A través de su experiencia directa en el sector servicios, detalla cómo el tipo de cambio y la presión fiscal local impactan en el poder adquisitivo real. Su testimonio sirve de advertencia frente a los cálculos rápidos que circulan en internet sobre el empleo en el norte de Europa.

Trabajar en el norte de Europa se ha convertido en el espejo donde se miran muchos profesionales españoles que buscan estabilidad, sueldos elevados y jornadas laborales equilibradas. Sin embargo, la brecha entre la narrativa digital y la contabilidad diaria puede ser considerable. Según recoge el diario Huffpost, una creadora de contenido española afincada en Noruega ha abierto el debate al mostrar su nómina real en TikTok para desmontar las falsas expectativas que generan los llamados "sueldos nórdicos". El impacto económico de no comprender el funcionamiento de las divisas extranjeras puede arruinar cualquier plan de emancipación internacional.

El error matemático de ignorar la corona noruega

La clave de este malentendido radica en la moneda de pago. Aunque Noruega forma parte del Espacio Económico Europeo y mantiene estrechos lazos comerciales y políticos con la Unión Europea, el país escandinavo no utiliza el euro, sino su propia divisa: la corona noruega. Gabriela, que trabaja como camarera en dicho territorio, desveló en su publicación que en una mensualidad estándar sus ingresos ascienden a 59.611 coronas noruegas.

En las plataformas digitales, muchos usuarios convierten de forma automatizada esta cifra presumiendo que equivale a casi 5.900 euros mensuales. Pero la trabajadora advierte de que este cálculo rápido es erróneo. "He visto mucha gente que hace vídeos sobre los sueldos aquí, pero calculan mal el cambio de moneda", afirma de forma directa ante la cámara. Las fluctuaciones del mercado de divisas alteren significativamente el resultado final, ya que "el euro varía, no siempre está al mismo precio. Una corona arriba o abajo puede parecer poco, pero al final del mes se nota", explica la joven.

Impuestos y coste de la vida: la otra cara de la moneda

Aplicando la cotización actual del mercado cambiario, Gabriela estima que sus ingresos brutos mensuales se sitúan realmente en torno a los 5.000 euros. Esto representa una diferencia a la baja de casi 900 euros respecto a las teorías que se difunden de forma viral por internet. Pero hay un dato que cambia la lectura financiera: a esos 5.000 euros brutos todavía hay que aplicarles las retenciones fiscales correspondientes del sistema impositivo noruego. El salario neto final que llega a la cuenta bancaria es, por tanto, ostensiblemente inferior.

A pesar de este ajuste de expectativas, la camarera reconoce el indudable atractivo del mercado laboral noruego al admitir que "cinco mil sigue siendo mucho dinero". No obstante, recalca que el sueldo nominal no determina por sí solo el bienestar, especialmente en una economía donde el alojamiento, la alimentación y los suministros esenciales figuran de forma recurrente entre los más caros de todo el continente europeo.

Esta llamada a la prudencia coincide con la de otros trabajadores españoles en el extranjero, quienes insisten en que las conversiones matemáticas simples ofrecen una imagen distorsionada del poder de compra real. Por ello, la joven concluye con una recomendación indispensable para quienes consumen este tipo de contenidos informativos: "Cuando veas este tipo de vídeos, pregunta cuánto están cobrando en coronas noruegas, para que tú mismo hagas la conversión".

En definitiva, emigrar por motivos económicos exige analizar no solo los ingresos brutos, sino también la estructura fiscal, el mercado de divisas y el coste de la vida real del destino. La experiencia de esta camarera demuestra que las finanzas en el extranjero no deben medirse bajo el sesgo del euro, sino evaluando el contexto macroeconómico local para evitar sorpresas desagradables al cruzar la frontera.

Imágenes | RRSS (@gaby.zb)

El proyecto para conectar Marruecos con la Península Ibérica sigue avanzando. Se trata de una infraestructura submarina de grandes dimensiones entre el entorno de Tánger y el Algarve portugués.

Un diseño que plantea un túnel de doble tubo, con carriles separados por sentido y un corredor técnico de emergencias que convertiría esta conexión en una de las obras más ambiciosas entre Europa y África.

Aunque continúa en fase preliminar y todavía no existe una confirmación oficial definitiva sobre su ejecución, el proyecto es todo un reto a nivel económico y logístico, pero también migratorio.

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El gasto público de España vinculado a la inmigración irregular supera ya los 1.800 millones de euros al año. Y las llegadas continúan manteniendo una fuerte presión sobre las rutas de entrada hacia territorio español.

Un proyecto que busca conectar Europa y África

La futura infraestructura pretende crear una conexión permanente entre el norte de África y el territorio europeo. Esta iniciativa aparece años después de diversos intentos de reforzar los vínculos entre Marruecos y Portugal.

Ya en el pasado se plantearon conexiones marítimas entre Portimão y Tánger, aunque las enormes dificultades operativas y económicas frenaron su desarrollo. Sin embargo, este nuevo planteamiento es mucho más ambicioso.

Además del impacto del proyecto sobre movilidad y transporte, como es lógico, también tendría implicaciones en temas como la logística internacional, comercio, turismo y relaciones estratégicas entre ambos continentes.

España afronta una elevada presión migratoria

El debate eterno sobre la inmigración añade otra cuestión que hace de este túnel un proyecto que promete seguir captando titulares.

España ocupa una posición singular como frontera sur de la Unión Europea y concentra dos grandes corredores de entrada irregular: la ruta mediterránea occidental y la ruta atlántica hacia Canarias.

Durante los últimos años, especialmente tras el refuerzo de determinados controles en el Mediterráneo, el peso de la ruta canaria ha aumentado de forma notable. Tras las aproximadamente 32.500 entradas registradas en 2019, los datos oficiales volvieron a superar posteriormente las 40.000 llegadas anuales.

Uno de los episodios más significativos se produjo en mayo de 2021 durante la crisis de Ceuta. Más de 8.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos en apenas 48 horas, evidenciando cómo los movimientos migratorios también pueden generar importantes tensiones diplomáticas.

El gasto supera ya los 1.800 millones de euros

Los más críticos con este proyecto ponen la lupa sobre si este túnel favorecerá o no la entrada ilegal de inmigrantes a España.

Atender a inmigrantes irregulares supone actualmente más de 1.800 millones de euros anuales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En cambio, las medidas destinadas específicamente a evitar la inmigración ilegal apenas rondan los 60 millones anuales y gran parte de esa financiación procede de fondos europeos.

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Estas inversiones incluyen refuerzo tecnológico de fronteras terrestres, participación en operaciones internacionales coordinadas con Frontex y ayudas a países del norte de África para combatir redes de tráfico de personas.

Más de mil millones para acogida y protección internacional

Dentro de ese gasto total, una de las partidas más importantes corresponde al Ministerio de Inclusión.

El departamento destinó 1.116 millones de euros a la red de ayuda humanitaria y protección internacional. La cifra incluye asistencia inicial a inmigrantes llegados por vía marítima, centros de acogida y sistemas de atención integral.

La previsión inicial para 2025 se situaba en 659 millones, pero posteriormente fue necesario ampliar recursos hasta alcanzar los 979 millones. Además, el Consejo de Ministros aprobó otros 137 millones adicionales destinados a cubrir nuevas necesidades relacionadas con llegadas por patera y cayuco.

Paralelamente, la empresa pública Trasga asume servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento y seguridad con un gasto cercano a 96 millones anuales. También se han adjudicado contratos superiores a 28 millones para adaptar instalaciones temporales de acogida en Canarias.

Ventajas y retos del nuevo túnel

Si el proyecto termina materializándose, su impacto irá mucho más allá de reducir distancias entre Europa y África. Una conexión permanente podría impulsar el comercio, facilitar nuevas rutas logísticas, reforzar sectores como el turismo y aumentar las relaciones económicas entre países con vínculos cada vez más estrechos.

Sin embargo, también abriría nuevos desafíos para España y para la Unión Europea en materias sensibles como la gestión fronteriza, la seguridad o la cooperación migratoria.

En definitiva, la futura infraestructura, si finalmente llega a construirse, no solo conectaría territorios separados por el mar. También pondría a prueba la capacidad de Europa y África para gestionar una relación económica, humana y estratégica cada vez más estrecha.

Imágenes | James Wiseman, Mourad Saadi

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno abre un ángulo económico bastante más interesante que el puramente político. Nadie espera que surja empleo de la nada, pero, en cambio, todo apunta a que parte del trabajo que ya existe dentro de la economía sumergida se visibilizará.

La medida, dirigida a personas migrantes que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, exige, entre otros requisitos, cinco meses de permanencia ininterrumpida y permite solicitar una autorización de residencia y trabajo en el país.

Trabajo que ya existe

Ese es el primer punto relevante del que hablan los medios: el impacto esperado no está tanto en generar nuevos puestos de trabajo como en hacer visible, regular y generar cotizaciones en actividades que, en muchos casos, se realizan en la precariedad.

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Es un punto clave en sectores donde la informalidad o la vulnerabilidad administrativa pesan más, como los cuidados, la agricultura, la hostelería, la logística y parte del sector de la construcción.

En ese sentido, la regularización puede actuar como un mecanismo de afloramiento de empleo sumergido: no inventa actividad, pero sí puede empujarla hacia el circuito legal.

Más peso del trabajador extranjero

El contexto laboral español ayuda a entender por qué el asunto importa. La Seguridad Social registró en marzo una afiliación media de 21.882.147 personas, mientras que los trabajadores extranjeros marcaron un nuevo máximo con 3.151.563 afiliados, que corresponde al 14,4% del total.

De este modo, la inmigración no es un fenómeno marginal dentro del empleo español, sino una parte cada vez más estructural del propio mercado laboral.

Pese a que no existen registros completos del empleo irregular, distintas organizaciones y centros de análisis sitúan en más de medio millón el número de personas migrantes en situación administrativa irregular en España, una bolsa de población especialmente expuesta a empleo informal, precariedad y relaciones laborales más vulnerables.

Por esta razón, cualquier medida que permita trasladar empleo irregular a empleo formal tiene también un efecto directo sobre la calidad del mercado y sobre la base de cotizantes: salir de una situación irregular no solo permite trabajar legalmente, sino que da más margen para cambiar de empresa, moverse entre sectores o buscar empleo en otros territorios sin quedar atrapado en relaciones laborales más abusivas o informales.

Ese factor puede ser relevante en una economía donde siguen existiendo problemas de cobertura en determinadas ocupaciones. El propio SEPE mantiene su catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, precisamente para reflejar aquellos puestos cuya gestión resulta más complicada por falta de candidatos adecuados.

Más cotizaciones, más recaudación

La otra cara que se deriva de esta decisión regulatoria es fiscal y contributiva. Si una parte del trabajo que hoy sigue moviéndose en la informalidad pasa a declararse, el efecto inmediato se notará en la afiliación y, con ella, en las cotizaciones sociales.

Puede parecer una cuestión complementaria, pero las cifras apuntan a todo lo contrario. La Seguridad Social informó a finales de marzo de que los ingresos por cotizaciones crecieron un 7,8% interanual en los datos acumulados hasta febrero, hasta alcanzar los 31.122 millones de euros.

En un sistema que necesita consolidar ingresos para sostener el gasto futuro, ampliar la base de cotizantes tiene una lógica económica evidente: este es el núcleo económico de la medida.

Desde ese punto de vista, el beneficio potencial no se limita al trabajador que gana derechos y margen de movilidad, sino también al propio mercado: aflora actividad, mejora la trazabilidad del empleo y se refuerza la recaudación vinculada al trabajo.

Además, el proceso está diseñado precisamente para personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses, lo que refuerza la idea de que hablamos sobre todo de ordenar una realidad ya existente.

Sin embargo, conviene no sobredimensionar el alcance que puede tener. Esta regularización puede ayudar a reducir una parte de la economía sumergida, pero no resolverá por sí sola ni la escasez de mano de obra en determinados sectores ni los problemas estructurales de actividades acostumbradas a operar con alta rotación, salarios bajos o condiciones especialmente duras.

Tampoco corregirá, por arte de magia, las distorsiones de productividad del mercado laboral español sobre las que hemos hablado en este medio.

Su efecto real dependerá, en buena medida, de algo mucho menos vistoso que el anuncio político: la capacidad administrativa para tramitar expedientes con rapidez suficiente. El propio Ministerio ha planteado la medida como una regularización extraordinaria de personas que ya viven en España, pero para que ese impacto se traduzca pronto en más empleo formal y más cotización hará falta una ejecución rápida.

La regularización no cambia por sí sola el modelo productivo español, pero sí puede reforzar una idea básica: cuando el trabajo que ya existe entra en el circuito legal, gana el trabajador, gana la competencia y gana también la recaudación pública.

Mientras buena parte de la Unión Europea endurece su política migratoria, España ha optado por un camino diferente al anunciar la regularización de medio millón de personas.

La medida ha generado reservas en las instituciones comunitarias y contrasta con el clima predominante en varios Estados miembros, donde las reformas recientes apuntan a acelerar retornos, limitar el acceso al asilo y reforzar controles fronterizos.

El debate no es nuevo. Italia llevó a cabo una regularización a gran escala en 2020. Portugal adoptó un procedimiento acelerado durante la pandemia para quienes tenían permisos pendientes.

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El “sueño americano” es sustituido por el “sueño español”: ya 6 de cada 10 nuevos empleos son conseguidos por extranjeros

Grecia aprobó en 2023 la concesión de residencia y trabajo a unas 30.000 personas ante la falta de mano de obra. Sin embargo, en el contexto actual, la iniciativa española adquiere una dimensión distinta al producirse en paralelo a un endurecimiento generalizado en el bloque.

En el ámbito comunitario se ha consolidado una lista de terceros países considerados seguros, lo que eleva el umbral probatorio para obtener protección internacional y abre la puerta a acuerdos de devolución.

La directiva de retornos, aprobada recientemente, facilita deportaciones y permite centros en países designados como seguros. Algunos Estados han sido autorizados a no participar en reubicaciones ni aportar compensaciones económicas, lo que evidencia la fragmentación del consenso europeo.

Mano dura y reformas restrictivas en el entorno

En varios países se han activado medidas para reforzar deportaciones y restringir la integración. Se han paralizado cursos obligatorios de integración para solicitantes de asilo, endurecido requisitos de nacionalidad hasta exigir ocho años de residencia legal y niveles mínimos de ingresos, e introducido incentivos económicos para que residentes de países no occidentales renuncien a su estatus.

Fuera de la UE, se debate limitar la población total y revisar acuerdos de libre circulación, mientras que en el Reino Unido se han ampliado los plazos para acceder a la residencia permanente.

Este escenario explica la cautela con la que se observa la regularización española. La preocupación gira en torno al posible efecto llamada y al encaje con la estrategia común. No obstante, el análisis económico aporta otra perspectiva.

El peso económico de la inmigración en España

Entre 2019 y 2024 se crearon casi 1,9 millones de puestos de trabajo en España y más del 71% fueron ocupados por personas nacidas fuera del país.

Los inmigrantes representan hoy más del 20% del empleo total, frente al 15,9% en 2019. Este crecimiento no responde a un desplazamiento de trabajadores autóctonos, sino a una reconfiguración del mercado laboral.

Los empleados nacidos en España han avanzado hacia ocupaciones de mayor cualificación en administración pública, educación, sanidad y tecnologías de la información.

Al mismo tiempo, los trabajadores extranjeros han encontrado oportunidades en construcción, hostelería y transporte. La complementariedad entre perfiles permite una redistribución eficiente de la mano de obra y sostiene el dinamismo económico.

El factor demográfico resulta determinante. Todo el aumento de la población activa en el período analizado provino de personas nacidas en el extranjero.

Dentro de la población española, el crecimiento del empleo se concentró en mayores de 45 años, mientras que el tramo entre 30 y 45 años registró un retroceso. En un contexto de envejecimiento, la aportación migratoria sostiene cotizaciones, consumo y actividad empresarial.

La integración también pasa por reconocer títulos extranjeros

La inmigración no es un parche coyuntural. El tejido empresarial subraya que la falta de talento y el envejecimiento son retos estructurales. Las compañías encuentran en la diversidad una vía para ampliar competencias, abrir mercados y reforzar competitividad.

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España no es solo un país que recibe inmigración: también tiene emigración, y de alta calidad

El acceso a cualificaciones difíciles de cubrir y a perspectivas internacionales se traduce en innovación y resiliencia.

El reto consiste en evitar la segmentación laboral. Reconocer títulos extranjeros, facilitar formación complementaria y establecer vías legales claras de empleo reduce la economía sumergida y mejora la integración a largo plazo.

La evidencia sugiere que políticas inclusivas fortalecen tanto la cohesión social como el crecimiento.

El rompecabezas político europeo

El Pacto sobre Migración y Asilo continúa generando divisiones. Más de 160 organizaciones de la sociedad civil han expresado reservas al considerar que el marco actual dificulta el acceso efectivo a la protección. La Convención de 1951 sigue siendo referencia jurídica, pero su implementación varía entre Estados.

España, al impulsar una regularización de gran escala, se sitúa en una posición singular dentro del debate. La decisión puede tensionar el equilibrio político europeo, pero también abre una discusión de fondo sobre sostenibilidad demográfica y competitividad económica.

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España se enfrenta a una paradoja tremendamente silenciosa: mientras el debate político se endurece en torno a la inmigración, los datos económicos revelan que el futuro del país depende, en gran medida, de quienes llegan desde fuera.

Las proyecciones demográficas y fiscales indican que, sin un flujo constante de nuevos trabajadores extranjeros, el sistema de pensiones y la sostenibilidad del Estado del bienestar podrían verse comprometidos en las próximas décadas.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España necesitará incorporar más de un millón de migrantes al año para garantizar el equilibrio financiero de las pensiones. Actualmente, el país recibe en torno a 400.000 nuevos residentes extranjeros anuales, una cifra muy por debajo del umbral necesario.

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La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, advierte de que alcanzar ese ritmo de llegada será “bastante difícil”, pero esencial para compensar el envejecimiento de la población y mantener activa la economía.

Un sistema que depende de la migración

El gasto en pensiones representa en torno al 14,6 % del PIB y, según las proyecciones, se mantendrá en ese nivel promedio hasta 2050. Aunque la AIReF considera que las pensiones son sostenibles a corto plazo, alerta de que la base del sistema se debilita ante la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En 2024, España registró su mínimo histórico de nacimientos —menos de 320.000—, mientras que el número de jubilados crece cada año.

En este contexto, los migrantes aportan una solución estructural: contribuyen a la Seguridad Social, sostienen sectores clave y rejuvenecen la fuerza laboral.

La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subraya que “la sostenibilidad está garantizada” gracias a las últimas reformas, pero los expertos coinciden en que sin una política migratoria estable, el equilibrio será difícil de mantener.

La población activa española se ha mantenido gracias a la inmigración. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que, sin la llegada de nuevos trabajadores extranjeros,

España perdería más de tres millones de empleados en los próximos 20 años. Actualmente, más del 12 % de los afiliados a la Seguridad Social son de origen extranjero, una cifra que podría duplicarse si el país quiere mantener la proporción de cotizantes frente a pensionistas.

La economía española y su dependencia del talento extranjero

Más allá de las cifras, la inmigración se ha convertido en una herramienta esencial para sostener el crecimiento económico. En sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería o los cuidados, la mano de obra extranjera representa una parte fundamental del tejido productivo.

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Pero el desafío ya no se limita a cubrir puestos de baja cualificación: España necesita también profesionales tecnológicos, sanitarios e ingenieros, ámbitos donde la escasez de talento nacional es cada vez más acuciante.

Según un informe de CEOE y Randstad Research, el 64% de las empresas españolas tiene dificultades para encontrar personal cualificado. En regiones como Madrid o Cataluña, los migrantes representan más del 30 % de los trabajadores en sectores tecnológicos emergentes, un dato que refleja cómo su aportación es clave no solo en volumen, sino también en especialización.

A pesar de ello, el discurso político dominante sigue centrado en restringir la inmigración, una estrategia que los analistas califican de cortoplacista.

Mientras algunos gobiernos europeos debaten sobre cuotas o cierres de fronteras, los organismos económicos alertan de que la falta de migración activa puede tener un coste social y financiero muy superior al que se pretende evitar.

La AIReF advierte de un futuro incierto

El informe más reciente de la AIReF apunta a que, aunque el sistema de pensiones ha superado “su primer examen con éxito”, las tensiones demográficas no se han resuelto. Herrero advierte de que será necesario “hacer ajustes” en los próximos años para garantizar la estabilidad del sistema.

La clave, según el organismo, está en integrar la migración como parte del marco fiscal y laboral del país, en lugar de tratarla como una variable coyuntural.

La presidenta del organismo fiscal recuerda que “es perfectamente posible cumplir con la regla de gasto y, al mismo tiempo, que la dinámica del sistema se deteriore”. Su advertencia refleja una realidad preocupante: sin nuevas medidas estructurales y una política migratoria coherente, los esfuerzos actuales podrían no ser suficientes para sostener el sistema más allá de 2040.

Una cuestión de sostenibilidad y sociedad

La llegada de migrantes no solo tiene un impacto económico; también transforma el tejido social. En los últimos diez años, España ha pasado de tener 4,5 a más de 6 millones de residentes extranjeros.

Su integración en la vida cotidiana, el mercado laboral y los sistemas educativos ha contribuido a frenar el declive demográfico y a diversificar la economía.

Los expertos destacan que la inmigración bien gestionada es una oportunidad para revitalizar regiones despobladas y cubrir vacantes en zonas rurales, donde la falta de trabajadores ha puesto en riesgo actividades tradicionales.

En provincias como Huesca, Cuenca o Zamora, los migrantes ya representan más del 10% de la población activa, ayudando a mantener abiertos servicios esenciales.

Mientras algunos líderes políticos continúan presentando la inmigración como una amenaza, la realidad demuestra que es uno de los pilares sobre los que se sostiene el presente y el futuro de España.

Imágenes | Pixabay, Unplash

Europa sigue estancada, pero España avanza a buen ritmo desde la pandemia. Es, en pocas palabras, el resumen macro de un país que ha protagonizado un crecimiento económico sostenido y diferencial frente al resto de la UE.

Buena parte de esta trayectoria tiene mucho que ver con un motor que, a menudo, queda invisibilizado en el discurso público: la aportación de los trabajadores extranjeros, que explican la mayoría del empleo creado en los últimos años.

España crece, Europa se enfría

Según datos de Eurostat, España es el país que más ha crecido desde el cuarto trimestre de 2019. Si comparamos la evolución del PIB real (ajustado por inflación), nuestro país supera en crecimiento acumulado a Alemania, Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos.

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Así, mientras otros países se han quedado prácticamente sin crecimiento desde la pandemia: incluso con caídas preocupantes del PIB, como en el caso finés, España ha escalado más de un 10 % en su nivel de actividad.

Este crecimiento no es coyuntural ni basado exclusivamente en el turismo o el gasto público. Como muestran los gráficos de Combarro, desde 2023 la inversión privada ha ganado peso y el crecimiento de 2024-2025 se asienta sobre bases más equilibradas: capital fijo, gasto privado y mercado laboral.

El dato más reciente lo confirma: en el segundo trimestre de 2025, España creció un 0,7 % intertrimestral y un 2,8 % interanual, mientras la media de la eurozona se mantenía por debajo del 1 %.

¿Quién sostiene este crecimiento?

El crecimiento del empleo ha sido una de las grandes fortalezas del país. Sin embargo, este no se reparte de forma homogénea. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 80 % del empleo neto creado desde 2021 ha sido ocupado por trabajadores extranjeros. Es decir, 8 de cada 10 nuevos puestosse han cubierto por personas nacidas fuera de España.

De este modo, si bien en el último trimestre se ha observado un repunte entre los nacionales, la tendencia general sigue siendo clara: el crecimiento laboral en España es, sobre todo, resultado del trabajador migrante.

Esto se explica, en parte, por una realidad demográfica: la estructura por edades de la población extranjera está más concentrada en los tramos laborales activos (20-49 años) que la población nacional. Una diferencia demográfica que ayuda a que los datos de renta per cápita en España evolucionen mejor que los de renta por trabajador, dado que hay más personas en edad de trabajar por hogar en los colectivos migrantes.

Fuente: Combarro, X.

Asimismo, el aumento del empleo y del PIB es una buena noticia macroeconómica, pero conviene observar la base del modelo. Buena parte del trabajo ocupado por la población extranjera se concentra en sectores de baja productividad y alta rotación, como la hostelería, el turismo, la construcción o el empleo doméstico. Sectores esenciales, en cualquier caso, pero también más vulnerables a las crisis y con menor capacidad de escalar salarios o inversión tecnológica.

Esto plantea una pregunta incómoda: ¿estamos creciendo sobre una base que puede agotarse? Si España no diversifica su modelo productivo y no mejora la calidad del empleo —tanto para trabajadores nacidos en el país como para migrantes—, corre el riesgo de consolidar un crecimiento frágil, demasiado dependiente de sectores intensivos en mano de obra barata y bajos márgenes.

Tensiones políticas

Este fenómeno no solo está sosteniendo el crecimiento. También ha permitido que el PIB per cápita de España se recupere más deprisa que en otros países, con una base poblacional activa en expansión. En muchos sentidos, la inmigración ha sido un estabilizador macroeconómico en un contexto europeo marcado por el envejecimiento, el estancamiento y la caída de la productividad.

Sin embargo, la narrativa pública muchas veces no acompaña a los datos. Pese a que la inmigración está apuntalando el crecimiento, sigue siendo objeto de discursos políticos polarizados, cuando no directamente hostiles.

Aun así, los datos son claros: mientras Alemania apenas ha recuperado el nivel prepandemia y Francia avanza a un ritmo muy modesto, España lidera el crecimiento europeo. Y lo hace con una clave demográfica ineludible: los nuevos empleos los están ocupando, en su mayoría, personas extranjeras.

Desde hace dos décadas, España recibe millones de personas migrantes que rejuvenecen su pirámide demográfica y, a la par, sostienen sectores clave de la economía. En la otra cara de la moneda, cada año se marchan miles de jóvenes altamente cualificados que no encuentran aquí un proyecto vital y profesional viable.

Pese al atractivo de vivir en España, donde el clima, la sanidad, la seguridad y el estilo de vida acompañan, el sistema no consigue retener talento propio ni aprovechar siempre que llega, terminando por exportar capital humano cualificado mientras infrautilizamos el que llega a nuestras fronteras.

426.000 personas dejaron España

Solo en 2022 más de 426.000 personas salieron de España: casi la mitad de ellas con estudios superiores o técnicos.

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Este no es un fenómeno puntual, sino un flujo estructural en el que el país sigue perdiendo capital humano en el momento en el que podría aumentar progresivamente su productividad. La Fundación BBVA y el Ivie estiman el valor de esta descapitalización en unos 155.000 millones de euros anuales.

Las razones no son difíciles de entender. En España se trabajan unas 1.632 horas al año frente a las 1.343 en Alemania o las 1.413 en Países Bajos, según la OCDE. Pese a ello, se cobra mucho menos por hora: unos 25 €/hora en España frente a los más de 43 €/hora en Alemania o los 45 €/hora en Países Bajos.

Sin embargo, este problema va más allá del salario y conecta con la falta de estabilidad, la dificultad para el ahorro o las perspectivas de carrera profesional. Mientras en otros países se valora el tiempo y la formación, aquí muchos recién graduados pasan años encadenando prácticas o empleos precarios. Algunos testimonios de españoles emigrados para El Mundolo resumen en una simple frase: “Cuando te acostumbras a ahorrar la mitad del sueldo, es muy difícil volver”.

9 millones nacidos en el extranjero

Asimismo, según los últimos datos del INE, el 20% de los residentes en España han nacido en otro país. Unas cifras que se han triplicado desde 2002, donde solo eran el 6 %. Hoy, son más de nueve millones de personas, de las cuales tres millones ya tienen nacionalidad española.

Un fenómeno que ha rejuvenecido y diversificado el país: el 73 % de las personas nacidas fuera de España tienen entre 20 y 64 años, frente al 53 % entre la población nacida aquí. Además, uno de cada cuatro menores en España tiene al menos un progenitor extranjero y, en niños menores de tres años, ese porcentaje asciende al 27%.

En relación con su origen, más de cuatro millones provienen de América Latina (Colombia, Venezuela, Ecuador…), seguidos por Marruecos (1,09 millones), Rumanía (0,53), y otros países europeos, africanos o asiáticos. Las provincias con mayor proporción de población extranjera son Alicante, Baleares, Girona, Almería y Barcelona, todas con cifras superiores al 24 %.

La paradoja del talento desaprovechado

Lo más llamativo es que los motivos que empujan a marcharse a muchos jóvenes españoles —salario, estabilidad, reconocimiento profesional— son los mismos que atraen a los inmigrantes. Pero hay una diferencia clave: España no retiene a los que forma ni integra plenamente a los que recibe.

Más del 50 % de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios están sobrecualificados: ocupan empleos por debajo de su nivel formativo. Se trata del tercer peor dato de Europa, solo por detrás de Italia y Grecia.

La mayoría se concentra en sectores como hostelería (28 %) y construcción (20 %), con muy baja representación en educación, sanidad o tecnología. Así, mientras que los jóvenes que salen del país acaban integrándose en sistemas productivos donde su formación es mejor valorada y su trabajo mejor remunerado, España no saca partido al capital humano: ni aquel que forma y deja marchar, ni el que recibe y no promueve.

Problemas al margen de buenas intenciones

La convivencia de estos dos fenómenos no es casualidad, ni anecdótica. Ambos son síntoma de un modelo económico y laboral que penaliza el talento, en vez de incentivarlo. Si bien la inmigración ha permitido sostener parte del crecimiento económico, no basta con atraer: hay que integrar y reconocer.

Tampoco es suficiente con señalar que “en España se vive bien”, pues los datos actuales no acompañan esta afirmación si vivir bien se traduce en no poder emanciparse, no poder ahorrar y estar sobrecualificado y trabajando en puestos precarios. La ecuación no sale.

Los expertos coinciden: mejorar la productividad, elevar el salario por hora trabajada, reducir la temporalidad y ofrecer trayectorias estables son condiciones mínimas para frenar la fuga de talento.

Al mismo tiempo, integrar profesionalmente a la población inmigrante más allá de los sectores de baja cualificación sería una palanca clave para aumentar la eficiencia del mercado laboral.

En pocas palabras, si no se corrige esta dinámica, España seguirá atrapada en una paradoja difícil de sostener: forma talento que se marcha, recibe talento que no aprovecha y, en conclusión, quedarse anclados en un sistema que exige mucho y ofrece poco.

La política migratoria de Estados Unidos acaba de cruzar un umbral histórico. Con la aprobación del llamado Big Beautiful Bill, la agencia federal encargada del control migratorio y las deportaciones (en inglés, ICE) recibirá el mayor presupuesto de su historia.

El nuevo plan, impulsado por el presidente Donald Trump y su entorno, supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029 y destina más fondos a la lucha contra la inmigración ilegal que los que gasta un país europeo como España en Defensa.

100.000 millones para controlar la inmigración

A la espera de la firma presidencial, la legislación aprobada por el Congreso establece un gasto total de 100.000 millones de dólares para ampliar las capacidades de detención, deportación y vigilancia.

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Solo en construcción del muro fronterizo y de las tecnologías asociadas, la ley destina 46.000 millones de dólares; además, se reservan otros 45.000 millones para aumentar la capacidad de detención,incluyendo infraestructuras, logística y personal.

La magnitud del gasto es tan enorme que resulta difícil de transmitir. Para contextualizar, el Ministerio de Defensa de España gastó en 2024 alrededor de 11.000 millones de euros (una décima parte) de lo que recibirá la agencia federal en el próximo lustro.

Según las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, se contratarán, por lo menos, a 10.000 nuevos agentes, además de miles de refuerzos para la Patrulla Fronteriza y el personal de prisiones asociado. De igual modo, se pretende incrementar la capacidad para realizar arrestos masivos, procesos exprés y expulsiones inmediatas.

El impacto ya se está notando. Desde la aprobación de la ley en el Congreso, ICE ha intensificado sus operaciones y se calcula que más de 200.000 personas han sido deportadas en apenas tres semanas. La agencia opera bajo protocolos más flexibles y menos requisitos judiciales, lo que ha facilitado redadas a gran escala.

Costoso, polémico y poco humanitario

El crecimiento del ICE no está exento de críticas. Las organizaciones de derechos humanos y una parte notable de los políticos del bando demócrata han denunciado que este marco legal pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas migrantes. Como prueba, solo en 2025, se han registrado al menos 13 muertes en centros de detención migratoria: el doble que en 2023.

Además,según un análisis del Economic Times, el nuevo sistema podría generar un impacto negativo en el mercado laboral: eliminar mano de obra migrante sin ofrecer alternativas, se traducirá en escasez de personal y pérdida de productividad en numerosos sectores. El informe calcula que hasta 6 millones de empleos están en riesgo si el programa se implementa en su totalidad y se prolonga en el tiempo.

Fronteras, y promesas electorales

El Big Beautiful Bill no solo es un paquete presupuestario, sino una declaración política en toda regla. Trump ha defendido el plan como una “defensa de la ley y el orden”, y como una forma de “recuperar el control sobre el país”.

Una polémica que se suma a la larga lista de controversias protagonizadas por el actual presidente estadounidense. Recientemente, desde un centro de detención en Florida, Trump llegó a amenazar con “arrestar” al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, acusándolo de residir de manera ilegal y calificándolo de “comunista”. Expertos legales y líderes demócratas han rechazado la acusación, calificándola de provocación política y ataque a las normas democráticas.

De este modo, ICE se convierte así en el brazo ejecutor de una estrategia más amplia que busca proyectar firmeza frente a la inmigración, con un coste económico y social que no tiene precedentes entre las democracias occidentales.

Mientras tanto, la comparación con otros países resulta inevitable. Pocos gobiernos en el mundo dedican una proporción tan elevada de recursos a perseguir y detener migrantes. Ninguno lo hace a la escala que plantea ahora Estados Unidos y, probablemente, tampoco dependa tanto de la inmigración como el coloso americano.

Un modelo que, más allá del muro, levanta preguntas difíciles: ¿es sostenible? ¿es eficaz? ¿a qué precio? Y, sobre todo, ¿es humano y democrático?

La economía española sigue creciendo a buen ritmo, pero el consumo privado se estanca. Las previsiones son claras y estiman que el país crecerá un 3%, cinco décimas más que la anterior previsión fiscal 2024-2025.

Se anticipa un incremento intertrimestral del PIB del 0,7% en el tercer trimestre y del 0,6% en el cuarto. No obstante, llama la atención que, frente al dinamismo del consumo público y de las exportaciones de servicios, el consumo privado sigue teniendo un desempeño muy pobre, solo algo mejor que las inversiones.

Si los españoles consumen menos es como consecuencia de la precariedad laboral, el aumento del coste de la vida y la carestía del precio de la vivienda. Además, los impuestos y contribuciones han aumentando, repercutiendo negativamente en una pérdida de poder adquisitivo.

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Los nacimientos se estabilizan en España. Pero la explicación es que en Madrid están subiendo y por la inmigración

Esto beneficia directamente a los pensionistas, que a la vez son los que más ahorran y los que menos gastan, consiguiendo aumentar su renta y riqueza. Todo ello repercute en que el consumo privado español continúe en cifras inferiores a 2018-2019.

El consumo privado sigue por debajo de 2018. ¿Por qué ahorramos más?
- La mayor parte del aumento de renta y riqueza es de los de más de 65, que consumen menos.
- Los inmigrantes consumen menos?
- Incertidumbre regulatoria-e.g. la gente no compra coche eléctrico.
Buenísimo, de… https://t.co/tZCFtwgEBV

— Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) November 9, 2024

La tasa de ahorro ha vuelto a aumentar hasta alcanzar el 13,3% de la renta bruta disponible prevista para 2024, 4,6 puntos por encima de su promedio entre 1999 y 2019. Los niveles de ahorro actuales sólo se han observado en contextos de elevada incertidumbre.

Pese al crecimiento del PIB de los últimos trimestres, el consumo privado per cápita en España se encuentra siete décimas por debajo de su nivel a finales de 2019 y a casi tres puntos de su máximo alcanzado a finales de 2007. El comportamiento del consumo privado per cápita es cada vez más decepcionante.

Hay que tener en cuenta que el consumo público ha aportado más del 50% del crecimiento económico desde el cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2024, según datos del INE. Pero, pese a no se runo de los componentes más importantes de la demanda (pues solo representa el 20% del PIB), esta aportación es posible gracias al incremento de las inversiones públicas.

La lenta recuperación del consumo privado

La economía española sigue acelerándose y durante el segundo trimestre de 2024 ha llegado a crecer un 3,1% interanual frente al 2,5% registrado en el trimestre anterior.

Muchos españoles han utilizado el ahorro para seguir reduciendo sus niveles de deuda hasta el 45,4% del PIB a mediados de 2024, partiendo de un máximo del 85,5% en 2010. Al desaparecer las restricciones por la pandemia, el ahorro comenzó a reducirse en España.

No obstante, es sorprendente que la tasa de ahorro haya vuelto a aumentar hasta el 13,3% de la renta bruta disponible prevista para 2024. Unas cifras que la sitúan en 4,6 puntos por encima de su promedio entre 1999 y 2019.

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En el tipo de inmigración que recibamos nos jugamos el futuro en España: tenemos que conseguir atraer más universitarios y menos receptores de ayudas

Los efectos de la subida de los tipos de interés del BCE para combatir la inflación han tenido un efecto contractivo en el consumo, sumado al incremento de la presión fiscal.

Es cierto que buena parte de los impuestos ha servido para financiar transferencias, como las pensiones, pero el efecto redistributivo entre generaciones ha sido negativo sobre el consumo agregado.

Con la llegada de inmigrantes a España, aumenta la productividad y la fuerza laboral del país, por lo que las contribuciones al sistema estatal de pensiones también suben. No obstante, la población inmigrante, tal y como sucede con los pensionistas, suelen ser más tendentes al ahorro. Esto es consecuencia a problemas como la incertidumbre o a la necesidad de acumular capital para poder enviar remesas a sus países de origen.

Establecimiento de nuevos patrones

Hay una realidad para la economía española, y es que la renta disponible y la riqueza financiera han aumentado más entre la población mayor de 65 años, para la que el consumo es menos sensible a la situación cíclica.

De igual modo, hay que tener en cuenta que buena parte del crecimiento del PIB español es gracias a la inmigración, responsable de más del 90% del aumento de la población activa desde 2021.

También hay que tener en cuenta que las incertidumbres regulatorias, fiscales o tecnológicas han provocado que determinados componentes del consumo no se hayan recuperado. Solo hay que ver el sector de la automoción, en el que se han registrado niveles de matriculación inferiores a los de 2019.

Al igual que sucede en la UE, España mantiene un patrón parecido y exporta ahorro al resto del mundo. La tasa de ahorro en el territorio español es consecuencia de una tasa de inversión reducida, la cual refleja la incertidumbre y expectativas de su menor rentabilidad frente a otros países. Con todos estos ingredientes, se lastra por completo el crecimiento del consumo privado de cara al futuro.

Funcas ha estimado que, para 2025, España prevé un crecimiento del PIB del 1,8% al 2,1%. Se espera que la demanda interna aporte dos puntos al crecimiento y que el consumo privado se sostenga por la creación de empleo y el desembolso de una parte del ahorro acumulado. Un ahorro que seguirá aumentando mientras las familias sigan sintiendo un entorno de incertidumbre y de tipos de interés elevados.

Imágenes | Foto 1, Foto 2

Las cifras no mienten, en España cada año nacen menos niños. Sin embargo, las tendencias de nacimientos han comenzado a estabilizarse. En el caso madrileño, en 2024, han llegado a revertirse incluso.

En 2023, Madrid creció en más de 120.000 habitantes, entre el incremento de personas con nacionalidad extranjera (86.000) y españolas (34.000). En España, de media, el 32 % de los niños nacen de padres extranjeros: en Madrid (y Barcelona), esta tendencia se encuentra más pronunciada que nunca (más del 40 %).

Madrid rompe tendencia

¿Y qué ha ocurrido este último año? Con los datos oficiales hasta agosto de 2024, el número de nacimientos parece estabilizarse ligeramente por debajo de los 27.000 mensuales a nivel nacional.

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El problema del precio de los alquileres en España no es de los fondos buitres: apenas tienen un 8% de las viviendas disponibles

Sin embargo, Madrid, es la única región que rompe con la tendencia general del país. Su crecimiento sostenido supera el 5 %, y ha ido aumentando desde principios de 2023. 

En cifras absolutas, la Comunidad de Madrid está adelantando en nacimientos a grandes bastiones poblacionales como Cataluña.

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Veamos un poco si se mantienen las tendencias de los nacimientos en España, con datos hasta agosto de 2024.

A nivel nacional, el número de nacimientos parece estabilizarse en el entorno de los 27.000 mensuales. pic.twitter.com/zrhgZB3vN6

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

Durante este año, la prensa se ha ido haciendo eco de los cambios de tendencia a la baja, que se habían mantenido durante los años de pandemia.

En Twitter, el usuario Combarro compartía algunos gráficos realizados con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) por él mismo para explicar cómo encajan, a nivel nacional, los nacimientos en Madrid, en el resto de las principales provincias y la población migrante dentro del panorama de alumbramientos.

En lo que se refiere a la tendencia de nacimientos, ninguna otra comunidad autónoma lo lleva tan bien como Madrid. Y esto no está del todo claro que sea una buena noticia (a priori, lo es), debido a la dificultad de crecimiento poblacional que no está vinculada con los procesos migratorios.

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El cambio en la natalidad en Madrid se da para todos los rangos de edad, especialmente para las mayores de 30 años. pic.twitter.com/7iOQGbIdf5

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

Aragón y La Rioja también han crecido en nacimientos desde 2023, pero las cifras absolutas son mucho menores, como es obvio, y las Islas Baleares han visto cierto aumento y posterior estabilización entre 2023 y 2024.

En relación con esta cuestión, se plantean distintos problemas.

No es país para niños

A nivel nacional, solo 6 de las provincias han visto aumentar ligeramente el número de nacimientos. Además, la edad media de paternidad y maternidad no ha dejado de retrasarse hasta la franja de 30-34 y 35-39, principalmente, pero con un auge notable de la franja 40-44 años).

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Por edades, en Madrid hay más nacimientos en las edades entre los 35 y 45 años. pic.twitter.com/TonLhikglF

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

En Madrid, por ejemplo, este crecimiento sostenido acoge todos los rangos de edad y, a diferencia de Barcelona (si comparamos ciudades, ahora) se observa un crecimiento que choca contra el estancamiento de la población catalana. 

En otras provincias, la evolución es mucho más preocupante, aun así, como Pontevedra, Asturias, Canarias o Guadalajara e incluso todo el País Vasco.

El límite de las familias migrantes

El secreto madrileño parece estar muy vinculado a otra noticia que analizábamos en El blog salmón hace unos días: "Necesitas inmigración". En 100 años el 80% de la población de España habrá desaparecido con la tasa de fertilidad actual.

En pocas décadas, las principales ciudades españolas, en número de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Málaga, en concreto), han ido reduciendo el número de población autóctona (de primera generación), mientras la población migrante aumentaba.

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Último; aquí tenéis las CCAA más relevantes. pic.twitter.com/BWM1LgWgG1

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

Según Xataka, el origen de las familias es latinoamericano (42 %), africano (28 %), europeo (22 %) y asiático (7 %), con un peso cada vez mayor en los nacimientos. Los nuevos madrileños, por ejemplo, supusieron solo en 2023 más de 127.000 altas procedentes del extranjero, sobre todo de Colombia, Venezuela, Perú y Argentina: el 51 %.

¿El gran problema? La migración no puede compensar las caídas sostenidas de la tasa de fertilidad y, en Europa, según comentaba el analista Marko Jukic, en X, puede haber llegado a invisibilizar los problemas de fondo en lo que se refiere a declive de población.

“La inmigración por sí sola no puede compensar el 50 % de pérdida de la siguiente generación”, pero, por ahora, puede parecer una solución eficiente para mantener el modelo de país, como demuestran las regiones con mayor población extranjera, como Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana.

La realidad es que la tasa de fertilidad española y extranjera es similar, y se encuentra baja o muy baja (muy similar en ambos casos), a excepción de los migrantes africanos, que siguen teniendo más hijos de media (2,5-3 veces más hijos).