente y lees esto, ya sabes: hazle caso a tus padres y estudia.

Desgranando los datos por deciles, el INE señala que el 41,2% de las personas con nivel de estudios bajo (máximo enseñanza obligatoria) tuvo un sueldo menor a 1.229,3 euros en 2016. En el caso de las personas con educación secundaria obligatoria o equivalente, el porcentaje con salarios bajos fue del 35,2%, mientras que en aquellas con estudios superiores el porcentaje alcanzó el 19,0%.

El 49,3% de los asalariados con titulación superior ganó más de 2.137,5 euros al mes. Mientras tanto, el 19,9% de los que tenían estudios medios y el 10,7% con nivel de estudios bajos superó ese nivel salarial.

Salarios según tipo de contrato

Como no podía ser de otra manera, los trabajadores con contrato temporal están peor remunerados que los que tienen un contrato indefinido. En concreto, los asalariados con contrato indefinido percibieron un salario medio bruto mensual de 2.079,8 euros en 2016, mientras que los que tenían contrato temporal solo ganaron 1.312,4 euros.

La estadística señala que el 50,9% de los asalariados con contrato temporal percibió un salario inferior a 1.229,3 euros en 2016, frente al 22,6% de los asalariados indefinidos. Por su parte, el porcentaje de asalariados con contrato indefinido que recibió salarios superiores a 2.137,5 euros fue del 36,6%, frente al 11,3% de los asalariados temporales.

Salarios según la rama de actividad

Como vemos en la imagen, las diferencias salariales según la rama de actividad en la que nos encontremos son brutales. Los empleos peor remunerados en 2016 fueron los que se encontraban en las ramas de Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (823,2 euros), Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1.159,5 euros) y la Hostelería (1.172,1 euros).

Mientras tanto, los sueldos más altos se dieron en Actividades financieras y de seguros (3.126,8 euros), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (3.070,1 euros) y en el sector de Información y Comunicaciones (2.655,7 euros).

Salarios según Comunidad Autónoma

Dime dónde trabajas y te diré cuanto cobras. Las diferencias de salarios también son muy significativas en nuestro país en función de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos, llámenlo brecha norte-sur si desean.

Los mayores sueldos medios se cobraron en País Vasco (2.235,2 euros), Madrid (2.165,8 euros, 100 euros menos que hace un año) y Navarra (2.085,2 euros). Como nota anecdótica, respecto a 2015, este año País Vasco ha desbancado a Madrid de la primera plaza. En el lado contrario de la balanza, los menores salarios medios se observaron en Extremadura (1.613,0 euros), Región de Murcia (1.627,9 euros) y Canarias (1.631,8 euros).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) adelantado correspondiente al mes de enero de 2017. Según este la inflación se dispara hasta el 3% en el primer mes del año, más de un punto por encima de la registrada en diciembre. Los valores del IPC publicados hoy están a niveles de octubre de 2012, cuando la subida fue del 3,5%. Os lo dijimos: la inflación ya está aquí.

Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento bastante significativo: de 1,4 puntos en su tasa anual, ya que en el mes de diciembre esta variación fue del 1,6%.

Los precios se han desbocado a comienzos del año debido sobre todo a la fuerte subida de los precios de la electricidad, que este mes se han disparado. El encarecimiento de los carburantes (gasoil y gasolina), también ha influido considerablemente en la subida de precios, según el INE.

Desde el INE señalan que la fuerte subida de este indicador se justifica en la "subida de los precios de la electricidad y los carburantes frente a la bajada que experimentaron el año pasado". Vamos, que no sólo es que hayan subido de precio este año, sino que el año pasado por estas mismas fechas los precios de los mismos caían. En concreto, la luz caía un 13% en enero de 2016, mientras que los combustibles lo hacían alrededor del 20%.

Con todo, habrá que esperar a mediados de febrero a que el INE publique el IPC final de enero para conocer en qué porcentaje exacto electricidad y combustible han contribuido a que los precios se disparen, ya que con el dato adelantado de hoy no se especifica el incremento de cada una de las rúbricas que componen el indicador.

Por su parte, el indicador adelantado del IPCA, que es el que se elabora para poder hacer comparaciones con el resto de países de la UE, experimentó una variación anual en enero en el 3%. Si este dato se confirma, la tasa anual del IPCA aumentaría más de un punto y medio respecto al mes anterior.

La economía española pierde competitividad

Suponemos que los grandes defensores de la inflación como motor del crecimiento económico están de enhorabuena con la información publicada hoy por el INE. Nosotros pensamos todo lo contrario: los precios se han desbocado más de lo previsto y la inflación española ya se sitúa por encima del objetivo del 2% del BCE y también por encima de la europea (1,8%), por lo que la perdida de competitividad de nuestra economía es un hecho, sobre todo vía exportaciones. Además, si el incremento de precios se traslada a los salarios esta pérdida de competitividad sería aún mayor.

Tan grave es la situación que el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha alertado en una reciente declaración ante la prensa de una posible subida de tipos por parte del BCE. Además, ha señalado que ya se ultima el Decreto de Desindexación del IPC, con el objetivo de que el repunte de la inflación no dañe la competitividad de la economía española. Llevamos oyendo hablar de esta desindexación desde que De Guindos llegó al ministerio pero ahora más que nunca se convierte en un tema de máxima prioridad para evitar que la economía española pierda competitiva.

Asalariados, pensionistas y funcionarios los principales perjudicados

Son ya diez meses consecutivos de aumentos de precios en España, desde abril del año pasado; y cinco meses seguidos en valores positivos: 0,2% en Septiembre, 0,7% en Octubre, 0,7% en Noviembre, 1,6% en Diciembre y 3% en enero. Además de que nuestra economía pierde competitividad, asalariados, pensionistas y funcionarios son algunos de los grupos perjudicados por la inflación. Las consecuencias de esta no se quedan sólo ahí, sino que también provoca malestar social por la pérdida de poder adquisitivo.

Además de esto, la inflación se traduce en:

• Perjuicios para los prestamistas.
• Riesgo de sustitución de mano de obra por capital.
• Pérdida de confianza en la economía.
• Las personas con rentas más bajas son las más perjudicadas por las subidas de precios
• Puede ocasionar inflación autonstruida, es decir, las expectativas futuras hace que los agentes trasladen el aumento de precios hacia delante en el tiempo y ello provoque aún más inflación.

¿En serio queremos esto? Nosotros ya lo hemos repetido por pasiva y por activa: la inflación es mala para la economía.

Cambio de base del IPC

Según informa el INE, el próximo día 15 de febrero se publicará el primer Índice de Precios de Consumo en base 2016. Con la implantación de la nueva base se pretende mejorar la representatividad de este indicador mediante cambios en la composición de la cesta de la compra y la actualización de la estructura de ponderaciones.

Como ya sabrán, las críticas al cálculo del IPC siempre han estado presentes, debido sobre todo a que la denominada cesta de la compra está compuesta por productos fijos y no tiene en cuenta que los consumidores cambian de productos cuando sus precios suben demasiado.

Por otra parte, tampoco incorpora los nuevos bienes que van apareciendo en el consumo de las familias hasta que se hace una actualización de la cesta de la compra, lo cual solo ocurre cada cierto número de años. Además, tampoco recoge los cambios en las calidades de los productos que se producen ni la economía sumergida.

Imagen | FutUndBeidl

En El Blog Salmón | La inflación ya está aquí, una mala noticia