Guardar el dinero bajo el colchón digital ya no es la única opción para el ahorrador tradicional español, pero la rentabilidad real sigue en el punto de mira. En un giro inesperado frente a la última estrategia del Banco Central Europeo, varias entidades financieras han roto el letargo del mercado superando la barrera del 3% TAE en sus productos estrella, como explican en Infobae. Este movimiento no es solo una estrategia de captación de clientes; refleja una batalla silenciosa por la liquidez en un contexto macroeconómico donde la inflación vuelve a apretar los bolsillos de las familias.

La banca mediana rompe el mercado por la liquidez

La pasividad que dominaba el mercado de los plazos fijos se ha desvanecido de golpe. Tal y como explica el comparador HelpMyCash, tres entidades financieras han elevado la remuneración de sus depósitos hasta alcanzar el 3% TAE en un plazo de apenas cuatro días. Este avance contrasta con la tónica de los últimos meses, donde los rendimientos en el mejor de los casos rozaban el 2%.

Detrás de este acelerón no hay filantropía, sino una necesidad imperiosa de captar liquidez rápida. Los bancos medianos y pequeños, así como las filiales online y extranjeras, necesitan pasivo para financiar su actividad y buscan perfiles de clientes vinculables. Para lograrlo, están dispuestos a pagar más por el dinero, sabiendo que en España el ahorro doméstico es masivo. Según los últimos datos del Banco de España, los hogares de nuestro país acumulan cerca de 1,288 billones de euros en estos productos de nulo riesgo.

"Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo", explica Andrea Morales, experta financiera de HelpMyCash. Según añade la analista, "Los bancos buscan nuevos clientes con pasivo, clientes vinculables. Y para atraerlos están utilizando el gancho más efectivo para el ahorrador conservador: pagar más por su dinero".

Un movimiento a contracorriente del BCE

Lo llamativo es que este repunte se produce a contracorriente de la política monetaria oficial del Viejo Continente. El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido congelados los tipos de interés en el 2% durante los pasados meses. Al ofrecer un 3%, estas entidades se sitúan un 1% por encima del precio oficial del dinero. La explicación técnica a este desfase es clara: el sector financiero anticipa que el Consejo de Gobierno del BCE elevará el precio del dinero en su próxima reunión, empujado por el repunte de la inflación tras el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

Como consecuencia, la rentabilidad media de los mejores depósitos a un año ya supera el 2,5%, dejando atrás meses de estancamiento en el entorno del 2%. Desde HelpMyCash apuntan un matiz clave: "Puede parecer un movimiento pequeño, pero psicológicamente supone una frontera importante en un país donde la mayoría del ahorro sigue atrapado en productos que apenas generan rendimiento".

La gran banca se queda al margen

A pesar de la euforia de las ofertas comerciales, la realidad del mercado español sigue mostrando dos velocidades. La rentabilidad media total de los depósitos a plazo fijo se sitúa en un discreto 1,86%. Esta cifra resulta del todo insuficiente si se compara con la inflación de abril, que marcó un 3,2% según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE). En otras palabras: el dinero inmóvil sigue perdiendo poder de compra.

La gran banca española, capitaneada por gigantes como Santander, BBVA o CaixaBank, se mantiene como la menos generosa del ecosistema. Al disponer de un exceso de liquidez estructural, estas entidades ofrecen una rentabilidad mínima y evitan participar en las subidas. La tendencia actual, por tanto, no se ha generalizado a todo el sector.

"Por primera vez en muchos meses vuelven a existir opciones conservadoras capaces, al menos parcialmente, de acercarse a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo", argumenta Andrea Morales. La experta matiza el alcance de estos productos: "No se trata de construir grandes patrimios ni de duplicar el capital. Para eso es necesario asumir riesgo e invertir. Pero sí de evitar que el dinero permanezca completamente dormido".

Europa avisa: el peligro de no arriesgar

Este arraigado perfil conservador no es exclusivo de España, pero preocupa seriamente en Fráncfort. El BCE ha advertido formalmente de que el exceso de ahorro concentrado en depósitos bancarios amenaza directamente el nivel de vida de los futuros jubilados en el continente. Desde el eurobanco sostienen que las familias europeas deben transformar radicalmente la gestión de sus finanzas si pretenden sostener su bienestar tras la vida laboral, ya que la inmovilización de capitales en plazos fijos de escaso rendimiento frena la acumulación de patrimonio frente a inversiones productivas a largo plazo.

La llamada de atención coincide con una coyuntura delicada para Europa, presionada por el envejecimiento demográfico, la tensión financiera sobre los sistemas públicos de pensiones y la necesidad de impulsar la competitividad económica del continente frente a otras grandes potencias como Estados Unidos o China.

Según el Informe de Integración de 2026 presentado este mes por el BCE, la aversión al riesgo y el desconocimiento financiero siguen siendo las grandes barreras que alejan a los ciudadanos de las acciones y los fondos de inversión, herramientas que históricamente ofrecen retornos muy superiores a los de la banca tradicional frente a las familias que priorizan la seguridad de los depósitos bancarios.

En definitiva, la reapertura de la batalla por el ahorro es un alivio a corto plazo para el bolsillo del ahorrador español, pero pone de relieve un problema estructural de fondo: la brecha entre rentabilidad pasiva e inflación sigue destruyendo valor si no se asumen ciertos riesgos.

Imágenes | Magnific (Drazen Zigic)

La llegada del verano trae consigo una de las fechas más esperadas para cerca de diez millones de pensionistas en España. Y no, no es aquella en la que ya se puede coger sitio en primera línea de playa en Benidorm. ¡Llega la paga extraordinaria de verano de 2026!

Esta comenzará a abonarse entre finales de junio y los primeros días de julio. Además, este año las prestaciones contributivas experimentarán una revalorización del 2,7%.

Cuándo se cobrará la paga extra de verano en 2026

La Tesorería General de la Seguridad Social tiene previsto efectuar el abono oficial de la paga extraordinaria entre el 1 y el 3 de julio.

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Este es el dinero en efectivo exacto que el Banco de España pide guardar en casa por si las moscas. Se ha duplicado en dos años

Sin embargo, como ocurre cada año, muchos pensionistas recibirán el dinero antes gracias a los adelantos realizados por las entidades financieras. Según las previsiones habituales de las entidades financieras, el calendario quedaría distribuido de la siguiente forma:

22 de junio

Las primeras entidades en adelantar el pago suelen ser Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

24 de junio

CaixaBank mantiene tradicionalmente el ingreso de las pensiones el día 24 de cada mes, por lo que previsiblemente repetirá esta práctica con la paga extraordinaria.

25 de junio

La mayor parte de las entidades financieras optan por esta fecha. Entre ellas se encuentran BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Kutxabank, Cajamar y Abanca.

En caso de que el pensionista no haya recibido el ingreso antes del 3 de julio, se recomienda consultar primero con la entidad bancaria y, si fuera necesario, trasladar la incidencia a la Seguridad Social mediante la plataforma Import@ss o solicitando cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social.

Cuánto dinero recibirán los pensionistas

La cuantía de la paga extraordinaria equivale, con carácter general, a una mensualidad ordinaria de la pensión.

La Ley General de la Seguridad Social establece un sistema de 14 pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, abonadas en verano y Navidad. Por tanto, quien perciba una pensión de 1.500 euros mensuales recibirá aproximadamente otros 1.500 euros adicionales en la paga extraordinaria.

Además, como comentamos anteriormente, la paga de este año incorpora la subida del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas mediante el Real Decreto 39/2026.

Quiénes no cobrarán la paga completa

Eso sí, no todos los pensionistas recibirán el importe íntegro.

Aquellos que comenzaron a percibir la prestación durante el periodo de devengo, comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, cobrarán únicamente la parte proporcional generada durante esos meses.

Por ejemplo, una persona jubilada desde finales de mayo tendría derecho a aproximadamente la mitad de la paga extraordinaria. Si su pensión mensual asciende a 1.600 euros, percibiría unos 800 euros en concepto de paga extra.

Asimismo, quienes accedieron a la pensión después del 31 de mayo deberán esperar al próximo ejercicio para recibir esta prestación extraordinaria.

Las pensiones que no tienen paga extra

Existe también una excepción importante dentro del sistema. Las pensiones derivadas de incapacidad permanente ocasionada por accidente laboral o enfermedad profesional no cuentan con pagas extraordinarias independientes, ya que estas cantidades se encuentran prorrateadas a lo largo de las doce mensualidades del año.

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Gonzalo Bernardos ya no puede más con problema de la vivienda en España y estalla: "Nos toman el pelo y nos lo toman mucho"

En estos casos, los beneficiarios perciben cada mes una cuantía ligeramente superior al tener incorporada la parte correspondiente de las pagas extraordinarias.

Un famoso economista alerta sobre los errores financieros del verano

Coincidiendo con la llegada de la paga extraordinaria, el mediático economista Gonzalo Bernardos ha lanzado varios mensajes sobre la gestión del dinero durante los meses estivales.

El economista advierte de que muchas familias cometen errores financieros al utilizar la paga extra exclusivamente para financiar vacaciones o recurrir a fórmulas de endeudamiento poco recomendables.

Según explicó en televisión, nunca recomienda "endeudarse por gastos superfluos o vacaciones", aunque tampoco considera razonable eliminar completamente el ocio. En su opinión, la clave consiste en mantener siempre "un colchón financiero" que permita afrontar imprevistos.

También ha mostrado su preocupación por el uso inadecuado de las tarjetas de crédito, especialmente cuando se aplazan pagos mediante modalidades que pueden alcanzar intereses muy elevados.

“Las pensiones públicas no son una estafa piramidal”

También, a través de una publicación en redes sociales, Bernardos afirmó: "¿Son las pensiones públicas una estafa piramidal? Noooo. Todo lo contrario, pues son una magnífica inversión".

El economista apoyó esta afirmación en datos que atribuye al Banco de España. Según explicó, las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral generarían una rentabilidad del 74%.

Además, destacó que, mientras un trabajador cotiza durante una determinada etapa de su vida profesional, la duración media de la percepción de la pensión permite recuperar una cantidad muy superior a la aportada inicialmente.

Imágenes | Filipp Romanovski,

La carrera por dominar la IA ha entrado ya es una auténtica locura. Las cuatro mayores tecnológicas de Estados Unidos, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, prevén destinar en 2026 una cifra conjunta cercana a los 650.000 millones de dólares en inversión vinculada principalmente a infraestructuras de IA.

La magnitud del desembolso es tal que equivale al producto interior bruto anual de economías como Bélgica o Suecia, que se mueven en el entorno de los 600.000 a 650.000 millones de dólares según los últimos datos del Banco Mundial y el FMI.

Nunca en este siglo se había visto una apuesta corporativa de esta escala concentrada en un solo ámbito tecnológico.

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Malas noticias para el sector tecnológico en España: la digitalización y el empleo tech entran en fase de ajuste

El volumen previsto supera ampliamente la inversión anual de sectores tradicionales enteros en Estados Unidos y obliga a buscar comparaciones históricas en episodios como la expansión de las telecomunicaciones en los años noventa o incluso en los grandes programas de infraestructuras del siglo XX.

Una inversión que rivaliza con economías nacionales

Para entender el impacto, basta observar la comparación macroeconómica. Bélgica registró en los últimos ejercicios un PIB ligeramente superior a los 600.000 millones de dólares, mientras que Suecia ronda cifras similares. Argentina o Tailandia se mueven también en esa franja.

La apuesta combinada de las cuatro tecnológicas estadounidenses iguala, por tanto, la producción anual completa de un país industrializado europeo de tamaño medio.

El contraste resulta aún más llamativo si se compara con la inversión agregada prevista para 2026 por grandes compañías industriales estadounidenses de sectores como automoción, defensa, transporte o energía.

Diversas estimaciones sitúan el gasto de capital combinado de más de veinte gigantes tradicionales en torno a los 180.000 millones de dólares, una cifra que queda muy por debajo de lo que destinará una sola de las tecnológicas líderes en IA.

Centros de datos, chips y una fiebre constructora global

El grueso del dinero irá destinado a la construcción y ampliación de centros de datos. Estas instalaciones, que albergan miles de servidores y procesadores especializados, son el corazón físico de los modelos de inteligencia artificial generativa.

El entrenamiento y la ejecución de sistemas capaces de generar texto, imágenes o código requieren una capacidad computacional masiva que se traduce en infraestructuras energéticamente intensivas.

Meta ha anunciado que su gasto anual de capital podría escalar hasta los 135.000 millones de dólares, lo que supondría un salto cercano al noventa por ciento respecto al ejercicio anterior.

Microsoft, por su parte, prevé situar su inversión anual en torno a los 105.000 millones de dólares.

Alphabet ha sorprendido con planes que apuntan hasta los 185.000 millones, mientras que Amazon ha ido más allá al proyectar cifras cercanas a los 200.000 millones en 2026.

Este crecimiento, estimado en torno al sesenta por ciento interanual en conjunto, acelera la ola de construcción de centros de datos en Estados Unidos, Europa y Asia.

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¿Es exagerada la venta de software o estamos viviendo el comienzo del desmoronamiento de la burbuja de la IA? Los signos de alarma no dejan de crecer

El despliegue está tensionando redes eléctricas, elevando la demanda de agua para refrigeración y generando debates regulatorios en comunidades locales preocupadas por el impacto energético.

Una transformación estructural del modelo tecnológico

Durante años, estas compañías se caracterizaron por tener una huella física relativamente reducida en comparación con su alcance digital. Su valor residía en software, plataformas y talento humano. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial ha alterado radicalmente ese equilibrio.

Meta y Alphabet han incrementado de forma significativa el peso de propiedades y equipos en sus balances. En el caso de Meta, el valor contable de activos físicos se ha multiplicado en los últimos años, superando ampliamente los niveles previos a la pandemia.

La inversión en capital ha llegado incluso a superar el gasto en investigación y desarrollo en determinados ejercicios, un giro simbólico que refleja la centralidad de la infraestructura.

La lógica detrás de esta estrategia es que el acceso a capacidad computacional masiva determinará quién lidera el mercado de herramientas de IA. Se trata de un entorno con rasgos de “el ganador se lo lleva todo”, donde la escala puede traducirse en ventajas competitivas casi insalvables.

Riesgos financieros y tensiones en el mercado

El ritmo de gasto no ha pasado desapercibido para los inversores. Aunque los ingresos principales de estas compañías, desde publicidad digital hasta comercio electrónico o software empresarial, se mantienen sólidos, el volumen de capital comprometido introduce incertidumbre. En varios casos, los anuncios de inversión han provocado fuertes oscilaciones en bolsa.

La financiación de estos planes exige recurrir no solo a reservas de efectivo, sino también a deuda. Esto implica que la rentabilidad futura de la inteligencia artificial deberá justificar un esfuerzo financiero sin precedentes. La promesa es que las aplicaciones basadas en modelos avanzados transformarán sectores enteros y generarán ingresos exponenciales.

Solo el tiempo lo dirá.

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Pese a las diferencias entre la Administración Trump y la Comisión Europea, el marco regulatorio que está ultimando la UE para condicionar la inversión extranjera tampoco parece facilitar la entrada sin condiciones del capital asiático en sectores estratégicos.

Con foco explícito en el capital procedente de China, según han informado distintos medios de prensa, la iniciativa afectará a ámbitos clave de la transición tecnológica y energética, como los coches eléctricos, las baterías y la energía fotovoltaica, con la intención de asegurar inversiones que aporten valor añadido a la economía europea.

¿Qué propone Bruselas?

El objetivo principal de Bruselas se centra en tratar de evitar la creación de espacios de ensamblaje que permitan eludir barreras comerciales aprovechando la etiqueta “hecho en Europa”.

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El sector de la construcción entra en crisis estructural: menos empleo, más bajas, más permisos y una falta de mano de obra que frena la actividad

El proyecto está previsto para ser aprobado este mes y se enmarca dentro del llamado Clean Industrial Deal, la estrategia comunitaria destinada a reforzar la base industrial europea en tecnologías limpias y reducir dependencias externas en sectores críticos.

El borrador contempla que las inversiones extranjeras relevantes en sectores estratégicos deban cumplir condiciones específicas: entre ellas, destaca que los inversores extranjeros no puedan controlar más del 49 % del capital de las empresas participadas, obligando a constituir sociedades conjuntas con socios europeos, que se comprometan a la transferencia de tecnología y propiedad intelectual a dichas joint ventures y, por último, que garanticen que al menos el 50 % de la plantilla, en todas las categorías laborales, sea europea.

El objetivo de estas medidas es evitar que Europa se convierta en un simple centro de montaje para aquellos componentes importados sin capacidad tecnológica propia, lo que sería justo dar la vuelta al modelo de deslocalización europeo de las pasadas décadas: la externalización de la producción sin preservar las capacidades estratégicas internas.

El trasfondo chino…

En cierto modo, la Comisión está intentando aplicar, con una regulación más transparente, un principio que China utilizó durante décadas para escalar su industria.

Se trata de condicionar el acceso a su mercado a la creación de capacidades locales. En este sentido, hasta 2018, los fabricantes extranjeros de automóviles solo podían operar mediante joint ventures con socios chinos y con límites de participación, lo que facilitó la transferencia de conocimiento.

Además, se sumó una política industrial explícita, como el plan Made in China 2025, que priorizó vehículos eléctricos, baterías y tecnologías limpias con financiación pública y planificación a largo plazo.

Ese enfoque permitió a China pasar de ser una plataforma de ensamblaje a consolidar posiciones dominantes en segmentos estratégicos de alto valor añadido.

…y la dependencia tecnológica

Si bien la normativa no menciona a ningún país concreto, el trasfondo es evidente. China domina actualmente buena parte de la producción global en baterías, paneles solares y componentes clave para el vehículo eléctrico.

Su liderazgo industrial ha generado preocupación en Bruselas por el riesgo de dependencia estructural en sectores estratégicos para la transición energética. Asimismo, estas tensiones comerciales entre la Unión Europea y China ya se han manifestado en investigaciones sobre posibles subsidios distorsionadores en sectores como el eólico.

En concreto, la Comisión abrió recientemente una investigación sobre fabricantes chinos de aerogeneradores, una decisión que Pekín criticó como señal de proteccionismo.

En este sentido, la lógica de Bruselas muestra un pragmatismo lógico: Europa necesita inversión extranjera para acelerar su transición verde, pero quiere asegurarse de que esa inversión deje empleo cualificado, innovación y capacidades industriales internas.

Un contexto geopolítico complejo

La medida llega en un momento en el que la relación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesa tensiones en materia industrial y tecnológica. Sin embargo, la iniciativa no responde tanto a un alineamiento automático con Washington como a la voluntad de Bruselas de construir una política industrial propia, basada en la defensa del mercado único y en la reducción de vulnerabilidades estratégicas.

En paralelo, la UE estudia introducir requisitos de contenido europeo en la contratación pública de tecnologías limpias, reforzando así la demanda interna como palanca para la industria local. Todo ello forma parte de un enfoque más amplio de “seguridad económica”, concepto que ha ganado peso en la agenda comunitaria en los últimos años.

Las propuestas han abierto un debate dentro de la Unión Europea. Algunos Estados miembros y sectores empresariales advierten de que condicionar en exceso la inversión extranjera podría frenar proyectos clave o encarecer la transición energética. Por el contrario, también se ha apuntado que, sin este tipo de salvaguardas, Europa corre el riesgo de perder definitivamente el control sobre industrias esenciales para su competitividad futura.

Bruselas defiende que no se trata de cerrar el mercado europeo, sino de redefinir las reglas del juego. El acceso a uno de los mayores mercados del mundo sostiene la Comisión, debe implicar compromisos concretos en términos de inversión productiva, empleo y transferencia tecnológica.

Sin embargo, la Europa actual no es la potencia industrial incontestable de hace cincuenta años: su cuota en la producción manufacturera mundial ha retrocedido en las últimas décadas, mientras Asia ha ganado peso decisivo en cadenas de valor estratégicas.

Exigir demasiado puede ahuyentar capital en un momento crítico; exigir demasiado poco puede consolidar su pérdida de peso tecnológico. Entre la apertura ingenua y el proteccionismo rígido, Bruselas intenta construir un punto intermedio que preserve su relevancia sin aislarla.

Si se aprueba como está planteado, el nuevo marco marcará un punto de inflexión en la política industrial europea. Más que un giro proteccionista clásico, supone una apuesta por condicionar la apertura económica a la creación de valor dentro del continente. En un escenario de creciente rivalidad tecnológica global, la Unión Europea parece decidida a utilizar su mercado como herramienta estratégica para reforzar su autonomía industrial sin renunciar completamente a la inversión extranjera.

Alarma respecto a la evolución de la inversión extranjera en España durante el pasado año. Entre enero y septiembre de 2025, los flujos procedentes del exterior registraron una contracción notable, reflejando un cambio de tendencia respecto a ejercicios anteriores.

Este retroceso no solo afecta al volumen total de capital recibido, sino que golpea especialmente a países que históricamente han ocupado posiciones de liderazgo en el ránking de inversores.

Dentro de este escenario, la caída del capital procedente del Reino Unido y Alemania resulta especialmente significativa.

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Ambos países se mantienen entre los principales emisores de inversión hacia España, pero sus aportaciones se redujeron de forma drástica en los primeros nueve meses de 2025.

Un retroceso general de la inversión extranjera

La inversión foránea acumulada entre enero y septiembre de 2025 se situó en torno a los 19.000 millones de euros, lo que supone una bajada del 27,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se superaron los 26.000 millones.

Los datos, recogidos por la Secretaría de Estado de Comercio, evidencian un frenazo relevante del interés inversor, especialmente acusado en los dos primeros trimestres, cuando el desplome llegó a rozar el 60%.

Este comportamiento contrasta con el discurso oficial, que insiste en la fortaleza y el potencial de la economía española.

Sin embargo, la comparación con ejercicios previos muestra que el nivel actual queda incluso por debajo de los registros de 2023, lo que refuerza la percepción de un cambio de ciclo.

El desplome de la inversión británica

El caso del Reino Unido es uno de los más llamativos. Entre enero y septiembre de 2025, la inversión británica se redujo un 82,6% respecto al mismo periodo de 2024. El flujo de inversión bruta alcanzó los 1.615 millones de euros, mientras que la inversión neta se quedó en 1.345 millones, cifras muy alejadas de los 12.416 millones que el capital británico aportó en el conjunto de 2024, cuando lideró el ránking de países inversores.

Aunque los datos actuales solo abarcan tres trimestres, la tendencia hace muy improbable que se repita aquel volumen al cierre del año.

Con este retroceso, el Reino Unido pasa a ocupar la tercera posición entre los principales inversores, un puesto que ya ha sido habitual en etapas anteriores. El ajuste más severo se produjo en la financiación intragrupo, donde el descenso se aproxima al 98%, un indicador claro de la cautela de las multinacionales británicas a la hora de reforzar capital dentro de sus filiales españolas.

Alemania mantiene peso, pero reduce su aportación

La inversión procedente de Alemania también mostró un comportamiento negativo. En los nueve primeros meses de 2025, el capital alemán se contrajo un 36,6% en comparación con el mismo tramo de 2024.

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En términos absolutos, llegaron 1.178 millones de euros en inversión bruta y 467 millones en inversión neta. A pesar de la caída, Alemania continúa figurando de forma estable entre los cinco principales orígenes de capital extranjero.

La comparación histórica refuerza la magnitud del ajuste. En 2023, la inversión alemana ya había retrocedido un 20%, pero aun así alcanzó los 3.813 millones de euros en el conjunto del año. Esa cifra supera ampliamente lo registrado en 2025, y la evolución observada hasta septiembre sugiere que el cierre anual quedará muy por debajo.

A diferencia del Reino Unido, el componente que más creció fue la financiación intragrupo, con un aumento del 152%, lo que apunta a estrategias distintas entre ambos países.

Sectores y destinos del capital europeo

Tanto el dinero británico como el alemán se orientaron de forma relevante hacia las adquisiciones. En el caso del Reino Unido, estas operaciones sumaron cerca de 589 millones de euros, mientras que el capital alemán destinado a compras superó ligeramente los 604 millones.

El inversor británico también destacó por su presencia en otras ampliaciones, con más de 700 millones.

Por sectores, el capital del Reino Unido se concentró en servicios de información, educación y telecomunicaciones, repitiendo parcialmente el patrón del año anterior.

Alemania, por su parte, dirigió sus recursos principalmente al suministro de energía eléctrica, gas y climatización, seguido de servicios financieros y actividades inmobiliarias, confirmando su interés por áreas estratégicas y de infraestructuras.

Estados Unidos lidera el ránking inversor

En contraste con la debilidad europea, Estados Unidos se situó como el primer inversor en España entre enero y septiembre de 2025. El capital procedente de ese país alcanzó los 6.893 millones de euros, un 81% más que en el mismo periodo de 2024. Más de la mitad de ese volumen se canalizó a través de otras ampliaciones, consolidando a Estados Unidos como principal sostén de la inversión exterior.

Tras Estados Unidos aparecen Francia, Reino Unido, Alemania y México, configurando un mapa inversor donde el peso europeo sigue siendo relevante, aunque claramente debilitado.

Diferencias territoriales y clima regulatorio

El reparto territorial de la inversión revela contrastes acusados. Madrid concentra más de 10.200 millones de euros, muy por delante de Cataluña, que apenas supera los 2.000 millones.

Aragón destaca con unos 1.500 millones apoyados en centros de datos, mientras que Andalucía ronda los 1.000 millones. El resto de comunidades queda muy por detrás, lo que subraya la concentración geográfica del interés inversor.

Diversos informes apuntan a la inseguridad jurídica como uno de los factores que explican este escenario. El Foro de Regulación Inteligente sitúa a España como la segunda economía de la OCDE con menor seguridad jurídica para el contribuyente. A ello se suma un entorno de cambios regulatorios frecuentes y una presión fiscal creciente, elementos que erosionan la confianza exterior.

La recaudación, sin embargo, sigue al alza. Hasta noviembre, los ingresos tributarios crecieron un 10%, con 27.000 millones adicionales, anticipando un récord cercano a los 325.000 millones en 2025. Este contraste entre fortaleza recaudatoria y debilidad inversora refuerza la percepción de un desequilibrio estructural.

El informe EY Attractiveness Survey 2025 señala que Europa atraviesa uno de sus peores momentos en términos de atractivo, lo que repercute directamente en España.

Las multinacionales optan por proyectos más pequeños o aplazan decisiones, en un contexto donde la estabilidad institucional y normativa se ha convertido en un factor decisivo.

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La inteligencia artificial se ha convertido en el gran motor de los mercados financieros en los últimos años. Su promesa de eficiencia, escalabilidad y disrupción ha impulsado valoraciones récord, ha concentrado flujos de capital y ha redefinido expectativas económicas a corto y medio plazo.

Sin embargo, no todos los grandes inversores comparten el optimismo dominante que rodea a esta tecnología.

Howard Marks, fundador de Oaktree Capital y una de las voces más respetadas en la inversión en activos en dificultades, ha lanzado un mensaje de cautela en su última carta a inversores.

Société Générale

Cómo crecer en tu perfil inversor con la ayuda de la inteligencia artificial

Con décadas de experiencia atravesando crisis financieras, Marks advierte de que la IA podría convertirse en un poderoso vector de destrucción de riqueza, no solo por su impacto en los mercados, sino también por sus consecuencias sociales, laborales y fiscales.

Una burbuja bursátil impulsada por la inteligencia artificial

Marks sitúa su primera advertencia en el terreno de las valoraciones financieras. El inversor observa un entusiasmo generalizado en torno a las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, con flujos de capital que se dirigen masivamente hacia el sector sin una diferenciación clara entre expectativas realistas y narrativas especulativas.

Este comportamiento, señala, encaja con patrones históricos previos a grandes correcciones.

Desde su perspectiva, la existencia de una tecnología transformadora no garantiza que las inversiones asociadas generen retornos sostenibles. Las burbujas, incluso aquellas que nacen de avances reales, tienden a provocar pérdidas significativas cuando el mercado ajusta precios.

El verdadero riesgo, subraya Marks, no es el progreso tecnológico, sino el coste que asumen los inversores que confunden innovación con rentabilidad asegurada.

Destrucción de empleo a gran escala

La segunda advertencia se centra en el mercado laboral. Marks considera improbable que la inteligencia artificial se limite a complementar el trabajo humano sin sustituir una parte relevante del empleo actual.

En su análisis, los perfiles con menor cualificación o tareas repetitivas se encuentran especialmente expuestos a la automatización.

Esta visión coincide con proyecciones de grandes entidades financieras. Goldman Sachs estimó que la IA podría afectar a cerca de 300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en todo el mundo.

Aunque parte de ese impacto podría compensarse con nuevas actividades, el ajuste no sería inmediato ni equilibrado, lo que introduce tensiones económicas y sociales difíciles de absorber en el corto plazo.

Más deuda pública para amortiguar el impacto social

La tercera preocupación de Marks apunta a las finanzas públicas, especialmente en Estados Unidos. Ante un escenario de desempleo tecnológico masivo, los gobiernos podrían verse forzados a implementar mecanismos de apoyo como transferencias directas o modelos de renta básica.

Estas medidas, aunque políticamente atractivas, plantean serias dudas sobre su financiación.

Estados Unidos ya opera con déficits elevados y una deuda que supera ampliamente el tamaño de su economía. Añadir nuevas obligaciones estructurales incrementaría el coste financiero futuro y trasladaría la carga a una base de contribuyentes cada vez más reducida.

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Sam Altman dice que le están intentando robar trabajadores de OpenAI con bonus de 100 millones de dólares. Pero quizá no sea cierto

Marks cuestiona si los gobiernos serán capaces de sostener déficits crecientes en un entorno de mayor presión fiscal y menor crecimiento del empleo tradicional.

Mayor tensión social y polarización política

La última advertencia va más allá de los mercados y se adentra en el terreno social y político. Marks teme que la percepción de que la IA beneficia a un grupo reducido de empresas y profesionales altamente cualificados, mientras deja sin empleo a millones de personas, intensifique la desigualdad y el malestar social.

Esta fractura podría traducirse en una mayor polarización política y en el auge de discursos populistas, alimentados por la sensación de exclusión económica.

En ese contexto, la inteligencia artificial dejaría de percibirse como un motor de progreso colectivo para convertirse en un símbolo de desequilibrio y concentración de riqueza.

Las advertencias de Howard Marks no pretenden desacreditar el potencial de la inteligencia artificial, sino recordar que los grandes avances tecnológicos suelen traer efectos secundarios profundos.

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Tras años marcados por la inestabilidad política y fuertes tensiones diplomáticas, el flujo de capital español hacia Venezuela ha vuelto a crecer con fuerza. Los datos del primer semestre de 2025 revelan una reactivación que contrasta con la tendencia descendente registrada desde 2018.

Este repunte ha devuelto a Venezuela a posiciones relevantes dentro del mapa inversor de las empresas españolas, situándola de nuevo entre los destinos latinoamericanos con mayor dinamismo.

Este retorno se produce en un contexto internacional extremadamente delicado. La creciente confrontación entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicolás Maduro abre un escenario de incertidumbre que podría comprometer los intereses de las compañías españolas que buscan expandirse en el país.

Un crecimiento que rompe con siete años de caída

Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio muestran como la inversión española alcanzó 88,5 millones de euros en 2025, una cifra que supera ampliamente los 37,6 millones de 2024 y los 32,6 millones de 2023.

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EEUU quiere imponer aranceles a quien importe petróleo de Venezuela. España, en el punto de mira

Este salto coloca al país en su nivel más alto desde 2018, cuando el registro anual fue de 93 millones. Después de un desplome casi continuo desde los picos de 2014 (645 millones) y 2016 (483 millones), el dato actual recupera una tendencia alcista que no se veía desde hacía seis años.

Este movimiento es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que en 2022 la inversión española apenas alcanzó los 6,6 millones, la cifra más baja de toda la serie.

La gráfica muestra una curva de dientes de sierra marcada por periodos de recesión, repuntes puntuales y una marcada volatilidad. Venezuela llega al puesto 14 entre los destinos de inversión españoles, un salto notable si recordamos que hace apenas cuatro años ocupaba posiciones inferiores al puesto 80.

La diplomacia, un factor decisivo en el giro de tendencia

Una de las claves que explican este aumento está ligada al clima político bilateral. Aunque en septiembre del año pasado Caracas amagó con suspender relaciones comerciales tras el reconocimiento en España del presidente electo Edmundo González, la situación no llegó a traducirse en acciones concretas.

La distensión diplomática posterior parece haber enviado un mensaje de estabilidad suficiente para que las empresas españolas retomaran sus operaciones.

A esto se suma la necesidad del Gobierno de Maduro de atraer capital extranjero en un contexto económico frágil, con hiperinflación persistente y dificultades estructurales.

Una mayor apertura, aunque aún limitada, ha permitido que empresas con presencia histórica en el país encuentren oportunidades para reiniciar proyectos, expandir servicios o buscar fórmulas para recuperar beneficios atrapados por las restricciones cambiarias.

Telefónica, Repsol y Air Europa marcan el pulso empresarial

Aunque los datos oficiales no detallan qué compañías han impulsado el incremento de 2025, algunas operaciones conocidas permiten entender el cambio de escenario.

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Si Trump dispara su guerra comercial contra Europa y España tenemos todas las de perder. "Exportamos más que importamos"

Telefónica anunció una inversión de 470 millones de euros en dos años para ampliar su red 4G y desplegar servicios 5G, tras obtener frecuencias en una subasta local. Esta apuesta es especialmente relevante en un momento en que la compañía está reduciendo posiciones en varios países latinoamericanos.

Repsol, por su parte, negocia con Estados Unidos la posibilidad de repatriar unos 330 millones de euros que mantiene bloqueados en Venezuela, mediante un acuerdo que permitiría compensar deudas históricas a través de envíos de petróleo y nafta.

Una operación que refleja la complejidad financiera que afrontan las empresas energéticas en el país, pero también su interés en mantener presencia en un mercado con abundantes recursos.

Air Europa continúa intentando resolver la devolución de unos 200 millones de euros en beneficios retenidos. Las gestiones reveladas en los últimos meses muestran que la compañía ha explorado vías alternativas, incluida la posibilidad de recibir combustible como parte de un mecanismo de regularización. La aerolínea considera estratégica su conexión histórica con Caracas.

Riesgos de un conflicto geopolítico que podría alterarlo todo

Este repunte inversor choca frontalmente con la creciente tensión entre Estados Unidos y el Gobierno de Maduro. Washington ha intensificado su presión diplomática y ha advertido de posibles sanciones adicionales, un escenario que afectaría de manera directa a las empresas españolas implantadas en el país.

Un conflicto abierto o una escalada comercial podría convertirse en un golpe crítico, ya que España cuenta con sectores estratégicos muy expuestos, como telecomunicaciones, energía o transporte.

Las empresas españolas podrían verse atrapadas entre dos frentes: la necesidad de mantener operaciones rentables y la obligación de ajustarse a posibles directrices europeas o estadounidenses.

El precedente de otros países sancionados demuestra que la inseguridad jurídica y las restricciones financieras son capaces de paralizar durante años inversiones y beneficios.

El papel de Venezuela dentro de Latinoamérica

La mejora de 2025 devuelve a Venezuela a un papel más relevante dentro del mapa regional. Aunque está muy lejos de países como México, que recibió 2.674 millones, o Perú, con 299 millones, la recuperación es suficiente para situarlo de nuevo entre los destinos latinoamericanos con mayor crecimiento relativo. 

La región sigue siendo un pilar esencial para las empresas españolas: uno de cada dos euros invertidos en el exterior en el primer semestre fue a América Latina.

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La primera mitad de 2025 ha dejado un dato alarmante para la economía española: la inversión extranjera se ha desplomado hasta niveles que no se veían desde 2014.

Según datos de DataInvex, entre enero y junio el capital foráneo alcanzó los 8.476 millones de euros, lo que supone un 60,4% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando la cifra ascendía a 21.407 millones.

El hundimiento es todavía más evidente si se observa la evolución de la última década.

En 2018 España captó 28.184 millones en el primer semestre, su máximo histórico. Hoy, apenas supera los 7.500 millones si se consideran únicamente las operaciones de capital y patrimonio, muy lejos de los años de bonanza en los que la entrada de fondos multiplicaba por tres o cuatro la actual.

Madrid concentra la mayor parte de la inversión extranjera

La Comunidad de Madrid mantiene su liderazgo como principal polo financiero y empresarial. Con 4.509 millones recibidos en la primera mitad de 2025, concentra más de la mitad de la inversión extranjera total.

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Sin embargo, la comparación interanual es también demoledora: en el mismo periodo de 2024 había captado 15.903 millones, más de tres veces la cantidad actual.

Cataluña ocupa la segunda posición con 1.189 millones, lejos de los casi 2.900 millones registrados un año antes.

Solo estas dos regiones superan los mil millones, lo que refleja la debilidad generalizada del flujo inversor. Detrás aparecen comunidades con cifras más modestas: La Rioja (402 millones), Cantabria (370), País Vasco (286), Andalucía (283), Comunidad Valenciana (275) y Murcia (253).

En el resto del país los volúmenes son meramente simbólicos. Castilla y León suma 167 millones, Galicia 169, Baleares 179, Canarias 192, Navarra 36 y Aragón 58. Extremadura (21 millones) y Asturias (2 millones) apenas tienen presencia en el reparto, lo que muestra un mapa claramente desigual.

La caída también afecta a los sectores estratégicos

La debilidad no solo se percibe en la distribución geográfica. Por sectores, ninguno logra superar la barrera de los mil millones de euros, cuando en años anteriores varios duplicaban esa cifra.

Las actividades inmobiliarias captaron 879 millones, la industria alimentaria 772, los servicios de información 814 y el suministro de energía eléctrica, gas y vapor 770 millones.

España había sido históricamente un destino atractivo para sectores como la automoción, las telecomunicaciones o la energía renovable. Sin embargo, el descenso de capital limita la capacidad de inversión en industrias clave, justo cuando la transición energética y la digitalización requieren más recursos.

Quiénes invierten en España y cómo ha cambiado el mapa

El análisis por países confirma que la inversión extranjera sigue llegando mayoritariamente desde Europa, aunque en cantidades reducidas.

Luxemburgo encabeza la lista con 2.947 millones, lo que equivale a más de un tercio del total nacional. Francia ocupa la segunda posición con 824 millones, seguida de México (731), Países Bajos (648) y Alemania (465). Más atrás figuran Bélgica (308), Estados Unidos (286) e Italia (234).

El retroceso estadounidense es significativo, ya que en periodos anteriores había jugado un papel relevante en sectores de alto valor añadido.

Ahora, su presencia es testimonial, lo que confirma un repliegue que coincide con el aumento de la inversión en otros países europeos como Portugal o Irlanda, que están atrayendo capital gracias a incentivos fiscales y mayor seguridad regulatoria.

¿Cuáles pueden ser las causas?

El desplome de la inversión extranjera tiene múltiples causas. El contexto internacional está marcado por la incertidumbre geopolítica, los conflictos comerciales y la ralentización de la economía europea.

Sin embargo, en el ámbito interno, las dudas sobre la estabilidad política, los cambios en la fiscalidad empresarial y la inseguridad regulatoria en sectores estratégicos han erosionado la confianza de los inversores.

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Este escenario coloca a España en desventaja frente a otros países que sí están captando capital.

El caso de Portugal, con una política de incentivos fiscales muy agresiva, o Irlanda, que se beneficia de su atractivo para las multinacionales tecnológicas, es un ejemplo de cómo se pueden ganar posiciones en un mercado global cada vez más competitivo.

¿Qué implicaciones tiene para el empleo y la economía?

El impacto de esta caída va mucho más allá de la estadística. Menos inversión extranjera implica menos proyectos empresariales, menor creación de empleo y un freno al dinamismo económico.

En 2025, la contracción en la entrada de capital exterior se traduce en un riesgo para el desarrollo de sectores emergentes como la energía verde, la biotecnología o los servicios financieros digitales.

La inversión extranjera aporta no solo dinero, sino también transferencia de conocimiento, implantación de nuevas tecnologías y oportunidades de empleo cualificado.

Su retroceso compromete la modernización del tejido productivo y puede dificultar que España mantenga su posición en la transición hacia un modelo económico más sostenible e innovador. Y también, cómo no, en mejorar sus cifras de empleo. De momento, seguimos en el top del desempleo de la UE.

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La coyuntura económica actual en España está marcada por un escenario de incertidumbre que afecta tanto al consumo interno como a la llegada de capital extranjero.

Uno de los elementos más llamativos es la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, una situación que genera dudas sobre la capacidad del país para ofrecer estabilidad a los inversores.

Mientras la inflación se modera en algunos sectores, la falta de planificación presupuestaria proyecta para algunos, una imagen de fragilidad que influye de manera directa en las decisiones empresariales.

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Las señales de alarma de la economía son cada vez más evidentes y se reflejan en un retroceso en la confianza de los agentes internacionales, que observan con cautela la evolución del mercado español.

La inversión extranjera en mínimos

Los últimos datos del Ministerio de Industria confirman que la inversión extranjera directa en España se ha desplomado a su nivel más bajo desde los años de la pandemia, con una caída del 50,2% en capital y patrimonio.

Esta reducción no puede entenderse solo por el contexto global, ya que otros países europeos han mostrado mejor resistencia frente al descenso de la actividad internacional. La falta de Presupuestos en España se interpreta como un síntoma de inestabilidad institucional y presupuestaria que resta atractivo al país.

La confianza de los inversores en descenso

El Índice de Confianza del Inversor para la IED 2025 de la consultora Kearney revela una caída preocupante en la percepción internacional.

España perdió dos posiciones y salió del top 10 de destinos más atractivos para la inversión extranjera, con un retroceso del 13% en confianza en apenas un año. Este dato es especialmente significativo porque rompe una tendencia positiva que había consolidado al país como una opción sólida en el sur de Europa.

La falta de Presupuestos en España alimenta la percepción de falta de previsibilidad en materia fiscal y regulatoria. Para un inversor, no contar con un marco presupuestario claro significa asumir riesgos adicionales en áreas como tributación, subvenciones y programas de apoyo empresarial.

Menos operaciones corporativas

Otro dato que ilustra esta coyuntura es el freno en las operaciones corporativas de gran escala. Durante el primer trimestre de 2025 apenas se cerraron 22 acuerdos, frente a los 54 del mismo periodo del año anterior.

Esta reducción del 60% muestra cómo la incertidumbre se traduce en decisiones pospuestas, fusiones canceladas y proyectos que no llegan a concretarse.

Los expertos coinciden en que la falta de Presupuestos no es el único factor, pero sí uno de los más determinantes, ya que limita la visibilidad a medio plazo. En sectores estratégicos como la energía renovable, la automoción o la tecnología, por ejemplo, los inversores reclaman estabilidad normativa y apoyo institucional para comprometer capital en proyectos de largo recorrido.

España pierde posiciones en el ranking internacional

El informe de Kearney también detalla que España ha retrocedido al puesto 11 entre los 25 países con mayor potencial de atracción de inversión extranjera directa, después de haber permanecido cuatro años consecutivos en el top 10. Aunque sigue siendo un mercado importante, este retroceso refleja la necesidad urgente de recuperar la confianza internacional.

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Otros países europeos, como Francia o Alemania, han reforzado su marco presupuestario con medidas orientadas a atraer capital, mientras que España transmite una imagen de bloqueo político.

La falta de Presupuestos dificulta implementar incentivos fiscales, programas de digitalización y planes de transición energética que resultan esenciales para competir en el entorno global.

Impacto en sectores estratégicos

El impacto de esta situación se observa con claridad en sectores clave para la economía española. En el inmobiliario, el descenso de inversiones internacionales ha reducido el dinamismo de grandes proyectos urbanos. En energías renovables, las empresas advierten que los retrasos en licencias y falta de apoyo financiero pueden dejar a España rezagada frente a otros países europeos.

La automoción y la industria tecnológica, dos sectores en transformación hacia modelos más sostenibles y digitales, también sufren la ausencia de una hoja de ruta presupuestaria clara.

España cuenta con fortalezas innegables: infraestructuras avanzadas, talento cualificado y un mercado interno relevante dentro de Europa. Sin embargo, mientras no exista una planificación presupuestaria clara, los inversores parece que siguen mirando hacia otros destinos con mayor previsibilidad y seguridad.

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En los últimos años, la industria tecnológica europea había depositado grandes expectativas en el desarrollo de un ecosistema fuerte de microelectrónica, capaz de competir a nivel global. Y en eso ha quedado: en el pasado.

España aspiraba a situarse en ese mapa con la construcción de una gran planta de fabricación de semiconductores, gracias a la inversión prometida por la estadounidense Broadcom.

Sin embargo, la noticia que ya se venía insinuando desde hace meses se ha confirmado: España no contará con fábrica de chips de la multinacional, un golpe para los planes de reindustrialización del país.

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Dos datos que contradicen el optimismo del Gobierno: los fijos discontinuos y los receptores del IMV

El ambicioso proyecto fue presentado en 2023 como un hito para la economía española y un símbolo del atractivo del programa Perte 'Chip'.

La construcción de esta planta no solo habría supuesto una inyección económica millonaria, sino que también habría situado a España en el tablero estratégico de la industria global de los semiconductores.

Pero las negociaciones entre el Gobierno y Broadcom se han roto, enterrando las expectativas y dejando en evidencia las dificultades para atraer y retener inversiones de esta magnitud.

Un anuncio cargado de ilusión que no llegó a materializarse

El 6 de julio de 2023, el presidente del grupo de Soluciones de Semiconductores de Broadcom, Charlie Kawwas, se reunía en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras el encuentro, la compañía anunció su intención de invertir en el ecosistema de microelectrónica español bajo el paraguas del Perte 'Chip' y la Ley europea de Chips.

Este anuncio fue recibido con entusiasmo en el Ejecutivo, que lo presentó como un paso decisivo para convertir al país en un referente en la fabricación de chips, especialmente en el segmento conocido como back-end, en el que Europa tiene menos presencia.

El proyecto contemplaba una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares, unos 850 millones de euros, y se describió como estratégico para fortalecer la cadena de valor de los semiconductores en el país.

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La planta se anunciaba como única en Europa por sus características y su puesta en marcha habría supuesto un importante impulso para el empleo, la innovación tecnológica y la independencia industrial europea en este sector crítico.

El largo silencio y las señales del fracaso

En los meses siguientes, sin embargo, las señales positivas se fueron apagando. Aunque desde el Gobierno se insistía a principios de 2024 en que las negociaciones seguían su curso, lo cierto es que no hubo avances palpables.

Algunas informaciones situaban la planta en Zaragoza, pero nada se confirmó oficialmente. Fuentes del propio Ejecutivo admiten ahora que las conversaciones con Broadcom llevaban meses rotas, pese a que públicamente se seguía defendiendo la viabilidad del proyecto.

En septiembre de 2024, se produjo un relevo clave en el Ministerio para la Transformación Digital. La salida de José Luis Escrivá, que había estado involucrado directamente en las negociaciones, y la llegada de Óscar López supusieron un cambio de enfoque.

Según las mismas fuentes, López no llegó a sentarse con los representantes de Broadcom, en un contexto en el que las negociaciones ya estaban estancadas desde antes de su nombramiento.

Factores externos que complicaron aún más las negociaciones

A las dificultades internas se sumaron factores externos que terminaron por enterrar definitivamente el proyecto. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 marcó un cambio en las relaciones transatlánticas.

La nueva administración norteamericana ha adoptado una postura más dura hacia Europa en materia comercial y tecnológica, lo que ha generado incertidumbre para las inversiones de empresas estadounidenses en territorio europeo.

No solo la planta de Broadcom en España quedó bloqueada. También fracasó otra operación que el Gobierno español negociaba con otra compañía estadounidense para crear una ‘joint venture’ dedicada a la producción de chips, en la que estaba previsto invertir 400 millones de euros.

Según fuentes conocedoras de la situación, la hostilidad del nuevo contexto político norteamericano ha condicionado la capacidad de estas compañías para comprometer inversiones de este calibre en Europa, dejando a España sin ambas oportunidades.

La reacción oficial y el futuro del Perte 'Chip'

Ni Broadcom ni el Ministerio para la Transformación Digital han realizado aún declaraciones públicas sobre el desenlace de este proyecto. Desde el Ejecutivo, no obstante, reconocen algunos medios que la retirada de la compañía estadounidense supone un contratiempo para los planes del Perte 'Chip', el programa estrella para reforzar la industria nacional de semiconductores.

Este instrumento, dotado con más de 12.000 millones de euros, sigue en marcha y busca atraer nuevas inversiones, aunque ahora afronta un entorno más complicado.

El fiasco de la planta de Broadcom también pone de relieve las dificultades estructurales para captar proyectos industriales de alto valor añadido para España. La competitividad frente a otros países europeos, la lentitud administrativa y la falta de estabilidad política son factores que restan atractivo a nuestro país en un sector tan estratégico como el de los semiconductores.

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