La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno abre un ángulo económico bastante más interesante que el puramente político. Nadie espera que surja empleo de la nada, pero, en cambio, todo apunta a que parte del trabajo que ya existe dentro de la economía sumergida se visibilizará.

La medida, dirigida a personas migrantes que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, exige, entre otros requisitos, cinco meses de permanencia ininterrumpida y permite solicitar una autorización de residencia y trabajo en el país.

Trabajo que ya existe

Ese es el primer punto relevante del que hablan los medios: el impacto esperado no está tanto en generar nuevos puestos de trabajo como en hacer visible, regular y generar cotizaciones en actividades que, en muchos casos, se realizan en la precariedad.

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Es un punto clave en sectores donde la informalidad o la vulnerabilidad administrativa pesan más, como los cuidados, la agricultura, la hostelería, la logística y parte del sector de la construcción.

En ese sentido, la regularización puede actuar como un mecanismo de afloramiento de empleo sumergido: no inventa actividad, pero sí puede empujarla hacia el circuito legal.

Más peso del trabajador extranjero

El contexto laboral español ayuda a entender por qué el asunto importa. La Seguridad Social registró en marzo una afiliación media de 21.882.147 personas, mientras que los trabajadores extranjeros marcaron un nuevo máximo con 3.151.563 afiliados, que corresponde al 14,4% del total.

De este modo, la inmigración no es un fenómeno marginal dentro del empleo español, sino una parte cada vez más estructural del propio mercado laboral.

Pese a que no existen registros completos del empleo irregular, distintas organizaciones y centros de análisis sitúan en más de medio millón el número de personas migrantes en situación administrativa irregular en España, una bolsa de población especialmente expuesta a empleo informal, precariedad y relaciones laborales más vulnerables.

Por esta razón, cualquier medida que permita trasladar empleo irregular a empleo formal tiene también un efecto directo sobre la calidad del mercado y sobre la base de cotizantes: salir de una situación irregular no solo permite trabajar legalmente, sino que da más margen para cambiar de empresa, moverse entre sectores o buscar empleo en otros territorios sin quedar atrapado en relaciones laborales más abusivas o informales.

Ese factor puede ser relevante en una economía donde siguen existiendo problemas de cobertura en determinadas ocupaciones. El propio SEPE mantiene su catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, precisamente para reflejar aquellos puestos cuya gestión resulta más complicada por falta de candidatos adecuados.

Más cotizaciones, más recaudación

La otra cara que se deriva de esta decisión regulatoria es fiscal y contributiva. Si una parte del trabajo que hoy sigue moviéndose en la informalidad pasa a declararse, el efecto inmediato se notará en la afiliación y, con ella, en las cotizaciones sociales.

Puede parecer una cuestión complementaria, pero las cifras apuntan a todo lo contrario. La Seguridad Social informó a finales de marzo de que los ingresos por cotizaciones crecieron un 7,8% interanual en los datos acumulados hasta febrero, hasta alcanzar los 31.122 millones de euros.

En un sistema que necesita consolidar ingresos para sostener el gasto futuro, ampliar la base de cotizantes tiene una lógica económica evidente: este es el núcleo económico de la medida.

Desde ese punto de vista, el beneficio potencial no se limita al trabajador que gana derechos y margen de movilidad, sino también al propio mercado: aflora actividad, mejora la trazabilidad del empleo y se refuerza la recaudación vinculada al trabajo.

Además, el proceso está diseñado precisamente para personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses, lo que refuerza la idea de que hablamos sobre todo de ordenar una realidad ya existente.

Sin embargo, conviene no sobredimensionar el alcance que puede tener. Esta regularización puede ayudar a reducir una parte de la economía sumergida, pero no resolverá por sí sola ni la escasez de mano de obra en determinados sectores ni los problemas estructurales de actividades acostumbradas a operar con alta rotación, salarios bajos o condiciones especialmente duras.

Tampoco corregirá, por arte de magia, las distorsiones de productividad del mercado laboral español sobre las que hemos hablado en este medio.

Su efecto real dependerá, en buena medida, de algo mucho menos vistoso que el anuncio político: la capacidad administrativa para tramitar expedientes con rapidez suficiente. El propio Ministerio ha planteado la medida como una regularización extraordinaria de personas que ya viven en España, pero para que ese impacto se traduzca pronto en más empleo formal y más cotización hará falta una ejecución rápida.

La regularización no cambia por sí sola el modelo productivo español, pero sí puede reforzar una idea básica: cuando el trabajo que ya existe entra en el circuito legal, gana el trabajador, gana la competencia y gana también la recaudación pública.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó este verano que la renta disponible real per cápita en España ha crecido un 9 % desde 2018, según datos de la OCDE.

No obstante, aunque la cifra es correcta, oculta un matiz fundamental: no proviene de un aumento real de los salarios, sino de una combinación de factores que no se reparten de forma homogénea entre la población.

Los datos objetivos

De este modo, varios analistas —entre ellos, el equipo de Newtral y el economista Jon González en X— explican que este crecimiento responde a cuatro grandes motores: el incremento de la tasa de empleo (principalmente gracias a la inmigración), el mayor peso de las rentas del capital, el efecto de los alquileres reales e imputados, y las prestaciones públicas como las pensiones.

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Dicho de otro modo, la composición real de crecimiento está, en este sentido, sesgada hacia pensionistas y trabajadores inmigrantes, lo que ayuda a entender por qué no todos los hogares sienten una mejora en su poder adquisitivo.

Percepción ciudadana

El contraste entre el dato macroeconómico y la percepción ciudadana es evidente. Una encuesta de Funcas muestra que 9 de cada 10 españoles creen que han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

La explicación está en que el índice de la OCDE incorpora variables que la gente no percibe directamente en su bolsillo, como el “alquiler imputado”: o sea, el valor que se asigna a las viviendas en propiedad como si fueran un ingreso.

Además, el repunte de los precios de la vivienda y los alquileres, junto al alza de los tipos de interés hipotecarios, han absorbido buena parte de las mejoras de ingresos. La inflación acumulada en la cesta de la compra termina de explicar el desfase entre la estadística oficial y la economía familiar real.

El motor de la inmigración

Desde el segundo trimestre de 2019, el empleo ha aumentado en 2,5 millones de ocupados, de los cuales 1,7 millones corresponden a extranjeros, según cálculos de Jon González. El propio economista matiza que se trata de una estimación bruta (ocupados/población total, sin ajuste por edad), lo que conviene tener en cuenta para interpretar el dato.

En paralelo, la población extranjera ha crecido en 2,9 millones, con una tasa de empleo del 58,6 %, frente al 44,3 % de los españoles. Este cambio demográfico eleva la media de renta disponible, aunque no refleja la realidad de todos los grupos de población.

La mejora se concentra en colectivos con más margen de avance: los inmigrantes en activo, que parten de tasas de ocupación más bajas y cuya incorporación masiva al mercado laboral ha tirado de la estadística, y los mayores, que se han beneficiado de la revalorización de las pensiones y del peso creciente de las rentas del capital.

Clase media estancada

En cambio, los jóvenes y las clases medias con hipoteca o alquiler se encuentran atrapados en una realidad distinta: ingresos que crecen poco, gastos que se disparan y una sensación de estancamiento que no cambia, pese a los datos macroeconómicos.

Las medias dicen que España es más rica, pero en muchos hogares se siente más pobre. El contraste se explica porque el crecimiento de la renta disponible se ha apoyado en factores que benefician a unos colectivos concretos —mayores con pensiones revalorizadas, hogares con rentas del capital o inmigrantes que se han incorporado al mercado laboral— mientras que los trabajadores jóvenes y las familias con hipoteca o alquiler cargan con unos costes de vivienda y financiación que neutralizan cualquier mejora salarial.

La fotografía global es positiva, pero también engañosa: el dato de la OCDE es una media per cápita que oculta diferencias entre generaciones, entre propietarios e inquilinos, y entre nacionales y extranjeros. Sin una radiografía más fina por hogares y quintiles de renta, seguirá existiendo una brecha entre lo que dicen las estadísticas y lo que perciben los ciudadanos cuando pagan el alquiler, la hipoteca o la compra semanal.

En definitiva, España sí es más rica en términos estadísticos, pero no necesariamente en términos de vida para la mayoría de sus familias.

Desde hace dos décadas, España recibe millones de personas migrantes que rejuvenecen su pirámide demográfica y, a la par, sostienen sectores clave de la economía. En la otra cara de la moneda, cada año se marchan miles de jóvenes altamente cualificados que no encuentran aquí un proyecto vital y profesional viable.

Pese al atractivo de vivir en España, donde el clima, la sanidad, la seguridad y el estilo de vida acompañan, el sistema no consigue retener talento propio ni aprovechar siempre que llega, terminando por exportar capital humano cualificado mientras infrautilizamos el que llega a nuestras fronteras.

426.000 personas dejaron España

Solo en 2022 más de 426.000 personas salieron de España: casi la mitad de ellas con estudios superiores o técnicos.

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Este no es un fenómeno puntual, sino un flujo estructural en el que el país sigue perdiendo capital humano en el momento en el que podría aumentar progresivamente su productividad. La Fundación BBVA y el Ivie estiman el valor de esta descapitalización en unos 155.000 millones de euros anuales.

Las razones no son difíciles de entender. En España se trabajan unas 1.632 horas al año frente a las 1.343 en Alemania o las 1.413 en Países Bajos, según la OCDE. Pese a ello, se cobra mucho menos por hora: unos 25 €/hora en España frente a los más de 43 €/hora en Alemania o los 45 €/hora en Países Bajos.

Sin embargo, este problema va más allá del salario y conecta con la falta de estabilidad, la dificultad para el ahorro o las perspectivas de carrera profesional. Mientras en otros países se valora el tiempo y la formación, aquí muchos recién graduados pasan años encadenando prácticas o empleos precarios. Algunos testimonios de españoles emigrados para El Mundolo resumen en una simple frase: “Cuando te acostumbras a ahorrar la mitad del sueldo, es muy difícil volver”.

9 millones nacidos en el extranjero

Asimismo, según los últimos datos del INE, el 20% de los residentes en España han nacido en otro país. Unas cifras que se han triplicado desde 2002, donde solo eran el 6 %. Hoy, son más de nueve millones de personas, de las cuales tres millones ya tienen nacionalidad española.

Un fenómeno que ha rejuvenecido y diversificado el país: el 73 % de las personas nacidas fuera de España tienen entre 20 y 64 años, frente al 53 % entre la población nacida aquí. Además, uno de cada cuatro menores en España tiene al menos un progenitor extranjero y, en niños menores de tres años, ese porcentaje asciende al 27%.

En relación con su origen, más de cuatro millones provienen de América Latina (Colombia, Venezuela, Ecuador…), seguidos por Marruecos (1,09 millones), Rumanía (0,53), y otros países europeos, africanos o asiáticos. Las provincias con mayor proporción de población extranjera son Alicante, Baleares, Girona, Almería y Barcelona, todas con cifras superiores al 24 %.

La paradoja del talento desaprovechado

Lo más llamativo es que los motivos que empujan a marcharse a muchos jóvenes españoles —salario, estabilidad, reconocimiento profesional— son los mismos que atraen a los inmigrantes. Pero hay una diferencia clave: España no retiene a los que forma ni integra plenamente a los que recibe.

Más del 50 % de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios están sobrecualificados: ocupan empleos por debajo de su nivel formativo. Se trata del tercer peor dato de Europa, solo por detrás de Italia y Grecia.

La mayoría se concentra en sectores como hostelería (28 %) y construcción (20 %), con muy baja representación en educación, sanidad o tecnología. Así, mientras que los jóvenes que salen del país acaban integrándose en sistemas productivos donde su formación es mejor valorada y su trabajo mejor remunerado, España no saca partido al capital humano: ni aquel que forma y deja marchar, ni el que recibe y no promueve.

Problemas al margen de buenas intenciones

La convivencia de estos dos fenómenos no es casualidad, ni anecdótica. Ambos son síntoma de un modelo económico y laboral que penaliza el talento, en vez de incentivarlo. Si bien la inmigración ha permitido sostener parte del crecimiento económico, no basta con atraer: hay que integrar y reconocer.

Tampoco es suficiente con señalar que “en España se vive bien”, pues los datos actuales no acompañan esta afirmación si vivir bien se traduce en no poder emanciparse, no poder ahorrar y estar sobrecualificado y trabajando en puestos precarios. La ecuación no sale.

Los expertos coinciden: mejorar la productividad, elevar el salario por hora trabajada, reducir la temporalidad y ofrecer trayectorias estables son condiciones mínimas para frenar la fuga de talento.

Al mismo tiempo, integrar profesionalmente a la población inmigrante más allá de los sectores de baja cualificación sería una palanca clave para aumentar la eficiencia del mercado laboral.

En pocas palabras, si no se corrige esta dinámica, España seguirá atrapada en una paradoja difícil de sostener: forma talento que se marcha, recibe talento que no aprovecha y, en conclusión, quedarse anclados en un sistema que exige mucho y ofrece poco.

Las propuestas de deportación masiva de inmigrantes, la cara de la política migratoria más dura de Donald Trump, parece haber calado en Vox. El partido presidido por Santiago Abascal, defiende que es la única forma de preservar el orden y garantizar el empleo para los ciudadanos españoles.

Sin embargo, la realidad de lo que ya sucede en Estados Unidos ofrece una advertencia notoria: estas estrategias tienen consecuencias económicas y sociales profundas, que no solo afectan a quienes son deportados, sino a todo el país. También a los nacionales.

En los últimos años, las redadas masivas y el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos han dejado huella en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la construcción. Y es que, si la mano de obra desaparece, la producción cae y las comunidades sufren las divisiones derivadas de estas políticas.

Sectores paralizados por la falta de trabajadores

En ciudades como Los Ángeles, los efectos ya son visibles. El distrito textil, tradicionalmente lleno de trabajadores latinos, se encuentra semivacío tras las redadas del ICE.

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Los pasillos de tiendas y mercados muestran una ausencia evidente de los inmigrantes que antes eran la base de estos negocios. El plan de Vox de deportar inmigrantes que copia de Trump, si se aplicara, podría provocar situaciones similares en las zonas agrícolas de España, donde muchos trabajadores temporales extranjeros mantienen las cosechas a tiempo y los precios bajo control.

En el sector agrícola estadounidense, productores de leche en Texas y cultivadores de cebolla en Idaho relatan la misma historia: cada vez es más difícil encontrar suficiente personal para mantener las explotaciones operativas.

La mano de obra extranjera, muchas veces sin papeles, supone cerca del 40% de la fuerza de trabajo en el campo estadounidense. El plan de Vox podría estar subestimando el impacto que tendría en la producción y, por ende, en los precios de los alimentos.

Impacto económico medible

Los datos muestran que las deportaciones masivas tienen consecuencias económicas claras. En California, por ejemplo, se estima que las políticas más duras podrían suponer una pérdida de hasta 275.000 millones de dólares en producción económica y 23.000 millones anuales en ingresos fiscales.

En España, muchas microempresas y sectores con alta demanda de mano de obra dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes.

Además, la incertidumbre creada por la política migratoria agresiva afecta también en EEUU a quienes sí tienen permisos en regla. Muchos trabajadores legales están optando, al menos de momento, por no presentarse a trabajar por miedo a ser detenidos por error o a ser interrogados.

Tensión social y oposición ciudadana

Las protestas también han crecido en Estados Unidos a medida que las tácticas de las redadas se intensificaban. En ciudades como Los Ángeles, miles de personas han salido a las calles para denunciar las medidas del ICE y la Guardia Nacional. De aplicarse en España, también podría provocar un aumento de la polarización social, donde ya existen divisiones marcadas en torno al tema de la inmigración.

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Incluso dentro de la propia administración estadounidense, las posturas no siempre coinciden. Mientras algunos asesores promueven la mano dura, otros, más próximos al sector agrícola, reconocen la necesidad de trabajadores extranjeros para mantener las industrias esenciales en funcionamiento. El debate, una vez más, está servido.

Reformas pendientes y alternativas

Las voces en Estados Unidos que piden una reforma migratoria integral son cada vez más numerosas. Agricultores, asociaciones hoteleras y organizaciones civiles reclaman una vía legal para que los trabajadores indocumentados puedan regularizarse y seguir contribuyendo a la economía.

En el campo estadounidense, muchos productores han tenido que renunciar a cultivos enteros por falta de personal, mientras que otros han optado por pagar sumas elevadas para traer trabajadores temporales con visado, un proceso largo y costoso que aumenta los precios.

El debate sobre la inmigración sigue siendo complejo y polarizado, pero la experiencia estadounidense demuestra que las políticas extremas generan más problemas que soluciones.

En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a convertirse en uno de los principales destinos migratorios del mundo.

El fenómeno, que ha sido particularmente notable desde el año 2000, ha transformado el tejido social del país. Hoy, hablar de España es hablar de diversidad, integración y nuevos desafíos económicos y sociales.

Esta evolución no solo ha sido rápida, sino también profunda: según el Banco Mundial, España es el tercer país del mundo con mayor migración neta como proporción de su población, sólo por detrás de Australia y Canadá.

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La comparativa es reveladora. En 1990, menos del 1% de los residentes en España eran extranjeros. En 2025, el 14% de los residentes son ciudadanos extranjeros y cerca del 20% de la población ha nacido fuera del país.

Además, uno de cada siete residentes de Madrid ha nacido en América Latina. Esta tendencia ha situado a España entre los líderes globales en acogida de inmigrantes, superando incluso a países tradicionalmente receptores como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.

Datos que reflejan un cambio estructural

La magnitud de esta transformación se refleja claramente en el gráfico elaborado a partir de datos del Banco Mundial. El análisis abarca el periodo 2000–2022 y mide la migración neta como proporción de la población total.

España figura con una tasa superior al 0,125, situándose sólo por detrás de Australia y Canadá, que rozan el 0,17. Esta posición destaca especialmente al compararla con países europeos como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, que se encuentran bastante por debajo en la escala.

Este liderazgo no es puntual. En 2023, España representó por sí sola el 23% de todas las naturalizaciones concedidas en la Unión Europea, lo que refuerza su papel como motor de integración migratoria en el continente. Son cifras que no solo hablan de llegada de inmigrantes, sino también de incorporación a la vida cívica, laboral y social.

Las paradojas del mercado laboral español

Uno de los aspectos que ha generado más debate en torno a este fenómeno es la aparente contradicción entre la elevada recepción de inmigrantes y los persistentes problemas del mercado laboral.

España mantiene una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa: según Eurostat, en 2024 superaba el 27%. Esta realidad plantea preguntas incómodas sobre cómo convive una alta inmigración con un desempleo estructural que afecta sobre todo a los jóvenes.

Parte de la explicación reside en la segmentación del mercado laboral. Muchos inmigrantes cubren sectores con escasa demanda entre los trabajadores locales, como la agricultura, la hostelería o los cuidados. Además, una gran proporción de la población inmigrante en España está en edad laboral activa, lo que también contribuye a sostener el sistema de pensiones y a aliviar el envejecimiento poblacional.

Madrid y las grandes urbes como focos de diversidad

Madrid, como capital y principal centro económico del país, es uno de los principales receptores de inmigración. En 2025, uno de cada siete residentes de la ciudad ha nacido en América Latina.

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Este dato confirma la fuerte presencia de comunidades venezolanas, colombianas, peruanas y ecuatorianas, entre otras. Esta concentración también se traduce en una oferta cultural y gastronómica enriquecida, así como en una creciente internacionalización de la vida urbana.

El fenómeno no se limita a Madrid. Ciudades como Barcelona, Valencia o Bilbao también han experimentado un crecimiento significativo de población extranjera. Esta diversidad ha venido acompañada de nuevos desafíos en materia de vivienda, educación y cohesión social.

Las razones detrás del atractivo de España

Existen varios factores que explican por qué España ha logrado atraer a tantos inmigrantes en tan poco tiempo. En primer lugar, el idioma. Para los migrantes de América Latina, España representa una opción natural por la cercanía lingüística y cultural. En segundo lugar, el clima, la calidad de vida y el acceso a la sanidad pública universal suponen un fuerte atractivo, especialmente para jubilados europeos o familias con hijos.

También ha influido el hecho de que el sistema legal y de nacionalización español facilita el acceso a la ciudadanía para muchas personas procedentes de países iberoamericanos, permitiéndoles regularizar su situación con mayor rapidez que en otros países europeos.

La necesidad de una política migratoria estratégica

El récord de inmigración que vive España no puede entenderse solo en términos numéricos. Supone también un reto estructural para sus instituciones. La integración efectiva de los inmigrantes en el mercado laboral, en el sistema educativo y en la participación política requiere políticas públicas bien diseñadas.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2023 más del 70% de los nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social eran de origen extranjero. Esto confirma que la inmigración está cumpliendo un papel crucial en el sostenimiento del sistema, pero también evidencia la necesidad de acompañar ese proceso con formación, estabilidad laboral y acceso a servicios públicos.

España se ha convertido, por méritos propios, en un referente mundial en recepción migratoria. Sin embargo, ese liderazgo debe traducirse también en una política migratoria coherente, que combine la apertura con la inclusión y la eficiencia institucional.

La diversidad es una oportunidad, pero también un compromiso que requiere inversión y visión a largo plazo.

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España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de toda Europa. No es casualidad. Las políticas públicas que deberían facilitar la conciliación o aliviar el coste de tener hijos están prácticamente ausentes. Las comparaciones internacionales lo dejan claro: apenas existe alivio fiscal para las familias con hijos, incluso en hogares con salarios medios.

Ese abandono institucional no solo afecta a los ciudadanos españoles. También está teniendo impacto en las mujeres inmigrantes, que tradicionalmente contribuían a mitigar el declive demográfico. Ahora, incluso entre ellas, la natalidad se hunde. Un fenómeno que ocurre en toda Europa, pero que está siendo especialmente duro en nuestro país.

Apoyo fiscal, a la cola

El informe Taxing Wages 2023 de la OCDE deja clara la magnitud del problema fiscal. Para un hogar con dos hijos y un salario medio, la diferencia fiscal respecto a un trabajador soltero sin hijos es prácticamente nula.

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En España, un trabajador soltero tiene, en la práctica, la misma presión fiscal que otro con dos hijos a su cargo. La cuña fiscal —la proporción del coste total del trabajo que se va en impuestos y cotizaciones sociales— es del 39,4% para el primero, mientras que solo se baja hasta el 38,9% para el segundo. España está entre los siete países con mayor cuña fiscal de toda la OCDE, lo que no ayuda a revertir la situación.

¿qué pasa cuando analizamos la cuña fiscal en el caso de una familia con salario medio y con dos hijos?

Que España pasa a ser el 7º país con una cuña fiscal más elevada para el salario medio. 9,8 pp por encima de la OCDE

España maltrata fiscalmente a las familias con hijos https://t.co/LWQccOdLTH pic.twitter.com/wq3YaofE1u

— Jon González (@Jongonzlz) March 20, 2025

Esta escasa diferencia contrasta con lo que ocurre en países como Polonia o Luxemburgo, donde el sistema fiscal premia notablemente a las familias. En Polonia, por ejemplo, un trabajador soltero con salario medio soporta una cuña fiscal del 34,8%, pero si tiene dos hijos, esa cifra cae hasta el 13,6%.

En Luxemburgo, la diferencia es aún mayor: del 36,7% al 11,2%. En ambos casos, hablamos de una reducción de más de 20 puntos porcentuales, frente al simbólico 0,5 de España.

El sistema alemán, pese a tener una notable presión fiscal para los trabajadores, también reduce en consecuencia (17,7 puntos). La cuña fiscal para un trabajador soltero es del 47,8 %, pero se reduce hasta el 30,1 % en el caso de una familia con dos hijos.

La conclusión es clara: en España apenas se reconoce la carga económica que supone tener hijos, mientras que en otras economías europeas el alivio es significativo.

La tasa de natalidad más baja de la UE

Todo ello, apunta a que estas políticas pueden relacionarse de forma directa con la bajísima tasa de fertilidad que enfrenta España (la más baja de la UE, solo por encima de Malta, según Birth Gauge).

Además, esta caída no se limita a las mujeres nacidas en España, también ha descendido de forma drástica entre las mujeres migrantes, lo que daría fuerza al argumento de la cuña fiscal. En cambio, en Francia o Alemania, las tasas de natalidad se han sostenido de forma parcial, gracias a los ciudadanos extranjeros.

Impresionante gráfico: España es el país con menor tasa de fertilidad de toda la UE (tras Malta). Pero es que en los últimos 15 años ha caído para todas las mujeres de las naciones de donde recibimos inmigración (en algunos casos drásticamente).

Autor: @pablogguz_ pic.twitter.com/6afgPLTtbp

— Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) March 23, 2025

Un estudio publicado en 2024 en Journal of International Migration and Integration confirma que los inmigrantes tienden a ajustar su comportamiento reproductivo a las condiciones del país de acogida.

Las condiciones españolas no favorecen la crianza. Estamos hablando de altos precios de la vivenda, inestabilidad laboral, pocos servicios públicos gratuitos orientados a la infancia y escasas políticas de apoyo familiar. Las  prestaciones de ayuda son mínimas y dispersas. Como consecuencia, las mujeres inmigrantes tienen menos hijos en España que en su país de origen, y el descenso es más acusado que en otros países europeos receptores de población migrante.

En conclusión, la  natalidad no depende solo de decisiones individuales, sino que sigue estando influida por las condiciones que cada sociedad ofrece para criar hijos. En España, estas brillan por su ausencia. Y aunque se suele culpar al cambio cultural, lo cierto es que las políticas públicas hacen muy poco por favorecer un cambio de rumbo.

Si el país con la segunda tasa de natalidad más baja de Europa quiere revertir la situación, se requieren políticas activas, inversión pública y un sistema fiscal que realmente apoye a las familias. Hoy, claramente, no lo hace.

España ha destacado en los últimos años por un crecimiento notable del PIB que, a primera vista, parece indicar una recuperación sólida tras las crisis recientes. Sin embargo, cuando se analiza el PIB per cápita, un indicador más ajustado que tiene en cuenta la población total, los datos cuentan una historia diferente.

En este contexto, el crecimiento económico español está estrechamente ligado al aumento de la población debido a la inmigración, y no tanto a un incremento significativo de la productividad o el rendimiento económico individual.

De acuerdo con Eurostat y el INE, el PIB per cápita en España, tomando como referencia el IV trimestre de 2019 (prepandemia), se ha recuperado, pero su crecimiento está lejos de liderar el ranking europeo. En diciembre de 2024, España sigue rezagada en comparación con países como Alemania, Francia y Grecia. Mientras que el conjunto de la zona euro muestra una recuperación sostenida, con niveles que superan los datos prepandemia, España apenas logra mantener un ritmo de crecimiento similar al promedio.

Crecimiento del PIB per cápita desde el 4T2019 hasta el 2T2024:

🇪🇺 +2,7%
🇪🇸 + 2,4%
🇩🇪 -1,6%
🇫🇷 +2,1%
🇮🇹 +6,8%
🇵🇹 +3,9%
🇬🇷 +10,9% pic.twitter.com/lvyAGnysmk

— Jon González (@Jongonzlz) December 3, 2024

La gráfica del PIB per cápita muestra que España tuvo una caída más pronunciada durante el inicio de la pandemia en comparación con otros países de la UE. Aunque ha logrado recuperar terreno, este progreso no es excepcional. Alemania, por ejemplo, lidera en términos de recuperación, y países como Portugal, aunque históricamente más rezagados, han experimentado un crecimiento más uniforme en los últimos años.

El "truco" de la inmigración en los datos de PIB

El crecimiento del PIB total en España está muy influenciado por el incremento de la población a través de la inmigración. En la última década, España ha experimentado un fuerte aumento en la llegada de inmigrantes, lo que ha impulsado tanto la oferta laboral como el consumo interno, dos factores clave para el crecimiento del PIB total.

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España tiene un buen crecimiento de PIB, pero consumimos menos que en 2019. La clave: inmigrantes y pensiones

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 2010 y 2020, la población inmigrante en España creció un 20%. Solo en 2022, el número de extranjeros residentes en el país aumentó en más de 400.000 personas, alcanzando cerca de 6 millones. Este aumento demográfico tiene un impacto directo en el PIB, ya que un mayor número de trabajadores y consumidores impulsa la actividad económica.

No obstante, este crecimiento poblacional también diluye los beneficios individuales, como se refleja en el PIB per cápita. Aunque el país muestra un buen rendimiento en términos absolutos, la riqueza generada se divide entre un mayor número de personas, lo que explica por qué España no destaca en el ranking europeo de crecimiento del PIB per cápita.

Comparación con otros países de la UE

El fenómeno no es exclusivo de España. Otros países europeos como Alemania y Francia también han experimentado aumentos en su población inmigrante, pero estos países han sabido integrar mejor a los nuevos residentes en su economía, reflejándose en datos de productividad y PIB per cápita más sólidos.

En Alemania, la población inmigrante creció un 25% en la última década, pero su PIB per cápita ha superado con creces los niveles prepandemia. Esto se debe, en parte, a políticas de integración más efectivas y a una economía basada en sectores de alto valor añadido. Por el contrario, España sigue enfrentando desafíos en la integración de los inmigrantes en empleos de calidad, lo que limita su impacto en el crecimiento económico per cápita.

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España está en su máximo histórico de impuestos como porcentaje del PIB. Y con el envejecimiento de la población, irá a más

El aumento de la población inmigrante ha traído consigo beneficios y retos para España. Por un lado, los inmigrantes han contribuido a mitigar los efectos del envejecimiento de la población y a llenar vacantes laborales en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Según el Banco de España, los inmigrantes representan más del 15% de la fuerza laboral en el país y son fundamentales para sostener sectores con alta demanda de mano de obra.

Sin embargo, esta dependencia de la inmigración para mantener el crecimiento económico plantea cuestiones sobre la sostenibilidad del modelo. España sigue teniendo una tasa de desempleo estructural alta, especialmente entre los jóvenes, y la economía muestra una alta dependencia de sectores de bajo valor añadido. Esto dificulta que el crecimiento económico se traduzca en mejoras significativas del bienestar individual, reflejadas en el PIB per cápita.

¿Qué implican estos datos para el futuro de la economía española?

El hecho de que el crecimiento del PIB total esté impulsado por el aumento de la población y no por un incremento de la productividad plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico español.

En un entorno donde el crecimiento de la población puede no ser constante, depender excesivamente de la inmigración para impulsar el PIB podría convertirse en una debilidad.

Para mejorar su posición en el ranking de PIB per cápita y garantizar un crecimiento más equitativo, España debe centrarse en aumentar la productividad, fomentar la innovación y mejorar la calidad del empleo. Esto implica no solo integrar mejor a los inmigrantes en el mercado laboral, sino también invertir en educación, tecnología y sectores de alto valor añadido.

Aunque el gobierno español puede destacar los buenos datos de crecimiento del PIB total, el análisis detallado revela que este crecimiento tiene "truco”. La economía española depende en gran medida del aumento poblacional para sostener su crecimiento.

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La economía española sigue creciendo a buen ritmo, pero el consumo privado se estanca. Las previsiones son claras y estiman que el país crecerá un 3%, cinco décimas más que la anterior previsión fiscal 2024-2025.

Se anticipa un incremento intertrimestral del PIB del 0,7% en el tercer trimestre y del 0,6% en el cuarto. No obstante, llama la atención que, frente al dinamismo del consumo público y de las exportaciones de servicios, el consumo privado sigue teniendo un desempeño muy pobre, solo algo mejor que las inversiones.

Si los españoles consumen menos es como consecuencia de la precariedad laboral, el aumento del coste de la vida y la carestía del precio de la vivienda. Además, los impuestos y contribuciones han aumentando, repercutiendo negativamente en una pérdida de poder adquisitivo.

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Los nacimientos se estabilizan en España. Pero la explicación es que en Madrid están subiendo y por la inmigración

Esto beneficia directamente a los pensionistas, que a la vez son los que más ahorran y los que menos gastan, consiguiendo aumentar su renta y riqueza. Todo ello repercute en que el consumo privado español continúe en cifras inferiores a 2018-2019.

El consumo privado sigue por debajo de 2018. ¿Por qué ahorramos más?
- La mayor parte del aumento de renta y riqueza es de los de más de 65, que consumen menos.
- Los inmigrantes consumen menos?
- Incertidumbre regulatoria-e.g. la gente no compra coche eléctrico.
Buenísimo, de… https://t.co/tZCFtwgEBV

— Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) November 9, 2024

La tasa de ahorro ha vuelto a aumentar hasta alcanzar el 13,3% de la renta bruta disponible prevista para 2024, 4,6 puntos por encima de su promedio entre 1999 y 2019. Los niveles de ahorro actuales sólo se han observado en contextos de elevada incertidumbre.

Pese al crecimiento del PIB de los últimos trimestres, el consumo privado per cápita en España se encuentra siete décimas por debajo de su nivel a finales de 2019 y a casi tres puntos de su máximo alcanzado a finales de 2007. El comportamiento del consumo privado per cápita es cada vez más decepcionante.

Hay que tener en cuenta que el consumo público ha aportado más del 50% del crecimiento económico desde el cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2024, según datos del INE. Pero, pese a no se runo de los componentes más importantes de la demanda (pues solo representa el 20% del PIB), esta aportación es posible gracias al incremento de las inversiones públicas.

La lenta recuperación del consumo privado

La economía española sigue acelerándose y durante el segundo trimestre de 2024 ha llegado a crecer un 3,1% interanual frente al 2,5% registrado en el trimestre anterior.

Muchos españoles han utilizado el ahorro para seguir reduciendo sus niveles de deuda hasta el 45,4% del PIB a mediados de 2024, partiendo de un máximo del 85,5% en 2010. Al desaparecer las restricciones por la pandemia, el ahorro comenzó a reducirse en España.

No obstante, es sorprendente que la tasa de ahorro haya vuelto a aumentar hasta el 13,3% de la renta bruta disponible prevista para 2024. Unas cifras que la sitúan en 4,6 puntos por encima de su promedio entre 1999 y 2019.

En El Blog Salmón

En el tipo de inmigración que recibamos nos jugamos el futuro en España: tenemos que conseguir atraer más universitarios y menos receptores de ayudas

Los efectos de la subida de los tipos de interés del BCE para combatir la inflación han tenido un efecto contractivo en el consumo, sumado al incremento de la presión fiscal.

Es cierto que buena parte de los impuestos ha servido para financiar transferencias, como las pensiones, pero el efecto redistributivo entre generaciones ha sido negativo sobre el consumo agregado.

Con la llegada de inmigrantes a España, aumenta la productividad y la fuerza laboral del país, por lo que las contribuciones al sistema estatal de pensiones también suben. No obstante, la población inmigrante, tal y como sucede con los pensionistas, suelen ser más tendentes al ahorro. Esto es consecuencia a problemas como la incertidumbre o a la necesidad de acumular capital para poder enviar remesas a sus países de origen.

Establecimiento de nuevos patrones

Hay una realidad para la economía española, y es que la renta disponible y la riqueza financiera han aumentado más entre la población mayor de 65 años, para la que el consumo es menos sensible a la situación cíclica.

De igual modo, hay que tener en cuenta que buena parte del crecimiento del PIB español es gracias a la inmigración, responsable de más del 90% del aumento de la población activa desde 2021.

También hay que tener en cuenta que las incertidumbres regulatorias, fiscales o tecnológicas han provocado que determinados componentes del consumo no se hayan recuperado. Solo hay que ver el sector de la automoción, en el que se han registrado niveles de matriculación inferiores a los de 2019.

Al igual que sucede en la UE, España mantiene un patrón parecido y exporta ahorro al resto del mundo. La tasa de ahorro en el territorio español es consecuencia de una tasa de inversión reducida, la cual refleja la incertidumbre y expectativas de su menor rentabilidad frente a otros países. Con todos estos ingredientes, se lastra por completo el crecimiento del consumo privado de cara al futuro.

Funcas ha estimado que, para 2025, España prevé un crecimiento del PIB del 1,8% al 2,1%. Se espera que la demanda interna aporte dos puntos al crecimiento y que el consumo privado se sostenga por la creación de empleo y el desembolso de una parte del ahorro acumulado. Un ahorro que seguirá aumentando mientras las familias sigan sintiendo un entorno de incertidumbre y de tipos de interés elevados.

Imágenes | Foto 1, Foto 2

Las cifras no mienten, en España cada año nacen menos niños. Sin embargo, las tendencias de nacimientos han comenzado a estabilizarse. En el caso madrileño, en 2024, han llegado a revertirse incluso.

En 2023, Madrid creció en más de 120.000 habitantes, entre el incremento de personas con nacionalidad extranjera (86.000) y españolas (34.000). En España, de media, el 32 % de los niños nacen de padres extranjeros: en Madrid (y Barcelona), esta tendencia se encuentra más pronunciada que nunca (más del 40 %).

Madrid rompe tendencia

¿Y qué ha ocurrido este último año? Con los datos oficiales hasta agosto de 2024, el número de nacimientos parece estabilizarse ligeramente por debajo de los 27.000 mensuales a nivel nacional.

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El problema del precio de los alquileres en España no es de los fondos buitres: apenas tienen un 8% de las viviendas disponibles

Sin embargo, Madrid, es la única región que rompe con la tendencia general del país. Su crecimiento sostenido supera el 5 %, y ha ido aumentando desde principios de 2023. 

En cifras absolutas, la Comunidad de Madrid está adelantando en nacimientos a grandes bastiones poblacionales como Cataluña.

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Veamos un poco si se mantienen las tendencias de los nacimientos en España, con datos hasta agosto de 2024.

A nivel nacional, el número de nacimientos parece estabilizarse en el entorno de los 27.000 mensuales. pic.twitter.com/zrhgZB3vN6

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

Durante este año, la prensa se ha ido haciendo eco de los cambios de tendencia a la baja, que se habían mantenido durante los años de pandemia.

En Twitter, el usuario Combarro compartía algunos gráficos realizados con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) por él mismo para explicar cómo encajan, a nivel nacional, los nacimientos en Madrid, en el resto de las principales provincias y la población migrante dentro del panorama de alumbramientos.

En lo que se refiere a la tendencia de nacimientos, ninguna otra comunidad autónoma lo lleva tan bien como Madrid. Y esto no está del todo claro que sea una buena noticia (a priori, lo es), debido a la dificultad de crecimiento poblacional que no está vinculada con los procesos migratorios.

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El cambio en la natalidad en Madrid se da para todos los rangos de edad, especialmente para las mayores de 30 años. pic.twitter.com/7iOQGbIdf5

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

Aragón y La Rioja también han crecido en nacimientos desde 2023, pero las cifras absolutas son mucho menores, como es obvio, y las Islas Baleares han visto cierto aumento y posterior estabilización entre 2023 y 2024.

En relación con esta cuestión, se plantean distintos problemas.

No es país para niños

A nivel nacional, solo 6 de las provincias han visto aumentar ligeramente el número de nacimientos. Además, la edad media de paternidad y maternidad no ha dejado de retrasarse hasta la franja de 30-34 y 35-39, principalmente, pero con un auge notable de la franja 40-44 años).

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Por edades, en Madrid hay más nacimientos en las edades entre los 35 y 45 años. pic.twitter.com/TonLhikglF

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

En Madrid, por ejemplo, este crecimiento sostenido acoge todos los rangos de edad y, a diferencia de Barcelona (si comparamos ciudades, ahora) se observa un crecimiento que choca contra el estancamiento de la población catalana. 

En otras provincias, la evolución es mucho más preocupante, aun así, como Pontevedra, Asturias, Canarias o Guadalajara e incluso todo el País Vasco.

El límite de las familias migrantes

El secreto madrileño parece estar muy vinculado a otra noticia que analizábamos en El blog salmón hace unos días: "Necesitas inmigración". En 100 años el 80% de la población de España habrá desaparecido con la tasa de fertilidad actual.

En pocas décadas, las principales ciudades españolas, en número de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Málaga, en concreto), han ido reduciendo el número de población autóctona (de primera generación), mientras la población migrante aumentaba.

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Último; aquí tenéis las CCAA más relevantes. pic.twitter.com/BWM1LgWgG1

— Combarro (@_combarro_) October 18, 2024

Según Xataka, el origen de las familias es latinoamericano (42 %), africano (28 %), europeo (22 %) y asiático (7 %), con un peso cada vez mayor en los nacimientos. Los nuevos madrileños, por ejemplo, supusieron solo en 2023 más de 127.000 altas procedentes del extranjero, sobre todo de Colombia, Venezuela, Perú y Argentina: el 51 %.

¿El gran problema? La migración no puede compensar las caídas sostenidas de la tasa de fertilidad y, en Europa, según comentaba el analista Marko Jukic, en X, puede haber llegado a invisibilizar los problemas de fondo en lo que se refiere a declive de población.

“La inmigración por sí sola no puede compensar el 50 % de pérdida de la siguiente generación”, pero, por ahora, puede parecer una solución eficiente para mantener el modelo de país, como demuestran las regiones con mayor población extranjera, como Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana.

La realidad es que la tasa de fertilidad española y extranjera es similar, y se encuentra baja o muy baja (muy similar en ambos casos), a excepción de los migrantes africanos, que siguen teniendo más hijos de media (2,5-3 veces más hijos).

El gobierno de Justin Trudeau ha aplicado en las últimas horas una medida eficiente para acabar con el gran problema que afecta al mercado laboral canadiense: la elevada tasa de desempleo juvenil. Solo en julio de 2024, ésta aumentó en un 6,4%. Para salvaguardar el futuro y la mano de obra local, la única solución es limitar el número de trabajadores extranjeros de la economía canadiense, así como los solicitantes de asilo que llegan al país.

Si se analiza a fondo la situación, puede comprobarse que la tasa de empleo se redujo para los hombres jóvenes de entre 15 y 24 años con una pérdida de 13.000 puestos de trabajo. Por el contrario, las mujeres de entre 25 y 54 años vieron incrementada dicha cifra y se crearon un total de 19.000 empleos.

Los orígenes de la medida

La política de otorgamiento de permisos de trabajo a los visitantes extranjeros entró en vigor durante la pandemia, en agosto de 2020. El objetivo no era otro que contribuir a que los visitantes extranjeros que se veían obligados a quedarse en Canadá por el cierre de sus fronteras, tuviesen plenas facilidades para acceder al mercado laboral.

En El Blog Salmón

Canadá prohibió en 2022 a los extranjeros comprar propiedades. Y parece que de momento han logrado parar la burbuja inmobiliaria

Dicho esto, desde la citada fecha, han sido 6.549 personas las que han solicitado permisos de trabajo bajo el programa gubernamental, siendo 4.761 las autorizadas y las beneficiadas.

We’re reducing the number of low-wage, temporary foreign workers in Canada.

The labour market has changed. Now is the time for our businesses to invest in Canadian workers and youth.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 26, 2024

Nueva hoja de ruta en la política migratoria

Ahora el plan de empleo que beneficia a los extranjeros y, especialmente, a los inmigrantes de bajo nivel educativo llega a su fin y las empresas nacionales deberán apostar por la juventud canadiense. La fecha marcada en el calendario para dejar de conceder permisos de trabajo a visitantes extranjeros es febrero de 2025.

Este paquete de medidas más estrictas contempla excepciones en algunos sectores, como sanidad, construcción y seguridad alimentaria. Además, el propio primer ministro canadiense ha argumentado que se van a fijar cambios para los salarios más altos.

La nueva medida, que entrará en vigor el próximo 26 de septiembre, contempla que las empresas no puedan cubrir más del 10% de su plantilla con trabajadores procedentes del extranjero. Además, la extensión de los contratos se recortará de dos a un año.

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Los datos demuestran que los extranjeros en España trabajan tanto como los españoles. Los venezolanos los que cotizan más, los de Marruecos, los que menos

Tradeau no descarta acometer otros ajustes para frenar las tasas de desempleo y los niveles de migración de cara al otoño. Por el momento, el objetivo es reducir del 6,1% actual al 5% la proporción de residentes temporales extranjeros con respecto al total de la población.

Un histórico preocupante

El Partido Liberal de Canadá es consciente de que la elevada inflación, el aumento del coste de la vida, la falta de vivienda y las escasas oportunidades para los jóvenes le están mermando su posición preferente en las encuestas.

A esto se le suma que tanto el Banco de Canadá como el Organismo Público de Estadísticas Canadá (EC) han advertido que inmigrantes y jóvenes se enfrentan a tasas de desempleo superiores al resto de la población.

El desempleo aumentó considerablemente en los sectores de transporte y vivienda, con una caída de 12.000 plazas, así como en la administración pública, donde se dejaron de crear 8.000 empleos. La cara amable la aportan los sectores de la alimentación y del alojamiento, con 17.000 nuevos empleos, y de la agricultura, con 12.000 nuevos puestos de trabajo.

Pese a todo, el salario promedio por hora subió un 5,4% en junio, si se compara con las mismas cifras del año anterior. Y es que, en mayo, el salario medio se incrementó en un 5,1%, en términos anuales.

La tasa de empleo entre los estudiantes que regresan a la universidad y que buscan trabajo en verano cayó al 46,8%, la tasa más baja registrada desde junio de 1998. Hay provincias como Quebec donde el desempleo juvenil ha avanzada en 0,6 puntos porcentuales y se ha situado en el 5,7%.

El poder de los movimientos migratorios

Canadá es el país del G7 con un mayor crecimiento demográfico, debido al elevado número de inmigrantes que viene recibiendo. De los 431.645 inmigrantes de 2022 se pasó a 465.000 en 2023 y se estima que en 2024 se consiga alcanzar los 485.000 y en 2025 los 500.000 inmigrantes. Cuando Trudeau llegó al poder, Canadá apenas recibía 300.000 inmigrantes al año.

Entre 2018 y 2023, Canadá duplicó sus permisos para trabajadores temporales extranjeros, alcanzándose durante el pasado año los 239.646 visados. A fecha de agosto de 2024, el número de residentes temporales extranjeros en el país es de 2,8 millones de personas, cuando la cifra hace dos años era tan solo de 1,4 millones.

Al margen de lo contraproducente que puede llegar a ser para la economía local y para los jóvenes del país, un informe internacional, publicado recientemente por Tomoya Obokata, determina que Canadá es un caldo de cultivo que fomenta la esclavitud contemporánea. De este modo, el desequilibrio de poder impide a los trabajadores ejercer sus derechos, pues si es despedida de su empresa podrá ser deportada del territorio.

Así pues, además de contribuir al desarrollo del empleo juvenil, el Partido Liberal aboga por acabar con las malas críticas que asocian el empleo de extranjeros en Canadá con bajos salarios, elevadas jornadas laborales, abusos verbales y físicos e incluso falta de protección personal.

La solución al desempleo juvenil canadiense pasa por unas políticas migratorias menos exigentes y por un control entre los empleadores. Y es que todavía en algunas regiones como Toronto, existe una media de 120.000 desempleados jóvenes, lo que supone un incremento del 50% en dos años. Esto es como resultado a que prefieren a personas con más experiencia en detrimento de las nuevas generaciones. El futuro de Canadá es incierto.

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