Pese a las diferencias entre la Administración Trump y la Comisión Europea, el marco regulatorio que está ultimando la UE para condicionar la inversión extranjera tampoco parece facilitar la entrada sin condiciones del capital asiático en sectores estratégicos.

Con foco explícito en el capital procedente de China, según han informado distintos medios de prensa, la iniciativa afectará a ámbitos clave de la transición tecnológica y energética, como los coches eléctricos, las baterías y la energía fotovoltaica, con la intención de asegurar inversiones que aporten valor añadido a la economía europea.

¿Qué propone Bruselas?

El objetivo principal de Bruselas se centra en tratar de evitar la creación de espacios de ensamblaje que permitan eludir barreras comerciales aprovechando la etiqueta “hecho en Europa”.

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El sector de la construcción entra en crisis estructural: menos empleo, más bajas, más permisos y una falta de mano de obra que frena la actividad

El proyecto está previsto para ser aprobado este mes y se enmarca dentro del llamado Clean Industrial Deal, la estrategia comunitaria destinada a reforzar la base industrial europea en tecnologías limpias y reducir dependencias externas en sectores críticos.

El borrador contempla que las inversiones extranjeras relevantes en sectores estratégicos deban cumplir condiciones específicas: entre ellas, destaca que los inversores extranjeros no puedan controlar más del 49 % del capital de las empresas participadas, obligando a constituir sociedades conjuntas con socios europeos, que se comprometan a la transferencia de tecnología y propiedad intelectual a dichas joint ventures y, por último, que garanticen que al menos el 50 % de la plantilla, en todas las categorías laborales, sea europea.

El objetivo de estas medidas es evitar que Europa se convierta en un simple centro de montaje para aquellos componentes importados sin capacidad tecnológica propia, lo que sería justo dar la vuelta al modelo de deslocalización europeo de las pasadas décadas: la externalización de la producción sin preservar las capacidades estratégicas internas.

El trasfondo chino…

En cierto modo, la Comisión está intentando aplicar, con una regulación más transparente, un principio que China utilizó durante décadas para escalar su industria.

Se trata de condicionar el acceso a su mercado a la creación de capacidades locales. En este sentido, hasta 2018, los fabricantes extranjeros de automóviles solo podían operar mediante joint ventures con socios chinos y con límites de participación, lo que facilitó la transferencia de conocimiento.

Además, se sumó una política industrial explícita, como el plan Made in China 2025, que priorizó vehículos eléctricos, baterías y tecnologías limpias con financiación pública y planificación a largo plazo.

Ese enfoque permitió a China pasar de ser una plataforma de ensamblaje a consolidar posiciones dominantes en segmentos estratégicos de alto valor añadido.

…y la dependencia tecnológica

Si bien la normativa no menciona a ningún país concreto, el trasfondo es evidente. China domina actualmente buena parte de la producción global en baterías, paneles solares y componentes clave para el vehículo eléctrico.

Su liderazgo industrial ha generado preocupación en Bruselas por el riesgo de dependencia estructural en sectores estratégicos para la transición energética. Asimismo, estas tensiones comerciales entre la Unión Europea y China ya se han manifestado en investigaciones sobre posibles subsidios distorsionadores en sectores como el eólico.

En concreto, la Comisión abrió recientemente una investigación sobre fabricantes chinos de aerogeneradores, una decisión que Pekín criticó como señal de proteccionismo.

En este sentido, la lógica de Bruselas muestra un pragmatismo lógico: Europa necesita inversión extranjera para acelerar su transición verde, pero quiere asegurarse de que esa inversión deje empleo cualificado, innovación y capacidades industriales internas.

Un contexto geopolítico complejo

La medida llega en un momento en el que la relación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesa tensiones en materia industrial y tecnológica. Sin embargo, la iniciativa no responde tanto a un alineamiento automático con Washington como a la voluntad de Bruselas de construir una política industrial propia, basada en la defensa del mercado único y en la reducción de vulnerabilidades estratégicas.

En paralelo, la UE estudia introducir requisitos de contenido europeo en la contratación pública de tecnologías limpias, reforzando así la demanda interna como palanca para la industria local. Todo ello forma parte de un enfoque más amplio de “seguridad económica”, concepto que ha ganado peso en la agenda comunitaria en los últimos años.

Las propuestas han abierto un debate dentro de la Unión Europea. Algunos Estados miembros y sectores empresariales advierten de que condicionar en exceso la inversión extranjera podría frenar proyectos clave o encarecer la transición energética. Por el contrario, también se ha apuntado que, sin este tipo de salvaguardas, Europa corre el riesgo de perder definitivamente el control sobre industrias esenciales para su competitividad futura.

Bruselas defiende que no se trata de cerrar el mercado europeo, sino de redefinir las reglas del juego. El acceso a uno de los mayores mercados del mundo sostiene la Comisión, debe implicar compromisos concretos en términos de inversión productiva, empleo y transferencia tecnológica.

Sin embargo, la Europa actual no es la potencia industrial incontestable de hace cincuenta años: su cuota en la producción manufacturera mundial ha retrocedido en las últimas décadas, mientras Asia ha ganado peso decisivo en cadenas de valor estratégicas.

Exigir demasiado puede ahuyentar capital en un momento crítico; exigir demasiado poco puede consolidar su pérdida de peso tecnológico. Entre la apertura ingenua y el proteccionismo rígido, Bruselas intenta construir un punto intermedio que preserve su relevancia sin aislarla.

Si se aprueba como está planteado, el nuevo marco marcará un punto de inflexión en la política industrial europea. Más que un giro proteccionista clásico, supone una apuesta por condicionar la apertura económica a la creación de valor dentro del continente. En un escenario de creciente rivalidad tecnológica global, la Unión Europea parece decidida a utilizar su mercado como herramienta estratégica para reforzar su autonomía industrial sin renunciar completamente a la inversión extranjera.

Han sido décadas en las que Japón ha sido una anomalía dentro del sistema financiero global. Con tipos cero o negativos, el Banco de Japón ha mantenido una política monetaria ultraexpansiva que convirtió al yen en una de las principales fuentes de financiación barata del mundo. Ese equilibrio empieza a romperse, y los mercados ya están reaccionando.

La volatilidad en el mercado de deuda japonesa se ha intensificado, con caídas en el precio de los bonos soberanos y subidas de rentabilidad poco habituales en un mercado tradicionalmente estable. Estos movimientos ponen en riesgo hasta siete billones de dólares en mercados globales de deuda, según estimaciones de la prensa económica, dada la enorme interconexión financiera de Japón con el resto del mundo.

Los mercados se mueven

El ajuste japonés traspasa una cuestión monetaria y coincide con un momento de elevada incertidumbre política. Reuters advierte de un posible deterioro de la confianza en el yen tras la convocatoria de elecciones anticipadas, un factor que añade presión adicional sobre los mercados de divisas y refuerza la volatilidad global.

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La deducción del IRPF ligada al nuevo SMI dejará fuera a más de un millón de pensionistas y afectará también a desempleados, elevando en casi 370.000 el número de excluidos

Sin embargo, el ajuste no se limita a Japón. Los movimientos en los bonos nipones empiezan a trasladarse a otros mercados de deuda y a generar tensiones en divisas y activos de riesgo. En las últimas semanas, la prensa económica ya había señalado que los cambios en la política monetaria japonesa están afectando a la percepción de riesgo global y a la estabilidad de los mercados de bonos en otras economías avanzadas.

La clave de todo esto es que Japón no es un mercado periférico, sino uno de los mayores emisores de deuda pública del mundo y un actor central en los flujos financieros internacionales: cuando su mercado de bonos deja de comportarse como un activo “seguro”, el efecto se amplifica.

Algunos analistas han ido más allá y apuntan a posibles movimientos de liquidez coordinados para contener una depreciación desordenada del yen. Según El Economista, en los mercados circula la sospecha de una intervención indirecta de la Reserva Federal, una señal de que la volatilidad japonesa empieza a preocupar también fuera del país.

Japón deja atrás décadas de dinero ultra barato

El detonante de este cambio es el giro del Banco de Japón, que ha puesto fin a los tipos negativos y ha iniciado una retirada gradual de los estímulos extraordinarios. Tras años luchando contra la deflación, la política monetaria japonesa entra en una fase de normalización que marca un punto de inflexión histórico.

Durante décadas, este marco convirtió al yen en la base de innumerables estrategias financieras globales. Fondos e inversores se endeudaban en Japón a bajo coste para invertir en activos con mayor rentabilidad en otros países. Ese papel de “proveedor de liquidez” actuó como un ancla silenciosa para el sistema financiero internacional.

No obstante, el abandono progresivo de ese modelo explica por qué los mercados reaccionan incluso cuando el banco central japonés adopta decisiones prudentes o graduales, ya que la estabilidad de fondo ha cambiado.

El principal foco de atención son las operaciones de carry trade en yenes, que se empiezan a deshacer. Estas estrategias, basadas en financiarse barato en Japón para invertir en otros mercados, han sido durante años un pilar invisible de la liquidez global.

Si el aumento de los rendimientos japoneses y la mayor volatilidad continúan, parte de esos flujos podría revertirse. El efecto sería una repatriación de capital hacia Japón, presionando a la baja a bonos y acciones en otras economías y provocando movimientos bruscos en los tipos de cambio.

Este riesgo ya aparece en distintos análisis de mercado, que advierten de que el cambio de régimen monetario japonés puede amplificar la volatilidad en un entorno global ya marcado por tipos de interés elevados, e incluso mercados alternativos, como Binance, han empezado a señalar que el fin del yen barato puede tener efectos en activos sensibles a la liquidez global, desde renta variable hasta criptomonedas.

Repercusiones globales

Fuera de Japón, el ajuste ya se empieza a notar en varios frentes, como las tensiones crecientes en los mercados de bonos internacionales a medida que los inversores reevalúan el papel de Japón dentro del sistema financiero global.

En cualquier caso, no hay consenso sobre una crisis sistémica inmediata, pero sí empieza a consolidarse una idea: Japón ya no actúa como amortiguador automático. Su retirada progresiva elimina una red de seguridad que el sistema financiero dio por sentada durante años.

Más que un golpe puntual, el fin del dinero barato japonés representa un cambio estructural. Sus efectos no tienen por qué ser inmediatos, pero pueden acumularse con el tiempo, especialmente si coinciden con un entorno global de tipos altos, menor liquidez y tensiones geopolíticas persistentes.

En ese sentido, el movimiento de Japón no es solo una noticia local, sino una señal de fondo sobre cómo está cambiando el equilibrio financiero internacional.

Alarma respecto a la evolución de la inversión extranjera en España durante el pasado año. Entre enero y septiembre de 2025, los flujos procedentes del exterior registraron una contracción notable, reflejando un cambio de tendencia respecto a ejercicios anteriores.

Este retroceso no solo afecta al volumen total de capital recibido, sino que golpea especialmente a países que históricamente han ocupado posiciones de liderazgo en el ránking de inversores.

Dentro de este escenario, la caída del capital procedente del Reino Unido y Alemania resulta especialmente significativa.

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Ambos países se mantienen entre los principales emisores de inversión hacia España, pero sus aportaciones se redujeron de forma drástica en los primeros nueve meses de 2025.

Un retroceso general de la inversión extranjera

La inversión foránea acumulada entre enero y septiembre de 2025 se situó en torno a los 19.000 millones de euros, lo que supone una bajada del 27,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se superaron los 26.000 millones.

Los datos, recogidos por la Secretaría de Estado de Comercio, evidencian un frenazo relevante del interés inversor, especialmente acusado en los dos primeros trimestres, cuando el desplome llegó a rozar el 60%.

Este comportamiento contrasta con el discurso oficial, que insiste en la fortaleza y el potencial de la economía española.

Sin embargo, la comparación con ejercicios previos muestra que el nivel actual queda incluso por debajo de los registros de 2023, lo que refuerza la percepción de un cambio de ciclo.

El desplome de la inversión británica

El caso del Reino Unido es uno de los más llamativos. Entre enero y septiembre de 2025, la inversión británica se redujo un 82,6% respecto al mismo periodo de 2024. El flujo de inversión bruta alcanzó los 1.615 millones de euros, mientras que la inversión neta se quedó en 1.345 millones, cifras muy alejadas de los 12.416 millones que el capital británico aportó en el conjunto de 2024, cuando lideró el ránking de países inversores.

Aunque los datos actuales solo abarcan tres trimestres, la tendencia hace muy improbable que se repita aquel volumen al cierre del año.

Con este retroceso, el Reino Unido pasa a ocupar la tercera posición entre los principales inversores, un puesto que ya ha sido habitual en etapas anteriores. El ajuste más severo se produjo en la financiación intragrupo, donde el descenso se aproxima al 98%, un indicador claro de la cautela de las multinacionales británicas a la hora de reforzar capital dentro de sus filiales españolas.

Alemania mantiene peso, pero reduce su aportación

La inversión procedente de Alemania también mostró un comportamiento negativo. En los nueve primeros meses de 2025, el capital alemán se contrajo un 36,6% en comparación con el mismo tramo de 2024.

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En términos absolutos, llegaron 1.178 millones de euros en inversión bruta y 467 millones en inversión neta. A pesar de la caída, Alemania continúa figurando de forma estable entre los cinco principales orígenes de capital extranjero.

La comparación histórica refuerza la magnitud del ajuste. En 2023, la inversión alemana ya había retrocedido un 20%, pero aun así alcanzó los 3.813 millones de euros en el conjunto del año. Esa cifra supera ampliamente lo registrado en 2025, y la evolución observada hasta septiembre sugiere que el cierre anual quedará muy por debajo.

A diferencia del Reino Unido, el componente que más creció fue la financiación intragrupo, con un aumento del 152%, lo que apunta a estrategias distintas entre ambos países.

Sectores y destinos del capital europeo

Tanto el dinero británico como el alemán se orientaron de forma relevante hacia las adquisiciones. En el caso del Reino Unido, estas operaciones sumaron cerca de 589 millones de euros, mientras que el capital alemán destinado a compras superó ligeramente los 604 millones.

El inversor británico también destacó por su presencia en otras ampliaciones, con más de 700 millones.

Por sectores, el capital del Reino Unido se concentró en servicios de información, educación y telecomunicaciones, repitiendo parcialmente el patrón del año anterior.

Alemania, por su parte, dirigió sus recursos principalmente al suministro de energía eléctrica, gas y climatización, seguido de servicios financieros y actividades inmobiliarias, confirmando su interés por áreas estratégicas y de infraestructuras.

Estados Unidos lidera el ránking inversor

En contraste con la debilidad europea, Estados Unidos se situó como el primer inversor en España entre enero y septiembre de 2025. El capital procedente de ese país alcanzó los 6.893 millones de euros, un 81% más que en el mismo periodo de 2024. Más de la mitad de ese volumen se canalizó a través de otras ampliaciones, consolidando a Estados Unidos como principal sostén de la inversión exterior.

Tras Estados Unidos aparecen Francia, Reino Unido, Alemania y México, configurando un mapa inversor donde el peso europeo sigue siendo relevante, aunque claramente debilitado.

Diferencias territoriales y clima regulatorio

El reparto territorial de la inversión revela contrastes acusados. Madrid concentra más de 10.200 millones de euros, muy por delante de Cataluña, que apenas supera los 2.000 millones.

Aragón destaca con unos 1.500 millones apoyados en centros de datos, mientras que Andalucía ronda los 1.000 millones. El resto de comunidades queda muy por detrás, lo que subraya la concentración geográfica del interés inversor.

Diversos informes apuntan a la inseguridad jurídica como uno de los factores que explican este escenario. El Foro de Regulación Inteligente sitúa a España como la segunda economía de la OCDE con menor seguridad jurídica para el contribuyente. A ello se suma un entorno de cambios regulatorios frecuentes y una presión fiscal creciente, elementos que erosionan la confianza exterior.

La recaudación, sin embargo, sigue al alza. Hasta noviembre, los ingresos tributarios crecieron un 10%, con 27.000 millones adicionales, anticipando un récord cercano a los 325.000 millones en 2025. Este contraste entre fortaleza recaudatoria y debilidad inversora refuerza la percepción de un desequilibrio estructural.

El informe EY Attractiveness Survey 2025 señala que Europa atraviesa uno de sus peores momentos en términos de atractivo, lo que repercute directamente en España.

Las multinacionales optan por proyectos más pequeños o aplazan decisiones, en un contexto donde la estabilidad institucional y normativa se ha convertido en un factor decisivo.

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La primera mitad de 2025 ha dejado un dato alarmante para la economía española: la inversión extranjera se ha desplomado hasta niveles que no se veían desde 2014.

Según datos de DataInvex, entre enero y junio el capital foráneo alcanzó los 8.476 millones de euros, lo que supone un 60,4% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando la cifra ascendía a 21.407 millones.

El hundimiento es todavía más evidente si se observa la evolución de la última década.

En 2018 España captó 28.184 millones en el primer semestre, su máximo histórico. Hoy, apenas supera los 7.500 millones si se consideran únicamente las operaciones de capital y patrimonio, muy lejos de los años de bonanza en los que la entrada de fondos multiplicaba por tres o cuatro la actual.

Madrid concentra la mayor parte de la inversión extranjera

La Comunidad de Madrid mantiene su liderazgo como principal polo financiero y empresarial. Con 4.509 millones recibidos en la primera mitad de 2025, concentra más de la mitad de la inversión extranjera total.

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Sin embargo, la comparación interanual es también demoledora: en el mismo periodo de 2024 había captado 15.903 millones, más de tres veces la cantidad actual.

Cataluña ocupa la segunda posición con 1.189 millones, lejos de los casi 2.900 millones registrados un año antes.

Solo estas dos regiones superan los mil millones, lo que refleja la debilidad generalizada del flujo inversor. Detrás aparecen comunidades con cifras más modestas: La Rioja (402 millones), Cantabria (370), País Vasco (286), Andalucía (283), Comunidad Valenciana (275) y Murcia (253).

En el resto del país los volúmenes son meramente simbólicos. Castilla y León suma 167 millones, Galicia 169, Baleares 179, Canarias 192, Navarra 36 y Aragón 58. Extremadura (21 millones) y Asturias (2 millones) apenas tienen presencia en el reparto, lo que muestra un mapa claramente desigual.

La caída también afecta a los sectores estratégicos

La debilidad no solo se percibe en la distribución geográfica. Por sectores, ninguno logra superar la barrera de los mil millones de euros, cuando en años anteriores varios duplicaban esa cifra.

Las actividades inmobiliarias captaron 879 millones, la industria alimentaria 772, los servicios de información 814 y el suministro de energía eléctrica, gas y vapor 770 millones.

España había sido históricamente un destino atractivo para sectores como la automoción, las telecomunicaciones o la energía renovable. Sin embargo, el descenso de capital limita la capacidad de inversión en industrias clave, justo cuando la transición energética y la digitalización requieren más recursos.

Quiénes invierten en España y cómo ha cambiado el mapa

El análisis por países confirma que la inversión extranjera sigue llegando mayoritariamente desde Europa, aunque en cantidades reducidas.

Luxemburgo encabeza la lista con 2.947 millones, lo que equivale a más de un tercio del total nacional. Francia ocupa la segunda posición con 824 millones, seguida de México (731), Países Bajos (648) y Alemania (465). Más atrás figuran Bélgica (308), Estados Unidos (286) e Italia (234).

El retroceso estadounidense es significativo, ya que en periodos anteriores había jugado un papel relevante en sectores de alto valor añadido.

Ahora, su presencia es testimonial, lo que confirma un repliegue que coincide con el aumento de la inversión en otros países europeos como Portugal o Irlanda, que están atrayendo capital gracias a incentivos fiscales y mayor seguridad regulatoria.

¿Cuáles pueden ser las causas?

El desplome de la inversión extranjera tiene múltiples causas. El contexto internacional está marcado por la incertidumbre geopolítica, los conflictos comerciales y la ralentización de la economía europea.

Sin embargo, en el ámbito interno, las dudas sobre la estabilidad política, los cambios en la fiscalidad empresarial y la inseguridad regulatoria en sectores estratégicos han erosionado la confianza de los inversores.

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De golpe, las ventas de eléctricos se han disparado: la clave está en la oferta y el respaldo del Plan Moves III, pero no son las únicas razones

Este escenario coloca a España en desventaja frente a otros países que sí están captando capital.

El caso de Portugal, con una política de incentivos fiscales muy agresiva, o Irlanda, que se beneficia de su atractivo para las multinacionales tecnológicas, es un ejemplo de cómo se pueden ganar posiciones en un mercado global cada vez más competitivo.

¿Qué implicaciones tiene para el empleo y la economía?

El impacto de esta caída va mucho más allá de la estadística. Menos inversión extranjera implica menos proyectos empresariales, menor creación de empleo y un freno al dinamismo económico.

En 2025, la contracción en la entrada de capital exterior se traduce en un riesgo para el desarrollo de sectores emergentes como la energía verde, la biotecnología o los servicios financieros digitales.

La inversión extranjera aporta no solo dinero, sino también transferencia de conocimiento, implantación de nuevas tecnologías y oportunidades de empleo cualificado.

Su retroceso compromete la modernización del tejido productivo y puede dificultar que España mantenga su posición en la transición hacia un modelo económico más sostenible e innovador. Y también, cómo no, en mejorar sus cifras de empleo. De momento, seguimos en el top del desempleo de la UE.

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En los últimos años, la industria tecnológica europea había depositado grandes expectativas en el desarrollo de un ecosistema fuerte de microelectrónica, capaz de competir a nivel global. Y en eso ha quedado: en el pasado.

España aspiraba a situarse en ese mapa con la construcción de una gran planta de fabricación de semiconductores, gracias a la inversión prometida por la estadounidense Broadcom.

Sin embargo, la noticia que ya se venía insinuando desde hace meses se ha confirmado: España no contará con fábrica de chips de la multinacional, un golpe para los planes de reindustrialización del país.

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Dos datos que contradicen el optimismo del Gobierno: los fijos discontinuos y los receptores del IMV

El ambicioso proyecto fue presentado en 2023 como un hito para la economía española y un símbolo del atractivo del programa Perte 'Chip'.

La construcción de esta planta no solo habría supuesto una inyección económica millonaria, sino que también habría situado a España en el tablero estratégico de la industria global de los semiconductores.

Pero las negociaciones entre el Gobierno y Broadcom se han roto, enterrando las expectativas y dejando en evidencia las dificultades para atraer y retener inversiones de esta magnitud.

Un anuncio cargado de ilusión que no llegó a materializarse

El 6 de julio de 2023, el presidente del grupo de Soluciones de Semiconductores de Broadcom, Charlie Kawwas, se reunía en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras el encuentro, la compañía anunció su intención de invertir en el ecosistema de microelectrónica español bajo el paraguas del Perte 'Chip' y la Ley europea de Chips.

Este anuncio fue recibido con entusiasmo en el Ejecutivo, que lo presentó como un paso decisivo para convertir al país en un referente en la fabricación de chips, especialmente en el segmento conocido como back-end, en el que Europa tiene menos presencia.

El proyecto contemplaba una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, unos 850 millones de euros, y se describió como estratégico para fortalecer la cadena de valor de los semiconductores en el país.

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El estancamiento salarial de España en una gráfica: los países del Este empiezan a superarnos

La planta se anunciaba como única en Europa por sus características y su puesta en marcha habría supuesto un importante impulso para el empleo, la innovación tecnológica y la independencia industrial europea en este sector crítico.

El largo silencio y las señales del fracaso

En los meses siguientes, sin embargo, las señales positivas se fueron apagando. Aunque desde el Gobierno se insistía a principios de 2024 en que las negociaciones seguían su curso, lo cierto es que no hubo avances palpables.

Algunas informaciones situaban la planta en Zaragoza, pero nada se confirmó oficialmente. Fuentes del propio Ejecutivo admiten ahora que las conversaciones con Broadcom llevaban meses rotas, pese a que públicamente se seguía defendiendo la viabilidad del proyecto.

En septiembre de 2024, se produjo un relevo clave en el Ministerio para la Transformación Digital. La salida de José Luis Escrivá, que había estado involucrado directamente en las negociaciones, y la llegada de Óscar López supusieron un cambio de enfoque.

Según las mismas fuentes, López no llegó a sentarse con los representantes de Broadcom, en un contexto en el que las negociaciones ya estaban estancadas desde antes de su nombramiento.

Factores externos que complicaron aún más las negociaciones

A las dificultades internas se sumaron factores externos que terminaron por enterrar definitivamente el proyecto. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 marcó un cambio en las relaciones transatlánticas.

La nueva administración norteamericana ha adoptado una postura más dura hacia Europa en materia comercial y tecnológica, lo que ha generado incertidumbre para las inversiones de empresas estadounidenses en territorio europeo.

No solo la planta de Broadcom en España quedó bloqueada. También fracasó otra operación que el Gobierno español negociaba con otra compañía estadounidense para crear una ‘joint venture’ dedicada a la producción de chips, en la que estaba previsto invertir 400 millones de euros.

Según fuentes conocedoras de la situación, la hostilidad del nuevo contexto político norteamericano ha condicionado la capacidad de estas compañías para comprometer inversiones de este calibre en Europa, dejando a España sin ambas oportunidades.

La reacción oficial y el futuro del Perte 'Chip'

Ni Broadcom ni el Ministerio para la Transformación Digital han realizado aún declaraciones públicas sobre el desenlace de este proyecto. Desde el Ejecutivo, no obstante, reconocen algunos medios que la retirada de la compañía estadounidense supone un contratiempo para los planes del Perte 'Chip', el programa estrella para reforzar la industria nacional de semiconductores.

Este instrumento, dotado con más de 12.000 millones de euros, sigue en marcha y busca atraer nuevas inversiones, aunque ahora afronta un entorno más complicado.

El fiasco de la planta de Broadcom también pone de relieve las dificultades estructurales para captar proyectos industriales de alto valor añadido para España. La competitividad frente a otros países europeos, la lentitud administrativa y la falta de estabilidad política son factores que restan atractivo a nuestro país en un sector tan estratégico como el de los semiconductores.

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La economía española parece crecer y prosperar en determinados frentes y esto es lo que ha ocurrido con la inversión extranjera. Nuestro país parece haberse consolidado como un destino clave para la inversión más allá de nuestras fronteras. El devenir de una economía viene marcada por puntales como los proyectos de inversión, que pueden otorgar al país la creación de empleo y por ende un desarrollo económico próspero.

Si atendemos al Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio, España se ha consolidado dentro de las economías extranjeras como fuente de inversióngracias a su participación en los negocios internacionales. En busca de una mayor fuente de ingresos, los países en ocasiones ven como el ahorro es insuficiente para poder hacer frente a la financiación de su inversión. Es por ello que tienen que recurrir a terceros y con ello el pertinente endeudamiento.

Es entonces cuando entra en juego el atractivo del país, y es que el inversor busca economías saneadas y con fundamentos macroeconómicos sólidos. Así es como España se ha convertido en un destino de interés para los negocios internacionales.

EE.UU se convierte en el primer gran inversor en España

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la inversión extranjera en nuestro país el pasado año 2022 supuso una cifra por encima de los 34.178 millones de euros brutos. Este dato entrañó un hecho más, y es que es la segunda mayor cifra alcanzada desde que se tienen datos registrados (1993). En comparación con el año anterior, en 2021, ha supuesto un aumento del 13.9%.

El Registro de Inversiones Extranjeras Datalnvex de la Secretaria de Estado de Comercio ha revelado que dentro de estos ingresos, EE.UU es el gran y primer inversor en España, con un 27,7% del total, una cifra que equivaldría a una inversión bruta de 9.453 millones de euros.

La lista la completan tras el país norteamericano el Reino Unido con 6.097 millones de euros de inversión, un 17,8% del total; Alemaniacon una inversión de 4.790 millones de euros, un 14% del total; Francia con 3.410 millones de euros, un 10% del total; y finalmente Australiacon 1.353 millones de euros, un 4% del total.

Otros países inversores en nuestro país son Países Bajos con 1.012 millones de euros (un 3% del total), Italia con 991 millones de euros (un 2,9% del total), Canadá con 746 millones de euros (un 2,2% del total), Austria con 688 millones de euros (un 2% del total) y Hong Kong con 632 millones de euros (un 1,8% del total).

Por su parte, y según datos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, las inversiones de China en nuestro país y referidas al primer semestre del pasado año, fueron de unos escasos 95 millones de euros. Esto, contrasta en demasía con los 435 millones de 2021, los más de 3.000 millones de 2017 y los 9.585 millones de los últimos diez años. En lo que respecta a Arabia Saudí, la inversión bruta en España relativa al año 2022 fue de 47 millones de euros.

Ante estos datos arrojados, la ministra Reyes Maroto se mostró esperanzadora: “estos datos muestran la fortaleza de la economía española y la enorme confianza que tienen los inversores extranjeros en nuestro país. Hay que tener en cuenta que estas inversiones se producen en un contexto global muy complejo, en medio de una guerra en Europa y tras una intensa crisis energética responsables de niveles de inflación sin precedentes en las últimas cuatro décadas en el continente”.

Maroto añadió además que “en este difícil e incierto contexto internacional, España ofrece seguridad y certidumbre gracias al despliegue de la ambiciosa agenda de inversiones y reformas que el Gobierno ha puesto en marcha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

A día de hoy, ya son más de 55.000 empresas las que exportan de manera regular según informa el Ministerio que preside Reyes Maroto. El aumento de la inversión extranjera ha conseguido fortalecer significativamente la base exportadora del país, y es que gracias a ello las empresas españolas han podido expandirse y diversificar su presencia en el mercado global, aprovechando nuevas oportunidades comerciales y colaborativas.

De igual modo, España recibió 860 proyectos Greenfield de capital extranjero (frente a los 838 en 2021 y los 554 en 2020) el pasado año, un dato que hace que el país ocupe la sexta plaza mundial en este tipo de proyectos, superando a China, Francia o Japón.

La inversión extranjera por sectores económicos

Si atendemos al análisis por sectores, el 55,1% de la inversión extranjera realizada en España se dirigió al sector servicios, en segundo lugar el 42,2% al sector industria, el 2,5% al sector de la construcción y finalmente al sector primario el 0,2%.

Las inversiones en el sector manufacturero supusieron más de 10.111 millones de euros, el de las telecomunicaciones más de 2.713 millones de euros, las energías renovables más de 2.800 millones de euros, el sector de la programación e informática obtuvo una inversión de 1.400 millones de euros y finalmente el sector de la investigación y desarrollo consiguió más de los 800 millones de euros.

La inversión extranjera por comunidades autónomas

La mayor inversión extranjera en el 2022 la recibieron las comunidades de Madrid con 17.226 millones de euros, País Vasco con 5.512 millones de euros, Cataluña con 3.883 millones de euros, Comunidad Valenciana con 2.036 millones de euros y Andalucía con 1.265 millones de euros. Estas cinco regiones suponen el 87,6% de toda la inversión extranjera que ha recibido el país.

La situación de la vivienda en nuestro país sigue preocupando a la población. Ante el aumento de los precios de los alquileres, la opción de compra sigue siendo la tendencia más demandada por el conjunto general de los ciudadanos. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó sobre la evolución de los precios de la vivienda alquilada en el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA).

Este informe dictaminó que el precio de los alquileres había crecido entre 2015 y 2020 entre el 0,3% y el 3,5% anual, situando la punta del iceberg en el año 2019 con un crecimiento máximo y en el año 2020, año de la pandemia, registrándose los mínimos (0,9%). Ahora la vivienda en alquiler parece estar remontando pausadamente donde ya vivió un 2022 de vuelta a la normalidad. Con tal panorama, la vivienda en propiedad frente al arrendamiento parece ser la prioridad de la gran parte de los ciudadanos en España.

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El euríbor sigue creciendo y alcanza la barrera del 3,5%, su máximo desde 2008

Comprar antes que alquilar durante 2022

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), atendiendo a su Encuesta de Población y Viviendas, durante el 2021 el 75,2% de las familias residentes en nuestro país vivían en una casa en propiedad frente al 15,9% que lo hacía en viviendas alquiladas. Pero aún queda mucho por recorrer para igualar cifras de años atrás, y es que si miramos datos de 2011, el porcentaje de población con vivienda en propiedad se situaba en el 78,9%, es decir un 3,7% más.

¿Cuál es la tendencia esperada en 2023?

Expertos inmobiliarios creen que la situación de la compra de viviendas durante el 2023 vendrá determinada por la financiación. Elementos determinadores serán la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), el crecimiento veloz del Euríbor que en el día de hoy ha registrado su mayor subida diaria del año situándose en el 3,662%, y el coste de la financiación de los bancos a largo plazo.

Portales inmobiliarios ya empiezan a informar que la tendencia para este 2023 será de menores transacciones hipotecarias respecto al año pasado, aunque creen que el cambio de hipotecas variables a fijas podrá amortiguar el impacto, y es que aunque las condiciones para estas últimas se han endurecido, empieza a cobrar fuerza las hipotecas mixtas.

La compra de viviendas por parte de los extranjeros

La compraventa de viviendas de manos de extranjeros ha crecido considerablemente en los últimos meses. Tal es así que según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en el tercer trimestre del pasado 2022 creció un 22,85%, llegándose a hacer un total de 32.701 operaciones frente a las 26.617 del pasado año.

Durante los meses de enero a septiembre la compra por parte de extranjeros residentes y no residentes, subió a 101.460 en total, lo que supuso un 44,31% más que en esos meses de 2021. Y es que solo en los meses de verano, de julio a septiembre, el Ministerio contabilizó un 16,35% (14.508) más de compra por parte de extranjeros residentes, mientras que los no residentes realizaron un 30,65% (15.821) más de estas operaciones.

Por distribución geográfica, las comunidades donde más compraventas se hicieron por parte de los extranjeros fueron Asturias con una subida del 51,1%, Canarias con un 48,72% y la Comunidad Valenciana con un 36,1%. Por la cola, descendieron las compras de viviendas de extranjeros en Cantabria con un 20,8%, Melilla con un 16,6%, Islas Baleares con un 13,9%, Navarra con un 12,8% y Castilla La Mancha con un 11,12%.

Los alemanes

Aunque tradicionalmente el mercado había estado dominado por la población de Gran Bretaña, los alemanes han destronado a éstos y ahora son ellos los que más viviendas adquieren en nuestro país. Su compra se sitúa en un 10,4% y es que durante el tercer trimestre de 2021 adquirieron 1.681 viviendas, frente a las 1.595 de los británicos.

La compra mayoritaria se está realizando en la Costa Blanca y Costa del Sol, zonas que no eran frecuentes entre estos ciudadanos que concentraban el 90% de sus adquisiciones en Baleares y Canarias.

Los británicos

Los ciudadanos británicos siempre habían estado en el máximo puesto de compra de viviendas en España, el clima era su principal atracción. En el tercer trimestre de 2015 llegaron a acaparar el 25% de las transacciones de compraventa. Sin embargo, tras la marcha del Reino Unido de la Unión Europea, las ventas cayeron en un 23,6% en 2016 y un 16,1% en 2017. En la actualidad la compra de viviendas por parte de ciudadanos británicos se sitúa en el 9,9%.

Los franceses

Los franceses se sitúan en tercer puesto con un 7,8% de las compras. La compra de ciudadanos franceses en nuestro país viene con el objetivo de adquirir segundas residencias y como vivienda vacacional, por lo que las zonas más demandadas son las que congregan sol y playa. Cataluña concentra el 24,95% de estas viviendas, la Comunidad Valenciana con un 7,32% y las Islas Baleares con un 5,53%.

Los marroquíes, belgas y rumanos

Esta población acapara el 6,5% de las compras por parte de los marroquíes, el 5,6% los belgas y el 5,3% los rumanos. Solo durante la primera mitad del 2021, los ciudadanos marroquíes se hicieron con 5.159 viviendas en nuestro país. Por zonas, los marroquíes adquieran el 50% de sus compras en Murcia, el 40% en Extremadura y el 34% en La Rioja. Por su parte los rumanos lideraron las compras en Castilla La Mancha y Aragón con un 33%.

Cataluña está viviendo unos días complicados. Tras la sentencia del procés se ha iniciado una oleada de protestas, que especialmente afectan a la capital catalana, Barcelona.

Se cierra la página del procés y se abre otra, pero no sin dejar secuelas en la economía catalana. En estos años hemos visto el deterioro del crecimiento económico, la pérdida de inversión extranjera con la salida de sedes sociales y cómo el turismo se tambaleaba en los puntos álgidos.

Vemos en las siguientes líneas cómo ha repercutido el procés en las principales magnitudes económicas.

El procés contra el crecimiento económico

Si algo se ha caracterizado al economía catalana es por un crecimiento económico sólido por encima de la media nacional gracias a una industria potente. Sin embargo, algo ha estado cambiando en los últimos tiempos.

En el año 2014, la economía española creció un 1,4%, mientras que la economía catalana crece 4 décimas más hasta alcanzar el 1,8%, posicionándose como la sexta economía entre las CCAA que más crece.

El auge de la economía española lo vemos en el 2015. Los años la economía española crece un 3,8% y la catalana le supera en 4 décimas hasta el 4,2%, situándose como la tercera autonomía que más crece.

En el año 2016, la economía española creció un 3% y Cataluña seguía liderando ese crecimiento con una tasa del 3,5%, 5 décimas más que la economía española y es la cuarta economía que más crecimiento experimenta.

En 2017, la economía española crece prácticamente al mismo ritmo que el año anterior al 2,9%. En ese año se reducen las diferencias con el crecimiento de la economía catalana a tan solo tres décimas ya que avanza un 3,2% y es la quinta economía que más crece entre las autonomías.

Como vemos, en esos 4 años analizados la economía catalana demostró su fortaleza pero en el año 2018 cambiaron los papeles.

El crecimiento económico español se moderó hasta el 2,6%. Y, por primera vez en este ciclo expansivo, la economía catalana creció por debajo de la española a una tasa del 2,3% y cayó en el ranking de las autonomías hasta ser la décima que más crece, lo que evidencia un elevado coste de oportunidad frente a su potencial.

El procés contra la inversión

Generalmente, por el efecto capitalidad que tiene Madrid, tiende a concentrar la mayoría de inversión extranjera debido al gran número de sedes sociales que alberga.

Las sedes sociales de las grandes empresas se localizan principalmente en Madrid y Cataluña. Y, entre ambas, se han llevado el 80% de la inversión extranjera del conjunto de España.

Si nos referimos a los datos de 2018, el 85% de la inversión total se concentró en Madrid frente al 6,4% que derivó para Cataluña. Esto tiene su justificación y es que los movimientos secesionistas por parte de la Institución de la Generalitat han propiciado un daño estructural, una desconfianza institucional que llevó a que un gran número de empresas trasladan su sede de Cataluña a Madrid.

El año pasado Madrid claramente se benefició del procés, con un auge espectacular de la inversión extranjera. De hecho, el descenso del 11,7% de la inversión extranjera en Cataluña no se fundamenta únicamente por el traslado de sedes sociales de las empresas, este amplio diferencial vendría dado por la paralización, el retraso o la simple cancelación de decisiones de inversión que iban destinadas a Cataluña.

Si hacemos una media entre 2014 y 2018, la Comunidad de Madrid ha obtenido el 65% de la inversión extranjera frente al 15,9% que ha recibido Cataluña. Pero si analizamos el periodo de cómo ha evolucionado la inversión extranjera en ambos territorios, los resultados son decepcionantes para Cataluña.

En este periodo, la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid habría crecido un 115% hasta alcanzar los 39.925 millones de euros. Por el contrario, en Cataluña se ha visto reducida la inversión extranjera en un 35,6% hasta los 2.985 millones de euros.

El procés contra el turismo

Si nos ponemos en antecedentes, en 2017 -año en que se propició el referéndum ilegal y la declaración de independencia- el proceso independentista provocó pérdidas de 319 millones de euros en el sector turístico en Cataluña y un descenso medio del 9,6% de los ingresos turísticos en Barcelona en el último trimestre del año, según los datos de Exceltur.

Si miramos los datos de la evolución de los ingresos por habitación, se aprecia que las mayores caídas en los ingresos se produjeron en el mes de octubre, con una caída del 11,2% -tras el referéndum del 1-O-, y en diciembre con un desplome del 15,2% por la incertidumbre del proceso electoral.

No obstante, el turismo catalán ha demostrado una especial fortaleza y solo una coyuntura muy específica en el tiempo le ha llevado a movimientos erráticos en su dinamismo. Es más, un año después de estos datos el turismo consiguió recuperarse.

Tras el duro golpe de finales de 2017, hubo una mejora de las expectativas y el número de visitantes internacionales que visitaron la capital condal creció un 4,3% más que el año anterior. Y, a nivel de ingresos se mejoró con un avance del 6,9% frente a las cifras del año anterior.

Es por ello que las imágenes que estamos viendo estos días no favorecen a la imagen ni de Cataluña ni de Barcelona. Una tensión que no le sienta bien al sector del turismo que representa más del 10% de la economía barcelonesa.

El Atlético de Madrid, el Valencia… y ahora el Espanyol de Barcelona. Este es el último equipo de la liga española que ha caído rendido a los millones de las fortunas asiáticas. En concreto, el grupo chino Rastar se ha hecho con el 40% del club, lo que le convierte en accionista mayoritario.

Por 65 millones de euros se ha cerrado la operación por la que el grupo, presidido por Chen Yansheng, ha adquirido los paquetes accionariales de Daniel Sánchez Llibre y de Ramón Condal, los que hasta ahora eran los principales socios. Esta compañía se dedica a un sector que nada tiene que ver con el fútbol, tan siquiera con el deporte, pues se dedica a la producción de juguetes electrónicos y videojuegos.

Aunque el equipo no ha querido dar más detalles de la operación, lo cierto es que esta compra puede suponer un cambio total de rumbo a su gestión. Ya puede verse en el Valencia, cuyo dueño es el empresario de Singapur Peter Lim y es quien se está encargando de la política de fichajes de forma directa, lo que ha generado un enorme malestar en la afición.

De momento, lo único que se sabe es que esta empresa es un gigante en China, pues emplea a más de 10.000 personas y su valor en bolsa es de 3.000 millones de euros, cifra que se vuelve aún más grande frente a los 24 millones de capital social que tiene el Espanyol.

España, objeto de deseo

Pero esta operación va más allá del fútbol, pues en los últimos años España se ha convertido en el objeto de deseo de las grandes fortunas asiáticas, que ven en el país toda una joya inversora, sobre todo por cómo han quedado los precios después de la devastadora crisis.

Un ejemplo de ello es precisamente el magnate que tiene el 20% del Atlético de Madrid, un gran conocido dentro de los círculos empresariales de la capital y por la prensa de todo el país. Se trata de Wang Jianlin, el presidente del Grupo Wanda, uno de los hombres más ricos de China y dueño del Edificio España.

Precisamente, la compra de este edificio ha traído polémica, ya que se realizó cuando el PP todavía gobernaba la ciudad, pero con la entrada de Ahora Madrid al Ayuntamiento las condiciones parecen haber cambiado y la rehabilitación que el chino quiere llevar a cabo para convertirlo en apartamentos de lujo puede irse al traste.

Pero es que además este empresario es parte de la operación Campamento, con la que se levantará un complejo de ocio, centros comerciales y viviendas, y de donde Jianlin también sacará tajada de ello.

Y es que estos multimillonarios procedentes de Asia no solo quieren seguir haciendo fortuna invirtiendo en España, también quieren visibilidad y notoriedad, de ahí que quieran hacerse con equipos de fútbol, ya que eso les pone en órbita en el resto de Europa, es decir, es su puerta de entrada. Vamos, que el que diga que en los palcos de los estadios no se hacen negocios no puede estar más equivocado.

Hace más de seis años hablé del valor de El Corte Inglés, en la ocasión de la disputa sobre la valoración cuando un sobrino del anterior presidente quería vender sus acciones y disputaba la valoración que le propuso la empresa. Entonces al sobrino le ofrecieron un precio valorando la empresa total a valor libros y el cuestionaba esa valoración por ser demasiado baja. Yo también la cuestioné.

Si la empresa se valoraba en base al método en base al flujo del negocio descontado, se hubiera llegado a una valoración mucho más alta, resultando en €98,5 millones el valor de las acciones del sobrino, frente a los €35 millones ofrecidos por el entonces presidente de la empresa.

El resultado del caso fue que valoraron la empresa total en entre €7.246 millones y €8.696 millones, que equivalía al 48,5% de sus entonces ventas.

En ese momento, dije en estas páginas:

Ha decidido aceptar bastante menos del valor teórico de la empresa. Sería interesante ver el método de valoración que la empresa utilizaría si quisieran sacar la empresa a bolsa.

Pues ahora vemos el valor que la empresa si ha fijado para su decisión de vender el 10% de El Corte Inglés al fondo Qatarí del jeque Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, a cambio de 1.000 millones de euros, valorando la empresa actualmente en 9.000 millones de euros.

Como vemos en la tabla, con la progresiva reducción casi todos los años de las ventas de El Corte Inglés desde 2007, al mismo tiempo que se ven las ventas de Mercadona subir dramáticamente, el valor de El Corte Inglés no parece que debería subir mucho.

En la transacción, vemos que el valor que la empresa ha aceptado ahora ha mejorado bastante, ya que ha valorado la empresa en aproximadamente el 56% de las ventas, comparado con el precio pagado al sobrino de 48,5% de ventas, eso si, con menos ventas ahora.

Vía | Libre Mercado
En El Blog Salmón | Los resultados de El Corte Inglés en 2012: ¿son una buena noticia?
Imagen | Valencia Plaza